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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 172 | Julio 1996
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Nicaragua

Promesas van, promesas vienen

Promesas de la comunidad internacional. ¿En qué medida condicionan al próximo gobierno? Promesas de los candidatos. ¿Son viables, son realistas? Las elecciones inician su recta final.

Equipo Nitlápan-Envío

"Estoy aquí con ustedes no sólo para agradecerles personalmente su interés y colaboración con mi gobierno y con el pueblo de Nicaragua durante estos seis años, sino también para solicitarles especialmente su apoyo sin interrupción para que Nicaragua siga gozando de la misma atención que sus países nos han brindado durante mi período de transición. Nos vamos a volver a ver pronto. Cuando yo termine mi trabajo, aquí estaré algún día tocando las puertas para que le sigan ayudando a Nicaragua. Que Dios me los bendiga". Siguió una ovación al discurso de la Presidenta de Nicaragua, que en una versión más fiel a su estilo les había dicho antes: "Muchachos, si me abandonan, ¡se hunde el barco!"


Pendientes de otras promesas

Seis meses antes de entregar la banda presidencial, Violeta Chamorro se despedía de la Comunidad de Donantes, reunida en Washington, tras presentarles una evaluación de su gestión al frente del gobierno. El resultado de la reunión fue positivo: los Donantes se comprometieron a otorgar a Nicaragua 1 mil 800 millones de dólares en tres años: 1996-98.

La promesa multimillonaria de la comunidad internacional no tuvo el eco de anteriores y similares ocasiones en los medios masivos y en la opinión pública. Para buena parte de los nicaragüenses, la noticia pasó casi desapercibida. Los políticos apenas la comentaron. En esos días vivían pendientes de las impugnaciones que se hacían a varios candidatos presidenciales o empezaban a sacar cuentas sobre cuánto dinero les asignó el Consejo Supremo Electoral para sus campañas. O estaban ya metidos de lleno en esas campañas. El agitado ambiente electoral, cada vez más caldeado y saturado de denuncias, señalamientos, golpes altos o bajos, absorbe todas las atenciones. Los aires comienzan también a saturarse de promesas. Y las promesas nacionales encuentran hoy oídos más ávidos que las promesas internacionales.

¿Cuáles de estas promesas electorales son realmente viables, posibles, realistas? ¿Cuáles serían los márgenes de maniobra para concretarlas, dentro de los límites que imponen promesas y acuerdos de los donantes internacionales, que comprometen ya al próximo gobierno? No es éste el único interrogante que pesa sobre el proceso electoral. Hay muchos otros.

Proceso de verificación

En vísperas de dar inicio oficial a la campaña electoral (2 de agosto), en la que participan más de 40 partidos y 50 asociaciones de suscripción popular -que buscan el voto para autoridades municipales-, el proceso electoral continúa cercado de incertidumbres.

Desde hace varios meses, y con voz firme y segura, los más altos funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) han señalado la trascendencia que tienen los variados aspectos técnicos que implica el garantizar que las elecciones sean transparentes y honestas. Estos aspectos no son considerados por muchos políticos con el mismo grado de importancia.

En junio se dieron dos trascendentales pasos técnicos para la confección del padrón electoral, columna vertebral de toda elección: la verificación y la inscripción ad hoc.

Los ciudadanos que en 119 municipios han solicitado -desde febrero- su cédula de identidad con la que poder votar en octubre, acudieron durante 10 días a verificar si su nombre y sus datos aparecían correctamente en las listas ya elaboradas por el CSE y a partir de las cuales se confeccionará el padrón definitivo. Y en 26 municipios rurales en los que, especialmente por la inestabilidad provocada por los rearmados, no se pudo llevar a cabo el proceso de solicitud de cédula, los ciudadanos acudieron durante tres fines de semana a inscribirse para poder votar en octubre.

Sin que el CSE haya presentado un informe cuantitativo sobre el resultado de ambos procesos, se dieron a conocer algunos datos. Se calcula que un 25% de quienes han solicitado la cédula no acudieron a verificarse en esas fechas. Se decidió que el proceso quedara abierto indefinidamente. No hay cálculo sobre los que sí acudieron y no encontraron sus nombres en las listas. O sobre los que hallaron errores en sus datos personales. El CSE estaría rectificando todos estos fallos o llenando estos vacíos, mientras continúa insistiendo en la convocatoria a solicitar la cédula, pues se calcula que son muchos (¿cuántos?) los ciudadanos que por desinterés o inercia no la han solicitado aún. Y si viven en estos 119 municipios cedulados, no podrán ejercer su derecho al voto si no tienen cédula.

