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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 172 | Julio 1996
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México

Una guerra frontal y no aclarada

¿Qué revelan las crecientes violaciones de los derechos de los mexicanos? ¿Un plan de contrainsurgencia dogmático? Una estructura de poder -la de los caciques- fuera de control y de sanciones? ¿La inercia de instituciones formadas en el autoritarismo? ¿El fatalismo del modelo neoliberal, que no tiene respuestas sociales?

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

A comienzos de julio, apareció en el Estado de Guerrero un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario. El estereotipado discurso populista del EPR y su flamante equipo militar abrieron sospechas sobre su origen. Hay razones de sobra para que estalle la insurgencia en Guerrero. También hay razones para pensar en una "guerrilla" fabricada por la línea dura del Partido-Estado, que quiere resolver con formas cada vez más autoritarias la grave crisis en la que se ve envuelta hoy la sociedad mexicana.

Coinciden tres crisis

No obstante su fracaso, el gobierno mexicano se mantiene fiel a un modelo económico que ofrece a los mexicanos sólo "más de lo mismo". El grupo en el poder conduce la economía con subordinación a los preceptos neoliberales, ciego ante la realidad y ante la demanda de miles de ciudadanos que viven - o sobreviven - una de las peores crisis que han conocido. El país se encuentra en el límite, sin que haya lugar para un término medio. O despegamos o nos hundimos en el desplome económico y financiero, el estallido social y la ingobernabilidad. Se dice que 1994 fue el año de la crisis política, 1995 el año de la crisis económica y que 1996 será el año de la crisis social. Según la politóloga Rosalbina Garabito, desde 1929 no había coincidido en México la crisis económica, con la política y social.

La apuesta del Presidente Zedillo es clara: a partir de 1996 la economía debe crecer a un ritmo del 3% con una inflación del 20.5%, aunque sin mejorar la distribución del ingreso. Ante el riesgo electoral de 1997, los costos sociales y políticos de esta apuesta, dentro de un modelo defendido oficialmente con un optimismo desbordado, podrían volverse impagables.

1996 está siendo un año violento. El número de hechos represivos registrados por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" sólo durante el primer trimestre -61 en enero, 34 en febrero y 42 en marzo- indica que, pese a que la sociedad denuncia cada vez con más fuerza y recursos las violaciones a sus derechos humanos, la represión se mantiene sostenida y con un alto nivel de frecuencia, en un escenario donde la impunidad actúa como mecanismo fundamental.

El caso de Guerrero es paradigmático. En este Estado, a pesar del escándalo nacional e internacional que provocó la matanza de 17 campesinos a manos de policías en Aguas Blancas, la violencia política que la causó no se detiene. Como si nada hubiera ocurrido se han seguido presentando homicidios políticos y agresiones impunes contra personas y organizaciones políticas y sociales. ¿Qué revela esta realidad? ¿Un plan de contrainsurgencia dogmática que se instrumenta y va adelante, pase lo que pase? ¿Una estructura represora de poder caciquil fuera de todo control y posibilidad de sanción social? ¿Inercia de las instituciones, que por estar formadas en un autoritarismo acendrado, no aceptan la novedad de una sociedad cada vez más exigente y crítica? ¿Fatalismo neoliberal que llama a los tanques ante el fracaso y la extinción de toda política social?

Detener para intimidar

El Distrito Federal, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz encabezan la lista de lugares con mayor incidencia represiva. Son Estados que, por la creciente desigualdad económica, el alto nivel de conflictividad y polarización social que ésta acarrea, la relevante participación social y política de miles de ciudadanos, y la posibilidad de expresión organizada o espontánea del descontento social, se están convirtiendo en enclaves geopolíticos donde se pone en marcha el esquema de seguridad nacional y contrainsurgencia que ha asumido el gobierno.

Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los gobernantes de estas entidades -las que presentan mayores violaciones a los derechos humanos, a excepción del DF-, "han mostrado incumplimiento negligente" o "parcial" de las recomendaciones emitidas por esta institución.

37 homicidios políticos en tres meses - 19 de ellos en Guerrero - son un saldo preocupante en un país cuyo gobierno se proclama democrático y promotor de la paz. Por ejercer la represión directa, por permitir el impune actuar de fuerzas de seguridad o pistoleros a sueldo, por favorecer el clima de violencia en un Estado como Guerrero, o estrategias de guerra de baja intensidad en una entidad como Chiapas, el Estado mexicano es responsable de las vidas humanas que se vienen cortando cruentamente.

