Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 187 | Octubre 1997
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Un acuerdo asediado por desacuerdos

¿Pacto político? ¿Acuerdo entre dos grupos económicos? ¿Arreglo de cúpulas? ¿Por fin un entendimiento? ¿Quién ganó? ¿Quién pierde? Y el futuro nacional, ¿cómo lo cambiará este acuerdo entre el gobierno y el FSLN sobre la propiedad?

Equipo Nitlápan-Envío

Un significativo giro se dio en la política nacional el 5 de septiembre. Los equipos de abogados del gobierno liberal y del FSLN, que llevaban meses encerrados para llegar a una solución al problema de la propiedad, arribaron por fin a la meta, con la elaboración de un proyecto de ley.

Ese día, el Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez que dirigió el equipo de juristas del gobierno , entregó el texto de la nueva ley al ex Presidente Daniel Ortega. "Esto lo resuelve todo", dijo Ortega satisfecho. El ex Presidente del Banco Central, Joaquín Cuadra que dirigió el equipo de juristas del FSLN , entregó el texto al Presidente Arnoldo Alemán. "Es un hecho trascendental", dijo Alemán satisfecho. ¿Se ha abierto con este acuerdo una nueva etapa política? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuántos desacuerdos se resolvieron con este acuerdo? ¿Cuántos quedan pendientes?

"Estoy haciendo sacrificios de imagen"

No se trata de un acuerdo cualquiera. Parece ser el acuerdo básico al que han llegado el alemanismo en el poder y la dirigencia del FSLN en la oposición sobre el problema básico: el de la propiedad. La importancia del acuerdo pudo medirse, aún antes de que se conociera a fondo el texto del proyecto de ley en los primeros días tuvo una circulación bastante restringida por las reacciones de perplejidad que provocó entre liberales y sandinistas al conocerse la noticia. Esa perplejidad no ha cesado.

El 8 de septiembre, el Presidente Alemán presentó al Diálogo Nacional el texto del acuerdo convertido en proyecto de ley. En sus palabras quedó claro el giro que, para el liberalismo en el poder, representa haber firmado este acuerdo con los sandinistas. "Les invito dijo Alemán a estudiar el acuerdo y les pido con todo respeto que procuremos en nuestras apreciaciones ahorrarle al país toda desilusión. Seamos positivos y busquemos en el acuerdo lo que nos une, lo que nos hace viables como país... Para ganar la estabilidad hay que correr riesgos y pagar costos. Como gobernante de la nación estoy obligado a correr los riesgos y asumir los costos, antes que mantener a la nación en vilo, padeciendo del estancamiento y una permanente incertidumbre... Debo gobernar para todos, dando prioridad a los asuntos que afectan a las mayorías pobres del país. No niego que estoy haciendo sacrificios de imagen personal frente a grupos particulares, a cambio de estabilidad y gobernabilidad para todos..."

En nueve meses en el poder nunca había hablado así el Presidente, nunca le había puesto un tono tan dramático a sus palabras, a pesar de que es este tipo de retórica la que elige al leer sus discursos. En el lado sandinista, el silencio de sus dirigentes y una avalancha de especulaciones e incertidumbres en las bases más pensantes llenaron las semanas posteriores al anuncio del acuerdo, confirmando que asistíamos a un "giro".

Un acuerdo pragmático

El acuerdo entre el gobierno de Alemán y la dirigencia del FSLN se tradujo en un proyecto de ley titulado Ley sobre propiedad reformada urbana y agraria. Se trata de una ley, con 109 artículos, que establece cómo se agilizarán los trámites para titular definitivamente a un grupo de los pobres que fueron beneficiados con las transformaciones sociales de los años 80 y 90, aunque no a todos; que ordena cómo pagarán las casas mayores de 100 metros cuadrados todos los que fueron beneficiados con estos inmuebles; que norma cómo se corregirán los abusos no todos hechos al amparo de estas transformaciones; y que estipula cómo se indemnizará a los afectados por estas transformaciones, no a todos. Es una ley que, en lo esencial, recoge el contenido de las leyes de Reforma Agraria, y las leyes 85, 86 y 88 del gobierno sandinista, más las disposiciones que sobre estas leyes ya se habían recogido en la ley 209 del gobierno Chamorro. Todas estas leyes fueron hechas por otros grupos de poder. En la nueva ley está la huella de un nuevo grupo: el liberalismo actualmente en el poder.

En lo económico se ha demostrado que el gobierno liberal carece de un plan y todo lo va resolviendo con pragmatismo e improvisación. Igual en la propiedad. Esta nueva ley expresa el pragmatismo del gobernante, acosado por una muy difícil coyuntura política y económica.

Lo "resuelto" por el anterior gobierno

Desde el cambio de gobierno de 1990, los problemas generados por las disputas provocadas por los cambios que en la estructura de la propiedad hizo la revolución nunca llegaron a ser resueltos totalmente. El gobierno Chamorro sólo resolvió algunos. Pero todo lo hizo a través de decretos ejecutivos y con nuevas instancias administrativas creadas al efecto. Actuó con altas dosis de coyunturalismo, con criterios personales y con falta de transparencia. Bajo la figura de la "privatización" se hacían devoluciones de propiedades, sin ley expresa se indemnizaba con dinero en efectivo a determinados confiscados, etc. El gobierno Chamorro "resolvía" por presiones políticas, por razones familiares, por intereses económicos de sus más altos funcionarios. O no "resolvía", exactamente por las mismas razones.