¿Qué puede significar esto? ¿Se rectificará todo a tiempo y estarán listas las cédulas o, en su defecto, los documentos supletorios, para el 20 de octubre? ¿Se incrementará finalmente la abstención, más que por razones de indecisión política por razones de tipo técnico?

Proceso de inscripción

En el proceso de inscripción ad hoc en los 26 municipios "inseguros", "se superó ampliamente -según el CSE- las expectativas de orden, tranquilidad, organización y número de ciudadanos inscritos."

El CSE calcula que -en números redondos- 348 mil pobladores de estas zonas rurales acudieron a inscribirse, en algunos lugares a pesar de las amenazas, que no faltaron, de las bandas de rearmados. Es difícil calcular un por ciento aproximado de los que no acudieron, ya que la sorpresa -anunciada por algunos- fue que los datos del censo realizado en 1995 -después de 23 años sin censo nacional- no se correspondían con la realidad. Llegaron a inscribirse muchísimas más personas que las que oficialmente tenía registrado unos meses antes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los márgenes de error serían de un 25%. En algún municipio llegaron hasta un 75%. El director del INEC durante la realización del censo fue señalado por corrupción al concluir éste, en un caso en el que, como en tantos otros, nunca llegó a hacerse la luz ni a aplicarse ninguna sanción.

¿Habrá también errores de subregistro en las cifras aportadas por el INEC para el resto de municipios del país? ¿Qué margen de error? ¿El CSE habrá hecho sus cálculos en base a datos no fiables? De hecho, lo ha dado ya a entender la Presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, al hacer modificaciones en el presupuesto electoral -se aumentará en más de 800 el número de juntas receptoras de votos-, en base a los datos de la realidad, que superan a los del INEC.

¿Qué consecuencias pueden tener estas cifras contradictorias a la hora de los resultados electorales y sobre todo, a la hora de la aceptación o no de éstos por quienes sean perdedores?

"El problema no es el fraude"

La realidad es que el CSE -forzado a una completa reestructuración, con el cambio de sus autoridades departamentales en pleno proceso electoral, por causa de la nueva Ley Electoral, que nunca se reformó, cambio que ha causado una lluvia de inconformidades en los partidos y un aguacero de problemas técnicos- está además trabajando contra el tiempo y contra un presupuesto restringido, y del que al cumplirse la fecha en que el CSE debe entregar, por ley, el 15% a los partidos para que hagan su campaña, aún se desconocía el monto exacto sobre el que calcular ese porcentaje.

El proceso de cedulación ciudadana -aprobado como proyecto de Estado desde 1989- ha sido víctima de gravísimos retrasos por disputas e incoherencias políticas y ha tenido un muy débil apoyo del gobierno Chamorro en estos años. Hoy, al constatar atrasos, errores, carencias y vacíos, muchos se preguntan si no sería más rea-lista reconocerlos públicamente con humildad, posponer el voto con cédula para las primeras elecciones del próximo siglo y convocar a los nicaragüenses a inscribirse para votar en los cuatro domingos anteriores al día de las elecciones, como se hizo, con tan buenos resultados, en las elecciones de 1984 y en las de 1990. Tal vez esta sería la vía para mejor garantizar no sólo un padrón mucho más exacto sino también una participación masiva.

"El problema no es el fraude. Los problemas son de tipo técnico", ha insistido Mariano Fiallos, que renunció en febrero a la Presidencia del CSE, precisamente porque el enjambre de problemas técnicos, políticos, jurídicos y también éticos en que vio envolverse el proceso electoral, lo empujó en esa dirección.

"Hay muchos Charros"

Otra incertidumbre que rodea el proceso electoral la alienta la actividad de los rearmados que actúan en extensas zonas del Norte y también del centro del país. La mayoría de estas bandas opera en lo que el Ejército ha dado en llamar el "Triángulo Dorado", que abarca municipios de Estelí, Matagalpa y Jinotega.

La muerte de Ciriaco Palacios, "Charro", a manos del Ejército Nacional, en los días en que se iniciaba el proceso de inscripción ad hoc, dio pie para pensar que, sin el liderazgo de este personaje, varios grupos de rearmados sobre los que él influía se irían debilitando y entregarían sus armas. Algo de esto ha ocurrido, pero como señal de que el desarme o el debilitamiento no serán los resultados inmediatos, dos rearmados, "Pajarillo" y "Licenciado" tomaron el relevo del "Charro" y se dieron a conocer nacional e internacionalmente al secuestrar a más de 30 funcionarios del CSE cuando navegaban por el río Coco con material para las inscripciones.

