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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 170 | Mayo 1996
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Nicaragua

El costo de la honestidad

¿Cómo superar los dilemas de las tres Nicaraguas imposibles: la del somocismo, la del sandinismo y la del actual nepotismo familiar? De la turbia cultura política deben surgir unas elecciones honestas. Es un reto para todos los nicaragüenses.

Equipo Nitlápan-Envío

"El gobierno no tiene tiempo para gobernar y el estado está cayéndose a pedazos, mientras la sociedad está dividida entre los que creen en todo y los que no creen en nada, sin mucho fundamento para lo uno o para lo otro." Quien habla así no es un nicaragüense que describe la actual Nicaragua pre-electoral. Se trata de Gabriel García Márquez hablando de su convulsionada Colombia. Sin embargo, las palabras de Gabo calzan también en la turbulenta coyuntura nicaragüense, en la que, a raíz del escándalo financiero descubierto en Italia este mes y que involucra a uno de nuestros más activos candidatos presidenciales, pudiera estar adquiriendo ya rasgos de "colombianización".

Inciertas y difíciles alianzas

El panorama electoral es aún incierto. Para mediados de mayo se esperaban definiciones precisas sobre candidatos y alianzas, que talaran algo el tupido bosque electoral: 43 partidos y 22 anunciados candidatos presidenciales. A petición de nueve partidos, la fecha de estas definiciones se prorrogó del 17 al 24 de mayo. Las alianzas - ¿basadas en qué?- están dificilísimas para algunos. Mientras la Alianza Liberal crece, nutriéndose de los sectores que logra desgajar de otros partidos y que se unen a los liberales enarbolando firmes la bandera antisandinista -sólo ésa-, los socialcristianos no se deciden, los partidos minúsculos esperan cómo queda el juego, la Resistencia invoca principios y las varias expresiones partidarias del sandinismo -FSLN, MRS y PAD de Edén Pastora- encuentran serias dificultades para encontrar a un simple aliado.

El panorama es permanentemente cambiante en ofertas y demandas. "Volátil", diría un analista estadounidense. Del MRS se esperó durante meses -ése era su discurso- la conformación de un centro-izquierda, integrando a varios partidos "medianos" decididos a superar la polarización sandinismo-liberalismo. Ni ése ni otros centros parecen fáciles.

Al anunciar por fin su candidato a la Vicepresidencia -el joven médico epidemiólogo, Leonel Argüello-, cargo sobre el que se había creado expectativa, pues parecía reservado para las alianzas, Sergio Ramírez definió al MRS como "un partido de izquierda". "Vamos a reivindicar -dijo Sergio- a la izquierda desde la tolerancia y la democracia, enterrando para siempre el verticalismo."

Daniel Ortega: candidato del FSLN

A esas mismas horas, los congresistas del FSLN ratificaban a Daniel Ortega como su candidato presidencial y escuchaban de su máximo dirigente que el Vicepresidente por el FSLN será un desconocido ganadero y caballista, confiscado por la revolución en los 80, con el que se aspira darle al FSLN una "nueva imagen" y asegurar, ya en el poder, la gobernabilidad del país.

¿Sólo Daniel es garantía de cohesión en un partido que aún siendo el más organizado y más grande cuantitativamente, ha venido sufriendo un grave desgaste ético en estos años? ¿Pervive en el FSLN la concepción política de Estado-Partido, que marcó a fuego su política en los años 80? Eran sólo algunas de las preguntas que se escuchaban entre quienes quedaron inconformes con los resultados del Congreso del FSLN y que proponían " a Daniel en el Frente, pero a Vilma para Presidente". Vilma Núñez de Escorcia, que compitió como candidata a la Presidencia, buscando no sólo ganar, sino también y muy especialmente, rescatar la honestidad, la transparencia, el compromiso y la credibilidad en el FSLN, aceptó los resultados, confiando en que otros sandinistas más jóvenes darán continuidad a su esfuerzo de estos meses.

Un juego de ruleta rusa

El panorama sigue siendo riesgoso. "Urge detener el fraccionamiento mental, la multiplicación de candidatos y partidos, las enfermizas estrategias y amarres, las conquistas mínimas de poder, los intereses desvergonzados en la política para poder llegar a la riqueza", afirmó dramáticamente en un evento auspiciado por la Universidad para la Paz a inicios de mayo, el poeta Pablo Antonio Cuadra, en quien el gran capital nicaragüense confió para frenar la polarización sandinismo-antisandinismo lanzando su candidatura de "notable de consenso". Cuadra comparó las elecciones del 96 con "un juego de ruleta rusa" en el que si erramos, podríamos "hundirnos en una irreversible decadencia y miseria".

