Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 171 | Junio 1996
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Guatemala

Caras ocultas del nuevo gobierno

¿Gobierno y guerrilla no son ya antagónicos? ¿Se dará amnistía a quienes derramaron tanta sangre inocente? Se detendrán las actuales graves violaciones a los derechos humanos? ¿Se pretende quebrar al movimiento sindical? Disminuir la influencia del ejército? Son muchos los interrogantes en la nueva etapa que se abre en el país.

Gonzalo Guerrero

A lo largo del mes de mayo han empezado a trascender análisis del significado y alcances del acuerdo socioeconómico y agrario firmado el 6 de mayo entre el gobierno y la URNG. Para muchos, las reacciones pueden compararse a las de una familia en la que la abuela se muere en la misma noche en que una nieta nace: la alegría se entremezcla con la tristeza de tal forma que no se puede ni celebrar plenamente ni estar plenamente de duelo.

Mientras las evaluaciones de la etapa que termina y las perspectivas de la que comienza todavía están por hacerse, es indiscutible que el acuerdo socioeconómico y agrario representa un parte- aguas. Abre las puertas a una etapa en la que la insurgencia entra a participar como una fuerza más en la arena política guatemalteca y en la que el gobierno se compromete a garantizar la apertura de espacios políticos que han estado cerrados durante los últimos cuarenta años. Marca también esta época, en la que gobierno, sector privado y comunidad internacional determinan la naturaleza de la economía y del Estado, tarea que en Guatemala ha sido desde las últimas décadas facultad casi exclusiva del ejército.

El acuerdo firmado el 6 de mayo modifica de manera importante las propuestas que había hecho la URNG en 1995. Se han eliminado las referencias a necesarias modificaciones a la Constitución de la República, a la Ley de Transformación Agraria y a los decretos de adjudicación de tierras en el Petén y la Franja Transversal del Norte. No existe en el acuerdo referencia alguna a "la función social de la tierra", ni tampoco a la necesidad de aumentar los impuestos directos. Lo firmado no altera las políticas macroeconómicas ni incluye referencias directas a una política de género que favorezca a las mujeres.

¿Cambia la guerrilla?

"El acuerdo refleja una disminución en las pretensiones de la UR- NG", concluyen los analistas de un banco multilateral de desarrollo en un documento interno. "Su consideración detallada nos indica que (los contenidos del acuerdo) son coincidentes, en su gran mayoría, con las acciones que viene impulsando el actual Gobierno de Guatemala".

Hector Rosada Granados, ex-Presidente de la Comisión de Paz (COPAZ) del gobierno anterior también resalta la modificación en la postura de la URNG: "Concluimos que si la URNG renunció a todas las demandas fundamentales que había sostenido anteriormente y aceptó avalar un documento que contiene los postulados básicos de una política de desarrollo social, visualizada desde la óptica neoliberal, ya no podemos hablar de negociación sino, más bien, de concertación política entre partes no antagónicas".

"Lástima que con este arreglo algunos temas de la agenda de la transformación quedaron fuera, sin que exista aún al interior de la sociedad la capacidad política para continuar la negociación de los grandes problemas nacionales", afirma Rosada. No incluir estos problemas nacionales -dice-"condena a las mayorías empobrecidas y excluidas a esperar, una vez más, a que un gobierno que plantee buenas intenciones demuestre que es capaz de ejecutar lo que promete, aunque eso signifique que deberá actuar en contra de los intereses de aquellos sectores que son su soporte político fundamental".

Dólares para la paz

Rosada afirma que el acuerdo "puede interpretarse como la primera expresión escrita de una política de desarrollo social de cara a la comunidad internacional". Los analistas del banco multilateral concuerdan con él: "El nuevo gobierno -dicen- se dispondría a impulsar, en base a este acuerdo, una amplia promoción de sus necesidades de financiamiento de la paz, enfatizando la consecución de recursos no reembolsables".

Después de firmar el acuerdo socioeconómico y agrario, el Canciller Eduardo Stein y el Presidente de COPAZ Gustavo Porras anunciaron que el gobierno y la URNG podrían participar en una campaña diplomática conjunta en búsqueda de financiamiento internacional para implementar los acuerdos de paz. Según el gubernamental Secretariado General de Planificación (SEGEPLAN), el costo de hacer realidad estos acuerdos asciende a 600 millones de dólares. Una agencia internacional estima esta cantidad en 953 millones.

