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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 169 | Abril 1996
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Nicaragua

Dos opciones: continuar o cambiar

Quien logre mirar al fondo de la barahúnda electoral se dará cuenta que son sólo dos las opciones: más de lo mismo o cambio.¿Qué significaría el cambio? ¿Qué fuerza política puede llevar a cabo ese cambio?

Equipo Nitlápan-Envío

El panorama electoral nicaragüense se hace cada día más complejo y abigarrado. Con 35 partidos inscritos y 5 más en trámite para obtener su personería jurídica, 15 candidatos a Presidente, más de 5 candidatos importantes a la Alcaldía de Managua y centenares de candidatos para las otras alcaldías y diputaciones del país, el ambiente electoral se ha convertido literalmente en una réplica del Mercado Oriental de Managua en vísperas de fiesta. Con la estridencia de la gritería electoral, resulta difícil distinguir lo verdadero de lo falso, lo nuevo de lo repetido, el avance del retroceso. Los fuegos artificiales de partidos y candidatos deslumbran y ciegan y es difícil saber cuál es el camino a seguir.

Tanto entusiasmo es sospechoso

Las elecciones -símbolo por excelencia de la democracia representativa-, esperadas como la terminación formal de la accidentada y poco gloriosa gestión de la administración Chamorro-Lacayo, se preparan en un ambiente de ataques personales, de inestabilidad y tensionamiento político, dentro de una cultura autoritaria, desacostumbrada al juego democrático y a pensar en términos de país y no de grupos rivales. Más que incomodar a los mercaderes de la política, este ambiente les permite ganar espacios a empellones y encandilar a los incautos. Atiborrados ya los medios de comunicación de spots, declaraciones, promesas, canciones, estribillos, slogans y discursos, el proceso electoral empieza a perder transparencia y a mostrar una opacidad alarmante. Tanto entusiasmo de la clase política en un país tan empobrecido resulta sospechoso: indica que hay mucho en juego en las próximas elecciones, y que ganar a como sea el favor del electorado es lo único que puede dirimir las tensiones de las diferentes facciones en pugna.

En este torbellino, las promesas de alianzas y los reacomodos de poder se suceden con vertiginosa rapidez. La legión de candidatos habla de tiempos mejores y trata de borrar los rastros de su pasado para atraerse a una población hambrienta y sedienta de pan y de una vida mejor.

Crece el estruendo y hay que mantener los ojos bien abiertos para ejercer cabalmente el derecho al voto. Quien logre mirar al fondo, se dará cuenta que en realidad las opciones son muy reducidas. Son sólo dos: más de lo mismo o cambio. El grueso de la población desea un cambio en una dirección: mejora de su nivel de vida. Y poderosos grupos minoritarios no desean que las cosas cambien. Después de todo, la travesía por el desierto hacia la tierra prometida del "despegue económico" unos la han hecho en Cadillac mientras la mayoría sigue el viaje a pie. ¿Para qué cambiar las cosas?

El punto de partida

Son muchas las preguntas que nos hacemos hoy. ¿Es posible mantener el actual estado de cosas, continuar sin cambiar? ¿Y qué pequeños cambios hacer para no emprender grandes cambios? ¿La participación popular será lo suficientemente intensa y masiva como para lograr un cambio real y mantenerlo? ¿La voluntad popular de cambio será escamoteada en los próximos comicios? ¿Qué riesgos implica en la actual situación del país una ruptura y un cambio político en profundidad? ¿El cambio deseado por tantos conduciría a una mejora o a un empeoramiento de la actual situación? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta definitiva y fácil, pero intentar responderlas es necesario para aclararnos en el confuso mercado de las ofertas electorales.

La aparente gama de opciones presentadas por los más de 15 candidatos a la Presidencia se pueden reducir a dos: continuismo o ruptura-cambio. Cabe una tercera opción básica, mezcla de éstas, que consistiría en un cambio parcial o en un continuismo a medias. Entre las dos grandes líneas divisorias, el proceso electoral parece carecer de un "centro".

Como los problemas de fondo que enfrentó el gobierno Chamorro continúan irresueltos, el grado de polarización social y política se mantiene, en el mejor de los casos, igual que al comienzo de su gestión. Pese al extenso -aunque parcial- desarme de las fuerzas irregulares, a la vigencia de una amplia libertad de expresión, a la abundante ayuda externa y a un débil e insuficiente crecimiento desde 1994, los procesos de exclusión social y política se han agudizado bajo el actual gobierno. Esta exclusión ha impedido que el gobierno Chamorro realizara la histórica tarea de la reconciliación y la reconstrucción nacional, convocando a todas las fuerzas vivas para la refundación de la nación.

Es preciso antes que nada identificar la actual posición de los grandes actores que tras bastidores dan sentido a la contienda electoral. Punto de partida de las actuales opciones es la actitud de la oligarquía, que convirtió el episodio de la derrota electoral del sandinismo en 1990 en un hecho histórico orientado a la reversión de las conquistas populares alcanzadas con la revolución. El proceso de reversión -no consumado del todo- se ha llevado a cabo con la colaboración oficiosa de la dirección sandinista, que reclamó a cambio separar del gobierno a los sectores radicales de la UNO, a los políticos "medio pelo" que integraron esa coalición. Los sectores populares han asistido a estos acontecimientos dispersos y atomizados.