El panorama es desalentador. Así lo analizaba en Managua el ex-Canciller de Costa Rica, Rodrigo Madrigal, en un evento organizado por los Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. "La partidocracia -dijo- busca una estabilidad política mal entendida que sólo está logrando consolidar un oligopolio de poder para compartir intereses, negocios y apellidos y para sobrevivir desde las estructuras de sus partidos a costa y amparo del Estado. Este permanente engaño ha erosionado la fe de nuestros pueblos, que ven perderse su destino en esta trama de la casta política, cínicamente empeñada en aparecer dividida para encubrir el contubernio que la amalgama. Y es que en el fondo todos sabemos que la partidocracia, mientras entretiene a la galería con grandes escaramuzas, llega a velados entendimientos para operar la tramoya. Porque aun cuando los actores intercambien sus papeles, el libreto sigue siendo el mismo."

El "Charro" mata

Mientras este análisis sobre Centroamérica entera encajaba como anillo al dedo en Nicaragua, y mientras la partidocracia local entretenía a la galería, se difundía un mensaje urgente que el 24 de abril lanzaban a oídos atentos de "otras" galerías los campesinos de Matiguás. En él piden auxilio y dan a conocer que una lista con los nombres de 300 dirigentes de organizaciones campesinas de origen sandinista está en manos de la gente del "Charro" para irlos asesinando uno por uno a todos. Informan que entre marzo y abril ya mataron a 20. "Tienen un control absoluto -dicen los campesinos- del transporte colectivo y de las personas que hacen transacciones comerciales en la montaña. Para poder trabajar en la zona hay que andar autorizados y los permisos los otorga el "Charro" y son firmados y sellados por él. Las redes de colaboradores y de inteligencia militar del "Charro" llegan hasta el casco urbano, donde ejercen control sobre las dirigencias de las organizaciones campesinas, de los partidos políticos, iglesias, ejército y policía."

La polarización política de los rearmados es evidente. "La campaña que realizan con los campesinos -dice el mensaje- es de que apoyen al "Charro" y llaman al campesinado a no permitir campañas políticas que no sean del Partido Liberal de Arnoldo Alemán y del Partido de la Resistencia".

La yerba venenosa

La polarización no es sólo interna. También pervive en el país que financió a uno de los bandos en la guerra de los 80. Dan Burton, representante demócrata -autor de la polémica Ley Helms-Burton- declaró en recientes audiencias en el Congreso de su país sobre Nicaragua y las futuras elecciones que "hasta que la yerba venenosa del sandinismo no sea extirpada de raíz, Nicaragua seguirá sufriendo."

Con la misma beligerancia, el coautor de esa misma Ley, el senador Jesse Helms, escribió a fines de abril al Secretario de Estado estadounidense en estos términos: "Tenemos serias reservas acerca de la imparcialidad y equidad del proceso electoral nicaragüense". Sus dudas se alimentan de la situación que existe en los 26 municipios en los que no pudo haber cedulación a causa de la inseguridad creada por la violencia de los rearmados. En esos municipios -dice Helms- "viven los que lucharon por traer la democracia a Nicaragua", refiriéndose a los ex-miembros de la Resistencia, uno de los cuales es el "Charro". Sus dudas y escepticismo sobre los resultados electorales coinciden con el discurso de Arnoldo Alemán. Así están de confusas y de tensas las vísperas electorales. Muchos se aferran a la confianza de que no se cumpla esta vez el refrán que dice que "por la víspera se saca el día".

Una reflexion necesaria

¿Hay suficiente institucionalidad y legalidad en Nicaragua para hacer frente a los graves problemas que vive el país? ¿Y a los que podrían derivarse de los resultados electorales? Por confusos que sean los escenarios, siempre debe haber espacio para reflexiones de fondo.