El hecho de que el acuerdo haga énfasis en la importancia de la inversión como factor de desarrollo abre puertas a una estrategia combinada en la búsqueda de financiamiento después de que se llegue a la firma del acuerdo final.


¿Crisis en la URNG?

Las negociaciones, en esta su nueva modalidad de "concertación política entre partes no antagónicas", tienen que encarar importantes riesgos. Días después de firmar el acuerdo socioeconómico y agrario, el diario Siglo XXI informó de la disolución del equipo político-diplomático que ha estado asesorando a la Comandancia General de la URNG. Sus integrantes habrían renunciado por inconformidad con el contenido del acuerdo. Entre ellos, Pedro Palma Lau, el comandante de mayor responsabilidad militar de la URNG. Según algunas fuentes, el conflicto interno entre la Comandancia General y los mandos medios de la guerrilla es tan grave que podría desembocar en un enfrentamiento. De acuerdo con las mismas fuentes, la aceleración del ritmo de las negociaciones se debe en parte al temor que existe de que la Comandancia no logrará llegar sin fisuras a la firma del acuerdo final de paz.

Otro riesgo en el camino a esa paz es que las negociaciones acentúan cada vez más los aspectos operativos de la agenda, dejando a un lado los temas de fondo, que son los que realmente más interesan a quienes fueron más afectados por la guerra. En este sentido, es clave el tratamiento que se dé al tema de una eventual amnistía general, asunto que está incluido dentro del próximo tema a discutir en la agenda de negociaciones.


Amnistía: para quiénes

En anticipación a una posible "concertación" entre las partes, numerosos grupos de derechos humanos han expresado su oposición a una amnistía acordada a espaldas a las víctimas de la violencia. Una propuesta - mencionada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado - es que la amnistía se aplique solamente a quienes confiesen sus delitos. Otros, como la activista Helen Mack, se oponen a cualquier proyecto de amnistía que no tome en cuenta los sentimientos de quienes han sido las víctimas durante tantos años de represión.

"Hay dos cosas que las víctimas o las familias de las víctimas van a querer -dijo Helen Mack en una entrevista-: conocer la verdad y que se haga justicia. Y el Estado o las autoridades no pueden quitarles ese derecho, en aras de la reconciliación".

"Concertar una amnistía sería volver a coronar la impunidad. De ahí la importancia de que se tome en cuenta a la población afectada por la violencia", concluye la hermana de Myrna Mack, antropóloga guatemalteca asesinada por el ejército en 1990.

Coincidiendo con el debate sobre la amnistía, salieron a la luz nuevos informes que detallan el papel de las fuerzas de seguridad en varios asesinatos políticos. En mayo, un avión norteamericano transportó hasta Guatemala numerosas cajas de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y relacionados con Guatemala. De estas llamadas "cajas de Pandora", salieron 6 mil páginas de informes, comunicaciones y documentos, que fueron recibidos por la Corte Suprema de Justicia y trasladados al Ministerio Público para su investigación. Hasta la fecha, el gobierno no ha revelado nada del contenido de estos papeles, aunque investigadores y grupos de derechos humanos de Estados Unidos han empezado a filtrar información en base a copias de estos documentos, que circulan en Washington.

Ricardo Miranda, corresponsal en Washington del diario Siglo XXI, divulgó el 3 de mayo tres cartas de 1983 en las que un jefe de la Policía Nacional daba órdenes escritas a sus subalternos para asesinar a seis personas. "Se les consigna asesinar hoy en la noche al norteamericano Jack Shelton, quien permanece en los bancos del pabellón de oficiales de este cuerpo, sindicado de subversivo..." La carta está firmada y sellada por el jefe departamental de Suchitepéquez.

No cesa la sangre

Si los documentos desclasificados del Departamento de Estado servirán para refrescar la memoria colectiva y para revivir la frialdad con que las autoridades, amparadas institucionalmente, actuaron como jueces y verdugos, encubiertas en el manto de la impunidad, los titulares de prensa y los casos recogidos por la Misión de Naciones Unidas en Guatemala están sirviendo para mostrar que la sangre no ha dejado de derramarse.

