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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 33 | Marzo 1984
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Nicaragua

El proceso electoral avanza entre grandes dificultades

Las elecciones ya tienen fecha fija. Y el proceso electoral avanza diariamente un nuevo paso. Pero el camino hasta llegar al día de los comicios está lleno de dificultades, que también se enfrentan a diario.

Equipo Envío

"La presente ley institucionaliza el derecho del pueblo nicaragüense a elegir de manera libre, secreta, directa y soberana a sus máximas autoridades, conquista obtenida y garantizada por la Revolución Popular Sandinista. Asimismo, el derecho a ser elegido para los cargos públicos. Es un compromiso patriótico contribuir al reordenamiento social, económico y político del país, haciendo uso del derecho al sufragio".

Este es el texto del artículo 1o. del Proyecto de Ley Electoral que desde el 23 de febrero se debate, artículo por artículo, en el Consejo de Estado de Nicaragua. Nueve partidos políticos del país, tanto los de derecha como los de izquierda, participan en estos debates. En las vísperas de iniciarse éstos, el 21 de febrero, el Cdte. Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de Gobierno anunciaba ante 150 mil personas y delegaciones de 40 países que las elecciones se celebrarían el 4 de noviembre de 1984. Ese día se conmemoraba el 50 aniversario del asesinato del General Augusto C. Sandino.

La amenaza de abstención y la continúa agresión militar

Las elecciones ya tienen fecha fija. Y el proceso electoral avanza diariamente un nuevo paso. Pero el camino hasta llegar al día de los comicios está lleno de dificultades, que también se están concretando diariamente. Por un lado, la postura de un sector de los partidos de derecha, que ha amenazado con la abstención si no se cumplen ciertas condiciones. Especialmente, elecciones supervigiladas y diálogo nacional en el que estén incluidos los "alzados en armas". Por otro lado, los ataques militares de estos "alzados", que se han incrementado este mes, incluyendo entre las nuevas modalidades de agresión el minado de los principales puertos del Atlántico y del Pacífico nicaragüense: El Bluff y Corinto.

Como siempre, estos ataques buscan el desgaste de la revolución. En estos momentos, tienen también como objetivo un clima de inestabilidad y temor tales que impidan, hasta donde sea posible, la realización de las elecciones, o causen su retraso. La agresión militar es, a partir del anuncio de las elecciones, una clara forma de atentar contra la legitimidad que al proceso revolucionario pudieran añadir las elecciones, preparándose así las condiciones para una intervención norteamericana, en caso de ser reelecto Reagan. O, en otra alternativa a más corto plazo, preparando el escenario de la guerra, en caso de que la crisis salvadoreña se agudizara hasta un punto tal que diera pretexto a la intervención de Estados Unidos.

La Administración Reagan, tras finalizar las maniobras "Pino Grande II" el 5 de febrero (duraron 6 meses), ha anunciado nuevas maniobras conjuntas, las "Granadero I" que se iniciarían en el mes de mayo y que se prolongarían también durante varios meses. En este intervalo sin maniobras, la infraestructura militar norteamericana en Honduras ha quedado al cargo de 1.700 soldados estadounidenses, a los que hay que añadir 300 aviadores especializados en vuelos espía y la permanente presencia de la flota de guerra norteamericana en las costas de Nicaragua. Paralelamente, el ejecutivo norteamericano libran batallas con el Congreso para conseguir incrementos en los presupuestos de asistencia militar al ejército salvadoreño y a los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses. Es claro que toda esta política militarista atenta directamente contra la letra y el espíritu de paz y democratización por el que trabaja el grupo de Contadora.

El proceso electoral en que se ha comprometido el gobierno nicaragüense legitimará bajo una nueva forma la revolución y fortalecerá más el FSLN en caso de que, como lo afirma con confianza el Frente Sandinista, resultara vencedor el 4 de noviembre. Esta institucionalización y esta victoria serían una grave derrota para la estrategia global de la Administración Reagan en Centroamérica. De ahí que, en este nuevo marco político que dibuja el actual proceso electoral de Nicaragua vuelva a aparecer idéntico bajo otras formas pero con idéntico fondo el mismo conflicto que por más de 3 años ha enfrentado a los movimientos de liberación del área -FSLN y FMLN- con la Adminsitración Reagan.

El proceso electoral: un nuevo desafío para la revolución

El proceso electoral nicaragüense se inició oficialmente el 31 de enero de 1984, aunque en términos reales había comenzado el 4 de diciembre de 1983 con los anuncios que sobre las elecciones hizo la Junta de Gobierno. Entendemos por proceso electoral el conjunto de actividades encaminadas a elegir a las autoridades del país, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Fundamental de la República.

