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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 183 | Junio 1997
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Nicaragua

Café y ajonjolí: espejos donde ver cómo salir de la crisis

¿Cómo superar la polarización económica y social? Faltan vínculos verticales y también vínculos horizontales entre los eslabones de las cadenas productivas. Las del café y el ajonjolí lo demuestran. Y el nuevo escenario mundial demuestra que habrá desarrollo para todos o no lo habrá para ninguno.

Mario Davide Parrilli

La nueva ley tributaria y el debate que suscitó evidenciaron, una vez más, la dificultad que tiene Nicaragua para concertar un programa de desarrollo que sea compartido por todos los actores socioeconómicos. La polarización social, económica y política que ha llenado la historia de este país, es la cara más visible de su subdesarrollo y al mismo tiempo, es el mayor obstáculo para superarlo. En la agroindustria de exportación se reflejan también estos conflictos, a la vez que se entrevé una alternativa optimista para el desarrollo nacional.

Uno de los países más empobrecidos

Los últimos 20 años de la historia de Nicaragua han sido especialmente duros. La lucha armada en contra del régimen dictatorial de Somoza, la guerra de los 80 entre fuerzas sandinistas y contrarrevolucionarias, y el severo ajuste estructural de los 90 han colocado al país en un agudo estado de crisis y, en particular, lo han empujado a una radical polarización política, social y económica.

La guerra destruye el tejido social de cualquier país, porque transforma los conflictos sociales y políticos, de verbales, legales y eventualmente violentos, en procesos intensamente destructivos. El conflicto armado instaura una dinámica de terror, exasperación y violencia, que se prolonga trágicamente en la situación de postguerra. Sus efectos los padecen especialmente los más pobres. En Nicaragua, la guerra aplastó la tradicional "neutralidad" campesina -y también la urbana-, polarizando social y políticamente a los pobres que apoyaron al sandinismo y a los pobres que apoyaron a los contras en campos y ciudades.

Con el cambio de gobierno en 1990, Nicaragua siguió la tendencia de toda América Latina: reducción de los conflictos armados y gestión aparentemente neutral de la política nacional, en el marco del famoso ajuste estructural. Pero la división social no ha desaparecido: se da entre ricos y pobres, entre alfabetizados y analfabetas, entre trabajadores y desempleados, etc. La más reciente encuesta del centro de investigación nicaragüense FIDEG muestra cómo se alejan los ingresos del 20% de los hogares más ricos y los del 20% de los más pobres: 27.1 veces más ingresos tenían los ricos en 1992. Ya en 1996 tienen 35.8 veces más. El porcentaje de población que no llega a comprar la canasta de productos básicos se incrementó en el período 1992-96: del 59% llegó al 80.7%.

En los últimos 15 años, Nicaragua ha sufrido un retroceso acelerado de los estándares de vida de su población. Para el PNUD, es el penúltimo país más pobre de América Latina, sólo superado por Haití, y uno de los últimos 50 países del mundo. El índice de desarrollo humano -basado en el ingreso per cápita, el nivel de educación y la esperanza de vida- ha descendido continuamente en Nicaragua desde los años 80. Una creciente cantidad de la población se empobrece, se analfabetiza, sufre hambre y carece de servicios básicos.

Funcionarios del área económica del nuevo gobierno liberal han anunciado que este año el PIB va a crecer hasta en un 8%. No dicen que ya en los últimos años había crecido significativamente -alrededor del 5%-, sin que esto cambiara en nada la tendencia al empobrecimiento generalizado. Son muchísimos los nicaragüenses que "no se dieron cuenta" del crecimiento económico del país porque cada vez viven peor. Crecimiento económico y desarrollo no son la misma cosa, hasta los niños lo saben.

¿Por qué tanto atraso?

Las razones que explican el empobrecimiento de Nicaragua son muchas. En los años 80 la guerra redujo las oportunidades económicas del país, debilitó el esfuerzo productivo y los recursos humanos, aniquiló los recursos agropecuarios y produjo una masiva fuga de capitales. En los años 90, el servicio de la deuda externa y las exigencias de los organismos internacionales de crédito en aras de la estabilidad financiera desviaron importantes recursos del necesario gasto público en educación, salud, vivienda e infraestructura básica. Los conflictos por la propiedad de la tierra y la violencia en el campo han desviado también posibles inversiones productivas, con la consiguiente reducción de la generación de empleo y de ingresos -el nivel de subocupación nacional es del 55%-.

