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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 183 | Junio 1997
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Honduras

Presiones populares en un mar de violencia

El descontento social estalla en todos los puntos del país. La gente se organiza, reclama y logra mover el tortuguismo gubernamental. El telón de fondo es una red de criminalidad cada vez más organizada y más peligrosa.

ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) Honduras

Desde el primero hasta el último día de abril, y en diversas zonas, el país vivió en constantes movilizaciones, no coordinadas entre sí pero todas expresión de un creciente descontento social. El malestar empezó en el occidental departamento de Santa Bárbara, donde a principios del mes centenares de pobladores de 80 comunidades rurales se tomaron una carretera principal para protestar por el incumplimiento del gobierno en la realización de varias obras de beneficio comunal, prometidas durante la campaña presidencial. La toma terminó cuando funcionarios del gobierno se comprometieron a cumplir sus promesas.

Un día después, 300 personas de la marginal colonia capitalina Canán, siempre hirviente de protestas, en conjunto con el Comité Hondureño de Acción por la Paz (COHAPAZ), se manifestaron en contra de la Secretaría de Comercio por el incumplimiento del Pacto Social acordado hace unos meses entre políticos, empresarios y sindicalistas. Uno de los acuerdos principales del Pacto era el control de los precios de la canasta básica. Los protestantes exigieron la inmediata estabilización de los precios, que en los cuatro primeros meses del año se dispararon en un 6%, aunque menos que el año pasado, lo suficiente para afectar más la ya difícil situación de la mayoría de los hondureños.

¿Llenar las cárceles?

Hubo más manifestaciones populares. El 17 de abril las organizaciones campesinas realizaron una marcha a la capital en contra del modelo neoliberal y de las reformas represivas que contra el campesinado establece el nuevo Código Penal. Durante varios meses el Congreso Nacional debatió este Código, mucho más severo, especialmente en el castigo a las invasiones de tierras, las tomas de carreteras y las protestas callejeras.
El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) señaló que, ante el fracaso de la política neoliberal, el gobierno ha reformado el Código Penal para evitar el alzamiento y las protestas de trabajadores y campesinos. El arqui tecto de las reformas del Código Penal es el conocido diputado Gautama Fonseca, en otros tiempos amigo y asesor de los campesinos y que ahora según ellos se ha convertido en autoritario y opresor. Con el nuevo Código, delitos como la usurpación de tierras y las protestas en las calles no admiten fianza y son penados con severas multas. El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marco Tulio Alvarado, es del criterio que "si además, no se aprueba rápido un nuevo Código Procesual, las cárceles se abarrotarán". Esto significa que irá más gente a la cárcel y en Honduras, como en toda Centroamérica, el sistema penitenciario es deficiente e inhumano.

Estalla El Paraíso

A finales del mes, en el Valle Aguán, rica zona agraria, unos 300 pobladores de Tepusteca, Yoro, se tomaron la carretera que da acceso a las fincas de la Standard Fruit Company, transnacional que en los últimos cinco años ha comprado miles de hectáreas de tierras fértiles a las que fueron cooperativas campesinas surgidas de la reforma agraria. Los pobladores, antiguos cooperativistas, realizaron la acción de protesta en demanda de un pago justo por sus tierras, y del cumplimiento de las promesas que les hizo la transnacional al momento de comprarles sus propiedades, que según ellos, les fueron arrebatadas con engaños y falsas promesas de ayuda para el desarrollo comunitario.

Finalizando abril, el descontento social estalló al otro extremo del país, en El Paraíso, cabecera del departamento del mismo nombre, fronterizo con Nicaragua. El 28 de abril, unos 800 pobladores se tomaron la carretera que va hacia Nicaragua, exigiendo al gobierno la pavimentación de esa vía, que desde hace tres años se halla en mal estado. La toma tenía el apoyo de toda la comunidad, incluyendo la cámara de comercio, los cafetaleros, ganaderos, transportistas, el sector educativo y la Iglesia católica.

Al día siguiente la situación se agravó, y las fuerzas sociales se tomaron varias oficinas gubernamentales, expresando su descontento por la inoperancia de las instituciones del Gobierno. Varios manifestantes fueron apresados.