Como parte de su proceso, la Comisión Electoral del Consejo de Estado, compuesta por representantes de partidos de muy diversa ideología -socialcristianos, conservadores, sandinistas-, recibió proyectos partidarios sobre el contenido que debería tener la ley electoral y realizó, hasta el 15 de febrero, una etapa de consulta a los diversos partidos políticos del país representados en el Consejo de Estado. En base a este trabajo previo, el Anteproyecto elaborado por la Comisión sufrió 119 modificaciones (7 de importancia 68 de forma y las restantes 44, variaciones de distinta magnitud). Después de incorporar muchas enmiendas y de que el Anteproyecto fuera aprobado por mayoría al interior de la Comisión Electoral, ésta lo presentó al pleno del Consejo de Estado para su aprobación como Proyecto de ley. Tras amplios debates, el plenario del Consejo de Estado aprobó el dictamen, en lo general, el 22 de febrero, iniciándose a partir del día 23 la discución del Proyecto artículo por artículo. En esa etapa se encuentra el proceso en el momento de redactarse estas líneas, calculándose que con todas las modificaciones resultantes de los debates, el proyecto podría tener ya carácter de ley hacia el 15 de marzo.

Cuando esto suceda se procederá a instalar el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, organismo compuesto por 3 personas que surge como un "cuarto poder" del Estado, máximo rector en todo lo referente a las elecciones. El Consejo será nombrado por la Corte Suprema de Justicia y a partir de su instalación se procederá a la inscripción de los partidos políticos y a la designación de sus candidatos, abriéndose después la campaña electoral que durará entre 2 y 4 meses, culminando el 4 de noviembre con las elecciones generales. Ese día el pueblo de Nicaragua elegirá un Presidente y un Vicepresidente de la República y una Asamblea Nacional, compuesta por 90 representantes con sus respectivos suplentes, que ejercerá simultáneamente funciones constituyentes y legislativas. Las nuevas autoridades de Nicaragua tomarán posesión de sus cargos el 10 de enero de 1985 y los ocuparán por un período de 6 años.

Los grandes temas a debate en la polémica electoral

Como ocurre en cualquier proceso electoral, los partidos contendientes manifiestan opiniones muy diversas sobre gran variedad de temas. En Nicaragua, la situación revolucionaria en que vive el país, acelera y agudiza algunas de las controversias que caracterizan todo proceso electoral. Algunos de los temas controvertidos tienden a perder peso en pocas semanas, otros lo ganan apenas por unos días. Otros quedan pendientes. El ambiente actual, aun antes de empezar la campaña electoral, es muy variable y muy candente. Señalaremos brevemente los temas de polémica más relevantes hasta el momento.

Un tema general, de fondo, es el que se refiere a la voluntad del FSLN en celebrar elecciones libres. Muchos consideraron que el anuncio del 4 de diciembre pasado no fue más que una maniobra táctica con la que superar la tensión de los meses de octubre y noviembre. Esta interpretación encontró apoyo cuando el 6 de febrero, a raíz de los ataques con aviones de guerra a objetivos militares del NO. de Nicaragua la Comisión Electoral del Consejo de Estado resolvió postergar la presentación del Anteproyecto de Ley al pleno del Consejo, aduciendo la falta del necesario clima de paz. Al día siguiente, la Junta de Gobierno, en uso de sus facultades, revocó esta decisión, reafirmando que se cumpliría con el calendario establecido. Las reacciones en Nicaragua ante la decisión de la Comisión fueron de 3 tipos. Para unos, era acertada, pues creen que la defensa militar y porque otros piensan que, a pesar de las agresiones militares, Nicaragua puede conjugar bien defensa y democratización. Finalmente, para otros la decisión no fue más que una maniobra sandinista con la que encubrir la facultad de voluntad política de realizar elecciones. Es necesarios señalar que la decisión de la posposición no provino ni del Gobierno de Reconstrucción Nacional ni del Consejo de Estado, sino de una de sus comisiones. Aclarada esta situación, el proceso electoral siguió avanzando sin variar en nada los pasos previstos.

Es altamente probable que la Administración Reagan, en coherencia con la línea política que ha venido implementando, busque provocar situaciones militares muy difíciles para Nicaragua que puedan incidir sobre la marcha del proceso electoral. Altos dirigentes nicaragüenses han declarado en distintas ocasiones que los ataques de ARDE y FDN, dañinos pero controlables, no impedirán las elecciones, pero que una agresión de otro país -Honduras, Estados Unidos o una alianza regional- sí obligarían a posponer los actuales planes electorales.