Las dos "piñatas"

El anhelo popular por alcanzar un amplio acuerdo de reconstrucción nacional fue traicionado por el gobierno Chamorro. En ello tuvo que ver, sin duda, el radicalismo revanchista de ciertos grupos principistas de la UNO. Pero lo fundamental fue el aferrarse a los abusos cometidos en la "piñata" y la perspectiva de participar en la "otra piñata" -el proceso de privatización de activos estatales- lo que cerró todo posible entendimiento nacional. El fallo de ambos procesos no fue transferir activos públicos a manos privadas. Fue que, con un marco jurídico muy endeble, más que perseguir fines sociales justificados, se beneficiara a una minoría pudiente y ya enriquecida en los cargos públicos. Así, las mayorías beneficiadas justamente con la redistribución de la propiedad pasaron a ser rehenes de una minoría abusadora. Y así, el proceso de corrupción, tanto público como privado, se apoderó del cuerpo político del país como un cáncer mortal. Se diezmaron de esta forma las posibilidades de un entendimiento entre iguales, dividiéndose las esferas de influencia entre "vivos" enriquecidos por el robo, ricos tradicionales y "pendejos" en proceso de extinción en el sistema político.

No hay opción de izquierda

Al no existir más regla que la de la fuerza y la de la imposición, la credibilidad en tantos acuerdos firmados en estos años o el respeto a las normas establecidas quedaron seriamente minados. En el caso concreto del problema de la propiedad, los adefesios jurídicos implementados se han tratado de "enmendar" con otros adefesios jurídicos, en un juego de muchos intereses y de poco respeto a la letra y al espíritu de las leyes. Los anhelos de redención social han ido quedando en el olvido, sin que esto le quite ya el sueño a nadie. Sin confianza, el juego político ha derivado en una práctica depredadora y sin principios, en la que no queda espacio para el altruísmo ni posibilidad de cooperación entre rivales. La frivolidad como actitud política, y el cinismo como filosofía de los políticos, se han enseñoreado de un país donde las heridas de la guerra y de la desigualdad permanecen abiertas.

Pese a un cambio tan brusco en las reglas del juego político, un hecho importante es que no se haya logrado un aplastamiento del movimiento popular, comparable al conseguido por Somoza García en los años 30. La población está extenuada, tanto por las traiciones y derrotas políticas como por el desempleo y el empobrecimiento, pero aún no está "liquidada" políticamente.

Mayoritariamente compuesta por jóvenes sin perspectivas en el actual estado de cosas, la población quiere ejercer su derecho al voto y lograr un cambio pacífico, que atentaría contra los intereses inmediatos del capital parasitario y rentista de la oligarquía. Pero la posibilidad de este cambio es muy limitada. La obra realizada en estos años por la dirigencia del FSLN ha eliminado de estas elecciones la opción de izquierda, entendiendo por izquierda una clara representación y participación de los sectores populares, una política indudablemente nacionalista, una ampliación y consolidación democrática y un Estado renovado y eficiente orientado al desarrollo con inclusión social.

Es precisamente por la ausencia de una clara representación popular que los gastados métodos de la confrontación y la instrumentalización de la democracia para generar artificialmente inestabilidad, tienen todavía un margen de supervivencia. La identificación de la "izquierda" con el sandinismo piñatero y con la confrontación que provocan sus "turbas portátiles", ha desacreditado la opción de izquierda. Una eventual consolidación democrática mediante procesos de inclusión social y política están hoy fuera de la estrategia de la autoproclamada izquierda. Los nuevos empresarios y rentistas sandinistas "aceptan" sus orígenes de izquierda de modo cada vez más vergonzante, sin decidirse a desembarazarse definitivamente de sus viejos símbolos.

Cómo lograr el cambio

Al no contar los sectores populares con una salida de izquierda, se encuentran en una situación en que saben lo que no quieren, pero no saben - dispersos y sin liderazgo - cómo lograr lo que quieren. Las fuerzas civiles organizadas son aún muy marginales y poco activas políticamente como para generar un recambio de liderazgo. Los sectores populares se tienen que acomodar irremediablemente a las opciones existentes para lograr, aunque sea parcialmente, sus objetivos. Y las opciones existentes, por definición constitucional, quedan encuadradas en los partidos electorales. La formación de movimientos sociales mediante suscripción popular es hoy sólo posible en el ámbito del gobierno municipal.

Los grandes aún no están seguros

Los grupos de poder dominantes no quieren un cambio. Han mostrado y demostrado que no están a la altura de los desafíos del país. Pero, ¿acaso quieren estarlo? Enfrascados en el acelerado y salvaje proceso de acumulación originaria que experimentan desde hace una década, no tienen ni tiempo ni visión para garantizar un ambiente democrático. Hacerlo implicaría moderación en el proceso de apropiación de activos y rentas y eso afectaría sus ganancias de corto plazo. Por medios lícitos o ilícitos, estos grupos se han estado posicionando para quedar en el mejor lugar posible, apropiándose hasta donde pueden de activos, capital, base social y apoyo externo.

Las ganancias extraordinarias que han obtenido son demasiado atractivas como para dejarlas por razones altruistas o de supervivencia colectiva. La fiesta es a todo vapor y se disfruta mientras dure. Si el barco se hunde, ellos llevan salvavidas y una comisión de cobro por el hundimiento del barco. No están preocupados porque tras ellos venga el diluvio.

