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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 173 | Agosto 1996
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El Salvador

El país que permanece

Lo peor del pasado nacional sigue presente en el país: intolerancia, mentalidades anacrónicas, amenazas, métodos extralegales... Esta incultura política tiene raíces más profundas que las débiles raíces que han logrado desarrollar los Acuerdos de Paz. El país se mueve, pero sobre su propio eje.

Carlos G. Ramos

Con algunas adecuaciones en su formulación, El Salvador podría ser un buen caso ejemplar -un referente idóneo- para recuperar las conocidas tesis del viejo filósofo griego Parménides de Elea. Pasados cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz, y prescindiendo del fenómeno de la guerra, demasiados signos políticos insisten en demostrar que El Salvador sigue siendo El Salvador pre-transición.

No sólo por los tradicionales patrones de comportamiento que rigen el hacer político de los partidos; por la mentalidad anacrónica que prevalece en los círculos de la derecha, que continúan viendo planes "comunistas" desestabilizadores en toda expresión de protesta social; o por la poca capacidad de tolerancia presente en los dirigentes políticos y en el ciudadano común. También por la arraigada tendencia a utilizar métodos anómalos y extralegales como forma privilegiada de solucionar los conflictos o de incidir sobre el proceso político.

Mucho se agitaron los diversos componentes de la estructura política salvadoreña como fruto de la firma de los Acuerdos de Paz, pero poco se ha avanzado en la construcción de un "nuevo El Salvador", como la propaganda de "centros" y "derechas" pretende hacer creer. Lo que la izquierda tenga que decir sobre esto sigue siendo un enigma, no sólo porque muy pocos parecen dispuestos a auto-ubicarse en ese lugar del espectro político, sino también porque, en general, las fuerzas que hasta hace poco se consideraban "de izquierda" parecen replegadas en la discusión política y su capacidad de incidir en el proceso es cada vez menor.

Delincuencia organizada

El clima socio-político vivido en el país entre finales de abril y mediados de julio es una muy buena muestra de hasta dónde El Salvador se ha agitado pero no se ha transformado. Ya a mediados de abril, el paro empresarial en el oriente del país y la Ley de Emergencia -irreflexivamente aprobada por la Asamblea Legislativa- sellaron una pre- ocupante coyuntura política y colocaron en la primera plana de la discusión pública dos temas de suma importancia: la existencia de estructuras organizadas para la comisión de delitos y las marcadas divisiones al interior del partido ARENA.

Sobre la delincuencia organizada se ha hablado mucho. Sin embargo, ni la Ley de Emergencia ni otros esfuerzos gubernamentales -policiales o judiciales- se han orientado a atacar con decisión las estructuras del crimen organizado. Sobre las divisiones en ARENA -pese a que ha habido nuevos y claros indicios de que algo grave está ocurriendo en el interior del partido de gobierno- se ha hablado muy poco y la dirección de ARENA ha hecho lo posible por minimizar las querellas.

ARENA dividida

Resulta particularmente importante, en este sentido, la disputa iniciada por Antonio Cornejo Arango, fundador de ARENA en la zona oriental, después de desconocer a la dirección del partido (COENA), por no representar fielmente el pensamiento del fallecido Roberto D'Aubuisson.

Importantes también las no muy veladas confrontaciones entre funcionarios de ARENA. Entre ellas, las del actual presidente de la compañía telefónica ANTEL y el presidente del partido, Juan José Domenech; las descalificaciones que Domenech ha hecho de funcionarios de gobierno, sobre todo del Ministro de Hacienda y del Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado; y las declaraciones -aunque inciertas, en sí mismas preocupantes- del líder del Partido Liberal Demócrata, Kirio Waldo Salgado, sobre la existencia de un plan para asesinarlo a él y a Cornejo Arango, en el que estarían involucrados, entre otros, Tomás Calderón, hermano del Presidente de la República; Hugo Barrera, Ministro de Seguridad; y Rolando García, Sub-Director de la PNC. Es en este contexto que se ubica una serie de acontecimientos que han marcado un definido ritmo a la coyuntura política de los últimos tres meses, recordando a todos que lo peor del pasado sigue presente entre nosotros, con raíces más profundas que las que han lo- grado desarrollar los Acuerdos de Paz.

Estalla la primera bomba

El primer grupo de acontecimientos se inició a las 8:20 de la noche del 25 de abril, con la explosión de un carro-bomba estacionado a escasa distancia de las residencias del ex-Presidente Cristiani y del empresario y presidente de ANTEL durante la administración Cristiani, Saúl Suster.

Las reacciones ante el atentado fueron múltiples. Según especulaciones policiales, podía tratarse de un acto desesperado de la delincuencia ante el fuerte acoso a que había sido sometida por el accionar de la PNC. El presidente del partido ARENA responsabilizó a elementos de la extrema izquierda, que estaría empeñada en provocar un clima de inestabilidad. Ronald Umaña, Secretario General de una de las fracciones del PDC, fue aún más directo y dijo que se trataba de un acto terrorista típico del FMLN. La dirigencia del FMLN -según Umaña- debía "dar explicaciones sobre este atentado, pues todos sabemos que fueron parte de los métodos terroristas que utilizaron durante la guerra". El FMLN expresó preocupación por las consecuencias políticas del hecho y lo calificó de "atentado contra el proceso de paz y de democratización".

