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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 172 | Julio 1996
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Guatemala

El Informe Clinton y el Plan Arzú

Después de seis meses en el poder, el gobierno Arzú tiene listo el plan para "modernizar" el Estado guatemalteco. Se trata de un proceso que podría durar 25 años. Entretanto, Estados Unidos y la CIA dicen haber "enmendado" errores pasados, cometidos en este Estado a punto de fenecer.

Gonzalo Guerrero

Hace 15 meses, el presidente de los Estados Unidos ordenó una investigación de alto nivel sobre las actividades de las agencias de inteligencia estadounidenses en Guatemala, especialmente en lo relacionado a "la tortura, desaparición, o muerte de ciudadanos de Estados Unidos en Guatemala desde 1984".

La administración Clinton estaba preocupada por las denuncias de que la CIA tenía vínculos con oficiales del ejército guatemalteco involucrados en violaciones a los derechos humanos, que no habrían informado ni al Congreso ni al Departamento de Estado sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo en el país centroamericano.

Una historia incompleta

El informe, concluido y entregado el 28 de junio, fue considerado "sin precedentes". Pero, para los que esperaban de él algún giro en las actitudes y en las agendas creadas en el marco de la "guerra fría", el informe aporta muy poco.

"El fin de la guerra fría ha resultado en la gradual baja de niveles de financiamiento para la oficina de la CIA en Guatemala, pero el efecto de esta baja ha sido limitado en cuanto a los métodos de trabajo de la CIA y en cuanto a la mentalidad de los oficiales de la CIA que trabajan en Guatemala," se lee en el informe.

"Los funcionarios estadounidenses que están en Guatemala -añade- siguen viendo a los insurgentes comunistas como el principal enemigo, y vieron al gobierno de Guatemala y a sus fuerzas de seguridad como socios en la lucha contra un enemigo común y contra nuevas amenazas, como el tráfico ilícito de drogas y los inmigrantes ilegales."

Clinton solicitó esta investigación a raíz de denuncias de que la CIA se había negado a informar a otras dependencias del gobierno sobre los casos del guerrillero Efraín Bámaca y el estadounidense asesinado en el Petén, Michael Devine. También hubo denuncias de que un agente norteamericano tuvo vínculos con los agentes guatemaltecos involucrados en el secuestro, tortura y violación de la monja ursulina estadounidense Diana Ortiz. El informe abarca nueve casos de desapariciones, asesinatos, ataques y secuestro en que se vieron involucradoos ciudadanos estadounidenses. En el caso de Bámaca, su esposa, Jenniffer Harbury es norteamericana.

El mandato restringido de la comisión investigadora, en cuanto a que todos los casos estuvieran específicamente relacionados con ciudadanos estadounidenses, fue la primera señal de que la historia no sería completa. De hecho, la decisión de limitar la investigación hace eco a la denuncia de la monja Diana Ortiz sobre la actitud de "Alejandro", el norteamericano que la "rescató" de sus captores luego de ser secuestrada, torturada y violada en noviembre de 1989. Ortiz habló de la furia de este hombre cuando se enteró de que agentes de seguridad guatemaltecos habían torturado a "una norteamericana", haciendo el énfasis sólo en quién era la víctima y no en las atrocidades.

Socios de "inescrupulosos"

El informe resume los objetivos de la política de Estados Unidos en Guatemala: apoyo a la transición y fortalecimiento del gobierno civil y democrático, promoción de los derechos humanos y del estado de derecho, apoyo al crecimiento económico, combate al narcotráfico, combate a la insurgencia comunista, y avance del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla.

