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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 173 | Agosto 1996
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Honduras

La cultura de la desconfianza

La ola de delincuencia ha hecho de la desconfianza y de la sospecha la clave de las relaciones entre la gente. Crecen también otras formas de desconfianza. La más esperanzadora, la de los pobres que desconfían cada vez más de los políticos, que prometen todo y nada cumplen.

ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) Honduras

Guapinol, una remota comunidad del departamento de Colón, a 400 kms. al noreste de Tegucigalpa, dejó de golpe el anonimato en la tarde del 25 de junio cuando un grupo de hombres -que resultaron ser policías vestidos de civil- irrumpió en el lugar y comenzó a disparar sobre una veintena de hombres que a esa hora se reunían, como todas las tardes, para el tradicional juego de naipes. Entre ellos estaba Calín, un peligroso delincuente, famoso por sus atracos, violaciones y muertes por encargo y por organizar a bandas juveniles dedicadas a la delincuencia callejera.

Ante la embestida de la policía, Calín logró sacar una granada y estallarla contra el cuerpo de uno de los campesinos que formaban parte del grupo. Dos jóvenes heridos se afanaron en salvar sus vidas arrastrándose por entre los baldíos de la hasta entonces anodina comunidad. La policía los alcanzó y, sorda ante el clamor de los heridos, los remató de dos balas en la cabeza, ante la mirada de estupor de los vecinos. En total, cinco muertos. La desconocida comunidad de Guapinol se convirtió así en noticia nacional. Algo similar viene sucediendo con muchas otras comunidades, despertadas de su pacífica cotidianidad por brutales hechos de violencia. La sociedad hondureña vive agobiada por el espanto.

Secuestro sospechoso

En julio, el secuestro pasó a ser nuevo elemento en la espiral de violencia que envuelve al país. La primera víctima fue una joven mujer, hija de una acaudalada familia de San Pedro Sula, por cuyo rescate hubo que pagar una alta suma de dinero. Los más ricos del país pusieron sus barbas en remojo, ante el inminente peligro de caer en manos de quienes están dispuestos a todo para conseguir mucho dinero de forma fácil y rápida. Pocos días después de pagado el rescate, la policía, en un fulminante operativo, capturó a los secuestradores, que confesaron que los autores intelectuales del hecho eran oficiales del ejército.

En junio, empleados de un banco asaltado habían identificado entre los asaltantes a miembros de la policía. Todo va confirmando el generalizado convencimiento de que detrás de las bandas de asaltabancos y robacarros están involucrados no sólo militares y policías, sino estructuras completas de las Fuerzas Armadas. No fue casualidad: todos los bancos del país habían sido asaltados, menos el de las Fuerzas Armadas, cuando al identificarse a policías en el último atraco de julio, resultó asaltada una sucursal periférica del poderoso banco de las Fuerzas Armadas. La acción fue tan burda que el director de fiscales de la región norte del país afirmó con ironía que la acción no había pasado de ser "una mala película", opinión que le costó la inmediata destitución de su alto puesto público.

En este marco de sospechas -agravado por la desconfianza que sobre la eficacia y honradez de la policía habían expresado públicamente empresarios y banqueros- el secuestro de la joven sampedrana, realizado con gran profesionalismo, y sobre todo, su esclarecimiento -logrado por la policía sampedrana con increíble eficacia- abrió nuevas dudas: ¿fue el secuestro un hecho real o fue un recurso desesperado de la policía por matar dos pájaros de un tiro: por un lado hacer sentir la necesidad que tiene la ciudadanía de una policía eficaz y por el otro, amedrentar a los empresarios con la amenaza de secuestros para que su desconfianza se transforme en apoyo incondicional?

Hasta de los vecinos

Sea lo que sea, los grandes empresarios han puesto el grito en el cielo ante el ingreso del secuestro entre las modalidades de la delincuencia. Y se han apresurado a hacer propuestas en las que el gobierno garantiza el marco político-legal y la empresa privada asegura el marco económico. Los empresarios están decididos a pagar lo que sea para que el Estado les dé mayor seguridad.

La realidad es que la violencia delincuencial se ha apoderado del país y está consolidando una nueva mentalidad en los hondureños. Los está obligando a vivir encerrados en sus propias casas, a ponerle todos los candados posibles a sus puertas y a desconfiar de toda persona extraña, hasta de los vecinos. Las familias con mayores recursos invierten en aparatosas fortificaciones buscando ponerse a salvo. "Vivimos en plena civilización de la desconfianza, en donde la sospecha es la clave de las relaciones entre las personas", afirma un analista.

