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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 169 | Abril 1996
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Haití

En lucha contra las privatizaciones

En vísperas de entregar el gobierno a su sucesor, el Presidente Jean Bertrand Aristide tomó importantes decisiones para su país y para su propia vida.

Encuentro Haití-América Latina

En los últimos actos del gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide se expresaron algunos de los problemas de fondo que Haití tiene pendientes y que el sucesor de Aristide, René Preval, empieza a enfrentar, heredando convicciones y objetivos.

La Comisión Nacional Verdad y Justicia entregó su Informe Final al Presidente Jean Bertrand Aristide el 5 de febrero, conforme a las disposiciones establecidas. "Reflejo de la aspiración a la dignidad y a la libertad que forjó y forjará a Haití, este informe es un gran grito, no de odio sino de sufrimiento y de indignación, es un llamado vibrante no a la venganza sino a una justicia tan exigente hoy como pisoteada ayer", expresó Françoise Boucard, Presidenta de la Comisión al poner en manos de Aristide el texto.

La Comisión, encargada de presentar un informe sobre el período del golpe militar encabezado por Raúl Cedrás (29 septiembre 91 al 15 octubre 94) basó su estudio en el análisis de 5 mil 450 testimonios de 8 mil 652 víctimas, que padecieron unas 20 mil violaciones a sus derechos. La Comisión enfatizó que este informe representa sólo una pequeña muestra de las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Verdad y Justicia

El Informe Final tiene 8 capítulos y 2 anexos. El primer capítulo es un rápido panorama de la historia de Haití. Los dos capítulos siguientes están consagrados a la interpretación del mandato y a la metodología utilizada. El capítulo cuarto presenta un análisis cronológico que subraya la relación entre la intensidad de las violaciones de los derechos humanos y algunos acontecimientos concretos, como las negociaciones con los militares.

El capítulo 5 presenta ejemplos de los casos de acuerdo a las diferentes categorías de violaciones estudiadas: derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, a la propiedad, a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, incluyendo los crímenes contra la Humanidad. Se anexan varios estudios especiales: violaciones sexuales contra las mujeres, resultado de trabajos antropológicos y médico-legales, represión contra periodistas y control de los medios y, como un ejemplo de las masacres cometidas durante el período golpista, la descripción y análisis de la masacre de Raboteau.

Los capítulos 6 y 7 presentan un análisis del modelo, de las prácticas sistemáticas y de las estructuras que adoptó la represión. El último capítulo presenta las recomendaciones de la Comisión:

-Organizar un Comité que asegure el seguimiento de las recomendaciones y publicar el Informe y difundirlo.

-Crear una Comisión especial para indemnizar a las víctimas.

-Implementar una serie de medidas contra las violaciones sexuales y la violencia contra la mujer.

-Procesar judicialmente de forma inmediata a los supuestos autores de las violaciones para terminar con la impunidad.

-Implementar medidas concretas para las reformas del sistema judicial, de la legislación vigente y de la Policía.

La Comisión estuvo integrada por un equipo de expertos haitianos y extranjeros con la colaboración de varias instituciones internacionales: Misión Civil Internacional de la OEA/ONU, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centro de Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) y Centro Internacional para los Derechos de las Personas y el Desarrollo Democrático (CIDPDD).

Propiedad de Haití

El 29 de enero, el Presidente Aristide escribió al embajador de Washington en Haití, William Lacy Swing en estos términos: "Le escribo para reiterarle la posición del gobierno haitiano sobre los materiales del FRAPH y las Fuerzas Armadas de Haití que fueron transportados fuera de Haití por las fuerzas militares de los Estados Unidos. Estos materiales son propiedad del gobierno de Haití y fueron sacados fuera de Haití sin el consentimiento o conocimiento del gobierno de Haití. Hemos pedido su devolución, y esperamos que nos serán retornados a la mayor brevedad posible en las condiciones en que fueron llevados. No queremos que queden dudas sobre esto. Le repito lo que dije en varias oportunidades, tanto en forma privada como a la prensa: como los documentos son propiedad del gobierno de Haití, no hay nada que negociar con respecto a las condiciones de su retorno. Mi Primer Ministro y el Ministro de Justicia compartieron esta posición con ustedes en numerosas ocasiones. Los materiales son propiedad del gobierno de Haití y esperamos su retorno íntegro".

