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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 173 | Agosto 1996
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Nicaragua

De parceleros palmados a campesinos finqueros

¿Conservará el próximo gobierno los trascendentales logros de la reforma agraria? La clave: que los ex-cooperativistas de los 80, hoy parceleros palmados por la crisis, se conviertan en campesinos finqueros. Es éste un desafío para cualquiera de los candidatos.

Yuri Marín

La idea no es vender la tierra. Es trabajarla y heredarla a nuestros hijos. Pero con los problemas que tenemos, cada día es más difícil. El banco no presta, porque todavía algunos le debemos. Le sacamos muy poco a la parcela porque no podemos comprar ni el abono ni el insecticida. Y para remate, no sabemos si el gobierno que va a ganar las elecciones querrá quitarnos las tierras, porque todavía carecemos de escritura propia. A como van las cosas, a saber si yo terminaré vendiendo la tierra a los grandotes de por aquí. Ya lo hicieron tres socios de esta cooperativa". Habla Juan Gómez, 42 años, antiguo trabajador de hacienda, beneficiario de la reforma agraria y miembro de la Cooperativa Enrique Schmitz, ubicada al norte de Masaya.

Como él, hay en esta zona otras mil familias, que recibieron tierras a mediados de los años 80 y que hoy se encuentran más cerca que nunca de venderlas por la inseguridad legal en que mantienen sus propiedades y por la aguda crisis económica en la que se encuentran. Es éste un problema generalizado en toda Nicaragua. Los previsibles ganadores de la crisis serán antiguos y nuevos terratenientes, que compran barata la tierra y aceleran así el proceso de contrarreforma agraria. Quien pierde es el país entero. Si no cambian las cosas, en unos seis años culminará este negativo proceso y prácticamente todas las tierras que entregó la reforma agraria estarán ya en otras manos.

¿El tiempo pasado fue mejor?

Durante la década sandinista, unas 1,200 familias campesinas de Masaya fueron beneficiadas por la reforma agraria con la entrega de más de 6 mil manzanas de tierra. De las planicies del norte - las mejores tierras, tradicionalmente de producción algodonera- salió el 80% del área total reformada, equivalente al 10% de la superficie en fincas del departamento de Masaya. Las tierras se entregaron mayoritariamente a los campesinos en forma colectiva para ser trabajadas en cooperativas de producción. De manera complementaria, el gobierno del FSLN brindó un sólido respaldo a estas familias, facilitándoles créditos e insumos importados muy baratos. Esto las colocó en una situación de privilegio sobre el resto de campesinos, aunque los resultados económicos fueron pésimos.

Desde el ajuste sandinista de 1988 y más aún, desde el cambio de gobierno en 1990, casi todas las cooperativas de Masaya -y las del resto del país- se vieron seriamente afectadas por las nuevas reglas del juego político y económico, en las que se abandonaba todo tipo de subsidio y se exigía el pago de todas las deudas acumuladas con la banca estatal de desarrollo. Las cooperativas llegaron a esta hora de cambio afectadas, además por problemas legales sobre la propiedad de la tierra que generan gran inseguridad a los campesinos, y sobre todo, habiendo olvidado las técnicas de producción campesina, única alternativa apropiada a los paquetes tecnológicos importados a que los acostumbró el modelo sandinista.

Todo esto les ha dificultado adecuarse rápidamente a los cambios. "Antes teníamos de todo. No nos faltaba el crédito ni la asistencia técnica ni los insumos. Mucho menos nos preocupábamos por la preparación de la tierra, porque teníamos el tractor. Y si se arruinaba un tractor, nos daban otro y otro… Hoy ni siquiera contamos con bueyes. Si queremos sembrar, tenemos que alquilarlos", señala Luis Hernández, otro parcelero reformado de Masaya norte.

Tierra ociosa y explotada como mina

Para enfrentar la crisis, los masayas -y muchos campesinos de otros lugares del país- han tenido que parcelar sus cooperativas, llevando así a cabo lo que se ha denominado la "nueva reforma agraria de iniciativa campesina". Han tenido también que desmembrar las deudas colectivas para asumirlas individualmente. En muchos casos, como el de la Cooperativa Martín Alemán, la única solución para pagar las deudas ha sido vender parte de las tierras y otros bienes colectivos y luego dividir entre todos y a partes iguales el resto de la tierra. Esta cooperativa tuvo que vender unas 30 manzanas y un tractor para poder cubrir su deuda con el banco.

