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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 173 | Agosto 1996
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Haití

Gobierno Preval: primer balance

El pueblo haitiano sigue insatisfecho con su democracia. Hay mucha decepción, pero también hay reflexión y responsable ocupación de los nuevos poderes locales. Se observa una pausa. Y el pueblo permanece activo.

Gotson Pierre

Si René Preval se sometiera a una contienda electoral en julio de 1996 ante los mismos contrincantes que tuvo en diciembre de 1995, ganaría la carrera, pero solamente como "mal menor". A esta conclusión llegaron varios militantes y cuadros del sector popular, interrogados por el SICRAD, con ocasión de los cinco meses en el poder del nuevo Presidente haitiano.

Elegido el 17 de diciembre de 1995, bajo la bandera de la Plataforma Política Lavalas (PPL), René Preval, agrónomo de 53 años, inició su gestión el 5 de febrero de 1996. Cinco meses después, la primera impresión es que la gran mayoría de la población está insatisfecha. Basta con prestar oído a las conversaciones en las calles de Puerto Príncipe para darse cuenta de que prevalece una decepción contenida.

"El gobierno de Preval se caracteriza por una ausencia de intervención social -comenta un cuadro del movimiento popular-. Los actuales dirigentes están más bien preocupados por lo macro. Para ellos, la reforma no se entiende como servicio social. Prefieren dedicar sus esfuerzos a sentar las bases del desarrollo del capitalismo en Haití, aceptando que hoy es el sistema dominante en el marco global del neoliberalismo. En cambio, con Aristide sentíamos una preocupación social, aún cuando fuera demagógica". Algunos militantes de organizaciones de base subrayan: "Nuestros dirigentes aceptan sin vacilar las órdenes extranjeras".

Las prioridades

La selección de Rosny Smarth como Primer Ministro dio un matiz popular al equipo de gobierno de Preval. Proveniente del campo de la educación popular, este agro-economista de 56 años parecía cercano a los sectores populares. Pero pocas semanas después, cuando el 15 de abril se iniciaron en Puerto Príncipe las negociaciones entre las autoridades haitianas y las instituciones financieras internacionales, orientadas a establecer las reformas económicas, Smarth presidió la delegación haitiana.

De estas negociaciones surgieron los proyectos puestos a consideración del Parlamento, que reflejan las verdaderas prioridades del gobierno: reforma de la administración pública -con el despido de 7 mil 500 empleados-, privatización de las empresas del Estado, reforma del sistema financiero y reforma fiscal. A cambio, las instituciones internacionales garantizarían a Haití cerca de mil millones de dólares de ayuda en tres años.

La oposición es Lavalas

La vía económica elegida es riesgosa y la mayoría de Lavalas en el Legislativo está en crisis. A inicios de julio, rencillas en el Congreso. A mediados de julio, el vicepresidente del Senado, Samuel Madistin, de Lavalas, renuncia a raíz de desacuerdos sobre los procedimientos para presentar los proyectos de ley. La Cámara de Diputados no logra reunir el quórum necesario para poder instalar una sesión. Es una ligereza -afirma Madistin- el tramitar leyes sobre reformas cuando el informe de mil páginas elaborado por la Corporación Financiera Internacional -ligada al Banco Mundial- sobre la situación de las empresas estatales haitianas no ha sido puesto a disposición de los parlamentarios.

Recientemente, 38 organizaciones -entre ellas, ONGs socio-profesionales y de defensa de los derechos humanos- pidieron a los parlamentarios que se abstengan de aprobar las leyes y acuerdos para la implementación del programa de ajuste estructural. En carta abierta del 20 de mayo dirigida a los parlamentarios, otra decena de organizaciones campesinas, sindicales, socio-profesionales y de jóvenes expresaron el rechazo a la ley sobre la privatización de ciertas empresas públicas. Estas organizaciones subrayan que el programa de privatización podría causar la pérdida de 15 mil empleos estatales.

La situación creada por las opciones económicas tomadas por el nuevo gobierno ha hecho que la verdadera oposición política se ubique en el seno mismo del movimiento Lavalas. "El gobierno tendrá que modificar su política y hasta sus objetivos, aunque a la oposición de derecha no le irá mejor", comenta un intelectual.

Los jefes de partidos y otras entidades agrupadas en el seno de la Plataforma Lavalas (Organización Política Lavalas (OPL), Partido Louvri Bayre (PLB), Movimiento de Organización del País (MOP), Comité de Resistencia de Grand Anse (COREGA)) tienen muchas dificultades para coordinar a sus representantes en el Parlamento. El contexto, marcado por la debilidad del resto de sectores políticos, resta gravedad a este des- control.


"Todos serían peor"

Los observadores opinan que durante los cinco meses transcurridos del nuevo gobierno, la oposición duvalierista no ha logrado resurgir. Víctima de su balcanización, de su falta de visión y heredera de un pasado que todos rechazan, no tiene ninguna incidencia en la población. Los defensores de esta tendencia, escondida en la sombra, siempre se han mostrado ineptos para participar en la democracia.

Durante el gobierno Preval, el ex-Presidente, Prosper Avril, General en retiro, ha sido perseguido por conspiraciones. Y a fines de julio, el General retirado Claude Raymond fue detenido por actividades subversivas. En cuanto a los demás sectores de la oposición, no hacen más que mantener cierta presencia. Aplastados por Lavalas en las elecciones, las negociaciones económicas les han dado, al menos, una buena oportunidad para intervenir en los debates públicos.