La debilidad estructural del campesinado ante las instituciones financieras y de comercialización del país no les permite superar su economía de subsistencia. Finalmente, en una economía agropecuaria como la nicaragüense, el escaso desarrollo rural ha limitado también el desarrollo urbano, con la consiguiente baja producción y bajos niveles de empleo en la industria y los servicios, factores que han multiplicado, también en las ciudades, los empleos de subsistencia en el sector informal. Existen otras válidas razones del empobrecimiento y polarización de la sociedad nicaragüense. Mil caras tiene el subdesarrollo. Fijémonos en una sola, en una de las más importantes catalizadoras de la crisis socioeconómica para así identificar una vía de posible salida.

Una débil conciencia cívica

Todos los países del mundo tienen problemas socioeconómicos. También las naciones más avanzadas arrastran déficits internos y cargan con una deuda externa considerable, que les obliga a recortar el gasto social. En todas partes existen problemas de desempleo -en Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia la población desocupada supera el 10%-. Pero nada de esto impide a estos países gozar de un bienestar generalizado, con niveles de exclusión social relativamente bajos, con políticas de inversión pública y de redistribución del ingreso que actúan como amortiguadores sociales: subsidio de desempleo, cheques familiares, servicios sanitarios y educativos subsidiados, etc.

¿Qué pasa, entonces, con Nicaragua, que nunca alcanza esas pautas? En el ayer histórico hay muchas y dramáticas respuestas a esta pregunta. En el hoy, la impresión más obvia es que entre la mayoría de la población -y, con mayor responsabilidad, entre las clases más poderosas- la conciencia cívica es débil. De la conciencia de pertenecer a una sociedad mayoritariamente empobrecida no surgen aún suficientes impulsos en suficiente gente que se decida a combatir activamente esta "injusticia" y a buscar un cambio. Todavía son débiles los imprescindibles esfuerzos de la minoría satisfecha y de la clase media del país para solucionar integral y conjuntamente el problema. En el otro extremo social, la profunda pobreza en que están sumidos los "otros" les impide encontrar fórmulas organizativas que les permitan lograr avances económicos, sociales e institucionales.

Esta débil conciencia cívica está enmarcada en una falta de mecanismos legales y organizativos que faciliten el control de los ciudadanos sobre la administración de las instituciones públicas y privadas, lo que multiplica la injusticia y la corrupción. Por razones históricas, sociales, políticas y económicas, el enfoque individualista se ha desarrollado intensamente, favoreciendo solamente a quienes pueden defender su privilegiado bienestar.

La polémica Ley Tributaria

El ejemplo más reciente de la polarización y el corporativismo político está en el proceso de formulación y debate de la nueva y polémica Ley Tributaria. La reforma tributaria estaría orientada a incrementar las finanzas públicas y a fomentar el crecimiento económico en el marco de una creciente equidad socioeconómica.

En los primeros días de mayo se desató un serio conflicto político y económico causado por la contradictoria batalla legal emprendida por el gobierno liberal contra un sector de improductivos y oligopólicos empresarios nacionales. Entre ellos, los representantes de firmas extranjeras en Nicaragua.

La oposición política atacó varios aspectos contradictorios de la reforma tributaria, que ciertamente podrían incrementar la población que vive bajo la línea de pobreza más allá del actual 70%. Entre los aspectos atacados están: un alza en los precios de algunos bienes primarios -como el pollo- causado por un alza en los aranceles de importación; un impuesto sobre la tierra para los dueños de más de 30 manzanas; la supresión o reducción -a partir de 1999- de las exenciones e incentivos que tienen las cooperativas y la pequeña empresa. La clase empresarial -de cualquier tendencia política- atacó el planteamiento de reducir los aranceles a las importaciones de bienes de consumo -gradual en los próximos dos años-, porque pondría en peligro las ventas de los industriales y comerciantes nacionales y, con eso, el ingreso y el empleo nacional.

El carácter de urgencia que el Presidente Arnoldo Alemán impuso a la reforma tributaria, obviando al Parlamento, contribuyó a estimular el conflicto político. La escasa importancia atribuida por el Ejecutivo al debate y a la concertación nacional agudizó las tensiones entre los diferentes grupos socioeconómicos, que reaccionan luchando corporativamente.

Individualismo: lógica perdida

Pero el individualismo y el corporativismo socioeconómico no sirven ya, son piezas de una lógica perdida, especialmente a nivel nacional, porque pretenden enfrentar los desafíos de la nueva sociedad mundial "globalizada" de manera estática, sin considerar los frecuentes cambios del entorno internacional y sus efectos sobre el contexto nacional. Ciertamente, con esta lógica perdida algunos empresarios seguirán encontrando sus nichos de bienestar, pero con ella afectan al resto de la sociedad, que vivirá cada día más pobre e insegura y por eso, pondrá cada día más en riesgo a quienes, individualistamente, se acomodan satisfechos en esos nichos de bienestar.

