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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 176 | Noviembre 1996
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Nicaragua

Observando a los observadores

Usaron los observadores internacionales de las elecciones una doble medida para juzgarlas? Tan compleja y variada como la crisis electoral fue la realidad de la observación electoral.

Judy Butler

No se le ha ocurrido a nadie hasta hoy hacer un estudio comparativo sobre el caso. Pero es muy probable que en las elecciones del 20 de octubre haya habido en Nicaragua más vigilantes per cápita de las votaciones que en cualquier otra elección del mundo.

A Nicaragua llegaron más de mil observadores extranjeros (1 mil 228 para ser exactos) de 40 países, y por primera vez en la breve historia electoral del país hubo observadores nacionales velando por la pureza de los comicios. El Grupo Cívico Etica y Transparencia, la más grande de las organizaciones de observadores nacionales, tuvo 4 mil 200 observadores en el terreno el 20 de octubre. En la Región Autónoma del Atlántico Sur, el "Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos", en coordinación con las universidades de la región, movilizó a 150 observadores.

Una legión de vigilantes

Sumados a esta legión de observadores, entre uno y más de
doce fiscales de los partidos políticos monitorearon también en cada junta receptora de votos (JRV) el proceso electoral, desde la mañana del domingo 20 de octubre, cuando iniciaron las votaciones, hasta que en la madrugada del día siguiente terminó el conteo de los votos.

En algunos casos, observadores y fiscales acompañaron los telegramas con los resultados hasta la sucursal de Enitel, desde donde se transmitían al centro de cómputos de Managua. Muchos acompañaron el traslado del material electoral - boletas y actas - hasta los Centros Electorales Departamentales (CED), para entregarlos a las autoridades electorales.

Cuál haya sido la intencionalidad del conjunto de graves anomalías que envolvieron las elecciones no es sencillo de dilucidar. Sin embargo, fueron tantas y eran tantos los ojos que las vieron que uno no puede dejar de preguntarse por qué agarró por sorpresa a los observadores el hecho de que al día siguiente el FSLN y varios otros partidos cuestionaran los resultados electorales.

Una necesaria autocrítica

Los observadores y los fiscales juegan un papel clave en todo proceso electoral, complementando el sistema de contenciones técnicas diseñado por el Poder Electoral para garantizar que las elecciones se desarrollen con eficiencia y sean honestas. El que fiscales u observadores no detecten la gravedad de los problemas que ocurren el día de las elecciones proporciona pistas sobre una implementación inadecuada de las medidas técnicas. Fue otro el sentido de la lentitud de las organizaciones de observadores internacionales para reconocer la creciente evidencia de extendidos y serios problemas en los días siguientes a la votación y, en algunos casos, su negativa a reconocerlos. Esto ya no tiene que ver con aspectos técnicos, sino con aspectos políticos. De hecho, refleja toda una política en la observación electoral. Este fue el caso en Nicaragua en 1996.

La tendencia de un sector de observadores orientada a minimizar hasta el final las anomalías ocurridas cuestiona la imparcialidad de la observación electoral en estas elecciones. Especialmente, porque algunos de estos observadores fueron los que más se preocuparon en señalar cualquier problema, error o anomalía surgida antes de las elecciones.

En diferentes momentos y a lo largo de las semanas previas y posteriores a las elecciones, tuve la inesperada oportunidad de trabajar a la par de varios grupos de observadores, nacionales e internacionales, invitados y de la sociedad civil. Participé en un estudio sobre el proceso electoral publicado por Hemisphere Initiatives. Estuve en la Costa Atlántica el día de las elecciones, acompañando a un pequeño grupo de la delegación internacional de mujeres observadoras. Me integré al reducido grupo de observadores financiados por la AID que se quedaron en el país después de las elecciones y unieron sus esfuerzos para observar el proceso de revisión y de recuento. También participé en una evaluación que hicieron observadores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que trabajaron con Etica y Transparencia.

En broma, llamamos ellos y yo a esta evaluación el primer -y único- "encuentro entre observadores nacionales e internacionales". Tuve la oportunidad de entrevistar a re-presentantes de otros grupos de observadores (CAPEL, OEA, Unión Europea) o ellos me entrevistaron a mí. Dirigí paneles de expositores sobre el proceso electoral organizados por Global Exchange y la Oficina de Amistad Nicaragua-Estados Unidos. Y di charlas después de las elecciones a miembros de éstas y de otras delegaciones de observadores de la sociedad civil estadounidense.

Lo que sigue resume algo de lo que oí y vi observando a los observadores. Aunque es sólo algo, espero que estimule la autocrítica de quienes participamos en estas actividades para que en el futuro nuestra tarea se desarrolle con más rigor.

Quiénes y cuántos éramos

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua divide a los observadores extranjeros en dos categorías: "organismos internacionales de observadores" y "observadores invitados". Los organismos de observación suscriben convenios especiales con el Poder Ejecutivo y con el CSE y pueden ofrecer sugerencias y consejos, aunque el CSE no está obligado a seguirlos. En las elecciones de 1990, tuvieron este estatus la ONU y la OEA. En 1996 sólo lo tuvo la OEA, con 117 observadores.

CSE invitó a la ONU, pero Naciones Unidas se inclina cada vez más a sustituirse en esta costosa y pesada tarea de la observación electoral apoyando la creación de organizaciones de observadores nacionales en cada país. En esta ocasión, cuando la ONU no recibió respuesta a la carta que dirigió a la OEA, en la que le planteaba coordinar los esfuerzos de la observación oficial en vez de duplicarlos, decidió declinar la invitación del CSE y perseguir únicamente el objetivo de la observación nacional, como explicaremos más adelante.

En la categoría de "observador invitado", el CSE incluye a representantes de gobiernos y parlamentos y a organizaciones o personalidades invitadas por el CSE, por otros Poderes del Estado o por los partidos políticos. En esta categoría estuvieron la Unión Europea (94 observadores), cinco organizaciones financiadas por la AID (Instituto Republicano Internacional, Instituto Demócrata para Asuntos Internacionales, Centro Carter, Fundación Internacional para Sistemas Electorales y Centro para la Democracia, con un total de 138 observadores), el organismo independiente Hemisphere Initiatives (22) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que también recibe fondos de la AID (23). Además, hubo numerosas delegaciones de gobiernos europeos, del Parlamento Centroamericano y magistrados del Poder Electoral de todos los países centroamericanos, de Panamá y de la República Dominicana. Los "observadores invitados" fueron en total 312.