Las oficinas de inteligencia estadounidenses, tanto en Washington como en Guatemala se orientaron a apoyar estas metas. Para lograrlas, la CIA tuvo que "trabajar cercanamente con los servicios de seguridad e inteligencia guatemaltecos y desarrollar fuentes de inteligencia", dice el informe. Y continúa: "Aunque las metas de la CIA en Guatemala fueron legítimas, cumplir con ellas y mantener influencia en Guatemala requirió que la CIA mantuviera relaciones con grupos e individuos inescrupulosos. El record de los servicios de seguridad de Guatemala en derechos humanos es ampliamente conocido como reprensible, y aunque la CIA hizo esfuerzos por mejorar la conducta de los servicios, continuaron los serios abusos contra los derechos humanos, y algunos de los contactos más cercanos de la oficina eran partícipes en ese problema".

¡Derechos humanos!

El informe explica claramente por qué el respeto a los derechos humanos es relevante para los servicios de inteligencia: "Ignorar la importancia del asunto de los derechos humanos hace gran daño a nuestra misión. Estamos bajo mucho escrutinio". El mensaje es claro: el fin sigue justificando los medios, pero la nueva relevancia que en el mundo se da hoy a los derechos humanos agrega un nuevo componente en el cálculo.

Un cable secreto enviado por la sede de la CIA en Virginia a su oficina en Guatemala lo dice todo sobre el significado que los derechos humanos tienen para las agencias de inteligencia de Estados Unidos: "Lamentamos tener que informarles que es hora de actualizar de nuevo el informe sobre derechos humanos. Y como no hay fecha para que esto termine, por fuerza tendremos que cumplir por siempre con este requerimiento".

El principal cambio en la "comunidad de inteligencia" en los últimos años es la incorporación en su mandato del discurso pro-derechos humanos. Pero queda claro que el cumplimiento de la meta primordial - proteger los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en Guatemala - sobrepasa con mucho y como prioridad el objetivo de "mejorar la situación de los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala".

De acuerdo con el informe, en la lucha anticomunista, la CIA consideró a los servicios de seguridad en Guatemala como a sus principales aliados. Su interés en mantener buenas relaciones con la oficina de inteligencia del ejército guatemalteco. (D-2 o G-2) provocó "una pérdida de objetividad" de la CIA en Guatemala y resultó en la tendencia a cuestionar o suprimir informes no favorables, mientras que los informes positivos eran bien recibidos y ampliamente distribuidos.

¿Para qué sirve?

Para los investigadores de la Comisión de Supervisión de Inteligencia, no hay necesidad de replantear el mandato de la CIA en Guatemala o de reestructurar los sistemas de supervisión. En los casos en que la CIA no cumplió con sus obligaciones de informar al Congreso o al Departamento de Estado, no se encontraron suficientes pruebas para justificar acciones penales. Además, la CIA decidió ya "acciones para enmendar" la situación.

Según el gobierno de Guatemala, el informe aporta poca información útil para identificar o san- cionar a los violadores de los derechos humanos que habría dentro de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. En realidad, el mandato de la investigación solo se orientó a responder a las inquietudes de los norteamericanos.

El impacto de este informe sobre la impunidad institucionalizada o sobre otras y necesarias investigaciones acerca de los cientos de miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala es nulo. Y el mensaje a las fuerzas de seguridad de Guatemala es claro: business as usual... pero con un poco más de cuidado.

Bámaca: contradicciones

En los últimos cuatro años, los servicios de inteligencia estadounidenses en Guatemala enviaron a sus sedes en los Estados Unidos 40 cables sobre la situación del comandante guerrillero "Everardo" (Efraín Bámaca), capturado por el ejército en marzo de 1992. Las contradicciones entre las distintas versiones de los informantes de los servicios de inteligencia son tan notorias que es difícil distinguir entre información y desinformación. Lo demuestra este resumen de algunos de los despachos que los informantes de la CIA dentro del ejército de Guatemala enviaron a Estados Unidos:

* Everardo está en buenas condiciones, recibiendo buen cuidado por parte del ejército y está cooperando plenamente con sus captores.

* Everardo murió en un combate en el Quiché.

* Bámaca está vivo y está en una cárcel clandestina del ejército.
(Se informa que estas cárceles han existido siempre en Guatemala y que es común que los guerrilleros hechos prisioneros permanezcan en ellas incomunicados y en ellas sean interrogados y asesinados tras sacarles información útil).

