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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 169 | Abril 1996
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Guatemala

En vísperas de paz, sobran desafíos

"La guerra es el altísimo y desproporcionado precio que hemos tenido que pagar para que los factores de poder se conmovieran un poco". El precio está pagado y la guerra está a punto de concluir.

Gonzalo Guerrero

Marzo fue un mes de avances notables hacia la paz y de retrocesos preocupantes hacia la barbarie. Por un lado, importantes pasos hacia un fin negociado de la guerra interna y por el otro, más de 30 casos de linchamientos de delincuentes a manos de pobladores, desesperados por una ola sin precedentes de violencia criminal y por la inoperancia del sistema de justicia. En marzo también, el Congreso dio una victoria parcial a quienes proponían el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Corte de Constitucionalidad decidió anular la Ley de adulterio, que históricamente se aplicó exclusivamente a las mujeres. Mientras, las cabezas de militares acusados de corrupción continuaron rodando como resultado de las audaces investigaciones de la Policía Nacional.

Marzo será recordado además por los casos de tortura en contra de un periodista y de la hermana de un sindicalista recién exiliado por amenazas de muerte. Recibieron también amenazas de muerte los diputados del Frente Democrático Nueva Guatemala en el Congreso.

¿La última baja?

El 15 de marzo, José Rodolfo Martínez, un cabo de 22 años, murió con las piernas destrozadas por un cohete RPG-7, tras caer en una emboscada de la guerrilla en la aldea Cuil, de la municipalidad de Cunín, Quiché. La noticia de su muerte, cinco días antes de que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) anunciara la suspensión de acciones ofensivas, mereció apenas unos párrafos en la sección Actualidad, de una página interior del diario El Gráfico. Si se mantiene la suspensión indefinida de actividades bélicas por parte del Ejército y de la URNG, la muerte de este joven quichelense podría quedar inscrita en la historia de Guatemala como la última baja de una guerra que dura ya 35 años.

Cuando en 1974 nació Martínez, el conflicto armado - hoy el más antiguo de América Latina - ya había cumplido 13 años. Las cifras de la tragedia guatemalteca son alarmantes: 150 mil muertos, 45 mil desaparecidos y en los momentos más críticos del conflicto, un millón de desplazados internos y 200 mil refugiados en México. Más que de "tierra arrasada", la política ha sido de "sociedad arrasada", y las múltiples secuelas sicosociales de esta estrategia no han sido todavía adecuadamente analizadas.

Para los sectores conservadores, cuyas voces predominan en los medios de comunicación, las negociaciones de paz son más que todo una manera de terminar con una guerra "estéril e innecesaria". Pero hoy, y por primera vez en 35 años de conflicto armado, hay señales de que el gobierno está dispuesto a aceptar las razones que dieron origen al conflicto armado.

En reciente entrevista, publicada en el semanario Crónica, el Coordinador de la Comisión de Paz gubernamental, COPAZ, Gustavo Porras, rechazó así la interpretación de que el conflicto haya sido inútil: "La guerra es el altísimo y desproporcionado precio que hemos tenido que pagar para que los factores de poder del país se conmovieran un poco. Por eso, los acuerdos de paz tienen un sentido". La opinión de Porras fue secundada por el Presidente Alvaro Arzú durante una visita a México el 10 de marzo. "Los objetivos por los que se crearon las organizaciones insurgentes coinciden plenamente con los que nosotros tenemos", dijo el mandatario. Y agregó: "Estoy dispuesto a correr los riesgos que sean necesarios manteniendo cualquier actitud no ortodoxa, pero que vaya efectivamente en beneficio de lograr cuanto antes esa paz".

Cese al fuego

El 20 de marzo, la Comandancia General de la URNG anunció la suspensión de sus acciones militares en contra de destacamentos o unidades del Ejército Nacional. El mismo día, el coordinador de COPAZ respondió a la iniciativa guerrillera anunciando que el ejército suspendía todas las operaciones contrainsurgentes.

El cese de actividades bélicas por ambos bandos fue recibida por la comunidad internacional y por sectores políticos y sociales del país como una señal muy alentadora, que manifestaba la "mutua confianza" entre el gobierno y la URNG en vísperas de su segunda reunión en los últimos días de marzo. Durante esa reunión, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes de la URNG retomaron la discusión del tema Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que ha estado sobre la mesa de negociaciones durante los últimos diez meses.