Generalmente, la inmensa mayoría de los seres humanos están de acuerdo en que la sociedad debe ser más justa. La dificultad comienza cuando se trata de definir qué es la justicia. Por esto, una de las piezas claves del contrato social entre los seres humanos para garantizar su convivencia en la sociedad es la definición del dominio de la ley. La ley rige tanto el dominio privado como el público. Rige también las relaciones entre lo público y lo privado. Establece también la separación entre los poderes públicos, piedra angular del edificio social. ¿Por qué existe el Poder Judicial? Porque tanto los individuos como los poderes públicos transgreden las leyes y van más allá de los límites del contrato social que ellos mismos colectivamente instituyeron, pero que individualmente no se sienten en la obligación de respetar.

La vuelta a la legalidad

La moral trata de prevenir estas situaciones e intenta transformar las obligaciones colectivas en obligaciones individuales. La historia enseña que siempre hay transgresores y que para ellos, sean individuos o instituciones, el costo de abandonar una conducta ilícita debe ser más alto que el costo que los respetuosos de la ley pagan por continuar dentro de la ley. ¿Y si hubiera arrepentimiento en los transgresores? Como esta conducta no suele ser frecuente, no se puede fundar la solidez del contrato social sobre la base del arrepentimiento de los transgresores.

Dentro del contrato social, las instituciones de justicia tienen por misión ejercer la coerción social necesaria para lograr el retorno a la legalidad de los que persisten en la transgresión en nombre de su "racionalidad". Es preciso recordar que "racional" es quien persigue sus fines buscando el menor costo posible. En un caso así, la amenaza del castigo es el costo que la sociedad impone al individuo para reducir el costo que le traería el abandono de su ilegalidad. Este sistema, que se aplica tanto a las transgresiones privadas como a las públicas, no es perfecto, como ninguna de las instituciones democráticas lo es, pero es el menos malo entre todos los demás sistemas. Como las instituciones públicas también experimentan la tentación de la transgresión, ellas también deben pagar un costo por volver a la legalidad. También es necesaria para ellas la amenaza del castigo para garantizar que respeten el contrato social.

A vista y paciencia de todos

Existe una diferencia: en el caso de los asuntos del dominio público la efectividad del sistema supone, en primer lugar, una real separación e independencia de los poderes, pieza fundamental del derecho constitucional moderno, sin olvidar que es posible que la cultura política que prevalece en una nación en un momento dado de su historia no sea la más adecuada para que el sistema funcione a cabalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha llegado a considerar a los medios de comunicación como un "cuarto poder", necesario para ejercer un control independiente sobre los otros tres poderes. La realidad, sin embargo, muestra que los grupos económicos mas fuertes controlan completamente a este cuarto poder, lo que limita la proclamada democracia.

Las circunstancias en que se encuentran hoy los asuntos públicos nicaragüenses ofrecen claros ejemplos de la disfuncionalidad del sistema de garantías de nuestra legalidad. Se ha vuelto hábito -¿vicio?- denunciar irregularidades y corrupciones en la esfera privada y en todos los medios de comunicación social. Transgresiones que amenazan la vida y los bienes de cualquiera aparecen a diario a vista y paciencia de todos los ciudadanos, mientras es obvia la incapacidad de la administración pública para mejorar la situación.

Esto ha conducido, entre otras cosas, a una multiplicidad de formas de privatización de la policía, reconocidas en la ciudad y criticadas en el campo. No se ha llegado aún a una privatización de la justicia porque los cimientos locales del contrato social son aún más débiles que los cimientos nacionales. Por alguna razón todos los Estados fuertes fueron siempre centralizadores.

También empiezan a ser comunes las denuncias sobre cómo se privilegian los intereses privados dentro de las instituciones públicas, lo que se conoce como corrupción. Algunos consideran que sólo podrán erradicar la corrupción reduciendo la esfera pública, sirviendo así a los intereses de quienes, en una posición conservadora, abogan por la supresión del Estado. A la par, ciertos liberales hacen una tal apología de los intereses privados y proponen una forma de gobierno tan basada en la racionalidad individual que al final terminan justificando la corrupción. Para ambas tendencias, los vicios públicos son virtudes privadas.

Perder el hoy por el futuro

Son menos comunes en Nicaragua las denuncias sobre la ilegalidad pública. Menos comunes los análisis sobre los costos de la honestidad y los mecanismos de castigo. Un análisis que la actual coyuntura nicaragüense nos da la oportunidad de poner en evidencia. En estas semanas y en las que vienen las pasiones y energías de todos están orientadas a la contienda electoral, aunque los mayores esfuerzos de los políticos debían dedicarse a la elaboración de propuestas con contenidos coherentes, discutidas y enriquecidas con la opinión de la mayor cantidad de sus conciudadanos.

