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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 189 | Diciembre 1997
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México

Iglesia-Estado: repasando la historia

En el acontecimiento nacional que ha constituido la insurrección indígena en Chiapas no han faltado continuas tensiones entre el Estado y la Iglesia católica mexicana que, por falta de visión, perdió una oportunidad de oro en 1992 y se arriesga hoy a perder el tren de la historia.

Jesús Vergara Aceves

No es coincidencia que el más autoritario de los representantes que el Vaticano haya tenido en México, Girolamo Prigione, haya colaborado tan estrechamente con uno de los presidentes mexicanos más autoritarios, Carlos Salinas de Gortari, con el fin de lograr el reconocimiento jurídico de las iglesias y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. No es coincidencia. Salinas pretendía transformar radicalmente el país para insertarlo en la economía mundial. Al negociar con el neoliberalismo, Prigione quería mantener a toda costa en el nuevo país neoliberal un sistema cultural y eclesial autoritario que le diera a la iglesia católica seguridad y poder. Pero no se dio cuenta de que el sistema político expiraba ni de que era imposible reforzar a la institución eclesiástica. Ahora, en la avalancha de desprestigio que afecta a todo lo que tocó Salinas, la iglesia católica no sale muy bien librada.

Para comprender la nueva relación del Estado mexicano con las iglesias y el punto en el que están actualmente esas relaciones es imprescindible hacer memoria, analizar algunos antecedentes históricos y repasar los cambios hechos a la Constitución mexicana durante el gobierno de Salinas de Gortari

Colonia, República, Revolución

A pesar de la genial acción de misioneros insignes como Don Vasco de Quiroga o Fray Bartolomé de las Casas, y a pesar de la apertura humanista de los Reyes Católicos a reconocer los derechos de los indígenas, la iglesia de la Colonia fue una iglesia única y dominante, que no hizo concesiones de inculturación ni en la confesión ni en la práctica de la fe. Sí hubo concesiones en los sacramentales, en las devociones populares y en el teatro religioso. La creación de nuevas configuraciones religiosas hecha entonces por los indígenas ha perdurado casi intacta hasta el presente.

La iglesia tridentina mantuvo los concordatos de cristiandad. El Patronato Regio es la muestra más clara. En todo ello subyacía una concepción universal, normativa y única de la cultura y de la religión. Sin embargo, desde los inicios coloniales se gestó y se desarrolló una reacción: el sincretismo religioso impidió la recepción cultural del Evangelio en su totalidad. En cierto modo, la devoción a la Virgen de Guadalupe resulta una excepción de mucho alcance.

El liberalismo influyó de forma definitiva. No sólo a través de la monarquía de los Borbones, sino también de los liberales laicos mexicanos. Uno de ellos, Benito Juárez, Presidente de la nación, impulsó la reforma constitucional de 1857, que confiscó a la iglesia católica las propiedades que poseía, con el argumento de que eran improductivas. Esto agravó la lucha entre clericales conservadores -que suspiraban por restablecer la situación de la iglesia colonial- y los liberales anticlericales, que reivindicaban los derechos ciudadanos ante los abusos de poder del Estado y de la Iglesia.

Esta contradicción se fue enconando en la gestación de la revolución social de 1910. El enfrentamiento del Estado con una iglesia tenazmente conservadora terminó por reflejarse en la Constitución de 1917, que desconoció a la iglesia católica y a otras iglesias su personalidad jurídica, retirándoles cualquier garantía legal.

La iglesia pasó a la clandestinidad. A pesar de todo, seguía activa y con una indiscutible personalidad moral, en medio de penurias y persecución. La sostenía la profunda religiosidad del pueblo mexicano. Las persecuciones contra la iglesia que patrocinaron los presidentes Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles provocaron la guerra de la Cristíada en 1927. Fue mundialmente conocida entonces la ejecución arbitraria, por fusilamiento y sin ningún juicio, ni siquiera sumario, del jesuita Miguel A. Pro, ahora beato en los altares.

"Arreglos" respetados

En los años 50, a pesar de no tener ningún derecho y después de casi un siglo de lucha, la iglesia católica actuaba con bastante libertad. Para entonces, el gobierno se había separado del pueblo, a pesar de habérselo ganado antes con importantes programas sociales.

