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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 167 | Enero 1996
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Haití

Desarme: "Es tarde pero no demasiado tarde"

En esta hora de transición de poder, el pueblo haitiano continúa preocupado por su seguridad y por la estabilidad de su democracia. Y una de sus principales preocupaciones son los terroristas asociados al régimen golpista, que conservan sus armas ilegalmente. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en esta realidad?

Encuentro Haití-América Latina

El 7 de febrero tomó posesión del gobierno de Haití, René Préval, nuevo Presidente de la República. Préval, de la Plataforma Lavalás - el partido de Aristide - obtuvo el 87% de los votos en las elecciones del 17 de diciembre. René Préval es diplomado en Agronomía por la Facultad de Jembloux de Bélgica. En 1963 se vio forzado a abandonar el país por problemas con la dictadura de Duvalier. A su regreso en 1975, trabajó en el Instituto Nacional de Recursos Mineros (INAREM). Tras la caída de la dictadura de los Duvalier, Préval participó activamente en varias organizaciones populares y de promoción social. En 1991 fue el Primer Ministro del Presidente Aristide hasta el golpe militar del 30 de septiembre. En el exilio, Préval sirvió en el Gabinete Particular del Presidente Aristide. Con el regreso del gobierno constitucional, Préval fue nombrado Director del Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES).

En esta hora de transición de poder, el pueblo haitiano continúa profundamente preocupado por su seguridad y por la estabilidad de su democracia. Y una de sus principales preocupaciones son los terroristas asociados al régimen golpista, que conservan sus armas ilegalmente y las utilizan para desestabilizar el país con la violencia.

Aunque en el informe del Secretario General de la ONU del 15 de julio de 1994 sobre el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Haití se afirma explícitamente en el punto 9 (III) que una de las tareas de las Fuerzas Multinacionales consiste en "asistir a las autoridades legítimas de Haití en asegurar el orden público, incluyendo el desarme de los grupos paramilitares", ni la ONU ni los Estados Unidos han cumplido adecuadamente con este mandato.

Un cable secreto

La realidad es que los grupos que aterrorizaron a la sociedad haitiana durante los tres años del régimen militar continúan actuando en completa impunidad. Los detalles que rodean uno de los hechos sangrientos que precedió a las elecciones de diciembre sirven para entender mejor la gravedad de la situación. Como parte de una campaña de terror contra partidarios del Presidente Aristide, dos diputados de la Organización Política Lavalás fueron atacados el 7 de noviembre en una emboscada. El saldo: un diputado muerto y el otro gravemente herido.

Casi tres semanas después de estos hechos, The Washington Post informaba que el 26 de octubre de 1995, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Warren Christopher, había prevenido en un cable secreto al embajador de Estados Unidos en Haití, William Swing, sobre informes del servicio de inteligencia USA que detallaban cómo la Organización Estrella Roja - dirigida por el ex-dictador militar Prosper Avril (1987-88) - "planea una campaña de ataques y asesinatos dirigida contra el partido Lavalás y partidarios del Presidente Aristide. La campaña -decía el cable- está preparada para comenzar a principios de diciembre de 1995 y a pesar de que la información relacionada con los planes de asesinato no ha sido corroborada, hay información disponible que sugiere que Avril ha continuado encontrándose con miembros de extrema derecha para extender su base política". Una información tan significativa, contenida en el cable secreto, no fue nunca compartida por el embajador Swing con el gobierno de Aristide.

La emboscada

¿Cómo se desarrolló la emboscada? El 7 de noviembre, los diputados Jean-Hubert Feuille de Port Salut y Gabriel Fortune de Les Cayes fueron atacados cuando regresaban de la ceremonia de nominación de la Primera Ministra Claudette Werleigh en el Palacio Nacional. Un taxi les bloqueó el paso y quienes viajaban en él les dispararon con armas automáticas. Radio Metropole y la Agencia France Presse anunciaron de inmediato la muerte de los dos diputados. Al conocer la noticia, jóvenes de Lesayes, al sur del país, levantaron barricadas y atacaron los símbolos del derrocado sistema represivo. En estos hechos murió un colaborador del régimen militar y varias casas fueron incendiadas. Durante la noche, jóvenes de varias zonas de Puerto Príncipe y de sus alrededores organizaron espontáneamente inspecciones de vehículos para confiscar armas a los paramilitares.

Una exigencia: desarme

El 8 de noviembre se desmintió la muerte del diputado Gabriel Fortune: sólo estaba gravemente herido. Ese mismo día, la Plataforma Haitiana de Organizaciones de Derechos Humanos denunció el continuo clima de violencia que creaban en el país las organizaciones armadas y señaló al gobierno haitiano su responsabilidad por no haber desarmado a los grupos paramilitares creados en los tres años de dictadura.

Con un mandato judicial, la Policía Nacional decidió entonces registrar la vivienda del ex-dictador Prosper Avril, donde confiscó armas y municiones. Avril se refugió en la Embajada de Colombia. The Washington Post informó que la mañana del registro un diplomático de la Embajada de Estados Unidos había visitado a Avril, supuestamente en el contexto de la política de los Estados Unidos de mantener lazos con todo el espectro político, y posiblemente con el fin de prevenirlo. Con anterioridad, Avril había sido juzgado culpable por una Corte de Estados Unidos por su "responsabilidad personal en un patrón sistemático de abusos atroces contra los derechos humanos" y se le condenó a pagar 41 mil dólares por daños y perjuicios, pero Avril no pagó nada.