Las consecuencias del frenesí electoral para el buen funcionamiento de la democracia representativa son bastante obvias. Es trascendental ésta: el excesivo interés por los asuntos públicos futuros está restando importancia a los asuntos públicos actuales y ha dejado el gobierno en manos sin carisma, lo que es muy grave en una sociedad donde la fuente de la legitimidad es, en gran medida, el carisma de dirigentes y funcionarios.

Vicios públicos: dos ejemplos

El resultado de esta contradicción entre futuro y presente - resultado necesario según algunos, inevitable según otros - es una mayor intromisión externa en los asuntos públicos nacionales. La actual coyuntura nos ofrece dos casos patentes de esta situación, en los que se revela claramente la existencia de un comportamiento público equivocado. Es decir, ilegal, pues en el dominio público la única racionalidad es el imperio de la ley.

Los casos tienen que ver con la atribución indebida del crédito público y con la falta de transparencia en el presupuesto nacional. Son casos distintos en muchos aspectos, aunque sólo fuera por los tiempos más o menos largos en los cuales echan sus raíces. Pero ambos tienen un punto en común: ponen de manifiesto el costo que tiene abandonar la ilegalidad y la dificultad que existe para encontrar una institución nacional realmente neutral y garante del contrato social.

También permiten estos casos alimentar la esperanza de que, a partir del conocimiento público de las irregularidades, surjan suficientes voces y fuerzas en la sociedad civil para constituirse en un "quinto poder" con la exterioridad necesaria para lograr la independencia del castigo. O al menos, para empujar, desde la opinión pública, hacia una necesaria rectificación.

La "piñata" del crédito agrícola

El Banco Nacional de Desarrollo fue creado por una ley de la República, con el explícito fin de prestar facilidades financieras a los pequeños productores agropecuarios. Esto tiene varias consecuencias importantes. Una, que el BANADES no puede quebrar como cualquier empresa, sólo puede ser cerrado por la ley. Otra, que cuando no presta a los agentes económicos para quienes fue creado, está infringiendo la ley. Finalmente, como empresa pública, está sometida a las leyes del mercado, pero puede orientarlas hacia determinados fines, como todas las autoridades económicas.

En la década sandinista se elevó a rango de política pública la distribución de crédito como forma generalizada de subsidio a la producción. El dinero prestado no se recuperaba, porque se condonaban periódicamente las deudas o porque las tasas de interés eran muy inferiores a la inflación. Aquella fue sin duda una política equivocada, pero era legal en aquellos años. A lo sumo, se podría discutir cómo se repartía el crédito: un tercio para las empresas estatales, un tercio para los pequeños y medianos productores -incluyendo las cooperativas- y un tercio para los grandes empresarios privados. Evidentemente, no era un modelo de equidad.

La cultura de no reembolso y las dificultades económicas agudas que enfrentaron los productores en los años 89-92 por la aplicación de la fuerte medicina que se aplicó a la economía para estabilizarla, produjeron una situación desastrosa en los bancos estatales, especialmente en el BANADES. Aunque estaba técnicamente quebrado, se decidió recapitalizarlo. Simultáneamente, se condonó toda la cartera morosa a todos los deudores.

El monto total de esta operación en los libros contables del Banco Central - que asumió la pérdida - fue equivalente a unos 500 millones de dólares. Sea cual sea la evaluación que se haga de esta operación, tiene importantes consecuencias para la coyuntura actual. Porque el punto de partida para evaluar la situación que la banca estatal vive hoy está allí: la totalidad de la actual cartera vencida de la banca estatal corresponde a deudas posteriores a 1992. En cuatro años, sólo el BANADES volvió a acumular el equivalente a casi 200 millones de dólares de mora. Con una gran diferencia: en estos años, sus créditos a los pequeños productores se redujeron en un 70%. La mitad de la actual cartera en mora la deben sólo 400 grandes empresarios. Si se les condonase la deuda, estos suerteros "empresarios" habrían recibido 550 veces el ingreso anual per cápita que recibe como promedio un ciudadano de este país.

¿Cómo dar marcha atrás?

