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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 170 | Mayo 1996
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El Salvador

El reto de la delincuencia

En lo que va de año, se han producido 22 muertes diarIas por la violencia delincuencial. Si la tendencia se mantiene hasta fines de los 90, la delincuencia dejará más muertos que los doce sangrientos años de guerra.

Carlos G. Ramos

Uno de los problemas más graves que enfrenta El Salvador es el aumento desmedido de la actividad delictiva. En esto coincidimos con nuestros vecinos de la región centroamericana. Ya en 1992, año de la firma de los acuerdos de paz, las encuestas realizadas por diversas instituciones mostraban que la delincuencia se estaba convirtiendo en una de las preocupaciones más extendidas entre la población.

Los índices de delincuencia han aumentado año tras año, nadie duda de eso. Pero pese a que la discusión nacional no se orienta a este aspecto del fenómeno, lo más grave son las formas y niveles de violencia utilizadas en la comisión de delitos y el desarrollo de avanzados medios logísticos y organizativos de los que se están sirviendo hoy los delincuentes.

Muchos - incluso en esferas gubernamentales - consideran que el problema era previsible después de una década de guerra. Pero nadie - mucho menos en las esferas del gobierno - parecieron preocupados por diseñar medidas preventivas orientadas a evitar que tan "previsible" problema desbordara la tolerancia ciudadana y las capacidades institucionales para enfrentarlo.

Tras cuatro años de firmados los acuerdos de paz, la urgencia por frenar la delincuencia está llevando a poner en riesgo algunos avances logrados en el proceso de democratización institucional, a que el Estado evada su responsabilidad en definir una política seria y adecuada y -por si fuera poco- a trasladar a la institución policial y a los que aplican la justicia los costos de la puesta en práctica de nuevas leyes, que hasta el momento sólo son reactivas y superficiales.

Mucho ha cambiado

Muchas cosas han cambiado en El Salvador tras la firma de los acuerdos de paz, pero no todas se orientan la democratización del país, como algunos pueden pensar. La escalada delincuencial, cada vez más presente en la vida social, es un signo - entre muchos otros - de esas novedades no incluidas en la "transición pactada". Si la guerra se desarrolló en un marco de polarización social, la etapa post-acuerdos se vive en un marco de fracturación y descomposición de la sociedad.

Los datos oficiales que sobre el auge delincuencial se tienen son verdaderamente alarmantes. Se calcula que en los últimos años, el promedio de homicidios dolosos asciende a unos 8 mil anuales. En 1995, la Fiscalía General de la República reportó 8 mil 485 homicidios dolosos, 16 mil 182 lesiones, 126 secuestros, 3 mil 650 amenazas y 1 mil 666 violaciones sexuales. El Instituto de Medicina Legal informó que entre enero y marzo de 1996 se realizaron 1 mil 988 levantamientos de cadáveres, lo que indicaría un promedio de 22 muertes violentas diarias. Si tal tendencia se mantuviera estable o, en el peor de los casos, si se profundizara antes de que termine la década de los 90 habría en El Salvador más víctimas mortales causadas por la delincuencia, que los muertos que nos dejaron doce años de guerra.

Un paro con trasfondo

En tan grave contexto, propiciado por la ola delincuencial, marzo inició con un hecho poco habitual y lleno de trasfondo. Un autodenominado Comité Pro-defensa de Usulután, compuesto en su núcleo por conocidos empresarios del departamento, anunció la realización de un paro de la actividad comercial el 14 de ese mes, como medida de presión para que el gobierno prestara atención a esa zona, considerada una de las más afectadas por la delincuencia. Esto hizo pasar el tema de la seguridad pública de las cotidianas notas periodísticas a la primera plana de la discusión política. También dio origen a un novedoso eje de movilización ciudadana cuya potencialidad apenas se está descubriendo. En los días siguientes al anuncio de los empresarios usulutecos, sectores empresariales y de agricultores de San Vicente,San Miguel, Morazán, La Unión, Sonsonate, Santa Ana y Zacatecoluca, al igual que la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, dieron su apoyo a la medida, aunque sin sumarse a ella.

