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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 168 | Marzo 1996
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Guatemala

Aún sin la paz y ya en post-guerra

Nuevas realidades aceleran la hora de la paz. Mientras, el muro de la impunidad sigue firme, el muro de la secretividad se agrieta y la delincuencia organizada empieza a aumentar su "producción"y a "privatizarse".

Gonzalo Guerrero

Tras dos meses de receso, se reiniciaron en febrero las negociaciones de paz entre el gobierno y la URNG. Para dirigir la nueva Comisión de Paz gubernamental (COPAZ), el Presidente Alvaro Arzú nombró a Gustavo Porras Castejón, ex-guerrillero y el asesor más cercano a Arzú durante su campaña electoral. El 25 de febrero, Arzú se reunió con los cuatro miembros de la Comandancia General de la URNG. Por primera vez en la historia del prolongado conflicto armado guatemalteco, un Presidente se entrevista con los líderes de la insurgencia. También aprovechó Arzú su visita a México para conversar con los refugiados guatemaltecos residentes en ese país.

Otra audacia del Presidente fue la decisión de incluir solamente a un oficial del ejército en la Comisión de Paz durante la primera ronda de conversaciones, reduciendo así el papel de los militares cuando se aborda en esta ronda el tema socioeconómico, no relacionado con el futuro de la institución armada. Sorpresivo también para muchos que Arzú decidiera ir a reunirse con el Presidente de México y con la Comandancia de la URNG, en lugar de asistir a la reunión convocada en San Salvador por Warren Christopher, Secretario de Estado de Estados Unidos, de visita en Centroamérica.

Paz: temas pendientes

El 12 de febrero, el canciller guatemalteco, Eduardo Stein, reveló que Arzú y sus asesores han tenido cinco reuniones secretas con la Comandancia General durante los últimos meses, tres en El Salvador, una en México y la más reciente en Roma, donde se acordó "continuar el diálogo bajo los términos ya establecidos".

De acuerdo con la agenda establecida en enero de 1994 y revisada en enero de 1995, los temas pendientes de discusión son: aspectos socioeconómicos y situación agraria, papel del ejército en una sociedad democrática, reformas constitucionales necesarias para implementar los acuerdos sustanciales y al final, mecanismos de desmovilización y reinserción de los combatientes en la sociedad. Cuando Arzú tomó el poder el 14 de enero anunció que espera firmar un acuerdo final en siete u ocho meses.

COPAZ: tres biografías

La nueva Comisión de Paz está integrada por tres civiles, que representan un amplio espectro ideológico:

- Gustavo Porras. Estudió con Arzú en el Liceo Guatemala y después, sociología en París. Se acercó al movimiento revolucionario en los años 60 y se incorporó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en 1980. Con ellos trabajó en la formación de militantes y como estratega de la lucha urbana. Cuando, entre 1980 y 1981, el ejército logró desarticular las unidades urbanas de la guerrilla, Porras se alejó del movimiento revolucionario y empezó a cuestionar las posiciones del EGP, participando con grupos de la izquierda disidente en México. A su regreso a Guatemala, a principios de los 90, trabajó como jefe del equipo de investigación en el diario Siglo XXI y como investigador del centro de estudios sociales ASIES. Su aporte a la campaña de Arzú fue el buscar vínculos entre el PAN y sectores progresistas del país.

- Richard Aitkenhead. Fue Ministro de Finanzas durante el gobierno de Serrano Elías y uno de los funcionarios menos manchados por el "autogolpe" de Serrano en mayo de 1993. Aitkenhead ha trabajado durante los últimos dos años como consultor del BID. También ha sido director de la revista Crónica y de la Fundación de Azucareros (FUNDAZUCAR).

- Raquel Zelaya. Pertenece a la directiva de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (ASIES) y experta en economía social de mercado. Fue nombrada Ministra de Finanzas durante el primer mes del gobierno de Serrano, pero dejó el cargo después de recibir amenazas de muerte, a raíz de sus investigaciones sobre los puestos "fantasma" en el Estado. La reemplazó Aitkenhead.