Tan desigual distribución de recursos es evidentemente contraria a la ley creadora del BANADES, que es el banco estatal de fomento rural. Es aquí donde encaja la reflexión sobre el costo del retorno a la legalidad. ¿Cómo dar marcha atrás? ¿De dónde puede venir la fuerza institucional y legítima que haga rectificar una política equivocada y castigue los abusos?

Como era de esperar, tuvo que venir de afuera, de los organismos financieros internacionales. Y no faltaron vacilaciones. La obstinación de los funcionarios nicaragüenses, empeñados en encubrir sus errores, pudo haberle costado al país la pérdida de un importante acuerdo con el Banco Mundial para un préstamo de ajuste estructural que servirá para la modernización del sector público.

Obviamente, no era tarea políticamente fácil cobrar sus deudas a 12 mil productores, mucho menos cuando en estos meses, al anunciarse los cobros, se aliaron la fuerza masiva de los pequeños con la fuerza política de los grandes. Hubiera sido fácil dividir a los deudores, estableciendo un monto límite por debajo del cual las deudas serían condonadas, pero no hubiera sido correcto desde el punto de vista de la universalidad de la ley: para un pequeño productor, no reembolsar diez no es menor falta que para un grande no reembolsar mil. Además, una decisión así implicaría fortalecer nuevamente la cultura de no pago.

De un lado, estaban todas estas dificultades. Del otro, la presión de los organismos financieros, para los cuales el déficit crónico de los bancos estatales nicaragüenses es una carga inadmisible en el balance fiscal. El compromiso firmado para el desembolso del ESAF en 1994 lo decía claramente: no más recapitalización de la banca estatal. ¿Qué significa en este contexto la declaración del Presidente del Banco Central, que afirmó que en enero hubo "un saneamiento" del Banades? Simplemente, que se extirpó de la cartera de este banco la mora o cartera mala por el total - ya mencionado - de casi 200 millones de dólares, pasándola a una empresa llamada COBRANICSA -mejor conocida como "la Cobra"-, que será probablemente adscrita al Banco Central, encargada de recuperar lo que se pueda de los créditos vencidos.

¿A quién morderá la cobra?

Este traslado no fue suficiente para satisfacer las exigencias de los organismos internacionales. Exigían garantías de que el BANADES, renovado, reducido y modernizado en sus procedimientos, atenderá en adelante solamente a los pequeños productores, fiel a la misión para la que fue creado. Sobre todo, exigían seguridad de que "la Cobra" cobrará realmente las deudas vencidas. La evidencia política y la simple lógica económica recomiendan que se cobre con más rigor a los grandes que a los pequeños. Los grandes son menos, y por esto es más fácil y rápido identificarlos y cobrarles o ejecutar sus prendas. Los organismos financieros internacionales coinciden en esto, y no por una gran sensibilidad humanitaria, sino porque a veces son capaces de hacer cálculos de mayor racionalidad social.

Así están las cosas. Lo que ocurra en los próximos meses nos dirá si los organismos financieros se equivocaron o no al confiar en la promesa de los políticos nacionales. Por ahora, parece que la intención de cobrar comenzando por los más grandes ha bastado para no trabar la firma del préstamo de ajuste estructural para la modernización del Estado. El costo de volver a la legalidad ha sido menor que la amenaza del castigo. Desgraciadamente, en todo este debate y este proceso no se dio participación a la nación, ajena a todo lo que se negocia en su nombre. Al menos, lo damos a conocer aquí porque el conocimiento y la información son el primer paso para lograr que impere la legalidad.

El lado oscuro del presupuesto

El segundo caso en el que el gobierno de Nicaragua se ha colocado al margen de su propia legalidad es el del presupuesto público. El presupuesto nacional tiene muchos lados oscuros. El más oscurecido de todos, el subregistro que se hace en él de la ayuda externa que llega al país. Siempre ha aparecido menos de la que se recibe. Esta ocultación permitía disfrazar el gasto, ajustándolo más o menos en la misma cuantía que los ingresos. Obviamente, si el presupuesto aparecía todos los años con una sobreejecución sistemática en las mismas partidas, no era por falta de previsión. Se trataba de una decisión de política pública.