Además de los homicidios, se registraron en estos meses 5 atentados (homicidios frustrados) contra personas que, por su actividad social o política, cuestionan o confrontan los intereses del status quo. Es el caso del hostigamiento contra los indígenas de Mazatlán Villa de las Flores, en Oaxaca, o la agresión sufrida el 26 de marzo por Gina Batista, reportera y conductora de noticias del Canal 40, cuyo auto fue baleado en una calle del DF.

En febrero contabilizamos 125 detenciones, considerando las detenciones masivas que se produjeron en los desalojos de los militantes del PRD que realizaron bloqueos a los pozos petroleros de PEMEX, como parte del conflicto político-ecológico que se vive en Tabasco. Pero en marzo hubo casi el mismo número de detenciones individuales por motivos políticos. Esto indica que en el país se está dando un incremento importante en el número de hechos en los que se detiene a la víctima, como forma de inhibir y afectar la movilización social. El régimen pretende penalizar al disidente, fabricando culpabilidades y obligando a sustituir las originales demandas sociales, políticas o económicas por demandas de tipo penal a favor de los afectados: liberación de presos, correcta administración de justicia, etc. También se da un número elevado de hechos en los que se agrede directamente a las víctimas provocándoles daños físicos.

Amenazar para paralizar

La amenaza de muerte es otra forma de presión que se está privilegiando. Son relevantes los casos de amenazas a defensores de derechos humanos o a dirigentes de organizaciones sociales, como la Coordinación de Solidaridad con las Luchas Alternativas.

Quienes recurren al expediente de la amenaza personal saben de los nefastos efectos sicológicos que produce en la víctima. Además del temor de perder efectivamente la vida, de la inquietud que genera sentirse perseguido o vigilado, el individuo amenazado se percibe vulnerable, vive en un exacerbado estado de alerta sin posibilidad de descanso, y desarrolla sentimientos de impotencia y culpa, perdiendo control sobre su propia vida, alterándose así su sentido de la realidad, que se transforma en un todo confuso y amenazante. El estilo de vida y la dinámica de las relaciones interpersonales y familiares también sufre alteraciones.

Como consecuencia, la víctima llega a cuestionarse su permanencia en el proyecto social de lucha. Y es que el objetivo de una amenaza de muerte es ése precisamente: intimidar, desgastar y paralizar al individuo. En todos los casos de amenazas, el agresor se esconde en el anonimato y quizá goza del apoyo de las autoridades, lo que hace casi imposible la investigación y sanción en este tipo de agresión.

Otro recurso con efectos parecidos al de la amenaza de muerte es el del hostigamiento. El aparato represivo que opera en México con diversas facetas -caciquismo local, inteligencia oficial, grupos de choque o paramilitares, seguridad nacional, etc.- hace abundante uso del hostigamiento contra personas y grupos críticos o disidentes. Algunos casos recientes son los de los sacerdotes jesuitas Javier Avila y Ricardo Robles, quienes participaron como asesores en los diálogos de paz en Chiapas; el de las viudas y testigos en el caso de Aguas Blancas, Guerrero; el de algunos poblados indígenas, campamentos civiles y observadores extranjeros en Chiapas, intimidados por militares; o el de los indígenas de Mazatlán Villa de las Flores, que defienden el derecho a elegir libremente a sus autoridades.

Un saldo trágico

Sólo en el primer trimestre de 1996 el saldo de la represión es bastante significativo: 277 detenciones por motivos políticos o abuso policial; 137 agresiones individuales; 37 homicidios políticos; 42 desalojos de predios o inmuebles; 30 actos de hostigamiento contra personas y grupos; 15 casos de tortura; 15 amenazas de muerte contra luchadores sociales; 13 secuestros por presuntos motivos políticos; 10 violaciones sexuales por presuntos motivos políticos; 5 atentados.

La violación sexual está siendo usada como instrumento político de represión e intimidación social, especialmente en Chiapas. Podría ser éste también el caso de seis turistas vejadas el 1 de mayo en Acapulco.

El desalojo es un instrumento de represión cada vez más frecuentemente empleado en México. En estos casos, las corporaciones policiales preventivas y judiciales - en ocasiones apoyando a guardias blancas - son usadas como grupos de choque contra plantones, tomas de predios o de inmuebles, medidas que en la mayoría de los casos deciden las organizaciones sociales después de haber agotado las instancias cívicas, las ventanillas y los trámites.

