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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 170 | Mayo 1996
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Guatemala

Próximo acuerdo: el ejército

La sociedad guatemalteca,reservada y desconfiada, habla en una reciente encuesta del ejército. El tema de las fuerzas armadas es el próximo y espinoso tema a debate en las negociaciones de paz.

Gonzalo Guerrero

El 6 de mayo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y representantes del gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, después de más de un año de discusión. Aunque se trata del quinto acuerdo sustantivo en 28 meses de negociaciones, éste es considerado el primero que da respuesta a las causas que hace 35 años originaron el movimiento revolucionario.

A lo largo de 1995, la negociación de este acuerdo provocó firmes resistencias en la gran empresa privada y contribuyó a tensionar el ambiente en el campo, donde los conflictos por la tierra aumentaron de forma dramática. Durante los últimos meses, las docenas de casos de invasiones de tierras - ocupadas por campesinos en protesta por maltratos laborales o por la usurpación de sus tierras ancestrales- pueden entenderse también como mecanismos para presionar en la mesa de negociaciones y a la vez, como expresiones de las grandes expectativas que estas negociaciones crearon. Las protestas del sector agroexportador - que condujeron a un descarrilamiento del proceso de paz en diciembre - se esfumaron al llegar al poder en enero el nuevo gobierno. Las sospechas de varios observadores políticos de que el acuerdo no afectaría los intereses fundamentales de los grandes empresarios se confirmaron el 6 de mayo. El acuerdo enfatiza la generación de empleo en el sector privado por un lado, y el fortalecimiento de un gobierno que establezca claras y justas reglas de juego por otro. Pero no logra tocar los temas medulares: el sistema de tenencia de la tierra, la concentración de las riquezas o la regresividad del sistema tributario guatemalteco.

Nos toca a nosotros

Aunque un análisis profundo del acuerdo firmado está pendiente, las reacciones iniciales de varios grupos del movimiento popular han sido en general favorables. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) afirmó que el acuerdo del 6 de mayo sienta las bases para un nuevo modelo de desarrollo más humano y más y justo, fija las nuevas oportunidades, que sólo se alcanzarán si todos y todas trabajamos para ello.

Los comentarios del CALDH son compartidos por muchos, que enfatizan el potencial papel que puede tener el acuerdo, más que su poder para provocar cambios estructurales. Cabe hacer la reflexión de que al analizar el acuerdo pensemos en lo que es posible hacer, dejando para el futuro lo que es deseable. Las partes ya hicieron lo suyo, ahora nos toca a todos y a todas aportar en la construcción de la paz, concluye el análisis del CALDH.

Acuerdo: qué propone

El acuerdo está dividido en cuatro grandes capítulos: Democratización y desarrollo participativo, Desarrollo social, Situación agraria y desarrollo rural, y Modernización de la gestión pública y política fiscal. He aquí un resumen de los aspectos más relevantes de cada capítulo:

- Democratización y desarrollo participativo. Para fortalecer las capacidades de participación de la población, el gobierno se compromete a promover reformas de ley que dan más poder a los alcaldes municipales, que regionalizan los servicios de salud, educación y cultura, que aumentan la participación departamental en la nominación de gobernadores departamentales, y que restablecen los consejos locales de desarrollo. El acuerdo enfatiza la obligación del Estado de promover la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y busca mecanismos para garantizar igualdad de oportunidades para la mujer en su acceso a la educación, a la vivienda, a la salud y al trabajo. Por primera vez en un acuerdo de este tipo, se trata el tema de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas Se requiere legislar para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular, especialmente en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales y respeto a su dignidad.

- Desarrollo Social. El acuerdo pone énfasis en el papel fundamental de la inversión privada en el país para la generación de empleos y el desarrollo social… indispensable para el crecimiento económico y una mejor inserción en la economía mundial. El papel del gobierno será promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico de manera que se asegure la eficiencia económica, el aumento de los indicadores sociales y la justicia social.

Muchas de las sugerencias de este capítulo suenan a promesas de campaña electoral. Se habla de aumentar el PIB en un 6% annual, de incrementar de manera significativa la inversión social, de mejorar la administración de los recursos, etc. El acuerdo estipula para el año 2000 un aumento en el gasto público - en relación con el PIB - en educación y salud en un 50% mayor que lo ejecutado en esas áreas en 1995. Por lo menos, un 50% del gasto en salud debe dirigirse a salud preventiva. El gobierno se compromete a reducir la mortalidad infantil en 50% antes del año 2000 y a promover en 1996 cambios legales y reglamentarios que sancionen severamente las infracciones contra las leyes laborales y a incrementar los servicios de inspección laboral. Se contempla la capacitación y formación profesional de por lo menos 200. mil trabajadores antes del año 2000. La contradicción estructural está, en gran medida, en la tasa de crecimiento poblacional, que podría absorber todo el impacto de estas cifras. Antes del año 2000, más de un millón de guatemaltecos entrarán a formar parte de la fuerza laboral.