El 30 de abril se libró una batalla campal entre los manifestantes y un centenar de policías y militares. Hubo dos muertos entre los civiles y numerosos heridos en ambos bandos. Los protestantes, indignados, se dirigieron al cuartel de la policía, sobre el que lanzaron una lluvia de piedras y ladrillos. Temiendo por sus vidas, los 60 agentes de policía abandonaron precipitadamente la ciudad. Retirada la policía se desencadenaron actos vandálicos, y la sede policial fue saqueada y quemada. La caseta policial de la salida hacia el punto fronterizo de Las Manos fue también incendiada por los manifestantes.

El párroco del lugar, que había apoyado la protesta, dijo sentirse apenado por los sucesos, porque se dieron cuando se empezaba a llegar a acuerdos con las autoridades. Durante toda la primera quincena de mayo la ciudad de El Paraíso quedó sin policías, y los habitantes organizaron comités de vigilancia, bajo la dirección de un "Consejo de Seguridad Ciudadano", a fin de contrarrestar la delincuencia. Estos grupos vigilaron el comercio y la banca e impusieron hasta un toque de queda. A mediados del mes las fuerzas sociales y la policía regional acordaron poner fin a la crisis. La población aceptó reconstruir las dos postas incendiadas para que, después, 20 agentes fueran enviados de nuevo a la ciudad. Mientras tanto, el Consejo Ciudadano siguió patrullando.

Fue necesario que dos personas murieran, que decenas resultaran heridas y que se creara tanto desorden, para que al día siguiente de los disturbios la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda iniciara la reparación de la carretera, lo que desde hacía años venían pidiendo por medios pacíficos los habitantes de El Paraíso. La tardanza en atender problemas tan básicos y de fácil solución como la reparación de una carretera muestra la inoperancia e ineficacia de la burocracia gubernamental. Los hechos confirmaron ante la nación que sin presión popular, a veces violenta, las demandas no son escuchadas y que el tortuguismo gubernamental necesita del combustible de la sangre para moverse.

Secuestros en fila

Antes de abandonar la jefatura de las Fuerzas Armadas y salir hacia su exilio forzado, el General Luis Alonso Discua advirtió que tras él vendrían los secuestros. Y así sucedió.

Entre julio de 1996 y abril de 1997 se desató una ola de secuestros en la zona noroccidental del país, sobre todo en el Valle de Sula. Entre los plagiados ha habido empresarios, terratenientes y sus hijos, y en la mayoría de los casos los secuestros fueron efectuados con profesionalismo. El objetivo fundamental de los secuestradores eran rescates millonarios a cambio de la liberación de los plagiados. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron liberadas relativamente ilesas, pero el noveno secuestro, el de Ricardo Saybe, desaparecido durante la Semana Santa, fue diferente. Después de dos semanas de infructuosa búsqueda, el cadáver del joven empresario fue hallado sumergido en un río con una pesada pieza de vehículo atada a su cuerpo. La Dirección de Investigación Criminal (DIC) manifestó que podía tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos económicos dedicados a negocios ilegales. En varios de los secuestros los familiares mantuvieron un hermetismo total y trataron directamente con los secuestradores, mientras la FUSEP y la DIC sólo especulaban acerca de lo sucedido.

El décimo secuestro

El 23 de abril ocurrió el décimo de los secuestros anunciados. El hecho conmovió a la sociedad hondureña, especialmente a la de San Pedro Sula, y despertó la indignación que culminó en la Marcha Cívica por la Paz del 6 de mayo.

El secuestrado fue Ricardo Maduro, hijo de Ricardo Maduro Joest, destacado empresario, banquero y ex presidente del Banco Central de Honduras durante la administración del Presidente Callejas. Ricardo Maduro hijo fue secuestrado después de ser gravemente herido por varios impactos de bala. Su cadáver fue encontrado en un potrero 36 horas después, a pocos kilómetros de San Pedro Sula, luego que un hombre llamó a Radio América para informar.

