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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 174 | Septiembre 1996
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México

Guerrilleros del EPR: ¿qué hay detrás?

La aparición en Guerrero del Ejército Popular Revolucionario enciende un nuevo signo de alerta sobre lo que puede suceder en México si se sigue postergando una reforma política con la participación de todos y si se sigue manteniendo una política económica que excluye a millones.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

La crisis social está alcanzando aceleradamente a la crisis política y económica que se vive en México. Hoy, el país enfrenta situaciones límite que imponen la necesidad de interpretaciones y análisis rigurosos y duros desafíos a quienes luchan por el respeto de los derechos humanos y por soluciones pacíficas y democráticas a los problemas.

El surgimiento en el panorama nacional del Ejército Popular Revolucionario, la serie de acciones violentas que ha realizado y la respuesta que el Estado mexicano ha elegido para enfrentar esta emergencia, coloca al país ante el peligro de una violencia sin control y de una escalada autoritaria que aplastaría los pocos logros democráticos alcanzados por la sociedad en los últimos años. El contexto en el que estalla la nueva dinámica de violencia debe ser ubicada en una perspectiva histórico-política.

El 28 de junio de 1996, al finalizar la ceremonia por el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, hicieron acto de presencia en el lugar un centenar de hombres y mujeres jóvenes armados con fusiles AK-47 y vestidos con uniformes verde olivo y pañuelos color café. Se indentificaron como el Ejército Popular Revolucionario (EPR). La aparición sorpresiva de este contingente armado suscitó diversas reacciones en la sociedad mexicana. La respuesta inmediata del gobierno fue minimizar el hecho, calificando a los rebeldes como un grupo de delincuentes ya identificado y controlable.

De pantomima a terrorismo

La mayoría de las organizaciones sociales y políticas reiteraron su rechazo a la vía armada como medio para resolver los crecientes problemas políticos y económicos que vive el estado de Guerrero, y alertaron sobre el peligro de un incremento de la violencia y de la violación a los derechos humanos. El gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre, se apresuró a asegurar que el estado se encontraba tranquilo, pues los partes militares informaban estar "sin novedad".

Muy pronto, las acciones políticas y militares del EPR crecieron en intensidad y modificaron el discurso gubernamental: de calificarlos como una "pantomima" (secretario de Gobernación) se convirtieron en grupo "terrorista" contra el que habría que usar toda la fuerza del Estado (Presidente Zedillo en su Segundo Informe de Gobierno). En medio de declaraciones contradictorias y erráticas, el gobierno pasó del desdén al reconocimiento de que se trata de un asunto preocupante y que atañe a la seguridad nacional.

Acciones del EPR

De las acciones violentas del EPR han informado confusamente los medios de comunicación. Las diversas fuentes ofrecen datos contradictorios sobre las circunstancias específicas de los enfrentamientos y sobre el número y el carácter de las víctimas. Todo varía según las reporte alguna instancia oficial o el mismo EPR. La siguiente relación da cuenta sólo de los principales sucesos registrados en medios impresos:

Durante su presentación el 28 de junio, los miembros del EPR dieron a conocer el Manifiesto de Aguas Blancas, en el que establecen que su lucha será por el derrocamiento del gobierno antipopular, por la restitución de la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre, por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, por el establecimiento de las relaciones justas con la comunidad internacional y por el castigo a los culpables de la opresión política, la represión, la corrupción, la miseria, el hambre y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
El 16 de julio, en el tramo carretero entre Tlapa y Chilpancingo (a 30 kms. de Chilpancingo) miembros del EPR emboscaron a un vehículo militar que transportaba efectivos del Ejército.
El 24 de julio se dio un enfrentamiento entre el EPR y el Ejército en un poblado cercano a Ahuacuotzingo, Guerrero.
El 2 de agosto, hubo un enfrentamiento en Papanoa, Guerrero.
El 2 de agosto, en el Guayabo (carretera Acapulco-Zihuatanejo) un vehículo de la 18 zona militar fue atacado por hombres armados con AK-47.

