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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 125 | Abril 1992
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Nicaragua

Nuevo acuerdo nacional ¿pacto sin pueblo?

Después de meses de conflictos entre las diversas organizaciones populares y el gobierno, se escucha de nuevo hablar de concertación y de la necesidad de un "acuerdo nacional". ¿Es un "kupia kumi" a espaldas del pueblo?. ¿O hay posibilidades de incorporar los intereses populares en la nueva concertación?

Equipo Nitlápan-Envío

Nicaragua no había conocido un nivel de inestabilidad económica, social y política como el que atraviesa actualmente, desde que las huelgas de los empleados públicos y los obreros industriales afiliados a los sindicatos organizados en el FNT sacudieron el gobierno de Violeta Chamorro, en sus primeros meses de gestión.

Pero, en esta ocasión, la diferencia consiste en que la rebelión no se produce tanto en la ciudad como en el campo, ya que el desempleo y el hambre han hecho converger a los ex-contras y ex-compas en un frente común de lucha. La toma armada de Ocotal ha sido la expresión simbólica más destacada de este proceso de convergencia. El pueblo, significativamente, bautizó a los ex-contras y ex-compas que se tomaron Ocotal para exigir tierras, crédito, precios justos y viviendas como los “revueltos”. Estos “revueltos”, junto con la UNAG, forman la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), cuya constitución, hace apenas unas semanas, marca el surgimiento de la fuerza social organizada más importante de Nicaragua.

Mientras tanto, en el Occidente del país, donde el desempleo es mayor por la crisis algodonera, la ATC movilizó a obreros agrícolas y desempleados hacia Managua donde forzaron al gobierno a negociar un programa de emergencia contra el desempleo. También los obreros azucareros se movilizaron hacia Managua para reinvindicar la mejoría de sus bajos salarios y el cumplimiento de los acuerdos de Concertación en cuanto al reconocimiento de sus derechos a la hora de la privatización de los ingenios azucareros del país. En la lucha de los obreros azucareros, se unieron centrales sindicales de diferente orientación política. Sin embargo aunque la posición de las centrales sindicales es cada vez más convergente, las cúpulas sindicales aún no lograr superar sus mutuas desconfianzas ni formar un frente común en las ciudades para presionar, de manera eficaz, al gobierno en sus demandas por programas de empleo y mejoras salariales.

Por otra parte, al cumplirse un año de la puesta en marcha del plan de ajuste estructural, el gobierno proclamó a los cuatro vientos el éxito de su política económica y el inicio del "despegue" económico de Nicaragua en 1992. Los resultados concretos que demuestran, a juicio gubernamental, este éxito son el fin de la hiperinflación - que azotó al país por varios años - y la renegociación de la deuda externa. Estos logros han permitido que Nicaragua vuelva a ser sujeto de crédito de la banca internacional. Según el criterio oficial, otros éxitos son la privatización acelerada de la economía del país y la desregulación de sectores claves, como el comercio exterior y la banca.

Una contradicción

Durante la reunión celebrada en marzo de este año en Washington, en la que participaron el gobierno y el llamado grupo consultivo de países donantes y de instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI respaldaron plenamente al gobierno en su evaluación del plan.

El gobierno reconoció que este aval fue decisivo para acelerar los desembolsos de ayuda externa ya acordados, con el fin de financiar el plan de ajuste estructural en los próximos años. Lo cierto ese que, si el gobierno consigue el desembolso inmediato de unos cien millones de dólares, podría utilizarlos para actuar rápidamente como “apagafuegos” de modo que pueda evitar un incendio mayor y salvar su acuerdo con el Frente Sandinista. La participación de Daniel Ortega en Washington y los resultados de la reciente Asamblea Sandinista, indican que el rápido desembolso de la ayuda podría erradicar con gran rapidez los recientes brotes de beligerancia en las cúpulas del FSLN, a despecho de la creciente inestabilidad en el campo. Esta aparente paradoja del discurso oficial, que habla de estabilidad y crecimiento económico al tiempo que la movilización popular contra el plan económico del gobierno crece de día en día, tiene su raíz en la reestructuración acelerada de la sociedad nicaragüense como consecuencia del impacto producido por la aplicación de las políticas neoliberales.

Fórmula fracasada

Esta fórmula neoliberal es desarrollada por la nueva élite de burgueses y tecnócratas que controlan el gobierno y gozan del apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es también la misma formulada aplicada a los otros países centroamericanos, cuyos ingredientes básicos son democracia electoral y autoritarismo económico.