La muerte de Maduro estremeció las entrañas de la burguesía sampedrana, que días antes había amenazado con realizar un cierre de sus comercios si se daba un nuevo secuestro. Nunca esperaron que la osadía de la delincuencia iba a llegar a tanto y por eso, sus amenazas fueron más allá del cierre pacífico de sus negocios. Los empresarios decidieron salir a las calles junto a los demás sectores de la sociedad para exigir al gobierno medidas rápidas y severas contra la delincuencia, que toca ya al sector económico más pujante de la sociedad hondureña.

El 6 de mayo liderearon una multitudinaria marcha, que fue apoyada por trabajadores, iglesias y estudiantes, reclamando todos al gobierno y a las fuerzas del orden el derecho a la seguridad y el restablecimiento de la seguridad ciudadana en la costa norte hondureña. Según el jefe de policía de San Pedro Sula, Anael Pérez Suazo, la policía es impotente ante los secuestros y no hay manera de prevenirlos ni contrarrestarlos, ya que son una "modalidad delictiva que se ha generalizado en toda Centroamérica y en el mundo". Aunque Pérez negó que hubiera policías infiltrados en las bandas de secuestradores, en Honduras, son muchos los que manejan la hipótesis de que, si no miembros de la fuerza policial, sí miembros de la Fuerzas Armadas podrían estar involucrados.

El 6 de mayo el Comité para los Derechos Humanos (CODEH) solicitó la investigación de varios militares activos como presuntos miembros de bandas de delincuentes que operan en el país. El CODEH señaló que varios efectivos militares, entrenados como Comandos Operativos Especiales, y aparentemente bajo el mando del coronel Aníbal Burgos Moya, participarían en los secuestros a empresarios y en otros asaltos y crímenes. Este grupo élite sería una continuación del nefasto Batallón contrainsurgente 3 16 y operaría en el corredor que va de Santa Rosa de Copán a La Ceiba, incluyendo Yoro, Atlántida y Cortés. Los militares de este grupo, según el CODEH, fueron entrenados entre 1982 y 1984 por militares israelíes en asaltos, rescate de rehenes, secuestros, operaciones urbanas de contrainsurgencia, explosiones y demoliciones. Ramón Custodio, dirigente del CODEH, sugirió que en el secuestro y muerte de Maduro pudo haber participado este grupo militar, y aunque el General Mario Hung Pacheco, jefe de las Fuerzas Armadas, no negó que en las filas de la institución militar haya delincuentes, señaló que está cierto de que no aprendieron a delinquir en su seno.

Es crimen organizado

Los secuestros han sido los delitos más dramáticos de estos meses, pero no los únicos. A diario se reportan asaltos a bancos, a gasolineras y a empresas. El robo de carros es indetenible. La delincuencia común, tanto la de las maras como la de criminales solitarios, tiene atemorizada la población, aun en los pueblos pequeños y en las zonas rurales, en donde la muerte violenta deambula junto al alcohol y las drogas.

"El crimen organizado, una peligrosa modalidad, ha sustituido en Honduras al delito común. El crimen organizado se alimenta de recursos económicos del sistema financiero nacional. Las bandas de robacarros, los secuestradores y los asaltantes de bancos están conectados y de algún modo depositan su dinero en los bancos nacionales", analizó el Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, el 30 de abril.

Leo Valladares, Comisionado de Derechos Humanos, echó la culpa a "los políticos que corren de un lado a otro, que han sido totalmente irresponsables y nos han metido en una danza mortal de desamparo frente a la delincuencia". Valladares cuestionó el lento traspaso de la Policía del poder militar al civil. De hecho, aunque ya se aprobó la reforma para este traslado, no se ha constituido un ente que realice la transición. A criterio de Valladares, "lo más necesario no son unas Fuerzas Armadas numerosas, sino una autoridad policial bien pagada, entrenada y dispuesta a defender los derechos de la ciudadanía."

Una ola que crece

La problemática de la delincuencia ni siquiera figura en la agenda electoral de los candidatos a la presidencia, que permanecen engrescados por ver quién obtiene más beneficios de ese traspaso de la Policía para así fortalecer propagandísticamente su propia campaña presidencial.