Otro tema polémico es el tipo de elecciones. Algunos pensaban que Nicaragua tendría elecciones bajo la modalidad de realizarse éstas al interior de un partido único, el FSLN. Pero el proyecto muestra con claridad que se trata de realizar elecciones en las que cada uno de los partidos reconocidos oficialmente e inscritos, puedan participar optando plenamente al poder. Hasta el momento son 9 los partidos reconocidos oficialmente. Todos -con una ausencia temporal del PSD- participan en los debates sobre la ley electoral en el Consejo de Estado.

Un tercer tema controvertido se refiere a la honestidad en el proceso y el respeto a los resultados de las urnas. Tres partidos (Socialdemócrata, Conservador -fracción democrática-, Socialcristianos) proponen que sean otros países -a través de la OEA, la ONU o Contadora- los que se responsabilicen de la supervisión -se emplea también la palabra "supervigilancia"- del proceso electoral. Proponen que en materia electoral tengan estos países supervisores el control y la dirección últimas y, eventualmente, su propia fuerza armada para garantizar el proceso y el conteo de los resultados., El FSLN considera que esa proposición es lesiva a la soberanía nacional, recordando que contra ese tipo de elecciones se alzó en armas el héroe nacional Augusto C. Sandino. El FSLN propone la presencia de observadores internacionales, para que con su juicio moral avalen o no la pureza electoral. Entre estos observadores se menciona al grupo de Contadora, a la Internacional Socialista, a la Internacional Liberal, a la Internacional Demócrata Cristiana, al Movimiento de los No-Alineados y la Organización de las Naciones Unidas. El tema es continuo fuente de debate, pero ya resulta claro que es un punto en el que el FSLN no cederá ni un ápice. Otros partidos representados en el Consejo de Estado apoyan la propuesta del FSLN en cuanto a la presencia de observadores, no de supervisores.

Otro tema de discusión es la amplitud de las libertades necesarias para desarrollar una verdadera campaña electoral. En términos generales, nadie discute que éstas deben existir y deben estar garantizadas. El problema reside en cómo conjugar las restricciones propias de una situación de guerra provocada por una agresión externa y las libertades propias de una contienda electoral. Actualmente rige en Nicaragua una Ley de Emergencia que se traduce en una serie de medidas de carácter militar, que restringen, en parte, la libertad de los medios de comunicación social y la de movilización para manifestaciones partidarias. Algunos partidos exigen la derogación total de esta Ley de Emergencia, sin proponer a cambio ninguna solución alternativa que garantice la defensa militar del país. Otros abogan por la eliminación parcial de esta ley, manteniéndola únicamente en lo estrictamente militar y suprimiéndola en lo que pueda hacer relación con la preparación electoral.

Mientras se daba esta discusión -una de las más persistentes- El Consejo de Estado aprobó los artículos referidos a la libertad de movilizaciones públicas y de propaganda partidaria a través de la prensa escrita, la radio, la TV y otros medios. En el caso de la TV una comisión estudiará si la TV -transformada recientemente en un organismo estatal- debe distribuir los tiempos para beneficiar a todos los partidos por igual (opción del Partido Socialcristiano) o si debe regir el principio de "la libre contratación" (opción del Partido Liberal Independiente). El FSLN parece apoyar la moción socialcristiana. Esto muestra -y el Cdte. Daniel Ortega lo ha expresado ya- que la Ley de Emergencia se revisará, adecuándola a los planteamientos de la Ley Electoral, cuando ésta sea aprobada definitivamente.

Quiénes deben ser excluidos de la contienda electoral es un quinto tema de fuerte discusión. El Estatuto Fundamental de la República, aprobado el 20 de julio de 1979, prohibe el retorno político del somocismo. A pesar de esto, tres partidos exigieron en diciembre de 1983, como condición para concurrir a las elecciones, un diálogo nacional que incluyera a los "alzados en armas". Estos son, mayoritariamente, ex-guardias somocistas. Este "diálogo" ha sido un punto propuesto al gobierno nicaragüense por el gobierno norteamericano. Con el fin de ampliar la participación de todos los nicaragüenses en las elecciones, el gobierno de Nicaragua promulgó el 4 de diciembre una amnistía con garantías para la repatriación, dirigida especialmente a facilitar el retorno al país de los campesinos que, por coacción o engaño, abandonaron Nicaragua e incluso se unieron a los grupos somocistas armados. (Hasta el momento 806 personas se acogieron a este decreto, cuyo plazo límite que se fijó para el 21 de febrero fue empleado hasta el 4 de mayo). Ese mismo decreto ratificó la imposiblidad del retorno de los oficiales de la guardia somocista o de los cabecillas de los grupos armados que adoptaron sus mismas posiciones, es decir de los que han pedido la intervención de una potencia extranjera en Nicaragua, han pedido o aceptado fondos de esa potencia o han dirigido o planeado ataques terroristas contra la población o la economía nicaragüense. Quedaban así excluidos de la contienda electoral los dirigentes de ARDE y FDN, responsables de centenares de crímenes tras el triunfo revolucionario y cuya unidad orgánica para continuar realizándolos parece haber dado pasos significativos -aunque aun no definitivos- en este mes de febrero. En este punto, no negociar el retorno de estos líderes contrarrevolucionarios, el gobierno de Nicaragua tampoco está dispuesto a ceder. En el hipotético caso de que lo hiciera, esto le ganaría la repulsa de amplios sectores de la población. No hay que olvidar que le derrocamiento de la dictadura somocista costó alrededor de 50 mil muertos, víctimas de los guardias somocistas. A pesar de todo, la discusión sobre la participación o no de los "alzados en armas" la mantienen vigente algunos partidos de oposición.