A lo largo de este trabajo se tratará de analizar este proceso de reestructuración económica, social y política en Nicaragua. Para ello, se ha dividido el artículo en tres partes: La primera analiza el paquete de políticas del plan de estabilización y ajuste estructural; la segunda evalúa el impacto económico y social de las medidas; y por último, se analizan las perspectivas a corto plazo de la situación económica y social del país.

EL FIN DE LA HIPERINFLACIÓN: MONETARISMO Y PACTO SOCIAL

Sin lugar a dudas, el fin de la hiperinflación ha proporcionado una significativa cuota de credibilidad a la política económica del gobierno, dentro y fuera del país.
La hiperinflación, que azotó la economía nicaragüense desde 1986 hasta 1991, alcanzó su pico de 14,316% en 1988. En los últimos treinta años, y a nivel mundial, esta situación sólo es comparable con la alcanzada por Bolivia en 1985, que llegó hasta 12,807%.



En el cuadro 1, se puede apreciar claramente la evolución del proceso hiperinflacionario durante los últimos años y su finalización a partir de implementación del Plan Lacayo.

Las políticas monetarias y fiscales que frenaron la hiperinflación en Nicaragua guardan similitud con las aplicadas en Bolivia, e incluso, con las experiencias europeas de la primera mitad de este siglo. Según uno de los economistas más famosos que han estudiado el tema, Thomas Sargent, “las medidas esenciales que terminaron con la inflación en Alemania, Austria, Hungría y Polonia fueron: primero, la creación de un banco central independiente que estaba comprometido legalmente a rechazar las demandas del gobierno por crédito adicional sin respaldo; y, segundo, la modificación en la política fiscal... En cada caso que hemos estudiado, una vez que fue ampliamente entendido por el público que el gobierno no iba a recurrir al Banco Central para financiarse, la inflación terminó y la tasa de cambio se estabilizó”.

En Nicaragua y Bolivia no hay bancos centrales independientes del gobierno. Sin embargo, la dependencia de ambos países de los recursos externos provenientes y/o canalizados a través de la banca internacional, hizo que el control de la política monetaria fuera transferido de las autoridades nicaragüenses y bolivianas al Fondo Monetario Internacional, que actúa en los hechos como el equivalente del banco central independiente.

Control externo

Por la misma razón, el FMI ha podido influir decisivamente en la modificación sustancial de la política fiscal, por lo que el gasto público se contrajo severamente en ambos países. Además, en el caso de Nicaragua, se ha eliminado el llamado déficit financiero de la banca nacionalizada, lo cual a su vez, ha significado una contracción aguda del crédito disponible para el sector privado. Por otro lado, en ambos países estas políticas fueron respaldadas por una ayuda externa relativamente abundante, que jugó un rol clave en la estabilización de la tasa de cambio y el reestablecimiento de la confianza del público en la moneda nacional. Nicaragua recibió alrededor de 505 millones de dólares que equivalen a casi el doble de sus exportaciones anuales.

En Nicaragua, la estabilización o "anclaje" de la tasa de cambio se produjo después de una devaluación del 400% que rompió el círculo vicioso inflación-devaluación-inflación-devaluación... que había caracterizado la política económica desde 1988 bajo el gobierno sandinista y durante el primer año de gobierno de la UNO.

Dicho "anclaje" de la tasa de cambio destrozó las expectativas inflacionarias que se habían desarrollado durante este prolongado período de hiperinflación y devaluaciones continuas. Un factor que actuó decisivamente sobre las expectativas inflacionarias y que marca la especificidad de la experiencia nicaragüense con respecto a la boliviana, fue la concertación de un pacto en respaldo al plan de ajuste estructural entre el gobierno y las principales organizaciones sindicales y gremiales del país y, por sobre todas las cosas, con el principal partido de oposición, el Frente Sandinista. El gobierno pudo negociar exitosamente el pacto porque ofreció controlar y mantener los precios de los bienes de consumo básico y porque ofreció participación a todos los sectores en la privatización de las empresas públicas. El pacto permitió al gobierno obtener una "tregua" de un año y, de esta manera, contener las demandas de los sectores populares, a pesar del alto costo económico y social de las medidas de ajusté. En síntesis, la combinación de políticas monetarias y fiscales contractivas con pacto social, fue exitosa para frenar la hiperinflación. Sin embargo, este mismo esquema había sido intentado por el gobierno anterior y había fracasado. La diferencia clave está en el respaldo masivo de financiamiento externo que ha obtenido el gobierno de Violeta Chamorro y que le permitió "anclar" la tasa de cambio.