La incapacidad de la Policía actual aún bajo control militar ante la ola de criminalidad queda iluminada con la siguiente estadística: en tres años, 1994 1996, la FUSEP detuvo a 71 mil 634 personas por diferentes razones o delitos. De éstas, envió a los juzgados sólo a 28 mil 940, (26.4%). Mientras la delincuencia se ha duplicado, la remisión de personas a los juzgados por parte de la FUSEP ha disminuido año tras año, desde el 33% en 1994 hasta el 19.7% en 1996.

Durante el mes de mayo, la DIC arrestó a varias personas supuestamente vinculadas con varios de los diez secuestros. Efraín Amado Ordóñez habría planificado varios de estos delitos, junto con unas bandas constituidas por los hermanos Padilla Bustillo y los hermanos Mejía Discua, prófugos. Pero en los últimos días del mes de mayo, dos de los hermanos Padilla Bustillo fueron abatidos en un enfrentamiento con la policía. La liquidación de los supuestos secuestradores parece responder a una estrategia de la policía, de los militares y de los demás sectores económicos involucrados en los secuestros para no dejar huellas de su participación en la ola delictiva.

¿Qué hacer?

La presencia en las calles sampedranas de 1 mil 600 efectivos, entre policías y militares, dio algunos resultados: se redujo la delincuencia y aumentaron las captu ras. Sin embargo, son pocos los días en los que no se cometen robos audaces a bancos y empresas del Valle de Sula y de la capital. El 21 de mayo la arquidiócesis tuvo que pedir protección para el arzobispo Oscar Andrés Rodríguez, víctima de amenazas. Y el 25 de mayo una banda ametralló la casa del Subprocurador de la República, Max Gil Santos, posiblemente como amedrentamiento por importantes juicios que se han entablado en los tribunales civiles.

El gran despliegue policial y militar y las capturas rápidas en algunos asaltos dan la sensación de que los militares y la policía montan un gran teatro para impresionar a la sociedad y negociar desde resultados exitosos su participación en la nueva Policía para que de alguna manera continúe bajo control de los militares y para que el Estado destine más fondos al presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Los militares, expertos en guerra sicológica, están aprovechando la coyuntura de miedo y angustia que vive la población ante la delincuencia, presentándose como los únicos garantes de la seguridad ciudadana. Mientras, las raíces económicas de esta descomposición social ni se tocan.

Para enfrentar la crisis, el gobierno nombró una comisión contra la delincuencia que debe analizar la problemática y proponer soluciones. La comisión fue encabezada por el designado presidencial, ex jefe de las FFAA, Walter López Reyes, y fue integrada por el Comandante General de la Policía, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor conjunto, el Ministro de Gobernación y Justicia, y un buen número de dirigentes empresariales, incluyendo a Juan Bendeck, Jaime Rosenthal Oliva y Carlos Chahín. A la comisión le falta experiencia en criminología y sus propuestas fueron inapropiadas e insuficientes.

¿Pena de muerte?

Una solución específica que recomendó Anael Pérez, jefe policial sampedrano, fue un estado de excepción, que implicaría suspender algunas garantías que favorecen a los delincuentes, como el mantenerlos detenidos solamente durante 12 horas antes de ser remitidos a los juzgados. Pérez recomendó ampliar el término a 72 horas, para que la policía pueda investigar eficazmente a los detenidos y enviarlos a los juzgados con mayores pruebas.

A finales de abril el presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial por los liberales, Carlos Flores Facussé, anunció una reforma constitucional que crearía el castigo de cadena perpetua para los responsables de crímenes repugnantes y de extrema gravedad. La Constitución establece la máxima pena en 30 años.
La reforma fue aprobada en pocos días, pero tendrá que ser ratificada en la próxima legislatura antes de convertirse en ley. Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADEH), criticó la decisión del Congreso Nacional señalando "que el problema no es una ampliación de penas, sino de aplicación de las mismas. El problema es una restructuración del Poder Judicial, para que tenga limpieza, independencia y sea un cuerpo técnico".

Otra reforma constitucional orientada a contrarrestar la violencia fue propuesta por el diputado nacionalista Mariano Madrid, quien propuso establecer la pena de muerte en el país. La iniciativa no recibió apoyo ni de los diputados ni de la gente.