Nuestros derechos

A los grupos de observadores de organismos de la sociedad civil de distintos países, a las ONG internacionales, al personal de las embajadas acreditadas en Nicaragua y a algunos otros se les otorgaron "pases de cortesía". La delegación gubernamental más numerosa en esta categoría fue la de la AID (47 observadores). Entre las que representaban a organismos de la sociedad civil, las más numerosas fueron un grupo de Cataluña, España (122), la Oficina de Amistad Nicaragua-Estados Unidos (64), Global Exchange (43) y una delegación internacional de mujeres procedentes de 18 países (42). En total, 799 observadores recibieron pases de cortesía.

Según las normas establecidas por el CSE, los observadores internacionales acreditados tienen derecho a libre movilización por todo el país y a libertad de comunicación con todas las organizaciones políticas que presentan candidatos. Tienen acceso a las JRV para observar todas sus actividades. Se les ofrece la colaboración de las autoridades ejecutivas y electorales correspondientes para apoyarles en el ejercicio de sus funciones. Y tienen acceso a la información del CSE o de sus oficinas departamentales, a los sistemas de información del CSE y al listado con todas las quejas y denuncias recibidas por el CSE. Representantes de cada organización de observación internacional se acreditaron también para estar presentes en el centro de compútos nacional cuando los resultados se recibían y eran procesados.

Etica y Transparencia

El organismo nicaragüense Etica y Transparencia nació en los primeros meses de 1996 con asistencia y recursos financieros canalizados a través de cuatro de las organizaciones estadounidenses de observadores que son financiadas por la AID -a excepción del Centro Carter-. Después, recibieron un financiamiento adicional proporcionado por Suecia. La cadena de hechos que desembocó finalmente en la creación de este grupo comenzó cuando en noviembre/95 el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) del Partido Demócrata de Estados Unidos financió un viaje a Perú a dos dirigentes de dos ONG nicaragüenses: Violeta Granera de Fundemos y Salvador Talavera del Centro de Estudios Estratégicos Nicaragüenses (CEEN). El objetivo del viaje era ver cómo funcionaba un modelo de observación nacional en las elecciones peruanas de noviembre/95. A su regreso a Nicaragua, Granera y Talavera hablaron con otras ONG y con "notables" - todos de su misma tendencia política - y, con las sugerencias de algunos grupos estadounidenses, diseñaron el modelo de la nueva organización.

En su concepción inicial, Etica y Transparencia parecía ser una especie de "tribunal civil" de ciertas élites, que se pronunciaría imparcialmente sobre las elecciones. Con el tiempo, esta idea se fue flexibilizando. Aunque su junta directiva -en consulta con un grupo de asesores- se reservaba en exclusiva la toma de decisiones, en sus estatutos se le dio a las ONG que se integraron al proyecto una voz mayor. El Instituto Republicano Internacional (IRI) jugó un importante papel en la selección de los dos "notables" que conformaron la dirección inicial: el politólogo conservador Emilio Alvarez Mon- talván y el presidente de Fundemos, Roberto Calderón.

La ONU se retira

Durante el período en el que nacía Etica y Transparencia, Dong Nguyen, director de Asuntos Electorales de la ONU, viajó varias veces a Nicaragua para plantear las ideas de este organismo sobre la observación electoral nacional. Se reunió con re-presentantes del gobierno, de los partidos políticos y de organismos de la sociedad civil. Las características más significativas de su propuesta eran: 1) La ONU financiaría e impartiría la capacitación a los observadores. 2) En vez de crear una organización única, los observadores se estructurarían en una red con coordinación. 3) Entre los observadores se incluiría a organizaciones de base y no sólo a ONG. 4) Las organizaciones coordinadas participarían directamente en la toma de decisiones. 5) No estaba contemplado el crear una directiva de "notables".

Cuando Dong Nguyen visitó Nicaragua por última vez, Etica y Transparencia ya había recibido su personería jurídica y participó en las reuniones que tuvieron con el representante de la ONU. Todas las organizaciones invitadas expresaron su voluntad de coordinarse para dar una cobertura amplia y plural a la observación de las elecciones.

La oposición vino de otros lados. Los partidos políticos percibieron a los observadores nacionales - cualquiera fuera su estructura - como una competencia con sus fiscales. Parece que también algunos países del llamado Grupo de Apoyo a Nicaragua temieron que una multiplicidad de organizaciones nacionales, haciendo cada una sus propias declaraciones el día de las elecciones, podía contribuir a aumentar la polarización política. Tampoco el gobierno - especialmente el CSE - mostró entusiasmo por la idea de autorizar a observadores nacionales. Al final, sin el aval oficial del gobierno- necesario para que la ONU lleve adelante cualquier programa-, Naciones Unidas se retiró del proyecto.

Cuando el NDI llegó en abril a instalar su oficina en Managua, Etica y Transparencia tenía ya una marcada identidad derechista. Preocupado porque esto pudiera perjudicar la necesaria imagen de imparcialidad del grupo, el NDI procuró que se ampliara su junta directiva, instando a que se integraran a ella el periodista Carlos Fernando Chamorro, ex-director del diario sandinista Barricada y Alejandro Bendaña, quien fue Secretario de la Can- cillería durante el gobierno sandinista y es ahora director del Centro de Estudios Internacionales. El NDI también alentó a varias ONG progresistas que habían participado en las conversaciones con la ONU - en particular al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - para que trabajara bajo el alero de Etica y Transparencia.

Temores y resentimientos

Con ciertas reservas el CENIDH se integró, junto a la coordinación de denominaciones evangélicas CEPAD, al Centro de Derechos Constitucionales y a otros grupos. Sin embargo, en las ONG finalmente afiliadas no quedó expresado el nivel de pluralismo que se había logrado en la junta directiva. Algunas de las más progresistas ONG que se involucraron en el trabajo de educación cívica electoral ya habían hecho sus propios planes de cara a las elecciones, y otras resintieron el haber recibido la invitación a incorporarse sólo después de haberse formado Etica y Transparencia, interpretando esta invitación como la mera búsqueda de imagen de una instancia en la que no iban a tener ningún poder de decisión.

Dada la sesgada participación de Estados Unidos en las elecciones de 1990, existió también un justificado escepticismo sobre la imparcialidad de un proyecto que estaba tan influenciado por organizaciones estadounidenses. El tono tan áspero de los representantes del senador Jesse Helms que vinieron en junio a Nicaragua en la delegación del IRI, a observar las inscripciones ad hoc, echó más leña sobre este fuego. Por otra parte, varias organizaciones ubicadas en la izquierda del espectro ideológico nicaragüense que buscaron ser invitadas para integrarse a Etica y Transparencia fueron ignoradas. Entre ellas, el Movimiento Comunal, que había participado en las conversaciones con la ONU.