El 7 de agosto, un comando atacó una base del Ejército en Atoyaquillo, entre Coyuca y Tepetixtla. En la misma fecha, pero en la Sierra Madre Oriental, el EPR se reunió con periodistas.
El 28 de agosto se desarrolló una ofensiva armada en diversos estados.

En Guerrero:

Según versiones gubernamentales, en Ciudad Altamirano, población ubicada en la región norte del estado, desconocidos a bordo de un taxi atacaron a soldados que realizaban labores de limpieza fuera de su cuartel. Les dispararon, lesionando a seis elementos de tropa. En la Costa Grande, en Petatlán, se registró otro ataque. En Tixtla, mataron a un policía preventivo municipal y dos soldados fueron heridos. En Acapulco, el EPR atacó con bombas de fabricación casera y ráfagas de metralleta un cuartel policial.

En Oaxaca:

En el centro de la zona turística de la Bahía de Huatulco, y entre las 0:20 y 0:40 horas, entraron unos hombres en la plaza principal lanzando disparos al aire y contra los comercios. Según refirieron los testigos, algunos de ellos eran extranjeros, vestían de verde olivo y con el rostro cubierto gritaban "¡El EPR existe en México y en Huatulco!". Lanzaron disparos de armas largas en la cercanía de la agencia del Ministerio Público y por toda el área comercial y turística y mataron a una persona que dormía fuera de los locales comerciales. No se tiene conocimiento de que haya habido ningún enfrentamiento. En Tlaxiaco se realizó otro ataque: 20 personas fuertemente armadas iniciaron una balacera contra la población, dos policías resultaron muertos y herido un comerciante. Fue una larga noche en la que, según diversas versiones, comandos del EPR tomaron una radiodifusora, tirotearon edificios públicos e instalaciones militares y realizaron llamadas anónimas al aeropuerto internacional y a las oficinas de la delegación de la Procuraduría General de la República con amenazas de bomba.

Balance inicial

En el Estado de México. En Huixquilucan, zona de la Ciudad de México, miembros del EPR atacaron a varios agentes de cuerpos policiales. Más tarde, en la carretera México-Veracruz fue atacado un retén militar que custodiaba una subestación eléctrica. En Papalotla, cuatro personas armadas balacearon una patrulla de la Policía Municipal.

En Puebla:

En la Sierra Norte del estado, también en la madrugada del jueves 29, un grupo armado atacó el cuartel militar de Nuevo Necaxa.

En Chiapas:

Una llamada telefónica al diario local Expreso advirtió: "Estamos desarrollando diversas actividades a nivel nacional. En Chiapas es únicamente una acción propagandística, y no vamos a hacer ningún ataque al Ejército Mexicano, porque no queremos interferir el diálogo del EZLN con el gobierno". Los guerrilleros, según versiones periodísticas, realizaron bloqueos en la Carretera Panamericana, en el tramo Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y Ocosingo-Palenque.

En Tabasco:

En Villahermosa, capital del estado, se tomaron las instalaciones de una radiodifusora y la comandancia de la 30 zona militar. La pretendida repercusión política buscada con estas acciones estuvo orientada a alimentar el clima de incertidumbre e inestabilidad en el país, en un claro afán de demostrar que el EPR existe más allá de Guerrero, tiene capacidad militar, puede atacar sorpresivamente y no está dispuesto a la negociación política.

Es conveniente destacar que los objetivos fueron militares y policiales. Las acciones se dirigieron fundamentalmente en contra de instalaciones del Ejército Mexicano, y contra policías estatales y municipales. En algunos casos, el principal objetivo fue hacer una pinta, colocar una pancarta o anunciar la existencia del EPR en la región. El 2 de septiembre, un comunicado de la Secretaría de Gobernación informó que el saldo de bajas de corporaciones oficiales hasta esa fecha era de 16 muertos: 1 efectivo del Ejército, 4 de la Armada, 8 policías y 3 civiles. Además, 28 heridos: 14 de ellos del Ejército, 5 de la Armada, 6 policías y 3 civiles. Indicaba que desde la aparición del EPR hasta esa fecha habían sido detenidas 19 personas: 15 en Guerrero, 2 en Oaxaca y 2 en el Estado de México.

