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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 170 | Mayo 1996
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Haití

Un paso colosal y revolucionario

La revolución que ha ocurrido en Haití en los últimos diez años tiene una trascendencia mundial, sin proporción con el peso específico de tan pequeño país, uno de los más pobres del planeta. Un paso colosal de esta revolución ha sido poner fin al ejército creado por Estados Unidos.

Gérard Pierre-Charles

Haití vive desde hace una década una verdadera revolución democrática. Se trata de una revolución anti-oligárquica, de amplia participación popular, en pro del sufragio universal y de la ciudadanía para todos y del ejercicio más amplio posible de la democracia, en el marco de un renovador proyecto nacional de modernización del Estado, de justicia social y de desarrollo económico.

Este gran episodio de la marcha del pueblo hacia la libertad y la justicia, que da continuidad a la secular utopía latinoamericana, no se fue por las "grandes alamedas" de la legalidad soñada, ni por los "senderos luminosos" de la lucha armada. Siguió un itinerario pedregoso y zigzagueante, lleno de falsas pistas y de arenas movedizas, poblado de viejos diablos astutos dotados de las armas más sofisticadas, un terreno minado con trampas imprevistas tendidas por los que tratan de convencernos que con "el fin de la historia" ya no hay camino y que no hace falta buscar por dónde empujar los proyectos de cambio. Un itinerario en que la inventiva popular tuvo que manifestarse, en donde el pueblo con las manos vacías, deshaciendo nudos y tendiendo puentes, tuvo que valerse de toda la inteligencia que hacía falta, para revertir a su favor a las mismas fuerzas que en el entorno internacional de ayer se habían puesto al servicio de la opresión.

Como en otras revoluciones

Hoy, con la victoria electoral de René Preval, candidato presidencial de Lavalas, que asegura la continuidad en la legalidad del proyecto democrático-popular, resalta el saldo de una década de lucha, con sus retrocesos, sus derroteros imprevisibles y sus notables avances. Se evidencia la riqueza y profundidad de este movimiento pacífico de cambio social que reproduce muchos rasgos de las revoluciones antioligárquicas, de carácter democrático, nacional, popular - o populista- que se han dado en América Latina, desde principios del siglo.

Al iniciarse en los años 80, el proceso haitiano manifiesta numerosos elementos propios de la problemática de la transición, tal como ocurrió en el período posterior a los regímenes militares totalitarios en Uruguay, Argentina y Chile. Tiene también marcadas semejanzas con los recientes procesos de Centroamérica, caracterizados por violentos conflictos sociales, que llegaron a la confrontación militar y en los que sobresalió el peso de los actores internacionales (OEA, ONU, México, Francia, Canadá, Estados Unidos, España), que contribuyeron a que se recurriera a la negociación como vía de salida a las crisis.

Algunos fenómenos son peculiares del proceso haitiano. El peso de la participación popular, que se ha sostenido vigente durante casi una década de conflictos políticos, en medio de una profunda crisis de todo el sistema. Esta efervescencia reivindicativa rompió los esquemas dibujados desde fuera o desde adentro en pro de la "democracia restringida". Dio paso, a partir de elecciones libres, a un régimen de amplia mayoría, encabezado por un líder carismático, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, que obtuvo el 67% de los votos en los comicios presidenciales de diciembre de 1990 y cuyo surgimiento en el escenario no estaba programado.

La instalación de un gobierno legítimo, con amplia base y notable participación popular, rompió los mecanismos de control y de exclusión política, saliéndose de los conocidos moldes de la "democracia tutelada" y desencadenó una violenta empresa de restauración totalitaria por parte del ejército, brazo armado de los sectores más conservadores de la sociedad. El régimen de fuerza resultante de este golpe, duró tres años. Aunque durante ellos pareció estancada la dinámica del cambio, no se alteró el significado global de la década de mutación histórica que experimentaba la nación.