Sin representación pluralista

Las 18 ONG que finalmente se integraron a Etica y Transparencia apoyaron su labor de diversas maneras: organización de debates entre candidatos locales, preparación y difusión de materiales educativos para los votantes, campañas para alentar la participación en las elecciones y el conocimiento de los candidatos, etc. Las que disponían de una red de activistas - como era el caso del CENIDH y el CEPAD- proporcionaron observadores locales. Etica y Transparencia instaló también oficinas departamentales y municipales para reclutar directamente más observadores locales. En este reclutamiento, el CEEN y las ONG derechistas de derechos humanos ANPDH y CPDH jugaron un papel importante. Etica y Transparencia realizó talleres nacionales explicando los aspectos que debían observarse durante las elecciones y la importancia de una observación honesta e imparcial. Sin embargo, algunos observadores que actuaron en municipios remotos dicen que los talleres a los que asistieron fueron demasiado breves y superficiales. Otros señalan que los talleres planificados en su localidad no se realizaron nunca y sólo les entregaron materiales escritos.

El no representar el amplio espectro político de Nicaragua al principio de su creación y el identificar a la sociedad civil con ONG de las capas medias, limitó la capacidad de Etica y Transparencia para convencer a la izquierda de que era un organismo pluralista y creíble. El positivo hecho, ocurrido en agosto, de que Alejandro Bendaña aceptara la invitación a integrarse a la junta directiva, se vio eclipsado pronto, cuando Arnoldo Alemán anunció que si ganaba las elecciones, nombraría al presidente de Etica y Transparencia, Emilio Alvarez Montalván como Canciller de su gobierno. Aunque Alvarez Montalván renunció de inmediato a su cargo en la organización observadora, este pre-nombramiento provocó aún más sospechas sobre las razones que hubo para fundarla.

La reticencia de los partidos políticos a aceptar la importancia de Etica y Transparencia y el consiguiente atraso del CSE en acreditar a sus miembros hasta sólo unos días antes de las elecciones, significó no sólo que estos observadores nacionales no observaran la inscripción ad hoc sino que, en algunos casos, tampoco tuvieron acceso a las JRV el día de las elecciones. No debe olvidarse que, al comienzo, las organizaciones nacionales de observadores han encontrado en casi todos los países los mismos obstáculos y prejuicios oficiales.

El conteo rápido

Al igual que la OEA, Etica y Transparencia realizó un conteo rápido de la elección presidencial, con el método y apoyo de Neil Nevitte, de la Universidad de Toronto, un experto en esta materia. Etica y Transparencia anunció que su muestra, por ser tan amplia (831 JRV) y bien distribuida en todo el país, tendría un margen de error de sólo el 1%. Cuando E y T había recibido información de unas 500 JRV, el CSE empezó ya a dar a través de los medios los primeros resultados. Para evitar la contaminación de sus datos con resultados potencialmente alterados por observadores que quisieran reflejar la tendencia ganadora que ya se estaba conociendo, E y T detuvo su conteo. Al final, su muestra abarcó sólo 497 JRV.

El CSE había exigido a Etica y Transparencia que no publicara los resultados de su conteo rápido hasta después del anuncio de los resultados oficiales. Pero - como después vino la crisis y el prolongado proceso de revisión y recuento - se le permitió publicarlo una semana después de las elecciones.

El cuadro de abajo compara el conteo rápido de Etica y Transparencia con los resultados preliminares del CSE, hecho sobre el 87% de las JRV y con los resultados preliminares del 100% de la JRV dados el 8 de noviembre al concluir la revisión.

Lo más curioso en esta comparación es que todas las cifras de Etica y Transparencia, menos los porcentajes para el FSLN, calzan muy bien en el 1% de su margen de error al compararlas con los primeros resultados dados por el CSE, mientras que los resultados del CSE dados después de la revisión amplían la brecha entre liberales y sandinistas, no sólo con respecto a los primeros porcentajes del CSE, sino aún más con respecto a los datos de E y T. Etica y Transparencia espera contratar una auditoría que compare los resultados que recibió y las actas de escrutinio en esas mismas 497 JRV.

Referendum sobre la observación

En su análisis del proceso electoral titulado "Democracia y sus descontentos", Hemisphere Initiatives/WOLA escribió: "A pesar de su poco afortunado inicio, a Etica y Transparencia le corresponde jugar un papel en estas elecciones. Si las elecciones son técnicamente limpias, la voz de los nicaragüenses afirmándolo contribuirá a restaurar el prestigio del CSE ante la ciudadanía y a silenciar las predicciones de que habrá fraude hechas con anterioridad, en particular, aunque no únicamente, por la derecha de los Estados Unidos y de Nicaragua. Si hay algún juego sucio, Etica y Transparencia demostrará su propio mérito en la medida en que su descripción de dónde ocurrió éste sea justa y desapasionada.

En ese sentido, las elecciones de 1996 son también un referéndum sobre el futuro de la observación nacional en Nicaragua".

Lo que aquí se afirma sobre la observación nacional, es también cierto para la observación internacional. Por eso, trataré de analizar lo que oí y lo que vi y lo que los observadores dijeron de las elecciones.



Desconfianzas mutuas

Etica y Transparencia no publicó de inmediato una evaluación global cualitativa sobre las elecciones. Para hacerlo, espera procesar las respuestas a más de 4 mil formularios titulados "Qué observé", que incluyen unas 50 preguntas y 118 variables. Pero no parecía tener suficiente prisa en terminar este trabajo. E y T estuvo dispuesta y a punto de validar las elecciones de forma inmediata, pero no lo hizo porque varias de las ONG que la integraron amenazaron con retirarse del organismo.

Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH, ya había señalado que la desconfianza mutua entre los diversos grupos que conformaron Etica y Transparencia refleja la realidad política nacional. Etica y Transparencia se limitó a emitir una declaración en la que dijo que "las irregularidades observadas, algunas de ellas graves, durante las votaciones no tienen la magnitud suficiente para invalidar el proceso ni la credibilidad de la elección realizada".

Qué observaron ellos

En el seminario del CENIDH en el que participé, unos 100 de los casi 400 observadores nacionales de esta institución que se incorporaron a E y T respondieron verbalmente a un formulario sobre lo que habían observado en las áreas que cubrieron: Nueva Guinea, Juigalpa, Estelí, La Trinidad; y en Managua, Ciudad Sandino y los distritos 3 y 5. Sin pretender sustituir a cualquier evaluación cualitativa de Etica y Transparencia, puede ser útil el mencionar algunos de los comentarios más relevantes de estos observadores, sobre todo los que se refieren a situaciones que seguramente no se contemplan en el formulario de E y T. De hecho, una de las quejas más comunes entre estos observadores fue que el formulario de E y T no les daba suficiente espacio para describir todos los incidentes de los que fueron testigos.