Todo esto sucedía y podía suceder antes de las reformas a la Constitución, que modificaron el marco legal en que deben moverse los poderes públicos, y que obligan al Ejecutivo a una mayor transparencia con el Legislativo. Antes de las reformas constitucionales, el engaño a los diputados fue aumentando en proporción y valor absoluto años tras año. La diferencia entre el presupuesto aprobado por el Legislativo y el realmente ejecutado por el Ejecutivo se fue elevando en el equivalente de 83, 135 y 207 millones de dólares en 1993, 1994 y 1995, montos que representaban el 20, el 33 y el 53 por ciento del presupuesto aprobado.

Nada de esto ocurría por descuido. Entre otras razones, esta manipulación del presupuesto público tenía una obvia relación con la tenaz resistencia de varios funcionarios públicos a transferir a las universidades el 6% del presupuesto, como lo establece la Constitución. Es discutible si fue lo mejor atar con un porcentaje fijo la subvención pública a un sector de la sociedad, el universitario. Tal vez hubiera sido mejor calcular el 6% - o cualquier otro porcentaje; de hecho no se sabe muy bien por qué ha de ser seis y no cinco o siete - en base al presupuesto del año anterior más un ajuste en función de la inflación esperada, como en cualquier contrato colectivo. Pero éste no es el punto. Para modificar la disposición constitucional - que establecía el 6% del presupuesto - habría que haber establecido otra disposición legal, pero nunca incurrir en la ilegalidad infringiendo la ley.

Lo que ha sucedido en 1996 con respecto al 6%, y como fruto en cierto sentido de la vigencia de las reformas a la Constitución, ilustra el costo de volver a la legalidad, aunque, según todos los indicios, en este segundo caso podemos tener aún menos confianza de que termine prevaleciendo una solución honesta.

De eso no se habla

Aunque la ley sobre la entrega del 6% fue ratificada en abril en la Asamblea Nacional, sigue pendiente el tema de una clara definición de los límites del presupuesto público. El debate sobre el 6% ha sido muy útil para desnudar la manipulación del presupuesto que durante años ha llevado a cabo el Ejecutivo. Hoy, el Ejecutivo sigue mostrándose reacio a una definición del presupuesto que incluya al menos una parte de los recursos externos, especialmente las donaciones, tal vez porque son menos controladas que los préstamos. La razón de esta tenaz actitud del Ejecutivo es clara: incluir las donaciones externas en el presupuesto dejaría mucho menos margen al uso de fondos con fines políticos -no necesariamente personales-. Recortaría fondos para muchos proyectos que se ejecutan, pero que no responden ni al interés general ni al nacional.

Estas razones - de eso no se habla - tienen ahora un pretexto en el polémico tema del 6%. Aunque este 6% no se cobra directamente sobre cada uno de los préstamos o donaciones externas, al tener que incluir el Ejecutivo lo que antes disfrazaba, se incrementaría sustancialmente el monto del presupuesto, lo que implicaría que el importe del 6% fuera bastante mayor a lo que era hasta ahora. De hecho, con el procedimiento de "disfrazar" el presupuesto, el gobierno dejó de entregar a las universidades 148 millones de córdobas. Ahora, en 1996 tendría que entregarles 82 millones. ¿De dónde? Inevitablemente, implicaría aumentar los ingresos cobrando más impuestos, lo que es difícil de lograr en poco tiempo. O implicaría redistribuir el gasto, quitando de unas partidas por dar a otras, lo que no dejaría de crear resistencias y es prácticamente imposible a estas alturas del año, cuando el presupuesto ya ha sido aprobado.

Callejón sin fácil salida

Salir del impasse creado con la polémica sobre el 6% será arduo. Este callejón sin fácil salida es el costo de no haber actuado legalmente antes. En este caso, ¿cuál puede ser la amenaza de castigo? La muerte de un trabajador y un estudiante universitarios en los enfrentamientos con la policía del 13 de diciembre del 95 no frenó al gobierno, que continuó empantanando el problema con su tenacidad. El voto de la juventud en los próximos comicios tampoco parece generar suficiente apremio entre unos funcionarios públicos que ya no pueden aspirar a cargo alguno por estarlos ocupando ahora.

En el caso del 6% también existen presiones externas. Muchos donantes aplauden que, según las reformas constitucionales, la ayuda externa tenga que aparecer pública y transparentemente presupuestada, en vez de ser manejada discrecionalmente como hizo durante años el gobierno Chamorro. Pero esta exigencia internacional podría conducir únicamente, en el actual conflicto por el 6%, a que el gobierno deje sin ejecutar muchos proyectos para evitar que caigan bajo control de la Asamblea o se vean envueltos en el enjambre de problemas ideológicos, políticos, sociales y económicos surgidos en torno al 6%.