¿Realidad o teatro?

¿Fuerzas oscuras en pos de la desestabilización? Es posible que la aparición del EPR en la vida nacional esté siendo usada y alentada política y logísticamente por quienes apuestan a la salida autoritaria y la mano dura en la actual transición mexicana.

¿Una teatral puesta en escena para justificar la represión? Es un hecho que, sea o no un montaje, el surgimiento del EPR ha dado lugar a la persecución de organizaciones sociales de corte rural e indígena y a una mayor presencia de militares y de fuerza pública en las regiones marginadas. ¿Radicalismo guerrillero caduco e inoperante? Quizá. Los planteamientos en la palestra y las acciones violentas del nuevo grupo armado han suscitado más bien las suspicacias y el rechazo de diversos sectores de la sociedad civil y política.

Sin embargo, en medio de todas las sospechas y caracterizaciones que se hacen, hay algo que no se debe perder de vista: las causas y las circunstancias económicas, políticas y sociales que dan origen y sustento ideológico al EPR han sido sembradas en años de injusticia económica y de abuso y cerrazón autoritaria del poder. Es ésta la verdadera raíz del problema.

Violencia ayer y hoy

Hace treinta años, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas fueron objeto de brutal represión después de reclamar apertura política en el estado de Guerrero. En 1968 tuvo lugar la criminal represión del reclamo democrático del movimiento estudiantil. En 1977, México conoció la matanza de campesinos en la Huasteca de Hidalgo. En los 70 se respondió a la guerrilla con violencia sin límite: se buscó el aplastamiento total de los movimientos guerrilleros en las montañas de Guerrero y en las "casas de seguridad" urbanas.

En toda esta época, los mecanismos autoritarios y corporativos del régimen influyeron en la escasa protesta de la sociedad. Estos hechos pudieron justificarse en nombre del conservadurismo y del espíritu anticomunista entonces vigentes. Hoy México asiste a una nueva ronda de acciones violentas asumidas como forma de hacer política o de buscar justicia más allá de los obsoletos medios institucionales.

No se trata solamente del surgimiento de grupos armados con cariz revolucionario ni se trata solamente de la peor crisis de seguridad pública en las grandes ciudades. También ocurren ya con mucha frecuencia acciones en las que la población se toma por su propia mano la justicia que las instituciones del Estado no aplican.

Haciendo justicia

Citemos algunos casos de esta "justicia popular".

Cansados de que la policía no haya podido contrarrestar la ola de asaltos, unos 500 campesinos irrumpieron con violencia en la cárcel municipal de Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, Chiapas, para sacar a tres presuntos ladrones, atarlos a un poste de luz eléctrica, rociarlos con gasolina y quemarlos vivos. El hecho ocurrió un día después de que decenas de habitantes de la localidad de Tatahuicapán, Veracruz, lincharan a un sujeto de la vecina población oaxaqueña de Paso de Aguila, a quien colgaron e incineraron por haber estrangulado a su esposa.

En San Nicolás de los Ranchos, Puebla, pobladores de cuatro comunidades asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl intentaron quemar vivas a dos personas que asaltaron un negocio y a dos supuestos abogados que se presentaron con la intención de interceder por ellos.

Pobladores del municipio de Aztla de Terrazas, en San Luis Potosí, retuvieron a tres agentes de la Policía Judicial del estado durante 20 horas, en respuesta al encarcelamiento de su dirigente, detenido como presunto responsable de despojo de tierras, a pesar de que ese proceso había concluído hace diez años con su exoneración.

No hay legitimidad

Los presidentes Miguel de La Madrid y Carlos Salinas de Gortari no aprovecharon la oportunidad que el momento histórico les brindaba para crear una nueva institucionalidad y una cultura cívica que encauzara el nuevo pluralismo de la sociedad. Decidieron apertrecharse en el autoritarismo, pensando que su legitimidad vendría de la apertura económica y del ingreso masivo de capitales externos. Así, a la insurrección electoral de 1988 se respondió con un gran fraude y ulteriormente, con la instrumentación de fraudes selectivos cada vez más sofisticados y con represión cruenta contra los militantes de la nueva fuerza política emergente: el Partido de la Revolución Democrática.