En esos mismos días llegaba a Managua, lloroso y asustado, un adolescente que sobrevivió a la masacre que acabó con los cuatro miembros de su familia, matanza al estilo de las del "Charro", ocurrida en Kuskawás. "Los hombres del "Cadejo" (uno de los lugartenientes del "Charro" y autor de la masacre) -contó el niño- dijeron que no importa que hayan matado al Charro porque hay otros Charros que no van a dejar que se realicen las elecciones". La familia asesinada era sandinista.

A esta masacre han seguido otras, con un macabro ritmo que no cesa desde hace meses. Se informó también en esos mismos días que 60 comunidades mískitas muy aisladas, en la zona del río Coco, estarían permanentemente amenazadas por los rearmados que, en complicidad con comerciantes hondureños y nicas de la zona, les obligarían a venderles toda su producción. La denuncia de esta situación dio lugar a que se hablara hasta de una visita de la Premio Nobel Rigoberta Menchú para informarse de lo que ocurre a los indígenas mískitos. Días después, el Jefe del Ejército, General Joaquín Cuadra, confirmó que los rearmados del Norte reciben armamentos de militares hondureños, aunque dijo no creer que las Fuerzas Armadas de ese país, como institución, estuvieran involucradas en esta actividad.

¿Proselitismo armado?

Se insiste también en que en amplias zonas del Norte los rearmados desarrollan un permanente proselitismo armado, exigiendo a los campesinos el voto por los liberales de Alemán. La dispersión del voto antisandinista -son muchas las opciones antisandinistas en la boleta y hay gran confusión entre los electores, especialmente en las zonas rurales, que padecen los avances del analfabetismo- y el que muchos ex-miembros de la Resistencia le achaquen a Alemán la división del PRN, el Partido de la Resistencia, podrían explicar mejor esta forma de coacción, que ha sido denunciada reiteradamente por el FSLN.

El General Cuadra se reunió con las autoridades del CSE para asegurarles que sus hombres estarán presentes en las zonas conflictivas hasta que culmine el proceso electoral y que continuarán enfrentando militarmente a los rearmados. Cuadra restó importancia a las declaraciones de cualquiera de los "Pajarillos" que hoy buscan emular al "Charro". "No hay ningún grupo ni fuerza que sea capaz de detener la voluntad política de los nicaragüenses y eso es lo que garantiza las elecciones", declaró Cuadra.

¿Qué consecuencias tendrá esta situación de inestabilidad cuando al abrirse la campaña se multipliquen las movilizaciones de propaganda de los partidos en estas zonas difíciles? ¿Cómo influirá sobre la participación de los pobladores rurales, sobre los resultados electorales y sobre todo, sobre la aceptación de esos resultados?

En Washington, la Presidenta Chamorro habló en su informe de que entregaba un país "que ha logrado avanzar significativamente hacia la reconciliación y pacificación total", pero eso no es cierto. En algunas zonas rurales de Las Segovias, Matagalpa y Jinotega -escenarios de guerra en los 80 y donde predomina la pequeña y mediana producción agropecuaria-, la inseguridad ha venido creciendo año tras año. En estos lugares, los productores que tienen medios para producir viven cada vez más inseguros ante secuestros y extorsiones. Y los que ya no tienen ni créditos ni esperanzas, optan por estrategias de sobrevivencia, entre las que también está, como la más desesperada, el engrosar las bandas delincuenciales.

La actual convulsión en zonas rurales y la previsión de resultados nacionales con estrechas diferencias conduce a los más pesimistas a considerar que el período entre una primera y una eventual segunda vuelta -a la que todos parecen ya resignados-, o el período de transición entre las elecciones y la toma de posesión del próximo gobierno -especialmente si gana Alemán- podrían ser en algunas zonas del campo etapas de violencia incontrolada y de ajuste de cuentas.

Millones ¿a cambio de qué?

Aunque los temas políticos y electorales absorben la mayor cantidad de energías en el cuerpo nacional, los problemas económicos siguen siendo los que más lo desgastan y mantienen en estado de anemia. El país está en pleno ciclo agrícola -apenas financiado- y tiene pendientes temas de gran trascendencia para los meses que le faltan a este gobierno y sobre todo, para el que le suceda.

En este contexto, ¿en qué medida las promesas-compromisos de cooperación, atada o condicionada, hechas en junio por la comunidad internacional al actual y al próximo gobierno de Nicaragua, se relacionan o no con las promesas-compromisos que están haciendo los candidatos, tratando de ganar electores?