Nada de todo esto hubiera sucedido si antes no se hubiera incurrido en el error de manejar gran parte de la ayuda externa al margen de la ley de presupuesto, antigua y arraigada costumbre desde los años 70. Hoy, las universidades y toda la nación pagan el costo de esta práctica ilegal. Y podrían pagar muy caro, perdiendo Nicaragua la oportunidad de nuevos proyectos financiados internacionalmente.

Cultura turbia: ¿elecciones limpias?

Una de las misiones más importantes de cualquier gobierno democrático es propiciar las condiciones adecuadas para su sucesión. La Constitución nicaragüense consagra al Consejo Supremo Electoral como "cuarto poder", independiente de los demás poderes del Estado. Ningún observador externo deja de sorprenderse al ver que este país en crisis pasa más de un año embriagado por el ambiente pre-electoral, que polariza la nación y paraliza la economía. Tal vez habría que responder a su asombro explicándole que la construcción de la democracia tiene un costo mayor que el de su normal funcionamiento.

En las actuales y extremadas tensiones pre-electorales, podemos encontrar cierto paralelismo con los dos casos descritos anteriormente: para el sistema político tiene un gran costo hacer elecciones honestas cuando su pasado no lo predispone a eso y cuando la mayoría de los contendientes desconocen los mecanismos de una competencia honesta.

Aunque es una responsabilidad legal del gobierno garantizar la honestidad de las elecciones, para los partidos políticos se trata de una responsabilidad moral. Las leyes civiles no obligan a los partidos a tener propuestas con contenidos claros y diferenciados para competir entre ellos ante electores bien informados y conscientes. En los partidos se permiten los golpes bajos, el caudillismo y cualquier tipo de manipulaciones. Todo esto se tolera aduciendo que se trata de "asuntos privados". Esta es una gran contradicción: de tan turbia cultura política se nutren las elecciones, que deben ser limpias.

Una forma de colaborar en la dirección de alcanzar honestidad y limpieza sería, entre otras, que el partido gobernante tuviera tanta seguridad de ganar y tanto deseo de legitimarse ante la opinión nacional e internacional que, desde el poder, hiciera todo lo que estuviera a su alcance para que las elecciones fueran honestas. Esto fue lo que sucedió en 1990. La coyuntura actual es bien distinta: en el gobierno no hay partido con pretensión electoral, la mayoría de los partidos y candidatos no parecen interesados en ofrecer contenido a los electores, y el laberinto de las alianzas no permite todavía prever cómo se organizará el mercado político.

Las tres Nicaraguas imposibles

¿Cómo superar los dilemas de las tres Nicaraguas imposibles, la Nicaragua del somocismo, la del sandinismo y la del nepotismo familiar actual? ¿Cómo lograr un nuevo contrato social que permita una propuesta nacional que incluya y dé participación y respuesta a todos los nicaragüenses? ¿Es posible sostener la prolongación de la crisis actual? ¿Puede ser beneficiosa para algún sector de la sociedad nicaragüense a mediano plazo? ¿Existe clase social en Nicaragua, partido político, alianza o coalición de partidos que pueda por sí sola enfrentarse a la deuda social acumulada, a las amenazas de ingobernabilidad creciente, al reto de la inserción en la economía internacional y a la creación de una democracia y estado de derecho aceptados por la gran mayoría de la población?

Las inminentes elecciones y las previsiones sobre sus resultados abren cada vez más preguntas, sin que existan aún suficientes datos o imaginación para poder responderlas.

En el torbellino electoral no deja de ser significativa la tendencia de muchos políticos a reclamar la mayor vigilancia internacional posible sobre el proceso electoral para así reducir las posibilidades de un fraude. En esto hay un paralelismo con los dos casos señalados, el del crédito piñateado y el del presupuesto disfrazado: se hace necesaria una fuente exterior de autoridad que represente la amenaza del castigo. Pero en el caso de las elecciones la amenaza parece mucho más débil.

Indiscutiblemente, ahí está la mayor tarea que tiene por delante la sociedad civil nicaragüense en los próximos meses: entrar por todos los caminos, brechas o ranuras que deje el sistema político para asegurarse tanto un voto consciente como la consciente y honesta supervisión de tan cruciales elecciones.

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