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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 169 | Abril 1996
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Honduras

Acabó "la tregua" empiezan las disputas

A pesar de la situación de desamparo de la mayoría de los hondureños, falta vitalidad en las bases para montar una resistencia eficaz contra los responsables de sus desgracias, para superar el cerrado esquema de los partidos políticos.

José Owen

El gobierno liberal cumplió en el mes de enero dos años de una administración destacada por un fuerte impulso a las reformas institucionales del Estado, especialmente en lo tocante a la administración de la justicia, con un permanente telón de fondo de incómodas y difíciles ataduras económicas. Ante la crisis económica, agravada por compromisos internacionales difíciles de cumplir, el gobierno se ha esforzado en mantener su "rostro humano", con medidas legales para combatir la corrupción, para avanzar en la independencia del sistema de justicia y para cuestionar al poder militar.

Esta tónica ha sido mantenida con decisión por el gobierno liberal en sus dos primeros años de administración. El Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Paz Aguilar, evidente hombre de confianza del Presidente, estuvo en la cárcel por más de dos meses, acusado de encubrir a parientes suyos involucrados en la falsificación de pasaportes diplomáticos. Igual suerte corrieron algunos funcionarios del gobierno anterior, y al momento de atravesar el gobierno la mitad de su período constitucional, al menos tres altos oficiales militares acusados de varios delitos de violación a los derechos humanos, están formalmente prófugos de la justicia.

La noche del 26 de marzo, una bomba de fabricación casera fue detonada en un garaje de la residencia del presidente. Carlos Roberto Reina. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Wilfredo Alvarado, manifestó que el atentado fue ejecutado por profesionales y tenía como objetivo intimidar al mandatario y poner freno a las medidas para mejorar el sistema judicial.

Hablan los hechos

En su libro "Los hechos hablan por sí mismos", publicado a finales de 1993, el Comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, documentó la desaparición de 184 personas en Honduras, la mayoría en los primeros años de la década de los 80. Aunque la cifra pareciera pequeña en comparación con las decenas de miles de muertos y desaparecidos en los tres países vecinos de Centroamérica, el tema de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los crímenes contra líderes populares continúa siendo un tema polémico que llena los principales enfoques de todos los medios de comunicación del país.

Todavía no ha salido a la luz mucha y nueva información acerca de los acontecimientos de la década pasada, pero se espera que varios documentos desclasificados que han llegado al país procedentes de los archivos del gobierno norteamericano esclarezcan algunos hechos. Las pesquisas en los archivos de las Fuerzas Armadas de Honduras no han descubierto documentos que ayuden en esta tarea.

Amnistía: tema polémico

La Fiscalía de Derechos Humanos entabló en octubre/95 un proceso contra diez militares, acusándolos de ser responsables de la desaparición y tortura de ocho estudiantes en los años 80. A pesar de que la mayoría son todavía oficiales activos del ejército, ninguno se ha presentado ante los tribunales.

Aunque las autoridades civiles insisten en que la ley se cumpla a cabalidad con estos militares y con otros que sean culpables de la guerra sucia, sus compañeros militares dan refugio a los prófugos y piden un tratamiento especial para ellos. El propio jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Hung Pacheco, se atrevió a decir públicamente que los militares acusados no se entregaban a los tribunales por temor a ser juzgados injustamente, mientras el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Rivera Portillo, ha insistido en que los militares tendrán un juicio apegado a la ley.

En los primeros meses del año surgió un serio debate acerca del alcance de la amnistía acordada en 1991 entre el gobierno de Callejas y antiguos líderes izquierdistas. Los militares pretenden que aquella amnistía se extienda a todos los uniformados involucrados en los operativos contra los movimientos populares en los 80, mientras que las organizaciones de derechos humanos argumentan que los crímenes cometidos con abuso de autoridad estatal son delitos comunes y no políticos, y por eso no son sujetos de amnistía.

El Presidente Carlos Roberto Reina y su hermano Jorge Arturo hicieron una interpretación de la amnistía favorable a los militares, y se felicitaron cuando la Primera Corte de Apelaciones falló en ese sentido. Semanas después, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo y estableció que los militares responsables por la guerra sucia no podían recurrir a la amnistía. El Comité de Familiares de los Desaparecidos (COFADEH) acusó a los hermanos Reina de haber negociado con los militares la amnistía a cambio del servicio militar voluntario, medida que fue implementada hace un año.