En algunas de las muchas JRV en que no hubo papel carbón para sacar copias a las actas, el presidente de la junta llenó cada copia del acta de escrutinio que entregó a los fiscales sin que nadie vigilara que las cifras en todas las actas fueran iguales. En otros casos, dio a cada fiscal un acta en blanco y les dictó los resultados para que las llenaran ellos mismos. En otros, los fiscales, que dijeron estar exhaustos, pidieron al presidente que les firmara el acta vacía sin cifras, alegando que la llenarían ellos después.

En una JRV en Juigalpa se le comenzó a dar a algunos votantes dos boletas para la elección de presidente. Cuando éstos, después de meter seis boletas en sus urnas respectivas, se encontraron con una boleta presidencial extra, el presidente de la JRV les indicó que la echaran sin problema en la urna y ningún fiscal se quejó.

Fue un comentario general que los fiscales- excepto los de la Alianza Liberal- no trabajaron con suficiente beligerancia y muchos se durmieron durante el conteo de las boletas. Muchos eran muy jóvenes y no parecían haber recibido suficiente capacitación. En algunos casos, dos fiscales representaron a un mismo partido.

En una gran mayoría de casos, cuando el número de boletas contadas no cuadraba con el cálculo matemático del número de boletas que debían haber sido depositadas, el presidente de la JRV no revisaba las cifras.

"Ellos se llevan los aplausos"

La mayoría de los observadores que asistieron al encuentro habían ido a poner el telegrama con los resultados a Enitel, pero sólo el presidente de la JRV pudo entrar al local y sólo él entregó las boletas al centro departamental de cómputos. Los de Juigalpa dijeron que no hubo retraso en la entrega de las boletas y otros documentos, pero que tampoco hubo oportunidad de verificar que todos los materiales fueran entregados, porque estaban dentro de las bolsas y no había permiso para abrirlas.

Observadores de Juigalpa también comentaron que en la oficina de Etica y Transparencia habían visto a periodistas de la alemanista Radio Corporación y del alemanista Canal 8 pasando a sus emisoras los resultados del conteo rápido de E y T, que debían haber estado en sobres sellados.

Aunque el CENIDH proporcionó el 10% de todos los observadores de Etica y Transparencia, prácticamente ninguno de ellos fue seleccionado para participar en el conteo rápido.

Se informó de varios casos en los que se permitió que votaran personas que no tenían documentos de votación. Hubo unos cuantos casos de documentos duplicados. En un caso, la persona que presentó el documento no era la que estaba en la foto del mismo.

En Juigalpa, Estelí y Ciudad Sandino faltaron boletas parcial o totalmente, lo que retrasó la apertura de las JRV por varias horas. Cuando a algunas JRV llegaron las boletas, éstas no fueron contadas antes de usarlas.

Las razones que estos observadores daban para haberse decidido a participar son encomiables. Además de los motivos más obvios - querer asegurar elecciones limpias y democracia - muchos dijeron que se habían integrado para que fuera mayor la participación de la juventud en el proceso electoral. Los de Chontales afirmaron estar agradecidos por la oportunidad que se dio a los campesinos de jugar un papel en el proceso y señalaron que ellos habían participado como una forma de evitar con su presencia la violencia. Prácticamente todos aseguraron que serían de nuevo observadores en las próximas elecciones, aunque mostraron dudas sobre Etica y Transparencia, entre otras cosas por no haberles suministrado comida el día de las votaciones, a pesar de que habían pasado más de 24 horas en su JRV sin poder salir de allí.

Comentando el hecho de que los integrantes de grupos de observación internacional como la OEA sólo habían pasado unos pocos minutos o máximo una hora en la JRV donde ellos estaban, y sólo llegaron a recabar datos cuantitativos sin fijarse en otras cosas, un observador de Ciudad Sandino resumió en una frase el resentimiento y el orgullo que sintieron estos nuevos observadores electorales: "Nosotros fuimos los testigos, pero es a ellos a quienes escuchan".

Nicaragua y El Salvador

Entre los informes hechos por los observadores internacionales sobre la inscripción ad hoc desarrollado en junio y julio en 26 municipios rurales y confictivos del país, dos son particularmente destacables. Un breve informe de Hemisphere Initiatives(HI), por las útiles comparaciones que hace entre la inscripción hecha en Nicaragua y la realizada en El Salvador, donde también HI ha observado varias elecciones. Señala HI que, en contraste con Nicaragua, donde el CSE instala miles de JRV para que los ciudadanos puedan votar relativamente cerca de su hogar, en El Salvador el proceso está totalmente centralizado en las ciudades. Afirman también que el padrón electoral salvadoreño no está dividido por JRV sino organizado por orden alfabético, lo que dificulta más las votaciones. Agregan que, si en El Salvador se hubiera adoptado la inscripción ad hoc para los que viven en ex-zonas de guerra, como se hizo en Nicaragua hubieran podido votar muchas más personas.

OEA: advertencias alarmantes

El otro informe destacable es el de la OEA, cuya misión estuvo dirigida por el salvadoreño. Oscar Santamaría, ex-canciller del gobierno de Alfredo Cristiani. Este informe, mucho más extenso, tuvo una distribución oficial extremadamente limitada, aunque indudablemente circuló ampliamente a través de canales no oficiales.

En el informe de la OEA se proporcionaba una muy detallada lista de los problemas encontrados a lo largo del proceso de inscripción ad hoc aunque estos problemas no se cuantificaban. La mayoría de estos problemas se atribuían a la capacitación inadecuada de quienes dirigieron las JRV donde se hizo la inscripción o a las "inapropiadas" decisiones que tomaban los técnicos del CSE cuando se producían situaciones no previstas claramente en los procedimientos normales. A la par de su listado, la OEA advertía de las graves repercusiones que cada uno de estos problemas, de no resolverse, podría tener en las elecciones.

Las repercusiones previstas por la OEA iban desde la postergación de las elecciones o la impugnación de ellas en una JRV, hasta llegar incluso a la "paralización del proceso electoral". Este informe señaló a los partidos políticos o al CSE como responsables de corregir todos estos problemas, sin distinguir las atribuciones que corresponden a las autoridades nacionales o a las departamentales. Queda por verse si el informe final de la OEA aceptará o no la paternidad de predicciones tan drásticas, dado que el día 20 de octubre y en los días siguientes se repitieron y proliferaron muchos de los mismos problemas que ellos habían señalado de previo, e incluso se produjeron muchos nuevos y aún más graves.