La existencia de barrios tan desiguales en una misma ciudad -o entre campo y ciudad-, unos tan bonitos y otros tan míseros, genera problemas. En una misma ciudad no hay "mundos aparte" y los problemas de unos barrios se trasladan rápidamente a los otros. Si a los habitantes de un barrio pobre les falta frecuentemente el agua, la luz, la casa o el trabajo, sus frustraciones fluirán hacia las zonas residenciales de la ciudad en forma de robos, violencia y agresividad. Todos tienen algo que perder, todos tienen algo que pagar: cárcel, vigilantes en los barrios, miedo a salir a la calle, falta de libertad, robos, muertes… Mientras sean unos pocos nicaragüenses los que se benefician del 8% del crecimiento económico, la infelicidad seguirá rodeando a Nicaragua por todos sus costados y durante muy largo tiempo.

Concertación nacional: clave de éxito

En Japón, el desarrollo económico y político se percibe colectivamente, estrechamente vinculado al aprovechamiento de todos los recursos humanos nacionales. Como recuerda el socioeconomista inglés Dore, la existencia de grupos o individuos al margen de la sociedad japonesa es percibida por todos como un fracaso de toda la sociedad. Por esto, las esferas ejecutivas nacionales y locales buscan involucrar a todos los ciudadanos en el proceso de desarrollo nacional.

Después de 20 años de guerra y polarización social, Nicaragua debe hallar una vía no conflictiva de desarrollo del país, en la que todos los nicaragüenses participen. La polarización socioeconómica y política debe ser dejada a un lado, para fomentar una estrategia común de todos los actores: los productores, los comerciantes, los industriales, los exportadores, los negociantes y los consumidores. Una estrategia que se traduzca en beneficios para todos.

El estilo autoritario del Presidente Alemán -que menosprecia el recorrido institucional para la formulación de la ley- dificulta una estrategia así, porque no estimula la concertación entre los actores nacionales y privilegia una lógica centralista, individualista y carismática. En vez de fortalecer el diálogo y restaurar la confianza en las instituciones del Estado, respetando la división de los poderes, el Presidente asume agresivamente el papel de máximo legislador del país, acentuando esta tendencia con el empleo de los procedimientos de urgencia.

Esto crea desconfianza, desresponsabilización y desactivación en toda la comunidad nacional, desde los más altos cargos políticos hasta los últimos ciudadanos. La concertación y el compromiso entre los actores económicos progresa difícilmente si no existe un proceso paralelo en las instancias políticas más representativas. Hoy, la comunidad nacional no está participando en la concertación para la toma de decisiones. Encontrarse marginada de este proceso le resta el dinamismo operativo que podría dar éxito a la reforma tributaria y al desarrollo del país. Mientras la población no se sienta protagonista de las decisiones, no se arriesgará ni se esforzará para mantener los compromisos que asumieron otros, en los que no se sienten representada.

A pesar de todo esto, la idea de fondo de la reforma tributaria es correcta: el país debe insertarse en las dinámicas internacionales y debe mejorar su entorno productivo. Las medidas de esta nueva Ley van en dos direcciones: abaratar los bienes primarios a disposición de la población más pobre, y mejorar los niveles de productividad y competitividad de los actores económicos. Ciertamente, sin mejoras en estas dos direcciones, toda política social será de escasa incidencia. Pero el éxito de cualquier medida depende de que sea parte de un cuadro global, de que se enmarque dentro de una estrategia nacional de desarrollo.

Café y ajonjolí: cuatro razones

Vayamos a lo concreto. Los casos de las cadenas agroindustriales del café y el ajonjolí, con especial referencia al eslabón industrial de estas cadenas, ayudan a entender la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo y aclaran la fundamental responsabilidad que tienen los actores económicos, incluso antes de que el Estado se responsabilice.

Hay cuatro buenas razones para considerar estas dos producciones. Primera: en las dos cadenas se refleja muy claramente la realidad de polarización y de ineficiente organización de los actores económicos y se muestra una posible vía de salida a tan severo problema.

Segunda: las cadenas del café y del ajonjolí involucran respectivamente a unas 250 mil personas -el café- y a unas 20 mil -el ajonjolí- y a sus familias. En una economía agrícola como la nicaragüense, representan bien las actividades de la mayoría de la población rural y de la de algunas importantes ciudades -Matagalpa para el café, León para el ajonjolí-.

Tercera: como rubros de exportación, el café y el ajonjolí representan y representarán uno de los espacios de "sugerencias" más incisivas del Fondo Monetario y del Banco Mundial sobre la política económica del gobierno de Nicaragua en relación con el pago de la deuda externa.