Sin embargo, mientras el sistema político sea vía para llegar a ser próspero empresario, mediante la corrupción y el tráfico de influencias, el gran empresariado no está seguro. Aunque ha sido beneficiario directo de las actuales políticas económicas, más temprano que tarde la competencia desleal y la sobrecompetencia podrían minar las bases de su actual rentabilidad, lograda por la manipulación sesgada que han hecho de la política económica.

Aunque es cierto que los sectores populares carecen de una clara representación, conformando una masa de votantes que oscila entre la derechización obligada y la indefinición o el abstencionismo, el dominio del gran capital financiero y comercial tampoco está claramente garantizado. El control político del capital financiero no es directo ni tiene asegurada su continuidad, porque los actuales políticos no son representantes legítimos del gran empresariado, sino solamente sus clientes. Los grandes empresarios no han tenido tiempo para dedicarse directamente a la política. Y los políticos que vienen de las capas medias y profesionales a lo que aspiran es a hacerse de fortunas y eventualmente, a convertirse también en empresarios. Así, los políticos de las familias de notables se encuentran hoy teniendo que transar con un enjambre de nuevos políticos provenientes de las representaciones de múltiples micropartidos y de "cascarones" de sindicatos, de gremios y de asociaciones de productores.

Los grandes empresarios y banqueros tienen a su favor el hecho de contar con una mayor cohesión como grupo, así como de la confianza que ha generado la bonanza restringida de estos años. En muchos sentidos, tienen mayor capacidad de maniobra y más oportunidades que otros grupos. Pero como han estado absorbidos por su propio proceso de reinstalación en el país, no han logrado articular una sólida representación política de sus intereses en el sistema de partidos políticos. Hasta ahora, han acudido al "mercado político" instrumentalizando las representaciones políticas existentes en base a la compraventa de influencias. Por todo esto, la clase política se encuentra asediada por las representaciones que provienen de los diferentes capitales del país: el tradicional, el de origen "piñatero", el de "la quinceañera" (piñata de las privatizaciones), el narcocapital y el capital extranjero.

En busca del "mal menor"

Esta situación sitúa las próximas elecciones en una contradicción antagónica entre las aspiraciones de cambio y mejoría del pueblo y la voracidad de capital de las "élites vampiras", que apuestan a un continuismo sin sobresaltos. El gran empresariado titubea ante cuál será el mal menor, pues ya sabe que continuar como hasta ahora lleva a una colisión con los nuevos capitales voraces. Pero mientras no ocurra tal choque, prefieren seguir aprovechando la bonanza. Un cambio trae mucha incertidumbre, sobre todo si hay fuertes aspiraciones redistributivas en el pueblo. Un cambio implicaría, por lo menos, un inmediato freno a sus privilegios.

Sólo apoyarían esta opción por la fuerza de las circunstancias, como algo irremediable en virtud del ejercicio democrático del voto. Y en caso de un masivo voto por el cambio, tratarían de nadar a favor de la corriente para conservar en lo posible sus privilegios. Pero ésta no es una opción de primera instancia ni de preferencia. Tampoco lo es la salida que propugna el nuevo capital: suspender -aplazar, alterar- las elecciones y crear un artificio "democrático" a cambio. Esto haría muy inestable la continuidad del proceso de acumulación y de consolidación económica. Apoyarían esta opción extrema sólo en circunstancias extraordinarias de caos social y político y bajo el beneplácito de los Estados Unidos.

Por quién votar

El cuadro actual sugiere que la contradicción fundamental entre propietarios y no propietarios de capital se ha desplazado hacia la oposición entre grandes propietarios y medianos-pequeños propietarios de capital. En el trasfondo del juego electoral está este dilema: la consolidación del poder oligárquico o la interrupción de dicho proceso de acumulación, con la irrupción de un populismo derechizante y deseoso de redistribuir a favor de las capas propietarias, que en estos años han estado bloqueadas en su acumulación o francamente empobrecidas.

Existe una conciencia generalizada de que el actual estado de cosas es insostenible económica, social y políticamente. Las tendencias a la inestabilidad social y política que genera este estado de cosas son un gran peligro. El gobierno Chamorro se encuentra muy desgastado y deslegitimado por no haber logrado mejorar los niveles de vida de la población. Todas las encuestas apuntan a que la población desea ejercer su derecho al voto para deshacerse de la administración Chamorro y de lo que ella representa en términos de insensibilidad social y penuria en medio del lujo de unos pocos. Una encuesta tras otra indica una considerable intención de voto y un juicio negativo hacia la actuación gubernamental, reflejado en el poco favor con que cuenta el oficialista PRONAL.

Sin embargo, no sabemos aún con precisión el poder de contención que pueden desplegar los grupos de poder para evitar un cambio. Pese a la negativa valoración de la gestión oficial de parte de la población, la gente no está clara de cuál es la salida. Hay mucha indecisión aún sobre por quién votar y por qué. Y aunque el pueblo decididamente quiere un cambio y una mejoría, no sabe cómo lograrlo ni tiene ante sí una nítida representación política para nuclear la fuerza del cambio. Ninguno de los actores principales tiene tampoco representaciones adecuadas para dirimir claramente la situación a su favor. El propio sistema político ha generado un bloqueo de mediación que trata de autoperpetuar la rentabilidad política, restringiendo la participación ciudadana. Lo más grave es que el antagonismo que se está incubando en el desenfrenado proceso de acumulación originaria, no facilita una reconstrucción del país sobre las bases de una concertación social amplia.