OEA: son "legítimas"

Con la misma actitud crítica de este informe, Santamaría presionó al CSE repetidas veces antes de las elecciones para que acelerara la entrega de las cédulas o documentos supletorios a los votantes. Apenas tres días antes de las elecciones, hizo pública su preocupación porque unas 220 mil personas no podrían votar porque aún no habían recibido su documento. La OEA afirmó que este 9% de los votantes excedía del límite razonable del 5%.

La OEA llegó a sugerir que los documentos que aún no hubieran sido entregados lo fueran en las propias JRV el mismo día de las elecciones, idea que fue rechazada por los partidos políticos, que pusieron como fecha límite para la entrega el mediodía del sábado 19.

A pesar de su habitual tono cuestionador y crítico, la misión de observadores de la OEA indicó claramente en un artículo publicado en El Nuevo Diario el 18 de octubre que esta crítica no se aplicaría a las votaciones en sí, admitiendo que se podían esperar abundantes problemas y errores el día 20, dada la complejidad del proceso, aunque distinguió entre irregularidades operativas y fraude, descartando la existencia de elementos políticos o técnicos de orientación fraudulenta.

En una conferencia de prensa que dio en el centro de cómputos del CSE en Managua, en la noche del día de las elecciones, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, declaró que los resultados eran "legítimos", aunque reconoció algunas "deficiencias" en las elecciones. Entre ellas, la apertura tardía de muchas JRV, la falta de boletas en algunas y las ya conocidas debilidades de la Ley Electoral. Gaviria llamó a todos los partidos políticos a respetar el voto, que según él, "expresa la voluntad libre y soberana del pueblo de Nicaragua".

Gaviria no fue el único jefe de grupos de observación internacional que bendijo las elecciones de forma inmediata. Todos lo hicieron, aunque con más o menos reservas dependiendo de la agilidad que habían tenido en redactar y distribuir sus declaraciones antes de la señal de alerta que Daniel Ortega dio en la mañana del 21 de octubre al hablar de 60 mil votos sandinistas "desaparecidos". En realidad, el elogio al proceso electoral nicaragüense era sincero y bien merecido si se dirigía a los votantes, que acudieron masivamente a las urnas - al igual que en las elecciones de 1984 y 1990 - y que pasaron largas horas bajo el sol en filas interminables para poder ejercer su derecho al voto marcando seis boletas que eran más largas que su propio brazo.
Señales de "doble medida"

El día 21, casi todos los observadores internacionales se mostraban entusiasmados por la alta participación de los nicaragüenses y por su capacidad para manejar unas boletas tan complejas. Al igual que Gaviria, estos observadores dijeron que las largas colas o la tardanza en abrirse muchas JRV no tenían ninguna relación con la transparencia de los resultados. Uno de los pocos observadores que se abrieron a esta posibilidad fue la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. Expresó su esperanza de que "los retrasos técnicos no contribuyan a cualquier alteración en los resultados, puesto que estas elecciones representan otro paso histórico en este país".

Realmente, la observación internacional aplicó una "doble medida" -la famosa "ley del embudo"- a las elecciones nicaragüenses, pero esta doble medida no apareció tan claramente el primer día después de las elecciones. Las señales de esta pauta de acción y de interpretación sólo empezaron a mostrarse en los días siguientes.

Algo difícil de asimilar

A diferencia de 1990, cuando un número suficiente de JRV ya había comunicado los resultados del conteo de las boletas presidenciales para que el CSE pudiera declarar al ganador a las 6 de la mañana del día siguiente a las votaciones, en 1996 los conteos llegaron muy tarde y muy lentamente. En parte, esto tuvo que ver con el cierre tardío de muchas JRV, pero la razón principal fue que los partidos políticos decidieron que antes de enviar al CSE el resultado de la elección presidencial, debía haberse hecho el conteo de todas las seis elecciones, proceso que tardaba entre 3-4 horas como mínimo.

En la tarde del 21 de octubre, Daniel Ortega ya había lanzado el impactante anuncio de que el FSLN no reconocería los resultados provisionales inmediatamente y había hecho la petición formal de que el CSE revisara estos resultados basándose, no en los telegramas, sino en las actas de escrutinio.

Estas declaraciones fueron difíciles de asimilar por algunos observadores, tanto porque ellos no habían logrado ver problemas que ameritaran esta revisión como porque esperaban de Daniel Ortega la aceptación de su derrota, de la manera en que esto ocurrió en 1990. Hasta el caos ocurrido en el centro de recepción de materiales electorales en Managua y las imágenes que se sucedían en los noticieros de televión mostrando boletas y actas arrojadas en cauces y basureros de la capital no parecían causar ninguna turbación a muchos observadores.

Carter y Arias

Los ex-Presidentes de Estados Unidos y Costa Rica Jimmy Carter y Oscar Arias se reunieron con Daniel Ortega tanto como con Arnoldo Alemán. Se dice que Arias persuadió a Alemán para que bajara su tono triunfalista, a cambio de que el CSE continuara publicando resultados antes de atender al reclamo legal de Daniel Ortega, que solicitaba una revisión a partir de las actas. Puesto que el problema en que inicialmente se basó el reclamo del FSLN parecía residir en una discrepancia entre los resultados en las actas de escrutinio y los que el CSE publicaba en base a los telegramas que recibía -especialmente los procedentes de Matagalpa-, Carter procuró conseguirle al FSLN fotocopias de los telegramas que estaba recibiendo el CSE desde ese departamento, para que pudiera cotejarlos con las copias de las actas que tenían los ficales del FSLN. El FSLN nunca proporcionó después a los observadores del Centro Carter los resultados completos de este cotejo, aun cuando dijo que había descubierto problemas mayores de los que había detectado inicialmente.

A partir del martes 22 de octubre otros ocho partidos se unieron al reclamo del FSLN demandando la revisión de los resultados. El candidato presidencial que ocupó el tercer lugar (4.1% de los votos), el pastor evangélico Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, amenazó con impugnar las seis elecciones a nivel nacional.

Antes de salir de Nicaragua ese mismo día, Carter y otros miembros de su delegación brindaron una rueda de prensa. En ella, Carter repitió que no creía que las anomalías fueran de una magnitud suficiente como para alterar la voluntad de los votantes nicaragüenses. Sin embargo, apoyó la solicitud de Ortega como un "derecho legítimo" por estar apegada la ley. Esta fue también la posición de los observadores de la Internacional Socialista y de los de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Observadores post-electorales

En una fiesta de despedida esa misma noche para la delegación de IFES, la representante en Nicaragua del Centro Carter, Shelley McConnell, propuso que los observadores internacionales dieran seguimiento al proceso de revisión. Muy pocos miembros de las delegaciones norteamericanas que aún quedaban en el país acogieron con entusiasmo esta idea. Muchos habían venido a Nicaragua esperando irse a las bellas playas nicaragüenses de vacaciones entre la primera vuelta y una eventual segunda vuelta a fines de noviembre. Otros ya tenían otros planes. Un diplomático presente en la fiesta sugirió que la observación de la revisión la hiciera la OEA.