Vínculos con la CIA

Al día siguiente, el 30 de enero, el gobierno de Estados Unidos envió aproximadamente 230 kilos de materiales confiscados al grupo terrorista haitiano FRAPH. Pero en ellos no se contenía ninguna información delicada. El gobierno haitiano reiteró a la embajada de Estados Unidos que la totalidad de los documentos debía ser devuelta y rechazó tomar posesión de lo enviado hasta que el material fuera entregado completo.

En septiembre y octubre de 1994, unas 150 mil páginas de documentos y diversos materiales -fotos, videos cassettes, etc.- de militares y paramilitares haitianos fueron confiscados y trasladados a los Estados Unidos, pasando a manos del gobierno de ese país. Estos documentos son esenciales para investigaciones y procesos judiciales sobre crímenes cometidos por los militares y son vitales para el trabajo de la Comisión Verdad y Justicia y para el seguimiento de sus recomendaciones. Durante más de un año, el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido a los pedidos hechos por el gobierno haitiano para la devolución de estos materiales.

Tanto periodistas como políticos haitianos y estadounidenses han llegado a la conclusión de que los Estados Unidos evita la entrega porque este material contiene información que vincularía a instituciones de los Estados Unidos con el golpe militar y con las fuerzas paramilitares. Pese a la gran cantidad de cables de la Embajada de Washington en Haití dirigidos a los Departamentos de Estado y de Defensa, que describían al FRAPH como una sanguinaria organización ligada a los militares, después del regreso del orden constitucional al país varias instituciones norteamericanas se referían al FRAPH como "un partido político legítimo opuesto a Aristide". Incluso, se sabe que el líder del FRAPH, Emmanuel Constant, recibía un salario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Cinco mil muertos

EL Comite de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja de Estados Unidos se reunió el 4 y el 31 de enero de 1996, al término de la gestión de Aristide, para debatir el tema de Haití. El enfoque central fue la investigación llevada a cabo por el FBI en 1995 y durante 10 meses, sobre los asesinatos de la abogada Mireille Durocher Bertin y del piloto Eugene Baillergeau.

La Ministra de Justicia de los Estados Unidos, Janet Reno, ofreció los servicios del FBI al Presidente Aristide después de estos dos asesinatos y Aristide aceptó el ofrecimiento pidiendo reiteradamente que el FBI no se concentrara solamente en esas dos muertes sino en otros crímenes de alto perfil político ocurridos en los últimos tres años. "La asistencia ofrecida por el FBI se debe extender a todas las víctimas de crímenes violentos en Haití. Desde el golpe de 1991, Haití perdió a 5 mil ciudadanos. Como Presidente de todos y de cada ciudadano haitiano, no puedo dar más valor a la vida de un ciudadano que a la de los otros", escribió Aristide al Embajador de Estados Unidos. Pero el FBI se negó a colaborar en ninguna otra investigación.

En su carta, Aristide afirmaba también: "El papel del FBI en Haití es brindar asistencia al gobierno haitiano bajo la autoridad del Ministerio de Justicia haitiano. Debo enfatizar una vez más que el FBI debe trabajar con nuestro Ministro de Justicia y no debe intentar pasarlo por alto". Pero el FBI se negó repetidamente a informar al Ministerio de Justicia sobre el progreso de su investigación, que concluyó dejando vacíos e interrogantes sobre los procedimientos empleados por el organismo estadounidense.

Negociando con el FMI

A finales de enero de 1996 el gobierno haitiano retomó las negociaciones con las instituciones financieras internacionales sobre el ajuste estructural y la reanudación del financiamiento internacional a Haití. Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viajaron a Haití para discutir sobre el programa de ajuste estructural de los próximos tres años, del que dependen más de 100 millones de dólares en apoyo a la balanza de pagos. Esta discusión se había interrumpido en octubre/95 después de que el gobierno de Haití rechazó los términos que trataban de imponer las instituciones financieras, especialmente los referidos a las privatizaciones.

Grupos de mujeres, asociaciones campesinas, sindicatos, grupos religiosos, organizaciones de desarrollo y expertos académicos se han venido expresando en variadas formas contra la implementación de cambios económicos que no sean debatidos de forma abierta y democrática. En cierta medida, la situación creada con estos reclamos forzó la renuncia del Primer Ministro Smarck Michel. Fue en ese momento que la AID de Estados Unidos suspendió la última entrega de 4,6 millones de dólares de apoyo a la balanza de pagos, presionando por un progreso más rápido en la privatización de las empresas estatales y por la reducción del presupuesto estatal.