La aplicación de políticas monetarias y fiscales contractivas desde el gobierno anterior se puede apreciar claramente en la drástica reducción del déficit fiscal que se dio en 1989, como se puede apreciar claramente en el Cuadro 2.

En estos datos se puede apreciar claramente la reducción drástica del gasto público desde 1987 hasta la fecha y, a la vez, el aumento sostenido de sus ingresos durante el mismo período. En particular, se observan los dramáticos cambios ocurridos en 1991 con relación a 1990. Los gastos corrientes del gobierno cayeron un 40% mientras que la recaudación de impuestos subió un 33% en sólo un año. En otras palabras, el "éxito" del ajuste fiscal fue posible porque el pueblo recibió menos y pagó más por los servicios públicos.

La combinación de una fuerte disminución de los gastos con un incremento de los ingresos produjo, -por primera vez en muchos años-, un superávit en el balance global del gobierno (Ver cuadro 2). En realidad, este superávit fue también posible porque los ingresos por donaciones externas siguieron manteniéndose a más doble de lo que recibía durante el gobierno sandinista, aunque disminuyeron en relación a 1990.

Además de proclamar el éxito logrado en “sanear” las finanzas públicas mediante campos pagados en los medios masivos de comunicación, el gobierno está también congratulándose de los ajustes estructurales que estos cambios están produciendo en la economía y la sociedad nicaragüense. Según la interpretación del gobierno, los ingresos que antes captaba y gastaba el estado, han sido transferido a la población, lo que se refleja en el contraste entre la estrepitosa caída del consumo público del 19% y el alza espectacular del consumo privado del 20% durante el último año, según las estimaciones preliminares del Banco Central.

Pagar y no recibir

En realidad, la caída del consumo público refleja el recorte drástico del gasto gubernamental que ha afectado negativamente la calidad y cobertura de los servicios sociales básicos, tales como educación y salud, cuyos usuarios son los sectores populares. En otras palabras, los sectores mayoritarios están perdiendo su ingreso social, porque actualmente tienen que pagar por estos servicios. Por ejemplo, el pueblo que hace uso de los centros de salud y hospitales públicos, ahora se ve obligado a pagar por sus medicinas. Como si esto fuera poco, las recaudaciones de impuestos dependen todavía más de los impuestos indirectos (por je. los que se pagan por las gaseosas, cervezas, ron y cigarrillos), lo cual también ha tenido un efecto negativo sobre los bolsillos populares.

¿Cómo se explica, entonces, el alza espectacular del consumo privado? La primera hipótesis consiste en que esta alza espectacular ha sido ocasionada por el flujo de recursos externos, tanto privados como oficiales, que han llegado al país en 1991. Una segunda hipótesis presume que el gobierno está exagerando las cifras para minimizar la contracción de la demanda en el mercado nacional y sus efectos recesivos sobre el producto interno bruto. Ambas hipótesis son consistentes con la realidad que vive el país.

La primera hipótesis, que explica el aumento del consumo privado a partir del mayor flujo de recursos externos que han entrado al país, está respaldada por cifras y hechos de la vida diaria. Por un lado, el flujo privado de recursos externos tiene su origen en las siguientes fuentes: 1) el regreso de los sectores acomodados de nicaragüenses de Miami; 2) el éxodo creciente de los sectores populares urbanos hacia Estados Unidos, con el consiguiente aumento en el volumen de las remesas familiares; y 3) el aumento del narcotráfico. Por otro lado, una proporción significativa de la ayuda externa oficial no ha sido canalizada hacia el gasto estatal, sino que hacia sectores empresariales, para financiar actividades comerciales y bancarias. En otras palabras, esto significa que hay un sector de la población que sí tiene posibilidades de consumir más. Además, las importaciones de bienes consumo crecieron más del 10% en relación al año anterior. Estas cifras son consistentes con lo que el pueblo observa particularmente en Managua, donde se han abierto varios nuevos restaurantes, supermercados y tiendas, donde se venden en abundancia artículos de consumo traídos de cualquier parte del mundo.

Pero la segunda hipótesis, que se refiere a la exageración gubernamental en cuanto al aumento del consumo privado, también está respaldada por las cifras que ha dado el mismo gobierno y lo que se observa en la realidad del país respecto al incremento del desempleo, la pobreza y el hambre.