Cinco criterios-brújula

Las dos grandes opciones que encara el electorado implican serias consecuencias para el rumbo que tome el país en los próximos años. Estas dos opciones se pueden entender mejor contrastándolas con cinco criterios:

1) la posición que tenga cada partido frente al tema de la propiedad, en especial al tema de la piñata y al de la privatización,

2) el grado de aceptación o vinculación que tenga con el nuevo capital generado por estas dos privatizaciones, en especial con el de los dirigentes del FSLN y con el del oficialismo,

3) la posición que sostenga frente al dirigismo internacional de organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, y a la política económica sancionada en el ESAF,

4) el grado de influencia que espere del capital comercial y financiero, especialmente de la banca privada,

5) el grado de participación que espere de la población en los procesos electivos y decisorios. Estos criterios nos pueden permitir separar trigo de maleza en la abundante oferta de candidaturas.

¿Continuismo o cambio?

La opción de continuidad implica que el problema de la propiedad no se resuelve, dejando intactos los casos de abuso y apropiación ilícita en el marco de las leyes vigentes. Se continuaría en una situación de hecho, en la que los poderosos afectados logran progresivamente desalojar a los legal y justamente beneficiados. Y los poderosos abusadores permanecen intocables pese a la ilegalidad en que han incurrido. Se declara inauditable lo actuado por la CORNAP y no se toca este asunto. A su vez, las grandes deudas de los funcionarios y aliados del actual gobierno con la banca estatal terminan por ser condonadas en una posible privatización de esta institución.

En relación con el nuevo capital, éste seguiría siendo tolerado, a la par que el entrelazamiento de intereses mutuos prepararía la aceptación definitiva de los nuevos ricos en una próxima generación. En cuanto a las relaciones con el FMI y el BM, se mantendría la obediencia gubernamental a los paquetes de ajuste, tratando de cumplirlos superficialmente, sin comprometerse seriamente con ellos. Esta simbiosis entre un gobierno propiciador del derroche y la ineficiencia y los organismos internacionales mantendría el estancamiento de la economía de manera indefinida.

Dentro de este esquema, es obvio que el capital financiero y comercial seguiría siendo el principal beneficiario de los dividendos de la "africanización" del país. Finalmente, se mantendría el esquema de "democracia restringida", con la perspectiva de un reforzamiento de los rasgos autoritarios del sistema político.

La opción de cambio implica una clara ruptura con este esquema. En primer lugar, el cambio tiene que asegurar los derechos de propiedad de la gran masa de los justamente beneficiados, sin recurrir a los casos de revisión como pretexto para contravenir el espíritu y la letra de las leyes vigentes. El cambio implica la eliminación de los adefesios jurídicos en un marco general de Ley de Derechos de Propiedad que ordene y legalice lo más expeditamente posible los casos bajo revisión.

Un ordenamiento consecuente de los derechos de propiedad exige una sanción a los abusos de la piñata sandinista y de la piñata de privatizaciones efectuada por el gobierno Chamorro. En muchos de estos casos, la sanción sería flexible, al permitir que la apropiación ilegal se legalizara mediante la compra de la propiedad a su valor real. De no darse esto, se procedería al enjuiciamiento y desalojo del infractor. Un ordenamiento exige también el escrutinio y auditoriaje de la gestión Chamorro, lo que sería fuente de innumerables litigios legales. Emprender estas dos acciones implica contar con un claro y mayoritario capital político de respaldo. No porque se tratara de una masiva "caza de brujas" -sólo habría posibilidad de efectuar "castigos ejemplares" selectivos- sino porque ninguno de los culpables, por muy insignificantes que sean, desea actuar de "chivo expiatorio" en este ritual de reconciliación mediante el castigo.

Cambio: sólo con presión popular

Una verdadera "revolución de la honestidad" implicaría una acción punitiva hacia el nuevo capital surgido de las privatizaciones. La intolerancia con el robo implicaría una intolerancia con los ladrones, por lo que la relación del gobierno del cambio con "piñateros" y "cañoneados" se haría muy difícil. La presión social y jurídica a ejercer sobre el nuevo capital tendría que forzarlos a ponerse al día en una buena porción de las irregularidades cometidas.

Para ser eficaz, una presión así implica un cambio cultural en el manejo de la cosa publica, combatiendo abiertamente la corrupción y el tráfico de influencias. Además, requiere de sanciones efectivas a los más connotados infractores. El poder de influencia que estos minoritarios grupos de infractores tienen, sólo puede ser enfrentado con un masivo movimiento cívico, que cuestione con la fuerza de la movilización popular el poder de los nuevos ricos. Esta fase movilizativa y de reacomodos forzados de la nueva correlación de fuerzas en la estructura de poder implicaría necesariamente un período de inestabilidad y fricciones hasta que se asienten las fuerzas del cambio.

¿Qué cambios de fondo?