Leo Valladares expresó el sentimiento de muchos hondureños cuando dijo: "Fácil e irresponsablemente, todo el mundo habla de la pena de muerte. Si en Honduras el 90 por ciento de las personas que guardan prisión no tienen condena, ¿cuántos años tardaríamos en imponer una pena de muerte? En vez de que los jueces hablen del máximo castigo y de castraciones, deberían agilizar los trámites para sentenciar a los prisioneros."

Millón y medio de armas

Junto con las incontables minas sembradas a lo largo de la frontera con Nicaragua, otra de las secuelas de haber prestado el territorio hondureño para la actividad de los contras y de los gringos en la década pasada, es la proliferación de armas de toda clase y por todo el país. Los cálculos varían: el Ministerio de Defensa estima que en Honduras circula un millón de armas. Para el Ministerio Público son más de millón y medio las armas de grueso calibre en manos de civiles. El 29 de abril el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad resolvió emprender un desarme general a nivel nacional, medida que no parece tener muchas posibilidades de éxito.

Después de la muerte del secuestrado Maduro, el Congreso Nacional, cayendo en la trampa de los militares, aprobó un presupuesto de 40 millones de lempiras adicionales para las Fuerzas Armadas. Según Ramón Custodio, se trata de "la trampa de pagar lo que aparenta ser un chantaje reiterado de la cúpula de las FFAA: 25 millones de lempiras en 1996 y 40 millones en 1997, para que monten el circo de unos carros militares con policías entrando triunfalmente en la capital de la delincuencia."

¿Y la nueva Policía?

Durante meses ha sido persistente la presión de un grupo de oficiales de la FUSEP, encabezados por el coronel Antonio Urbina, para lograr la aprobación en el Congreso Nacional de una Policía única, en la que el jefe sea un oficial de alto rango y todas las funciones policiales estén bajo un mismo mando.

Los grupos de derechos humanos recomiendan, en cambio, que la nueva Policía civil tenga un mando diversificado para evitar un poder autoritario. En vez de una policía única, proponen que las jurisdicciones sean diferentes para evitar una alta concentración de poder, como la que tuvo la Dirección Nacional de Investigación (DNI), que participó en torturas, desapariciones y asesinatos en la década pasada. Quienes se oponen a la policía única afirman que dar un poder absoluto a la policía como señaló un experto del gobierno español- es equivocado porque no responde a la realidad hondureña y podría desembocar en un autoritarismo peligroso.

La sociedad civil insiste también en que el nuevo jefe de policía sea un civil y no un militar, para asegurar un cambio de mentalidad y por las denuncias que acusan a algunos miembros de la policía de jefear bandas de delincuentes. Un director militar en la nueva policía negaría el carácter civilista de la institución, pondría en entredicho la independencia de su director con respecto a las FFAA, y sólo demostraría cuánto poder real conservan aún los militares.

El traspaso total de la Policía a manos civiles, previsto formalmente para fines de este año, amenaza con convertirse en un "show" político. Aunque el Partido Liberal tiene mayoría en el Congreso, ha dejado que el Partido Nacional (PN) atrasara el traspaso. El gremio castrense, aliado con el PN, incide sutilmente, a lo largo y ancho de las reformas constitucionales, especialmente en todo lo que se refiere al manejo del presupuesto de la nueva Policía. Por otro lado, el PN no quiere que Carlos Flores, presidente del Congreso y candidato a la presidencia por los liberales, gane ventaja política con el traspaso de la Policía a manos civiles y por esta razón pospusieron el debate en el Congreso de la Ley orgánica que regirá a la nueva Policía.

Difícil desmilitarización

En muchos sectores, la pregunta es qué tan "nueva" será la policía civil. Los oficiales de Policía se oponen a la "autodepuración" y se resisten a las demandas de la sociedad civil de someter a exámenes sicológicos y de aptitudes a los miembros del nuevo organismo. Leo Valladares afirma que los agentes y oficiales que no cambien su mentalidad militarista por una actitud civil no deben formar parte de la nueva Policía. Seguir con los mismos policías en una institución con otro nombre y otro mando sería prolongar la angustia del pueblo hondureño, pues la policía actual ha colapsado y resulta ineficiente para las actuales circunstancias de inseguridad. Los recientes acontecimientos de El Paraíso muestran que la actual policía es incluso una amenaza para la misma sociedad a la cual pretende proteger.