Desempleo y pobreza

El Ministro del Trabajo ha afirmado recientemente que en el país solo hay un 13% de desempleados que, según su criterio, el resto de 1 fuerza de trabajo activa está ocupada en actividades por "cuenta propia”, en el sector informal urbano. El último informe evaluativo del (1991) afirma lo mismo. Tomando la palabra al señor ministro y al FMI se puede hacer una comprobación sencilla de la veracidad de esta afirmación, mediante el análisis de evolución de Producto Interno Bruto y de la fuerza laboral durante el período 1979-1991.
En este periodo, el PIB se ha contraído el 35% y, al mismo tiempo, la fuerza laboral ha crecido por lo menos un 30%.
Esto significa que el incremento de la fuerza laboral combinado con la caída del PIB ha causado que la proporción de la fuerza de trabajo empleada en el país ¡caiga el 65% La tendencia se comprueba nuevamente con los únicos datos oficiales confiables sobre empleo, proporcionados por el INSSBI, que muestra un aumento del desempleo del 15% entre 1990 y 1991.

Además, según los mismos datos oficiales, el número de familias que padecen pobreza representa ahora el 70% de la población del país, mientras que hace 5 años, menos de la mitad de las familias estaban clasificadas en esta situación. También las estadísticas oficiales señalan que, en estos últimos cinco años, el consumo de alimentos per per ha disminuido de 2,090 a 1,378 kilocalorías, muy por debajo de las 1,850 calorías recomendadas por el Instituto de nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).

La evidencia es abrumadora y demuestra que es imposible que haya habido un incremento del consumo de las grandes mayorías del país durante 1991.

En síntesis, el ajuste estructural, que va en la dirección “correcta” según la propaganda oficial, encubre en realidad un proceso acelerado de diferenciación social y estancamiento económico.

El estancamiento económico ha afectado a todas las ramas de la producción y servicios del país, con la excepción de un sector minoritario de empresarios agrícolas, industriales y comerciantes. La recesión ha incidido con mayor intensidad en el sector agropecuario, cuya producción cayó el 6% respecto a 1990.
Como consecuencia, no es extraño que la rebelión popular más enérgica contra el plan de ajuste estructural se origine en el campo (Ver cuadro 3).

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO



Las políticas de ajuste estructural han tenido una influencia decisiva en el desplome de la producción agropecuaria. La disminución del crédito acompañada de su asignación ineficiente y la caída de los precios agrícolas, han creado una situación de iliquez y de fuerte caída en los ingresos de los campesinos y trabajadores agrícolas. El sector empresarial no se ha librado de la crisis, ya que sus márgenes de ganancia se han visto reducidos por la caída de los precios internacionales de los productos de exportación agropecuarios.

El crédito neto al sector agropecuario en 1991 fue apenas una tercera parte del que recibió este sector en 1989, lo que generó una aguda iliquidez que frenó la recuperación de áreas agrícolas ociosas en el sector pacífico y del Interior del país.

El recorte ha afectado desigualmente a los sectores sociales y productivos del campo. Los pequeños y medianos productores agropecuarios han recibido menos recursos que en el pasado, y además su participación en la distribución del crédito ha disminuido del 52% del total otorgado en 1989 a solamente el 36% en 1991. En contraste, los empresarios privados han aumentado su participación del 31% al 55% en ese mismo período.

Apoyo a los ricos

Esta nueva distribución del crédito, no se corresponde con el aporte de los sectores sociales y productivos a la producción agropecuaria nacional, ya que los pequeños y medianos productores contribuyen con dos tercios de la misma y, como se ha visto. Además, este sector ha reintegrado un porcentaje de sus créditos tres veces más alto que el sector empresarial, a pesar de la crisis que atraviesa.

Por otro lado, los precios de los productos agrícolas de consumo interno fueron también severamente deprimidos por las políticas de ajuste estructural. El gobierno impulsó la liberalización completa del mercado interno de granos básicos, eliminado el rol regulador de ENABAS en los precios de acopio al productor. El resultado fue una fuerte caída de los precios, que se llegan a situar a niveles muy por debajo de los precios internacionales.



Por ejemplo, los campesinos de Nueva Guinea están vendiendo los frijoles de su cosecha de apante a 35 córdobas por quintal: apenas la tercera parte de su precio internacional.
Asimismo, los productores de plátanos, hortalizas y frutas vieron derrumbarse los precios de sus productos por la apertura comercial –total e indiscriminada-, a las importaciones provenientes de otros países centroamericanos.