Impuesto de guerra

Pero la euforia que produjo la noticia de la suspensión de acciones militares no duró mucho tiempo. Una semana después, una unidad armada de la URNG ocupó el pueblo de Siquinala, en Escuintla, donde reunió a los residentes para un mítin político. El Presidente Arzú condenó la ocupación como una acción de guerra e inmediatamente, dentro de la lógica del proceso de pacificación, el gobierno, el sector privado y los medios de comunicación exigieron el fin de las ocupaciones armadas con fines de propaganda y del cobro del impuesto de guerra. Estas presiones hicieron que el coordinador de COPAZ incluyera ambos temas en la ronda de negociaciones.

Hace seis años, cuando la URNG se reunió en Ottawa, Canadá, con representantes del sector privado guatemalteco, los comandantes captaron que a los empresarios no les preocupaba el conflicto armado mientras sus propiedades no se vieran afectadas. De acuerdo con el Comandante Pablo Monsanto, esa actitud cínica provocó la decisión de la Comandancia General de crear el impuesto de guerra, para así "llevar la guerra hasta sus casas".

El gobierno cree que el cobro del impuesto de guerra ha abierto una puerta a la impunidad y ha creado un ambiente de conflictividad en el campo. Gustavo Porras afirma que al menos un 75% de los cobros de impuesto de guerra no los hace la URNG, sino bandas delincuenciales que utilizan las siglas y los discursos de los guerrilleros.

Tomas armadas

En el caso de las tomas armadas de poblaciones, la URNG insiste en que siguen siendo una pieza clave de su trabajo político. En las últimas semanas, los guerrilleros ocuparon pueblos en Escuintla, Huehuetenango y Totonicapán. El Comandante Pablo Monsanto afirma que debido a la "superioridad táctica" de las unidades guerrilleras, las tomas de poblaciones desembocan raras veces en enfrentamientos armados. Cuando el ejército tiene información de una toma, tarda en llegar porque sabe que las acciones políticas están orientadas muchas veces a atraer tropas hacia emboscadas guerrilleras.

Aunque el comandante guerrillero Gaspar Ilom insiste en que el impuesto de guerra y las tomas de pueblos "no son negociables", el coordinador de COPAZ, Gustavo Porras, anunció después de terminar la última ronda de diálogo que la URNG ofreció mantener estas acciones "a un mínimo nivel". La URNG se comprometió también a preparar un documento justificando su postura en favor de los impuestos de guerra y de las tomas armadas. La discusión de estas actividades de la URNG "quitaron un tiempo valioso a la discusión del tema a tratar", comentó Ileana Alamilla en su columna en el diario La República del 2 de abril. "Tanto, que el punto sobre la situación agraria ni siquiera fue abordado por las partes", afirmó.

Linchamientos

El 22 de marzo, los residentes de Nueva Concepción, Escuintla, capturaron a dos supuestos secuestradores y los entregaron a policías del pueblo. Uno de los dos capturados dijo en forma insolente a sus captores: "¡Mírenme bien la cara, porque mañana estaré libre!". Los vecinos, más enardecidos por la probabilidad de que esa advertencia fuera real, sacaron de la cárcel a la fuerza a quienes ya estaban prisioneros, los golpearon, los balearon y luego los quemaron en la carretera. En las últimas tres semanas, más de 30 supuestos delincuentes han sido linchados y por lo menos 6 de ellos resultaron muertos. Desde enero, por lo menos 12 personas han muerto a manos de turbas enardecidas y otras 30 han escapado de la muerte por la intervención de diversas autoridades.

Durante los últimos diez años de gobiernos civiles, muchos observadores y analistas han advertido de un "estallido social" causado por los crecientes niveles de frustración y desesperación que existen entre la población por los altos índices de pobreza, delincuencia, corrupción e impunidad. La actual ola de acciones en las que la gente se toma la justicia por sus manos, parece ser la evidencia más concreta hasta la fecha de que el pronóstico de este estallido se está haciendo realidad.

