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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 161 | Julio 1995
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

CRISIS EJECUTIVO - LEGISLATIVO

El 4 de julio fueron promulgadas por el Ejecutivo y entraron en vigencia las reformas que la Asamblea Nacional hizo a la Constitución Política de 1987 en febrero/95 y que provocaron 4 meses de aguda crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. La crisis inició una nueva etapa el 5 de junio cuando Ejecutivo y Legislativo iniciaron conversaciones teniendo como testigo y garante de acuerdos al Cardenal Miguel Obando. Las pláticas se prolongaron durante todo el mes. Desde un principio, quedo claro que ambos poderes estaban de acuerdo en un 80% de las reformas y que las conflictivas para el Ejecutivo eran las referidas a las nuevas atribuciones del Legislativo en el diseño de la política económica y en la elección del Contralor y de los integrantes del Poder Judicial y Electoral.

En la madrugada del 15 de junio, y después de 8 largas y controversiales sesiones (unas 50 horas), el Ejecutivo y el Legislativo llegaron a un acuerdo político para elaborar una Ley Marco con la que regular de forma consensuada la implementación de las reformas constitucionales más polémicas. Al acuerdo se llegó tras una constante y concertada presión internacional en vísperas de que el gobierno acudiera a París ante los Países Donantes. En la última semana de junio se inició una nueva ronda de tensas reuniones Ejecutivo?Legislativo que concluyeron el 30 de junio con la firma del texto de la Ley Marco.

La Ley Marco regula la implementación de las reformas, postergando hasta el próximo gobierno (enero/97) la aplicación de aquellas que no aceptaba el Ejecutivo o interpretándolas a través de más de 20 nuevas leyes que deberá elaborar el Legislativo con el visto bueno del Ejecutivo. "Esto amortigua el perjuicio que las reformas pudieron haberle hecho al país", declaró el Ministro Lacayo. El Presidente de la Asamblea, Lus H. Guzmán, reconoció que se le habían hecho importantes concesiones al Ejecutivo, aunque afirmó que la negociación culminó "de manera honrosa".

Como fruto del acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo fueron elegidos por consenso los 5 magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), en vacío institucional por más de un mes. Dos de ellos ? Mariano Fiallos y Rosa Marina Zelaya ? fueron reelegidos. Fiallos fue también reelecto en el cargo de Presidente del CSE, que ostenta desde hace 14 años. Fueron electos también Alfonso Callejas, Braulio Lanuza y Roberto Vivas, que es asesor del Cardenal Obando.

TOMA DEL PARLAMENTO

El 15 de junio, unas horas después de firmado el acuerdo político entre el Legislativo y el Ejecutivo - que el FSLN rechazó por ser un "acuerdo de cúpulas" ?, unos 30 productores agropecuarios sandinistas ocuparon el edificio de la Asamblea Legislativa exigiendo que ambos poderes resuelvan el problema de la propiedad. Durante 3 semanas, la Asamblea permaneció tomada y esto obligó a los diputados a sesionar en otras instalaciones.

REUNION EN PARIS

El 19 y 20 de junio el gobierno de Nicaragua acudió en París a su cita anual con los países e instituciones del Grupo Consultivo de los Países Donantes. El Ejecutivo invitó a todos los grupos políticos, empresariales y sindicales del país para integrar la delegación oficial. La mayoría de ellos se negaron, pues interpretaban su presencia como un aval a la gestión del Ejecutivo en el clímax de la crisis institucional. El FSLN y los empresarios del COSEP aceptaron la invitación y acudieron a la cita.

Con el habitual despliegue de optimismo oficial, el gobierno anunció que Nicaragua había obtenido en París fondos por 1 mil 500 millones de dólares para 1995?97. Poco después especificó que "lo obtenido" era "lo ya acordado" cuando se firmó el acuerdo ESAF y que esos recursos no van destinados a fomentar la producción sino al pago de la deuda externa (más de un 50%), a cerrar la brecha de la balanza de pagos y a inversiones públicas. Según la oposición, esas inversiones serán manipuladas electoralmente en favor del Proyecto Nacional que lidera el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo.