En marzo, en su Suplemento del Cuarto Informe del Director de MINUGUA, la Misión publicó "algunos casos ilustrativos" de las violaciones a los derechos humanos que han encontrado en su actividad de verificación. MINUGUA calcula los casos sobre las denuncias admitidas durante 1995: del total de 1,567 violaciones admitidas, en 555 comprobaron que se violó el derecho a la vida y en 411 el derecho a la integridad y seguridad personales.

MINUGUA: cuatro casos

Reproducimos cuatro de los 37 casos publicados por MINUGUA:

Caso 1:

"La noche del 19 de diciembre de 1995, Francisco Edgard Pinelo Mijangos fue muerto por una bala en el cráneo, disparada por un centinela de la Base Aérea del Norte, mientras pescaba en el lago Petén Itzá.... Tras conocer el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público, los mandos de la base aérea se entrevistaron con los testigos, reconocieron los hechos ante MINUGUA y pusieron al soldado a disposición del juez militar de Zacapa. El 2 de enero de 1996, el juez militar otorgó al soldado libertad con `arresto domiciliario sin vigilancia en su lugar de trabajo'... A fines de enero el autor del disparo regresó a la base aérea, ascendido a cabo primero... Se constató también que el soldado autor del disparo tenía 17 años al tiempo de los hechos".

Caso 2:

" El 26 de julio de 1995 Gilmar Fernando Miculaz Tuctuc, de 19 años, fue interceptado y golpeado por una patrulla de soldados de la Guardia de Honor, en un operativo contra la delincuencia. Al amanecer del día siguiente, su cadáver fue hallado en una calle del mismo barrio, presentando seis heridas de bala... Durante la verificación de la Misión, las autoridades de la Guardia de Honor dieron información inexacta y ocultaron datos importantes para el esclarecimiento de los hechos. Así, se constató que dos soldados involucrados no habían desertado, como se informó para explicar la imposibilidad de ser entrevistados por la Misión...".

Caso 3:

"El 6 de septiembre de 1995, en El Porvenir, Petén, Humberto Oquelí fue asesinado por tres individuos que le emboscaron y dispararon frente a testigos. Dos de los agresores, conforme estableció la verificación de MINUGUA, eran comisionados militares a la fecha de los hechos. Ambos se encuentran actualmente detenidos por su presunta participación en la muerte de Francisco Díaz, alcalde auxiliar de Belén, ocurrida el 16 de octubre de 1995 en el municipio de San Benito. Las autoridades de la zona militar 23 han negado una eventual vinculación entre un Mayor de la G-2 con uno de los presuntos implicados, al que dicho oficial fue a visitar en el penal. Varias fuentes coinciden en señalar que los dos comisionados detenidos integraban una `banda de matones' y que uno de los cómplices actuaba con la tolerancia de agentes del Estado".

Caso 4:

"Entre el primero y el 5 de agosto de 1995, en diferentes zonas de la capital fueron descubiertos los cadáveres de cinco personas, todos con heridas de balas de 9mm. Algunos de los cuerpos estaban maniatados por la espalda. La Policía Nacional confirmó que cuatro de ellos presentaban `tiro de gracia'. Esta institución calificó a las víctimas como delincuentes, debido a `la forma en que estaban vestidas y a los tatuajes' que presentaban.... Hasta la fecha, la Misión no ha registrado ningún avance en las investigaciones respecto de los casos señalados ni de los presentados en informes anteriores como ilustrativos de `limpieza social'... Desde fines de noviembre de 1995 hasta la fecha, la Misión está verificando una veintena de nuevos casos que, por sus características, podrían ser comprendidos en lo que se denomina acciones de `limpieza social'".

De Panzós a Xamán

Durante la última semana de mayo, coincidiendo con la conmemoración del decimoséptimo aniversario de la masacre de más de 200 campesinos en Panzós, Alta Verapaz, un juez decidió liberar con una medida sustitutiva a ocho de los soldados acusados de la masacre de once indígenas en Xamán, Alta Verapaz, ocurrida en octubre/95.

Los favorecidos, incluyendo al subteniente Camilo Antonio Lacán Chaclán, quien encabezaba la unidad militar, estarán bajo arresto domiciliario. El ejército se comprometió a vigilarlos.

Esta decisión judicial fue cuestionada por MINUGUA, por el Procurador de los Derechos Humanos y por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado.

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien representa a las víctimas y a sus familias en el caso, expresó también su desacuerdo e inconformidad y dijo que temía que el subteniente Lacán Chaclán pudiera "desaparecer", "a fin de que el fondo de la muerte de los hermanos de Xamán no se conozca fehacientemente".