Todo cambió el miércoles 23. La Presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, solicitó a todos los observadores que seguían en el país que continuaran con su tarea de observación. Esa misma tarde, la Presidenta Chamorro se reunió con los observadores para solicitarles a todos -inclu- yendo a los grupos más numerosos de la sociedad civil, el grupo catalán y la delegación de mujeres - que se quedaran. Cuando les preguntó sobre su punto de vista respecto a las elecciones, solamente los catalanes mostraron un serio desacuerdo con la posición del Centro Carter cuando afirmó que no hubo evidencias de fraude. El grupo catalán fue el más beligerante en la toma de posiciones en estos primeros días.

Matagalpa en la mira

Inmediatamente después de esta reunión, los observadores financiados por la AID se reunieron para decidir cómo proceder. Con Shelley McConnell funcionando como catalizadora - por la abun- dancia de información que estaba recibiendo el Centro Carter - decidieron compartir los pocos vehículos y personal de los que aún disponían para observar el proceso de revisión y recuento en los diferentes departamentos.

Dos observadores del Centro Carter ya habían pasado esa mañana en Matagalpa. Allí los partidos les dieron copias de documentos que mostraban evidencias de datos falseados en 12 JRV y otros documentos en los que se criticaban las actitudes y actividades del presidente del Cen- tro Electoral Departamental (CED), Alberto Blandón, cuya destitución habían pedido infructuosamente desde hacía algún tiempo.

También les llevaron a ver las aproximadamente 30 mil boletas en blanco que habían encontrado en una bodega que pertenecía a los hijos de Blandón y que éstos alquilaron al gobierno municipal. Una de las observadoras, muy joven, dijo después que había encontrado "convincente" la explicación de Blandón: las boletas eran material "extra". El otro observador oyó a Blandón decir que le habían mandado esas boletas para las JRV que las necesitaran pero que, como habían llegado demasiado tarde para distribuirlas, las habían guardado bajo llave en aquella bodega por razones de seguridad. Cuando le preguntamos a este observador crédulo si eso querría decir que 30 mil personas no habrían podido votar en las elecciones por falta de boletas, él no encontró respuesta.

Los telegramas manchados

El jueves 24 me llamaron, por ser la única observadora de Hemisphere Initiatives que quedaba en el país, para que me integrara al esfuerzo de este equipo de observación post-electoral. Algunas miembras de la delegación de mujeres que no se habían ido aún también participaron en los primeros días, y a la semana siguiente algunos miembros del equipo de AID se integraron con nosotros. En las siguientes dos semanas visitamos 12 de los 17 departamentos del país, hablamos con los presidentes de los dos CED de la Costa Atlántica y consultamos con algunos observadores que habían visitado los otros tres departamentos a los que no llegamos. En cada visita hablamos con dirigentes de partidos políticos y con sus fiscales, con los funcionarios de los CED y con los observadores de la OEA que se instalaron en cada departamento para observar a tiempo completo todo el proceso de revisión.

Pudimos observar que los funcionarios departamentales del CSE actuaban con bastante autonomía. Mientras en algunos departamentos se siguió la orientación del CSE de hacer primero una revisión aritmética de los resultados, revisando en las actas de escrutinio los errores para proceder después a cotejar las actas que estaban correctas con las copias de los telegramas que se conservaban en el departamento, en otros departamentos - al menos en uno - el proceso se hizo revisando junta por junta, incluyendo desde un comienzo la posibilidad de un recuento de las boletas si se hacía necesario. En los departamentos más conflictivos -Managua, Matagalpa y Jinotega- esta "autonomía" crecía a medida que pasaban los días.

Ningún departamento llegó a dar el paso de cotejar las actas con la copias de los telegramas. Muy pocos en las JRV supieron manejar los juegos de telegramas en duplicado con un papel que hacía las copias automáticamente, y las copias que quedaron en los departamentos estaban casi todas muy manchadas.

Al final, el cotejo tuvo que hacerse entre las actas y los resultados computarizados en hojas que enviaba el CSE y que estaban basadas en los telegramas recibidos. Nadie, a excepción del FSLN, parecía interesado en saber si los originales de los telegramas habían sido alterados en forma deliberada o si simplemente los datos se cambiaron porque el que escribió se confundió saltándose de una línea a otra al apuntar unos u otros resultados.

En una de estas hojas que un funcionario del CSE de Managua me mostró al azar, aparecía que un partido pequeño había recibido en Waspán, en el río Coco, 74 votos para presidente y el FSLN -que aparecía inmediatamente debajo en la lista- no había recibido ninguno. No podía ser cierto este dato. Tampoco éste: en la columna para anotar los resultados de las elecciones para diputados al PARLACEN, la Alianza Liberal no recibió ningún voto, mientras que el partido situado justamente en la línea de abajo consiguió 135. ¿Fraude o error?

Callejones sin salida

Si durante los días del recuento existió alguna consideración entre las organizaciones de observadores sobre cómo el CSE pudo haber perdido el control del proceso o sobre la posibilidad de que tan gran desorden tuviera o no una intencionalidad oculta para alterar los resultados, este debate sólo tuvo lugar en otros niveles. En nuestro nivel, el de observadores en el terreno, no se hablaba de eso.

Yo era la única en el grupo que manejaba, al menos, la hipótesis de esa intencionalidad y era la única que preguntaba a todos los que entrevisté en los departamentos si habían notado o no algún patrón en los errores, de cualquier clase que fuera, para corroborar mi hipótesis. Todas las pistas que me daban terminaban siempre en callejones sin salida, o porque los CED no estaban sistematizando la información surgida de la revisión y no se podía dar seguimiento a las tales pistas, o porque la información que me daban no sustentaba la hipótesis de un solo partido autor o de un único partido beneficiario de una u otra tendencia anómala de las muchas que hallábamos.

Un ejemplo: cuando le preguntamos a un miembro del CED de Managua, que era del FSLN, a cuál partido pertenecían los presidentes de las JRV que tenían su material electoral desaparecido, dijo que un 40% era de la Alianza Liberal, lo que significaba que el restante 60% pertenecía a otros partidos. ¿A cuáles?