El régimen golpista entró en contradicciones con los requisitos del Nuevo Orden Mundial al violar el respeto a las decisiones electorales y los principios que garantizan los derechos humanos. Sus contradicciones se alimentaron de la legitimidad interna y el apoyo mundial que tenía el gobierno constitucional derrocado y de la resistencia pasiva pero tenaz de todo un pueblo. Cobró particular y sorpresivo efecto la sistemática irrupción de los boat-people haitianos en el escenario político norteamericano.

Intervención militar USA

Todos estos factores trastornaron la tradicional relación de apoyo mutuo entre las fuerzas de poder más conservadoras de los Estados Unidos y el sector militar-oligárquico haitiano. Este, con tradicionales nexos con el Pentágono, se negó a negociar y a buscar una salida política a la crisis, aun cuando el establishment civil - Casa Blanca y Departamento de Estado - presionaba en favor de negociaciones que permitiesen conservar lo esencial del sistema y salvar a la institución militar.

En este marco, el retorno a la democracia se realizó con una intervención extranjera, la del ejército de los Estados Unidos, en cumplimiento con la resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU. La operación, por su gestación, por su desarrollo y por el marco multinacional en el que se dio, se asemejó a una novedosa empresa de "guerra sicológica". A mediados de septiembre de 1994, puso en marcha a más de 20 mil hombres con el armamento más sofisticado, dotados de cruceros, portaaviones, aviones de combate y helicópteros, que lograron sus objetivos estratégicos y tácticos sin provocar ni víctimas ni daños materiales en ninguno de los bandos beligerantes.

Esta acción contrastó con las clásicas intervenciones ocurridas en el continente desde hace un siglo contra los pueblos en lucha por su emancipación, injerencias manifiestas (Guatemala), operaciones armadas encubiertas (Cuba) o cruentas acciones militares, (República Dominicana, Granada y Panamá). La acción internacional en Haití, validada por la presencia de tropas de diversos países, coincidió con el movimiento histórico de la nación haitiana en pro del Estado de derecho y del cambio social.

La operación, de carácter político-militar, no se hizo en contra del pueblo, sino en apoyo a su voluntad, expresada en su sostenido apoyo a su líder Jean Bertand Aristide y a su retorno al poder. Por esto, llegó a crear una aceptación popular inédita que se expresó en las calles y en los muros del país. Sin embargo, también creó un ambiente propicio para el surgimiento de condiciones para una "democracia tutelada" encaminada a neutralizar los factores incontrolables del proceso y a desvirtuar, en el sentido imprimido por el proyecto mundial neoliberal, la histórica lucha de las mayorías en busca de la plena soberanía popular y nacional.

Constitución: novedades

El caso de Haití tiene una trascendencia mundial sin proporción con el peso específico, en términos de valor estratégico, tamaño geográfico, recursos naturales, nivel de desarrollo, e incluso la definición de los "factores ideológico-políticos" que tiene nuestro país. A pesar de todo, Haití, uno de los más pobres países del planeta, se convirtió en uno de los principales focos de la atención mundial en el período 1991-94.

El período de transición y de importantes conquistas democráticas quedó marcado por notables logros en los terrenos constitucional, institucional e internacional. Las innovaciones constitucionales son un legado de esta etapa.

La Constituyente de 1987 recogió el flujo de reivindicaciones que condujo a la caída de la dictadura en 1986 y a una efervescencia socio-política sin precedente en el país. Introdujo significativas innovaciones en el sistema, en el sentido de una liberalización profunda de las prácticas políticas, yendo más allá de la simple democracia representativa. Entre las innovaciones constitucionales se destacan:

La adopción de un régimen semi-parlamentario que tiende a reducir el papel y las posibles distorsiones del presidencialismo, al conferir amplios poderes al Congreso y al Primer Ministro, cuya función de Jefe de Gobierno introduce un factor de equilibrio en el seno del Ejecutivo y en sus relaciones con el Legislativo.

La no-reelección del Presidente y la prohibición de todo referéndum que modifique la duración del mandato presidencial.

La fijación de una rigurosa condicionalidad para la puesta en aplicación de cualquier enmienda constitucional, lo que neutraliza cualquier intento de manipulación del Parlamento para modificar la Carta Magna.