Privatización de TELECO

Los sectores de la sociedad civil opuestos al proceso de privatización iniciaron el debate de sus propias propuestas para promover el desarrollo económico y social de Haití a largo plazo.

La Plataforma por la Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA), una coalición de organizaciones no gubernamentales y grupos populares, viene trabajando con representantes de los sindicatos de las empresas del Estado y otras organizaciones populares, formulando propuestas concretas que protejan los intereses de la mayoría de los haitianos, y que incluyen sugerencias para la estructuración de las empresas estatales, evitando el venderlas al sector privado.

La Plataforma y el sindicato de trabajadores de telecomunicaciones organizaron conjuntamente una conferencia de prensa en la que expresaron sus preocupaciones y expusieron las alternativas. Una de las preocupaciones es que el gobierno de Haití y el pueblo haitiano tienen mucho que perder si la muy rentable empresa nacional de telecomunicaciones (TELECO) -con ingresos en 1995 de aproximadamente 71 millones de dólares- es vendida a inversores privados. En los últimos 10 años las entradas de la compañía telefónica han sido del orden del 3% del PIB nacional. Estudios de consultores privados indican que expandiendo el servicio telefónico podrían generarse 150 millones de dólares y que las inversiones necesarias para esa expansión podrían ser financiadas por los ingresos de la TELECO.

Privatizar electricidad

Tanto la Plataforma como los representantes sindicales alertaron que para el gobierno haitiano sería difícil, quizás imposible, el reemplazar esta importante fuente de ingresos en caso de perderla, lo que aumentaría enorme- mente la dependencia de Haití de los préstamos internacionales y haría mucho mas difícil el financiamiento del desarrollo nacional y de necesidades sociales como la educación y la salud. Los trabajadores de TELECO y los consumidores presentaron también sus preocupaciones sobre casos de sabotaje interno y corrupción provocados con la intención de aumentar la influencia de las compañías telefónicas extranjeras.

La empresa de electricidad estatal (EdH) es otro caso. Actualmente no es rentable ni capaz de satisfacer la demanda. Sin embargo, los trabajadores de esta empresa consideran que la mayor parte de los problemas se deben al hecho de que sólo la mitad de la electricidad producida es facturada y sólo el 25% de la que se factura es pagada y señalan que la mayor parte de la electricidad impaga es la que va a empresas y residencias, y no sólo a conexiones ilegales en los barrios pobres. Trabajadores de la EdH y representantes de organizaciones de desarrollo consideran esencial el instalar medidores, el imponer el cumplimiento de los pagos y el implementar cambios administrativos, independientemente de quiénes sean los propietarios de la empresa eléctrica. Indican también que la mayor parte del capital requerido para éstas y otras inversiones necesarias ya existe y está en el país, incluyendo el crédito del Banco Central y fondos del BID y de la Unión Europea.

Privatizar Cementera

Los trabajadores consideran que la electricidad es esencial para cualquier estrategia de desarrollo y la electrificación rural tiene que jugar un papel vital en el desarrollo de industrias de procesamiento agrario y empleo en el interior del país y que la privatización de la EdH pondría a Haití en manos de un poderoso monopolio privado que impondría altos y desproporcionados precios por la ausencia de una regulación.

Los trabajadores insisten en que la electrificación debe formar parte de una política energética general que, entre otras cosas, podría reducir el consumo de carbón, responsable del 60% de la dramática deforestación de Haití. Dudan que una compañía privada tuviera interés en considerar estas realidades al formular su estrategia de inversiones y precios.

La Plataforma ha presentado inquietudes similares sobre la propuesta de privatización de la fábrica de cemento que, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, es capaz de producir 200 mil toneladas de cemento anuales a precios competitivos, con una mínima inversión inicial. La planta ha estado cerrada desde 1993 y el FMI, el Banco Mundial y la AID insisten en que se abra sólo después de su privatización. Tanto los empleados de la fábrica como expertos de organizaciones internacionales han mostrado preocupación, considerando que el desarrollo nacional de Haití, que demanda de cemento barato producido nacionalmente, quedaría afectado si una compañía privada no regulada se hiciera con el control de todo el mercado. De hecho, desde el cierre de la planta todo el cemento que se emplea en el país es importado y los precios permanecen altos.