Estado e Iglesia buscaron la negociación, pero sin tocar las leyes. Por eso se habló de "arreglos" -acuerdos no públicos ni escritos pero sí respetados-. En México, negociar al margen de la ley es una costumbre inveterada que viene desde la Colonia. Los "arreglos" hicieron cesar las hostilidades y dieron paso a un peculiar modus vivendi. Los "arreglos" fortalecieron a la iglesia católica. Los cultos se multiplicaron, se restableció el trabajo pastoral, se consolidaron los seminarios y las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada florecieron en abundancia. Aunque oficialmente en la clandestinidad, la iglesia se siguió moviendo con mucha libertad.


Chihuahua 1986

El Concilio Vaticano II hizo crecer la unión entre las iglesias latinoamericanas. La reunión de todas ellas en Medellín, Colombia (1968), tuvo como eje central la lucha por una paz con justicia frente al pecado estructural de la violencia y la injusticia.

La iglesia mexicana fue tímida y tardía en entrar al ámbito público de la denuncia y el anuncio para las necesarias transformaciones de las estructuras sociales. Avanzó muy lentamente. Y así llegó al año 1986. En el Estado de Chihuahua, el arzobispo Adalberto Almeida, ante la flagrante violación a la voluntad política expresada por los votos en elecciones en aquella entidad, decidió suspender la misa del domingo y organizar, en su lugar, una celebración penitencial para expiar el pecado de injusticia política en el que había incurrido el corrupto aparato del Partido-Estado.

Alarmado, el Secretario de Gobernación, Manuel Bartelett, pidió al entonces Delegado Apostólico, Girolamo Prigione, que acudiera a la Santa Sede para que el Arzobispo de Chihuahua rectificara su decisión. Roma tomó partido y prohibió la celebración penitencial. De esta forma, el gobierno mexicano conjuró una oposición legítima y una denuncia profética de alto contenido simbólico que, de haberse producido, hubiera puesto en grave aprieto al régimen del Partido Revolucionario Institucional, que ya presentaba síntomas inequívocos de decadencia, por la gran corrupción en la que había caido. La decisión de Roma llamó la atención: no mucho antes del caso de Chihuahua, el Vaticano guardó un silencio complacido ante la solemne misa que se celebró en los astilleros de Gdansk, en Polonia, para apoyar a los obreros del sindicato anticomunista Solidaridad.

Los sucesos de Chihuahua tuvieron lugar en un momento en que el gobierno era cada vez más débil y la iglesia se consolidaba cada día más. La crisis empujó a la búsqueda de mejores relaciones entre ambos poderes. Tres años después del caso de Chihuahua se empieza ya a hablar de establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero la Santa Sede exigió que primero se reformara la Constitución y se reconociera la personalidad jurídica de las iglesias.

En 1982 México se había visto atrapado en una de las más grandes crisis económicas de su historia. Su economía se paralizó por el peso de una descomunal deuda externa. El país estaba prácticamente en quiebra y no se vio otra salida que una apertura total a las finanzas y al comercio internacional. Después, Salinas lo apostó todo a la carta de la inversión extranjera y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El vuelco del país a la nueva economía globalizada exigía a la par un vuelco en el plano cultural.

Cambios en la Constitución

El 10 de diciembre de 1991, el PRI propuso al Congreso cambios concretos en cinco artículos de la Constitución relacionados con las iglesias. Estos cambios fueron aprobados por la Cámara de Diputados con ligeros retoques el 18 de diciembre. Como el PRI controlaba las dos terceras partes de ambas Cámaras podía hacer cualquier cambio constitucional sin una oposición significativa.

Sobre el sentido general de la reforma constitucional hecha entonces existe un amplio consenso. Se trata del pleno reconocimiento de la libertad de conciencia. Sobre el significado político, cultural y pastoral que implicó la reforma, la discrepancia de opiniones es notable, dada la pluralidad de interpretaciones que se hace del contexto histórico.

El cambio principal fue el reconocimiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas. La Constitución decía: "La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias". Para cualquier tipo de relación del Estado con la iglesia mexicana o con el Vaticano, la modificación de este artículo 130 era condición indispensable.

El texto nuevo dice: "El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley... a) Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de la mismas. b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos, con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados y e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar sus símbolos.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

Los ministros de culto, sus ascendentes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

Los templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se conforman por este Decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica".

La separación Estado-Iglesia establecida con la reforma sujeta a las iglesias a las disposiciones que fije la ley. La separación no equipara ni iguala, sino que acota las actuaciones públicas de las iglesias respecto a la esfera de la acción estatal.