Los 1 mil 800 millones de dólares que llegarán a Nicaragua de aquí a 1998 -fundamentalmente para asegurar el pago de la deuda externa, para proyectos de vivienda y de inversión pública y para una ligera expansión del crédito- son un aval a la gestión Chamorro y por anticipado, un respaldo al proceso electoral y a sus resultados, que los Donantes esperan "potables". Al acordar esta cantidad, "con- vencidos que el nuevo gobierno continuará las transformaciones", éstos se sitúan ya en un horizonte de mediano plazo.

Promesas de créditos

Aunque no es exacto afirmar que estos compromisos millonarios dejan totalmente "amarrado" al próximo gobierno, y aunque lo acordado ahora y lo que se viene acordando en el marco del ESAF -caduca en junio/97 y debe ser renegociado para otros 3 años- es siempre negociable, es una realidad que diseñar, iniciar y sobre todo, lograr esa renegociación requiere de una sólida unidad nacional -¿de una victoria arrolladora?-.

Otra muy previsible realidad es que al próximo gobierno que pretenda modificar los términos de la cooperación, establecidos hasta ahora por los Donantes, le va a resultar difícil. Un gobierno con una propuesta de renegociación podría pasarse todo su primer año empantanado -y por esto, desgastado internamente- en la empresa de lograr términos más favorables para el país o para las mayorías.

Muchas de las promesas que los políticos hacen hoy a sus posibles electores -especialmente en el campo -tienen que ver con modificaciones sustanciales al espíritu y a la letra del ajuste estructural que hoy se le aplica a Nicaragua, con un diseño hecho fuera de Nicaragua.

Una amplia y muy flexible reestructuración de las deudas agrarias -incluido el cortarle la cabeza a "la Cobra"-, una masiva expansión del crédito agrícola o hasta el regreso a los créditos subsidiados son algunas de las promesas que los electores están escuchando hoy en distintos territorios. Sin llegar a extremos populistas, una asignación más flexible y equitativa del crédito para la producción agropecuaria es tema central en el discurso de los candidatos de todos los partidos en sus actos de campaña en las zonas rurales. El discurso de unos resulta una fotocopia del de los otros.

¿Es posible esto cuando ya es segura e irreversible la decisión de privatizar el estatal BANIC y cuando los organismos financieros internacionales, a la vez que plantean más crédito para pequeños y medianos productores, están determinados, contradictoriamente, a una reducción drástica del estatal BANADES, clausurando muchas de sus sucursales en el campo? ¿Cómo compaginar todo esto? Sin duda, el tema del crédito agrícola y el de su intermediación bancaria es una de las papas más calientes de cualquier próximo gobierno. Poco de esto -y de otros candentes problemas del agro- quedan claros en el programa de gobierno de la Alianza Liberal, a pesar de su refulgente título: "Diamante de la Esperanza".

Promesas de empleos

En las ciudades, el tema central de las promesas de todos los candidatos es la creación masiva de empleos. El que ha sido más concreto es el banquero Haroldo Montealegre, candidato presidencial por los liberales del PUL, que promete 500 mil empleos en sus cinco años de gobierno de resultar elegido, precisando que crearía 200 mil en el sector agropecuario, 100 mil en el industrial, especialmente de exportación, 100 mil en el sector construcción y 100 mil en el comercio-turismo.

El desempleo es el problema que más agobia a los nicaragüenses, según lo indican todas las encuestas. Y en las encuestas electorales, lo que mayoritariamente se espera del próximo gobierno es que solucione el problema del desempleo. Y a la par que son muchos los que temen el regreso al poder del FSLN "porque volvería la guerra", tienden a apoyar ese regreso "porque en aquellos años todos teníamos empleo".

El medio millón de empleos que promete Montealegre coincide con las estimaciones del gobierno. En el informe llevado a Washington, el gobierno Chamorro afirma: "Considerando los actuales niveles de la tasa de desempleo abierto de 18%, en conjunto con la presión demográfica y el elevado crecimiento de la fuerza de trabajo, el reto que actualmente enfrenta la economía nicaragüense en materia de empleo es significativo. Durante los próximos años se requerirá crear alrededor de 70 mil nuevos puestos de trabajo al año, y adicionalmente crear más de 200 mil puestos para absorber el desempleo abierto existente". La viabilidad de la promesa sobre una creación masiva de empleos en tan pocos años depende de un aumento significativo de los niveles de inversión extranjera en maquila industrial y en turismo. También depende de la ayuda externa adicional que Nicaragua pueda conseguir para bajar los intereses y expandir el crédito agropecuario y para ampliar considerablemente el programa de inversiones públicas en infraestructura productiva y social. La pregunta del millón para la promesa del medio millón sería qué es lo nuevo que ofrecería Montealegre -u otros candidatos- a los inversionistas extranjeros y a la cooperación internacional para que aumenten sus niveles de inversión y de ayuda.