Era necesario un ordenamiento legal expreso. Cuando, por fin, en diciembre de 1995, y con la activa mediación del ex Presidente de Estados Unidos, James Carter, se elaboró y aprobó la Ley 209 era tarde. El país entraba a la fiebre de un año electoral. Además, la Ley 209, fue rechazada por el liberalismo alemanista. En la práctica, apenas se implementó. Todas las actuaciones en materia de propiedad del gobierno Chamorro fueron administrativas. En el acuerdo ley ahora consensuado se incorpora por primera vez al Poder Judicial a la resolución de los problemas, creándose incluso nuevos tribunales arbitrales para agilizar los litigios.

Inconformes y defraudados

El acuerdo legitima actuaciones sandinistas y actuaciones del gobierno de Violeta Chamorro al que la derecha hoy en el poder acusó siempre de cogobernar con el sandinismo . Era lógico que generara de inmediato desacuerdos, tensiones y críticas en el lado liberal.

La Asociación de Confiscados que tan activamente financió la campaña de Alemán expresó un rechazo visceral a la nueva ley. Julio Ruiz Quezada, asesor de los confiscados afirmó, por ejemplo: "Los ciudadanos esperaban que el gobierno no estuviera dispuesto a rendirse ni a ser rehén del sandinismo. Sucedió todo lo contrario." Ideológicamente se sienten defraudados. Políticamente se sintieron excluidos del debate que desembocó en el acuerdo. Económicamente no están conformes. La nueva ley dedica una buena parte de su texto a establecer mecanismos para hacer reclamos y obtener indemnizaciones. Entre los confiscados hay inconformidad sobre el valor de los bonos y sobre los procedimientos para los reclamos. Están inconformes porque no se incluyó en las indemnizaciones el lucro cesante de las propiedades que perdieron (las ganancias que, de haber mantenido esas propiedades, les hubieran generado en estos 18 años).

La jerarquía de la Iglesia Católica de Managua respaldó las posiciones de lo que llamaron "la tercera fuerza" en el conflicto, los confiscados. 20 de los 41 diputados liberales en el Parlamento son confiscados con reclamos pendientes y 17 de ellos le habrían expresado con firmeza, aunque en privado, al Presidente que no respaldarían la ley. El propio Vicepresidente de la República, que reclama una indemnización de más de 2 millones de dólares por sus propiedades confiscadas, tomó distancia del acuerdo y lo criticó.

Durante dos semanas, los participantes en el Diálogo Nacional discutieron el acuerdo que gobierno y FSLN habían conseguido en un diálogo bilateral mucho más efectivo que el que ellos llevaban a cabo. La discusión sobre la propiedad revitalizó el mortecino Diálogo Nacional. La Asociación de Confiscados, presente en el Diálogo, hizo 28 modificaciones al acuerdo y anunció que acudirían no sólo ante los tribunales nicaragüenses, por la inconstitucionalidad del acuerdo, sino ante el Congreso de los Estados Unidos.

Otro gran preocupado por el acuerdo es el embajador de Estados Unidos en Managua, Lino Gutiérrez, que habla en nombre de más de mil ciudadanos "estadounidenses" confiscados y que aún mantienen reclamos sobre más de tres mil propiedades. El embajador ha insistido privadamente y ha anunciado públicamente que el gobierno de Estados Unidos le cortará toda ayuda a Nicaragua si no hay una resolución satisfactoria para los reclamos de sus representados. Se trata, en realidad de nicaragüenses que se nacionalizaron como estadounidenses después de que les confiscaran sus propiedades muchos de ellos fueron confiscados por somocistas; en su día Antonio Lacayo los llamó "gringos caitudos" . La ley no dice nada de estos casos. El Viceministro de la Propiedad, Guillermo Argüello Poessy, le habría hecho saber al embajador de Estados Unidos que este grupo de confiscados sólo será indemnizado si Estados Unidos avala los fondos para esta costosa operación.

"No es posible volver a 1979"

Los desacuerdos en la derecha son muchos más. Los más agrios provienen de los confiscados. Argüello Poessy un confiscado en los 80 los cuestionó afirmando en el Diálogo: "Los confiscados no son el principal problema de la propiedad, el principal problema de la propiedad es el de la titulación." Y añadió: "Si los confiscados hubieran participado desde el inicio en estas pláticas no habríamos tardado seis meses para llegar a un acuerdo, sino seis años, o a lo mejor nunca hubiéramos siquiera comenzado a conversar". También fue firme con los confiscados Centeno Gómez. "Un sector de confiscados dijo insiste en revertir todo lo actuado por la revolución y volver a la situación anterior a 1979. No es posible".

Leyes ya había, pero no todos las reconocían. Un acuerdo que significara un reconocimiento de lo básico en anteriores leyes sobre la propiedad era necesario. La inestabilidad que genera el no haber resuelto un cúmulo de problemas de propiedad afecta la economía nacional. Un acuerdo en torno a los principales problemas contribuye a distensionar a un país extremadamente tensionado en apenas 18 años por una revolución social, por una guerra de alta intensidad, por un cambio de gobierno inesperado y por un devastador ajuste económico. Nicaragua necesita de paz, de estabilidad, de distensión. El problema de la propiedad no es un problema partidario, es un problema nacional. Sin embargo, se buscó resolverlo bipartidistamente, entre un sector del liberalismo y la dirigencia del sandinismo.

Las "razones" de Alemán

Están claras las razones por las que el gobierno de Arnoldo Alemán firmó con el FSLN un acuerdo que compromete seriamente la imagen que ha cultivado y que le ha significado réditos políticos y económicos: la de "antisandinista justiciero" que llega al poder para "poner en su lugar" a los sandinistas.