Cuarta: como enseña la historia de los países industrializados, el eslabón industrial de cualquier cadena merece énfasis, porque la estrategia de desarrollo de cualquier país debe centrarse en las producciones de mayor valor agregado, que garantizan beneficios en términos de transferencia tecnológica, de capacitación de recursos humanos y de comercialización de productos menos perecederos.

El reciente estudio de Nitlapán sobre el eslabón industrial del café y el ajonjolí permite formarse una idea del funcionamiento de la cadena agroindustrial de estos dos rubros. Al mismo tiempo, sirve como lente de aumento para investigar las relaciones que existen entre los distintos actores socioeconómicos y para identificar el problema fundamental: la falta de colaboración horizontal y vertical entre estos actores.

¿Sólo los grandes o todos?

En general, las 60 industrias nacionales de café y las 5 de ajonjolí logran una rentabilidad medio-alta. En el café se han estimado márgenes promedios de ganancia bruta entre 45 y 70 mil dólares anuales. En el café hay una discreta concentración del mercado de acopio, procesamiento y exportación: algunas empresas disponen de 3-4 plantas y de una poderosa exportadora. Eso les permite obtener una ganancia mucho más consistente. Hoy, CISA, Caley Dagnall y Nicafesa controlan cerca del 60% del total nacional de la actividad de procesamiento.

En el ajonjolí, la concentración en el procesamiento es aún mayor: existen sólo cinco plantas que hacen tratos con los 20 mil productores. La ganancia global es difícilmente cuantificable porque las industrias también comercializan el producto y juntan la ganancia del procesamiento con la ganancia de la comercialización. Las ganancias pueden llegar a ser más de 200 mil dólares anuales.

La concentración del mercado entre unos relativamente grandes actores y el hábito de escaso dinamismo y falta de apertura de la clase empresarial a la competencia internacional distribuyen los beneficios del negocio cafetalero y ajonjolicero entre pocos actores: algunos grandes y medianos productores, algunos acopiadores y procesadores, algunas empresas exportadoras. Estos beneficios no logran extenderse a los miles de pequeños actores económicos de estos dos sectores productivos, especialmente a los pequeños productores y a los trabajadores del campo y de las plantas.

La nueva Ley Tributaria parece orientada a buscar una reducción de los rasgos estáticos de la economía, empujando al dinamismo empresarial y a la productividad, tratando de promover la competitividad internacional, el aumento del empleo y de los ingresos. Sin embargo, la Ley no distingue entre empresas grandes y pequeñas y por esto, corre el riesgo de fortalecer los rasgos oligopólicos de la economía nicaragüense. De hecho, las empresas más afectadas en todos los procesos de liberalización que se llevan a cabo en América Latina, y que son similares al de Nicaragua, son siempre las empresas pequeñas y medianas. Si así sucede con la nueva Ley, muchas pequeñas empresas saldrán del mercado y mucha gente perderá su trabajo, lo que ahondará los abismos sociales, y esto seguirá minando el desarrollo del país.

¿Hay eficiencia productiva?

Las industrias nicaragüenses son rentables. Pero es dudosa la efectiva competitividad de su eslabón industrial y hay señales que subrayan cómo se están perdiendo una serie de ganancias que beneficiarían a todos los actores de la cadena. Un mayor éxito internacional de los productos de Nicaragua -como ha sido el caso del café de Colombia-, permitiría incrementar las ventas y con éstas, los ingresos y el empleo para todos los actores de la cadena: los productores y los procesadores, los trabajadores de planta y los exportadores. Pero este éxito exige mejorar la vinculación entre todos ellos.

La primera señal preocupante es que las plantas trabajan sólo al 50% de su capacidad instalada. Esto es expresión de una notable ineficiencia, lo que aumenta los costos de producción, reduce la competitividad y no permite aprovechar el potencial productivo de la industria y de toda la cadena.

El ciclo 1995-96 fue un año de cosecha excepcional para los productores de café y ajonjolí. Sin embargo, la capacidad utilizada fue muy baja. ¿Por qué pasó esto? Hay muchas razones, pero las más consistentes -los mismos industriales las reconocen- son, en el café, la baja producción nicaragüense, y en el ajonjolí, la competencia de los compradores extranjeros. Ambas razones subrayan el nudo del problema: la débil vinculación entre los actores.

Muchos procesadores de café, especialmente los matagalpinos y los caraceños, indican como prioridad de las políticas de desarrollo agrícola el apoyo financiero a los productores. Dicen que si la producción sube, todos ganan, también los procesadores y los exportadores. La realidad es que los productores medianos y pequeños encuentran serias dificultades de acceso al crédito y por eso, no logran cultivar y cosechar apropiadamente. Sin embargo, los procesadores -aunque tienen conciencia del problema- se resisten a abrirles ellos mismos y directamente el crédito a los productores, y siguen esperando pasivamente -e inútilmente- que sea el Estado el que solucione el problema del crédito.