Otro punto de debate se refiere al contenido de la elección. Unos proponían que se eligiera únicamente una Asamblea Nacional con carácter constituyente que designara un ejecutivo provisional. Otros, que se eligiera a la vez el ejecutivo y la Asamblea (Legislativa y Constituyente). Aunque con excepciones, los partidos de la derecha de oposición defendían la primera opción y los progresistas o de izquierda la segunda. El principal argumento esgrimido por los primeros es que esto estaría más de
acuerdo con el Estatuto Fundamental de la República, marco jurídico del Estado revolucionario, que establecía que las primeras elecciones que se celebraran en el país serían para elegir una Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva Constitución, sustituta del Estatuto, calculándose entonces que esta tarea duraría alrededor de dos años. Entre tanto, la Junta de Gobierno seguiría ejerciendo sus funciones. Redactada la Constitución, se elegiría el ejecutivo y el legislativo, según lo formulado en ésta. En opinión de observadores políticos, el FSLN -apoyado por otros partidos- ha optado por elegir todo de una vez. En la actual fórmula, el ejecutivo electo gobernará en base al actual Estatuto Fundamental hasta que la Asamblea redacte la nueva Constitución. La objeción jurídica de los partidos de derecha se ha diluido al reformarse los 3 artículos del Estatuto que se referían a la modalidad de la elección. Pero la discusión no era ni es meramente jurídica. Tras ella hay cálculos políticos. El FSLN piensa que ganará con facilidad las próximas elecciones, tanto para el ejecutivo como para la Asamblea. En consecuencia, prefiere realizar ya los comicios, para así poder dedicarse más libremente a otras tareas básicas: el fortalecimiento económico y la defensa militar, en caso de que no cesen las agresiones.

Arturo Cruz, ex-miembro de la Junta de Gobierno nicaragüense, pese a ser severo crítico del actual proceso electoral y una especie de candidato de la coalición de los partidos derechistas, parece coincidir con los sandinistas en cuanto al resultado que tendrán las elecciones: "En unas elecciones justas y libres, los sandinistas podrían posiblemente ganar, puesto que mantienen considerable apoyo público", declaró el 2 de marzo. Los partidos de derecha también parecen compartir implícitamente este juicio y buscan, en consecuencia, que se prolongue el proceso de institucionalización de la revolución nicaragüense para tener así abierto un continuo frente de batalla contra ella. En esto han coincidido con el Partido Comunista, aunque por distintas razones. Los comunistas dicen necesitar más tiempo, pero para ir imponiendo su hegemonía sobre el proceso revolucionario, del que se consideran la auténtica vanguardia.

La misma fecha de las elecciones también ha sido objeto de debate. En 1980 el gobierno nicaragüense señaló que se realizarían en 1985, sin precisar el mes. En aquellos momentos, y todavía en diciembre del 83 y enero del 84 los partidos de derecha proponían que se adelantaran. Al anunciarse ahora el adelanto de la fecha, los partidos de derecha reaccionaron con cierto desconcierto. Hubo apoyos y críticas, justificadas éstas en que no disponen de tiempo suficiente para organizarse adecuadamente. Observadores políticos coincidieron en señalar que el adelantamiento, además de ser una muestra de la flexibilidad política del gobierno, busca poner en situación difícil al presidente-candidato Ronald Reagan.

Las elecciones en Estados Unidos serán el 6 de noviembre. Las elecciones de Nicaragua, fijadas para tan solo 2 días antes, buscarían 1) disminuir las posibilidades de una agresión directa a Nicaragua en el último año de gobierno de Reagan; 2) conseguir mayor legitimidad internacional para la revolución y mayor unidad interna en Nicaragua en el caso de que Reagan sea reelegido y opte por la intervención; 3) tener sentadas las bases para un entendimiento de Nicaragua con un presidente norteamericano demócrata, caso de que éste sea elegido, iniciándose así un proceso de diálogo distensionador de la crisis centroamericana.