La descentralización administrativa y municipal, concebida en una visión global que facilita la modernización de la institución estatal y dispone de la participación de la sociedad civil en la gestión pública, así como en el nombramiento de los jueces y en la formación de la Comisión Electoral Permanente.

La obligación impuesta al Estado de promover la alfabetización, la reforma agraria y la institucionalización del créole como idioma oficial.

La adopción de una disposición contra la impunidad, que limita la elegibilidad, por un plazo de 10 años, de los responsables de crímenes y abusos graves durante la dictadura de los Duvalier.

La Constitución de 1987, votada masivamente por la población se ha convertido en un instrumento fundamental de la construcción democrática. Es el marco de legitimidad del combate popular por la plena participación de las mayorías en la vida política y contra los remanentes del totalitarismo, incrustados en el aparato estatal y en las prácticas políticas. A partir de este marco de referencia constitucional, la lucha de las mayorías se orienta a rescatar, en favor de la sociedad civil, los espacios de poder arbitrariamente conquistados por los militares, como herencia del duvalierismo.

El Poder Supremo

El ejército haitiano fue una creación de la ocupación norteamericana en el país entre 1915 y 1934. Como en los demás países del Caribe que sufrieron incursiones de los marines en los gloriosos tiempos del imperialismo, en Haití Estados Unidos montó una "Guardia Nacional" que se convirtió al finalizar la ocupación en guardia pretoriana al servicio de sus tutores.

Desde entonces la institución armada fue la columna vertebral del sistema, desempeñando tanto su misión original como la que le dictó la oligarquía. Baluarte del statu quo, combatió con represión en los terrenos ideológico y político al movimiento democrático y aplastó las reivindicaciones populares que reclamaban un Estado de derecho y elecciones libres.

La institución armada se convirtió en el poder supremo de decisión. Empezó a hipertrofiarse y a experimentar toda clase de deformaciones y perversiones hasta colocarse por encima de la ley y de la nación, volviéndose una fuerza de ocupación interna al servicio de la oligarquía y de los intereses extranjeros.

Su omnipotencia, ligada al sistema de privilegios de que gozaban sus miembros, la fue transformando en un azote para la democracia. Derrocó a los gobiernos de Elie Lescot (1940-46) y de Dumarsais Estime (1946-50), se puso bajo el mando del General Magloire en 1950 para que éste se hiciera cargo del poder, hasta que seis años después fue desplazado por sus hermanos de armas, que colocaron en el poder en 1957 al doctor François Duvalier, de siniestra memoria.

Fue en parte para autoprotegerse y salvar sus ambiciones de la omnipotencia de la institución castrense, y con ello consolidar su régimen totalitario, que Duvalier decidió organizar el cuerpo paramilitar de los tontons macoutes, que fue la principal fuerza de represión de su largo reinado. Con la complicidad de los militares, Duvalier deshizo las instituciones, los principios y las prácticas de funcionamiento del Estado.

Tres décadas duró este régimen, personificado en los vitalicios presidentes François Duvalier y su heredero Jean-Claude. En 30 años quedaron destruidos los cimientos del frágil edificio democrático, la Constitución quedó apartada, los sistemas parlamentario y judicial destrozados, la función pública sometida a las reglas del exclusivismo, del favoritismo y de la corrupción, el ejército fue tontonmacoutizado, y la mentalidad de la población perturbada por el terror y la resignación.

En el duvalierismo fueron resucitadas las prácticas y deformaciones más arbitrarias del militarismo y del despotismo haitiano del siglo XIX, mientras el régimen hacía suyas las novedosas aportaciones del militarismo moderno, influido por los principios del anticomunismo, de la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra de baja intensidad. Se convirtió así en un superpoder que actuó con las armas más sofisticadas en un país donde hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana quedaron subordinados a los caprichos de un dictador enfermizo, François Duvalier.

Al ser derrocado en 1986 el joven dictador Jean-Claude Duvalier por un sector del ejército, el sistema perduró a través del mismo ejército. A todos los niveles, sus integrantes, estaban infectados por los huevos del fascismo como lo estaba toda una generación de funcionarios e intelectuales, burgueses y pequeño burgueses, y numerosos sectores populares, criados, condicionados y moldeados por el totalitarismo.