- Situación agraria y desarrollo rural. Este capítulo es el que más conflicto provocó durante todo este año de negociaciones. Al final, el acuerdo habla de la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político. Se contempla la creación de un Fondo de Fideicomiso de Tierras, que inicialmente se conformará con tierras baldías nacionales y fincas registradas a nombre de la nación, tierras nacionales entregadas en forma irregular en el Petén y la Franja Transversal del Norte que el gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales, y tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando a FONATIERRA y FONAPAZ para tal finalidad.

En el resto del capítulo se establece el apoyo a empresas y asociaciones campesinas y cooperativas, el aumento de la inversión pública en infraestructura rural, la creación de procedimientos para dirimir los litigios sobre tierra, programas de promoción ecológica, y el establecimiento de un catastro nacional que se iniciaría a más tardar en enero de 1997. Para financiar todas estas medidas, el gobierno promoverá la aplicación de un impuesto territorial recaudado por las municipalidades, y una nueva escala impositiva- significativamente más alta - para el impuesto annual sobre tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.

- Modernización de la gestión pública y política fiscal. El gobierno se compromete a promover la descentralización de responsabilidades y recursos, una mayor fiscalización de recursos, y a la profesionalización de la carrera de servicio civil. En cuanto a la política fiscal, dará prioridad a la inversión y al gasto social, aumentando antes del año 2000 la carga tributaria de 1995 (de 7% a 11% del PIB). Se establecerán mayores sanciones para la evasión y defraudación fiscales y se fortalecerá la administración tributaria.

Con precisión quirúrgica

Mientras que en la noche del 6 de mayo en México y para celebrar el acuerdo, Gustavo Porras - presidente de la Comisión de Paz del Gobierno - tocaba la marimba y Gaspar Ilom y Rigoberta Menchú bailaban un son, un grupo de activistas sociales de la Iglesia Católica de Guatemala analizaban una serie de ataques en contra de varios de sus dirigentes que trabajan en derechos humanos y en conflictos de tierras.

El 5 de mayo, un dirigente de la Pastoral de Movilidad Humana fue secuestrado, golpeado y luego liberado. Ese mismo fin de semana fueron allanadas las oficinas de la Confederación de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA) y la residencia de una directora del Proyecto de Recuperación Histórica.

La semana anterior, un diplomático ruso de visita en el país fue atacado a balazos mientras viajaba con su esposa al sur de la capital, muriendo después. Días más tarde, investigadores del Ministerio Público fueron asesinados en la misma zona. El aumento de la violencia política, ejecutada con una precisión casi quirúrgica, ya es parte de la dinámica política que acompaña un proceso negociador que puede resumirse así: un juego de avances formales permanentemente punteado con advertencias reales.

El próximo tema a discutir entre las dos partes será Papel del Ejército en una sociedad democrática. Todos coinciden en que será el último tema espinoso que abordará el proceso de paz. El ex-presidente de COPAZ, Héctor Rosada, y su actual presidente, Gustavo Porras, opinan que, probablemente, el tema será menos controversial que el del acuerdo recién firmado.

Como aporte al proceso de debate de este tema, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano publicó recientemente los resultados de una encuesta nacional realizada en Guatemala en noviembre/95 para investigar la imagen que la población tiene del ejército. Los resultados de las 1,200 entrevistas realizadas por la empresa Borge y Asociados, ofrecen una radiografía valiosa hecha por una sociedad generalmente reservada y desconfiada.

Ejército: pésima imagen

Durante la presentación de la encuesta, uno de los panelistas, Edgard Gutiérrez, del Proyecto de Recuperación Histórica de la Iglesia Católica, ofreció esta interpretación de los resultados: La encuesta nos retrata como una gente desconfiada, escéptica frente a las perspectivas de cambios institucionales y al final de la guerra. Somos apáticos, señalamos los problemas pero no queremos participar activamente en su resolución. No queremos correr riesgos. Nos muestra como un pueblo intuitivo. Existe la opinión de que éste no es el momento para soluciones autocráticas, para gobiernos de mano dura, para golpes de Estado. También nos muestra como un pueblo con poca información y temeroso. Sin duda, éste es un rasgo predominante.

La encuesta dibuja un país con grandes diferencias de percepción según la geografía, el género y el nivel de violencia que le tocó vivir a cada uno. A nivel nacional, la mala imagen del ejército resulta contundente: el 84.3% de los encuestados tienen ninguna (56%) o muy poca (28.3%) confianza en la institución armada. El ejército es señalado por el 84.5% de la población como violador de los derechos humanos. A la par del Ejército, aparece la Policía Nacional, seguida por las Patrullas de Autodefensa Civil y la Policía Militar Ambulante. Las instituciones de seguridad fueron calificadas como defensoras de los derechos humanos sólo por un 5% o menos de los encuestados.