Aun cuando en el discurso de los empresarios de Oriente se muestra con claridad cuál fue el detonante de su acción, la naturaleza y propósitos de su decisión no son tan claras. Tanto el anuncio como la realización del paro estuvieron acompañados de una serie de elementos que inducen a pensar que estaba en juego algo más que la seguridad pública.

Para los grandes agricultores, ganaderos y comerciantes usulutecos - progatonistas del paro -, la delincuencia común que aqueja a la ciudadanía - y a los pequeños comercios, informales o no- no constituye el problema central. Lo que más les preocupa es la incidencia de secuestros, chantajes y otras actividades delincuenciales propias de bien organizadas estructuras criminales, algunas de las cuales derivan directamente de las estructuras paramilitares no desmontadas tras la firma de los acuerdos de paz. La preocupación de los empresarios no es gratuita. Se sabe que al menos una veintena de personas habrían sido secuestradas en lo que va del año 1996 y que algunas de ellas son familiares de prominentes empresarios y políticos.

El primer elemento a tener en cuenta se dio en el marco del anuncio del paro empresarial. En apariencia desligado de los organizadores del paro, el 8 de marzo se publicó en los diarios un comunicado anónimo proveniente del departamento de San Miguel y dirigido al Presidente de la República en el que se advertía que si el gobierno no asumía la responsabilidad de aplicar la ley para aliviar la zozobra en que vive la zona oriental, "podríamos sentirnos acorralados y no sabemos aún las medidas que tomaremos". Visiblemente molesto, el Presidente Calderón Sol respondió que su gobierno será "enérgico y duro" con quien transgreda la ley y que no admite "amenazas ni chantajes de nadie". "Que sepan -dijo- los que tienen intenciones de `sombras negras', que el peso de la ley les caerá también a ellos, porque nadie puede tomar la justicia en sus propias manos".

Los marginados de ARENA

Las incomodidades y roces en esta poco velada confrontación entre el Presidente y los empresarios de la zona oriental - hubo algunas otras expresiones - no fueron pocas o sin importantes consecuencias. De hecho, al día siguiente, diversos funcionarios, entre ellos el Director de la Policía, el Ministro de Seguridad y el Ministro del Interior, se dirigieron a la zona oriental, especialmente a Usulután y, tras dialogar con los empresarios, los felicitaron por su iniciativa ciudadana de sumarse a la lucha contra la delincuencia. Si esta visita constituyó una forma de limar las asperezas coyunturales creadas o fue sólo una incongruencia en las posiciones gubernamentales, es algo difícil de saber. Lo cierto es que, días después, y pese al acercamiento de los funcionarios de gobierno, Pedro Martínez, Presidente del Comité Pro-defensa que organizó el paro, aseguró que de no haber respuesta gubernamental en los 30 días siguientes al paro, se podría realizar otro paro de brazos caídos.

Un segundo elemento para la reflexión se dio al interior del empresariado mismo. La Cámara de Comercio e Industria del El Salvador no apoyó la acción de los usulutecos y más bien, llamó a la cordura para dialogar y encontrar una solución conjunta al problema. Según el Presidente de la Cámara, Ricardo Simán, con el paro se contribuía a polarizar la situación y no a solucionarla. La posición de la Cámara fue rechazada por el Presidente del Sector Productivo de Oriente, Ulises González.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en una actitud poco común en esta gremial, optó por no apoyar ni rechazar de forma franca las acciones de los empresarios usulutecos. Su definición frente al problema terminó siendo - al menos públicamente - un enigma. Su posición fue no tomar posición.

Un último hecho que debe rescatarse para el análisis es la composición del empresariado que se involucró en el paro. Pocas dudas quedan de que se trató fundamentalmente del sector de agricultores y ganaderos, a los que se sumó el sector comercial y de transporte de la zona. Curiosamente, también se sumaron algunos personajes, entre los que destaca Mauricio Gutiérrez Castro, ex-Presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la plana mayor del Partido ARENA. Sin pertenecer al Comité ni a la zona oriental, Gutiérrez Castro apareció como uno de los más activos "verificadores" de la efectividad del paro.