¿Qué pasaría si -sin esperar la intervención de un Estado endeudado y lento y de un sector bancario privado "ajeno" a inversiones de mediano y largo plazo- los mismos actores se organizaran entre ellos mediante acuerdos financieros que permitieran a los productores cultivar y a los procesadores y comercializadores recuperar el monto prestado? Actualmente, sólo las grandes empresas de exportación hacen este tipo de acuerdos con algunos grandes y medianos productores. Generalizar estos acuerdos, ¿no incrementaría la producción y la calidad, con consecuentes ventajas para todos los eslabones de la cadena?

En la industria ajonjolicera el problema central es otro. Los acopiadores extranjeros compran gran cantidad del producto, porque ofrecen a los productores un precio más alto. Exportan el ajonjolí a su propio país donde lo procesan -hasta un 40% de la producción nacional se exporta natural-. En general, son 10-15 córdobas por quintal lo que los compradores extranjeros pagan a los productores nacionales para mantener y ampliar su propio mercado de consumo.

¿Qué pasaría si las cinco empresas procesadoras nicaragüenses ofrecieran a los productores nacionales el mismo precio que les dan los extranjeros? ¿Quebrarían o lograrían incrementar su actividad, su capacidad utilizada, sus ventas y su posición en el mercado internacional? Y si fortalecieran las relaciones con los productores gracias a un mejor encadenamiento -asistencia técnica, venta de insumos a crédito, etc-, ¿no incrementarían la producción, el procesamiento y la exportación de un producto generador de divisas, ingresos y empleo?






¿Tiene calidad el producto?

La falta de coordinación entre los actores de la cadena y las malas consecuencias que esto ocasiona son visibles en otros aspectos de la actividad productiva. Por ejemplo, la falta de financiamiento a miles de campesinos produce pérdida de rendimiento en la cosecha, porque una gran cantidad de café que podría ser de primera calidad se cosecha mal o tarde y se transforma en "broza" - se llama así a todos los tipos de café dañados y de mala calidad-. Basta con visitar las plantas en los primeros meses del año para ver bajo el sol muchos telones cubiertos por café en cereza (broza). En estos casos, el café tampoco se procesa, lo que provoca grandes pérdidas, no sólo a los productores, sino también a procesadores y exportadores.

La divergencia que se aprecia entre la producción y la exportación del café y del ajonjolí ilustra esta pérdida, e incluye también la bajísima cuota de consumo nacional. Si a esta pérdida se añade el producto de segunda categoría exportado, se descubre que la producción y el procesamiento de calidad pueden mejorar mucho. Toda la producción llamada "broza" en el café y "manchado"en el ajonjolí no es procesable y se vende a un precio mucho más bajo o se tira.

Las pérdidas de ingresos causados por falta de atención o de recursos para el cultivo son altas. En el caso del café, desde 1992 hasta 1994, no se vendieron al exterior 573 mil quintales. Y suponiendo que en los tres años se vendieron 200 mil quintales a las tostadurías del país -en 1996 fueron 45 mil- todavía faltarían 270 mil quintales, lo que a un promedio ponderado de 98 dólares de precio de exportación- actualmente está superando los 250 dólares- suman una pérdida total de más de 26 millones de dólares. No es una cantidad insignificante...

Ante esta realidad, ¿por qué los industriales y los exportadores deben esperar a que al gobierno organice acciones de desarrollo (prefinanciamiento a la producción, venta a crédito de insumos, asistencia técnica, etc.), para remover las causas de estas fallas? ¿No pueden hacerlo ellos mismos con las debidas precauciones? Un reto trascendental para los productores, los procesadores y los exportadores es construir una cadena de actores dinámicos, productivos, coordinados, que permita -bajando los costos y las pérdidas del producto- incrementar la producción total y su calidad. Sólo así, la ganancia, el ingreso y el empleo podrán crecer, y así crecerá el país.

El fogoso debate que despertó la Ley Tributaria reveló el corporativismo que prevalece en los actores económicos, que no quieren asumir la responsabilidad de sacar adelante al país. Los industriales no quieren una baja de aranceles que favorezca a los competidores extranjeros. Los productores grandes y medianos no quieren ser presionados por impuestos sobre la tierra. Los consumidores no quieren comprar los bienes primarios a un precio doble o triple del precio internacional. Pero, por algún lado hay que empezar. Y es claro que un país que quiere desarrollarse no puede empezar por incrementar la carga de los más débiles, es decir los precios de los bienes de consumo y los impuestos a las cooperativas de producción y servicio.