El lento proceso de establecimiento de la Policía civil, que sustituirá a la policía militar creada en 1963 hace aún más visibles los esfuerzos de la actual cúpula militar por atraer la atención hacia sus demandas presupuestarias y de mayor espacio social. El "show" publicitario tiene varios capítulos.

El contingente de 250 policías entrenados en acciones antiterroristas y enviados el 21 de abril en forma triunfal a San Pedro Sula con el propósito de acabar con la delincuencia en la zona norte del país fue uno. Otro fue la nota vaquera que puso el propio jefe de las FFAA, General Mario Hung Pacheco, quien celebró sus 50 años de vida con una fiesta al estilo del viejo Oeste, vestidos él y sus invitados como cowboys. Concluido el festejo, un desconocido disparó contra su comitiva en un hecho aun no esclarecido que la prensa calificó como "atentado".

Cándido, dirigente chortí

Desde principios de abril los indígenas amenazaban con bloquear carreteras y hacer una nueva peregrinación a Tegucigalpa para exigir el cumplimiento de los compromisos a los que el gobierno llegó con las organizaciones indígenas. Pero fue el asesinato de un líder chortí en Copán lo que provocó una masiva y enérgica manifestación que se extendió durante toda la segunda quincena de abril y parte del mes de mayo.

En los primeros meses del año se preveía que en la época de siembras (mayo) habría problemas entre los campesinos y entre los ganaderos. No era imaginable, sin embargo, que la presión por la tierra estallaría en conflictos en regiones aparentemente tranquilas, ni que escalaría hasta los niveles más altos, directamente con el gobierno central.

El 12 de abril fue asesinado en las afueras de Copán Ruinas, municipio turístico vecino a Guatemala, un líder indígena chortí, Cándido Amador Recinos. La razón parece haber sido el conflicto de cerca de 15 comunidades chortíes con ganaderos de la zona (familia Cueva), por estar ubicadas algunas de las comunidades indígenas en terrenos que los ganaderos han escriturado.

Amador era fundador de CONICHH (Consejo Nacional de Indígenas Chortíes de Honduras) y dirigente de CAHADEA (Consejo Hondureño para el Desarrollo de las Etnias Autóctonas) y de CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras), dos organizaciones que integran a los siete grupos étnicos del país: chortíes, lencas, jicaques, pech, tawaskas, mískitos y garífunas.

La ira indígena

Matando a Cándido Amador así pensaron los asesinos se detendría la lucha de los chortíes, que sólo recientemente, después de la conmemoración de los 500 años de la invasión de América, habían comenzado a recuperar su identidad y a formar una organización propia. Pero, al contrario de lo que imaginaron los asesinos, la muerte de Cándido despertó a las comunidades chortíes de un letargo secular. Recogieron el cadáver de su dirigente de las afueras del pueblo turístico, lo velaron en el oratorio católico de una aldea cercana y lo llevaron de nuevo, en una procesión masiva, hasta Copán Ruinas, donde el cura, amigo de los ganaderos, tuvo que celebrarle una misa.

La multitud indígena lo llevó después en hombros, y el pueblo ladino de Copán Ruinas se estremeció, temiendo que hubiera llegado la hora de la venganza del indio. Cerraron sus comercios, mientras los chortíes que nunca antes habían manifestado su resentimiento tan masivamente cargaban la sencilla caja para enterrar a su héroe, no en el cementerio, sino "ilegalmente", en la sede de su organización, en una aldea llamada Rincón del Buey. Así como sus antepasados enterraron al fundador del linaje Yax Kuk Mo, el Quetzal Verde, en las maravillosas ruinas mayas de la localidad, sintieron que ellos tenían derecho a darle sepultura al padre de sus luchas en la sede de su naciente organización, cobijado bajo la bandera de Honduras.