El gobierno liberal está seriamente desgastado en su popularidad y credibilidad. Lo muestran las encuestas y se demuestra en las calles. Hay un antisandinismo muy presente en la sociedad nicaragüense, pero no fueron sólo antisandinistas y razones antisandinistas las que llevaron a Alemán al poder. Las medidas favorables casi "los milagros" que esperaban del gobierno los no antisandinistas que votaron por él nunca llegan. Los pobres no reciben siquiera migajas del pastel, mientras los funcionarios liberales están a diario en el banquete repartiéndose todo el pastel y con cuchara grande.

Firmar un acuerdo con el FSLN que favorecerá con la titulación a decenas de miles de pobres transformados en propietarios por la revolución, aunque no a todos le permite a Arnoldo Alemán ganar imagen de estadista, no sólo preocupado por los pobres, sino perdonardor, conciliador. Un acuerdo así puede mejorar su popularidad en descenso, a la vez que ayudaría a darle un buen empujón a ese despegue económico que siempre se anuncia pero nunca llega.

El gobierno enfrenta una situación económica muy difícil, que al iniciar 1998 será especialmente crítica, según todos los análisis. Sus derroches por pago de compromisos políticos y por una total falta de austeridad , sus incoherencias e ineficiencias entre otras cosas, por el despido por razones políticas de técnicos y profesionales con experiencia , su falta de plan económico, sus operaciones financieras poco transparentes, han puesto al gobierno al borde de un abismo y lo han forzado a comprar un poco de "gobernabilidad" con este acuerdo: menos protestas organizadas por el FSLN, menos indefinición en las fuerzas armadas, un sector de los pobres beneficiados con menor incertidumbre... Además, tiene que firmar un nuevo programa de ajuste estructural con el FMI. Nada mejor para presentarle a los funcionarios fondomonetaristas que un acuerdo con el principal adversario, el FSLN, sobre el principal problema que genera inestabilidad política y económica, el problema de la propiedad.

No todos los pobres

Las razones que tuvo el gobierno para hacer esta "jugada de sacrificio" según el argot beisbolero son más claras que las que tuvo el FSLN, si uno se atiene únicamente al texto del acuerdo. Este acuerdo pueden leerlo algunos como una cierta victoria de los sandinistas sobre esa derecha que nunca aceptó ninguna de las transformaciones sociales de la revolución, que nunca aceptó como legítima ni la redistribucion de la propiedad ni las leyes que la acompañaron. El gobierno de Alemán es esa derecha. Ahora ha tenido que aceptar la legitimidad de las leyes sandinistas, como ya lo había hecho Violeta Chamorro con la Ley 209. El acuerdo es una expresión concreta de que en el gobierno ha ganado espacio la convicción de que con tanto antisandinismo extremista no se puede gobernar el país y que algo habrá que aceptar del pasado para conservar el poder en el futuro.

Pero este "triunfo" sandinista hay que relativizarlo. La nueva ley deja desprotegidos a muchísimos pobres a los que el FSLN ha dicho representar siempre que habla de "la defensa de las conquistas de la revolución". De hecho, Alemán siempre tuvo la disposición de titular a miles de pobres beneficiados por la revolución. Le interesaba hacerlo, aunque buscó retrasar esta titulación para acercarla más al tiempo de las próximas campañas electorales. Como la crisis apremiaba, no tuvo más remedio que hacerlo ya.

Pero no todos los pobres serán titulados. En el área rural, el acuerdo supone un proceso de revisión de todo el proceso de reforma agraria. Y en la ciudad, se calcula que por lo menos 20 mil familias de unos 70 asentamientos de Managua serán desalojadas en nombre de los criterios urbanísticos de la "nueva" Managua. Hay propiedades de beneficio social casas comunales, centros culturales, comedores infantiles, casas de mujeres que también han quedado a la intemperie legal.

El "momento" del acuerdo

El acuerdo dejó desprotegidos a muchos pobres a los que el FSLN benefició en los 80 y debió haber protegido ahora. Sin olvidar que, tras más de siete años de "libre mercado", aplicado como ley del embudo por voraces altos funcionarios del gobierno que ganó en 1990 y del gobierno que perdió ese mismo año, han llevado ya a miles de beneficiarios pequeños de las transformaciones revolucionarias a venderle a los grandes lo que la revolución les entregó.

¿Por qué los dirigentes del FSLN dejaron a tantos en el aire o en riesgo? ¿A cambio de qué? No hay que ser suspicaz para entender que además del acuerdo escrito debe existir otro acuerdo no escrito sobre determinadas propiedades que resultan estratégicas para determinados dirigentes sandinistas. Si existe este acuerdo, el gobierno habría cedido demasiado. ¿Firmar a cambio sólo de cierta gobernabilidad menos asonadas y de cierta mejoría de imagen ante los nicaragüenses y ante el FMI?

El "momento" en el que se hizo público el acuerdo sorprendió al sandinismo más pensante de la base. En la estrategia pública del FSLN, en la estrategia de calle la que mejor comprende el pueblo , el gobierno liberal ha aparecido durante meses como un gobierno "ilegítimo" por las irregularidades electorales . En abril, y en ocasión de la "crisis de los tranques", Daniel Ortega llamó al pueblo por primera vez a derrocar al gobierno. Similares llamados han salpicado sus discursos en los meses siguientes. En julio, el FSLN propuso un acuerdo nacional, lo que sugería que estaba empeñado en lograr una amplia alianza de oposición con los no sandinistas y los no alemanistas para enfrentar el autoritarismo del gobierno. Después del acuerdo, Daniel lanzó la idea de organizar un plebiscito para que los nicaragüenses, desesperados por la crisis, decidieran sobre la continuidad o no del gobierno.

Pero unas semanas después, el FSLN, que descalificó el Diálogo Nacional, porque el gobierno "no cumple", llegaba a un acuerdo muy importante con ese gobierno en un diálogo bilateral. El acuerdo legitima al gobierno, lo supone "cumplidor" de su palabra y, en cierto modo, desarticula las ofensivas opositoras, real o artificialmente creadas durante los meses anteriores.