Actualmente, el 90% de las familias que integran las cooperativas de Masaya vive en un régimen de propiedad colectiva, pero con producción individual, lo que les crea una gran inseguridad. Por otra parte, las cooperativas están en franca descapitalización, pues cuentan únicamente con la tierra y carecen de los medios básicos para trabajar. Las severas restricciones financieras que hoy enfrentan no les dejan producir lo suficiente para generar un excedente que les permita mejorar su nivel de vida y reproducir la finca. Es un círculo vicioso que genera nuevos vicios. Por un lado, genera tierras ociosas: los campesinos no pueden cultivar toda la tierra de que disponen, entre 3 y 5 manzanas por cabeza de familia. Por otro lado, genera tierras cada vez más estériles: los campesinos explotan la tierra como si fuera una mina. Además de obtener bajos rendimientos por la forma extractiva de cultivarla -no devolviéndole a la tierra los nutrientes mínimos que necesita su reproducción, por carecer de recursos para comprarlos- esta modalidad atenta contra la fertilidad futura de la tierra.

Hasta el momento, el apoyo de ONGs y del Estado para enfrentar la falta de liquidez y propiciar un manejo sustentable de las fincas ha sido insuficiente. Y las estrategias de operar de la mayoría de ONGs -fondos revolventes que no se multiplican, subsidios y mecanismos inapropiados de transferencia tecnológica- no han influido aún lo suficiente para encauzar a estas familias por un sendero de desarrollo.

Para aliviar la situación, algunos han empezado a buscar alternativas de empleo y de ingresos emigrando a la ciudad y a países vecinos. Es el caso del hijo de Luis Hernández, de 23 años, que hace meses se fue a Costa Rica. "Sí, se fue a trabajar en las bananeras. Dicen que allá no lo tratan bien a uno, pero por lo menos tengo la esperanza de que va regresar con algunos realitos. El es bueno pa'l trabajo y tal vez así, en la postrera, podemos sembrar unos frijolitos y venderlos bien para diciembre", cuenta el padre con alguna esperanza.


Nueve de cada diez no viven en su parcela

El problema de los parceleros y la búsqueda de una solución de fondo a su crisis son complejos. Un dato esencial: la mayoría de estos campesinos de Masaya norte no vive en sus tierras. Nueve de cada diez habitan en caseríos o en la orilla de los caminos y tienen que trasladarse varios kilómetros para cultivar temporalmente sus parcelas, con los consiguientes costos de movilización. Lo más grave de no vivir en la parcela es que esto afecta seriamente la atención de los cultivos y no permite realizar inversiones de largo plazo en las mismas -cercas, árboles, animales-, que necesitan de un cuidado permanente.

¿Por qué no se trasladan a vivir a sus parcelas? Porque no tienen asegurados los servicios básicos de agua y de luz. Es el caso de Ariel, otro parcelero de 38 años, que vive en Las Pilas Orientales y tiene sus tierras a unos 10 kms. Del poblado donde vive. "Para ir a la parcela tardamos hasta casi dos horas en llegar. Depende si va uno en bicicleta o a pie. En la época de cultivo, uno se pasa el día entero allá, pero como no hay agua ni luz, tenemos que volver por fuerza al rancho, ya de tardecita".

Y es que la mayoría de las tierras afectadas por la reforma agraria estaban dedicadas antes de los 80 al cultivo del algodón o a la ganadería, en medianas y grandes extensiones, y nunca tuvieron servicios de agua y luz. En los años sandinistas, como prevaleció la modalidad de trabajar en colectivo las tierras y de vivir en asentamientos con los servicios básicos asegurados, no se planteó este problema. Hoy, al pasar a la etapa de la parcelación de las cooperativas, con las tierras totalmente lotificadas en bloques de 3 a 5 manzanas, donde cada familia desearía levantar su propio rancho, el agua y la luz se vuelven imprescindibles.

Avanza la contrarreforma agraria

Aunque es bien difícil hacer un estimado preciso de la cantidad de tierra reformada que ya se ha vendido en Masaya, se calcula que al menos un 10%, aproximadamente mil manzanas, ha pasado a manos de los antiguos terratenientes y de los nuevos compradores que están surgiendo. Las transacciones de compra y venta son relativamente sencillas. Aunque por ley las tierras entregadas por la reforma agraria no se pueden vender hasta el año 2000, de hecho sólo se necesita un acuerdo entre el comprador y el vendedor de que se quiere realizar la transacción, pagar una suma que oscila entre 2 mil y 4 mil córdobas por manzana -dependiendo del lugar y de la avidez del comprador o del vendedor- y hacer una especie de compromiso de venta, autorizando al comprador a usufructuar las tierras. Cuando llegue el año 2000, las tierras tendrán automáticamente otro dueño y se podrá escriturarlas a su nombre.