La percepción sobre la responsabilidad en el tema de los derechos humanos también se extendió a los jueces: un 36% los considera como violadores, y sólo un 11% cree que son sus defensores. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) fue señalada por el 36.4% de los encuestados como violadora de los derechos humanos. El 24.1% la ve como defensora. De acuerdo con la encuesta, los grandes empresarios y los sindicatos son los que más defienden los derechos humanos. La encuesta también sirve para mostrar el grado de impacto que ha tenido la guerra en Guatemala: el 36% de los encuestados dice haber sufrido alguna pérdida directa o indirecta a causa del conflicto armado interno. En áreas conflictivas esa cifra asciende al 54%.

A pesar de que consideran al ejército como violador de los derechos humanos y generador de violencia, pocos de los entrevistados creen que debe abolirse la institución armada. Mientras el 62.3% de la población opina que el ejército se debe reducir, solamente el 14.2% cree que debe desaparecer totalmente. Es notable un mayor rechazo al ejército entre las mujeres: el 79.7% de las encuestadas cree que el ejército debe reducirse, mientras sólo un 44.8% de los hombres lo cree así.

Aunque la mayoría está de acuerdo con la reducción del ejército, casi la mitad (48%) cree que el ejército es indispensable para mantener la seguridad de Guatemala. Paradójicamente, el 83% de los encuestados, tiene la percepción que si no existiera el ejército no habría tanta violencia en el país.

Un 57% de los entrevistados cree que la gente le tiene miedo al ejército. En el altiplano y en el norte del país, la cifra supera el 80%. Un 76% de los entrevistados manifiesta que el ejército ninguna cosa buena ha hecho por las comunidades. El 30.1% de la población dice tenerle miedo a la guerrilla, mientras el 19% manifiesta tenerle respeto. Las mujeres tienen mucha menos simpatía por el ejército. El 83% no tienen ninguna confianza en las fuerzas armadas, sólo 28% de los hombres comparte este grado de rechazo.

Se observa también una brecha entre las percepciones del campo y las de la ciudad. En áreas rurales, el 24% de los encuestados cree que la gente sí se preocupa por los problemas comunales, mientras que en la muestra urbana, sólo el 6.1% comparte esta opinión. En relación al ejército, el 72.3% de quienes viven en el campo no tiene ninguna confianza en el ejército, mientras que en las áreas urbanas sólo un 37.6% aparece totalmente desconfiado.

Otra conclusión que se puede extraer de la encuesta es que el pueblo se siente desvinculado de los acontecimientos políticos nacionales. Cuando se hizo la pregunta: ¿Cuál es el presidente más antiguo que recuerda?, el 58% respondió que era Jorge Serrano Elías (1991-93) y el 29% que Vinicio Cerezo (1986-91). Los Presidentes anteriores a 1986 desaparecieron de la memoria colectiva, con la excepción de Juan José Arevalo, que 50 años después es aún recordado por el 10.4% de sus compatriotas.



Cuba se acerca

35 años después de que el ya olvidado gobierno de Ydígoras Fuentes ofreciera a Estados Unidos el uso de la finca Helvetia, en el sur de Guatemala, para entrenar a las tropas anticastristas que participaron en la fracasada invasión de Playa Girón, en Cuba, el gobierno de Guatemala inicia negociaciones para restablecer relaciones con la isla.

En los últimos cuatro meses, ha habido tres acercamientos significativos. El primero en enero, cuando el Canciller cubano Roberto Robaina fue invitado a la toma de posesión de Alvaro Arzú. En febrero, un grupo de empresarios de Guatemala, patrocinados por la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales viajó a Cuba a explorar posibilidades de inversión y mercados en la isla. En abril, una misión de técnicos cubanos llegó a Guatemala a ofrecer asistencia en las áreas de salud, biotecnología, deportes y cultura. Fuentes cercanas al gobierno de Arzú afirmaron que en poco tiempo los dos países establecerían oficinas de intereses comerciales.

A pesar de estos acercamientos, el Canciller guatemalteco, Eduardo Stein, desmintió rumores sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas. No forman parte estas relaciones de la agenda prioritaria del gobierno. Mientras la aproximación de Cuba se explica más fácilmente, en la receptividad del gobierno Arzú hay que tener en cuenta varias razones. Por un lado, Cuba le da oportunidad al nuevo gobierno de mostrar independencia frente a Estados Unidos, reafirmando una posición nacionalista. Por primera vez en casi 40 años, existe una correlación de fuerzas continental, favorable a expresiones de solidaridad con Cuba de países pequeños.