Nueva Ley Tributaria

Algunas promesas electorales -y el discurso de todos los candidatos- se refieren también a una modificación en la carga de impuestos, cada vez más gravosa en un país con tanto desempleo. Estas promesas coexisten con el compromiso que el gobierno asumió con los organismos financieros internacionales para aprobar una nueva Ley Tributaria, con la que ordenar la política de impuestos, que durante estos años ha sido caótica, y además, sujeta a una aplicación discrecional del Ejecutivo.

La Ley Tributaria comprometida viene disfrazada con el nombre de Ley para el Fomento de la Estabilidad, las Inversiones y el Empleo. Muchas veces se ha afirmado que el chamorrismo ha gobernado "por decreto". Es una realidad. Desde su asunción al poder, el Ejecutivo ha emitido 364 decretos. Más significativo es que 124 de ellos, el 34%, fueron decretos relacionados con la política fiscal. La nueva ley tributaria sería la primera ley en un terreno sembrado de decretos. Y sería la primera vez que el tema de los impuestos se decidiría de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, como consecuencia de las reformas constitucionales, puestas en vigor en julio/95.

Beneficiados y perjudicados

Estancada desde hace ocho meses precisamente por eso, porque ambos poderes no logran consenso entre sí, y sin que logren tampoco el consenso de la sociedad civil -y ya con cinco versiones, las últimas fruto de negociaciones políticas-, la Ley se ha vuelto un problema de alta conflictividad que, como todos los conflictos desde hace dos años, se ha teñido con los colores de las pugnas electorales.

El Ejecutivo amenazó, como ha sido su estilo en estos años, que si la Asamblea no aprobaba la nueva Ley antes del 30 de junio -cierre del año fiscal- el país perdería no sólo millones, al no abrirse las nuevas vías de recaudación que la ley propone, sino que también dejarían de llegar a Nicaragua 160 millones de dólares de ayuda externa, comprometidos a cambio de la Ley.

Este dinero, destinado a financiar las importaciones del país en el segundo semestre de 1996 -cuando los ingresos por exportaciones se reducen al mínimo- serían, según el gobierno, las únicas divisas líquidas que entrarían al país en lo que resta del año. Más sutilmente, el Ejecutivo amenazó a los diputados con no entregarles a tiempo a sus partidos el dinero para la campaña electoral si no aprobaban la ley. A pesar de todas las amenazas y presiones, pasó la fecha presentada como plazo fatal y la ley siguió esperando.

Con la nueva ley tributaria el gobierno busca aumentar la recaudación de impuestos -necesidad imperiosa en la medida en que desciende y tiende a descender más y más la cooperación externa-. La ley pretende reducir el nivel de impuestos, pero ampliar el número de los contribuyentes. Pero la Ley podría dar un golpe de gracia a la pequeña y mediana producción industrial nacional, al hacer desaparecer las exoneraciones que aún la protegen, afectaría a los pequeños inversores que se dedican al transporte público -por la misma razón-, y dañaría severamente a las alcaldías, que verían desaparecer entre el 50 y el 70% de sus ingresos al reducirse, hasta suprimirse, el impuesto municipal.

Con la supresión de este impuesto -y de otros- la ley favorece a los comerciantes. También favorece a los asalariados al subir el techo de quienes pagan impuesto sobre la renta -sólo lo pagarán los que ganen más de 40 mil córdobas anuales-. Con la supresión de impuestos al comercio se beneficiarían también los consumidores, aunque los críticos señalan que esto no está garantizado ni aparece con suficiente claridad en el texto de la ley.

Suprimir la discrecionalidad

El otro elemento de la lógica de la ley es la ampliación del número de contribuyentes. Se lograría esto obligando a productores agropecuarios, industriales y comerciantes a pagar el impuesto sobre la renta, estableciendo para ello una renta presuntiva del 1.6% sobre sus activos. Esto explica la resistencia a la ley de los gremios, especialmente los agropecuarios. Los productores agropecuarios cuestionan también que el cálculo del impuesto va a tener en cuenta la totalidad de las tierras que poseen, estén o no siendo utilizadas, lo que significaría que por primera vez se estaría castigando a los que mantienen tierras ociosas.