* Después de ser interrogado, Bámaca fue asesinado.

* Oficiales de inteligencia del ejército llevaron a Bámaca a un lugar desconocido.

* La información de que Bámaca fue capturado vivo por el ejército es parte de una campaña de propaganda de la guerrilla. Bámaca murió en combate o poco después de ser capturado por el ejército.

* Bámaca, levemente herido en combate, fue capturado por el ejército e interrogado en Retalhuleu y luego en San Marcos. Dada su importancia, y debido a sus numerosos intentos de escapar, fue enyesado completamente para evitar su fuga. Luego de un mes de interrogatorios, fue llevado en helicóptero con destino desconocido y probable-mente arrojado al mar.

* El Coronel Julio Alpírez, el Mayor Raúl Oliva y el Coronel Leonel Godoy "trabajaron" con Bámaca luego de su captura.

* Alpírez no tuvo nada que ver con Bámaca, que fue llevado a la capital, a la inteligencia militar.

* Hay testigos que dicen que Bámaca se suicidó.

* Durante su captura, Bámaca fue visitado por altos oficiales del ejército.

* Bámaca fue ejecutado luego de ser capturado y su cuerpo fue tirado a un volcán. Otra fuente dice que su cadáver fue quemado en un cañaveral.

* El ejército mató a un ex-guerrillero y lo enterró en lugar de Bámaca para despistar a los investigadores.

* Los Coroneles Otto Pérez Molina y Héctor Mario Barrios Celada (ambos generales ahora) llevaron a Bámaca en helicóptero con destino no conocido.

* Bámaca está enterrado en un cementerio clandestino junto al destacamento de Cabañas, en San Marcos.


¿De qué se trata?

Hay varias preguntas inevitables que no fueron discutidas en el informe: ¿Qué valor tienen tantos informes contradictorios y a qué se debe esta proliferación de versiones? ¿Se trata de una campaña de desinformación de los informantes estadounidenses en Guatemala o la campaña es de los servicios de inteligencia en Estados Unidos, para desinformar a sus supervisores? ¿Qué tan valiosa es esta clase de inteligencia en el "combate contra el comunismo"? ¿Justifica un trabajo de este tipo relaciones con grupos "reprensibles e inescrupulosos"? Si el mandato de la CIA en Guatemala es también contribuir a la mejoría de los derechos humanos y al estado de derecho, ¿cuándo se va a utilizar a las fuentes de inteligencia para lograr estos objetivos?

Modernización estatal

En junio, el gobierno del Presidente Alvaro Arzú empezó a llevar a cabo su estrategia de "reconvertir, modernizar y fortalecer" el Estado, con una propuesta de ley que reemplaza la Ley del Ejecutivo y de Administración Pública promulgada hace 51 años.

El gobierno espera aprobar una docena de leyes vinculadas con la modernización estatal en lo que resta del año. Sus esfuerzos son facilitados por la mayoría absoluta que tiene el gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) en el Congreso.

En junio, el Ejecutivo logró la aprobación de una ley que restringe severamente el derecho de huelga de los trabajadores estatales. Los motivos de esta legislación laboral se aclararon después con el anuncio del Vicepresidente Luis Flores Asturias de que la "modernización" va a requerir de la "reubicación" del 15% de los trabajadores del Estado y de la desmonopolización de varios servicios públicos.

Flores Asturias tiene a su cargo la implementación del plan de reconvertir el Estado transformándolo en un Estado "subsidiario, desconcentrado y descentralizado". Como asesores en el plan, el gobierno buscó apoyo de los dos centros de estudios económicos que representan las principales corrientes de la derecha "tecnocrática" de Guatemala: la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), de donde ha salido un número importante de funcionarios para el nuevo gobierno y que propone una economía social de mercado; y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que representa a la derecha más radicalmente neoliberal. El plan incluye la incorporación de un enfoque gerencial en los ministerios de gobierno, separando las funciones del ministro (director ejecutivo) de las de un administrador (gerente). También está contemplada la des-monopolización de los servicios públicos, entre ellos las telecomunicaciones y la generación y distribución de electricidad.