Casos de linchamiento han sido reportados en Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Escuintla, Petén y en la capital. Fuentes de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) afirman que la prensa nacional no recoge otros ajusticiamientos realizados por pobladores. Entre las víctimas hay asaltantes, secuestradores, violadores, asesinos y hasta un ladrón de limosnas de una iglesia de la capital. En varios casos, la cólera de las turbas se ha dirigido contra MINUGUA, la policía nacional y el ejército. MINUGUA se vio obligada a cerrar sus oficinas en Flores, Petén, debido a los ataques de los vecinos. Los vecinos acusan a MINUGUA de proteger a los delincuentes bajo el pretexto de defender sus derechos humanos. En Barrillas, Huehuetenango, la Policía Nacional tuvo que cerrar su sede luego de los ataques de los residentes.

Hasta el momento, la reacción oficial en contra de los linchamientos ha sido tibia, con Arzú pidiendo a la población "calma y cordura" mientras el gobierno implemente sus reformas de seguridad. En la actualidad existe una especie de carrera entre las expectativas y frustraciones de la población y la capacidad del gobierno de traducir sus reformas, planes y depuraciones en mejorías palpables.

Turbas o ejército

De acuerdo con el último informe de MINUGUA, para avanzar en la lucha contra la impunidad se necesitan cambios en la Policía Nacional, en el Ministerio Público y en el sistema judicial. En marzo, los logros iniciales del gobierno en estos tres terrenos fueron parcialmente revertidos. Un Tribunal del Trabajo ordenó la reinstalación en sus puestos de los 118 agentes de policía despedidos en enero, los trabajadores judiciales paralizaron las Cortes con una huelga que duró mas de dos semanas, y el desprestigiado jefe del Ministerio Público, Ramsés Cuestas, siguió ignorando las múltiples peticiones con que se exige su renuncia.

Teniendo en cuenta todos los obstáculos que existen para una pronta mejoría en la situación de criminalidad que vive el país, se pueden avizorar dos escenarios. Por un lado, los linchamientos podrían incrementarse, con el aval indirecto de los medios de comunicación y el gobierno, hasta que logren hacer descender los índices de delincuencia. Por otro lado, el ejército podría pasar a jugar un papel más activo, patrullando las calles y controlando tanto a los delincuentes como a las turbas que linchan.

En los últimos días, los columnistas conservadores de la prensa local han empezado a sugerir la necesidad de restablecer de nuevo las Patrullas de Autodefensa Civil, en esta ocasión para controlar la violencia callejera. Aunque no hay evidencias claras de que los linchamientos sean parte de un complot de desestabilización organizado por grupos afectados por las reformas impulsadas por el gobierno, muchos vinculan los disturbios con un plan destinado a interrumpir esas reformas.

Estrategia para la paz

En las diez semanas de gestión que tiene el nuevo gobierno se ha aclarado un tanto su estrategia en cuanto a la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz y en la reconstrucción del país. La estrategia parece enfocarse en una diversificación de las fuentes de apoyo político en el exterior, en poner un especial interés en el papel de la comunidad internacional en proyectos de reconstrucción y desarrollo en la etapa post-conflicto, y en un esfuerzo por reducir el perfil de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz y en el proceso de verificación de los derechos humanos.

De acuerdo con Frank LaRue, destacado analista y director del Centro de Apoyo Legal para los Derechos Humanos (CALDH), existen tres "espacios" o instancias de trabajo de las Naciones Unidas en Guatemala: la instancia que media las negociaciones de paz (Jean Arnault, bajo el mando del subsecretario de la ONU), la que verifica el respeto a los derechos humanos (MINUGUA, dirigida por Leonardo Franco), y la que participa en financiar, diseñar y administrar proyectos de reconstrucción y desarrollo (PNUD, dirigido por Ricardo Stein). Los acercamientos entre la URNG y el gobierno sin la participación de la ONU, y la decisión, durante la última reunión de diálogo, de evitar el mecanismo de "penduleo" movido por la activa participación de Arnault, han reducido de hecho el papel del moderador en las negociaciones.