Los más poderosos actores socioeconómicos del país son, obviamente, los industriales, los comerciantes y los exportadores, pero un sector de ellos sigue buscando únicamente el garantizarse su nicho "protegido" en el mercado y no terminan de aceptar que son ellos los únicos que pueden sacar el país de la crisis, a través de una participación activa, cooperativa y competitiva en el mercado nacional e internacional.

El miedo a la colaboración horizontal

Los espacios de acción entre los distintos actores de la cadena no existen sólo en las relaciones verticales. También son posibles y beneficiosas relaciones horizontales entre los procesadores. Un ejemplo: todas las plantas almacenan el producto por largo tiempo, a veces por más de seis meses, con costos de vigilancia y de bodega, con intereses sobre préstamos y con pérdidas de calidad. Si se coordinaran mejor con los otros actores de la cadena o entre ellos mismos, podrían reducir tiempos y pérdidas. ¿Por qué, por ejemplo, no organizar una bodega común, que permita ahorrar costos de almacenamiento, de vigilancia, etc.? Esto reduciría los costos, aumentando la competitividad de la industria y de la cadena y aumentaría las oportunidades de incrementar las inversiones globales y, por esto, los ingresos y el empleo.

Pero los industriales tienen miedo a cooperar. Perciben la presencia de otras plantas en los alrededores de la suya como peligrosa para su propio éxito, contrariamente a lo que enseña la experiencia de los distritos industriales en distintos lugares del mundo (Italia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Japón, etc.). En Nicaragua, la cooperación, formal e informal, es débil. Las asociaciones existentes son ineficaces: no hay actividades relevantes en el marketing y en la exportación (ferias, delegaciones al exterior para recoger información y contratar productos), en el almacenamiento (bodegas comunes), en el crédito (consorcios de crédito), en el control de la calidad (laboratorios para la certificación de la calidad, investigación), en la formación de recursos humanos (cursos de entrenamiento, talleres). No hay actividades conjuntas para demandar el compromiso de los representantes políticos en la mejora de las infraestructuras públicas (energía, carreteras, zonas industriales y artesanales). Los pocos casos de colaboración se dan entre muy pocas empresas y de forma simplista: visitas a las otras plantas, préstamos de repuestos, etc.

Es evidente que existe una débil conciencia de las ventajas concretas que tiene actuar juntos para incrementar la competitividad nacional. Y la realidad es que, actuando individualmente, aún la empresa más exitosa pone en peligro su crecimiento a largo plazo, porque reduce oportunidades que sólo la fuerza colectiva puede producir, y porque la inserción que se logra individualmente, en un mercado internacional donde los compradores se mueven muy rápidamente de un país a otro en busca de las mejores condiciones, es una inserción muy frágil.

Los procesadores de Nueva Segovia acusan a los matagalpinos de llevarse el café producido en el norte, sin reflexionar en que, al mismo tiempo, Vietnam está vendiendo café a las tostadurías de Nicaragua. ¿Es conveniente seguir pensando en las clásicas soluciones oligopólicas, que pretenden dividirse el mercado nacional entre unos pocos? ¿No es mejor coordinar la cadena para ampliar las oportunidades de producción e inserción de Nicaragua en el mercado internacional?

El futuro está en los recursos humanos

La colaboración entre los actores nacionales para mejorar la inserción de Nicaragua en el contexto mundial tiene que ver también con la organización interna de las empresas. En el procesamiento existe la tendencia a no utilizar a trabajadores calificados y a no invertir en su capacitación.

Los países más desarrollados están dejando atrás el paradigma industrial de la organización fordista, donde los trabajadores son considerados como un costo -se les paga lo menos posible y se les dedica a trabajos rutinarios-, para incursionar en el paradigma postfordista, donde los trabajadores son considerados recursos impor- tantes para el éxito de las empresas, capaces de aportar innovaciones y de aumentar la productividad. En un país como Nicaragua, donde la frontera agrícola ha sido casi enteramente explotada, el crecimiento de la calificación y productividad de los trabajadores es la solución más apropiada para incrementar la producción y el bienestar nacional.

Calificación de los trabajadores

Pero la valorización de los recursos humanos no ha llegado aún a Nicaragua. El pago diario del trabajador no calificado está en muchos casos por debajo de los 20 córdobas (2 dólares), lo que significa apenas el derecho a comer una vez al día. ¿Y cómo hace ese trabajador para comer dos veces, para vestirse, para construir una casa con agua y luz? ¿Y cómo hace para formarse él y para que sus hijos estudien e ingresen capacitados en las mismas empresas en las que él trabaja?