Con este sencillo mecanismo -que amenaza con generalizarse- se han comprado ya muchas tierras en Masaya. Y en el resto del país. Así, está en riesgo de perderse uno de los logros más trascendentales de la revolución nicaragüense: democratizar la propiedad, posibilitando el acceso del campesino a la tierra y garantizando así mayor equidad social en el campo.



Los parceleros son viables

Pero aún se está a tiempo de superar el riesgo de tan grave retroceso. Y con medidas que también son sencillas. ¿Por qué habría que apoyar el fortalecimiento de los logros de la reforma agraria, apostando a los parceleros? ¿No sería mejor que las fuerzas del mercado se encargaran de resolver los problemas, desplazando a los no viables para que otros ocupen su lugar?

No se trata de apoyar a este sector por un simple altruísmo filosófico. Se trata de pensar en el país. Y desde este punto de vista, está comprobado que las unidades de producción pequeñas, que hacen un mejor uso de los recursos importados, de la mano de obra y de la tierra, son más eficientes que las grandes unidades de producción de algodón, sorgo y ganado, los rubros empresariales más comunes en la región.

Además, ya hay pruebas concretas de campesinos reformados que han logrado hacer con éxito la transición de campesinos palmados a campesinos finqueros. Basta con resolver asuntos claves como la titulación de la tierra y el acceso a ciertos recursos. Es el caso de Francisco Vivas, que luego de desmembrarse de su cooperativa y posteriormente titularse, se ha trasladado desde hace un año a vivir a su parcela de 4 manzanas y hoy ya tiene sembrados más de mil árboles frutales y de leña, sostiene varios cultivos al año y cría cerdos y gallinas, generando empleo para él y para toda su familia durante el año entero.

Priorizar a gente como don Francisco Vivas es justificable. Y si a la estrategia de priorización de estos campesinos, se une el vincularlos a la exportación de productos no tradicionales (yuca, quequisque, ajonjolí, maní, frutas y hortalizas) la justificación es aún mayor.

A la transformación de los parceleros en finqueros hay que apostar también como una vía para promover una mayor igualdad social y como una condición necesaria para garantizar verdadera estabilidad política y paz social en el campo, tan necesarias para Nicaragua.




Titulación individual: primer paso

Indudablemente, la titulación individual es el primer paso a resolver para desencadenar las fuerzas dormidas de los parceleros e iniciar así un proceso de inversión sostenida en su finca. Pero tener un título o escritura individual no garantiza por sí sólo el que los parceleros salgan de la crisis. Una prueba es el caso de 6 ex-socios de la Cooperativa Martín Useda, recientemente titulados, que hicieron después un arreglo de venta de sus tierras con un fuerte ganadero de la región, vecino de la cooperativa. La escrituración individual es una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr la meta estratégica: que el campesino se traslade a su finca y logre capitalizarla. Esto dependerá también de resolver el acceso a otros servicios básicos para la producción: agua, financiamiento, asistencia técnica.

¿Cuál debería ser la estrategia para hacer irreversible la reforma agraria en Masaya -y también en otros lugares del país- e impedir que el proceso de contrarreforma siga avanzando? Es necesario llevar hasta el final la reorganización agraria y dotar de capital básico a los campesinos, con operaciones de cuidadosa selección y con préstamos dirigidos a la escrituración y al levantamiento de cercas, y con más crédito de largo plazo, basado en la reforestación. Esta es una vía experimental que, entre otras, está ya mostrando que es posible que un 60-70% de los campesinos pueden transitar a una mayor capitalización y a la mejora de su nivel de vida.

En cualquier caso, el primer problema a resolver es apoyar el proceso que desemboque en la legislación de la posesión individual de las parcelas. Los más interesados en este proceso son los propios parceleros. Nemesio Narváez, de la Cooperativa 16 de Julio, recibió recientemente, con otros 15 socios, su escritura individual. "Gracias a Dios -dice-. Ahora ya puedo sembrar lo que quiera en mi tierrita y como me queda cerca el agua y la carretera, ahora sí voy a hacer ya mi rancho allí, para cruzarme tan pronto pueda".

El agua: otro paso

Los esfuerzos que hasta ahora se han hecho en el sentido de la titulación individual son todavía muy puntuales y resultan insuficientes. Las iniciativas no se transforman aún en un auténtico movimiento masivo. Lograr esto requiere de un apoyo institucional verdadero en el que deben participar el INRA, los ONGs y la sociedad civil que de una u otra manera tiene que ver con este sector. El objetivo es garantizar en el menor tiempo posible la titularidad de todas las tierras de manera individual.