Los esfuerzos inmediatos del nuevo gobierno por depurar la policía y el ejército y por iniciar reformas profundas en los cuerpos de seguridad, son muestra de que el gobierno se siente capaz de mejorar la situación de los derechos humanos y de combatir la impunidad por su propia cuenta. Para algunos analistas, el hecho de que el Presidente Arzú haya esperado dos meses antes de tener su primera reunión de trabajo con Leonardo Franco, de MINUGUA, es indicativa de que una relación estrecha con esta instancia de Naciones Unidas no es prioritaria para el gobierno.

Lo que sí parece ser de interés del gobierno es la posibilidad de una avalancha de fondos internacionales como producto de un acuerdo de paz "firme y duradero". El Canciller de Guatemala, Eduardo Stein, visitó en marzo varios países europeos, en donde recibió promesas de ayuda económica por 500 millones de dólares, la mitad de la Unión Europea y la otra de varios países miembros de la UE. La ayuda se desembolsaría tras la firma de la paz.

Desarrollo post-conflicto

Esa ayuda, y otros 500 millones prometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), servirán para financiar los proyectos de desarrollo económico del gobierno. De acuerdo con LaRue, el gobierno de Arzú considera la firma de la paz como punto de partida para sus planes económicos. La llegada de la ayuda internacional resolvería en gran parte la crisis financiera por la que actual- mente atraviesa el gobierno. Los beneficios políticos de la reconstrucción y el desarrollo post-conflicto, son mucho más interesantes para el gobierno que asuntos como verificar derechos humanos o desenterrar el pasado.

Otro elemento que apunta hacia un mayor énfasis en el papel que podría jugar la ONU en este campo de la reconstrucción es el propio director en Guatemala del PNUD, Ricardo Stein, uno de los más cercanos asesores de Arzú. "El gobierno quiere armar su programa económico a partir de la reconstrucción", afirma LaRue, y el PNUD ya tiene preparado un estudio detallado que analiza los costos de implementar programas y proyectos vinculados a cada acuerdo firmado. Los proyectos prioritarios costarán 1,300 millones de dólares y buscarán mejorar la gobernabilidad y la administración de justicia y combatir la extrema pobreza.

Polémico Convenio

Durante el mes de marzo los grupos tradicionales de poder se vieron amenazados en varios campos. Las amenazas fueron desde la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar sin efecto la Ley de adulterio, hasta la aprobación por el Congreso del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, mientras, el proceso de depuración de las fuerzas armadas seguía su marcha.

Una de las leyes más discriminatorias para la mujer en la legislación guatemalteca era la Ley de adulterio, que sólo fue aplicada en contra de mujeres. Aunque los casos de mujeres acusadas de adulterio son ya casi inexistentes, la decisión de la Corte de Constitucionalidad expresa simbólicamente una nueva sensibilidad en relación a la discriminación de género. Siguen vigentes otras leyes igualmente discriminatorias. Por ejemplo, la ley que diferencia entre los dos géneros la edad mínima legal para poder casarse, y la ley que prohíbe que la mujer casada trabaje fuera de la casa si su esposo no le da permiso.

Después de varios años de estar engavetado en los archivos del Congreso, el 5 de marzo fue aprobado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este Convenio venía provocando una gran polémica entre los que lo creen base para el separatismo o vehículo legal para la recuperación de tierras por los indígenas.

El partido gobernante, el PAN, que tiene mayoría en el Congreso, logró desarmar un conflicto explosivo al incluir en la propuesta de aprobación del Convenio una cláusula: el convenio fue aprobado "bajo el entendido de que las disposiciones de la Constitución Política de la República prevalecen sobre dicho Convenio, el cual no afecta derechos adquiridos ni tiene efectos retroactivos". En otras palabras, el Convenio no podrá ser utilizado como base legal para que las comunidades indígenas reclamen o recuperen tierras que les fueron usurpadas por terratenientes.

Aunque la enmienda calmó los ánimos de quienes se oponían al Convenio, sigue en duda la constitucionalidad de su aprobación. De acuerdo con el artículo 171 de la Constitución, "el Congreso debe aprobar o desaprobar convenios internacionales, no calificarlos". En América Latina, Guatemala se suma a Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica y México, que ya han ratificado este Convenio.