La realidad es que la gran mayoría de los empresarios no pagan actualmente el impuesto sobre la renta, utilizando el artificio de declarar en quiebra sus empresas. "Este es un país de empresas quebradas y empresarios ricos", dijo en una ocasión el diputado Luis Humberto Guzmán. Según el Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, principal impulsor de la ley, sólo 9 de cada 100 córdobas de los impuestos recaudados provienen del impuesto sobre la renta, lo que implica que el pueblo está soportando una desproporcionada carga tributaria.

La otra vía para ampliar el número de contribuyentes es la supresión de exoneraciones de impuestos, lo que está fundamentalmente orientado a reducir la discrecionalidad fiscal. Pero en esto la reforma no es pareja: suprime las exoneraciones de impuestos a la pequeña industria y a las cooperativas agropecuarias y agroindustriales, pero las mantiene a la Bolsa de Valores.

¿Aprobación precipitada?

Se trata de una ley compleja y que sólo cuenta con el respaldo del sector comercial y de los grandes empresarios del COSEP. Existe la apreciación generalizada de que si bien ordenaría los impuestos, no fomentaría -como indica su nombre- ni las inversiones ni el empleo ni tampoco la estabilidad. Los 39 diputados sandinistas del FSLN, del MRS y de los otros dos grupos parlamentarios del sandinismo, están entre los más decididos opositores a una apresurada aprobación de la Ley si no se le introducen sustanciales modificaciones. Al MRS y al FSLN -que aspiran a obtener en las elecciones un significativo número de alcaldías- les preocupa particularmente la supresión del impuesto municipal. Dora María Téllez, que cuando presidió la Comisión Económica de la Asamblea, tanto abogó por una ley de ordenamiento fiscal, rechaza la actual afirmando: "Este gobierno se pone de acuerdo muy rápido con los de fuera, pero nunca acuerda las cosas con los de dentro".

Como en otras iniciativas, el Ejecutivo -hoy en retirada y por eso, más débil- presiona por la aprobación de leyes de gran importancia que no somete antes a un verdadero proceso de consulta democrática con todos los sectores sociales. Una aprobación a la carrera de una ley tan trascendental no sólo sería un paso en falso sino que contribuiría a deslegitimar la cultura tributaria, tan necesaria pero tan escasa aún en Nicaragua.

¿La última "piñata"?

El Ejecutivo prepara maletas. ¿Prepara algo más? Busca vender la imagen no sólo de que garantiza unas elecciones libres, justas y transparentes, sino también la imagen de que entregará el poder protagonizando una transición administrativa ordenada, que contrastará con el desorden de la "piñata" sandinista en la conflictiva transición de 1990.

¿Imagen o realidad? Existen señales de que el Ejecutivo -no muy seguro de que los resultados electorales beneficien los intereses de sus más connotados miembros- podría estar decidiendo dar en los últimos momentos de su gestión finales y certeros golpes a la piñata privatizadora con que se ha enriquecido en estos años.

Buscando prevenir esta fiesta de última hora, la Coordinadora de ONGs ambientalistas impulsó en la Asamblea Nacional la Ley de suspensión de tramitación de solicitudes de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación de los recursos naturales. Los legisladores la aprobaron por mayoría a mediados de junio y definieron que los "recursos naturales" a los que se refiere esta Ley son: pesca, acuicultura, recursos forestales, recursos mineros e hidrocarburos. Con la nueva ley, los ambientalistas y el Legislativo buscan también que el gobierno priorice la Ley de Pesca, la Ley Forestal y la Ley de Minería, en la que se deben establecer normas que fomenten la transparencia en las licitaciones para la explotación de estos recursos.

Pero el Ejecutivo parece preferir el terminar su gestión haciendo uso de la misma discrecionalidad con la que se ha movido durante estos años. El 3 de julio la Presidenta vetó la ley porque "limita al Ejecutivo la facultad para dirigir la economía del país". Las autoridades costeñas aparecieron también favorables al veto y opuestas a la Ley porque no contaron con ellos para elaborarla y porque "podría ahuyentar a los inversionistas".

Junto a los ambientalistas -aunque tal vez por otras razones- dio también la voz de alarma la Alianza Liberal que, en un comunicado, advierte sobre la posibilidad de una "piñata final" hecha precipitadamente y "con intereses velados" a partir del patrimonio nacional y sin la deseable información pública. Los liberales se refieren a la venta de activos o empresas del Estado, a la entrega de frecuencias de telecomunicaciones y de licencias para exploración y explotación de recursos naturales. La Alianza Liberal "exhorta con el más elevado espíritu patriótico a los actuales responsables de las áreas estatales pertinentes a que analicen con prudencia y responsabilidad" la situación. Y les piden que "la facultad decisoria y definitiva sea diferida razonablemente, transfiriéndola a los nuevos responsables que asumirán la conducción del Estado a partir del próximo 10 de enero". Basándose en las encuestas, están ciertos de que serán los liberales alemanistas.