Otra señal de alarma: este acuerdo bilateral e "inesperado" llegó unos días después de que se hiciera público otro acuerdo bilateral y también inesperado con el que sandinistas y liberales reformaron, muy ventajosamente para ambos, la Ley Electoral, de cara a las elecciones en la Costa Atlántica de marzo 98. Ambos acuerdos entre adversarios tan agriamente enfrentados en el teatro de los medios de comunicación tuvieron un procedimiento similar, en cuanto al exceso de reserva y discreción con que ambas cúpulas firmantes manejaron acercamientos y entendimientos.

¿A cambio de qué?

El momento en que surgió el acuerdo sobre la propiedad, el procedimiento "secreto" usado para conseguirlo, el texto mismo del acuerdo y el acuerdo "no escrito" que se supone incluye, dieron justo pie a la especulación. Además de haber comprado el gobierno estabilidad e imagen a corto plazo, con esta firma habría comprado además un proyecto de más largo alcance. Habría comprado un plan conjunto con el FSLN para hacerle a la actual Constitución reformas que la retornen a su anterior presidencialismo y le permitan a Alemán reelegirse como Presidente.

Las polémicas reformas que la Asamblea Nacional hizo en 1995 a la Constitución estaban orientadas, esencialmente, a equilibrar el excesivo poder presidencialista de la Constitución sandinista de 1987 con muy saludables dosis de poder parlamentario. Estas reformas nunca contaron con el respaldo del liberalismo alemanista y fueron tenazmente rechazadas por la dirigencia del FSLN.

La vigente Constitución reformada da más poderes al Legislativo. Estos poderes no están siendo suficientemente respetados por el Presidente Alemán, que se encuentra muy incómodo en un esquema de equilibro de poderes realmente independientes. Consciente o inconscientemente, Alemán tiende a violentar a diario este equilibro con procedimientos de urgencia, decisiones inconsultas y unilaterales, decretos por sorpresa, burdas y obvias presiones sobre sus diputados, escaramuzas de corrupción con las que compra personas, votos, conciencias... El estilo de Arnoldo Alemán requiere ya que no de una imposible dictadura militar al menos de una Constitución que sea presidencialista. Y el proyecto político de los liberales alemanistas requiere de la reelección de Arnoldo Alemán para otro período presidencial.

La estrategia del FSLN

A cambio de reformas constitucionales y reelección el gobierno habría firmado este acuerdo que le hace aparecer ante un sector de sus apoyos políticos y económicos, en Nicaragua y en Miami, como un "traidor" y un "blandengue". Naturalmente, para el político pragmático que es Alemán el trueque vale la pena. No "ha puesto en su lugar" a los sandinistas según el pensamiento más extremista, pero los ha puesto "en el lugar que quiere".

Sin estrategia de oposición clara, sin un trabajo de base organizado, con débiles vínculos con el movimiento social, sin transparencia en sus decisiones, desgastado, con pérdida de autoridad moral, y necesitado por determinados intereses económicos de estabilizar pronto algunos problemas de propiedad, los dirigentes del FSLN estarían arriesgándose a este "pacto", que le daría casi omnímodos poderes a un Arnoldo Alemán reelecto, confiando en que no será Alemán quien gane las elecciones presidenciales del año 2001 sino el FSLN, al que le tocaría gobernar con comodidad en el marco de una Constitución presidencialista, similar a aquella con la que gobernó en los 80.

Todo esto es especulación, hipótesis, cálculos. Pero tiene una lógica. Alemán habría rendido su antisandinismo extremista. Y la dirigencia del FSLN habría apostado a una estrategia puramente electoral y a resolver en estos cinco años los conflictos de propiedad que más afectan sus intereses políticos y económicos. Es evidente que si esto es así, se trata de un "giro" en la política nacional.

¿Bipartidismo?

Un giro peligroso para la nación. Los consensos alcanzados entre el FSLN y los liberales para reformar la Ley Electoral y para "resolver" el problema de la propiedad dieron pie a otros partidos y a sectores sociales para alertar sobre la instauración de un nuevo bipartidismo en el país.

Bipartidismo formal y real hay en muchos países latinoamericanos, donde dos partidos muy similares se alternan permanentemente en el poder. En Nicaragua, "bipartidismo", al igual que "reelección", tienen una connotación histórica específica. El somocismo fue una formalidad política basada en las reelecciones y en el bipartidismo. Los liberales de Somoza y los conservadores "zancudos" negociaban todo y decidían todo. En los rieles de esas "paralelas históricas" se movía toda la política y toda la economía. No quedaba espacio para nadie más. Uno de los grandes logros políticos de la revolución fue quebrar el bipartidismo e inaugurar el pluralismo político.

El bipartidismo es una apuesta peligrosa. Así lo indica la historia nacional. Por otra parte, todas las encuestas indican que un tercio de la población nicaragüense no se identifica con ninguna de las dos grandes agrupaciones políticas, alemanistas y sandinistas. Los sandinistas se han defendido de la acusación de "nuevos zancudos" que les hicieron los conservadores en el Parlamento. "El acuerdo de la propiedad dijo Víctor Hugo Tinoco no refleja el cien por ciento de las aspiraciones y puntos de vista del FSLN, pero es un buen marco de refe rencia. Si no llegamos a acuerdos nos llaman quemallantas y si logramos acuerdos es que somos zancudos."

¿Se está gestando un nuevo bipartidismo político? La realidad es que ya existe un inicial bipartidismo económico, especialmente en el ramo de la construcción, entre antiguos y nuevos capitales de ex somocistas y liberales alemanistas con nuevos capitales sandinistas, que manejan rentables negocios conjuntos.