El fracaso del modelo económico y la descomposición del sistema político, aterrizan ahora en una profunda crisis de legitimidad en la que, ante tantos incumplimientos, la mentira ya no funciona y va dejando de hacer mella en la sociedad. No hay poder que se sostenga sin legitimidad y, ante la crisis actual, el régimen se ve tentado al autoritarismo. Resulta preocupante que la respuesta que el gobierno Zedillo está dando al actual problema de la extrema pobreza, de la inconformidad y del reclamo democrático sea, en lo fundamental, una respuesta policial y militar.

Caracterizando equivocadamente al EPR como un grupo "terrorista" y "sin base social" -para distinguirlo artificiosamente del EZLN-, las autoridades han decidido acelerar el proceso de militarización que venía dándose paulatinamente en todo el país. Existe ahora una doble geografía de la militarización: la que responde línea por línea a las entidades con mayor grado de marginación y la que afecta a los estados de la Federación (más de 20) en donde las instancias de seguridad pública están dirigidas por militares.

A raíz del surgimiento del EPR, se han multiplicado los retenes militares en diversos puntos de las carreteras y en los caminos rurales. La Secretaría de la Defensa Nacional trasladó desde el centro del país a las zonas militares de Oaxaca, Guerrero y la huasteca hidalguense un gran refuerzo, integrado por paracaidistas, policía militar, carros blindados y armas modernas.

¿Una conspiración?

Entre las acciones "antiguerrilla" anunciadas por las fuerzas armadas para combatir al EPR en el estado de Guerrero, se incluye una solicitud al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para que entregue los censos de población de 1990 para levantar con ellos un registro propio de los posibles integrantes de ese movimiento armado, tal como se hizo cuando estalló el conflicto de Chiapas. El censo será levantado a través de un intenso programa de labor social que permita a los miembros del Ejército llegar a las comunidades en las que se presume hay influencia del nuevo grupo rebelde.

Entre otras tareas inmediatas que ya se desarrollan, se trata de "peinar" las comunidades de la sierra guerrerense para obtener información. De las aprehensiones realizadas inicialmente, en cuatro casos los detenidos han alegado que las confesiones de pertenencia al grupo armado les fueron arrancadas a base de torturas. Algunos de los detenidos en el estado de Tabasco, acusados de participar en actos violentos del EPR, resultaron ser miembros de grupos de choque del PRI. Esto último reforzó en la opinión pública la tesis de que tras la aparición de esta "guerrilla" lo que hay en realidad es una conspiración al interior de los grupos en el poder.

Operativos militares

Al día siguiente de conocerse la entrevista que dieran miembros del EPR en el Distrito Federal, la prensa informó de operativos que realizan agentes de seguridad nacional con el fin de detectar "casas de seguridad" y miembros del EPR en la Ciudad de México.

El 30 de agosto, el Grupo Especial de Reacción e Intervención de la PGJ del Distrito Federal y otras corporaciones no identificadas ubicaron una presunta "casa de seguridad" y realizaron un espectacular operativo para ocuparla. Más de 300 soldados del Ejército, unos 100 judiciales estatales agentes de la Policía Judicial Federal, Preventiva y Federal de Caminos, tendieron un cerco a presuntos miembros del EPR en las cañadas de la comunidad de Huiteco, Guerrero, luego de varios enfrentamientos y sofisticada persecución. Algunas versiones hablaron de ocho guerrilleros heridos, a quienes el Ejército atacó también por aire con helicópteros artillados equipados hasta con mira de rayos infrarrojos.

¿Qué respuesta al EPR?

La respuesta al reclamo que hacen los armados no puede ser una nueva edición de la "guerra sucia". Debe ser una apertura real y definitiva de la vida política mexicana. Hay signos de autoritarismo que asoman cada vez con más fuerza en la realidad nacional.