Frente a los organismos internacionales, las fuerzas del cambio no propugnarían por una ruptura a ciegas ni por una obediencia sin límites. Aprovechando la propia constitución de estos organismos tratarían de entablar una negociación inteligente y ordenada, dentro del marco de una verdadera estrategia de desarrollo nacional ampliamente compartida. Sobre este marco orientador, y en ejercicio de los derechos de Nicaragua como país miembro de estas instituciones, la relación dictado-cumplimiento pasaría a ser la relación miembro-servidor internacional, dentro del sistema de las Naciones Unidas. Este paso no solo significaría un progreso en relación a la actual situación de tutelaje económico que vive el país, sino que internacionalmente podría contribuir a la reforma de estas organizaciones.

Para ser consistente, el proyecto del cambio introduciría un esquema mejor negociado de apertura comercial y de control de las importaciones. Sin afectar directamente a la banca privada ni entorpecer su funcionamiento, levantaría el sesgo pro-financiero que comporta el actual ajuste, así como los subsidios y rentas que el sector financiero percibe. Siendo uno de los sectores más pudientes, no requiere de particulares incentivos estatales para su funcionamiento. Se implementaría una política neutra hacia este sector, evitando la aparición de formaciones oligopólicas que entorpezcan la competencia y la libre movilidad de los factores.

Obviamente, la pérdida de privilegios de la banca comercial y de los importadores podría ser resistida inicialmente por los sectores financieros, pero la respuesta a esta resistencia no sería la afectación de la banca privada, sino el levantamiento de barreras a la entrada al sector financiero privado, para promover la intermediación y el desarrollo del mercado de capitales, aún insuficiente en el país.

El cambio implica también culminar el proceso de consolidación democrática, haciendo de este régimen político una conquista irreversible del conjunto de la sociedad. Cumplir con las principales tareas políticas pendientes - ampliación de los espacios de participación ciudadana, reforma completa del sistema político con el establecimiento de un Estado Social de Derecho, sujeción de la representación popular al escrutinio de los votantes, libre competencia política y establecimiento de la República con un verdadero balance entre los poderes del Estado- erradicaría el autoritarismo presidencialista.

Este programa de cambio sería incompleto sin un decidido apoyo a la inversión en capital humano, mejorando el sistema educativo, renovando los valores cívicos y restableciendo el papel de nivelador social del Estado, mediante el apoyo a los "pobres viables" con programas concretos de combate a la pobreza y generando oportunidades de trabajo y de acumulación para los pequeños propietarios.

Las dos opciones generan crisis

Las dos opciones -continuismo y cambio- contienen un alto componente de inestabilidad. El continuismo puede imponerse mediante dos vías: 1) una alambicada victoria electoral, donde los juegos de alianzas logran escamotear las fuerzas del cambio mediante la confusión y el chantaje ejercidos con la amenaza de una mayor inestabilidad política, 2) la interrupción del proceso de consolidación democrática mediante el fraude electoral o el pacto forzado ante una situación de caos incontrolable.

Ambos caminos generarían inestabilidad y rechazo popular a corto plazo pues no se daría respuesta a los principales problemas que aquejan a la población. Siendo el problema central del continuismo el despilfarro de los recursos externos, la corrupción de la cosa pública y la inoperancia de la política económica para lograr una reactivación con beneficios tangibles y amplios, el triunfo de esta opción, sea por el camino que sea, conduciría a una cancelación de la apertura democrática y a una mayor conflictividad social.

Por su parte, el cambio sólo puede imponerse mediante el consenso democrático y una victoria limpia y masiva en las urnas. Esta senda también presenta una bifurcación, una más favorable que la otra. En el primer escenario, la fuerza del cambio no haría alianzas con el gran capital, que teme más al cambio que al apetito depredador del nuevo capital. No tendría que hacer alianzas porque el respaldo masivo del pueblo quebraría las resistencias más poderosas al cambio. El cambio sólo puede ir adelante con la centralización del mandato popular en una fuerza política capaz de enfrentar esas resistencias de los grupos de poder, insatisfechos con los resultados electorales.

Derechización por desesperación

Esta opción implicaría una seria inestabilidad inicial, generada por los actuales grupos de poder. En este escenario, y ante lo irremediable, el gran capital sacrificaría sin miramientos a sus actuales aliados del nuevo capital, adaptándose a convivir con una fuerza política que, aunque plebeya, estaría recubierta de una ideología "derechista": defensa cerrada de los derechos de propiedad privada y de la democracia liberal. La derechización en que entraría Nicaragua sería fruto de un movimiento desesperado del pueblo en busca de la alternativa de una vida mejor, alternativa que ya no encuentra en la aburguesada dirección política que capitalizó la retórica izquierdista en el país. El apoyo al liberalismo alemanista de importantes sectores populares sería consecuencia directa de la capitulación de la dirección sandinista ante el actual gobierno.

El segundo escenario es menos favorable. El cambio lograría ser atenuado debido a la insuficiente acumulación de capital y de recursos políticos que tienen las fuerzas que lo impulsan y debido a la denodada resistencia del nuevo capital en alianza con el gran capital. En este escenario, el nuevo gobierno administraría la crisis y tendría que implementar medidas que resultarían contradictorias con su plataforma electoral: sancionaría la ley de la propiedad y dejaría en la impunidad los casos mas connotados de abuso. Habría castigos simbólicos, pero sólo para algunos chivos expiatorios de la dirección del FSLN y del lacayismo caídos en desgracia. En esta perspectiva, persistir en el cambio implicaría una lógica de guerra de posiciones, en la que habría que acumular pacientemente suficientes recursos y apoyo social organizado para desalojar gradualmente al continuismo.