El 22 y 23 de febrero la nueva COPAZ se reunió con la URNG y se acordó dar continuidad a la agenda establecida. A fines de marzo se entrará a debatir el tema Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Porras insistió en que no es viable el establecimiento de plazos fijos para lograr acuerdos y anunció que se acordó con la URNG no abandonar ninguna ronda de negociaciones sin haber logrado algún avance concreto.

La falta de canales confiables de comunicación entre la anterior COPAZ y los sectores de poder afectados por los contenidos de las negociaciones, creó una creciente desconfianza en los grupos de poder económico y al final, los llevó a un abierto esfuerzo por sabotear el proceso de paz hasta con acciones legales. Ahora, con una COPAZ más cercana a la Presidencia y a los sectores económicos modernizantes, es probable que quienes se oponen a las negociaciones apunten sus esfuerzos entorpecedores en dirección al gobierno en su conjunto y a sus aliados, en lugar de atacar específicamente a la COPAZ o a sus miembros.

Tierra: tema candente

Los temas mas candentes en la actual etapa de negociaciones son los relacionados con la tenencia de la tierra, con la carga tributaria y con el tamaño y naturaleza del Estado. Aunque el gobierno no ha aclarado sus posiciones estratégicas en relación a estos temas, dos estudios preparados en septiembre y noviembre de 1995 por ASIES ofrecen un bosquejo de sus alcances, considerando la privilegiada presencia de miembros de ASIES en el gobierno, los estudios adquieren mayor relevancia.

En relación a la "transformación de la estructura de tenencia y uso de la tierra", ASIES señala la necesidad de crear nuevas oportunidades de empleo, de mejorar la distribución del ingreso, de aumentar la producción y la productividad, de generar riqueza en el sector primario y de conseguir una participación real de los campesinos en los procesos de desarrollo.

Para lograr todo esto, ASIES recomienda "desconcentrar los recursos productivos", aunque señala que el proceso de desconcentración debe "enmarcarse en mecanismos legales e institucionales que respeten el derecho a la propiedad de la tierra". El estudio recomienda cambios constitucionales que deben incluir "regulaciones a la propiedad de la tierra que no se encuentre debidamente utilizada".

En su estrategia proponen también la modernización y la descentralización del registro de propiedades, un nuevo catastro rural y un banco de tierras. ASIES considera que para resolver el problema de la tierra se tendría que adjudicar un mínimo de 400 mil hectáreas de tierra a 50 mil familias, o un máximo de 1.61 millones de hectáreas a 476 mil familias. Sugieren también "otorgar certificados oficiales de inafectabilidad a los propietarios de las fincas cuya tierra cumpla su función social".

En relación a la situación de finanzas públicas, ASIES propone aumentar el ingreso de impuestos directos, con la actualización de multas y con una modernización de los mecanismos de control y fiscalización. Plantean una revisión del impuesto territorial, con la "actualización del impuesto a las tierras ociosas, cuyo ingreso podría mantenerse con carácter privativo, con destino a la adquisición de tierras para pequeños y medianos campesinos sin tierra".

Además de todos estos cambios, recomiendan mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos directos e indirectos y el estudio de un programa de privatización de algunos activos del Estado. El destino de los recursos así obtenidos sería para gastos sociales (75%) y para pagar la deuda (25%).

La paz se acelera

Varios factores apuntan hacia una aceleración en las negociaciones de paz:

Los miembros de la nueva COPAZ - dirigida por un hombre que conoce de cerca la lógica de la Comandancia de la URNG y que en gran medida se identifica con las raíces de la lucha revolucionaria, e integrada por dos personas que gozan de la confianza de los sectores más modernizantes de la empresa privada- coinciden en la necesidad de implementar reformas sociales y económicas, aunque quizás tengan diferencias en cuántos y cuáles sean los cambios necesarios.

El proceso se ve alentado por la activa participación de Arzú en él y por las señales de la comunidad internacional, dispuesta a apoyar financieramente el proceso de reconciliación y de desarrollo después de terminado el conflicto armado.
Los cambios ya efectuados por Arzú en el ejército y en las fuerzas de seguridad auguran una menor capacidad de incidencia de los sectores de línea dura de estas instituciones armadas.