Detrás de un significativo número de sucesos represivos y de violaciones a los derechos humanos en México, la sociedad ve con preocupación que opera una estrategia de contención social y de "guerra sucia" contra disidentes políticos y dirigentes sociales, dirigida por entes ubicados en la sombra de la vida pública del país, incrustados en las instituciones del Estado y, aparentemente, fuera de su control, que pasan por encima de los derechos humanos y de las aspiraciones democráticas de la sociedad. Esta estrategia incorpora planteamientos que llegan incluso a determinar el marco de garantías constitucionales de los mexicanos.

El sistema político mexicano debe encontrar su mejor defensa ante cualquier insurgencia, no en la respuesta militar y en la violencia de Estado, sino en la legitimidad de una apertura democrática y del respeto irrestricto de los derechos humanos. La aparición del Ejército Popular Revolucionario enciende un nuevo signo de alerta sobre lo que puede suceder en nuestro país de seguirse postergando la urgente reforma política a nivel nacional, con la participación de todos los actores e intereses, yendo más allá de los partidos políticos.

Violencia: diez causas

La creciente situación de violencia en varias regiones del país tiene su origen, entre otras causas, en estos diez factores:

1. La pobreza extrema y el abandono de las comunidades indígenas y campesinas, que se han visto obligadas a emigrar temporal o permanentemente a Estados Unidos o a otros estados del país.

Según datos del INEGI, los estados con mayor grado de marginación en el país son, según el porcentaje de la población con ingresos menores al salario mínimo:

Chiapas: 58.9%
Guerrero: 37.9%
Hidalgo: 39.3%
Oaxaca: 53.0%
Puebla: 38.5%
Veracruz: 36.4%


Al presentar el Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador del estado de Guerrero reconoció la grave situación que vive ese estado: 15 de cada 100 niños en edad escolar no asisten a la escuela primaria. Más de la cuarta parte de la población mayor de 15 años es analfabeta. La mitad de la población carece de servicio de agua potable. Dos terceras partes no disponen de drenaje sanitario. 3 mil 604 comunidades no cuentan con energía eléctrica. El 28.6% de los habitantes carece de vías de comunicación Más de la tercera parte de la población del estado enfrenta problemas de nutrición. La agricultura es temporal pese a disponer de agua en abundancia.

2. La inseguridad pública y el predominio de la ley del más fuerte ante la ausencia de un estado de derecho y de instituciones que hagan respetar el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

3. La prolongada demora e ineficacia para atender por vías institucionales los conflictos agrarios.

4. La inoperancia de las instituciones de procuración e impartición de justicia que, por temor, connivencia o negligencia, han favorecido la impunidad de las autoridades, desde los más altos ni- veles del gobierno hasta las policías municipales. A esto se suma la carencia crónica de la impartición de justicia para dirimir pacíficamente y con apego a la ley los conflictos entre particulares.

5. La corrupción, que ha llegado a penetrar los más altos niveles del gobierno y deteriorado gravemente las instituciones sociales y políticas del estado. La administración de justicia se vende y se compra con alarmante impunidad.

6. El intenso tráfico clandestino de armas, mercancías y drogas, que ha sido denunciado por los medios de comunicación y es un secreto a voces en estados como el de Guerrero. El narcotráfico, el tráfico de influencias, el lavado de dinero, son prácticas, que muchas veces vinculadas a la industria turística y de la construcción, han crecido y se han fortalecido ante la irresponsable pasividad del gobierno federal y de gobiernos estatales que se han negado sistemáticamente a reconocer en ello un grave problema que atenta contra la seguridad y la estabilidad de la nación.

Respuestas erráticas

7. Las erráticas respuestas gubernamentales para enfrentar los conflictos sociales y políticos, muchas veces pasando por encima de la ley: desalojos violentos, operativos militares y policiales, detenciones arbitrarias, cateos y saqueos de domicilios y comunidades, retenes en carreteras, homicidios, etc. 8. La reciente habilitación en comunidades serranas de las "guardias blancas" de los caciques, de funcionarios municipales y policías, que han abusado de su investidura como autoridades para ejecutar ajustes de cuentas mediante la violencia contra sus rivales políticos o económicos.