Guatemala tiene también en esta apertura hacia Cuba una ficha de negociación en sus relaciones bilaterales con el gran vecino del Norte. En entrevista con envío de mediados de abril, Arzú expresó su desencanto ante la falta de un espíritu positivo y constructivo por parte de Estados Unidos. Ya pasó la época de las actitudes recriminatorias e imponentes, dijo. En cambio, alabó el apoyo y la solidaridad con Guatemala de los gobiernos de Europa y de Oriente, que se dan cuenta de los cambios que hacemos.

Se congela el retorno

Mientras en la mesa de negociaciones, en los titulares de la prensa internacional y gracias a sus esfuerzos diplomáticos, el nuevo gobierno de Alvaro Arzú logra ganar aplausos de la comunidad internacional, existen importantes señas -relativamente escondidas- de que el gobierno no logra aún sanar las heridas abiertas en la nación.

Catorce años después de los grandes éxodos a México, 32 mil guatemaltecos continúan viviendo en el país vecino y el proceso de retorno colectivo se tambalea por conflictos entre el gobierno y los representantes de los refugiados. De acuerdo con un analista que observa de cerca estas negociaciones, todo conflicto que surge parece tener detrás un cuestionamiento del gobierno sobre la viabilidad del proceso de retorno, sobre los acuerdos de octubre de 1992, y sobre la legitimidad y representatividad de los Comités Permanentes de los refugiados en las negociaciones.

Hasta inicios de mayo, 29 mil 362 refugiados habían regresado a Guatemala, la mitad de ellos bajo el programa de repatriaciones individuales, y la otra mitad en retornos colectivos durante los últimos tres años. Hoy, 9 mil 826 refugiados viven en campamentos de Campeche, 4 mil 310 están en Quintana Roo y 18 mil 164 quedan en Chiapas. Casi la mitad de este total ha nacido en México durante los 14 años de exilio y, son mexicanos por nacimiento.

En octubre/95 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) hizo pública una propuesta de integración para los refugiados guatemaltecos. COMAR hizo una encuesta entre los refugiados de Campeche y Quintana Roo. El 72% mostró intención de integrarse en México, un 14.5% aún no se decidía a regresar y el 13.5% quería volver.

A finales de febrero, el Presidente Alvaro Arzú realizó una histórica visita a México, donde se reunió con refugiados guatemaltecos y con los gobernadores de Campeche, Quintana Roo y Chiapas, que le reiteraron su apoyo a la propuesta hecha por COMAR. Con la oferta mexicana y la aceptación de gran parte de los refugiados, el gobierno guatemalteco respiró aliviado. En vez de acomodar a unas 32 mil personas, sólo serían entre 4 y 9 mil.

Estando así las cosas, el gobierno mexicano dio marcha atrás en marzo y cambió al director de COMAR que había hecho la propuesta. Parece que en el equipo de gobierno mexicano no hay consenso sobre el tratamiento a este problema, concluye un análisis del Servicio Jesuita a Refugiados de México. La Secretaría de Gobernación decidió continuar con el retorno o repatriación como solución, dice.

Aunque fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dicen que existen señales de que el gobierno de México podría volver a su propuesta original, la confusión y la inseguridad se han apoderado desde hace meses de los pobladores de los campamentos.

En octubre de 1992, el gobierno de Jorge Serrano Elías firmó un acuerdo con los refugiados en México ofreciéndoles tierras y créditos en Guatemala para facilitar su retorno. El resultado fue una ola sin precedentes: 14 mil 888 personas retornaron colectiva y organizadamente entre 1993-95.

¿Y esos 32 mil refugiados?

En abril/96, los representantes de los refugiados retornados han estado negociando con el gobierno una prórroga del reglamento de crédito para la compra de tierras. Pero el gubernamental Fondo Nacional de la Paz insiste ahora en poner una serie de condiciones a los refugiados para continuar dándoles créditos. Las condiciones incluyen un censo poblacional de todos los asentamientos de retorno, un estudio que compruebe que las ONGs involucradas en este proyecto han cumplido con el aporte de 26.9 millones de quetzales que prometieron, la presentación de una metodología viable para el manejo de los fondos revolventes y un listado de todos los refugiados interesados en retornar. La prórroga dada es sólo por 30 días y los créditos se otorgarían solamente a los retornos planificados para dos asentamientos. Los refugiados se han negado a aceptar estas condiciones y las negociaciones están estancadas. Mientras, el proceso de retorno se ha detenido.

Como resultado del cambio de política, tanto en México como en Guatemala, la situación se ha agravado para los refugiados. Si México cancela su propuesta de integración y su patria les bloquea el retorno con la negación de créditos, ¿a dónde irán esos 32 mil guatemaltecos que aún viven en los campamentos?

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