Los funcionarios del Ministerio Público siguen presionando para que los oficiales prófugos se entreguen a la justicia y para que continúen las investigaciones que asignen responsabilidades a éstos y a todos los culpables de los crímenes de aquella época. En un principio, la postura de la Iglesia Católica respecto a la amnistía no era clara, y el arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez, llegó a pronunciarse en favor de una amnistía total. Los jesuitas de Honduras y la diócesis de Trujillo emitieron sendos comunicados exigiendo más investigaciones y denunciando la concesión de amnistía sin haber constatado la identidad de los responsables y las circunstancias de los crímenes.

En enero, la Conferencia Episcopal publicó un comunicado declarando que "se debe buscar, ante todo, la verdad de cada uno de los hechos y la tipificación de los delitos. No se debe castigar o absolver a ninguna persona sin una previa investigación de los delitos que se le imputan." El COFADEH y el Comité de Derechos Humanos (CODEH) recibieron la declaración de los obispos con reservas, creyendo que en manos de quienes se empeñan en eximir a los militares de responsabilidad se podría prestar a una interpretación ambigua.

Delincuentes ex-militares

El CODEH asevera tener pruebas de que fuerzas militares y paramilitares siguen cometiendo frecuentes violaciones de los derechos humanos. La organización presentó documentación sobre siete recientes desapariciones y ha entablado una campaña contra las ejecuciones extrajudiciales, alegando que unas 81 personas, muchas de ellas supuestos delincuentes, han sido muertas por fuerzas policiales o escuadrones de la muerte.

A comienzos de 1996, el CODEH denunció que por lo menos tres taxistas que fueron asesinados misteriosamente en Tegucigalpa habían sido miembros activos del Batallón 3-16 y de la desaparecida Dirección Nacional de Investigaciones. También varios delincuentes capturados por la policía revelaron que en el Comando Regional de la FUSEP en San Pedro Sula, a cargo del coronel Wilfredo Urtecho, funciona un escuadrón de ajusticiamiento. El CODEH ha llevado también hasta los tribunales de justicia acusaciones contra el jefe del Comando Regional número 7 de Comayagua, coronel Abraham Mendoza, responsabilizándolo de dirigir un escuadrón de la muerte que se dedica a eliminar a presuntos delincuentes. Existen sospechas, confirmadas incluso por algunos oficiales del ejército, de que muchas bandas de asaltabancos y robacarros están integradas principalmente por militares o ex-militares: el calibre de sus armas, su modo de transporte, su audacia y la poca eficacia de la policía para enfrentarlos evidencian que no se trata de delincuentes comunes.

Campaña vs. izquierda

Los primeros meses de 1996 vieron una campaña coordinada para desacreditar a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo al CODEH y a su presidente Ramón Custodio. También contra el COFADEH se lanzaron ataques difamatorios y se ha pretendido establecerle una "paralela", en el llamado Comité de Familiares de los Caídos en Cumplimiento del Deber.

Ante los recientes ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, el COFADEH alega que unos 14 de los ascendidos son oficiales involucrados en las desapariciones y torturas de los años 80. Varios de los cargos más altos en la policía y el ejército están ahora en manos de ex-miembros del Batallón 3-16, la unidad de inteligencia más acusada por atrocidades cometidas en esa época. Firmes protestas surgieron de varios sectores cuando el Presidente Reina nombró al ex-jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Discúa Elvir, como representante de Honduras ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nombrar para este puesto al primer comandante del infame batallón 3-16 era totalmente impropio, según el CODEH, quien elevó sus protestas a las autoridades de la ONU, señalando la vergüenza que supondría el que Discúa llegara a presidir el Consejo, eventualidad improbable pero no imposible.