Aunque menos publicitadas, las versiones que asociaban la explosión del coche-bomba con las cada vez más evidentes disputas en el interior de ARENA -quince días antes se había realizado el paro empresarial en el oriente- también estuvieron en el ambiente. Nada se dijo del posible vínculo entre este hecho y el estado de la negociación entre la familia Suster y un grupo desconocido que mantiene secuestrado -desde fines de septiembre de 1995- a un hijo de Saúl Suster. Secuestro que aparentemente incorpora motivaciones y demandas no sólo económicas, sino también políticas. La posición de Suster en el gobierno Cristiani y en el partido ARENA y sobre todo, su cercana amistad con Cristiani y lo prolongado del cautiverio, parecen dar algún sustento a esa posibilidad.

Sobre este punto, el diario "El Mundo", vinculado a círculos de la derecha, sugirió en agosto la posibilidad de que el secuestro haya sido cometido por "grupos ultraderechistas o de ex-militares" que durante la guerra se dedicaron a este tipo de actividades. Aún cuando no se tuvo suficiente información sobre el hecho, se supo que, después de la explosión del coche-bomba, la residencia que Cristiani tiene en Guatemala fue robada por desconocidos.

La segunda bomba

Antes de que pasara un mes de este caso, se registró un nuevo atentado dinamitero. La nueva bomba dañó el edificio de la Compañía de Seguros e Inversiones, cuyo accionista mayoritario es Alfredo Cristiani. En el edificio de la compañía, Cristiani mantiene su oficina. La explosión tuvo lugar a las 8:20 de la noche del 23 de mayo. A esa hora, aparentemente, Cristiani se encontraba en el local del partido celebrando el cumpleaños del presidente de ARENA, Juan José Domenech. Diversos dirigentes areneros se hicieron presentes en el lugar del atentado, pero se abstuvieron de dar declaraciones.

La sincronía de los atentados, su ejecución montada aparentemente con la intención de ser una advertencia y minimizar la posibilidad de victimas, su concentración en un relativamente corto período de tiempo y la utilización de material empleado por el ejército (explosivo plástico C-4, al menos en el primer atentado), habla de profesionalismo y experiencia.

La coordinación en la ejecución de ambos hechos no podría ser controlada por principiantes, sin que cometieran graves errores o dejaran múltiples testigos. Todo esto llevó al gobierno salvadoreño a solicitar al de Estados Unidos la colaboración de agentes del FBI, expertos en explosivos e investigación de atentados terroristas.

¿Cuatro universitarios?

El 15 de junio, a casi un mes de confusas investigaciones y con un dudoso testigo clave -del que poco se conoce públicamente-, el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) de la PNC capturó a cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad de El Salvador como presuntos responsables de los atentados. La policía aseguró que los estudiantes formaban parte de una organización autodenominada Voz Popular Revolucionaria del Pueblo, organizada al interior de la Universidad, y acusó a un profesor universitario, funcionario de importancia en la Corte Suprema de Justicia, de estar involucrado intelectualmente en las actividades de los estudiantes. Incomprensiblemente, ni se procedió a la captura del profesor ni se le interrogó.

Pocos aceptan la solidez de las pesquisas y los argumentos policiales. El mismo ex-Presidente Cristiani habría insinuado la necesidad de profundizarlos. Sin embargo, después de los arrestos, la investigación policial pareció quedar cerrada por ordenes superiores, dejando al proceso judicial con bases débiles: una acusación de responsabilidad intelectual contra un catedrático universitario sin poseer un mínimo de pruebas que permitieran su encausamiento, un enigmático testigo clave, elementos probatorios que podrían ser refutados -una tableta de C-4 que, según uno de los imputados, fue colocada en su casa por un agente policial en el momento de su captura- y un logo de la organizacion clandestina de los estudiantes, cuyas siglas no corresponden siquiera con las iniciales de ese supuesto grupo.

Las capturas derivaron en una disputa entre los acusados y el Partido Demócrata (PD). Los muchachos, tras asegurar su inocencia, indicaron que estaban siendo víctimas de acusaciones calumniosas por parte del PD, por diferencias con ese partido político con el que -al menos dos de ellos- tuvieron algún tipo de relación. Ninguno de ellos, sin embargo, parece haber sido un combatiente experimentado y mucho menos especializado en explosivos. En definitiva, aun cuando los acusados fueran miembros del grupo clandestino universitario, sus características no parecen concordar mucho con las requeridas para ejecutar acciones como las perpetradas contra el ex-Presidente Cristiani.

Lo más inquietante es que, de aceptar la culpabilidad de los acusados, los atentados quedan despojados de móviles definidos. ¿Qué sentido y qué lógica política hay detrás de estos atentados contra Cristiani, no estando éste en el horizonte inmediato de los conflictos de ese grupo clandestino? ¿Por qué correr gratuitamente riesgos tan altos y peligrosos? De hecho -aparte de ubicar los hechos en la laxa categoría de terrorismo-, ni la policía ni los fiscales han ensayado hasta hoy ninguna hipótesis explicativa medianamente razonable sobre los móviles de los atentados.