Aunque hay muchos más, estos son los puntos más debatidos hasta el momento. Hay otros también importantes: ¿deben votar los militares? ¿cuál debe de ser la edad mínima para votar? (El FSLN propone que sea a partir de los 16 años, por la gran participación que jóvenes de estas edades han tenido en la alfabetización, la defensa, las cosechas, etc.) ¿Deben derogarse antes de las elecciones algunas leyes como la Ley del Servicio Militar, la ley para prevenir y combatir la descapitalización, etc. o debe de ser el nuevo gobierno quien las derogue si lo considera conveniente? Son muchos los temas a debate y no siempre los partidos agrupados en bloques opuestos coinciden. Por ejemplo, respecto a la edad mínima para votar, los partidos de derecha tienen opiniones divididas. Unos alegan que a esa edad no existe aún madurez sicológica o que ese sector de la población es generalmente incondicional del FSLN. Otros piensan que en Nicaragua hay realidades que han hecho madurar aceleradamente a los jóvenes y no afirmarían con tanta seguridad la incondicionalidad de los sectores hacia el FSLN. Todos estos puntos y estas opiniones contrapuestas serán objeto de debate en las larguísimas sesiones en las que el Consejo de Estado da forma definitiva a la Ley Electoral.

Los partidos ante el debate electoral

El recién iniciado proceso electoral y las discusiones que está originando han servido para que se vayan delineando ya las posibles coaliciones en las que los partidos políticos con afinidades ideológicas podrían acudir a los comicios.

A partir de las posiciones hasta ahora adoptadas se puede hacer ya conjeturas. Un grupo estaría conformado por el Partido Socialcristiano, el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador Demócrata (fracción democrática). En muchos puntos los planteamientos de estos partidos coinciden con los de la Administración Reagan. Esta coincidencia es un hecho que algunos de los dirigentes de estos tres partidos han calificado como "casualidad" o como "objetividad del Sr. Reagan sobre la situación de Nicaragua". La participación de estos tres partidos en las elecciones es aún insegura por su reiterada insistencia en que no existen condiciones ni garantías suficientes.

Un segundo grupo, opuesto al anterior, estaría hegemonizado ideológicamente por el Frente Sandinista, en unión con el Partido Popular Socialcristiano y por el Partido Socialista Nicaragüense. Los tres partidos han mostrado un sostenido grado de cohesión en todos estos años.

Otros partidos están fuera de estos dos grupos y en un actual proceso de redefinición de sus alianzas. Entre ellos está el Partido Liberal Independiente, de carácter progresista, que abandonó en febrero su alianza con el FSLN, anunciando oficialmente que participará en las elecciones, pero sin alianzas con ninguno de los dos grupos citados. Otros partidos en esta situación son el Partido Conservador Demócrata (fracción legitimista) y el Movimiento Liberal Constitucionalista, de ideología conservadora, que aún no se han definido. Algunos opinan que estos tres partidos podrían conformar una tercera coalición, pero también se opina que en definitiva se unirán a la coalición de derecha o se presentaran cada uno por su lado a las elecciones. En cualquier de los casos, son partidos que están enfrascados en un largo proceso interno por recorrer.

Finalmente, el Partido Comunista, de filiación pro-soviética en política exterior y de planteamientos radicales en política interna, ha declarado oficialmente que se presentará solo y con candidato propio.

Principales reacciones internacionales ante el proceso lectoral

Importantes personalidades políticas -algunas de ellas acudieron a Managua para celebrar el 50 aniversario del asesinato del General Sandino- han declarado que juzgan el actual proceso electoral nicaragüense positivamente. Hans Juergen Wischnewski, líder de la socialdemocracia alemana y vicepresidente de la IS, señaló que, a sabiendas de lo peligroso que es juzgar a América Latina con lentes europeos y conociendo la historia pasada y actual de Nicaragua -bajo el signo de la guerra- reconocía el esfuerzo electoral nicaragüense, ofreciéndose a colaborar en la marcha del mismo. En términos muy similares se expresó el Primer Ministro sueco Olof Palme. Carlos Andrés Pérez, líder de la socialdemocracia latinoamericana respondía así a una pregunta del diario "La Prensa": "¿Participaría usted desde la oposición en las elecciones nicaragüenses tal y como están planteadas? En política -dijo- hay que actuar sobre realidades... hay que actuar con lo que es posible, y yo creo que efectivamente, no vacilaría un solo momento, como miembro de un partido de oposición o como nicaragüense interesado en la política y en determinada conducción de la vida política, en hacer buenas las promesas de la Junta e incorporarme de inmediato a la lucha política dentro del cuadro de realidades que existen en Nicaragua". ("Las realidades" a las que se estaba refiriendo Pérez eran las provocadas por la agresión militar).