La crisis económica ha dado lugar a continuas manifestaciones y demandas de la sociedad, exigiendo un cambio en el modelo económico que aplica el actual gobierno, demandas que se expresan en "mejor salario", "precios bajos", "no a la usura"... La autoridad responde cada vez más represivamente a estas demandas. El mejor ejemplo es el acoso y hostigamiento - que incluso llega a demandas penales - contra dirigentes del movimiento de deudores El Barzón.

Chiapas y Tabasco

En México el campo de la confrontación política incluye varias expresiones, además de los conflictos relacionados con las luchas de poder por vías electorales. En Chiapas, es posible leer los hechos que se suceden día a día como parte de la guerra de baja intensidad que allí se desarrolla con un objetivo no sólo militar -ganar una guerra- sino con importantes objetivos políticos. En Tabasco, los bloqueos a los pozos petroleros que realizaron campesinos perredistas puso bajo la luz de los reflectores el drama ecológico que provoca la actividad de la paraestatal PEMEX. También quedó claro que esta lucha se da en los límites de la pugna política en el Estado, en la que el PRD ha sido protagonista fundamental. Por esto, la represión alcanza en Chiapas o en Tabasco niveles mucho mayores.

Romper la barrera

Los policías preventivos y los judiciales estatales aparecen como los agentes más represivos. Quienes más frecuentemente pasan por encima de la ley y los derechos humanos, son precisamente los encargados de velar por su cumplimiento. En el Distrito Federal se han constatado "operativos" de grupos policíacos anticonstitucionales que actúan con impunidad, que adoptan nombres como "Zorros" o "Jaguares", y que han vuelto práctica común la detención de "sospechosos".

En lo que se refiere a los afectados, la violencia rural y la intolerancia política son causas primordiales en un gran número de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Sobresale la violencia contra indígenas y campesinos. La organización comunitaria "amenaza" los espacios de control de los caciques priístas, que no tardan en acudir a la represión y a las armas para defender sus espacios de poder tradicionales. Con frecuencia, las acciones violentas de estos caciques - que usan grupos paramilitares o guardias blancas - son apoyadas por miembros de la seguridad pública.

El respeto a los derechos humanos, su defensa y promoción, no se produce en México porque existan garantías constitucionales que los consagren ni por las obligaciones internacionales que haya asumido el Estado mexicano. A pesar de que nuestra legislación es rica en normas que los protegen, los derechos humanos de los mexicanos merecen una mínima atención por parte de las autoridades. Sólo cuando la barrera de la desinformación se rompe y la opinión pública nacional -y sobre todo, la internacional- resulta impactada por algún hecho en que estos derechos son conculcados, las autoridades ponen algo más de atención.

La norma es la impunidad. En la mayoría de los casos, las violaciones a los derechos humanos quedan impunes. Aún los casos -pocos- contundentemente documentados, aquellos en los que es posible presentar evidencias claras de responsabilidad, sólo se resuelven -cuando se resuelven- después de un enorme esfuerzo de presión social.

Hacia un Estado policíaco

Por encima de los derechos humanos -aunque según su propio discurso, en aras de defenderlos- el grupo en el gobierno lleva adelante su modelo económico y político. Una de las piezas de este modelo es la reducción, legalizada, de las garantías individuales a través de nuevas medidas de control político y de represión. Se pretende así lograr la estabilidad por las vías de la represión y el control social y no modificando a fondo el modelo, como la sociedad exige. Así es el neoliberalismo: no sabe crear riqueza y no sabe repartirla para conseguir estabilidad. Basta ver las propuestas de ley para el ámbito de la seguridad pública que está haciendo el Ejecutivo.

La serie de restricciones a las garantías individuales, propuestas en la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada busca avalar jurídicamente la represión. Salta a la vista una estrategia de contención del descontento social y de represión de los opositores al régimen, que parece estar coordinada por instancias bien definidas, pero que no tienen - o no tenían - ninguna base jurídica.

Este aparato de inteligencia y de coordinación nacional guarda cierta semejanza, en sus planteamientos teóricos y operativos, con lo que hace 20 años proponía la Doctrina de Seguridad Nacional que asumieron y practicaron las dictaduras militares del Cono Sur y de Centroamérica y que hace equivalente la seguridad a la seguridad de un gobierno y no a la seguridad de toda la nación y de todos sus ciudadanos.