La presencia en el Congreso de seis diputados del Frente Democrático Nueva Guatemala abre un nuevo espacio político para las alternativas de izquierda. En una entrevista desde Europa, un comandante de la URNG habló de planes para incorporarse al Frente Democrático una vez firmada la paz.

Delincuencia organizada

Las nuevas perspectivas de la pronta llegada de una paz firme y duradera han coincidido con un dramático incremento de la violencia social y del crimen organizado. En menos de dos meses la policía ha investigado ya unos 50 secuestros (en todo 1995 hubo 150). Y por primera vez en muchos años, las élites económicas son blanco de secuestros: el Presidente del Banco del Café, miembros de las familias Botrán (licorera y azúcar) y Viejo (Banco de Exportación) y un extranjero accionista del Hotel Fiesta.

Aunque la prensa local no informa sobre los secuestros de personas de las clases altas, entre los periodistas y corresponsales circulan historias no confirmadas de muchos otros secuestros de este tipo. En el caso de Eduardo González, presidente del Banco del Café, los captores lo liberaron después del pago de un rescate de 5 millones de dólares. El caso del joven de la familia Botrán y de un miembro de la familia Viejo fue muy poco claro, aunque se reportó su captura.

Observadores y fuentes oficiales creen que el incremento en la delincuencia organizada obedece a tres factores, todos vinculados de alguna manera entre sí. Por un lado, el despido en enero de 118 agentes y oficiales de la Policía Nacional y la rotación de 250 a 300 puestos en el Ejército ha afectado numerosos negocios ilícitos que se alimentaban de posiciones de autoridad, de experiencia en lugares específicos del país y de relaciones con bandas ilegales. Deshacer esos vínculos podría estar provocando el primer proceso de "privatización" del nuevo gobierno: se estarían privatizando negocios ilícitos, históricamente vinculados al poder público. El aumento de los secuestros podría ser el nuevo negocio de los que fueron desplazados en enero/96.

Por otro lado, la seriedad de las acciones emprendidas por el nuevo gobierno podría estar causando preocupación entre los delincuentes organizados, que reaccionarían con un aumento en su "producción" antes que les afecten los cambios en el "mercado".

Finalmente, el Ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, cree que el crimen organizado, vinculado al aparato estatal, está "tomando el pulso" a la nueva administración para ver hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades. Otra variante de esta teoría sería que quienes se oponen a los cambios que se avizoran con las reformas a la seguridad y con las negociaciones de paz, podrían usar el control que ejercen sobre la delincuencia común para debilitar al nuevo gobierno. En este sentido, no es casual que una de las primeras víctimas de la nueva ola de secuestros fuera el banquero Eduardo González, que fue mencionado en enero como un posible integrante de la COPAZ.

El muro de la impunidad

El informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) señaló que en 1995 se consolidó un nuevo fenómeno en la lógica de la violencia: "Los efectos combinados de un enfrentamiento armado, que se ha prolongado con las negociaciones de paz, y un cuadro de violencia social y crimen organizado típico de los períodos de post-conflicto". Así, antes de terminar el conflicto y acabar con la violencia asociada a la guerra interna, Guatemala está viviendo ya una etapa de violencia de post-guerra.

La ODHAG reportó 1,782 casos de violaciones del derecho a la vi- da. Entre ellas, 215 ejecuciones extrajudiciales,1,067 asesinatos, 249 atentados, 236 amenazas, 10 desapariciones forzadas y 5 casos de torturas. El cuadro no tiene variantes importantes en relación al de 1994 y la Oficina muestra su preocupación por la persistencia de la impunidad. "El marco de impunidad que alienta la reproducción de estos fenómenos mostró alarmantes signos de descomposición en agentes e instituciones encargados de aplicar la política del Estado", concluye el informe.

Entre los "eslabones" institucionales de la impunidad, el informe cita en primer lugar al Ejército, "sin duda la institución de mayor influencia en la vida política de Guatemala".

El Arzobispado afirma que "la incapacidad de las leyes y los aparatos oficiales para romper el sistema de impunidad" se debe en parte a "la transformación, en un marco de absoluta impunidad, de los aparatos de inteligencia contrainsurgente, que se ha revertido contra la sociedad".