La raíz de tanta violencia

Hace muy poco se achacaba mucha de la violencia a los enfrentamientos ideológicos característicos de la guerra fría. Finalizado este conflicto y con los ajustes económicos, los grandes empresarios han acumulado más capital que nunca en su historia. Hasta hace muy poco, el enemigo número uno era para ellos quien amenazaba los valores de "la democracia". Hoy, el enemigo no está en el campo ideológico. Está en la calle y ronda sus bancos, sus comercios y sus viviendas.

El "éxito" de los grandes empresarios duró bastante menos de lo esperado. A mayor capital, más necesidad de sistemas de seguridad. Porque el éxito lo consiguieron con un modelo de exclusión que en sus propias entrañas incuba las raíces de la violencia y de su propia destrucción. Esto es lo que expresa la delincuencia que ha tomado por asalto todo el territorio nacional.

Algunos argumentan con superficialidad que la delincuencia es resultado de la falta de apoyo al ejército y a las fuerzas de seguridad y que los delincuentes son protegidos por los grupos de derechos humanos. Para recuperar algo de la credibilidad perdida, las Fuerzas Armadas se afanan en alimentar este argumento y tratan de convencer que ellos aseguran la protección que reclama la ciudadanía. Los vítores con los que fueron recibidos los operativos anti-delincuenciales puestos en marcha por las Fuerzas Armadas en la primera semana de julio son significativos de un cambio: en un pasado reciente, en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los soldados provocaban la repulsa de la población. Hoy son recibidos con aplausos.

Sin embargo, poner el énfasis en que el remedio a la violencia delincuencial se logrará con operativos militares de emergencia -como lo ha querido hacer creer la propaganda oficial- es como aceptar que la crisis económica la resolverán los narcotraficantes si se les permite que ayuden a la gente pobre, como lo ha llegado a sugerir un político. La violencia actual es expresión de la poca seriedad con la que el Estado ha enfrentado los problemas fundamentales del país, usando y abusando de la lógica económica del "sálvese quien pueda". Es fruto de la impunidad y corrupción que ha caracterizado el quehacer de los funcionarios públicos civiles y militares. Allí y no en otro lugar se debe buscar la raíz de la violencia y también sus posibles soluciones.


Cachurecos o colorados

Los afiches políticos pegados en las maltrechas puertas de las champas delatan las simpatías cachurecas o coloradas. Las comunidades que proceden de los departamentos fronterizos con El Salvador o Guatemala se distinguen casi siempre por el afiche azul. En cambio, las que emigraron de Copán adentro, Santa Bárbara o Cortés, prefieren el emblema colorado. Si uno pregunta sobre tal o cual candidato o tal o cual partido político, más tarda uno en preguntar que en recibir la misma respuesta: "Son pura babosada".

Sin embargo, esos mismos hondureños hambrientos, enfermos, sin tierra, sin vivienda y sin trabajo, acaban trepados el fin de semana en camiones de ganado, dando vivas a grito partido al sombrero del patrón y flameando la banderita de su color político. "Yo sólo fui por comerme lo que daban", dicen. Con los tragos de la tarde, y como cierre de la campaña dominical, no pocos acaban "ofrendando" su vida en cualquier pleito de compadres, defendiendo con el azul o el rojo la candidatura del ganadero del lugar.

Siempre en campaña

La tónica de este país es de perpetua y estridente bulla politiquera. En Honduras, las campañas políticas aseguran el tradicional sistema bipartidista, que perpetúa la corrupción y la despreocupación administrativa.

La campaña política tiene dos grandes períodos con diversas etapas internas. Un primer período es el de acomodación y acumulación de fuerzas. Abarca los dos primeros años de mandato gubernamental. El partido en el poder acomoda sus fuerzas para poner en marcha algunos programas, responsabilizando a la administración anterior por el caos en que dejó al país y que no permite que se cumplan las promesas hechas en la campaña. Las corrientes del partido en el gobierno acomodan sus fuerzas en las diversas posiciones de poder, en el Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial, no tanto para gobernar sino para prepararse para la campaña política.

Las corrientes del partido opositor se acomodan, acusándose mutuamente del fracaso electoral, asegurando que el tiempo demostrará el error del pueblo al votar por el partido en el poder, y defendiéndose de las acusaciones del gobierno de haber dejado un caos administrativo. Con frecuencia, es en este primer período cuando se suceden los más graves actos de corrupción y los congresistas del partido gobernante acomodan la legislación - desde la Constitución hasta las leyes más secundarias- para favorecer pingües negocios o para acumular posiciones de poder.