¿Cuál será la correlación de fuerzas?

Por fuera del papel del acuerdo y por fuera de este tablero de pactos o apuestas, quedaron muchos problemas de propiedad. Será la correlacion de fuerzas políticas, económicas y sociales la que irá dilucidando el futuro de los casos que no quedaron cubiertos por la ley.

En varias declaraciones, el Procurador Julio Centeno Gómez ha dado a entender que los sandinistas son responsables por "tres piñatas" y que es sólo la "segunda", la llevada a cabo en el período de transición del gobierno Ortega al gobierno Chamorro (febrero abril 1990) la que aborda el acuerdo. Lo actuado y legalizado antes, en los años de la revolución ("primera piñata") se resolverá en los tribunales, si es que alguien reclama. Lo actuado en la "tercera piñata" (sandinistas chamorristas en el proceso de privatización) se toca en un solo artículo de la nueva ley, que trata el caso de algunas de las empresas privatizadas. Cómo quede el resto de estas empresas dependerá de fallos en los tribunales o de nuevas negociaciones.

Un ejemplo bien claro de cómo va a influir la correlación de fuerzas en todos los problemas de propiedad que el acuerdo no toca es el caso del ingenio Victoria de Julio, que el gobierno no ha podido desprivatizar a pesar de la exhibición de poder que el propio Presidente ha hecho en este caso . La correlación de fuerzas le es desfavorable, porque entre los socios extranjeros, que acompañan a socios nacionales sandinistas y chamorristas como nuevos dueños de este ingenio azucarero está una poderosísima empresa británica.

¿Y los Somozas?

En el acuerdo no se dice absolutamente nada sobre las propiedades confiscadas a la familia Somoza por el decreto 3 ni a sus allegados por el decreto 38. Inicialmente, se había dicho que el acuerdo sólo legitimaría lo actuado por el decreto 3, el que confiscó a Somoza y a su familia, pero no legitimaría lo actuado por el 38, el que confiscó a sus "allegados". De hecho, se atribuyó al Procurador Centeno Gómez esta frase: "Sólo la familia Somoza no es desconfiscable. El resto de Nicaragua sí lo es". Finalmente, el acuerdo no dice una palabra de las confiscaciones hechas por estos dos decretos.

Familiares y allegados de los Somozas son parte del liberalismo hoy en el poder. Ocupan cargos en embajadas, en ministerios, en alcaldías. Están presentes en todas las estructuras del nuevo gobierno. Al poco tiempo de llegar al poder, y en un alarde de irresponsabilidad, Arnoldo Alemán pagó a la familia Somoza el aporte que le dieron para su campaña electoral invitándola a venir al país a reclamar sus propiedades confiscadas. En abril comenzaron a regresar los primeros. Venían a olfatear negocios. En septiembre, el más audaz de todos, un nieto de Somoza García y sobrino de Somoza Debayle, acompañado de otros parientes directos, anunció oficialmente que venían a reclamar todas sus propiedades, señalando que el único interés de la familia es invertir y dar trabajo a los nicaragüenses. Este argumento económico puede convertirse en espejismo para un pueblo sediento de trabajo y empujado a la miseria, que ve en un empleo seguro su salvación personal y en el mito de la inversión que viene de fuera la salvación nacional.

¿Quedará en manos del Poder Judicial de Nicaragua, tan débil históricamente, tan vulnerable actualmente, el decidir sobre este específico y trascendental problema de la propiedad, el que la inmensa mayoría de los nicaragüenses daba por totalmente resuelto? ¿La pasividad resignación (¿será sabiduría?) con la que la mayoría de los nicaragüenses está reaccionando ante la avalancha de negativos acontecimientos diarios muchos de los cuales se le presentan envueltos en justificaciones legales y jurídicas difíciles de comprender , dará espacio a los Somozas en la Nicaragua del nuevo siglo?

Las empresas de los trabajadores

En el acuerdo ley el gobierno concedió a ciertas empresas, confiscadas en los 80 y después privatizadas en los 90 nominal mente con participación accionaria de sus trabajadores nuevas oportunidades y facilidades para legalizar su situación. Esta tolerancia gubernamental con algunas empresas explica las críticas hechas al acuerdo FSLN liberales por el Presidente de la CORNAP, Rosendo Díaz. La CORNAP es la contraparte de estas empresas en su proceso de privatización.

Pero la situación de todas las empresas privatizadas durante el gobierno Chamorro no ha sido resuelta con el acuerdo. Detrás de cada una de ellas hay una compleja historia, y cada historia es diferente desde el punto de vista económico, político y jurídico. Algunas son empresas dejadas en quiebra y descapitalizadas por los somocistas que las administraron. Durante la revolución hubo en muchas de ellas ingentes sacrificios y cuantiosas inversiones para volver a hacerlas rentables. El proceso de privatización abrió la oportunidad de echar a andar en algunas de ellas experiencias "socialistas" de economía popular, mientras en otras se impuso el oportunismo de los nuevos propietarios. A todas las ha afectado, de una forma o de otra, el peso de la crisis que ha provocado en el país el modelo neoliberal. Esto hace que cada caso sea diferente.

Según sindicalistas sandinistas, 22 empresas privatizadas con participación de los trabajadores están en la mira del gobierno para recuperarlas. Es en este contexto que resulta un grave precedente la decisión tomada por el propio Presidente de la República en el caso de la empresa farmacéutica Solka. El Presidente encomendó, nada menos que al Viceministro de lo que se llamó, y aún se llama, Corporación Industrial del Pueblo, Fernando Avellán, ex miembro de la Resistencia, que resolviera por la fuerza el complejo caso de esta empresa.