La estabilidad del empleo es baja en Nicaragua, sea por la estacionalidad del trabajo o por la escasa valorización del individuo: el "ideal" parece ser que todos sean capaces de desarrollar un trabajo sencillo. El nivel de calificación en los beneficios de café es bajísimo: lo tiene el 10-15% de todos los trabajadores, y se trata sólo de calificación logradas con la experiencia, y nunca a través de cursos de capacitación. En el caso del ajonjolí las cosas mejoran algo: el 37.5% son trabajadores calificados. Las encuestas realizadas en estas dos industrias indican que, al incrementar la calificación, aumenta también la productividad, con consecuente baja en los costos de producción e incremento de la competitividad.

Invertir en recursos humanos es positivo para los dueños de plantas, de fincas, de empresas comercializadoras y exportadoras porque se alcanza una más alta productividad del trabajo. Y es positivo para los trabajadores del campo y de las plantas, por el salario más alto que ganan y por la formación que alcanzan. Se crea así un círculo virtuoso entre productividad del trabajo y flexibilidad operativa: cuanto más el trabajador procesa o produce, tanto más las procesadoras y las exportadoras responden adecuadamente (cantidad y calidad) y rápidamente a los pedidos de los importadores y consumidores extranjeros. El efecto siguiente es la ganancia de una mayor cuota de mercado para las empresas individuales y para el país en su conjunto.

Alemania y Japón lo hacen mejor

Esta ha sido la experiencia en los países industrializados. El desarrollo o involucra a todos o no es desarrollo. Un interesentísimo estudio del economista japonés Aoki enfatiza algunos aspectos de la actual lógica política y económica. Frente a la crisis, Alemania y Japón reaccionan unitariamente, reduciendo el tiempo de trabajo de los trabajadores, en vez de despedirlos. Actúan así porque los consideran recursos esenciales para la empresa y para la economía. Al contrario, Estados Unidos y Gran Bretaña reaccionan despidiendo a los trabajadores, creando así fuertes conflictos sociales. Alemania y Japón se mueven en el marco de una estrategia nacional de desarrollo y de enfrentamiento de la crisis. Estadounidenses y británicos responden a la crisis de manera individualista, con un sálvese quien pueda. La alemana y la japonesa son sociedades más desarrolladas, como confirma el PNUD -teniendo en cuenta las naturales dificultades de la anexión de Alemania del Este-, mientras que las sociedades con márgenes más altos de exclusión y de individualismo/atomización social son hoy Estados Unidos y Gran Bretaña.

En áreas como Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Carazo, donde la mayoría de la población cultiva el café o lo procesa en las plantas, y en áreas de ajonjolí como León y Chinandega, los industriales podrían hacer mucho -y beneficiarse mucho- fortaleciendo los recursos humanos: organización de talleres, cursos de formación, incentivos para la productividad, apoyo a actividades complementarias a la cafetalera y ajonjolicera (transporte, laboratorios de calidad, acopio, tiendas comerciales). Construirían así una industria y una cadena altamente capacitada y por esto, dinámica y productiva.

Qué desarrollo y con quiénes

La política "desarrollista" de Arnoldo Alemán tiene algunas graves contradicciones, como las disposiciones que perjudican a las cooperativas y a la pequeña empresa o como la indemnización con la que se pretende compensar a los somocistas confiscados. Pero, parece orientada a acabar con la tradicional protección estatal a los estáticos grandes empresarios, con la convicción de que Nicaragua puede y debe salir adelante con sus propias fuerzas.

En este sentido, la nueva Ley Tributaria prevé medidas de fomento a la productividad centradas en la clase empresarial y en la empresarial-trabajadora -en el caso de las cooperativas-, que son las que mueven los recursos del país. "Hay que ser dinámicos", parece decir la reforma, hay que involucrar a los ciudadanos en un proceso activo de desarrollo nacional y por eso, también las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas son involucradas en la reforma.

El problema es cómo lograrlo. El desarrollo integral del país no llegará cumpliendo los minimalistas objetivos del FMI y del BM, que sólo quieren una inflación baja y cuentas financieras correctas. Tampoco llegará en el marco individualista de clara concepción neoliberal, que sólo soluciona los problemas de algunos. Llegará con un plan constructivo que sea capaz de capitalizar las complementariedades entre los distintos actores económicos.

Un análisis de la situación de las industrias exportadoras de café y ajonjolí indica eso y deja la impresión de que Nicaragua tiene oportunidades válidas de desarrollo socioeconómico. Las pérdidas causadas por la baja producción nacional, por la escasa atención a la calidad y a la formación de los recursos humanos, indican los consistentes beneficios que los actores económicos lograrían si "ajustaran" sus relaciones en el marco de una fluida coordinación.