Condición: democratizar

La amplia oposición a las privatizaciones señala también un factor esencial que debe ser considerado antes de cualquier medida privatizadora. Los acuerdos de Haití con las instituciones financieras internacionales dicen explícitamente que las empresas públicas deben ser "democratizadas", y que la privatización no debe continuar concentrando las riquezas y el poder en las manos del mismo pequeño grupo que tradicionalmente la ha mantenido en monopolio.

En las reuniones de París entre los donantes internacionales, el gobierno de Haití y las instituciones financieras internacionales (agosto/94 y enero/95) se acordó que un cuidadoso análisis de todas las opciones y un amplio debate nacional acompañarían cualquier propuesta de privatización. Entre las opciones posibles, la Plataforma está considerando planes en los que la propiedad pasaría a manos de los trabajadores como una vía para garantizar una verdadera democratización de la propiedad.

Batalla desigual

Muchos aspectos de la privatización quedan aún por debatirse. Por ejemplo, una condición del FMI para sus préstamos exige que ningún crédito del Banco Central sea extendido a las empresas paraestatales. "Esta condición continúa acentuando el deterioro que las compañías públicas sufrieron bajo el régimen golpista, aumenta entre la gente la percepción de que el gobierno no puede dirigir empresas, y asegura que sean vendidas en menos que su valor", declaró Camille Chalmers, Secretario Ejecutivo de la Plataforma.

El debate público sobre la privatización recién comienza. Se trata de un debate desigual. La AID de Estados Unidos está financiando una campaña de "concientización" a favor de la privatización. Administrada por la firma canadiense Gervais Gagnon Covington Associates, la campaña, que tiene un costo de 900 mil dólares, incluye anuncios en la radio y la televisión, carteles en la calle, conferencias y cursos de capacitación y se dirige en particular al Parlamento haitiano, a los sindicalistas y a funcionarios regionales. El gobierno de Haití exigió a la AID que se presentaran los dos lados de la realidad ¿Lo hará? El tema sigue abierto.

Cuba y Dominicana

En vísperas de su despedida y en uno de los últimos actos de su gobierno, el Presidente Aristide dispuso la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas por el dictador François Duvalier en 1962. Haití es la nación del Caribe más cercana geográficamente a Cuba. En un comunicado bilateral los dos países se comprometieron "a esforzarse por estimular el intercambio comercial, cultural, científico, técnico y deportivo". La firma definitiva de las relaciones con Cuba fue el primer acto del gobierno Preval. Tuvo lugar en el despacho de Aristide. "Es algo -dijo Aristide- que se merecen nuestros países y es el mejor regalo que podemos hacerles".

Por otra parte, se exhibió esos días en Haití una Exposición Conjunta de Pinturas Dominicano-Haitianas, con el patrocinio de la Unión Europea. La muestra -que unos días después pasó a la República Dominicana- fue sumamente rica en expresiones mágico-religiosas, indígenas, folklóricas, históricas y líricas del arte primitivista y sirvió de antesala al trascendental viaje del nuevo Presidente René Preval a Dominicana, después de más de 50 años de rivalidades, desencuentros y sangre.

Boda de Aristide

Antes de dejar el gobierno, Jean Bertrand Aristide realizó otro acto importante: se casó. Sacerdote salesiano, expulsado de su congregación religiosa y forzado por los obispos haitianos a renunciar al sacerdocio, Aristide contrajo matrimonio con Mildred Trouillot el 20 de enero en una sencilla ceremonia en el jardín de su casa. Mildred Trouillot es una abogada haitiano-americana que jugó un papel importante en la lucha por el retorno de Haití al orden constitucional.

En el enlace, la pareja reafirmó su compromiso con la causa de los pobres de Haití. "Cuando mires este anillo, piensa en mí y piensa que eres una defensora del pueblo", le dijo Aristide a Mildred cuando intercambiaban los anillos. "Cuando mires este anillo -le respondió ella- recuerda que más vale fracasar con el pueblo que temer éxito sin él. Piensa también que con el pueblo no existe el fracaso.

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