Los plataneros obligaron al gobierno modificar parcialmente su política mediante la toma de la carretera panamericana.

La caída de los precios no sólo ha afectado a los productores de consumo interno. Los principales productos de exportación, -algodón, café, azúcar-, han sufrido la peor caída de sus precios internacionales de los últimos años.

Para el algodón, esta caída ha sido su “tiro de gracia” y se anuncia que el área de siembra para los próximos meses se va reducir a menos de la mita de lo sembrado en el año anterior.
El gobierno ha prometido paliar un poco el problema del desempleo en Occidente con la expansión de la siembra de banano, de efectos muy limitados a corto plazo, por las inversiones cuantiosas que requiere y la falta de conocimiento técnico de los ahora ex-algodoneros sobre este cultivo.

Los problemas derivados de la falta de crédito y los malos precios se han visto agravados aún más por la incapacidad del gobierno de legalizar la tenencia de la tierra de miles de campesinos y ex-combatientes sandinistas y de la contra, lo que mantiene un clima de inestabilidad económica, social y política en el agro.
El problema tiende a agudizar en la medida que el desempleo, causado por la crisis algodonera en Occidente, puede empujar a los obreros agrícolas desempleados a realizar más tomas de tierras.

Ni campo ni ciudad

Por último, las zonas del llamado Interior Seco del país, que abarca el Occidente de Las Segovias, Matagalpa y Boaco, y la parte norte de Chinandega, León y Managua, sufrieron por tercer año consecutivo una prolongado sequía de consecuencias desastrosas para la producción de alimentos para el campesinado pobre de esta región. Las autoridades locales, sin distingo de colores políticos o credo religioso, están haciendo urgentes llamados al gobierno para que declare del estado de emergencia en estas zonas y proceda a distribuir alimentos que palien la hambruna existente.

La crisis no solo afecta al campo. También las ciudades sufren sus consecuencias, aunque relativamente con menor intensidad. El factor clave es que los sectores populares urbanos tienen más resistencia a la crisis por el aumento de las remesas familiares provenientes de Estados Unidos. El éxodo de miles de nicaragüenses de los sectores populares urbanos hacia Estados Unidos, es ahora el producto “no tradicional” de exportación más importante del país. Según una encuesta de NITLAPAN-UCA en colaboración con la CEPAL, las remesas familiares anuales superan ya los cien millones de dólares, lo cual equivale a un tercio de las exportaciones totales del país. Dicha encuesta revela también que uno de cada tres hogares en Managua reciben remesas y la proporción es aún mayor en otras ciudades del país como Bluefields, en la Costa Atlántica.

Por otro lado, la actividad industrial que se concentra mayormente en Managua, registra por primera vez en los últimos cuatro años un crecimiento positivo (Ver cuadro 3). El gobierno ha propagandizado ampliamente este hecho como una señal clara del inicio de la reactivación económica del país. Asimismo, los voceros del gobierno señalan que esta es una muestra palpable de los beneficios de la acelerada disminución de los aranceles que protegían a la industria nacional de la competencia extranjera, los cuales han promovido el aumento de la eficiencia y de la competitividad nacional.

Sin embargo, el origen de este crecimiento positivo es la espectacular expansión de casi un 50% de la llamada industria fiscal de bebidas y tabaco, cuyo peso representa aproximadamente un 25% de la producción industrial. La industria fiscal está constituida por media docena de empresas grandes, las cuales son protegidas por el gobierno por ser una de sus fuentes principales de ingresos fiscales. La protección ha incluido el otorgamiento de créditos blandos para la reactivación de estas empresas, tales como el préstamo de dos millones de dólares para la Coca Cola.

Pero mientras en Managua los oligopolios de la industria fiscal se han expandido bajo la protección del gobierno, en Masaya centenares de talleres de la pequeña industria del vestuario y el calzado están quebrando, ahogados por la “invasión” de productos extranjeros y la disminución de la capacidad adquisitva del pueblo. El número de talleres de la pequeña industria es actualmente un poco más de la mitad de los que existían en 1987, ya que han desaparecido más de 2,500 según un estudio del Ministerio de Economía.

Aumenta el consumo

Por último, cabe mencionar que la “reactivación” industrial de 1991 ha llevado los niveles de producción industrial hasta apenas dos tercios de lo que fue en 1987 inmediatamente antes de que el gobierno anterior iniciase sus propias políticas de ajuste estructural.