Una nueva campaña para desprestigiar a los movimientos populares, fuertes en el pasado, fue inaugurada por las audaces declaraciones del ex-capitán Billy Joya, uno de los militares prófugos. En un programa televisado, el ex-militar, recién convertido a una religión caracterizada por la piedad, trató de justificar la guerra sucia, aseverando que los izquierdistas de los años 80 cometieron crímenes mucho peores que los de los militares y que se merecieron el tratamiento que recibieron. El libro Informe B.J. - cuyo autor es Joya - abunda en detalles sobre los integrantes de los movimientos populares y político-militares de los 80 y sus supuestos delitos.

Para muchos observadores, lo más curioso es que el libro provea tanta información cuando en los archivos del ejército no se encontró nada significativo acerca de esta época. El Presidente Reina comentó que ese informe había sido elaborado por las Fuerzas Armadas. Y el Fiscal del Estado, Edmundo Orellana, exhortó al capitán Billy Joya a presentar sus acusaciones no en las páginas de un libro sino ante los tribunales.

Límites al Ejército

El esfuerzo por limitar al ejército y subordinarlo al poder civil ha cobrado fuerza en los primeros meses del año, sobre todo en lo referente al presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Varios miembros del Congreso Nacional insisten en que haya una estricta fiscalización de todos los fondos del ejército y que además, sea el Congreso el que decida el número de efectivos militares. Leo Valladares abogó por una "limpieza" de las Fuerzas Armadas y el nuevo Ministro de Defensa, coronel Núñez Bennett, cuestionó la adquisición de grandes mansiones y lujosos carros por militares de modestos ingresos. El Presidente Reina chocó con los altos militares al nombrar a Núñez Bennett y a otros oficiales para puestos importantes, alegando que él como Presidente no tenía por qué respetar las ternas de la jerarquía castrense. A pesar de este roce, Reina no parece dispuesto a enfrentar a fondo el orden castrense y tuvo que compartir con los militares un fuerte abucheo durante la inauguración de la legislatura en enero.

Las Fuerzas Armadas afirman que hoy los batallones no cuentan con efectivos, como resultado del servicio militar voluntario y de la falta de fondos para pagar un sueldo mínimo a los soldados. Según cifras no oficiales, sólo quedan ya en el ejército 5 mil soldados y 2 mil oficiales, una drástica reducción de los 18 mil efectivos que el ejército tenía a finales de 1994.

Debido al arraigo del sentimiento popular contra el servicio militar obligatorio, el ejército no ha podido reclutar jóvenes desde comienzos de 1995. El gobierno mismo ha hecho declaraciones contradictorias acerca del servicio militar, pero las organizaciones populares - sobre todo, el Comité Cívico Cristiano y Popular - han prometido fuertes protestas si se propone o se practica de nuevo el reclutamiento obligatorio. Los diputados progresistas insisten en que el ejército saque de su presupuesto actual los fondos necesarios para ofrecer un sueldo adecuado a los soldados, lo que significaría una reducción radical de la jerarquía militar y del ejército mismo. El nuevo reglamento del servicio militar, que propone el reclutamiento por sorteo, ha sido rechazado rotundamente por las organizaciones populares.

Recientemente, la diputada liberal Orfilia Mejía se pronunció por la desaparición del ejército por considerarlo innecesario. Otros congresistas coincidieron en que Honduras puede sobrevivir con un ejército pequeño. A mediados de marzo, las Fuerzas Armadas invitaron a los representantes de los tres poderes del Estado a observar unas maniobras militares para convencerlos de la urgente necesidad de aumentar el presupuesto castrense. El Presidente Reina explicó a los uniformados que Honduras no estaba en capacidad de considerar la demanda financiera de los militares, y el Presidente del Congreso, Carlos Flores, coincidió con el planteamiento de Reina y se inclinó por el fortalecimiento de la policía civil.