Le conviene a todos

En Nicaragua, el "conflistancamiento debe ser sustituido por la cooptividad", afirma el economista belga Bastiaensen. La situación de polarización y conflicto socia con estancamiento económico debe ceder el lugar a una actitud cooperativa para una mejor competitividad y éxito del país en el exterior.

Las políticas de desarrollo de los años 80 y 90 no tuvieron éxito, porque fomentaron el conflicto social en el país y eso afectó más a los más pobres, tanto del campo como de la ciudad. Hay que elegir otra vía que no estimule la oposición en los ámbitos político, social y económico, sino que construya una concertación entre los actores nacionales: los campesinos y los finqueros, los industriales y los exportadores, los trabajadores, los empleados y sus gerentes. Sólo así, las fuerzas del país podrán ser debidamente valoradas y puestas al servicio de un desarrollo integral de la sociedad nicaragüense.

Todos los actores nacionales reconocen la importancia de una iniciativa de este tipo, pero les faltan incentivos para implementarla. Los medianos y grandes empresarios nacionales están en condición de relativa pasividad por ser los que están mejor. Los pequeños productores y los trabajadores del campo y de la ciudad, que son la mayoría, son los que están peor, pero les falta voz para ser escuchados.

Se necesitan incentivos para empujar el cambio. Estos pueden ser promovidos por los mismos actores y también por actores indirectamente involucrados en el proceso de desarrollo socioeconómico: el Estado y los distintos centros de investigación.

Los incentivos más potentes están basados en la misma lógica de la actividad empresarial: la rentabilidad y el bienestar. Los empresarios pierden márgenes de ganancia por su falta de iniciativa en el prefinanciamiento a la producción, en otras actividades de respaldo a la producción, y en la formación de los trabajadores. Además, si el país continua viviendo en un estado crónico de pobreza y de inestabilidad, se está poniendo en riesgo el bienestar social y económico de todos. Cada día decaerá el interés internacional en inversiones o transacciones comerciales con Nicaragua.

A los pequeños productores y a los trabajadores les deben estimular los grandes beneficios de los que gozarían si lograran aumentar la productividad, la producción y la calidad, en coordinación con los empresarios: mayor comunicación con los transportistas, industriales y exportadores, rapidez de entrega, atención a la calidad, reembolso de préstamos y créditos. Si los pequeños no empujan con consistencia, no se dará nunca este cambio de relaciones. La fragmentación de la fuerza laboral y campesina es un gran incentivo para que los empresarios no busquen soluciones de interés nacional y se limiten a políticas corporativas que sólo los benefician ellos.

Trabajadores y campesinos deberían asociarse y actuar juntos para que los otros actores sean estimulados a reconocerles sus derechos y, por esto, a buscar soluciones mutuamente ventajosas. Las asociaciones existentes son aún poco representativas de los pequeños actores. De hecho, defienden a los grandes y medianos y no están ni siquiera presentes en algunos rubros, como el del ajonjolí.

Aunque se reconozca el valor de la intervención pública y privada (centros de investigación, instituciones de servicios), la responsabilidad directa de empujar un proceso de concertación nacional recae sobre los propios actores socioeconómicos. En los países avanzados, los actores no esperan al Estado para organizarse y explotar las ganancias que supone la cooperación nacional ante el exterior. Son ellos mismos quienes impulsan el proceso, involucrando primero a los gobiernos locales y, sucesivamente al Estado, que sólo entonces se da cuenta de la efectiva representatividad y fuerza que tienen en la economía local y nacional.

Competir, pero "hacia afuera"

Si el país quiere salir de la inestabilidad y la pobreza, no puede esperar ni un año más para hacer lo que los países económicamente más desarrollados están haciendo desde hace tiempo. Nicaragua debe empezar inmediatamente. Debe convertir lo que hasta ahora ha sido una estrategia atomizada u oligopólica de los distintos sectores productivos, en una nueva forma de competencia, donde la competitividad mejora con la coordinación vertical de los eslabones de las cadenas productivas y con la colaboración horizontal al interior de una determinada fase operativa.

Esto significa abandonar la "competencia hacia adentro", con la cual los actores nacionales más fuertes "golpean" a los actores nacionales más débiles y numerosos -produciendo conflictos, pobreza, inestabilidad social y política- para sustituirla por una "competencia hacia afuera", en la cual las fuerzas nacionales se juntan para lograr espacios internacionales y, al lograrlos, aumentan los ingresos, la seguridad, y la estabilidad. Aumentan el bienestar.

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