La estrategia de guerra de bajo perfil en Chiapas, con sus diferentes aristas - contención y avance militar sobre la zona de conflicto, acciones de hostigamiento y terrorismo contra comunidades indígenas, promoción de guardias blancas y grupos militares como el de los tristemente famosos "Chinchulines", persecución contra simpatizantes o asesores zapatistas, hostigamiento contra extranjeros, contra el obispo Samuel Ruiz y contra ONGs, etc. - tiene hebras trenzadas sutilmente con los violentos operativos policiales que se vienen desarrollando en la ciudad de México, con el espionaje político, con los asesinatos de disidentes en Guerrero y con la militarización, tanto de zonas indígenas como de las instancias civiles responsables de la seguridad pública en el país.

Ya no es posible pensar que todos estos hechos estén desvinculados. En agosto/95, el director del Centro Prodh, David Fernández, fue amenazado de muerte precisamente por denunciar estos nexos. Alguna verdad fue dicha entonces, y las luces iluminaron el escenario "antes de tiempo". Es decir, antes de que el régimen hubiera montado una creíble justificación: defenderse de una delincuencia organizada de gigantescas dimensiones. El primer trimestre de 1996 ha sido el período de la autojustificación pública del régimen, que pretende endurecer sus estructuras estableciendo las bases de un Estado policíaco.

Pasos bien calculados

Los pasos han sido coherentes. Ya en abril/94, ante el fracaso de las primeras negociaciones de paz en Chiapas, el gobierno decretó la creación de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, dependiente de la Presidencia de la República. Se estableció entonces que participarían en esa Coordinación las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, y el Departamento del Distrito Federal. Estas instituciones deberían establecer la coordinación necesaria con la Procuraduría General de Justicia del D.F. y con las entidades federativas para desarrollar "las acciones en materia de seguridad pública que determine el Ejecutivo federal".

En noviembre/95, la Cámara de Diputados aprobó - con los votos en contra de los parlamentarios del PRD - la Ley General de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En marzo/96, el Secretario de Gobernación instaló el Consejo Nacional de Seguridad Pública, indicando que es una instancia de coordinación entre federación, estados y municipios para prevenir delitos y perseguir el crimen organizado. Con la instalación de este Consejo culmina la etapa iniciada en abril de 1994 y se cumple una de las intenciones que desde el principio se había planteado el gobierno de Ernesto Zedillo, criticada en diversas ocasiones por la opinión pública. Este nuevo organismo combinará acciones policiales con labores de inteligencia política y militar.

El papel que desarrolla en el conflicto chiapaneco, en el combate contra el narcotráfico, en la adquisición de equipo y armamento, en la reconceptualización de la Seguridad Nacional y el aval que en marzo/96 le dio la Suprema Corte para participar en el ámbito de la seguridad pública, otorgan hoy al Ejército mexicano un máximo peso político. Se pretende convertir-lo en el factor que garantice estabilidad en el marco de la crisis económica, política y social que vivimos.

Varias cosas claras

Varias cosas van quedando claras:

La tesis de un Presidente "acosado" sólo ha servido para sobredimensionar a los cacicazgos locales (Tabasco, Guerrero, Puebla, Sonora, Morelos etc.) y para crear un vacío de poder y la sensación de pérdida del rumbo nacional.

La sombra del Ejército se siente cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida nacional.

La impunidad no sólo existe, sino que tiene mecanismos muy afinados. En el sonado caso del crimen de Aguas Blancas, Guerrero, se tuvo que recurrir por primera vez en 50 años a la Suprema Corte de Justicia para que investigara la violación de las garantías constitucionales y los derechos humanos.

La Procuraduría General presiona al Poder Judicial en un afán persecutorio que quiebra severamente al Estado de Derecho, como se vio en los procesos contra los dos presuntos zapatistas presos, liberados en mayo.

Ante lo anticonstitucional de sus acciones - venta de las petroquímicas, reducción de garantías individuales-, el gobierno promueve modificaciones de la Constitución para poder hacer lo que la ley le prohibía.

¿Qué pasa en Chiapas?

Del 18 al 22 de junio, 23 personas -laicos, religiosos y religiosas- visitaron distintos municipios de los altos de Chiapas para constatar lo que allí ocurre. Constataron que en el norte de Chiapas se desató una significativa situación de violencia.

Estos son fragmentos del informe del jesuita Omar David Gutiérrez, uno de los participantes en esta misión.