El sábado 27 de septiembre, Avellán llegó armado y acompañado de 40 paramilitares armados a ocupar su cargo de gerente en la empresa, en atención a lo dictaminado por una juez, en contradicción con otra disposición judicial. Cuando, por fin, Avellán fue detenido y llevado a los juzgados, se inició el acoso económico contra la Solka desde el Estado: se le cancelaron pedidos hechos por el Ministerio de Salud, se le retuvo en la aduana materia prima para la elaboración de medicamentos, etc.

Solka, Intercasa... ¿Qué sigue?

El caso de la Solka es emblemático. La empresa es muy rentable. Estuvo vinculada en los 70 al capital de los Somoza y fue propiedad de allegados de Somoza. Fue descapitalizada y dejada en ruinas por sus dueños al huir del país en el 79. Fue levantada por sus trabajadores y por el gobierno revolucionario, con importantes inversiones, hasta hacer de ella una empresa líder en el país y en Centroamérica. Sus antiguos dueños resultaron indemnizados por el gobierno Chamorro con más de 800 mil dólares, valor en que se tasaba la empresa, si hubiera estado solvente, al ser abandonada. El 40% de sus acciones fue adquirida en 1993 por sus más de 200 trabajadores en el proceso de privatización. Está pendiente la conclusión de un proceso jurídico que garantice a los trabajadores toda la documentación legal para el control de la empresa, mientras el Estado mantiene aún un buen por ciento de acciones.

Al margen de cualquier diálogo negociador, al margen de una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Solka que ha sentado jurisprudencia, el Presidente a nombre del Estado y los antiguos dueños de la Solka que ya fueron indemnizados pretenden solucionar por las armas y a su favor este problema de propiedad. Unos días después sucedieron hechos violentos similares en la rentable empresa metalúrgica Intercasa, de Granada, que fue también propiedad de somocistas, donde los trabaja dores tienen legalmente el 100% de las acciones. ¿Qué sigue después de esto?

Los trabajadores vinculados a varias empresas privatizadas, que nunca llegaron a tener documentos legales, reclaman sordamente a la dirigencia del FSLN por haberlos dejado en la estacada al firmar el acuerdo con el gobierno. Muy pronto, los pobladores de un buen grupo de asentamientos muy pobres de Managua, que también fueron dejados en la estacada, sufrirán idéntica decepción y también reclamarán. ¿A quién? Los intereses más cortoplacistas y los de las cúpulas son los que parecen haber prevalecido. Estamos entrando en otra etapa.

¿Más violencia o nueva organización?

El gobierno puede verse tentado a actuar cada vez con más violencia. El FSLN puede ver aún más erosionada su representatividad. Y el país puede entrar en nuevas oleadas de confrontación. Nunca ha faltado la confrontación en el tema de la propiedad. Según el Movimiento Comunal, en 1993 y 1994 se contabilizaban nada menos que 500 desalojos en algunos meses. Después de la violencia de los sucesos de Solka vino, como era de esperar, la violencia verbal. Daniel Ortega llamó "ladrón" y "delincuente" al Presidente, convocando al pueblo a "bajar a balazos al gobierno" y a organizar "brigadas de auto defensa" para defender las empresas en disputa. Arnoldo Alemán llamó "débil de mente" y "vago" al ex Presidente, insistiendo en que toda su actuación es "apegada a derecho".

Las bases del FSLN, tan confundidas y dispersas en estos años, tan hambreadas, aferradas aún a símbolos de una historia gloriosa, pero sin saber hoy a quién mirar o qué hacer en situaciones tan difíciles, tienen en el acuerdo firmado por la dirigencia sandinista con el gobierno un nuevo motivo de confusión y escándalo. O un gran motivo para la lucidez y la organización. De hecho, miles de empobrecidos de Managua ya están empezando a experimentar las consecuencias de lo firmado en el acuerdo. Ya escucharon que sus barrios van a desaparecer, que todos van a ser desalojados, les están cancelando las solvencias que les dieron y que alguna vez pensaron les daban derecho al título de propiedad...

¿Nueva estabilidad o más caos?

El 2 de septiembre, el Presidente Alemán envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley acordado con el FSLN para su debate y su aprobación. Si los 41 diputados liberales y los 36 de la oposición sandinista aprueban juntos, sin muchas modificaciones y con poco debate, en corto tiempo, esta ley, algunas de las reflexiones que aquí hacemos quedarían refrendadas. Pero, como Nicaragua es la república de la incertidumbre y predomina la inconsistencia, puede ser que no sea así y nuestra tarea consistirá en analizar por qué se cambió lo que se cambió después de tan arduas e interesadas negociaciones.

Después de aprobada la ley, el país inicia un largo camino. La titulación de los pobres del campo y la ciudad que resultarán beneficiados con la ley el gobierno calcula que en la ciudad son 70 mil familias y en el campo unas 17 mil , durará varios años hasta estar totalmente concluido.

Será especialmente complejo y prolongado el proceso en el campo. Muchas cooperativas han vendido tierras a equis, que las vendió a ye, que después las vendió a zeta. Toda la cadena de dueños sucesivos deberá comparecer a los tribunales. En las tierras agrarias, el acuerdo supone hacer un inventario catastral, establecer linderos... "Será como partir de cero en todo el territorio agrícola del país", dijo a envío un experto. ¿Podrá cumplirse tan ambiciosa meta en paz?

Será largo el proceso hasta su conclusión, pero ya a corto plazo podrá verse si el acuerdo trae la estabilidad que pretendió. Varios analistas coinciden en que en uno o dos años, precisamente cuando el país esté en vísperas de nuevos procesos electorales, se podrá calibrar si la gobernabilidad que Alemán quiso comprar con este acuerdo es o no una realidad, si la ley ha distensionado lo suficiente al país o si la violencia se mantiene o incluso, si se ha incrementado y está fuera de control. Todo es posible en Nicaragua, un país lleno de vacíos.