La inestabilidad derivada de una tensión de este tipo no sería sólo inicial, sino una constante en todo el ejercicio del nuevo gobierno. Sin capacidad para afianzarse políticamente, las acciones del nuevo gobierno se debatirían entre la necesidad de cumplir sus promesas electorales y la de cohabitar con la siempre viva presencia del continuismo. La apertura política se congelaría a los niveles actuales y el mandato popular estaría condicionado a una convivencia tirante con el nuevo capital. Las tendencias a la "balcanización interna" del sistema político se profundizarían, restándole aún más coherencia y más fuerza a un sistema político anclado en una situación de no consolidación democrática. Esto facilitaría la continuidad del tutelaje de las instituciones financieras internacionales, limitando las acciones contra la pobreza a programas focalizados y manteniendo la prioridad de la estabilización sobre la necesidad de crecimiento económico y de generación masiva de empleo.

Cambio ordenado o "de una vez"

En tales disyuntivas se encuentra el futuro inmediato del país. Ninguna opción tiene una vía regia ausente de conflictos, inestabilidad o antagonismo social y político. No hay que hacerse ilusiones. Por lo general, los caminos reales no existen, y menos aún en regímenes políticos y sociales en transición como el nicaragüense, signados por una permanente inmadurez para los cambios radicales. La realidad nos muestra que no hay condiciones claras para el continuismo. Tampoco las hay para el cambio. Hay demasiada inmadurez en el sistema político para cualquiera de las dos opciones en su versión radical. El continuismo conduce directamente a la "africanización" del país y a su posterior "libanización". Es una receta segura para la permanencia de la explosividad en el conflicto social.

El cambio -aunque está respaldado por las aspiraciones de la población- enfrentaría fuertes resistencias de los minoritarios grupos de poder. Si es un cambio ordenado, como todas las soluciones intermedias, postergaría en parte los problemas y en parte los resolvería, pero a costa de mayor tensionamiento y de marchas y contramarchas en la gestión gubernamental. Si es el cambio "de una sola vez" supondría una fase inicial de alta inestabilidad y, sin suprimir el conflicto, lo volvería manejable dentro de un nuevo consenso social sobre el tipo de país y de sociedad a construir.

En esta encrucijada, la variante impredecible es la acción ciudadana. Carente de forma organizativa, el pueblo tenderá a expresarse de manera espontánea y efímera. Sólo un renovado movimiento de base, no encuadrado en las actuales expresiones partidarias, constituido como un polo centralizador permanente, puede jugar un papel decisivo en la renovación de la cultura política nacional.

¿Quiénes son continuistas?

El posicionamiento y actuales dinámicas de las diferentes fuerzas políticas dan base a estos escenarios. Visto desde sus posibles acciones históricas, el actual enjambre de fuerzas políticas presenta fundamentalmente una configuración dual, a pesar de que todas hablan de cambio, de combatir la pobreza y de sacar al país del estancamiento y miseria en que está sumido. Mas allá de sus discursos, los agrupamientos en acción o gestación presentan alineamientos sorprendentes.

El continuismo no sólo tiene apasionados defensores en las filas del nuevo capital representado por la dirigencia del FSLN y por el oficialista PRONAL de Antonio Lacayo. La mayoría de los que juegan al "centro" político, de manera abierta o vergonzante, están agrupándose en la dirección continuista. De hecho, los recientes intentos por lograr una candidatura carismática, ante la cual los "matraqueros" de Lacayo y los "piñateros" del FSLN rindieran su rey, apuntaban en esta dirección. La base de un posible acuerdo ante ese líder con carisma sería el dejar impunes los abusos de las dos piñatas y los desmanes cometidos por el gobierno Chamorro. La filosofía es simple: no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay que volver la página y ganar en estabilidad. El único problema es que no se trata de una operación de "borrón y cuenta nueva", sino de mantener abierta una vieja partida, que genera inestabilidad y polarización.

¿A quién apoya el gran capital?

La derecha elitista es proclive a lograr un arreglo político con los ortodoxos del FSLN y los matraqueros del PRONAL. Esto es congruente con la aspiración del gran capital financiero, que no desea ni cambios ni mas inestabilidad política. Sin embargo, no tiene prisa por efectuar su necesario arreglo con sandinistas y lacayistas, porque trata de sacar la máxima ventaja de un pacto con ellos. Tampoco desea una alianza clara y solemne que los coloque en una misma foto con sectores repudiados por amplios sectores de la población. Necesitan "caras nuevas" que legitimen semejante arreglo. Hasta ahora, y contra reloj, no logran configurar una representación legitimadora de una alianza así, entre fuerzas tan dispares.

Los conservadores y las familias de notables ligadas a esta agrupación política han tratado de capitalizar para su provecho el apoyo de la Iglesia Católica y de jugar al juego de la "reconciliación de la familia nicaragüense". Pero los conservadores se encuentran aún dispersos y sin capacidad de concretar una "gran alianza verde" y se han precipitado con una fórmula de unidad conservadora. El triunfo del joven empresario Noel Vidaurre y el alejamiento de Pablo Antonio Cuadra del juego electoral tiene más de derrota que de éxito. Muestra la extrema debilidad de los conservadores, que oscilan entre el hallazgo de una figura carismática y su propensión al pacto. Detrás de las apuestas conservadoras por adecuarse a un régimen de estabilidad que "administre la crisis" y garantice el continuismo, está el miedo de grandes capitales, como el de los Pellas, a que ocurra el cambio, lo que empeoraría las cosas para ellos. En esta dinámica, sin ninguna evidencia de prisa, los grandes capitales tratan de lograr un arreglo beneficioso.