Paralelamente a la reactivación de los “enclaves” industriales, se ha dado también la reactivación de los “enclaves” en el comercio, la banca y los servicios urbanos. En Managua, se observa la expansión notable de nuevas y antiguas cadenas de supermercados, la apertura de seis “nuevos” bancos privados, restaurantes, tiendas y toda clase de establecimientos de servicios para los sectores medios y ricos de la población, contrastando con la grave crisis que afecta a los mercados populares tradicionales como el Oriental y el “Roberto Huembes”. En estos mercados populares, miles de ex-militares, ex-empleados públicos, ex-obreros industriales y ex-artesanos han intentado sobrevivir a la crisis vendiendo agua helada, ropa usada que viene de Estados Unidos, alimentos, entre otros desatando una feroz competencia con los pequeños comerciantes ya establecidos. Por ejemplo, el mercado Oriental se ha expandido varias cuadras y, en el mercado “Roberto Huembes”, fue ocupada en su totalidad la plaza pública adyacente. Los mercados populares están llenos de vendedores pero vacíos de compradores, porque el pastel del consumo popular se ha achicado enormemente, como se analizó en la primera parte de este artículo.

La expansión del comercio empresarial y la drástica disminución de los aranceles a las importaciones, han generado un "boom" de importaciones de bienes de consumo, que crecieron el 25% en relación al año anterior. En contraste, las importaciones de insumos y maquinarias para la actividad productiva del país, se redujeron por tercer año consecutivo (12% y 8% respectivamente) como consecuencia de la recesión de la producción nacional y de la fuerte caída de la inversión pública y privada.

Por otro lado, la tendencia hacia la recuperación de las exportaciones que se había experimentado en los últimos dos años, fue revertida y en su lugar hubo una caída del 20% en el valor de las exportaciones en 1991. Esta caída fue causada principalmente por la pésima cosecha de café del ciclo 90/91, la sensible reducción en la matanza de ganado que afectó las exportaciones de carne y la caída sostenida de los precios internacionales de la mayor parte de los productos de exportación tradicional.

Perder la oportunidad

La disminución de las exportaciones combinada con el "boom" de las importaciones de bienes de consumo, ensanchó el déficit comercial de Nicaragua y lo llevó hasta 400 millones de dólares aproximadamente. Este déficit pudo ser cubierto por la relativamente abundante ayuda externa que ha recibido el país, cuyo monto aproximado el ano pasado fue de 505 millones de dólares efectivos de los casi 700 anunciados. Además, el gobierno consiguió en París, un período de gracia de cuatro a cinco años para el pago de los intereses y la amortización de una parte importante de la deuda externa. Es interesante el dato de que este período de gracia coincide con la duración de la presidencia de Violeta Chamorro. Cuando este tratamiento excepcional finalice, el peso del pago de los intereses y de la amortización de la deuda externa va a ser insostenible para la economía del país, dada la crisis del sector exportador. Por tanto, los negociadores del gobierno deberían hacer todos los esfuerzos posibles para que ese período se extienda en función de los intereses nacionales y no de las elecciones de 1996.

A pesar de todo, tal y como se apuntó anteriormente, la oportunidad histórica que se le ha presentado al país de recibir una ayuda externa excepcional para su reconstrucción ha sido hasta ahora desperdiciada. Los recursos externos se han usado primordialmente para financiar el consumo de una minoría, en lugar de emplearlos para efectuar un ataque a fondo contra la pobreza y para reactivar la producción nacional. Este uso irracional de los recursos externos es lo que está llevando al país al borde del "estallido social", poniendo a su vez en riesgo los acuerdos entre el gobierno de doña Violeta y el Frente Sandinista.

PERSPECTIVA ECONÓMICA-SOCIAL A CORTO PLAZO



La solución que el gobierno, al parecer, ha encontrado para disminuir las tensiones sociales existentes, consiste en negociar un nuevo acuerdo de “unidad nacional” con la cúpula del Frente Sandinista, cuyas características no pongan en peligro los compromisos con el FMI y el Banco Mundial.

En este contexto, el FSLN se comprometería a respectar el marco de políticas monetarias y fiscales del gobierno, a cambio de concesiones en el área social que lo legitimen políticamente.