Con el derrocamiento de la dictadura de los Duvalier, el ejército también se identificó con la institución gubernamental que pretendía controlar y asumir. Así, entre 1986 y 1994, al tomar sucesivamente la jefatura de tres gobiernos de facto, los generales Henri Namphy, Prosper Avril y Raoul Cedrás involucraron en su obra de dominio a numerosos militares así como a la institución castrense, evidenciando la voluntad de someter la nación a sus metralletas.

Guiados por la ambición, llegaron a fabricar dos gobiernos civiles: el del profesor Leslie Manigat, nombrado Presidente en febrero de 1988, mediante unas elecciones caricaturescas en las que participó sólo el 6% del cuerpo electoral; y el gobierno provisional de Ertha Pascal Trouillot, nombrada antes Juez de la Corte Suprema de Justicia para poder llenar un interinato incierto, en el que el cuerpo armado ya se había desgastado hasta el punto en que no le quedaba otra alternativa más que buscar un semblante de legalidad.

Tenacidad del pueblo

Durante todas estas irregularidades, el pueblo se valió de las armas del combate cívico: petición, denuncia, manifestaciones, huelgas generales, etc. Entendió que el voto ciudadano en el marco del sufragio universal efectivo podría constituir un arma efectiva para lograr parte del cambio deseado. Esta convicción se hizo decisión política cuando en la primavera de 1990 la ONU decidió asesorar al gobierno para la celebración de elecciones, respondiendo así a las demandas de ciertas fuerzas democráticas que buscaban garantías frente a los reiterados actos de violencia de los militares en contra del libre sufragio. La presencia de la ONU creó las condiciones para la participación masiva de la ciudadanía en los comicios del 16 de diciembre de 1990, que abrieron una alternativa democrática.

Con los votos del pueblo fueron derrotados los candidatos de la oligarquía, incluyendo a los que tenían la preferencia de Washington, y resultó elegido como Presidente Jean Bertrand Aristide, un líder joven que surgía del movimiento social reivindicativo.

La victoria de Aristide no respondía a los intereses de la oligarquía. No resultó del agrado de los militares y de sus aliados locales y extranjeros, que complotaron contra la legalidad republicana, tramando el sangriento golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991. El General Cedrás impuso un régimen de fuerza, en un intento insensato por restaurar el poder militar y totalitario.

Al sumir a la nación en la ilegalidad durante tres años, el militarismo nutrió de modo particular- mente sangriento una singular guerra social entre el pueblo y el ejército. El pueblo desarmado se fortaleció, apoyado en su total legitimidad electoral, y recurrió a las formas más diversas e imaginativas de la resistencia cívica para defender sus derechos y cumplir con su voluntad de cambio. Contó con el apoyo militante de más de un millón de haitianos emigrados en América del Norte y con el respaldo de la opinión internacional que, sensibilizada por la tenacidad del pueblo haitiano, respaldó su lucha por el retorno a la democracia.

En guerra contra todos

Los golpistas crearon una alianza político-paramilitar, integrada por militares de civil y ex-militares, que se llamó Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití, el FRAPH, portavoz del ultra-nacionalismo y del fascismo, e instrumento del terror más despiadado. Esta agrupación, que ocupaba las calles con manifestaciones de hombres armados, estuvo encabezada por Emmanuel Toto Constant, hijo de un ex-general del ejército. Según las informaciones que se hicieron públicas posteriormente, era un agente de la CIA que antes del golpe actuaba en Haití al más puro estilo de la Guerra Fría.

Los militares, con un ejercicio ilimitado de la ilegalidad y la violencia, llevaron al gobierno de facto al aislamiento internacional y exasperaron las contradicciones en la sociedad. Crearon un verdadero ambiente de guerra contra el pueblo con un saldo de unos 5 mil muertos, 40 mil refugiados y 300 mil desplazados internos. Recurrieron a poderosos sectores oligárquicos y a todas las redes de represión y de control tejidas por el duvalierismo en tres décadas, así como a sus sólidos apoyos internacionales en los medios más conservadores de los Estados Unidos y de la República Dominicana. Se valieron incluso de los recursos del narcotráfico y de toda clase de modernos medios técnico-militares.