Una ley anti-sindical

El 23 de mayo, la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN) en el Congreso, aprobó, sin necesidad de recurrir a alianzas, una ley que regula el derecho de sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado. La ley redefine el concepto de servicios "esenciales", ampliando la categoría para incluir los servicios de salud, aseo, correo, telecomunicaciones, administración de justicia, transporte, seguridad y generación y distribución de energía y de combustibles.

De acuerdo con la nueva ley, "en casos de huelga acordada y mantenida de hecho, siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva, o afecte servicios públicos declarados esenciales, el gobierno está facultado a cancelar nombramientos y contratos de trabajo, sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial".

Los diputados de la oposición criticaron la oscura manera en que el PAN, el partido de gobierno, usó su control sobre la directiva del Congreso para evadir los trámites legales que requiere cualquier proyecto de ley, que debe incluir dictámenes de cada una de las comisiones legislativas relacionadas con el tema sobre el que se legisla.


Ejército en el Congreso

Bajo la nueva ley, "si se le veda el derecho a la huelga, un sindicato se convierte en una gremial, en un club o en una asociación", -afirmó Mario Alberto Carrera, en Siglo XXI-. El único instrumento de presión real y efectiva con que cuenta el trabajador es ése: el poder paralizar la producción o la acción de una empresa o del Estado".

El día de la aprobación de la ley, tropas del ejército ocuparon el interior del edificio del Congreso. El inusitado hecho provocó severas críticas al gobierno, y durante varios días ningún funcionario quería aceptar el haber tenido responsabilidad en la intervención. Una semana después, al regresar de un viaje oficial a Taiwán, el Presidente Arzú admitió que fue él quien dio por teléfono la orden, afirmando que lo haría cuantas veces fuera necesario.

La aprobación de una ley considerada anti-sindical, sin consensos ni compromisos, mientras el Congreso era rodeado y ocupado por los militares por orden directa de Arzú, ha sido para muchos una preocupante señal de la cara oculta del nuevo gobierno, que tendría entre sus objetivos el neutralizar al movimiento sindical antes de empezar el proceso de privatización de empresas estatales.


Escaso apoyo popular

La aprobación de la ley fue precedida de un pulso entre el gobierno y los sindicatos de trabajado- res estatales. El resultado de este mano a mano muestra la gran debilidad de los empleados del Estado. El ex-líder sindical, Miguel Angel Albizures, calificó la presencia militar en el Congreso como "una señal de que la ley va en contra de los intereses del pueblo, y en este caso en contra de los intereses de los trabajadores". Sin embargo, ha habido pocas muestras de apoyo popular a los reclamos de los trabajadores estatales.

En general, la percepción que tienen los usuarios de los servicios públicos sobre los trabajadores del Estado es negativa, y todos los días se oyen anécdotas acerca de su ineficiencia, arrogancia y abusos. En parte, a esto han contribuido las actitudes defensivas de los gremios, que jamás emprenden una autodepuración de sus miembros corruptos. Nunca se oye de ningún sindicato que depure a sus trabajadores corruptos, que identifique a los maestros faltantes o a los policías con plazas fantasma. De ninguno que trate de rectificar cobros ilegales en las aduanas o abusos de autoridad en las fuerzas de seguridad.

El resultado ha sido la falta de credibilidad en los trabajadores estatales, traducida en el escaso apoyo que han recibido de la sociedad en su crisis, lo que los debilita aún más. La presencia de las fuerzas de seguridad en el Congreso revela cuánto sobreestima aún el gobierno la capacidad de respuesta de sus contrincantes.

Próximo tema: el Ejército

El 7 y 8 de junio, la COPAZ y la Comandancia General de la URNG se reunieron en México para establecer la agenda específica del tema de la próxima ronda de negociaciones: Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

Si por la experiencia de la ronda recién terminada se pueden sacar conclusiones, del próximo acuerdo no se pueden esperar cambios que cuestionen en lo fundamental los intereses institucionales del Ejército de Guatemala.

La propuesta de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), preparada como un aporte al proceso de negociaciones, es que la función específica del ejército sea "la defensa de la soberanía en el contexto externo". Esto implicaría la reducción del tamaño del ejército, el que renuncie a seguir teniendo un papel en la seguridad interna y el que quede subordinado a las autoridades civiles y constitucionales. También exige la ASC la supresión de "todo privilegio y del fuero especial para los miembros del Ejército y de la disposición de que el Ministro de la Defensa sea un militar".