9. La tradicional existencia de núcleos de población en el estado de Guerrero proclives a la lucha armada. Estos han encontrado hoy en el descontento de la población y en el grave deterioro de las condiciones de sobrevivencia las circunstancias propicias para justificar la necesidad de resolver los conflictos por métodos violentos.

10. El permanente ataque del gobierno a las organizaciones que representan alternativas pacíficas y políticas -como el PRD- para organizar el descontento de la población por las vías institucionales.

Zedillo: decepcionante

El cierre de las vías pacíficas para las expresiones y demandas de la población, el fraude reiterado y la represión, la corrupción e irresponsabilidad de la clase política en el poder, la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad sin resquicios constituyen, junto con el enriquecimiento de unos cuantos privilegiados por la política económica y la exclusión abrumante de millones de personas en los planes de mejoría económica del país, el caldo de cultivo de lo que acontece desde 1994 en las cañadas de Chiapas y hoy sucede en la montaña de Guerrero, en Oaxaca y en las Huastecas. Hoy, la sociedad mexicana cosecha el fruto de años de derechos negados y de esperanzas canceladas para una mayoría de mexicanos sumidos en la pobreza.

¿Cómo restaurar la paz social y desactivar la violencia que parece querer invadirlo todo? Esta es la pregunta que el presidente Zedillo debió haber respondido en su informe de gobierno de inicios de septiembre. Sin embargo, el primer mandatario dedicó su tiempo a reafirmar que no existe otro camino que el suyo: ratificó la justeza de su política económica, justificó los cambios legislativos autoritarios en materia penal, miró de soslayo -como hace rato viene haciendo- los principales asesinatos políticos del México reciente, llamó nuevamente a los mexicanos a esperar la recuperación que ya vendrá, y trató de terroristas a quienes se han alzado en armas. Un informe decepcionante para quienes esperaban caminos nuevos para el país.


Violencia del Gabinete

En el fondo, lo que falló fue su diagnóstico de la crisis nacional. El principal culpable de la violencia que existe hoy en México no es el EPR, sino el gabinete económico. No es la maldad de algunos cientos de personas lo que ha puesto en cuestión la gobernabilidad del país, sino la terquedad inaudita del gobierno en la aplicación de fórmulas económicas que han desposeído a la mayoría de mexicanos y los han sumido en la miseria, el desempleo y la desesperación, mientras se favorece a un puñado de poderosos desnacionalizados.

No es la manifestación armada de ciertos grupos lo que atenta contra la democracia, sino la falta de canales transparentes y eficaces de expresión política de la ciudadanía, cuyas organizaciones legales han sido siempre golpeadas y su voluntad trastocada, tanto por la represión como por la falta de elecciones limpias.

No es sólo el ataque contra guarniciones policiales y militares lo que indigna al pueblo de México. Lo indigna más la impunidad feroz de que gozan los asesinos y corruptos que se esconden tras el poder. Por esto, no basta emplear toda la fuerza del Estado en contra del EPR, ni siquiera eso es lo fundamental. Es preciso, desactivar las causas que le han dado origen y sustento ideológico. La respuesta violenta del Estado frente a la violencia guerrillera sólo puede dar un aliento estúpido a una espiral violenta de la que México no podrá salir nunca. La violencia del EPR no tiene futuro y, por esto, es injusta y cruel. Pero igualmente merece condena la violencia del sistema, la de los acomodados, la de los satisfechos.

Una Constituyente

La militarización que impera hoy en México desnaturaliza el papel del Ejército Mexicano, viola el Artículo 129 de la Constitución y vulnera libertades democráticas de los mexicanos. Es preocupante la sospecha de que el EPR sea el pretexto que las corrientes autoritarias del régimen han encontrado para cortar el camino a la ansiada democracia.

Hay que encontrar una salida política atractiva para todos los grupos e intereses que coexisten en México y realizar un proceso de diálogo nacional amplio que pueda culminar en una nueva Constituyente. Y en ella deben tener cabida los excluidos de hoy y debe diseñarse un proyecto de país incluyente y generoso, donde quepan todos los mexicanos y todas las mexicanas.

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