Estas opiniones realistas y abiertas contrastan con las de ciertos sectores de la oposición política interna, entre los que habría de incluir al Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Pablo A. Vega, que ha puesto en duda que existan condiciones para un normal desarrollo del proceso electoral. Los obispos han anunciado ya una Carta Pastoral sobre el tema electoral.

En los Estados Unidos, George Shultz, Secretario de Estado norteamericano, declaró el 23 de febrero que las elecciones nicaragüenses no son confiables, demandando "supervigilancia" extranjera sobre ellas. Señaló en esa ocasión que la política de la Administración Reagan hacia Nicaragua no variará aun cuando se celebren elecciones.

En Managua, el embajador Anthony Quainton, coincidiendo con Shultz en su desconfianza global, propuso como ejemplo democrático para Nicaragua las elecciones que se celebrarán en El Salvador el 25 de marzo. Su afirmación sorprende si se tiene en cuenta: 1) que las elecciones salvadoreñas se celebrarán bajo Estado de Sitio, pues éste se prolongó por 30 días el 26 de febrero; b) que el Consejo Central de Elecciones de El Salvador ha advertido que cerca de 300 mil salvadoreños con derecho a votar tienen doble cédula de identidad, lo que indica posibilidad de fraude; 3) que el FDR-FMLN, probablemente la principal fuerza política del país, no participará en las elecciones y controla el 25% del territorio nacional, en donde está ubicada la sexta parte del total de las alcadías y en donde habitan 250 mil personas.

También ha propuesto la Administración Reagan el ejemplo de la "democracia" guatemalteca. En ese país los partidos democráticos han estado exigiendo que la Asamblea Constituyente -que será elegida en agosto de 1984- tenga facultades para designar un presidente provisional, mientras se redacta la Constitución. El Gral. Mejía Víctores, buscando tiempo para afianzar en el poder al sector militar que representa -independientemente de las formas jurídicas que después se puedan ofrecer- respondió tajantemente a esta propuesta el 17 de febrero: "Ya les dije una y varias veces más y no lo voy a estar repitiendo, que la convocatoria que se hizo para que la Asamblea elabore una Constitución y no para gobernar. Si los políticos no aprovechan esta oportunidad tendrán un dictador; si quieren que haya un dictador lo tendrán y ahí van a ver quién va a ser". A la par, el Partido Socialista Democrático de Guatemala declaró en Venezuela que tuvo que pasar a la clandestinidad para evitar que sus líderes fueran eliminados. El 4 de marzo, el Frente Cívico Democrático advirtió que muchos de sus miembros han sido amenazados o reprimidos. Según la Comisión Guatemalteca de los Derechos Humanos, en la última semana de enero, 77 personas fueron asesinadas por cuerpos represivos oficiales y entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, 300 personas fueron detenidas por sospechosas. El grado actual de la represión oficial ha obligado al gobierno a aceptar la formación de una Comisión que examinará las causas del recrudecimiento de la violencia. Forman parte de ella, entre otros, representantes de la iglesia, autoridades de la Universidad y miembros de los medios de comunicación.

A pesar de todas estas irregularidades, Washington continúa afirmando que los gobiernos salvadoreños y guatemalteco han dado pasos importantes "para el establecimiento de normas democráticas y constitucionales", haciéndose por ello merecedores de ayuda económica y militar, mientras que "el proceso viciado" de Nicaragua es causa de que se soliciten 50 millones de dólares más para financiar las operaciones armadas de ARDE y FDN.

Es obvio que en el trasfondo de todas las declaraciones que se hacen hoy a favor o en contra de las elecciones nicaragüenses se expresa el dilema entre la estrategia de la guerra o la estrategia de la paz. Por eso se usa una doble medida al apreciar los problemas electorales del área.

Torpedo militar: el desafío diario

En los planes de Reagan sobre Centroamérica, la guerra salvadoreña ocupa el primer lugar de atención, tras su fracaso en una intervención en Nicaragua en noviembre del 83. Un revés en El Salvador, sería fatal para su reelección. Por eso quiere legitimar electoralmente a un nuevo gobierno en El Salvador mientras busca avances militares contra los guerrilleros del FMLN. De esta manera, aunque las maniobras "Pino Grande II" dirigidas principalmente contra Nicaragua finalizaron el 5 de febrero, se han anunciado ya las "Granadero I" dirigidas especialmente contra El Salvador. Anunciadas inicialmente para el 1 de junio, el "Miami Herald" ha informado su adelanto para mayo. Mientras tanto, vuelos espías que, según fuentes del Pentágono "probablemente" volarían sobre El Salvador, comenzaron a operar desde el 1 de marzo. Esta actividad, según el Pentágono está a cargo del Batallón 224 de Inteligencia Militar estadounidense. Es esta una unidad compuesta por unos 300 efectivos, que posee aviones OV-1-Mohawk, de dos motores de turbo repulsión, sensores infrarrojos para visibilización nocturna, cámaras y radares. Operarían desplazando desde alguna de las 7 pistas construidas en Honduras. Mientras continúan los combates entre el FMLN y el ejército salvadoreño, Reagan busca reforzar militar y económicamente -en medio de muchas dificultades en el Congreso estadounidense-, al gobierno de El Salvador. Las cantidades perdidas pueden valorarse mejor teniendo en cuenta que el promedio del total de las exportaciones de los países centroamericanos (desde Belice hasta Panamá) fue durante 1983 de 594 millones de dólares.