¿Quién en el centro?

Otras expresiones políticas son "cascarones vacíos de alquiler" o "cascarones vacíos principistas". Ejemplo de la primera categoría son los socialistas de Tablada y de la segunda los conservadores de Miriam Argüello o el PLI de Godoy. La "unito" - la nuevo UNO 96-, aspirando a hacer una grande y espesa sopa de siglas, juega a las alianzas. En este mismo juego se ha visto forzado a situarse el MRS que, como todos los demás partidos, intenta ocupar un "centro" político inexistente. Todos ellos, sin bases sociales claras, sujetos al oportunismo político pese a sus retóricas - ya sean pragmáticas o principistas -, tienden a plegarse a una de las fuerzas principales so pena de ser marginados de la arena política. Tanto por su propia debilidad numérica, como por la falta de un claro apoyo de los grupos empresariales, están obligados al juego de las alianzas políticas.

El caso del PRONAL del ex-Ministro Antonio Lacayo y del Movimiento Arriba Nicaragua del banquero Alvaro Robelo merecen una mención especial. Al igual que el MRS y la UDC, estas agrupaciones jugaron a situarse en el centro, a nuclear a los pequeños partidos reformistas y a consolidar una alianza firme con el empresariado. A diferencia de tantos micro- partidos, no buscan en primera instancia una alianza multipartidaria por dos razones. Quieren aparecer como una fuerza política nueva y hacerse atractivos como opción de cambio. Y no necesitan de esas alianzas por ser autosuficientes financieramente hablando. El PRONAL y Arriba Nicaragua se han instalado en el espectro político a fuerza de dar empleo a "adeptos" que hacen sin mucha convicción el show del proselitismo político. El actual nivel de desempleo hace posible que este procedimiento tenga éxito. Pero también tiene un límite: llega tan lejos como pueda ser pagado.

Hasta ahora, el que ha avanzado con mayor éxito de los dos es Alvaro Robelo, sobre todo por una buena campaña publicitaria y por ser prácticamente un desconocido hasta hace meses. El "misterio" sobre los antecedentes de Robelo hacen tan atractiva como peligrosa su sorpresiva candidatura.

Lacayo dejó de ser atractivo

El PRONAL se ha "quemado" como opción política por la terquedad y autoritarismo de Antonio Lacayo. Los diputados de diversos partidos le pasaron la factura al ex-Ministro, inhibiéndolo de participar en los comicios presidenciales. En su momento, esta acción generó en el Ejecutivo una reacción tan airada que estuvo a punto de barrer con toda la institucionalidad del país. Aunque no fue barrida, quedó seriamente dañada y sus secuelas siguen empañando hasta el día de hoy el desarrollo de las elecciones.

La tensión de músculos Ejecutivo-Legislativo sobre el tema de las inhibiciones desgastó aún más a Lacayo. Este dejó de ser atractivo para el gran capital como adalid del continuismo y de la estabilidad deseada, y se sumó al grupo de políticos que prefieren llevar al país al despeñadero antes que ceder un ápice en su cuota de poder. Pese a su delirio presidencialista, pareciera que Lacayo tendrá que conformarse con manejar los hilos tras los bastidores, deponiendo su candidatura presidencial y buscando una alianza favorable al continuismo con otras fuerzas políticas. Finalmente, toca nombrar a las dos fuerzas principales del país, ambas con características populistas, aunque en el caso del FSLN ya sin el sello claramente antioligárquico que sí ostentan los liberales.

Liberales y sandinistas

Ni el FSLN ni la Alianza Liberal - que hegemoniza el PLC - tienen un perfil claramente definido en cuanto al control social que el capital tradicional puede ejercer sobre ellos. En el caso del FSLN, los "piñateros" y el nuevo capital mantienen una relación altamente contradictoria con el capital tradicional del país. Son socios y rivales al mismo tiempo. Los liberales de Alemán tienen menos intereses con el gran capital nacional y se les considera asociados al capital cubano-estadounidense y nicaragüense-somocista de Miami.

El FSLN cobija a una dirección aburguesada por la "piñata " y a un grandísimo sector de población empobrecida, desempleada y desesperada, que aún mira al sandinismo como una esperanza de retorno a los tiempos del paternalismo estatal. La dirección del FSLN, al igual que el PRONAL, está preocupada por conservar sus adquisiciones y propone como mecanismo de legitimación de su acumulación originaria un "acuerdo nacional". Es por eso que a la hora de tomar decisiones claves de cara a las elecciones es la poderosa minoría aburguesada del FSLN la que las toma. Esta minoría tiene en común con el gran capital su interés en seguir usufructuando el estatus quo a la vez que trata de mantener sus cuotas de poder.

Aunque el FSLN ha sufrido desgaste, conserva una amplia base fiel -también nostálgica- que se expresa en una significativa intención de voto. Para lograr una legitimación- o por lo menos legalización- de "las dos piñatas", los dirigentes del FSLN están dispuestos a sumir el país en el caos. La legalización de la piñata exige ceguera y sordera intencionadas en banqueros y oligarcas. La relación de la dirigencia del FSLN con el capital tradicional es tensionante porque se basa en el chantaje y la complicidad: es una transacción de estabilidad por olvido. El problema para el FSLN consiste hoy en cómo conservar la actual intención de voto en caso de integrar una clara alianza con la oligarquía y sin que ésta sea presidida por Daniel Ortega.