Un auténtico laberinto

Las escenas que veíamos a diario en varios centros de cómputos departamentales ilustran el sinnúmero de problemas que se presentaron. En Managua, por ejemplo, se habilitó una pequeña habitación con un almacén con estantes para guardar los folders con la documentación electoral de las JRV. Cinco días después de iniciado el recuento, en el estante que tenía el rótulo de "consistente" había sólo unos 50 folders. En los otros dos estantes, rotulados con "inconsistente" se amontonaban centenares y centenares de folders. El CED de Managua calculó que el 80% de las actas de las JRV del departamento de Managua tenían inconsistencias, aunque fueran éstas pequeñas irregularidades arit- méticas en el cálculo de los votos válidos para cada partido. A esas alturas se hablaba ya de que 267 JRV de Managua -sus boletas y sus actas- estaban desaparecidas.

En la segunda semana de la revisión, la mayoría de los CED habían terminado su tarea. Después de los especialmente conflictivos departamentos de Managua, Matagalpa y Jinotega, el último en concluir la revisión fue Carazo, donde al abrirse las bolsas para contar las boletas de todas las JRV en las que la discrepancia aritmética superara los 10 votos, encontraron un rollo de boletas que no pertenecía a esa JRV... Y todo empezó de nuevo.

Las decisiones que fueron tomando los fiscales sandinistas dependieron del departamento y del contexto. En departamentos donde los problemas fueron mí- nimos y se resolvían pronto - entre otros, en los tres departamentos donde fueron miembros del FSLN los que presidieron los CED, León, Río San Juan y la RAAS - los fiscales respaldaron la orientación del CSE para las JRV en las que se había perdido el acta oficial o el acta no tenía la firma del presidente: si al menos las actas de tres fiscales de tres partidos eran idénticas, se daba la orden de abrir la bolsa de boletas, que eran recontadas para después elaborar una nueva acta de escrutinio.

En Jinotega, en donde sólo la Alianza Liberal y el FSLN tuvieron el día de las votaciones fiscales en muchas de las JRV de zonas rurales, los fiscales sandinistas rechazaron la recomendación del CSE de dar por aceptable el que hubiera solamente dos copias de actas. Explicaban que aceptar esto era una solución ilegal que sentaba un precedente para un fraude a gran escala en el futuro, ya que las actas, por no estar codificadas, podrían ser impresas y reproducidas indiscriminadamente con el fin de alterar los resultados. A esas alturas, con todo lo que llevaban visto, ellos ya no confiaban ni en el conteo de las boletas. Querían anular por completo estas JRV.

Persiguiendo "el patrón del fraude"

Nuestro grupo de observadores se reunía casi a diario para compartir lo que estábamos observando en el terreno y para coordinar el trabajo del día siguiente. Como los días se sucedían sin que viéramos avances, el tema recurrente era cúanto tiempo faltaba para que cada departamento concluyera su revisión. La impaciencia ante esta lentitud fue la que llevó a la misión de observadores de la OEA a publicar un documento en el que se urgía a los CED y a los fiscales a actuar con más ra- pidez. Considerando que todo el mundo estaba exhausto, intentando transitar a diario entre un laberinto de errores y tratando de documentar la montaña de ejemplos de irregularidades que se estaban encontrando, este llamado crítico formulado por la OEA parecía algo cruel.

En la búsqueda inútil del "patrón, del fraude" sólo encontré un posible patrón, aunque parecía no tener ninguna explicación razonable. El presidente del CED en la RAAS me dijo que a él le desconcertaba el encontrar a menudo en las urnas de ciertas JRV una o dos boletas más de las que correspondían. ¿Sería éste el patrón buscado?

Una pista falsa

En la RAAS se habían recibido a tiempo los materiales electorales y la mayoría de las JRV abrió muy poco después de la hora establecida, las 7 de la mañana, y debido a un relativamente bajo número de votantes, las JRV habían cerrado a tiempo. Yo misma pude comprobar todo esto el día 20 de octubre.

Tampoco podía achacarse el problema de las dos boletas de más a bajos niveles de adiestramiento en los miembros de las JRV, pues personalmente conocía a la mayoría de quienes fueron propuestos por los partidos y seleccionados por el CED para presidir las JRV en esta región costeña. Mayoritariamente fueron profesores de matemáticas y trabajadores del sistema bancario.

Manejé entonces la idea de que este patrón podía tener su explicación en que algunos votantes antisandinistas, temiendo el empate que anunciaban las encuestas, podrían haber caído tal vez en la ten- tación de introducir subrepticiamente en las urnas de estas JRV una o dos boletas de más. Pronto tuve que descartar como imposible esta rebuscada hipótesis, porque todas las boletas de más llevaban siempre idénticas firmas e idéntico número de resguardo que las del resto de boletas.

Sólo cuando varios días después de estar cavilando escuché al observador del CENIDH que mencionó el caso de un presidente de JRV en Juigalpa, que entregaba a los votantes dos boletas para la elección presidencial, comencé a imaginar qué tal vez esto pudo haber pasado también en las JRV de la RAAS. ¿También en otros lugares? De todas formas, nunca sabremos si es cierto o no este patrón ni qué valor tuvo, porque las JRV con tan pequeñas inconsistencias aritméticas nunca fueron recontadas y no supimos al final cuántas eran ni a quién favorecían esos inconsistentes votos de más.

Un silencio preocupante

Con el pasar de los días y con la acumulación de problemas que estábamos viendo, me sorprendía la falta de una discusión de fondo entre los observadores que nos reuníamos a diario, la mayoría estadounidenses. Incluso, aunque fuera únicamente la estabilidad y la gobernabilidad los únicos dos aspectos que, sobre la realidad de Nicaragua, preocupan ya a los círculos de poder en los Estados Unidos, este silencio era preocupante.

Primeramente barajé la posibilidad de que la ausencia de un análisis más sustantivo se debía a que la mayoría de los que participaban en el grupo tenía poca autoridad para hacer comentarios y posiblemente mucho menos interés en hacerlos. Ninguno de ellos iba a vivir las consecuencias de estas elecciones en Nicaragua. El desinterés por discutir era tal que alguien sonrió burlesco cuando alguien en el grupo comentó que los observadores de la Unión Europea que aún estaban en Nicaragua debatían sobre la crisis.

Sólo al ver la inquietud causada en algunos del grupo por un artículo de opinión de un ex-directivo del Instituto Republicano Internacional, titulado "Déjelos solos, Mister Carter", que apareció en el diario "La Tribuna" el 8 de noviembre, día en que el CSE iba a anunciar los resultados provisionales después de la revisión, pude comprobar que nuestro grupo, al igual que el grupo nacional Etica y Transparencia, estaba también atravesado por mutuas desconfianzas. Ese día, aunque no hubo debate, sí hubo tensión.

