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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 183 | Junio 1997
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México

Fin de siglo, fin de régimen

La crisis mexicana no era sólo una crisis financiera. Se trata de una crisis total y terminal. El viejo régimen agoniza y en su agonía, reprime cada vez más. El consenso se ha esfumado y la legitimidad social se ha perdido. Este es el clima en vísperas de las esperadas elecciones del 6 de julio.

Jesús Acosta

El sistema político levantado después de la revolución mexicana por quienes asumieron el poder en este país está llegando a su fin. Este sistema que podemos llamar de la Revolución Institucional vive una crisis terminal y las correas de transmisión de su legitimidad social se encuentran en plena erosión. Quienes han asumido el poder a lo largo de estas ocho décadas han perdido los pilares que sostenían su dominación. La Constitución de 1917, rica en garantías para los derechos individuales, laborales y agrarios entre otros derechos sirvió al sistema como un pacto estabilizador que, junto con la estructuración política fundada en el Partido de la Revolución Institucional, logró corporativizar y mediatizar toda demanda de los sectores sociales.

Tres pilares del sistema

La asunción del derecho a la tierra y de los derechos laborales en la Carta Magna del 17, el Corporativismo y la Ideología Revolucionaria, así como una economía orientada hacia el mercado interno, constituyeron el basamento que posibilitó un eficaz control social durante un largo período, sólo salpicado por eventuales “rebeliones”, que fueron siempre eficazmente reprimidas: médicos y ferrocarrileros en los años 50 y 60 estudiantes en 1968, guerrilla urbana y rural en los 70.

Todas las reglas se han roto

La crisis de la deuda y el deterioro de las condiciones económicas de los mexicanos, junto al crecimiento de una sociedad cada vez más consciente del mito revolucionario, más segura en su independencia, más plural en su composición, entre otros factores, ha desembocado en una crisis del sistema en su conjunto. Hoy por hoy, ya el viejo régimen es incapaz de contener a los nuevos actores sociales, y es mucho menos capaz de reproducirse, pues las mismas “reglas no escritas” que lo regulaban internamente también están rotas.

Crisis económica y crisis política y social se empatan en un momento de transición en el que el régimen se resiste a morir y, ya sin el antiguo andamiaje político social que lo sostenía, recurre al último recurso de la coerción y la fuerza. El Estado, dominado por el PRI, no es ya capaz de reproducir los consensos y no cuenta con los recursos económicos de décadas pasadas. El pacto social se ha perdido y lo que queda es la guerra. La dominación por otros medios.

Chiapas: el mayor reto

La impugnación política más contundente que se ha dado contra este régimen en decadencia ha sido la rebelión armada zapatista en Chiapas. Chiapas es realidad emblemática del rezago social y político que existe en muchas regiones del país, de “la Revolución que nunca llegó”, de la dominación priísta ejercida dentro de un complejo entramado que vincula al poder estatal con el dominio caciquil, de la esperanza siempre postergada y al fin cancelada de la tierra para los indígenas, de los mecanismos de sucesión del poder permeados por el fraude y la manipulación del electorado, de la sistemática violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Chiapas es realidad y emblema frente a un régimen político de imposición y de control social que, cuando se ha visto en riesgo, no ha vacilado en recurrir al uso de la fuerza y a la represión.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es, en esencia, una respuesta violenta a la violencia que siempre ejerció el sistema. En 1997 Chiapas es confrontación. Chiapas es hoy la guerra de las armas, pero es también esa guera que, por otros medios, se institucionalizó y se “legitimizó” en el resto del país en la forma de un régimen “emanado de una Revolución” y de un Estado encargado “de las tareas pendientes” de esa Revolución.

La impugnación zapatista cimbró los cimientos del sistema y apuró su crisis. Paradójicamente mucho se ha comentado la guerra del indígena armado en Chiapas ha tenido su arma más poderosa en la arena de lo político. El poder político, hábilmente construido por el zapatismo sobre todo en su estrategia comunicacional, inhibe en las Fuerzas Armadas la tentación del asalto, mientras el régimen ubica a estas Fuerzas en la zona de las cañadas. La apuesta oficial central, la de largo plazo, es el desgaste.

Así, asegurada la superioridad militar con un férreo cerco, con cuerpos de élite entrenados para acciones relámpago, con el acoso físico y sicológico a las comunidades indígenas zapatistas, etc. el gobierno mexicano, desde la Presidencia y la Jefatura Suprema de la institución militar no desde la Secretaría de Gobernación, anulada en varias ocasiones de todo poder resolutorio en el conflicto decidió “dialogar” con el EZLN y empujó a un proceso que sólo buscaba cansar, desgastar, prolongar el conflicto. La ofensiva de febrero de 1995 y la anulación política y ejecutiva de la delegación oficial en San Andrés son muestras de la debilidad de la Secretaría de Gobernación.

La "seguridad nacional"

La estrategia de péndulo del gobierno federal (búsqueda de negociaciones/ofensiva militar, diálogo/represión a comunidades, acuerdos/ruptura de acuerdos) ha llevado al conflicto a un punto muerto, en el que no es fácil discernir la salida que las autoridades pretenden darle.

La coyuntura chiapaneca le ha dado al gobierno un punto de partida para desarrollar un concepto y una práctica de Seguridad Nacional que, en sus efectos prácticos, viene a revelarse exclusiva mente como seguridad política del régimen. El objetivo de una Seguridad Nacional así entendida no es cuestionar, por ejemplo, la política económica oficial, que disminuye la soberanía, afecta el dominio de los recursos naturales, y genera dinámicas de guerra por la miseria que ocasiona en diversas zonas del país. Al contrario, el objetivo de esta Seguridad se inscribe dentro de la lectura interesada de los “enemigos internos” y se plantea inhibir los brotes espontáneos u organizados de su inconformidad, de su protesta social, y de su violencia armada.

Una crisis terminal

Las manifestaciones que van siendo más claras de la actual concepción de la Seguridad Nacional son:

- La militarización de zonas marginadas: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, las Huastecas hidalguense y veracruzana, etc.

- La militarización de la Seguridad Pública en todo el territorio nacional.

- El veto y el control de las posibilidades de escrutinio nacional e internacional en Derechos Humanos: expulsión de delegados internacionales, promoción de candados legales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, bloqueo a recursos económicos para tareas civiles de observación electoral, amenazas y hostigamiento a defensores de derechos humanos, son algunos ejemplos recientes de esta actitud.

- El crescendo de la tortura científica en el país.

Vivimos en México el inicio de una época de ampliación de los márgenes de coerción y represión del Estado. Sobre todo en áreas rurales, el consenso se ha esfumado y la legitimidad social se ha perdido. La guerra estallada en 1910, continuada institucionalmente durante décadas, vuelve ahora a encontrar en las armas una tentación para resolver la nueva etapa de confrontación. Los sucesos de presión que se han intensificado en los últimos meses en México no representan sólo un abuso del poder. Son ejercicio de poder, en una relación con la sociedad que no es de promoción o de servicio, sino de dominación e imposición.

Chiapas es también un signo de las posibilidades de la democracia y de una sociedad incluyente. Pero la crisis del sistema político, en el marco de la crisis terminal del viejo régimen priísta, aunque abre posibilidades para la transición democrática, también vuelve más intensa la pugna en el núcleo del poder, y da paso a situaciones de enorme riesgo para el régimen de garantías y para el Estado de derecho que aún nos rige. El horizonte es incierto.

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