Cuadro 1#


Esta política norteamericana sobre El Salvador está íntimamente relacionada con la que existe contra Nicaragua. Como "ayuda" para crear un clima de distensión que facilite la mayor libertad electoral en Nicaragua, William Casey (CIA), pidió ante Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes 50 millones de dólares más para la "guerra encubierta". 50 millones son el 11.4% del total de las exportaciones de Nicaragua en 1983. Es sólo un ejemplo de la voluntad política -militarista y agresiva- de la Administración norteamericana.

Pero en todo caso, no hay que esperar la confirmación de esas ayudas o nuevas maniobras para verificar que la agresión militar continúa y se incrementa. Tras el inicio de la fecha de elecciones en Nicaragua, han arreciado los ataques contrarrevolucionarios. En una propuesta oficial del Gobierno de Nicaragua dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos, se informaba que el 24 de febrero una lancha rápida, tipo "piraña", penetró desde Costa Rica hasta la Barra de El Bluff, departamento de Zelaya. Por 20 minutos atacó con ametralladoras de calibre pesado y fuego de fusilería instalaciones de almacenamiento de combustible, aunque no consiguió su objetivo de destruirlos. Al retirarse, dejó colocadas en el puerto minas que provocaron el hundimiento de dos embarcaciones pesqueras que hicieron contacto con ellas resultando siete personas heridas y dos desaparecidas. El 2 de marzo fue cursada una nueva nota de protesta a Shultz, tras el anuncio hecho por ARDE desde Costa Rica, informando que habían minado también Corinto, el principal puerto del país en el Pacífico.

Estas agresiones y la información sobre las mismas, provenientes de Costa Rica buscan también afectar la neutralidad proclamada por ese vecino país, tensando así las relaciones con Nicaragua. Tal interpretación se confirma con los ataques, en la última semana de febrero, de puntos nicaragüenses del departamento de Rivas, cercanos a la frontera costarricense. Los combates entablados envolvieron involuntariamente a efectivos militares costarricenses provocando tensiones entre Costa Rica y Nicaragua, muy aprovechadas por el sector político costarricense que se opone a la neutralidad.

Las tensiones con Honduras también aumentaron. A partir del 1 de marzo han sido atacados pueblos de Zelaya Norte, Bilwaskarma, Leymus y Waspán, fronterizos con Honduras en el sector Atlántico. La cancillería nicaragüense denunció la concentración de fuertes contingentes contrarrevolucionarios en la operación, apoyada por el ejército hondureño con fuego de morteros de 105 mm. Los combates aún persisten. Paralelamente, se han producido ataques en otros puntos fronterizos honduro-nicaragüenses en el sector del Pacífico. Helicópteros procedentes de Honduras atacaron con rockets Potosí y Punta San José el 3,4 y 5 de marzo. En uno de los ataques, murieron 3 nicaragüenses y fueron heridos otros 3. El 4 de marzo, según denuncia de la Cancillería nicaragüense, 50 efectivos hondureños hostigaron, desde su país, el puesto nicaragüense de observación "Las Minitas" en el departamento de Chinandega.

En este contexto de agresión y de defensa militar en el que el proceso electoral nicaragüense avanza. El belicismo de la Administración Reagan, avalado por los criterios de la comisión Kissinger sigue así desafiando al Grupo de Contadora. Muchos de estos ataques se produjeron mientras dicho grupo y representantes de los países centroamericanos se reunían continuando el trabajo técnico que deberá concluir el 30 de abril en acuerdos de paz. Cancilleres del Grupo de Contadora se han visto obligados el 1 de marzo a alzar su voz contra la política estadounidense calificando al Informe Kissinger como contrario a los esfuerzos del Grupo de Contadora (Véase: Coyuntura. envío No. 32)

Conclusión

El proceso electoral nicaragüense avanza en medio de debates pluralistas y búsqueda de alianzas partidiarias. La Administración Reagan, consciente de la derrota que le supone la buena marcha de este proceso, busca cómo afectarlo tratando de restarle credibilidad o, en la mejor de sus opciones, obligando al gobierno revolucionario a atrasarlo o suspenderlo.