Existen también otros planteamientos que hay que apoyar: exonerar de impuestos la escrituración individual, crear un Banco Hipotecario para orientar el mercado de tierras, y privilegiar a los pequeños productores para que participen con mayores ventajas en la compra de las tierras que algunos parceleros no puedan trabajar.

Resuelto el problema legal y de inseguridad, el segundo paso a resolver, especialmente en el caso de Masaya norte, es el acceso al agua. Con el agua se crean mayores posibilidades para que el campesino se traslade definitivamente a su parcela. En Masaya, la construcción de un pozo es bien costosa. El manto freático se encuentra hasta a 200 varas de profundidad y los pocos pozos artesianos que funcionan están muy dispersos. El agua se vende cara. En San Ramón, una de las zonas más secas del departamento, el barril de agua cuesta 8 córdobas, casi un dólar. Y para llevar el agua hasta la parcela se requiere de bueyes, que son un sueño para la mayoría de los parceleros.

El agua es clave. Posibilita el sembrar árboles y el criar animales. Arboles y animales no prosperan sin cuido permanente. No hay cuido sin vivir en la parcela. Y para vivir en la parcela hay que tener asegurada el agua... "Si yo tuviera cerca el agua allá en Las Pilas, le juro que ya me hubiera trasladado. Otros socios lo mismo", asegura Luis Hernández, que tiene serias dificultades para atender la media manzana de pipianes que tiene sembrada, precisamente por el problema del agua.

Hay voluntad y ya hay resultados

Después de la titulación, el agua es el principal cuello de botella en el caso de Masaya norte. En otros lugares del país, la abundancia de quebradas y ojos de agua atenúan este problema. En Masaya, resolver el desafío del agua requiere de un alto nivel de organización y de voluntad política de las instituciones y organismos que trabajan en el campo. Es necesario un buen diagnóstico sobre la actual red de agua potable en la región -fuentes, distribución por comunidades, estado actual de los pozos y de las bombas, capacidad de bombeo...- para proponer un plan de reactivación y definición de prioridades que beneficie a la mayor cantidad de tierras reformadas y a la mayor cantidad de comunidades.

Hay que pensar también en una estrategia de financiamiento para estos proyectos, sin descartar que una parte pueda ser autofinanciada por los propios parceleros. "Tenemos necesidad del agua y estaríamos dispuestos a asumir parte de los costos de su instalación si se diera el caso. Además, pondríamos la mano de obra". Así lo plantean algunos socios de las Cooperativas Martín Alemán y Auxiliadora Marenco, en el sector de Los Altos, que ven muy factible el hacer llegar el agua hasta sus parcelas, dada la cercanía de sus tierras a un pozo inhabilitado desde hace varios años.

Finalmente, para apoyar el proceso de arraigo de los parceleros en sus tierras es necesario abrirles fuentes de financiamiento rural institucional, tanto de largo como de corto plazo, con créditos enfocados a las familias que tengan posibilidades reales de competitividad. Algunos organismos, como Nitlapán, con su red de bancos locales, y el programa "Los árboles valen" ya han comenzado a andar en este sentido, financiando con préstamos de largo plazo la siembra de árboles, la colocación de cercas y la compra de bueyes, y con créditos de corto plazo el apoyo al capital de trabajo. Todo aunado a la asistencia técnica. Los resultados son muy satisfactorios.

Dar en el blanco todos juntos

Hacer una finquita cuesta. Convertir a un campesino pobre beneficiado por la reforma agraria en un finquero cuesta algo más de mil dólares. En esta cantidad se incluye la desmembración y escrituración, la vivienda, las cercas y el capital de trabajo básico. La parcelación supone gastos en topografía, servicios jurídicos e impuestos. El traslado implica las cercas para delimitar la propiedad, la tubería y los accesorios para llevar el agua, etc. También representa costos el hacer una vivienda digna, aunque en el corto plazo hay buenas soluciones con materiales locales.

La mayoría de los campesinos de Masaya y del resto del país está decidido a gastar lo que sea con tal de tener seguridad y posibilidades reales de vivir en su finca. Un programa de desarrollo que promueva titulación, agua, asistencia técnica y financiamiento daría en el blanco para que el campesinado de reforma agraria, y el campesino nicaragüense en general, se consolide en su tierra.

Acelerar este proceso requiere del esfuerzo conjunto del Estado -del nuevo gobierno- y de todos los organismos que hoy trabajan todavía de manera aislada, partiendo de un debate desideologizado sobre las potencialidades de este sector, reconociendo que nadie tiene la verdad absoluta y que sólo unidos podremos sacar adelante a todos los productores de este país, especialmente a quienes la reforma agraria transformó en propietarios.

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