La única excepción en este clima de "apoliticidad" en el que se movió la observación internacional post-electoral se produjo el día en que Shelley McConnell, del Centro Carter, nos informó de una conversación que había tenido la noche anterior con un dirigente político del FSLN sobre los planes de los sandinistas ante los cuestionados resultados electorales. Shelley explicó que los sandinistas le habían presentado sinceros y documentados argumentos para demostrarle que el FSLN no podía avalar unas elecciones tan deficientes sin perder credibilidad entre sus bases. Cuando alguien mencionó entonces que no se le podían exigir a una elección tercermundista estándares del primer mundo, otro participante le recordó que los estándares del FSLN y de los nicaragüenses no eran "tercermundistas" y por eso, resignadamente bajos, sino que eran los estándares de las ordenadas y transparentes elecciones de 1984 y 1990, en las que no hubo ni anomalías ni manipulaciones. McConnell contó que el FSLN tenía suficientes evidencias como para solicitar que las elecciones se anularan, por lo menos en Matagalpa y en Managua, y dijo que, si el CSE era presionado para no anularlas, el FSLN no iba a reconocer formalmente al nuevo gobierno liberal. Con sonrisa irónica, uno de los observadores presentes comentó: "Vaya, los sandinistas se están copiando del gobierno de Estados Unidos, que no reconoce a los gobiernos que no le gustan con la esperanza de que esto los haga caer".

Algunos opinaron más

Si los observadores internacionales invitados evitaron cuestionar la validez de elecciones tan viciadas, los grupos de observadores extranjeros que representaban a la sociedad civil de sus países tuvieron en general menos problemas en hacerlo. Unas dos docenas de observadores de este tipo que permanecieron en Nicaragua compilando datos e informando sobre las irregularidades y anomalías administrativas y técnicas que se iban detectando en muchísimas JRV a lo largo y ancho del país, publicaron un documento titulado "Integridad de las elecciones de Nicaragua puesta en duda". Los 100 miembros del Comité Ecuménico de Personal Religioso -que viven en Nicaragua- presentaron una lista con una selección de las irregularidades que los 20 observadores de su misión de observación habían detectado. Un grupo de observadores de varias ONG de España, Italia y Suiza hicieron público un documento en el que con firmeza se refieren al cúmulo de irregularidades y a "numerosas situaciones de fraude electoral".

Observadores: reglas del juego

También puede suponerse que la reserva de los observadores invitados puede explicarse si se conocen los deberes de la observación electoral, que el CSE de Nicaragua incluye entre sus regulaciones. Entre estos deberes está el no interferir ni obstaculizar en el desarrollo del proceso electoral, y el no emitir declaraciones que puedan ser denigrantes de los funcionarios y organismos electorales, o que obstaculicen o interfieran las investigaciones sobre quejas o denuncias presentadas. Por estas razones también, las mi- siones de observadores suelen formular sus críticas o sugerencias en forma privada al CSE, y sólo las hacen públicas si están convencidas de que hacerlo garantiza una presión adicional en la dirección correcta.

Este fue el caso en un comunicado hecho público por el Centro Carter el 15 de noviembre, después de que el CSE había presentado el día 8 los resultados electorales tras concluir el proceso de revisión y recuento. En ese comunicado, el Centro Carter urgía al CSE a publicar detallada documentación sobre las irregularidades antes de anunciar los resultados definitivos e inapelables el 22 de noviembre. El CSE no dio respuesta a este llamado. Tal vez nunca sabremos si hubo conversaciones privadas con más nivel de debate entre los observadores y el CSE.

¿Se aplicó una doble medida?

Poco antes de las elecciones, la OEA de- marcó públicamente la medida en la que virtualmente se encasilló la mayoría de las organizaciones de observadores para valorar los resultados electorales: las irregularidades, con todo y ser serias, no alte- rarían, por su volumen, la voluntad popular y no invalidarían tampoco el proceso electoral nicaragüense.

Cuando el proceso de revisión estaba concluyendo, Shelley McConnell reflejaba ya un pensamiento similar cuando le pedía comentarios a las críticas hechas el día 8 de noviembre por Daniel Ortega, que se refirió a la doble moral y el doble discurso de los observadores internacionales y que comentó que los observadores hubieran sido más críticos y beligerantes si con unas elecciones tan desordenadas el FSLN hubiera sido el ganador. McConnell me decía que estos comentarios de Ortega no tenían en cuenta que los pronósticos de todas las encuestas conocidas le daban la victoria no al FSLN, sino a la Alianza Liberal y que cuando el voto demuestra lo que las encuestas anuncian, los ojos de los observadores están inclinados a juzgar que las elecciones han reflejado la voluntad popular. Y añadía que en este momento de la historia a nadie le importa mucho si Daniel Ortega gana o pierde.

Recuerdos del 90

Aunque las consideraciones de Shelley sobre Ortega pueden ser ciertas, el resto de su reflexión no lo es.. Basta solamente recordar lo ocurrido en las elecciones nicaragüenses de 1990. Las encuestas indicaban que los sandinistas serían los ganadores con un amplio margen. Poco después del mediodía del 25 de febrero, día de las votaciones, Jimmy Carter -observador en aquellas cruciales elecciones, al igual que en éstas, también cruciales- se presentó muy alterado en el Consejo Supremo Electoral. Había sido informado por el candidato de la UNO a la Vicepresidencia, Virgilio Godoy, de una "gravísima" anomalía. El propio Godoy se la había demostrado.

¿Cuál era esa anomalía? La tinta que se estaba usando para marcar el dedo de los que ya habían votado no resultaba tan indeleble como el CSE había anunciado y bastaba un poco de cloro para borrarla, lo que permitiría a muchos votantes votar varias veces. Como el entonces presidente del CSE, Mariano Fiallos contó después, un Carter muy crítico llegaba a verlo nada menos que para pedirle que suspendiera de inmediato las elecciones por esta causa, que era prueba de un fraude anunciado. Fiallos le informó que a esas horas la mayoría del electorado ya había votado y que existían en el modelo electoral nicaragüense otras previsiones para impedir que alguien pudiera votar más de una vez. "Le dije a Carter -cuenta Fiallos- que suspender las elecciones a esa hora sería como convocar a una guerra civil".

Las votaciones continuaron y sólo unas horas después, votantes y observadores conocían sus resultados: la ganadora en las elecciones que Carter quería que se suspendieran, por causa de una tinta propiciadora de un fraude, era Violeta Chamorro y no el FSLN. Nunca más se volvió a escuchar una sola palabra sobre aquella peligrosa y nada indeleble tinta finlandesa.

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