Economía estancada

Aunque se habla mucho de reactivación económica, el gobierno de Reina no ha podido estimular la suficiente inversión como para sacar la economía de su abatido estado. Aparte de las maquilas, que siguen en moderado aumento, la economía demuestra pocos signos de recuperación. Según cifras del Banco Central, el PIB aumentó solo el 1.6% entre diciembre/93 y diciembre/95. En precios constantes, el PIB per cápita cayó en un 5% en el mismo período de dos años. La industria bananera sigue deprimida, en parte por las presiones incesantes de la Chiquita Brands sobre el sindicato y el gobierno. Todo el sector agrícola sigue estancado, la construcción es víctima de una inflación galopante, y sólo los comerciantes y los "coyotes" parecen ser capaces de sacar provecho de esta maraña. Si parece haber más prosperidad de la que la economía está creando, se debe sin duda a factores externos: remesas en dólares del extranjero y dinero del narcotráfico. Estas fuentes, como la industria de maquila, generan circulante, pero no contribuyen significativamente al desarrollo integral del país.

En marzo, unos 40 de los empresarios más ricos del país presentaron el Gran Proyecto de Transformación Nacional, proponiendo una inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 25 años. Aunque el plan fue recibido con entusiasmo por el gobierno Reina, varios líderes sindicales advirtieron que un proyecto tan ambicioso podría fácilmente convertirse en un fiasco como el del malogrado CONADI. Además, altos funcionarios del gobierno y de los bancos internacionales han advertido que Honduras ha llegado al límite de su capacidad de endeudamiento: la deuda externa es de 4 mil 100 millones de dólares, proporcionalmente una de las más altas del continente. El principal proyecto que presenta el plan es la construcción de una refinería de petróleo en la bahía de Trujillo, plan que ya fue rechazado rotundamente por los sectores populares a causa de los graves daños ecológicos que resultarían de su funcionamiento.

Continuando las políticas del gobierno Callejas, el de Reina se ha despreocupado totalmente del sector campesino. La reforma agraria ha quedado reducida a la titulación de tierras, mientras que decenas de miles de hectáreas que antes pertenecían a cooperativas de campesinos están pasando a ser propiedad de terratenientes, militares y compañías transnacionales. La política del gobierno consiste en apoyar sólo a los empresarios agroindustriales, eliminando casi totalmente la ayuda técnica, el crédito, el mercadeo y otros servicios que la reforma agraria daba a los campesinos. El resultado inevitable es una crónica escasez de granos básicos, que provoca la importación de granos y causa un círculo vicioso que disminuye cada vez más los ya exiguos ingresos de los campesinos.

En 1995 la inflación fue del 27%. La inflación combinada de los dos últimos años alcanzó el 62%. A través de subastas, el gobierno impulsa una devaluación controlada y constante del lempira. La depreciación de la moneda llegó al 14% en el 95 y alcanzará por lo menos otro 16% en el 96. Como consecuencia, los comerciantes dolarizan sus precios y la inflación sigue su curso. En los primeros meses de 1996 ha habido fuertes aumentos en muchos rubros de la canasta básica, incluyendo los granos básicos, el pan, la leche, la manteca, la carne y los huevos. El precio del combustible subió en un 50% a lo largo de 1995 y otros productos y servicios esenciales, el cemento y el transporte, también sufrieron sensibles incrementos.

Déficit social en todo

La poca audacia de los inversionistas y las medidas de ajuste estructural, unidas a la galopante corrupción en el gobierno, contribuyen a que la economía siga débil y los indicadores sociales sean desalentadores. Especialmente crítica es la situación del sistema de salud: los hospitales operan con sólo la mitad de su equipo, los medicamentos son demasiado caros para la mayoría de los pacientes, y las epidemias proliferan. El año 1995 fue denominado el año de las plagas, debido a que siete enfermedades contagiosas alcanzaron niveles críticos. Para seguir funcionando a un nivel adecuado, el principal hospital público de San Pedro Sula tuvo que celebrar un maratón, al que el público respondió generosamente, contribuyendo con dos millones de lempiras.

Mientras que los organismos internacionales exigen una reducción drástica en el personal del Ministerio de Educación, 900 mil hondureños continúan analfabetas y las escuelas están en un estado deplorable. Por el alto costo de la construcción, se calcula que el 80% de los hondureños nunca tendrá capacidad de comprar una casa. El déficit habitacional es de unas 600 mil viviendas. El sistema penal y penitenciario sufre también por la penuria fiscal y moral del gobierno: de 8 mil 800 reos, alojados en cárceles construidas para 4 mil, sólo el 10% ha sido sentenciado. Muchos de los demás cumplen condenas más largas de las que tendrían si hubieran sido procesados.