La poderosa coalición de las fuerzas del pasado llegó a imponerse durante tres años, pese a las condenas oficiales de la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la resistencia no dejó de manifestarse. La violencia extrema de los militares tiñó de sangre a la nación entera, se profundizó la crisis del Estado y la corrupción se generalizó. La institución militar se gangsterizó, resquebrajándose desde adentro con el desmoronamiento del sistema de disciplina y de mando.

Así se volvió más evidente la total incapacidad de los golpistas para encontrar cualquier salida a la crisis. Tal situación llevó a un total descrédito internacional a la institución militar, creando las condiciones para la ruptura de su sistema de alianzas internacionales y a su inevitable ocaso.

La hora final

El desmantelamiento del ejército en el curso del año 1995 constituye, sin duda alguna, una medida esencial para la transformación democrática del Estado. El desmantelamiento empezó con la intervención de las fuerzas extranjeras, que representó un golpe tanto militar como sicológico contra las Fuerzas Armadas. El mismo día de esa intervención, el pueblo consciente de lo que ésta representaba, empezó a ocupar y a destruir numerosos puestos militares en todo el país, obligando a los militares a rendirse, a dispersarse o a replegarse, algunos en la República Dominicana.

El ejército no pudo ser salvado, pese a las propuestas de ciertos sectores de la comunidad internacional, en particular del Pentágono, que abogaban porque quedara una fuerza reducida de unos 3 mil hombres.

Tres meses después de su retorno, el Presidente Aristide, mediante decretos y decisiones administrativas de remoción, despidos, transferencias, jubilaciones y otras medidas, había mandado a su casa a la mayoría de los 7 mil 500 miembros del ejército, incluyendo a jefes y cuadros intermedios.

Sólo quedó en activo un contingente seleccionado de unos 500 ex-militares, exentos de cualquier acusación de arbitrariedades. Estos 500 fueron integrados a una Policía Interina de 1,500 hombres, a disolverse cuando termine el entrenamiento de la nueva Policía Nacional. Así pasó a la historia tan omnipotente ejército, nacido de la intervención norteamericana y que actuó durante décadas contra el pueblo y contra la historia.

A partir de este desmembramiento, así como de las medidas legales que deberán confirmar su ocaso, privándole de presupuesto y de las demás provisiones para su funcionamiento, deberá ser adoptada una disposición constitucional para consagrar su desaparición definitiva, haciendo de Haití, después de Costa Rica (1948) y de Panamá (1993) el tercer país de América Latina en liberarse de sus fuerzas armadas.

Paralelamente a la desaparición del ejército se fue integrando una Policía Nacional dependiente del Ministerio de Justicia, medida inspirada en las disposiciones de la Constitución de 1987 en favor de la separación del Ejército y de la Policía, confundidos en una misma función de opresión y animados de las peores prácticas del gangsterismo. La separación de ambos cuerpos fue una reivindicación compartida por amplios sectores de la población.

Nueva Policía: un reto

La nueva Policía tiene vocación democrática. Sus integrantes empezaron a ser reclutados a principios de 1995 bajo convocatoria del Ministerio de Justicia. En el transcurso de ese año reclutó a unos 5 mil efectivos. Provienen, por lo general, de sectores populares y de capas bajas de las clases medias, son escogidos según criterios de mérito, con un nivel mínimo de bachillerato y son formados, según planes de 4 meses, por entrenadores de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Por haber crecido en el ambiente de esta larga transición y por estar capacitados en el plano profesional según criterios democráticos, es de esperar que estos nuevos policías integrarán una fuerza moderna al servicio de la democracia. Sin embargo, pese a la con- fianza que en general despiertan entre la población, las condiciones en las que ha tenido que darse su formación suscitan fundados temores en cuanto a su vocación nacional o a la pervivencia de comportamientos heredados del pasado. La sistemática educación patriótica de los integrantes de la fuerza policial y su conversión a los valores democráticos es una de las tareas imprescindibles de esta revolución que está refundando a Haití.

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