Para ello está desatando una nueva ofensiva militar contra Nicaragua que, además de los daños económicos y humanos que supone, limita hasta cierto punto el marco de libertades electorales que el Gobierno de Reconstrucción Nacional puede ofrecer. De agudizarse los ataques, la evolución del proceso electoral también se dificultará. Mientras tanto, tres partidos (Socialcristiano, Socialdemócrata y una fracción del Conservador Demócrata) exigen el diálogo político con los "alzados en armas" y la "supervigilancia" electoral. Coinciden así, plenamente, con la posición del gobierno norteamericano. El incremento de la agresión militar y la posible abstención de estos partidos dificultarían la marcha electoral. Nicaragua tratará de aminorar al máximo el efecto de la agresión armada y de dar el mayor margen posible de acción a los partidos opositores. Buscará que no se retire ningún partido de la contienda; pero si se retiran tres, aún quedan siete partidos en la palestra. Los partidos de derecha, por su parte, parecen vacilar entre la abstención, con su consiguiente suicidio político y en apuesta por la intervención norteamericana como única solución o la participación hecha en las elecciones, ganando así cierta cuota de poder aun en el caso de que no triunfaran para desde ahí iniciar en el destino de Nicaragua. Lo más probable parece ser que unos opten por la primera vía, aliándose definitivamente a Reagan y otros opten por la segunda, buscando la victoria electoral o al menos una cuota de poder.

Mapa


Sobre este panorama nicaragüense influirán de manera importante los sucesos políticos y militares de El Salvador y las cartas que Reagan tenga que jugar en plena contienda electoral norteamericana para conseguir la popularidad deseada. Los sucesos del Líbano, el polvorín en que Irak están convirtiendo el golfo Pérsico, y la problemática nuclear, independientemente de su desenlace, afectarían al electorado norteamericano, y a la situación centroamericana. A su vez, los sucesos de Centroamérica, con su peso específico, tendrán cierta influencia en estas áreas. El Grupo de Contadora, mientras tanto, busca una salida específica.

El pueblo de Nicaragua entretanto sigue profundizando su revolución. A pesar de las dificultades económicas, las agresiones de la Administración Reagan provocaron, según declaraciones del Ministro de Defensa dadas el 26 de febrero, un incremento del 100% en el número de milicianos en el período que va del 1 de enero del 83 al 1 de enero del 84. El programa de Reforma Agraria entregó, para el aniversario de Sandino, 12 mil manzanas de tierra de las 700 mil manzanas que se tiene programado entregar este año. Además, en este mes 1.600 jóvenes voluntarios han comenzado su adiestramiento para sustituir a los abnegados maestros cubanos que retornaron a su patria en noviembre. Con la integración educativa de estos jóvenes llegarán a 41.500 los maestros de la Nicaragua revolucionaria mientras solo eran 12.500 durante el somocismo. El número de escuelas es actualmente de 5.094 (2.400 durante el somocismo). Se espera más de un millón de estudiantes en el ciclo escolar que comenzará en marzo. En materia de salud, fueron aplicadas el 11 y 12 de febrero 526 mil 193 vacunas contra la polio(el 85% de la población en edad de vacunación), que se ha logrado erradicar totalmente de Nicaragua en los últimos dos años. Los casos de malaria han disminuido en un 75% y la mortalidad infantil ha disminuido de 121 a 85 por cada mil nacidos vivos entre el 79 y el 84.

A pesar de todo falta mucho por hacer. Por eso, a 50 años de su asesinato, el General Augusto C. Sandino, héroe nacional de Nicaragua y símbolo latinoamericano, está presente en la vida que nace y se desarrolla en los de las luchas, nuevos proyectos sociales, en la crítica a los políticos nacionales que siguen fielmente los dictados de Washington, en el anhelo de autodeterminación nacional expresado ahora en la preparación de elecciones libres y honestas y en el pueblo que empuña las armas contra la agresión extranjera. Su llamado a optar por el pueblo y su futuro de justicia, más allá de cualquier partidarismo político, sigue vigente. Dijo Sandino: "La Ley divina que nos rige sólo es una: la ley del amor. De esa ley del amor se derivan las demás y sólo reconoce a la justicia como hija predilecta que nació de sus entrañas... Para destruir la injusticia ha sido necesaria atacarla, y por eso hemos visto venir a muchos con esa misión sobre la tierra; entre ellos está Jesús, y todo hombre que luche por la Libertad de los Pueblos, es un continuador de aquellas doctrinas". Proyecto de justicia y de amor y expresión de esta lucha son también las próximas elecciones de Nicaragua.

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