Está claro que quienes protagonizaron la acción pertenece a uno de los sectores empresariales más golpeados por la guerra, menos favorecido por las políticas estatales y, en buena medida, marginados del poder partidario y gubernamental. Se trata de uno de los sectores más ligados al origen y desarrollo de ARENA, el partido en el poder, un sector que en diversos momentos ha dado síntomas de molestia por sentirse marginado en el partido por tecnócratas sin historia, y de frustración por promesas gubernamentales no cumplidas. El perdón de la deuda agraria, una de ellas.

Los "duros" de ARENA

La presencia en Usulután del ex-Presidente de la Corte Suprema de Justicia - uno de los mejores exponentes de la derecha más extrema y a quien se le conocen aspiraciones electorales - no habría sido gratuita. De hecho, el partido ARENA se encuentra a unos meses de definir internamente a sus candidatos a diputados y alcaldes para las elecciones de marzo/97, y las luchas por establecer las nuevas correlaciones de poder han empezado ya.

En 1994, Ulises González sorprendió al partido ARENA al pactar con la Democracia Cristiana (PDC) su candidatura a la Vicepresidencia de la República. Se vio en este pacto una expresión del descontento del sector arenero agropecuario - sobre todo el oriental - por el abandono a que los sometió la administración Cristiani y por las escasas expectativas que les prometía un nuevo gobierno arenero. Tras negociaciones con el partido, González declinó su candidatura, dejando al PDC con el anuncio público y con un conflicto más, entre los muchos que este partido político está acostumbrado a vivir.

El paro empresarial en Oriente parece haber tenido también una dimensión de conflicto intrapartidario. Los empresarios orientales conocen la importancia que tienen cuando se trata de echar a andar la maquinaria electoral del partido. Son ellos, y no los tecnócratas enquistados en el aparato gubernamental, los que garantizan la movilización de la base electoral.

No es desconocido que al interior de ARENA se libra, desde hace algún tiempo, una disputa en torno a quién expresa mejor la tradición del partido, quién encarna el espíritu original de nacionalismo del fallecido Mayor Roberto D'Aubuisson. El mismo ex-Presidente Cristiani fue acusado en su momento de no tener extracción arenera. Es difícil determinar hasta dónde la reciente movilización empresarial refleja también esta interminable disputa. Todo indica que en el paro se combinó una respuesta ciudadana ante el auge delincuencial y una acción política vinculada a los conflictos partidarios y a la débil atención que el gobierno da al sector agropecuario.

Ley vs. delincuencia

Apenas cinco días después del paro en Usulután, y tras un apresurado e irresponsable proceso de discusión del proyecto de ley, la Asamblea Legislativa - con los votos de todas las fracciones, excepto los del FMLN - aprobó la Ley Transitoria contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, para dar respuesta y solución al problema, según sus impulsores. No hay duda de que tanta premura contrasta con el estancado ánimo de ratificar las 14 reformas constitucionales derivadas de los compromisos suscritos en los acuerdos de paz, aún pendientes.

La ley aprobada contraviene directamente preceptos constitucionales y tratados internacionales firmados por El Salvador, como posteriormente lo han ido demostrando diversos recursos de amparo presentados. En suspenso quedó en el pleno legislativo un todavía más grave proyecto de Ley de Defensa Social, que pudo haber dejado al país en un virtual estado de sitio.

Los jueces se han mostrado reacios a aplicar la nueva normativa, coincidiendo en que contraviene principios constitucionales y, en algunos casos, porque genera nuevos o mayores problemas. Por su parte, el Secretario General de la ONU, en su último informe sobre El Salvador, considera que la nueva ley atenta contra el proceso de democratización.