"Sus días están contados"

En este contexto de preocupantes hechos de terrorismo con móviles políticos, y de dudosos procesos de investigación policíaca para esclarecerlos, otros sucesos vinieron a sumarse al ya turbulento clima político. Como en anteriores momentos críticos, se conoció de la existencia de comunicados amenazantes hechos circular por organizaciones clandestinas de extrema derecha.

El primero de estos comunicados fue dado a conocer la primera semana de julio y se lo adjudicó la autodenominada Fuerza Nacionalista Mayor Roberto D'Aubuisson. Según esta FURODA, ha llegado el momento de la confrontación contra los anti-gobierno, entre ellos algunos medios de comunicación local y la "nefasta" prensa extranjera. El comunicado indica que el tiempo ha llegado para todos aquellos "desestabilizadores y vendepatrias" que difaman a personas honorables como Tomás Calderón, el Ministro de Seguridad Hugo Barrera, el de Interior Mario Acosta y el presidente de ARENA. Finalmente, elabora una lista de 15 personas, entre políticos y religiosos, que pasarían a ser objetivos del FURODA y advierte que recibirán su pago por defender a los terroristas que desde la Universidad de El Salvador siguen desestabilizando al país. "A todos estos malnacidos" se refiere el comunicado, recuperando uno de los múltiples exabruptos del Presidente de la República al calificar a sus opositores políticos -en este caso a los que protestaban por el incumplimiento de las leyes laborales en las zonas francas-. A ellos, dice FURODA, "les advertimos que sus días están contados".

Contra "la falsa derecha"

Tras una cadena de críticas contra el supuesto grupo de derecha, se dio a conocer un segundo comunicado, aún más preocupante. En él, FURODA se refiere a los "arribistas del gobierno", cuya incredulidad ante las advertencias se debe a que ignoran la lucha que desde 1980 se impulsa "para que El Salvador no caiga en manos de vendepatrias y traidores de la falsa derecha". Añade que sus advertencias son fatales y precisan su amenaza contra la prensa internacional, acotando que se refieren a "los corresponsales que sirven a los intereses de los malnacidos y traidores que informan negativamente contra el gobierno y contra el cristalino proceso de privatización". Por último, insisten en que los "cerdos" o "cerdos politiqueros"- recuperando otro calificativo usado por el Presidente Calderón Sol contra los políticos de izquierda- "no llegarán a las próximas elecciones". "Esto -dicen- lo hemos jurado ante la mirada fría, pero nacionalista, de Roberto D'Aubuisson. Por eso no nos incomoda la incredulidad de los arribistas, que nunca han aportado su cuota de sangre, entrega y sacrificio".

Sin entrar en mayores detalles, al menos dos comunicados más se conocieron en la primera quincena de julio. El primero, a nombre del Frente Nacional para la Sanidad Mental, que criticó al FURODA e hizo sus propias amenazas contra importantes personajes políticos. El segundo, que fue más comentado, sería obra de un supuesto Comando Estratégico de Liberación Nacional, conformado por oficiales superiores y subalternos de la Fuerza Armada. En éste se amenazaba con un golpe de Estado si el Presidente de la República no destituía a funcionarios de su gabinete relacionados con el crimen organizado. Calderón Sol -advierte el comunicado- "debe actuar lo antes posible, de lo contrario asumiremos el control del Estado para que la gloriosa Fuerza Armada sea de nuevo el símbolo del cambio y el brazo armado del pueblo".

País de siempre

Que estos comunicados respondan a reales grupos clandestinos paramilitares no está claro. Todos ellos, empero -pese a que en su mayoría las amenazas van dirigidas a opositores- expresan de distintas formas inconformidades sobre la composición del gobierno y reflejan diferencias en torno a la línea política que debe orientar el comportamiento del partido ARENA.

Resulta difícil saber qué hay detrás de los comunicados y cuál sea la veracidad de las advertencias. Grupos clandestinos paramilitares, sectores ultraderechistas que buscan beneficiarse de una modificación en la correlación de fuerzas antes del evento electoral, militares retirados descontentos con los resultados del proceso -en los que ellos han cargado con los mayores costos, mientras otros han obtenido los beneficios- o una operación montada por alguna oficina paralela de inteligencia. Todo es posible. No hay ningún indicio mayor que permita decir cuál hipótesis es la más certera.

De lo que no queda duda es que todos estos acontecimiento acaecidos en el último trimestre, y el clima político que han conformado, son una clara expresión de que, muy a pesar de la publicitada modernización institucional, las mentalidades, las pautas de conducta política y los métodos para influenciar el proceso y las decisiones políticas siguen siendo los mismos, los de siempre, los que aún permanecen arraigados en el país. Otras polémicas y otros sucesos lo confirman.

El Salvador se ha agitado y se ha movido, pero sobre su propio eje. Después de cuatro intensos años de transición en muy pocas cosas se ha avanzado. Seguimos aún en el país permanente, inalterable.

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