En París, el gobierno presentó a los Países Donantes un "Plan Nacional de Desarrollo Sostenible para el Año 2000" por 446 millones de dólares, comprometiéndose a discutirlo con todos los sectores sociales. La oposición señala que más que un plan nacional se trata de la plataforma electoral de Antonio Lacayo. Ramiro Gurdián, presidente del COSEP exigió discutir el plan, "no para concertar el monto sino la manera en que se va a manejar".

ANTONIO LACAYO RENUNCIA

En París y al concluir la reunión Nicaragua?Donantes el Ministro Antonio Lacayo se despidió de la comunidad financiera internacional. "En pocos meses saldré del gobierno ? les dijo ? para trabajar con todas mis fuerzas en la arena política, para organizar una nueva opción electoral. "Antes y después de París, Lacayo no ha cesado de presidir actos de la pre?campaña de esa opción, el Proyecto Nacional, que llevará el símbolo del arcoiris. Las reformas constitucionales inhiben a Lacayo como candidato presidencial por ser yerno de la Presidenta. Al finalizar la crisis de poderes, Lacayo anunció que se sentía "rehén de las reformas" y anunció que recurrirá jurídicamente "para ver cómo logro zafarme de estas cadenas".

RECLAMAN PROPIEDAD

El 16 de junio, en el 14 aniversario de la Reforma Agraria,
6 mil productores de todo el país agrupados en la UNAG marcharon por las calles de Managua exigiendo créditos y los títulos de propiedad de sus tierras. Según la UNAG, 300 mil manzanas de tierra (propiedad individual o de cooperativas) de 20 mil familias están aún sin legalizar. A lo largo de todo el mes de junio, unos mil obreros agrícolas de la ATC, dueños de empresas estatales privatizadas a su favor, continuaron instalados en "plantón" - comiendo y durmiendo - en el campus de la UCA y del centro CIPRES exigiendo también sus títulos de propiedad. En un comunicado, la UCA cuestionó tan prolongado "plantón" y exhortó a sus organizadores a no "imponer sus estilos, métodos y tiempos" y a "respetar la cultura y las organizaciones campesinas".

CONFISCADOS ESTADOUNIDENSES

El ultraconservador senador republicano Jesse Helms ha patrocinado y batalla por introducir una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalización de EEUU que prohiba la entrada a USA a los nicaragüenses ? y a sus familiares ? que ocupen, alquilen, compren o vendan propiedades que en Nicaragua fueron nacionalizadas, expropiadas o confiscadas a ciudadanos estadounidenses durante el gobierno sandinista. Se calcula que estas propiedades en litigio son actualmente unas 1,100, reclamadas por unas 700 personas. Se calcula también que apenas 70 de estos 700 eran ciudadanos estadounidenses al ser confiscados y el resto son nicaragüenses, muchos de ellos somocistas que se nacionalizaron estadounidenses en su exilio, después de la confiscación. El plazo para satisfacer la demanda inicial de Helms, convertida ya en enmienda legal, que propone cortar la ayuda USA a Nicaragua si no se resuelve el problema de los confiscados estadounidenses, vence el 29 de julio.

JIMMY CARTER Y PROBLEMAS DE PROPIEDAD

El 5 de julio, auspiciado por Naciones Unidas (PNUD) y presidido por el ex?Presidente Jimmy Carter, se celebró en Managua una jornada para debatir el problema de las propiedades confiscadas en los años 80 y estudiar propuestas de solución elaboradas por el Centro Carter. Según éste, un 40% de todas las propiedades de Nicaragua están envueltas en conflictos legales. Al evento asistieron representantes de las principales fuerzas políticas y sociales del país.

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