Sólo la espuma de la ola

Pese a cuatro años de supuesta reeducación para la democracia, las élites dirigentes continúan mostrando altos niveles de irresponsabilidad política, personal e institucional. Según declaraciones de diputados del Partido Renovación Social Cristiana -una de las escisiones del PDC-, no votar a favor de esta ley podía provocar que los diputados fueran rechazados por la población. Esta convicción les habría conducido a dar su voto favorable, aunque objetaron aspectos de la ley. Habrá que caminar mucho todavía para lograr asumir que el político, no sólo debe ser receptor de las necesidades y demandas ciudadanas, sino también, y sobre todo, debe constituirse en formador y orientador de la opinión publica sobre los problemas que vive la comunidad. Sólo así podrá hallar correctamente las soluciones.

La nueva ley representa una de las mejores expresiones del carácter reactivo y superficial de las respuestas gubernamentales a los diversos problemas de la sociedad salvadoreña. El cuerpo de la ley está francamente dirigido a criminalizar a los vulnerables y a atacar sólo la espuma de la ola delincuencial. Parece orientada a generar la impresión de que se está actuando contra la delincuencia acosando las expresiones más visibles y cotidianas de conductas consideradas arbitrariamente sociopáticas.

El fenómeno de las maras (pandillas) juveniles, cada vez más extendidas en el país, pasa a ser - tácitamente el problema central de la seguridad pública. Pero cualquier análisis medianamente serio sobre el problema de las pandillas podría mostrar que el eje central de la criminalidad en El Salvador no está en este complejo fenómeno generacional - sobre el que ciertamente se debe actuar - sino en sólidas estructuras organizativas dedicadas a la comisión de los más variados delitos y que, al menos en algunos casos, parecen contar con la complicidad o connivencia de personas ubicadas en altas posiciones de poder, como lo ha expresado en repetidas ocasiones el propio Ministro de Seguridad Pública.

Cárceles saturadas

Tan reactiva y superficial resulta la ley que, después de más de un mes de su aplicación, el mismo jefe de operaciones de la PNC, Rolando García, reconoció que los niveles delincuenciales no habían disminuido en lo más mínimo.

La ley es también una buena expresión de las tendencias hacia una regresión autoritaria que desde hace un tiempo se han venido afincando en el proceso político. La nueva ley atenta contra la modernización del aparato jurídico e institucional todavía en curso, afectando incluso la presunción de inocencia, penalizando faltas - no delitos - y ratificando las declaraciones extrajudiciales como prueba. Expresión de todo esto es el hecho de que el encarcelamiento sea comprendido como una medida privilegiada en la aplicación de la justicia, y no como una medida excepcional.

Finalmente, la nueva normativa no sólo está dando muestras de no resolver problema alguno, sino que ha creado aceleradamente - tal como fue su aprobación- nuevos y peligrosos problemas. El mayor de ellos la saturación carcelaria y el consiguiente cierre de los centros penitenciarios que se niegan a recibir a nuevos reos. El 28 de abril, 8 de los 16 centros de internamiento decidieron no recibir a más reos. Esto llevó a que los jueces decidieran devolver los reos a las bartolinas de los diversos puestos de la PNC, de donde les fueron originalmente remitidos. Pero enseguida las celdas policiales también estuvieron saturadas y no aceptaron "devoluciones" de reos.

¿En qué lugar se internará a tantos detenidos? Este ha pasado a ser para la institución policial y para quienes aplican justicia un problema tan complejo como la delincuencia misma. La capacidad de los centros penales ha sido rebasada en más de un 200% según los directores de estos centros y la población reclusa total supera ya las 8 mil 700 personas. De este total, 24 de cada 100 son reos condenados o sentenciados y el resto son reos sin condena.

Solución regional

¿Cuál será la solución? Cualquier respuesta salvadoreña debe pensarse hoy en estrecha coordinación regional. No es sólo El Salvador. Toda Centroamérica fue convertida en los años 80 en un mercado libre de armas que nadie controla ahora y en un corredor para el tráfico de drogas, con la complicidad de los ejércitos o de algunos de sus mandos. La solución debemos buscarla con creatividad todos los centroamericanos.

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