Crisis por entregas

El proceso electoral ha vivido desde su gestación cercado por la incertidumbre derivada de la inhibición constitucional que afectaba la candidatura presidencial de Antonio Lacayo, dentro del partido por él fundado, el Proyecto Nacional (PRONAL). El 5 de julio, el Consejo Supremo Electoral se pronunció por fin sobre un asunto cuyos altibajos fueron seguidos con pasión expectante por la clase política y con creciente curiosidad por la opinión pública.

El capítulo final de esta "crisis por entregas", como en una telenovela, podía tener dos desenlaces: o el Consejo Supremo Electoral se guiaba por las leyes y aplicaba a Lacayo las inhibiciones constitucionales. O se guiaba por consideraciones políticas y con un arreglo por debajo de la mesa y "por la paz y la estabilidad", lo dejaba participar. Lacayo es muy influyente, ha acumulado mucho poder y hasta el último momento amenazó con "una crisis" si lo inhibían. De hecho, seguro de su poder, nunca pensó que lo hicieran. El CSE optó por la ley y por unanimidad y "por prohibición expresa de la Constitución" -por su parentesco con la actual Presidenta- sacó a Lacayo del juego electoral.

No fue una decisión fácil. El 25 de junio, antes de iniciar el estudio de las impugnaciones o señalamientos presentados contra unos 70 de los 32 mil candidatos inscritos para los 2 mil cargos de todos los niveles, el CSE en pleno emitió un comunicado en el que "ratifica su decisión inquebrantable de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, la Ley Electoral, Leyes de la materia y sus propias Resoluciones, con total independencia de halagos, amenazas, chantajes, simpatías o antipatías de cualquier naturaleza".

Fue muy tensa la situación. El día antes de emitir su resolución, la Presidenta del CSE visitó al Cardenal Obando. Todo el mundo sabía para qué. "Estoy segura -dijo Rosa Marina Zelaya- que la sensatez y madurez, la tolerancia, el tratar de conservar el proceso electoral y el fortalecimiento de la democracia van a sobre- ponerse a cualquier tipo de interés personal o partidario." Esa tarde, el Cardenal celebró una misa pidiendo a Dios que diera a todos "cordura" en un momento tan trascendental para el país.

Una carrera que parecía imparable

Desde que a fines de 1994 empezó el debate, y el conflicto, por las reformas constitucionales -que incluían un artículo que buscaba poner fin al continuismo familiar en el poder, mal endémico en Nicaragua- se iniciaron los "chantajes" a los que tantos meses después tenía que referirse, no sin dramatismo , el CSE.

Antonio Lacayo que, de hecho, presidió el gobierno hasta octubre de 1995, quiso convertir su candidatura presidencial en centro de la vida nacional y, en una carrera que parecía imparable, pretendió subordinar a esa meta instituciones leyes y personas. Compró voluntades, habló de divorciarse, fundó un nuevo partido, quebró otros partidos, viajó, hizo declaraciones resaltando su carisma y capacidad dentro y fuera de Nicaragua, gastó millones obtenidos de fondos estatales para su propaganda, se anunció como novio, esposo y padre ejemplar, empresario exitoso y joven atleta, besó niños, acarició ancianos, prometió recorrer el país a pie y casa por casa, inició ese peregrinaje... hasta que el Consejo Supremo Electoral, presidido por una mujer, lo detuvo. Por razones de su nacionalidad, el CSE sacó también del juego electoral al polémico banquero italo-nicaragüense, Alvaro Robelo, quien entre febrero y abril parecía indetenible en su ascenso. Resultó también inhibido Edén Pastora, costarricense-nicaragüense, que apenas había iniciado su campaña.

Posibles ganadores

La decisión sobre Lacayo fortalece estratégicamente al CSE y aumenta la credibilidad ciudadana en el proceso electoral. Políticamente, beneficia a los partidos parecidos al PRONAL. El más parecido es la alianza UNO 96 de Alfredo César, que representa intereses similares -tanto en Nicaragua como ante la comunidad internacional- y que apuesta a un "centro" similar al que dice representar Lacayo, listo a enfrentar con firmeza a Alemán y dispuesto para ello a aliarse al FSLN. César aspira a situarse a partir de ahora en el tercer lugar. Otros que aspiran a lo mismo -Noel Vidaurre, Sergio Ramírez o Haroldo Montealegre-, ¿tendrán las mismas posibilidades?