Los liberales alemanistas representan a cierto capital nacional no corporativo, a sectores medios, a profesionales y a una población también empobrecida y desesperada ante la falta de alternativas. A este sector, la política de confrontación aún le rinde dividendos, ya que están ansiosos de "pasarle la factura" a "piñateros" y "matraqueros", a quienes identifican como culpables de todos los males. El gran capital desconfía de los alemanistas por su raíz popular impredecible y por sus sesgos autoritaristas y antioligárquicos. También por sus vínculos internacionales con poderosos capitales cubanos de Miami. Hasta ahora, como fuerza real de cambio, los liberales se encuentran fuera del favor del gran capital.

Liberalismo : ¿el cambio?

Para triunfar y para llegar a arreglos con el gran capital, los liberales necesitan de una amplia participación popular, de transparencia en el proceso electoral y de articular un discurso de cambio ejemplificado en medidas concretas de mejora en el empleo y de bienestar. Desde hace un tiempo han moderado su discurso, lo que revela cierta incertidumbre sobre las posibilidades de ganar la Presidencia en la primera vuelta. Por ello, han empezado a contemplar la posibilidad de un triunfo en la segunda vuelta, cuando queden despejados los votos que tendrán las fuerzas políticas que compiten por su cuenta y sin alianzas en la primera vuelta. Si en la primera vuelta, el liberalismo queda con un buen margen (35-40%), muchas de estas fuerzas se plegarán oportunistamente a los liberales, dejando solos al sandinismo y al lacayismo. Si los liberales no alcanzan el 30% se formará un bloque antiliberal.

Hay muchas interrogantes sobre cómo puede asumir el liberalismo una opción de cambio integral. Para ello, necesita en primer lugar de un triunfo claro en la primera vuelta. Un triunfo en segunda vuelta, conduciría por fuerza a que las fuerzas del continuismo se permeabilizaran dentro de sus consideraciones políticas. Pero aún ganando en una primera vuelta, quedaría pendiente si el liberalismo impulsaría un efectivo proceso de ampliación democrática, que en cierto sentido le restaría poder directo como aparato político, aunque le haría ganar más en legitimidad y liderazgo. A este proceso de ampliación democrática, con la necesaria modificación de la cosa pública y de las decisiones de política económica, es a lo que teme el gran capital. Si el alemanismo se aviene tempranamente con el gran capital, entonces los sectores populares verían bloqueadas todas sus expectativas.

Gobiernos locales: ¿la esperanza?

El peor riesgo que enfrentaría una opción de cambio integral seria su inhabilidad para aglutinar a los sectores populares de diferente signo ideológico en la tarea de la reconstrucción del país. Un sesgo partidista del nuevo gobierno sólo generaría mayores conflictos en el seno del pueblo, beneficiando a los sectores enriquecidos.

El primer paso de un gobierno para el cambio es tomar posesión del aparato estatal y redireccionarlo al servicio del mandato popular. Ello implica el proceder de inmediato con la modernización y reforma del Estado, dejando sentado que el gobierno no es partidista y que no pertenece a ningún grupo. Se trataría de desarrollar un gobierno auténticamente nacional, ajeno a las presiones de pequeños pero bien ubicados grupos, como el de los confiscados, el de los piñateros o el del narcocapital.

El alemanismo debería ir prefigurando en la vida interna de su partido el tipo de Estado que debe instaurar para lograr los cambios que anhela la población. Esto no esta claro aún y el alemanismo podría resultar a fin de cuentas una opción de recambio parcial.

Hay que organizarse mucho

Esto nos conduce de nuevo a la trampa de la representatividad generada por el actual sistema político. Al no haber libre acceso a las nominaciones electorales y a los puestos públicos si no es a través de los partidos, las posibilidades de expresión democrática se restringen interesadamente. A no ser en los gobiernos locales, de los que tal vez pueda esperarse más democracia, tanto participativa como representativa.

Poner toda la confianza popular en un sólo odre partidario no ha dado buenos resultados en el pasado. Los ciudadanos deben tener oportunidad para dialogar con todas las fuerzas políticas y también la fuerza de exigirles el cumplimiento del mandato refrendado en las urnas. Encuadrarse en un solo partido o en varios mediatiza y a veces anula el espíritu del mandato popular. En el mejor de los casos, éste se intercambia por sucedáneos, como el de más empleo. Pero no por una mejor calidad de vida y una autonomía política.

Los electores, en vez de esperar el milagro del Gran Líder o el del Partido o el Estado que lo resuelvan todo por ellos, deben confiar únicamente en lo que sean capaces de reclamar con efectividad, con organización y con trabajo. En cierto sentido, en los próximos comicios no se trata de votar por el mejor candidato, sino por el menos defectuoso.

La población debe organizarse mucho. En primer lugar, para impedir que se suspendan o se posterguen las elecciones. Y después, para hacer valer su voto no sólo en las urnas el 20 de octubre, sino en cada día de los cinco años siguientes, cuando Nicaragua haya entrado en el segundo milenio.

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