A la par de estas bofetadas al machismo y a los terratenientes, hubo ataques frontales contra el escudo de impunidad que ha protegido a los militares corruptos. Tres importantes oficiales fueron acusados de delitos durante el mes de marzo. El Coronel Hugo de la Cruz dejó su cargo de director del aeropuerto nacional a raíz de las acusaciones de que estaba dando refugio en su residencia a ladrones de automóviles perseguidos por agentes de la Policía Nacional. El Coronel Mario Salvador López Serrano fue suspendido como comandante de la base militar en Santa Cruz del Quiché tras un cateo en su casa, donde los policías encontraron químicos usados para medir la pureza de la cocaína y vehículos sin documentación. El 23 de marzo fue capturado y llevado a un centro preventivo el Coronel Gordillo Martínez, quien formó parte del triunvirato que asumió el poder después del golpe de Estado de marzo de 1982. Agentes de la Policía Nacional encontraron a Gordillo manejando un carro con placas robadas de otro vehículo. Fue liberado bajo fianza al día siguiente.

Entrevista con Porras

Envío entrevistó a Gustavo Porras Castejón, coordinador de la Comisión de Paz del gobierno. He aquí sus declaraciones, que revelan el nuevo momento que vive el país.

- ¿Qué busca el gobierno en la mesa de negociaciones?

- No concebimos la negociación como un medio para demandar a la URNG que abandone sus luchas por transformar el país. Lo que pedimos es que cambie sus formas de lucha, que de la lucha armada pase a una lucha política en el marco legal, en el marco institucional. En sus orígenes, el argumento fundamental para iniciar la lucha armada fue el considerar cerrados otros caminos. Aquella fue una época caracterizada, efectivamente, por la exclusión de las fuerzas políticas, exclusión que tuvo nivel constitucional. Antes, hubo leyes como la ley de defensa a las instituciones democráticas, que proscribían organizaciones comunistas, anárquicas o contrarias a los principios de la democracia. Ahora hemos consolidado un pluralismo, en el que no ha hay obstáculo ni legal ni de hecho para una participación política más amplia.

- ¿Cuál cree que debe ser el producto final de las negociaciones?

- Los acuerdos deben permitir definir objetivos nacionales incuestionables, una agenda con puntos esenciales para el país. Nuestro plan es que de estos acuerdos de paz surja no la visión particular que pueda tener la URNG o el gobierno, sino grandes objetivos nacionales compartidos, favorables para algunos sectores, inobjetables para otros. Definir grandes metas nacionales para que sean componente fundamental del proyecto de nación. Y crear las condiciones para que este impulso progresista en el país avance hacia mejores y más profundas transformaciones, a sabiendas de que la paz se construye todos los días en base a la correlación de fuerzas y que esto no puede ser sustituido por ningún pacto o cosa por el estilo. Siempre digo que si por documentos fuera, seríamos otro país. Si la Constitución de la República se aplicara sin cambiar ni una letra, este país sería muy distinto del que hoy es.

-¿La Comandancia General de la URNG está dispuesta a dar el salto cualitativo de la lucha político-militar a la lucha política?

- Tengo la impresión de que ellos ya han adoptado una decisión estratégica con relación a la paz. Aunque, sin duda, la negociación de las cuestiones concretas crea otras tensiones. Por un lado, la URNG tiene la necesidad de responder a su propia base y a sectores afines, en los cuales han cristalizado quizá concepciones muy radicalizadas. Como siempre ocurre, la dirección de un proceso puede modificar sus puntos de vista más rápidamente que su base. Por otro lado, es indudable que entre nosotros hay concepciones distintas que hay que trabajar a fondo. A todos nos pasa: es muy distinto ver las cosas desde afuera, que verlas cuando uno ya está montado en el macho. Desde afuera, uno subestima la voluntad. Pero cuando uno está dentro, te empiezas a dar cuenta de que estás atrapado hasta en las cosas mas elementales.

- A la par de las depuraciones de las fuerzas de seguridad, ha habido un aumento notable en la delincuencia. ¿Se trata de una reacción de los grupos afectados?