Las concesiones al FSLN podrían incluir la legalización inmediata de las propiedades urbanas y rurales distribuidas por el gobierno sandinista y también por el actual gobierno en estos dos últimos años; una mayor cuota de participación en la privatización de las empresas públicas de las organizaciones gremiales y sindicales sandinistas; y cierta flexibilización de la política de crédito agropecuario para el campesinado.
Podría haber también un aumento moderado de la asignación de recursos externos a programas sociales como el FISE y el FASO. Sobre esto último, el gobierno ya está dando algunos síntomas de cambio. Por ejemplo, está “resucitando” el programa del vaso de leche escolar que tenía el gobierno sandinista. También hay marcha atrás –por lo menos en el discurso-, en algunos de los aspectos más negativos de su política social, como los de cobrar por los servicios públicos de educación y salud.

“Goteo” atascado

El nuevo “acuerdo nacional”, le permitiría al gobierno conseguir espacio y tiempo para atravesar lo que el presidente del Banco Central llama el período de “transición” al “despegue” económico del país. Según la óptica oficial, “las condiciones están dadas” y hace falta únicamente asentar la confianza en que asentar la confianza en que la estabilidad monetaria lograda a punta de un enorme costo económico y social, no va a naufragar por conflictos sociales.

Se trata de crear el “clima” adecuado para estimular la inversión privada nacional y extranjera y, de esta manera, generar el crecimiento económico. Para lograr este “clima”, el gobierno confía en que el FSLN puede jugar el rol clave de mediatizador de los actuales conflictos sociales y lograr una “transición” exitosa hacia el crecimiento económico.

Este análisis de la situación económica y social del país, refleja el enfoque neoliberal de la política económica del gobierno, basada en la creencia de que la estabilización monetaria y la desregulación de los mercados van a resolver a largo plazo el problema de la pobreza. Es la versión “moderna” de la teoría clásica del “goteo” según la cual, la riqueza va filtrando poco a poco a los demás sectores de la sociedad en la medida en que el sector capitalista se pueda reactivar y vaya acumulando.

En realidad, esta visión neoliberal es tremendamente atrasada e ignorante de los avances del pensamiento económico actual. El incremento dramático de la pobreza en los países latinoamericanos y africanos, después de una década de aplicación de programas de ajuse estructural, ha llevado al FMI y al Banco Mundial a plantear la necesidad de integrar en el enfoque de dichos programas, el problema de la pobreza y de la distribución del ingreso. La revista oficial del FMI publicó en febrero de este año, un discurso del Director General que hablaba sobre este tema de la manera siguiente:

“El alivio de la pobreza, incluyendo la adopción de redes sociales seguras, tiene que convertirse en un elemento integral de cualquier programa de ajuste estructural con orientación al crecimiento, o de cualquier programa que apunte a la transición a un sistema económico más eficiente. Yo urjo a los países donantes a incrementar sus esfuerzos en este campo y a colocar su asistencia de forma que promueva el desarrollo humano.

Y los países en desarrollo, por su parte, pueden ayudar a incrementar el apoyo público en los países donantes para este tipo de asistencia demostrando, de forma convincente, que sus propias políticas están bien orientadas para enfrentar los problemas de la pobreza y de la distribución del ingreso. En muchos casos, esto puede incluir esfuerzos mayores para proveer a los pobres con servicios de educación y de salud”.

El mensaje es claro: debe haber un incremento sustancial del monto de ayuda externa asignado para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y para la creación de programas de generación de empleo. El problema es que no hay señales de que el gobierno vaya a incorporar esa orientación a su política económica. Es más, Nicaragua presenta condiciones excepcionales para hacerlo, después de una década de reformas estructurales a la propiedad agraria y urbana.

Lo pequeño es útil

El gabinete económico del gobierno definió como el eje clave dela reactivación económica del país al sector agropecuario. “volvamos a la tierra” es la máxima propaganda oficial. Pero, ¿cuál es el contenido de esta máxima?. La reedición del desarrollo capitalista “salvaje” de los años 70 que tanto añora el COSEP, con una mera sustitución y/o diversificación de los rubros de exportación?