La decisión del CSE perjudica obviamente en primer lugar a los inhibidos y a sus recién nacidos partidos, que apenas punteaban en las encuestas, a excepción de Robelo, más por su persona que por su destruida y ya popular agrupación Arriba Nicaragua. Habrá que ver en la realidad cuánto pierde el PRONAL con el cambio de Lacayo-Presidente por Lacayo-diputado. El PAD no es nada sin Pastora. Y Robelo -que logró apoderarse rápidamente del codiciado tercer lugar en las encuestas- quedó no sólo sin candidatura, sino sin partido. El PRONAL y Arriba Nicaragua eran, seguramente, las agrupaciones políticas que más dinero habían gastado -y muchísimo- en la pre-campaña electoral, con el único objetivo de afianzar sus cuestionadas candidaturas presidenciales.

Posibles perdedores

La decisión del CSE perjudica políticamente al FSLN, pues los tres inhibidos eran potenciales socios del FSLN en la alianza anti-Alemán en que se convertirá la segunda vuelta presidencial. Dos de los tres inhibidos -Lacayo y Pastora- participaron con otros ocho partidos en las reuniones que en mayo promovió el MRS para configurar una coalición "de centro". En aquella ocasión, la tenaz insistencia de Lacayo en ser el candidato de esa coalición -menor aunque similar insistencia planteó Pastora- abortó la iniciativa. Hoy, ambos quedaron fuera del juego, pero el proyecto es ya imposible.

Por su experiencia al frente del gobierno, Antonio Lacayo era el garante de la continuidad, sin variaciones, de la política económica que se ha aplicado en Nicaragua en estos seis años, con la imposición y el financiamiento de la comunidad internacional. Es obvio que no iba a a ganar las elecciones, pero compitiendo sí iba a ser elemento clave en la alianza con el FSLN para enfrentar a Alemán. Tras esa alianza estaba la continuidad de esa "transformación estructural de largo aliento" que se presentó en Washington a la comunidad internacional como exitosa, y como garantizada para los próximos años. ¿Quién tomará el relevo?

En vísperas de iniciarse oficialmente la campaña electoral, algunas cosas están claras:

-Algo más de la mitad del electorado ya ha decidido. Esta decisión se concentra abrumadoramente en dos opciones: la Alianza Liberal y el FSLN, con una cierta y sostenida ventaja para los liberales. El 30-40% de los indecisos no necesariamente buscan un "centro". ¿Se alinearán al final con quienes potencialmente tienen visos de "ganadores" o dispersarán su voto entre la otra veintena de opciones?

-En la elección presidencial parece inevitable una segunda vuelta. Y ya empiezan a hacerse encuestas sobre la intención de voto para esa segunda ronda. ¿Cuál será la estrategia del FSLN en ese momento? Más crucial es la pregunta sobre la estrategia de la poderosa derecha anti-alemanista ante ese dilema. ¿Quién pondrá la reglas del juego a la hora de esa alianza? ¿Y qué reglas?

-En la elección parlamentaria, se visualiza como resultado un parlamento polarizado entre liberales y sandinistas. ¿Qué espacio quedará para las otras fuerzas y qué personas concretas llegarán a alcanzar diputaciones? De esto puede depender un equilibrio con el que superar la situación parlamentaria de estos años: confrontaciones y largas parálisis institucionales, desgastantes "amarres" con compra-venta de votos, desidia en el trabajo legislativo...

-En la elección para la Alcaldía de Managua la competencia aparece tan tensa como en la eleccción presidencial, con el añadido de que no existe en este caso segunda vuelta. En esta elección, muchos electores perciben con más claridad las diversas opciones y lo que ellas implicarían. Algo similar ocurre en otras muchas alcaldías del país.

"Este pueblo sabrá votar"

Muchas de las conjeturas políticas que ya se han hecho o que puedan hacerse tropezarán a "la hora de los caites" con un ciudadano, con una ciudadana, que tendrán ante sí seis boletas diferentes, con más de 20 casillas con colores diferentes y que llegarán a las urnas tras oir a cientos de candidatos que, con caras y énfasis diferentes, les habrán hecho promesas y promesas muy parecidas.

"Este pueblo es sencillo y está empobrecido, pero es muy inteligente y sabrá elegir, sabrá premiar o castigar a la hora del voto", ha afirmado en varias ocasiones el Cardenal Obando. La recta final de las elecciones es un reto a esa sabiduría popular.

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