Corrientes vs. corrientes

Un segundo período es el de la campaña política propiamente dicha, que tiene dos etapas:

- Las elecciones internas de los partidos, donde se escogen las candidaturas para las elecciones generales. Esta etapa tiene dos momentos:

- Las componendas al interior de cada una de las corrientes, con el fin de poder enfrentarse unas con otras. Esta etapa ocurre generalmente en el primer semestre del tercer año de gobierno. El partido opositor enfila sus críticas al gobierno de turno. Las corrientes dentro del partido gobernante se esfuerzan en distanciarse de los hombres que gobiernan para proteger su imagen y no cargar con el desgaste que supone gobernar un Estado miserable e irresponsablemente conducido. Por debajo se buscan todos los arreglos posibles: los ministros, diputados, magistrados, jueces, alcaldes, regidores, se lanzan a actividades proselitistas, a marrullas y zancadillas, con el fin de asegurarse dentro de la corriente posiciones que les garanticen cuotas de poder en el futuro gobierno.

- La recta final de las elecciones internas, con la confrontación directa de las corrientes dentro del partido. En este momento, que ocurre en el segundo semestre del tercer año de gobierno, el otro partido aparece opacado, porque los contrincantes son las otras corrientes.

- La campaña final de los partidos para las elecciones generales. Esta define el último año de gobierno. Entonces, deja prácticamente de existir el gobierno, pues todo se pone en función de la campaña de cada partido para lograr el triunfo electoral.

Se llega aquí al límite de la confrontación cachureca y colorada, pero sin eliminar las componendas entre personeros de las corrientes dominantes de los dos partidos y entre miembros de las corrientes derrotadas en las elecciones internas, todos maniobrando para asegurarse las máximas cuotas de poder una vez pasadas las elecciones y así quedar con fuerza para la siguiente contienda electoral.

En esta etapa final el partido en el poder trata de poner en marcha programas demagógicos con los que recuperar imagen, aunque los costos de estos programas los tenga que pagar la administración siguiente. Mientras, el partido opositor se esfuerza en desprestigiar al partido gobernante.

Trabajos y promesas

Las campañas políticas se convierten en una importante fuente de empleos. Profesionales, médicos, licenciados, maestros, peritos, bachilleres y dirigentes comunales se convierten en activistas políticos de base, con el fin de asegurarse el puesto de trabajo que no tienen. Las necesidades de la gente pasan a ser la trinchera prioritaria de las batallas políticas. Ante la necesidad de escuela, están las plazas de maestros, controladas por diputados. Ante el desempleo, está la promesa de trabajo en la alcaldía o en cualquier institución de gobierno. En la etapa final de la campaña se arreglan carreteras, se construyen puentes, se levantan edificios que después quedan a medias...

Tras cuatro procesos electorales con muy escasas variaciones dentro de un mismo esquema, la campaña política hondureña comienza a generar desencanto por la corrupción y la ineficiencia gubernamental. En las últimas elecciones generales se observó un ligero aumento del abstencionismo, que llegó a rondar el 30% del electorado. Mientras no se quiebre el esquema bipartidista dominante, el abstencionismo seguirá en ascenso creciente como expresión evidente de una oposición silenciosa que va madurando en diversos sectores de la sociedad.

Negocios millonarios

En el mes de junio, The Washington Post publicó un informe sobre el nuevo rol de los ejércitos centroamericanos y su incursión en el mundo de los negocios a cambio de quedar impunes por las violaciones a los derechos humanos que cometieron y de que se guarde silencio sobre sus finanzas personales o institucionales.

El diario informa que entre 1991 y 1995 el ejército de Honduras invirtió unos 50 millones de dólares en sólo tres de sus empresas, y que el nivel de inversiones en el total de sus 19 empresas fue de 280 millones de dólares. Según el Post, las inversiones del ejército hondureño son las más grandes y más abiertas de los ejércitos de la región y el Instituto de Previsión Militar (IPM) es uno de los tres consorcios más grandes de Centroamérica. Entre las empresas de los militares está una cementera, una funeraria, un banco, una aseguradora y ventas de armas.