Víctor Benoit, del Congreso Nacional de los Movimientos Democráticos (CONACOM), exige del gobierno transparencia en los programas económicos. Evans Paul, del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD) -partido afectado por divisiones internas- llama a la movilización popular contra el programa económico del gobierno. La misma posición expresa Reynold Georges, que fue partidario de los militares golpistas. Marc Bazin, ex-Primer Ministro de facto y número uno del Movimiento para la Instauración de la Democracia en Haití (MIDH), declara que "no todas las privatizaciones son buenas". Pero el discurso y las actitudes de estos líderes políticos tienen muy poco impacto en la población. "Todos serían peores que Preval y Smarth", comenta una militante de una organización feminista.

Desilusión y reflexión

Los sectores populares atraviesan por una cierta desmovilización, si comparamos su actual vitalidad con la que tenían antes del golpe de Estado de septiembre de 1991. "Se han registrado muchas desafiliaciones, decepciones y desilusiones", afirma una trabajadora social. "Los sectores populares están en una fase de actualización de sus programas y estrategias de lucha -explica otro militante-. Las múltiples decepciones no han producido un desaliento generalizado, sino que obligan a la reflexión. Se observa una pausa. El pueblo permanece activo".

"Un ejemplo -subraya la trabajadora social- es que los poderes locales comienzan a asumir mayor responsabilidad. Los sectores organizados se toman las Colectividades Territoriales como verdaderos espacios de control". Se espera la realización de elecciones a fin de poder implementar las Asambleas Territoriales, primero a nivel de la sección comunal, la instancia administrativa más pequeña del país. Luego será en torno a las Asambleas Comunales, Departamentales e Interdepartamentales. Este proceso debe culminar con la formación del Consejo Electoral Permanente.

Sobre el futuro político del ex-Presidente Jean Bertrand Aristide, las opiniones están divididas. Pero concuerdan en que Aristide, que sólo tiene 42 años, conserva aún una influencia capital sobre la evolución de los acontecimientos. Aristide sigue llamando a los haitianos "a la unidad, al diálogo, al buen sentido que hace cultivar el espíritu democrático".

Seguridad e inseguridad

Otro tema importante para el gobierno Preval es el de la seguridad. Es indispensable un clima de seguridad para el despegue de las inversiones extranjeras en el país. Esto lo reiteran constantemente el Jefe de Estado y su Primer Ministro. Para garantizar cierta seguridad, se multiplican las iniciativas. La nueva Policía Nacional de Haití (PNH), que cuenta actualmente con 5 mil 300 agentes, ha sido desplegada por todo el territorio. Hasta fines de 1996, la PNH debe llegar a la cifra de 6 mil efectivos.

Se trata de consolidar una fuerza policial que pueda tomar el relevo a la Misión de Naciones Unidas, cuyo mandato ha sido prorrogado ya en dos ocasiones, a petición del gobierno haitiano. Las tropas extranjeras deben salir del país a fines de noviembre 96. Hoy, "todo el mundo constata una progresión de la inseguridad", tanto en la capital como en los rincones más alejados del país, afirmó en junio el padre Daniel Roussière, uno de los responsables de Justicia y Paz, organismo de defensa de los derechos humanos de la Iglesia Católica.

La población sigue amenazada por actos terroristas. El 7 y 8 de julio, cuatro personas fueron asesinadas, once casas incendiadas, cosechas destruídas y ganado degollado, en una serie de actos terroristas que la policía fue incapaz de controlar. "¿Cómo logrará la policía garantizar la seguridad de los ciudadanos, si ni siquiera puede garantizarla en su propio seno?", se pregunta un militante de un grupo de jóvenes. Varios casos de asesinatos y secuestros se han registrado en los últimos meses en el país, entre ellos, el de seis policías y el de la alcaldesa de Chansolme, Erla Jean-François. Los asesinos de los agentes de policía no han sido encontrados.

Las presiones ejercidas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos han conducido a una depuración progresiva de la PNH, que ha separado de sus filas a un buen número de ex-militares sospechosos de violaciones a los derechos humanos. Hasta julio, 173 agentes han sido sancionados y 15 fueron expulsados por faltas graves.

USA debe 160 mil páginas

Según constatan los defensores de derechos humanos, la reforma jurídica está estancada. Consideran estos grupos que el hecho de que Estados Unidos no haya devuelto a Haití los expedientes -160 mil páginas- sobre el Frente para el Avance y el Progreso Haitiano (FRAPH) y sobre el antiguo ejército constituye "una manera de alentar la inseguridad e impedir el buen funcionamiento del sistema jurídico haitiano".

El sistema jurídico haitiano espera el inicio de una reforma en serio. Mientras, algunas "naranjas podridas" (jueces corruptos) -según el padre Roussière- debían ser removidas. Otros observadores subrayan que aún no ha sido publicado el informe final de la Comisión de Justicia y Verdad, entregado al Presidente Aristide al finalizar su mandato. Varios "spots" difundidos en los medios de comunicación recuerdan a la población que nadie está habilitado para ejercer justicia por su propia mano.

Ni corruptos ni demagogos

Uno de los aciertos del gobierno Preval han sido las relaciones abiertas con Cuba y las conversaciones que se mantienen con China. Pero, aún está por definirse una verdadera política exterior.

Otro acierto del nuevo gobierno es su "honradez y seriedad", según algunos analistas. Esto significa que no se puede achacar a los actuales dirigentes ni corrupción ni demagogia. En mayo se emitieron órdenes de arresto contra 45 personas, desmantelando redes de estafadores que operaban con cheques falsificados en la administración pública, incluyendo el Ministerio de Finanzas. Y una vasta operación de recaudación de impuestos no pagados ha permitido un considerable aumento de los ingresos fiscales y de los ingresos aduaneros: en abril ambos rubros sumaron más de 8 millones de dólares.

Cuando a mediados de julio Aristide evaluó los cinco primeros meses de la experiencia Preval-Smarth, afirmó: "Prefiero continuar observando". Habrá, entonces, que seguir observando.

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