Un proceso de 25 años

Nunca antes han existido en Guatemala condiciones tan favorables para un proyecto de modernización estatal. "La violencia político-militar ya no sostendrá ni derrumbará Estados - afirma la analista política Tania Palencia -. Ahora el sistema político se reordena mediante reformas mínimas, que habían sido anuladas desde 1954 por las cúpulas militares y menospreciadas por el radicalismo de la izquierda armada. Concluyó el círculo vicioso que alimentó la intransigencia ideológica."

"El Estado de Guatemala -dice Palencia- es el principal beneficiario de este largo ciclo de negociaciones de paz. Se está reconstruyendo el marco legal e institucional para propiciar el surgimiento de redes de intercomunicación entre el Estado y la sociedad, sin las cuales no se sostiene ninguna fuerza hegemónica de poder. El ejército ha dejado de ser esta fuerza de poder. Ha llegado el fin del período durante el cual se mantuvo una ruptura casi absoluta entre los militares, los grupos de poder político y los grupos de poder económico. Para Palencia, la nueva coyuntura favorece "la articulación de una nueva fuerza hegemónica de poder, interesada en refuncionalizar las bases capitalistas en que se sostiene la economía guatemalteca."

Modernización: bases

Después de seis meses en el poder, el gobierno de Arzú esta listo para empezar a ejecutar su plan de modernización del Estado alrededor de la agenda que describe Palencia. Se trata de un proceso que podría durar hasta 25 años, dice Flores Asturias. Y el PAN espera cosechar sus beneficios.

El gobierno de Arzú fundamenta su proyecto de modernización en los siguientes principios y políticas:

-Basar el nuevo papel del Estado en la subsidiaridad, la solidaridad, el fomento de la competencia y de la participación ciudadana y la excelencia administrativa.

-Reconstruir el Estado pasando de un gobierno benefactor a uno subsidiario, delegando funciones en organizaciones sociales más cercanas a la población y focalizando el gasto social en las poblaciones más necesitadas.

-Promover la descentralización de los servicios públicos y la desconcentración administrativa, fortaleciendo los niveles departamentales de gobierno, los poderes locales, la autonomía municipal y la participación de las comunidades y sus organizaciones. - Descentralizar el poder de decisión, la elaboración de políticas y la ejecución y evaluación de proyectos y obras del gobierno.

-Descentralizar los Ministerios y facilitar los trámites a quienes viven en el interior.

-Desconcentrar funcionalmente el presupuesto y el recurso humano para medirlos por resultados, eficiencia y transparencia.

-Racionalizar la estructura del empleo público, eliminando cargos innecesarios.

-Revisar la ley de servicio civil y las leyes, regulando la huelga del empleado público.

-Desmonopolizar las actividades del Estado para asegurar que se centre en sus funciones legítimas y abandonar las funciones y actividades que pueden ser mejor ejecutadas por otras instancias, bajo el principio de subsidiaridad.

-Fortalecer las instituciones y los programas dedicados a la captación de impuestos, de manera simple y efectiva.

Un Estado que no funciona

Cuando el Congreso Nacional aprobó en mayo la ley que norma las relaciones laborales en el Estado, calificando casi todos los servicios públicos como "esenciales" y eliminando así el derecho de huelga para la gran mayoría de empleados públicos, el movimiento sindical fue incapaz de convocar una manifestación en la que participaran más de 200 personas. La falta de apoyo de los trabajadores estatales; de sus compañeros, los trabajadores del sector privado, y de la población, mostró la gran debilidad en que se encuentra el movimiento sindical ante las pretensiones del gobierno.