La reacción de los jerarcas militares hondureños ante la publicación fue violenta y a la defensiva. El vocero de las Fuerzas Armadas aseguró que se trataba de "una información tendenciosa, mal intencionada y totalmente fuera de la realidad que vive Honduras". Añadió que las Fuerzas Armadas crearon el IPM, pero que éste funciona como cualquier otro instituto de previsión social del país, con fondos que provienen de los salarios de sus afiliados, aunque especificó que quienes dirigen el IPM han sabido invertir esas contribuciones para que el dinero se mantenga en movimiento en empresas rentables.

El fantasma de los 80

El director de planes políticos de las Fuerzas Armadas declaró que el informe del The Washington Post es falso desde cualquier punto de vista, puesto que los militares hondureños se dedican a su misión constitucional de defender la soberanía del país y afirmar que negociaron con los civiles la entrega de empresas gubernamentales que manejaron por décadas a cambio de que les dejaran las puertas libres para enriquecerse con ellas libremente es falso. "Esto -dijo- no puede suceder en un país en donde está en marcha una notable revolución moral. El poder civil jamás lo permitiría".

El 26 de junio reapareció ante estos militares a la defensiva, y con fuerzas renovadas, el fantasma de la década de los 80. El juez de la sureña ciudad de Choluteca ordenó la captura de 14 oficiales acusados de la detención ilegal y el asesinato de un nicaragüense y un agricultor hondureños en 1982, por suponerlos "subversivos". La orden de captura se sumó a la emitida por los tribunales de Tegucigalpa el 17 de octubre de 1995 y que mantiene fugitivos a tres altos oficiales de la institución armada, acusados de detención ilegal, tortura e intento de asesinato de seis estudiantes universitarios en 1982.

Siguen influyendo

A pesar del discurso oficial, las Fuerzas Armadas siguen teniendo una extraordinaria influencia en las acciones gubernamentales. Sus presiones llevaron a que la Corte Suprema de Justicia resolviera el 16 de julio encarcelar preventivamente en los cuarteles a estos oficiales fugitivos, en caso de que se entreguen voluntariamente o que sean capturados, a pesar de que la Constitución establece que en Honduras no existen clases privilegiadas y que los reos deben ir a prisiones comunes. Desde julio, las Fuerzas Armadas acondicionan celdas especiales en sus unidades para alojar a los militares que se entreguen.

Cuando el coronel Abén Claros -primero y único de los 14 acusados por el juzgado de Choluteca que se presentó a juicio el 18 de julio- acudió al tribunal se llevó tremenda sorpresa cuando lo remitieron a la cárcel común. El juez de Choluteca lo decidió así, desestimando la resolución de la Corte, máxima instancia judicial del país, argumentando con valentía que la Constitución está por encima de cualquier resolución acordada por las autoridades.

En sintonía con la decisión del juez de Choluteca, Ramón Custodio, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), afirmó que la disposición de la máxima instancia de justicia no es una ley y que "los cuarteles y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no son centro de retención o de prisión". "Si se quiere garantizar la seguridad de los militares enjuiciados -dijo- han de definirse lugares separados dentro de los centros penales establecidos por la Ley, y esa disposición es únicamente potestad del Ministerio de Gobernación y Justicia".

Presos: tres categorías

Custodio aprovechó el conflicto legal suscitado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia para recordar que en Honduras hay tres categorías de presos: los sentenciados, que no pasan del 10%; los que están en proceso o en calidad de reclusión preventiva y que esperan -o deberían estar esperando- una sentencia judicial; y una tercera categoría constituida por un alto número de reclusos que llevan largos años sin siquiera tener iniciado un proceso.

Para la inmensa mayoría de estas tres categorías de presos no existe privilegio alguno. Para muchísimos, ni siquiera se abre un proceso judicial, como lo establece la Constitución, que reconoce la igualdad de todos ante la Ley.

El muro de la impunidad

El proceso de enjuiciamiento a los militares comenzó hace más de un año, cuando la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público se tomó en serio la tarea de debilitar el muro de la impunidad de los militares.

Nadie duda de la seriedad de los fiscales por conocer la verdad y enjuiciar a los militares responsables de la muerte y desaparición de hondureños en los años de la guerra sucia. Pero la polémica resolución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia al respaldar a los altos oficiales, incluso contra la Constitución, puso al descubierto la falsedad de la muy publicitada "revolución moral" del gobierno liberal y la permanente subordinación de los militares a los civiles.

Altos jefes de las Fuerzas Armadas argumentan una y otra vez que los oficiales acusados como violadores de los derechos humanos recibían ordenes fundadas para proteger al país de la amenaza de la subversión internacional y por ello, la institución militar en pleno debe proteger con todos sus medios a sus miembros amenazados con cárcel.