Sindicatos debilitados

En el mes de marzo, después del fracaso en el intento de concertación entre trabajadores y empresarios, el gobierno autorizó un aumento en el salario mínimo de un 25%. Los sindicatos empezaron a demandar 60 lempiras diarios, después bajaron a 45, y terminaron aceptando sólo 20, lo que equivale a un aumento de menos de dos dólares diarios. Aun así, los empresarios arremetieron contra Reina diciendo que el incremento produciría una fuerte inflación y la quiebra de miles de empresas pequeñas y medianas. Según cifras oficiales, el costo de la dieta básica para una familia de cinco miembros es de 45 lempiras diarios.

Los sindicatos exigen ahora un reajuste general de salarios, que el gobierno se niega a considerar, diciendo que está fuera de su alcance el ordenarlo. Los sindicalistas, que ya se han tomado carreteras para presionar al gobierno, amenazan con medidas más drásticas si el gobierno no responde adecuadamente.

El sindicato bananero SITRATERCO -de los más fuertes del país- exigía a la Tela Railroad Company un aumento del 90%, pero por fin acordó aplazar la negociación a cambio del pago de un bono a los trabajadores y de una aportación económica al sindicato. Después de la huelga de 1993 y del cierre de cuatro fincas, el SITRATERCO se encuentra con una membresía reducida y con pocas fuerzas para hacer frente a las astutas tácticas de la transnacional.

La debilidad del sindicato se evidenció dramáticamente en el caso de la finca Tacamiche, una de las que fueron cerradas durante la huelga. Con el apoyo de muchas organizaciones populares, los habitantes de Tacamiche montaron una resistencia tenaz a los esfuerzos de la compañía por desalojarlos.

Tacamiche se volvió un símbolo de la dignidad nacional ante las exigencias del capital foráneo, pero el gobierno de Reina decidió desde un principio apoyar a la compañía en la disputa. Aunque el gobierno disponía de muchas maneras para presionar a la Tela, optó por defender la doctrina de la "seguridad jurídica" para los inversionistas. Las barbaridades cometidas hace diez años en nombre de la doctrina de la "seguridad nacional" se cometen ahora bajo esta nueva consigna.

Después de 50 años de permanencia en el lugar y 20 meses de resistencia, los trabajadores de Tacamiche fueron desalojados a la fuerza en los primeros días de febrero. No teniendo a dónde ir, fueron alojados como refugiados en un centro comunal de La Lima, ciudad vecina a San Pedro Sula, con el respaldo de organizaciones solidarias. No quedan ya vestigios del antiguo Tacamiche, convertido ahora en otra finca más de los prestanombres que la compañía utiliza para enajenar terrenos y minar la fuerza del sindicato.

Tacamiche: desaliento

El caso de Tacamiche demostró el desaliento general que reina en el movimiento popular. Los sindicatos se toman carreteras en vez de hacer huelgas, las organizaciones campesinas amenazan con tomas de tierras pero no capacitan a sus miembros, y los patronatos de pobladores se limitan a proyectos modestos y politizados. Las organizaciones indígenas, especialmente la de los lencas, expresan su descontento con el incumplimiento del gobierno en las promesas que se les hicieron el año pasado, pero lo más que pueden hacer es amenazar con realizar otra peregrinación a la capital.

A pesar de la situación de des- amparo de la gran mayoría de la población, hay poca vitalidad entre las bases para montar una resistencia eficaz contra los responsables de su desgracia. Tristemente, la única fuerza enérgica parece estar en los partidos tradicionales, donde un sinnúmero de precandidatos a la Presidencia gastan ya dinerales en publicidad en unas elecciones para las que falta aún año y medio.