Los bienes de las iglesias

El artículo 27 de la Constitución desconocía que las iglesias pudieran poseer bienes: "No podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos". Se establecía que, en este tema, "la prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia". Esto ponía a las iglesias fuera del Estado de Derecho e invalidaba y hacía superfluos todos los procesos legales ante los tribunales.

Este artículo ya reformado dice así: "Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la propia ley reglamentaria". Y añade: "Las instituciones de beneficencia pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que la ley reglamenta".

El artículo 5 de la Constitución ponía también a la iglesia fuera del Estado de Derecho, al quitarle las garantías de libertad y de seguridad a los que hacen votos religiosos y a los monasterios. Este artículo terminaba diciendo: "La ley no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse". El artículo reformado dice ahora: "El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa".

Libertad religiosa: lo que falta

Para restituir por completo el Estado de Derecho en materia religiosa, habría que modificar aún más el artículo 24, que todavía refleja el principio liberal que considera que la religión sólo se puede practicar en el templo o en el domicilio particular. El cristianismo no admite ser reducido a ceremonias, devociones o actos de culto privados o públicos.

Este artículo se mitigó un poco con la reforma y dice ahora: "Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebran ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria". Con la reforma, la libertad religiosa se distingue de la libertad de cultos, que sí puede ser restringida por el Estado, pero se sigue entendiendo de manera exclusivamente individual, sin aceptarse aún plenamente el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Educación laica

El artículo sobre la educación fue el más discutido. "La educación se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa" , decía la Constitución. Con la reforma se deroga la exclusión, en la educación, de los ministros de culto y la posibilidad de desconocer los estudios hechos en planteles privados.

El artículo reformado mantiene que la educación que imparte el Estado ha de ser laica y, por tanto, ajena por completo a cualquier doctrina religiosa. "El criterio que debe orientar a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, en luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios". Nada se dice expresamente sobre si las escuelas privadas pueden dar o no instrucción religiosa. Sin embargo, así se ha entendido por los gobernantes y por las iglesias, que también entienden que la laicidad obligatoria se refiere solamente a la educación estatal.

México se abre

La apertura de México a la nueva economía internacional exigía urgentes cambios a la Constitución, no sólo en materia religiosa. Se requería de un nuevo Estado que facilitara la inversión de los empresarios privados. Salinas lo expresó así: "Un Estado más rector y menos productor". Su régimen volvió a privatizar la banca. Abrió de par en par las puertas a la inversión privada, nacional y extranjera. Le dio prioridad al capital sobre el trabajo.

Se requería de una nueva sociedad, moderna y con tecnologías muy diferentes a las tradicionales. Buena parte del campo estaba dominada por ejidos, propiedades estatales e inafectables. Había que acabar con esta estructura de la tenencia de la tierra. Y así se hizo.

Se requerían avances democráticos y hubo que prescindir de los tradicionales modos del fraude electoral, haciendo más transparentes los resultados de las elecciones. Se requería hacer crecer la democracia representativa para así garantizar a los inversionistas extranjeros mayor estabilidad en el país. Poco se avanzó en la democracia participativa y la gente siguió sin opinar en cuestiones tan fundamentales como el modelo económico o la misma libertad religiosa.

Se requería que el movimiento de re-privatización abarcara a toda la sociedad y a la cultura. Se debilitó el sindicato de maestros y se dieron extremas facilidades a la educación privada, mientras se recortaban los recursos para la educación pública.

En este contexto era imprescindible re-privatizar también las asociaciones religiosas: reconocerles su personalidad jurídica, dejarlas ejercer un poco más libremente la libertad de cultos, registrarlas... y controlarlas. Así se prevenía el que "se metieran en política" Si no favorecían al régimen, ya en franca decadencia desde 1988, por lo menos no serían un obstáculo serio a sus objetivos.

A la Iglesia le faltó visión

Muy pocos eclesiásticos aceptaron en el momento de la reforma constitucional que el reconocimiento de las iglesias y de la libertad religiosa era una pieza más en el conjunto de cambios re-privatizadores exigidos por el nuevo modelo económico. No tuvieron una visión de conjunto ni entendieron que el nuevo modelo económico afectaría a todas las instituciones y a la cultura.

No supieron ver lo que la filosofía neoliberal quería de las asociaciones religiosas. En muchos países los entendidos ya habían advertido que el objetivo del neoliberalismo era negociar con las iglesias. Les concederían ciertas prerrogativas materiales que las hicieran más dependientes del sistema y a cambio les pedirían, por lo menos, un silencio obsequioso. Tampoco los eclesiásticos mexicanos parecían darse cuenta del acelerado crecimiento de las sectas protestantes que venían del poderoso vecino del Norte ni de que esa sectas ya se habían adaptado, deformándose, al nuevo sistema económico.