La ASC insiste en que "el ejército no debe realizar actividades de desarrollo, y que la maquinaria, equipo y material, actualmente en poder del Ejército y destinado a obras de desarrollo social (salud, educación, infraestructura, etc.) debe ser trasladado a los ministerios u organismos correspondientes".

Propuesta del Alto Mando

El Ejército de Guatemala tiene una visión de futuro mucho más ambiciosa. En un documento preparado recientemente por el Ministerio de Defensa, el Alto Mando formula su propia propuesta para "el ejército de Guatemala del futuro".

El documento define la dimensión, las funciones, los recursos y la base jurídica del ejército, en un proceso "entendido como reorganización, reestructuración y modernización".

El Ejército - que cuenta hoy con 46 mil efectivos - propone reducirse a tres divisiones con 10-12 mil efectivos, con otras dos divisiones de reserva. Plantea reubicar las unidades militares para salvaguardar la soberanía nacional: "Cambiar el concepto de despliegue militar en un conflicto nacional de carácter interno, por el de amenazas externas que se presentan".

Las funciones del "ejército del futuro" no varían mucho de las tareas constitucionales del actual ejército: "salvaguardar la soberanía nacional" e "involucrarse en operaciones de seguridad interior siempre y cuando la capacidad de las fuerzas de Seguridad Pública haya sido superada". Además, "se debe tener la capacidad de apoyar las operaciones contra el narcotráfico y las que se orienten a proteger los recursos naturales y culturales del patrimonio nacional".

El nuevo ejército no necesariamente resultará menos costoso y en su propuesta, el Alto Mando advierte "que un Ejército más pequeño debe invertir en recursos tecnológicos". El proceso de modernización debe incluir "revitalizar los recursos aéreos y navales, para cumplir con las funciones de la institución dentro del concepto de las sociedades modernas, tal y como lo demanda en la actualidad la sociedad guatemalteca".

El ejército está dispuesto a aceptar "la separación definitiva del delito común del delito militar", pero "habrá de juzgar los delitos del ámbito puramente militar". Tradicionalmente, el ejército ha juzgado a sus propios miembros, sin importar si su delito fue de orden común o si estuvo relacionado con el cumplimiento del servicio.

Militares en el extranjero

Sobre el Ministerio de Defensa, se propone un notable aumento en las oportunidades de educación para los oficiales y en los requisitos de estudios para promociones, con un pensum de estudios que incluye derecho internacional, derecho humanitario, administración de empresas y economía.

Aunque la propuesta no menciona el futuro del cuerpo de ingenieros ni habla de la participación de los militares en la construcción de infraestructura o en la provisión de servicios sociales como alfabetización o salud, hay áreas en las que el ejército está interesado en aumentar su presencia. El Ejército quiere crear plazas para agregados militares adjuntos en las embajadas del país, quiere enviar delegados militares a las misiones permanentes ante la ONU en Ginebra y Nueva York, y quiere "ampliar Agregadurías Militares donde ya existan, de acuerdo a los intereses del ejército, sugiriendo desde ya la creación de una Agregaduría Militar adicional en Europa".

Existen numerosas señales de que la influencia castrense sigue siendo importante en el nuevo gobierno: el papel del ejército en operaciones combinadas contra la delincuencia, las numerosas evidencias de presiones militares en el caso de la masacre de Xamán, la escasa voluntad del gobierno para investigar las denuncias de MINUGUA en casos en los que están involucrados miembros del ejército...

Sin duda, la actual etapa política es el resultado de fructíferas negociaciones entre los tradicionales sectores de poder y el nuevo gobierno. El resultado de la "concertación" con el sector privado ha quedado manifiesto en el acuerdo socioeconómico y agrario. Los resultados de la "concertación" entre el ejército y el gobierno se podrán ver en el producto final de la próxima ronda del diálogo Gobierno-URNG.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
¿Ya está rayado el cuadro?

Nicaragua
La piñata: algunas reflexiones

Nicaragua
Campesinos-finqueros: hay que contar con ellos

Guatemala
Caras ocultas del nuevo gobierno

Honduras
Clases medias: violentas y organizadas

Internacional
¿Ha cambiado la política de Estados Unidos?

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web