"Martes 18 de junio, 10 de la noche. Tocan a la puerta de la casa de la Parroquia de San Agustín, en Tila. Uno de los jóvenes indígenas que allí vive se acerca cautelosamente y pregunta, con el oído en la puerta, quién es. Abre y entra Julián, indígena ch'ol encargado del dispensario médico, quien quiere explicarle al padre Heriberto Cruz, el párroco, que su tardanza obedeció a la necesidad de hacer un gran rodeo desde la comunidad de donde venía para llegar. Hay una zona, principalmente por El Limar, por la que no se puede pasar.

Heriberto no nos ha podido atender desde que llegamos. Tenía una reunión en la que, junto con otros párrocos y una religiosa benedictina, analizaban la situación. Desde hace tiempo -nos comentan después- ha habido secuestros, asesinatos, quemas de casas... Ahora la violencia se ha recrudecido.

Ya entrada la noche, Heriberto nos explica que tiene que salir unos días, pero que es bueno que nos quedemos en la parroquia: es necesario que en el pueblo se sepa que hay gente de fuera, así hay menos posibilidad de que la iglesia sea atacada. Hace un año balacearon al padre y echaron bombas molotov en el atrio. En otra ocasión, los priístas organizaron una marcha con niños y adultos para demandar "paz" y llegaron a la iglesia a protestar contra "el agitador" padre Heriberto. Varios atacaron la iglesia. Desde entonces procuran tener cerrado el atrio.

Frente a la parroquia vive el diputado que ha dado armas a los priístas del grupo "Paz y Justicia". Heriberto nos dice que ni siquiera puede visitar todas sus comunidades. A veces los mismos pobladores le dicen que no llegue, por la seguridad de él y también por la de ellos.

Guerra vs. la Iglesia

El profesor Ramón Sánchez Pérez, director de una escuela primaria, es "ministro" de la parroquia, pre-diácono ordenado por el Tatic, Don Samuel Ruiz, y miembro de las comunidades eclesiales de base. Antes, éstas estaban bien organizadas y tenían muchos miembros, pero desde que las cosas se pusieron difíciles, han ido disminuyendo: unos porque se han vuelto contrarios, otros por miedo a la calumnia y al desprestigio de que son objeto los cercanos a Heriberto y al obispo Don Samuel."Sí, tenemos miedo, yo estoy amenazado, incomprendido por mis colegas maestros. La pared de mi casa está pintarrajeada con acusaciones. Pero nos fortalece la Biblia, especialmente el Apocalipsis y los Salmos que nos dicen: `No tengan miedo", dice Ramón. Y sonríe.

Es una guerra no declarada la que vive hoy la Iglesia -ministros mayordomos, catequistas, religiosas, sacerdotes- en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El dominico Raúl Vera es el nuevo obispo "en funciones" de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El Tatic Samuel Ruiz sigue también allí, como obispo "titular", aunque despojado de todo gobierno.

"Dios me pedirá cuentas"

El padre Gustavo Andrade, Vicario de Pastoral de la diócesis, nos dice que no entiende cómo el obispo Vera ha cambiado tanto en el poco tiempo que lleva allí: "Hombre abierto, honesto, es un obispo presionado tanto por la jerarquía eclesiástica como por el gobierno, que esperan mucho de él. Empezó cuestionando el trabajo de la diócesis, acosado por los enemigos de ella. Pero es un hombre inteligente. En ocasiones llegó a preguntar cuánto era aceptado entre la gente de la diócesis y se fue convenciendo de que, para no quedarse solo, tenía que entrar en ese mundo al que llegaba. Se ha ido dando cuenta de la guerra sucia que se vive en el Estado.

Una vez, unos indígenas le presentaron un sociodrama sobre la guerra de baja intensidad que están sufriendo. El obispo se conmovió y llegó a repetir las palabras de su hermano de Orden, Fray Bartolomé de las Casas: `Dios me pedirá cuentas de lo que calle'". "Es muy cariñoso con los indígenas -concluye Andrade-. En una visita comenzó a abrazar a todos y a besar a los niños y mujeres. Le dijimos a algunos indígenas que ellos mismos le dijeran que no se molestara en saludarlos a todos, por el poco tiempo. Pero nos respondieron: `Es su modo, déjenlo'". "Si los demás obispos y autoridades eclesiásticas vinieran a ver la vida de estos pueblos y la situación que impera, como lo ha hecho Don Raúl, tendrían otra opinión de la diócesis y de Don Samuel", opina una religiosa.