Esa debilidad y la percepción generalizada de un Estado ocupado por trabajadores corruptos, ineficientes y arrogantes, socavan el apoyo popular a los trabajadores estatales. La falta de servicios de telecomunicación, el mal estado de las carreteras y la inexistencia de servicios de energía eléctrica en el 70% del país, pesan mucho a la hora de decidir entre la solidaridad con los trabajadores públicos y la frustración ante un Estado que no funciona. Un ejemplo: hay pendientes casi 500 mil solicitudes de teléfonos y cuando los trabajadores de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones hablan de los males de una inminente privatización de GUATEL, la reacción de la opinión pública es no creerles.

Rigoberta ¿embajadora?

En junio, una misión del FMI dio su aval al programa del gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabajan con el gobierno en la preparación de sus proyectos socio-económicos y en el fortalecimiento institucional.

El gobierno calcula que necesita por lo menos 2 mil 300 millones de dólares para poder implementar los acuerdos de paz, un proceso que es coincidente en mucho con el programa del gobierno. Hasta el momento, el gobierno tiene menos de 300 millones asegurados. El BID calcula que "con un incremento sustancial en ingresos tributarios, el inicio de un profundo programa de reformas para modernizar el Estado y la culminación de los acuerdos de paz" podrían conseguirse hasta 662 millones en préstamos para 1996-98.

Para facilitar el financiamiento internacional, fuentes gubernamentales informaron el 8 de julio que el Presidente Arzú, una vez firmado un acuerdo final de paz entre el gobierno y la URNG, piensa nombrar a Rigoberta Menchú Tum como Embajadora de la Paz. Durante los últimos meses ha sido permanente noticia el acercamiento Arzú-Menchú, aunque hasta la fecha Menchú ha negado toda participación directa con el gobierno.

Economía en letargo

Mientras las condiciones políticas para una paz firme y duradera se consolidan, la situación económica se perfila cada vez más precaria. Durante el primer trimestre de 1996, la economía mostró señales de agotamiento, con una tasa de crecimiento que apenas alcanza a la tasa de crecimiento poblacional.

La producción industrial se está desacelerando notablemente, y la falta de incentivos para la producción de granos básicos ha desembocado en una reducción de los volúmenes de producción de maíz, frijol y arroz. El éxodo de inversionistas extranjeros hacia México y el cierre de numerosas fábricas maquiladoras durante 1995 está empezando a incidir en el empleo urbano y en los ingresos de divisas al país. Y la apertura de la economía en los últimos años ha provocado un déficit en la balanza comercial que sobrepasa los mil millones de dólares, desbalance que, de acuerdo con el BID, es "insoportable".

El sector que sigue mostrando fuerza es el de la agroexportación, como resultado de la demanda internacional de productos no-tradicionales y también de los tradicionales: azúcar, bananos y cardamomo.

Los analistas atribuyen en parte el letargo económico a la inestabilidad política causada por un proceso de paz que se prolonga demasiado y por el dramático aumento de la delincuencia, con multiplicados secuestros, atracos y asaltos. El Presidente del Comité de Asociaciones de Comercio, Industria y Finanzas (CASCIF) informó que 140 empresarios fueron secuestrados en los últimos meses. Por otra parte, la tasas de interés, superiores al 20% anual, hacen inaccesible el crédito para la mayoría de las inversiones productivas.

¿Cuál ajuste?

Durante más de una década de gobiernos civiles, los precios de los productos básicos han sido liberados y las tarifas de importación reducidas, los salarios reales han sido carcomidos por la inflación y la producción para la exportación ha recibido un trato prioritario en relación con la producción para el mercado local.

Aunque los tres últimos gobiernos han aumentado sus incentivos a la inversión privada y han mostrado una negligencia sistemática ante las empresas que violan los derechos laborales de sus empleados, las nuevas inversiones de largo plazo han sido escasas. A la par, se ha incrementado la tendencia a invertir en los circuitos especulativos de bienes raíces, en la construcción de centros comerciales o en inversiones financieras de corto plazo.

Según los críticos de las políticas de ajuste estructural el nudo del problema está claro: "El pueblo está pagando el precio del ajuste, pero nada se ha ajustado".

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