En marcha a Tegucigalpa

Los hechos desencadenaron el 4 de mayo una "peregrinación" de cerca de 3 mil indígenas hacia Tegucigalpa exigiendo el esclarecimiento del asesinato y tierras para sembrar en mayo. Los indígenas se tomaron los predios de la Casa de Gobierno y se mantuvieron en la capital durante once días, durmiendo al sereno y bajo la lluvia, comiendo mal y haciendo un ayuno formal de 5 días, resistiendo lejos de sus pueblos, mientras los dirigentes conducían la negociación con el gobierno.

En la peregrinación participaron hombres, mujeres y niños de pecho de las siete etnias, pero el mayor liderazgo lo tuvieron los lencas, ya acostumbrados a este tipo de peregrinaciones ésta fue la quinta y los chortíes, los más afectados. Entre los indígenas, y desde el principio de la marcha, estuvo ayunando, durmiendo y acompañándolos, el sacerdote jesuita Carlos Solano, que trabaja con los jicaques de Yoro y es Vicario de Pastoral Indígena.

Los dirigentes indígenas fueron firmes en la negociación, exigiendo garantías para el cumplimiento de los acuerdos y precisión en las fechas. Si el gobierno les ofrecía 500 hectáreas de tierra, no les bastó la palabra de honor del Presidente, sino que exigieron una comisión garante. Si el gobierno omitía los plazos, ellos, por la urgencia de las siembras, demandaron que la entrega fuera en el mes de mayo.

El coordinador de la comisión del gobierno, el Ministro de Cultura, Deporte y Artes, Rodolfo Pastor Fasquelle, se mostró inflexible y recomendó un desalojo violento, argumentando que las mujeres y niños se estaban enfermando por estar a la intemperie.

El desalojo se realizó el lunes 12 de mayo de madrugada. El Padre Solano contó que casi mil soldados y policías los rodearon y arrearon a puntapiés fuera de los predios, mientras los indígenas ofrecían resistencia pacífica.

El desalojo, publicitado por todos los medios, dio más valor a los indígenas, muchos de los cuales ya se habían regresado a sus lejanos pueblos, mientras en Tegucigalpa sólo quedaban 2 mil. La negociación se reabrió y después de largas sesiones, destituido ya el coordinador gubernamental, se llegó a acuerdos importantes en la medianoche del 14 de mayo. El gobierno se comprometió a negociar 500 hectáreas en Copán hasta completar 2 mil, y a entregarles en total otras 7 mil hectáreas en Ocotepeque donde viven chortíes . También se comprometió a agilizar la investigación sobre el asesinato de Cándido Amador. Se nombró una comisión de garantes para supervisar los acuerdos.

Ganaron los chortíes

Los indígenas lograron bastante de lo que pedían, especialmente la promesa de tierras. Y lograron algo que no pedían, pero que estaba en la base de todas sus demandas: ser reconocidos como indígenas.

La aculturación ha tenido tanta fuerza a lo largo de siglos que muchas de las comunidades chortíes hondureñas se han transformado en comunidades campesinas no indígenas. Salvo alguna anciana, todos han perdido su lengua. Olvidaron la organización maya, que han logrado conservar los chortíes guatemaltecos. Por eso, la argumentación de las autoridades incluido el Instituto de Antropología e Historia ha sido que los chortíes hondureños o son guatemaltecos o son puros campesinos. Basado en este argumento, el gobierno se negaba a aplicarles el convenio 169, por el que, en 1995, Honduras se comprometió internacionalmente a entregar tierras a los pueblos indígenas. Ahora, como fruto de la lucha de los chortíes y de los acuerdos del 14 de mayo aun cuando no llegaran a cumplirse el gobierno ya ha reconocido que las comunidades chortíes son comunidades indígenas.

El desalojo del 12 de mayo ha tenido un enorme costo político para el gobierno. Cuando el Presidente Reina salió días después hacia Estados Unidos a recibir un Doctorado Honoris Causa en la American University de Washington, los titulares de la prensa lo despidieron así: "A Reina se le cayó la máscara de la revolución moral".

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