Pagaremos todos

El proceso, además de largo e incierto, será costoso. Se calcula que sólo las indemnizaciones con las que se compensará a los confiscados le costarán a Nicaragua unos 5 mil millones de córdobas, 500 millones de dólares, que saldrán del erario público. Y eso que no se les va a indemnizar con todo lo que reclaman. "Los reclamos de los confiscados rebasan la capacidad del Estado nicaragüense para responderles", los cuestionó con realismo el Viceministro Argüello Poessy. A pesar de todo es mucho, y Nicaragua, tan "castigada" en los años 80 por querer cambiar las cosas y elegir su propio camino, recibe ahora, veinte años después, un nuevo "castigo": 600 mil familias, la nación entera, trabajará durante años para "hacerle justicia" a unas 5 mil familias, las de los confiscados.

Ya hay apoyo financiero de los países nórdicos para cubrir los gastos que supone la titulación agraria. Naturalmente, ningún país o institución está dispuesto a aportar recursos para indemnizar a personas que, mayoritariamente y aunque confiscadas, siempre siguieron teniendo abundantes recursos para vivir como privilegiados y aún quieren más. La indemnización para estas personas saldrá de los impuestos de los nicaragüenses y de un recorte aún mayor del gasto social. Las indemnizaciones las pagaremos todos.

El flagelo de la sequía

Toda esta incierta situación ocurre en momentos particularmente difíciles para el país. La sequía causada en las zonas ya secas del Pacífico por el fenómeno de la corriente de El Niño, considerada la más aguda del siglo en zonas como Chichigalpa, ha puesto una vez más en el centro de la actualidad aspectos de la política agraria.

La sequía afecta a más de 18 mil familias de 27 municipios de varios departamentos, donde se ha perdido el cien por ciento de la cosecha y existe una situación de hambruna. Afecta parcialmente a otras más de 60 mil familias, en situación especialmente crítica. El gobierno tardó en reconocer el drama y después se obstinó en negarse a declarar situación "de emergencia", aduciendo que tiene recursos suficientes para enfrentarla. El Presidente acusó indiscriminadamente a los ONGs de querer esa declaración para "manosear" dinero de fondos internacionales y "llevárselos a sus bolsillos".

Las funestas donaciones

Un poco de historia permite entender mejor el dilema que plantea la sequía. Durante sus primeros años, el gobierno sandinista (1980 84) quiso ampliar el consumo básico de la población pobre poniendo a su disposición una canasta de productos básicos a precios que subsidiaba el Estado. En la rea lidad, los mayores beneficiados con aquella política fueron los pobres de Managua y de las otras ciudades del país, no los del campo.

La revolución se enfrentó al dilema clásico de toda política alimentaria de este tipo: incentivar la producción de alimentos o ampliar el acceso a su consumo. La producción de alimentos crece si se ofrecen precios atractivos para que los campesinos produzcan más. Pero, precios atractivos significa que el Estado tiene que aumentar el monto de sus subsidios para la canasta básica de quienes consumen esos alimentos.

El gobierno sandinista resolvió esta contradiccion montando una excelente capacidad para gestionar donaciones internacionales de alimentos. Esto tuvo resultados funestos para la producción campesina. Posteriormente, la revolución fue reduciendo el subsidio alimentario a medida que los grandes proyectos agroindustriales demandaban más fondos y la guerra se intensificaba. Al final, los únicos beneficiados de esta errada política alimentaria eran obreros y empleados públicos.

El gobierno Chamorro modificó esta política no subsidiando ni con un centavo el consumo de los obreros y empleados públicos, pero sí continuó gestionando donaciones de alimentos. Las gestionó para respaldar su inicial plan anti inflacionario y en aquellos días hasta los pollos venían de Miami para venderlos subsidiados en Managua. Después, las donaciones de alimentos sirvieron para los programas de compensación social que paliaban los efectos del ajuste.

Tanto el gobierno Chamorro como el gobierno sandinista tuvieron un incentivo adicional para buscar este tipo de donaciones: la venta de estos alimentos genera fondos de contravalor que sirven para financiar otros programas gubernamentales. Esto explica el interés de los aparatos burocráticos del gobierno sandinista, del gobierno Chamorro y del actual gobierno porque se mantengan estos programas. Una lógica similar tienen algunos ONGs, cuyo éxito se mide por la capacidad que tengan de gestionar donaciones de alimentos para resolver crisis alimentarias, y no por su capacidad de movilizar recursos nacionales para enfrentar esas crisis. Es esta realidad la que da cierta base a algunas apreciaciones del gobierno sobre las ONGs.

Cooperación: la pregunta del millón

Teniendo en cuenta todo esto, fue acertada la posición del actual Ministro de Agricultura, Mario de Franco, cuando planteó que había que resolver la crisis alimentaria de las zonas secas con la producción campesina nacional de las zonas húmedas. Esto significaría mejores precios para los productos campesinos y resolvería la urgente necesidad de los campesinos más pobres. La pregunta del millón es si la cooperación internacional estaría dispuesta a financiar compras masivas de maíz y frijoles del interior de Nicaragua en lugar de enviar donaciones. En cualquier caso, aunque el Ministro hizo un buen planteamiento, en la práctica el gobierno empezó a hacer lo contrario: otro Ministerio, el de Acción Social, el MAS, pidió donaciones internacionales y comenzó a distribuirlas.