Nosotros coincidimos con el gobierno en la priorización del sector agropecuario. La diferencia básica es que no creemos que el desarrollo nacional dependa de que terratenientes y capitalistas “vuelvan a la tierra”. Muy al contrario, la reactivación agropecuaria del país están en manos de los miles de los trabajadores agrícolas, campesinos, ex-contras y ex-militares del EPS y el MINT que ahora trabajan la tierra por su cuenta. El mayor potencial de generación de empleo está ahí y la asignación de los recursos externos debe orientarse hacia este sector social. El país tiene que aprovechar en un primer momento las ventajas que ofrecen las zonas campesinas del Interior que pueden dar una respuesta productiva inmediata de bajo costo, con la posibilidad de aportar volúmenes crecientes de producción de granos básicos, café, leche, carne y otros. Esta es también la zona de mayor conflictividad social y política por la presencia de miles de ex-combatientes. Asimismo, la agricultura empresarial del Interior, aunque afectada por la reducción de sus márgenes de ganancia por los bajos precios del café y el ganado, está en capacidad de invertir y expandir su producción.
En cambio, la crisis algodonera no se va a resolver a corto plazo en el Pacífico. El gobierno parece que ha encontrado en el banano otro rubro “milagroso” para sustituir al “oro” blanco y resolver la crisis. Basta recordar que se necesitan inversiones cuantiosas para expandir el banano y que el conocimiento técnico sobre este rubro no se adquiere de la noche a la mañana.

En Occidente no hay una salida de “rubro milagroso”, sino que hay salidas múltiples para diversos sectores sociales y productivos. El sector campesino tradicional es el que tiene mayor potencial de respuesta a corto plazo porque se ha venido diversificando e incorporando cultivos exportables como ajonjolí y yuca.

El sector de campesinos beneficiarios por la Reforma Agraria también lo ha venido haciendo pero más lentamente y están altamente endeudados. Se necesita una estrategia de promoción de esta diversificación y de alternativas creativas al problema de la deuda.

Por último, la experiencia de privatización de AGROEXCO en estos dos últimos años, muestra que en las fincas entregadas a los obreros agrícolas, ex-militares y los ex –miembros de la Resistencia, ha habido una respuesta productiva e inmediata. Es necesario apoyar este esfuerzo de reinserción que aporta producción al país. Esta experiencia concreta marca cuál puede ser la salida para el agudo problema del desempleo en Occidente: más Reforma Agraria.

Acabar con la miseria

La estrategia de reactivación de la producción agropecuaria tiene también que incluir un nuevo marco institucional de concertación entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Campesina. El reciente informe de la misión conjunta de la FAO, el BID y el Banco Mundial, incluía entre sus recomendaciones la formación de un instituto de tecnología agropecuaria autónomo que apoyara el proceso de transformación productiva del agro y concentrara el personal técnico agropecuario del país.
Este instituto podría ser el brazo ejecutor de la política de apoyo al campesinado y tendría que concertar con la Coordinadora Nacional Campesina la administración de los recursos externos para el agro, en materia de producción y en lo que se refiere a programas para mejorar las condiciones de vida en el campo.

Por otro lado, en las ciudades el gobierno tiene condiciones para impulsar un masivo programa de mejoramiento de la gran cantidad de asentamientos urbanos existentes, que podría incluir la instalación de servicios de agua potable, algunas negras, construcción de escuelas y centros de salud y materiales de construcción para el mejoramiento de las viviendas populares.

También en este caso, tiene que haber concertación entre el gobierno y las organizaciones de pobladores para la administración de estos recursos, sin condicionamientos de sumisión política como los establecidos por el alcalde de Managua.

El impacto sobre el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad y en el campo también pueden propiciar un efecto expansivo sobre la demanda que alivie la crisis del comercio popular y de la pequeña industria. Sin embargo, el problema de la pequeña industria sólo puede enfrentarse con la asignación de recursos externos y con asistencia técnica para la reconversión productiva de este sector y, como en los demás sectores sociales, tiene que haber concertación con las organizaciones de pequeños industriales, como CONAPI.

En síntesis, el nuevo “acuerdo nacional” no puede repetir la experiencia de los acuerdos de cúpulas del pasado que priorizaban la obtención de cuotas de poder sobre las demandas de los sectores populares.

Este nuevo “acuerdo nacional” debe basarse en que los recursos de la nación sean usados para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, con la participación activa de sus diversos sectores sociales y productivos. De lo contrario, las fuerzas reaccionarias del pasado serán las principales beneficiarias del descontento popular en las elecciones de 1996.

¿Cuáles intereses?

El nuevo sentido histórico que pudiera tener este limitado pacto de cúpulas y este inicio de un entendimiento, es que los recursos externos todavía disponibles en 1992-93 sean destinados al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y a la reactivación económica de los pequeños y medianos productores.

De lo contrario, los beneficiarios del descontento popular no serán estas cúpulas (ni una de ellas como pudiera pensar la cúpula del FSLN), sino aquellas fuerzas reaccionarias del pasado y del presente que ambas cúpulas intentan marginar como alternativas políticas en las próximas elecciones.

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