Militares: su encrucijada

Habría actualmente un sector de la oficialidad descontenta con la jefatura de las Fuerzas Armadas, por actuar tan blandamente ante las instituciones civiles. Este argumento estaría en la base de una fuerte oposición de este sector de oficiales a lo que llaman la "argolla", que dejó muy atada el anterior jefe de las Fuerzas Armadas, General Discua Elvir, y a la que es fiel su sucesor, el General Mario Hung Pacheco. Estas contradicciones habrían desencadenado el intento de "golpe de barraca" del que hablaron los medios de comunicación en la última semana de julio.

Aunque el golpe se desmintió por activa y por pasiva con el consabido argumento de la "unidad granítica" de los militares, se sabe de un profundo descontento al interior del instituto armado. La corriente de oficiales que lo liderea acusa a "la argolla" en el poder de manejar los negocios militares a su gusto y antojo y de estar cerrando filas para impedir el acceso de oficiales jóvenes a mandos de conducción. Esta oficialidad joven ha sufrido en carne propia la "modernización" y reducción del presupuesto del ejército.

Es obvio el estado de crisis que define actualmente a las Fuerzas Armadas hondureñas. Crisis que no es sólo pérdida de poder, sino desubicación en los nuevos escenarios de poder abiertos tras el fin de la guerra fría. Un sector importante del ejército así lo ha captado. No pocos oficiales buscan alcanzar niveles de profesionalización universitaria y tratan de asegurar que el IPM -junto con las empresas que desde allí se manejan- se constituya en una de las empresas más florecientes del país y de Centroamérica.

Los militares hondureños están ante la encrucijada de su historia: o actualizan sus estructuras para hacerlas acordes a la nueva lógica de poder en Centroamérica y en el mundo, o se empecinan en mantener su prolongado estatus de impunidad que tantas ventajas les deparó, pero que hoy los arrincona, los desgasta y los puede conducir a la cárcel.

Abriendo los ojos

En Honduras abundan las malas noticias y a primera vista no parece que exista otra realidad que la de la campaña política, la violencia delincuencial y la corrupción institucional. Sin embargo, los dinamismos de la vida también están presentes.

Mientras los parlantes de la politiquería hacían bulla un domingo de finales de mayo, decenas de comunidades de una de las montañas que circundan el valle del Aguán, en el Atlántico hondureño, se organizaban para caminar largos kilómetros con la resuelta decisión de obligar a su municipalidad a tomar acuerdos que hicieran realidad sus demandas de carretera, maestros para sus niños, atención médica y otras necesidades urgentes.

Estas comunidades están formadas por familias que emigraron de varios departamentos del país, agobiadas por la falta de tierra. Se internaron en las montañas al no encontrar tierras en los valles. En pocos años se convirtieron en los principales abastecedores de maíz y frijoles del valle del Aguán. Fue hasta noviembre de 1993, tras los deslizamientos de los cerros que causaron las lluvias y que provocaron centenares de muertos y aldeas enteras desaparecidas, cuando estas comunidades fueron "descubiertas" por las autoridades públicas. Llegaron en helicópteros a constatar los desastres, pero cuando pasó la emergencia, volvieron a abandonarlas en el olvido y se fueron sin dejar rastro.

Cuentan estas familias de los cerros que en la última campaña electoral los candidatos llegaron a prometerles soluciones para todos sus problemas. Pero, tal como había sucedido en la emergencia, convertidos ya en autoridades, desaparecieron y sólo quedó de ellos el eco de promesas juradas y no cumplidas.

La marcha pacífica de al menos doce comunidades de estos cerros del norte hondureño es una señal de que el sistema tradicional de las campañas políticas se va resquebrajando. La gente de estos cerros ha sido toda la vida cachureca o colorada. Algunos se han destacado como activistas y hasta como fanáticos políticos. Ahora, la caminata estaba llena de consignas antipolitiqueras. Algunos candidatos llegaron hasta ellos a ofrecerles agua. Otros llegaron con "burritas" de comida. Pero la consigna de la gente era terminante: no aceptar ni la presencia ni ningún ofrecimiento de los politiqueros.

"Ya estamos abriendo los ojos", dijo uno de los organizadores, animador de la comunidad cristiana de una de las doce aldeas de los cerros. Después de largos años, comienzan a descubrir que sólo cuando unos pobres se unen a otros pobres pueden aspirar a salir adelante. A dejar de ser pobres.

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