- "Hemos planteado en las conversaciones con la URNG, fuera de la mesa, que para nosotros es fundamental la guerra contra el crimen organizado. Era evidente que íbamos a tener respuestas como las que ya estamos teniendo, aunque todavía, y afortunadamente, el crimen organizado no es aquí tan poderoso como en Colombia, por ejemplo. Sería un idealismo extremo pensar que se puede tocar al crimen organizado sin que hayan respuestas del mismo. La lucha contra el crimen organizado es una lucha por la sobrevivencia de Guatemala. Es en esto en donde está más amenazada nuestra soberanía y más afectada nuestra posibilidad de desarrollo. Podríamos tener diferencias en otros mil terrenos más, pero no en éste. Nos preocupa mucho la incidencia que tiene el enfrentamiento armado en servir de paraguas para una serie de actividades de delincuencia común.

A lo largo de los años se ha proyectado una imagen muy distorsionada de los guatemaltecos y del país, como si hubiera entre nosotros una cultura de violencia. Yo creo que no. Lo que hay es una situación de grandísima conflictividad y eso es lo que tenemos que ir desarmando desde su base. Para nosotros, los acuerdos, y su contenido son fundamentales para lograr una verdadera reconciliación. El problema es el combate a la impunidad. Creo que en la sociedad guatemalteca existe ya un nivel generalizado de tolerancia muy amplia hacia las ideas distintas. MINUGUA ha establecido que existen hechos que no responden a decisiones del Estado. No se trata de una política represiva formalmente implementada por el Estado. Muy probablemente proceden de la reacción de las mafias. Las mafias se han nutrido de la situación de caos que ha vivido Guatemala. Los guatemaltecos tenemos que comunicarnos mucho entre nosotros para ir haciéndoles frente y para derrotarlas."

No es sólo dar tierras

- El tema agrario es tal vez el más espinoso en las negociaciones. ¿Cuál es la solución a los problemas en el campo?

- "El desarrollo rural incluye la cuestión de la tierra, pero su concepto es más abarcador. Si analizamos los movimientos pro-tierra que han existido, un porcentaje muy alto de los que los formaron habían recibido tierras en los parcelamientos que se hicieron en 1954 y 1955 durante el gobierno de Castillo Armas. Después, vendieron esas parcelas para comprarse una camioneta, una tienda, para poner un negocio. Luego, quebraron sus empresas y pasaron a ser obreros agrícolas en el algodón. De pronto el algodón se vino abajo y fue sustituido por la soya, el sorgo o el maíz, que emplean mucha menos mano de obra. Y al final, este proceso dejó un montón de gente sin empleo que no tiene en qué vivir y que quieren otra vez tierras.

¿Tendrán ellos realmente vocación de campesinos? Para realmente poder evaluar la demanda de tierras, hay que tener una oferta más amplia de trabajo en el campo. Yo siempre he escuchado decir a los campesinos: sólo la gente que vive en la ciudad idealiza la vida campesina, diciendo qué maravilla la naturaleza... Pero en tierras marginales, donde no hay vías de comunicación, donde la gente está reducida a la subsistencia, no hay ninguna maravilla. Hay que ver la situación de una manera más global. Para producir se necesita capacitación, crédito, acceso a mercados. El problema de la producción agrícola no es sólo de tierras.

También existen otras situaciones: las disputas por tierras. Desde antes de las negociaciones hemos señalado la necesidad de hacer a la mayor brevedad un catastro de tierras para depurar el registro de propiedad. Hoy no existe una base técnica que dé soporte a un proyecto para la resolución de los conflictos de tierras. Hay más de un millón de precaristas que no tienen títulos y en consecuencia, no tienen acceso al crédito.

Mucho se habla del indígena y del papel que juega el maíz, pero se ha llegado a extremos absolutamente absurdos. Que la cultura maya tenga su génesis en el maíz no quiere decir que van a seguir sembrando maíz siempre. Las organizaciones mayas me han planteado a mí su oposición a eso de que "Maya igual a campesino". La cultura de los chinos se basa en el arroz, pero China es hoy una potencia industrial y los chinos siguen siendo tan chinos como siempre. Desde la época prehispánica, Guatemala era un importantísimo centro de comercio. Y si existe una aptitud muy arraigada entre los mayas es la habilidad para el comercio. Tenemos que ver y analizar la cuestión del desarrollo rural de forma global, y no solamente como una cuestión de dar o quitar tierras.

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