Un caso claro es el de la leche. PROLACSA de Matagalpa tiene capacidad de proveer toda la leche en polvo necesaria para enfrentar la hambruna. Esta fábrica, de capital transnacional (Nestlé), le compra la leche al campesinado de Río Blanco, Paiwas, Matiguás, Muy Muy y la zona aledaña a Matagalpa. Si crece la demanda de leche en polvo se beneficia la empresa y, con ella, los campesinos de estas zonas. El gran pero es que la cooperación internacional, sobre todo la europea, prefiere donar leche en polvo de Europa, donde tienen excedentes acumulados.

El problema de fondo es qué hacer para rehabilitar la capacidad productiva de los campesinos de las zonas secas. La conversión de los beneficiarios de la reforma agraria en campesinos finqueros tiene mucha validez para poder responder a esta pregunta, que está más allá de cualquier emergencia. Tanto la política agraria sandinista co mo la política agraria liberal han planteado como respuesta la inversión en riego. Pero esta inversión, que es adecuada en las zonas de agricultura capitalista, no lo es en las zonas campesinas. De lo que se trata es de recapitalizar la economía campesina. En el fondo, los funcionarios liberales y los sandinistas parecen estar de acuerdo en una co sa: los campesinos de las zonas secas son in capaces de aportar a la producción nacional y son sólo sujetos de compensacion social.

El flagelo del cinismo

La sequía azota a Nicaragua a la par que se extiende entre la población el estupor y la indignación ante un tema del que se habla a diario: los altos salarios de los altos funcionarios del Estado, sus prebendas, sus derroches, la cínica ostentación de sus privilegios ante un pueblo mayoritariamente hambriento.

Un poco de historia también puede ser útil para evaluar mejor este problema. En el ré gimen somocista estaba extendido el concepto de que los puestos públicos eran para enriquecerse. Había cargos más codiciados, no porque en ellos se tuviese mayor poder sino porque en ellos se podía robar más y más rápido. Ser director de Aduanas o Director de Ingresos era más apetecido que ser Ministro de Economía o de Educación. Igual sucedía en la Guardia Nacional y en la Policía, cuerpos armados entre los que no existía frontera. Cuaquier coronel o general prefería ser Jefe de Tránsito que ser Director de la Academia Militar.

La revolución intentó cambiar radicalmente el concepto de funcionario público. Al comienzo, la política que se implementó no permitía que la diferencia entre el salario más alto y el más bajo en el Estado excediera de las 15 veces. Si los maestros ganaban 500 córdobas, el ministro de Educación no podía ganar más de 7 mil 500. Con el tiempo, esta política fue gradualmente modificada por presiones de altos funcionarios públicos. En la segunda mitad de los años 80, los altos funcionarios del Ministerio de Reforma Agraria, el MIDINRA, recibían parte de sus salarios en dólares y tenían tarjeta de crédito costeada por el gobierno. Tenían también vehículos asignados, que cambiaban cada vez que se les ponían un poco viejos. Jamás anduvieron en Ladas sino en Toyotas. La justificación era que estos funcionarios estaban aportando mucho al país y había que retribuirlos bien, entre otras cosas para evitar que traicionaran a la revolución o se fueran al extranjero en busca de una mejor posición. Como en aquellos años los salarios más bajos estaban en descenso, la brecha salarial comenzó a ensancharse significativamente.

El gobierno Chamorro llevó al extremo esta política de los últimos años sandinistas y le añadió otra "justificación": había que pagarle muy bien a los altos funcionarios públicos porque ellos podían ganar más y más cómodamente si trabajaban para la empresa privada o si se establecían en los Estados Unidos. El gobierno Chamorro abandonó cualquier principio de justicia social y siempre consideró que los funcionarios que no eran parte de la élite gubernamental no merecían ninguna mejora salarial. En todo caso, debían estar agradecidos de que el gobierno les diera empleo. Con este argumento, el salario de los maestros se mantuvo congelado durante siete años, mientras las prebendas para los altos funcionarios nunca terminaban de aumentar.

El gobierno de Arnoldo Alemán ha usado la misma justificación que el gobierno Chamorro para pagar a sus más altos funcionarios altísimos salarios que, además, se mantienen ocultos como "secreto de Estado", sin aparecer consignados en el Presupuesto. Alemán ha enriquecido la justificación argumentando que los altos salarios son para que los funcionarios del gobierno "no se corrompan". Y a pesar de eso, la corrupción de sus funcionarios es ya un flagelo que no cesa.

El resultado de esta lamentable historia es que los altos funcionarios del gobierno de Nicaragua tienen hoy los salarios más altos entre todos los gobiernos de Centroamérica, mientras que el grueso de los servidores públicos, maestras, enfermeras y policías, tienen los salarios más bajos de la región.

El acuerdo de todos

La historia enseña. Y lo primero que enseña es que la hemos hecho entre todos. Por acción o por omisión. Hoy, en la clamorosa desigualdad en que vivimos, que se ostenta sin pudor, hasta con cinismo, tiene la sociedad civil, el movimiento social, el sandinismo, las mayorías pobres decepcionadas por el comportamiento de los liberales, un tema mayor. ¿Lo asumiremos?

¿Asumiremos un nuevo estilo de hacer política, un comportamiento social más responsable? ¿Llegaremos al acuerdo de que en este difícil momento del mundo la honestidad y la ejemplaridad son piezas esenciales en una política que quiera ser alternativa al capitalismo dominante? ¿Llegaremos al acuerdo de que la equidad social es condición indispensable para el desarrollo?

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Un acuerdo asediado por desacuerdos

Nicaragua
El problema de la propiedad y el de los propietarios

El Salvador
El "fin" de ARENA y el futuro del FMLN

Haití
Lavalas: dos caminos divergentes

Guatemala
Izquierda: ¿pasado sin presente y con futuro?

Centroamérica
Contadora y Esquipulas 10 años después

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web