En varias ocasiones durante estos primeros meses de 1996 la Iglesia se ha pronunciado sobre los problemas sociales. Además del comunicado de los obispos sobre la amnistía en enero, el semanario Fides, órgano oficial de la arquidiócesis de Tegucigalpa, ha criticado en varios editoriales el neoliberalismo y la creciente desigualdad, que podría desembocar en un conflicto. "Al analizar la sociedad hondureña en el actual momento histórico, constatamos: un acelerado incremento en los niveles de pobreza, una ausencia del sentido moral, un clima de violencia y confrontación generalizado y la no voluntad política que impulse un desarrollo económico social integral," decía un editorial. Y otro: "Entre todos los males que afligen a Honduras, ninguno tan grave como el empobrecimiento de la mayoría de su población. El empobrecimiento generalizado se acentúa cada día. Contribuyen a empeorar la situación las políticas neoliberales que se están aplicando, pues al final se traducen en una reducción del gasto social, lo cual no es compensado en nuestra economía subdesarrollada."

Estado - Iglesia

Aprovechando su influencia como presidente del CELAM, el arzobispo Oscar Rodríguez ha insistido en la importancia de la condonación de la deuda externa y se ha reunido con representantes del gobierno y de los bancos transnacionales, pero sin resultados apreciables hasta ahora. Las recién concluidas negociaciones de Honduras con el Club de París dejaron muy decepcionados a los gobernantes, pues no lograron la condonación de la masiva deuda nacional y sólo algunos alivios en los términos de pago.

La relación entre el gobierno y el arzobispo Rodríguez se ha estrechado en los últimos dos años. Durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, el gobierno hondureño fue uno de los pocos que se adhirieron estrictamente a la línea vaticana. En diciembre, el Congreso Nacional condecoró al arzobispo en un acto solemne que parecía tener más tinte político que religioso. En marzo, el gobierno anunció su intención de entregar el canal 11 de la televisión a la Iglesia Católica para su trabajo pastoral, decisión que molestó al precandidato presidencial Jaime Rosenthal, principal accionista de una empresa de televisión a la que el Estado ya le había otorgado el canal 11. El diario Tiempo, propiedad de Rosenthal, interpretó la decisión del gobierno como "un atentado político para perjudicar al precandidato".

96 y 97: años "políticos"

El declive político del gobierno Reina se ha de comenzar a sentir en su segunda mitad de administración. Los dos primeros años de gestión se definen en el terreno de las campañas proselitistas como de tregua y de acumulación de fuerzas al interior de las diversas corrientes del sistema bipartidista hondureño.

Los dos últimos años, que ya comenzaron a finales de enero/96, se definen por las componendas entre las corrientes al interior de los partidos hasta señalar en el primer año (1996), tras enconadas disputas de cuotas de poder, quién será el candidato oficial para la Presidencia por cada uno de los dos partidos tradicionales. El último año (1997), tendrá la tónica de una estridente campaña política. Los dos partidos se echarán las culpas por la decadencia del país y, sin fondo y proyecto concreto alguno, asegurarán en nombre de Dios, la patria y su propia madre, el futuro más promisorio jamás experimentado por la historia del país, a cambio del voto ciudadano.

1996, con las componendas internas de los partidos políticos será condicionante para la coyuntura nacional. ¿Seguirá el Ministerio Público tan agresivo y decidido en su lucha contra la corrupción en un año en que el Partido Liberal ha de elegir a su candidato a las elecciones de noviembre de 1997? ¿La fiscalía del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia llegarán hasta el final en el juicio en contra de los militares violadores de los derechos humanos amarrarán nuevos arreglos políticos de acuerdo al reagrupamiento de fuerzas y a las componendas entre políticos, jueces, fiscales y militares? ¿Cuál será la tónica coyuntural que el gobierno le dará a la crisis económica, para evitar mayores desgastes políticos?

El Estado hondureño se erige sobre una base extremadamente frágil, incapaz de sobrevivir a las presiones políticas y a "la ternura que produce el dinero", que envuelve a políticos y administradores públicos. Cualquier reforma institucional se enfrenta, con frecuencia infructuosamente, con esta fragilidad estatal. La independencia del sistema judicial, por ejemplo, no es asunto de la buena voluntad de algunos de los miembros del gobierno de turno. Ha de ser el resultado de un largo proceso de lucha por remoralizar a la sociedad.

Toda reforma institucional que no esté acompañada de un serio proceso de remoralización social, de donde broten los nuevos funcionarios y políticos hondureños, estará condenada irremediablemente al fracaso.

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