En este contexto mundial, si las iglesias no estaban muy alerta, si no tenían una visión clara, tendrían altas probabilidades de ver disminuida su libertad y de distanciarse más y más de sus bases sociales y de las culturas en que ellas viven.

Toda inserción cultural, como la que ha pretendido Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con el proyecto de iglesia indígena, tenía que ser duramente criticada y constantemente perseguida. Y así fue. Y así es hasta el día de hoy.

Muy poco cambió

A casi cinco años de distancia del reconocimiento legal de las iglesias, se puede decir que nada sustancial ha cambiado ni para el pueblo mexicano ni para las bases de las comunidades católicas. En nada se ha sentido que las iglesias gocen de mayor libertad. Algún día y durante unas horas se ve a algunos jerarcas católicos presentes en el recinto legislativo cuando el Presidente lee su informe anual. Las religiosas, los religiosos y el clero pusieron en regla y legitimaron la posesión de sus bienes, aunque sólo los más rezagados, porque a esas alturas ya eran muchos los que las tenían plenamente legitimadas por vías indirectas, bajo la forma de asociaciones civiles. En los medios de comunicación aparecieron más noticias sobre cultos en las iglesias. Pero también se criticó más acremente cualquier declaración de cualquier dirigente católico contra el actual modelo económico.

A partir de 1995 la vida pública de México empezó a experimentar cambios profundos. El crecido número de votantes y los resultados de las elecciones del 6 de julio de 1997 pueden ser el umbral de un nuevo sistema político y cultural. La ocasión hubiera podido ser una oportunidad de oro para la iglesia católica. No pudo aprovecharla por haber hecho del reconocimiento jurídico de 1992 un bien en sí mismo y por haber luchado por este reconocimiento en un momento tan inoportuno.

Una chispa que se apagó

Jean Meyer, prestigiado historiador radicado en México había escrito en diciembre de 1989, tres años antes del reconocimiento jurídico: "Creo que la religión es la única chispa capaz de avivar la democracia". En agosto de 1997 el mismo historiador dijo: "Actualmente la iglesia católica -acompañante con voz y silente- del Estado mexicano, en sus distintas etapas históricas, se expresa plenamente en temas nacionales, sin que esto signifique una `real influencia en la sociedad'. Por ello, contrario al poder que ejerció por siglos entre su feligresía, la iglesia católica es incapaz de influir para incitar a una rebelión o a una preferencia política, aunque todavía atemoriza a las autoridades, incapaces de aceptar la pluralidad que predican en su discurso. El peso político de la iglesia católica es mínimo. Ya no tiene la fuerza para influir. Ahora los católicos no aceptan indicaciones concretas y por ello la iglesia, por sí misma, es incapaz de transformar a la sociedad. Distendió sus relaciones con el Estado cuando éste empezó a debilitarse."

¿Una iglesia impopular?

En todo el proceso de cambios que hemos resumido se reforzó el sistema cultural característico de la iglesia mexicana: autoritarismo de los obispos, arraigado y también muy autoritario clericalismo, poca apertura para que los laicos puedan asumir cargos de responsabilidad, mayor distancia entre los obispos y la religiosidad popular, aun cuando el episcopado mexicano ha estado siempre más cerca de la gente que otros episcopados del continente.

Queda pendiente una gran pregunta crítica: ¿en qué medida ayudaron los cambios a la misión esencial de la iglesia -una evangelización inculturada y desde los más pobres- o en qué medida lo que fomentaron fue la cercanía al poder? Si la cultura mexicana crece, es un imperativo que la cultura eclesial cambie. Si la cultura mexicana no cambia, es mayor imperativo que la cultura eclesial se transforme para impulsar el cambio en la cultura nacional.

Por todos los caminos es necesario un cambio de fondo donde todo cristiano tenga la confianza y la libertad para hablar y para escuchar, para anunciar y para denunciar, para transformar la sociedad libre y democráticamente desde las raíces más hondas de una fe vivida y arraigada en la propia cultura.

Si no sucede este cambio de fondo, la iglesia católica corre el riesgo de seguir perdiendo a las mayorías, que la miran cada vez más unida a las clases ricas y poderosas. Si no cambia, la iglesia católica será una institución cada vez más impopular.

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