Mientras el informe analiza una situación que responde al gobierno anterior, las dificultades y obstáculos que enfrentan más de una docena de casos de importancia que han logrado llegar a los tribunales muestran que la lógica de la impunidad sigue imponiéndose.

El muro de la secretividad

Aunque el muro de la impunidad sigue sin derrumbarse, el muro de la secretividad ha empezado a agrietarse. En febrero, el periódico Siglo XXI publicó la transcripción de las declaraciones de un ex-militar, que acusa a varios oficiales de participar en robo de carros, narcotráfico y asesinatos. Entre los oficiales mencionados están el Coronel Mario Salvador López Serrano, que era comandante de la base en Escuintla y ahora tiene a su mando la base en Santa Cruz del Quiché; el ex-Ministro de Defensa, General Marco Antonio González Taracena y el General José Horacio Soto Solán. De todos los oficiales mencionados, solamente López Serrano mantiene un cargo con mando.

Coincidiendo con los numerosos cambios en el ejército durante el mes de enero, un documento supuestamente preparado por un grupo de oficiales en activo, que se hace llamar PREGUA (Por la Reivindicación del Ejército de Guatemala), empezó a circular en medios de comunicación y círculos políticos.

El documento señala a más de 50 oficiales -con sus nombres y números de graduación- como corruptos, citando con casos concretos cuáles son sus actividades. Analistas políticos cercanos a la institución castrense consideran que el 40% de los casos mencionados en el documento son verídicos y que los demás no tienen base en la realidad.

Más documentos

Lo interesante del documento, que confirma muchas acusaciones que han llegado ya a los tribunales o a la prensa, es que provino sin duda de un grupo interno del ejército. La circular termina con una advertencia: "Vamos a proceder a la ejecución de todos los involucrados en los casos en mención y de todos aquellos de los que tenemos su correspondiente historial, nefasto para el Ejército de Guatemala".

Durante febrero, otros dos documentos, con una información que históricamente era guardada celosamente por el ejército, llegaron también a los medios de comunicación. Uno da los nombres y rangos de los 84 oficiales que ocupan los más altos cargos en el ejército desde el 22 de enero. El otro es el listado de los casi 1,300 oficiales del ejército graduados entre 1956 y 1971, en orden de sus promociones.

Un análisis de ambos documentos muestra que mientras los cuatro cargos más altos están divididos entre cuatro promociones distintas, los mandos de las siete bases estratégicamente más importantes están en manos de oficiales de la promoción numero 73 (1966), denominada "El Sindicato", cuyo alumno abanderado fue el General Otto Pérez Molina, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio y ahora Inspector General del Ejército y único representante de la institución armada en las negociaciones de paz.

El Sindicato al poder

Otra conclusión importante que se puede sacar del listado es que más de 60 de los 84 oficiales en puestos de mando - incluyendo a 24 de los que dirigen las 28 bases y cuarteles - estarían por retirarse de inmediato o en 1997, si entrara en vigor el proyecto de ley que acorta el tiempo de servicio a 31 años para generales y a 30 años para los demás oficiales.

Llevar a un oficial del ejército ante los tribunales para que sea sentenciado por delitos o faltas comunes o políticas, sigue siendo algo insólito. Pero hay señales de que el ejército está cada vez menos dispuesto a salir al rescate de sus oficiales descarriados. Durante la primera semana de febrero, agentes de la Policía Nacional persiguieron un auto robado hasta una colonia militar. Los ocupantes huyeron, dejando el vehículo a media calle. Los agentes de policía los vieron entrar en la casa del Coronel Rolando de la Cruz Méndez, director del aeropuerto nacional. Aunque los agentes de la policía esperaron dos días, ningún juez ni los fiscales del Ministerio Público se atrevieron a dar orden de cateo para que los agentes entraran a la casa del coronel. Sin embargo, el ejército suspendió a de la Cruz de sus funciones y le negó apoyo para cubrir los gastos legales del caso.

Con pocas excepciones, los oficiales que estaban acusados de graves violaciones a los derechos humanos han sido ya desplazados de puestos de mando en el Ejército. Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, afirma que 53 oficiales han sido suspendidos en las últimas semanas por esta razón. Aunque el ejército no lo ha- ya hecho público.

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