Bachajón: pueblo muerto

Para Felipe Toussaint, Vicario General de la diócesis,fue muy significativo que el 21 de junio Vera consagrara diáconos indígenas en Bachajón, al lado de Don Samuel Ruiz, en un acto típico de la Iglesia autóctona de San Cristóbal de las Casas.

El 5 de mayo, en Bachajón, murieron en un enfrentamiento seis personas, y los jesuitas -que trabajan allí desde 1958 y tienen en Bachajón una comunidad de once misioneros- fueron amenazados de muerte por el grupo paramilitar "Los Chinchulines", identificado con el PRI.

El 24 de mayo, unas tres semanas después de los hechos sangrientos, el asistente del Provincial de los jesuitas mexicanos, Pedro Arriaga, denunció en una rueda de prensa que existe"un clima de persecución contra los religiosos en Chiapas". Y dio una voz de alarma: "Que no vaya a suceder lo que en El Salvador".

"Hay indignación y preocupación por los hechos de Bachajón . Desde los tiempos del Presidente Plutarco Elías Calles (1920-24), cuando se dio la guerra religiosa, la comunidad jesuita en México no había sido tan amenazada", dijo y advirtió que ha informado al Vaticano y al Congreso de Estados Unidos de la actividad de los grupos paramilitares, que actúan a la sombra del gobierno del PRI en Chiapas.

Uno de los jesuitas amenazados de muerte, José Avila, comentó que en Bachajón "prevalece la desolación; es un pueblo muerto donde no hay habitantes". Avila comentó que desde el enfrentamiento del 5 de mayo han abandonado el pueblo 800 personas y han sido detenidas 24, aunque ningún integrante del grupo "Los Chinchulines". "Estos cometen atropellos y las autoridades no intervienen. El gobierno de Chiapas actúa con negligencia, irresponsabilidad o connivencia y si el gobierno no toma conciencia, el pueblo va a tomar la justicia por su propia mano", advirtió.

"Han perdido el control"

"La doctrina de guerra de baja intensidad se está aplicando: destruir las bases, tanto eclesiales como partidistas y de cualquier tipo de oposición civil. En realidad, el gobierno no entiende qué pasa, su información es irreal, distante, pero su guerra es frontal, destructora de la fe, de la cultura, de la comunidad. Los intereses locales llegan a tener estrategias paralelas a la estrategia federal y esto complica aún más las cosas. Mucho de lo que pasa es por haber perdido el control, por írseles de las manos situaciones como la de los guardias blancas, algo inducido, pero hoy incotrolable", afirma el dominico Fray Gonzalo Ituarte, Vicario de Justicia y Paz en San Cristóbal.

La diócesis hace su mayor esfuerzo, pero la realidad los rebasa. Requieren de la gente de fuera. Que informen desde sus lugares, que conozcan más sistemáticamente lo que sucede en Chiapas, que propicien la participación de instancias nacionales e internacionales para defender la vida de estos pueblos amenazados.

La región norte, más insegura que la misma zona de los campamentos del Ejército y del EZLN, ha sido escenario de una violencia sistemática. Habla el Equipo Vicarial: "La situación se va deteriorando, especialmente en los municipios de Tila, Yajalón, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Chilón, Simojovel y Huitupán. Ahora no solo vemos que se ataca a los párrocos, sino que se agrede a los fieles y especialmente a los ministros.

Es muy larga la lista de ataques en contra de catequistas y ministros de la Iglesia: cierres de templos, destrucción de ermitas, acusaciones en la radio del Estado y en otros medios de comunicación, así como ofensas en la calle y dentro de los templos. Todo esto siempre con la falsa identificación de que católico es igual a enemigo del gobierno".

Iglesia de catacumbas

"Las notas periodísticas son sólo una muestra de lo que sucede, son un pequeño reflejo de la grave situación que se vive. Las palabras de nuestros hermanos, que vienen a la Curia y al Centro de Derechos Humanos, son una gran seña de las angustias, temores, amenazas y privaciones que están pasando cientos de personas..."

En los ocho días que estuvimos en la región, 14 personas fueron asesinadas, quedando varios heridos y familias desplazadas de sus lugares. La Iglesia resiste, como en la época de los primeros cristianos, una guerra no declarada. Pero en estas catacumbas chiapanecas resplandece, oculta pero luminosa, la esperanza.

Esperanza que es un llamado a la Iglesia de México y a la Iglesia Universal y un llamado también a la sociedad civil para que tome el lugar que le corresponde en este momento de la historia mexicana".

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