En la Cámara de Diputados haitiana los parlamentarios expresaron su indignación por el ataque criminal contra sus colegas, llamaron a un completo desarme y cuestionaron el papel de la Misión de Naciones Unidas en Haití. Los mensajes de los diputados eran transmitidos por radio y televisión y en las calles de Puerto Príncipe, el pueblo se manifestaba exigiendo el desarme de los grupos paramilitares.

El 11 de noviembre se celebró el funeral del diputado Feuille en la Catedral de Puerto Príncipe. Al tomar la palabra, el Presidente Aristide, primo del diputado asesinado, felicitó a la Policía por el profesionalismo con que había emprendido el cumplimiento de la ley en los últimos días y le dio órdenes para que llevara a cabo una campaña nacional de desarme con la asistencia de las fuerzas de la Misión de Naciones Unidas en Haití, tal como había sido ya establecido en la Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU.

"No es demasiado tarde"

Aristide llamó al pueblo a acompañar a la Policía en los esfuerzos legales de desarme: "Con nuestra Constitución y con nuestra Ley, con calma pero con firmeza, con respeto y con dignidad - dijo Aristide - ordeno que marchemos todos los haitianos con la comunidad internacional para que el desarme sea total y legal". Y añadió: "El Primer Ministro Yitzhak Rabin fue asesinado y la comunidad internacional expresó su determinación de trabajar por la paz. Aquí en Haití, hagamos lo mismo. No es demasiado tarde. Es tarde, pero no demasiado tarde".

La participación del pueblo haitiano en la campaña de desarme se hizo en forma ordenada y pacífica en la mayoría de los casos. La activa participación de la gente reflejó el compromiso general por lograr un país en paz y con seguridad. Algunos actos aislados de violencia - explotados en forma sensacionalista por la prensa internacional - no lograron empañar la disciplina y tolerancia mostradas por la mayoría de la población.

El Presidente Aristide, la Primera Ministra Claudette Werleigh, el Ministro de Justicia Rene Magloire y otros miembros del gobierno haitiano condenaron los actos de violencia aislados y reafirmaron que el desarme sólo puede ser llevado a cabo en el contexto legal. A la par, funcionarios de todos los niveles del gobierno haitiano organizaron esfuerzos para investigar los incidentes que se dieron, buscando medios para superar la falta de recursos humanos y técnicos.

Informes distorsionados

Sin tener en cuenta este contexto y esta voluntad, The New York Times describió los desórdenes como "violencia del populacho" y "terror provocado deliberadamente por Aristide". John Tierney, de la conservadora The Heritage Foundation, afirmó en The Miami Herald que Aristide estaba "atrincherado en el poder" en un país "del dominio de un partido único: Lavalás" en donde "los tiroteos callejeros son un lugar común". A pesar de la tensión que hubo en los días de la campaña de desarme, la calma se fue restableciendo en las calles de las diferentes ciudades. Sin embargo,dos semanas después The Washington Post continuaba informando sobre los incidentes con afirmaciones inquietantes. Lakhdar Brahimi, representante especial del Secretario de la ONU en Haití, criticó la participación directa de la población en "actos ilegales", pero prometió que las fuerzas de la ONU ayudarían a la Policía haitiana en las operaciones legales de desarme en viviendas y vehículos, de acuerdo con la Resolución 940.

Un incidente ocurrido en Cité Soleil - el barrio marginal más grande de Puerto Príncipe - reavivó la polémica sobre el desarme. Los hechos comenzaron el 23 de noviembre con una disputa entre un policía y un chofer del transporte público. Una niña y una mujer murieron accidentalmente y en circunstancias confusas, pero algunos pobladores del barrio arremetieron contra el puesto de policía y un grupo de jóvenes fuertemente armados aprovechó la situación y controló el acceso a Cité Soleil durante varios días, manteniendo aterrorizada a la población. A pesar de estos y otros incidentes surgidos durante la campaña de desarme, se logró un progreso significativo en el desarrollo por parte del Ministerio de Justicia de guías de procedimientos de control acordes con las leyes haitianas.

Pregunta sin respuesta

Aunque los Estados Unidos han desplegado en Haití una amplia red de "inteligencia" electrónica y humana y aunque son voluminosos los archivos que poseen sobre las ex-Fuerzas Armadas y los paramilitares del FRAPH, han sido ineficaces en el rastreo de los armamentos ilegales que ocultan los grupos paramilitares y en la provisión de asistencia en información a la naciente Policía haitiana, carente todavía de un servicio de inteligencia. Son muchos los funcionarios haitianos que consideran que es indispensable que Estados Unidos entregue a Haití los documentos que retiene y que son necesarios para restaurar la estabilidad política en el país, con el desarme y el enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos del antiguo régimen.

En septiembre de 1994, los Estados Unidos confiscaron de las oficinas del FRAPH fotografías, cassettes y 60 mil páginas de documentos. También se apropiaron de unas 100 mil páginas de documentos de la sede de las Fuerzas Armadas. Aunque todos estos materiales son propiedad del gobierno haitiano, fueron trasladados a la Agencia de Inteligencia de Defensa en Washington.

"El gobierno haitiano viene haciendo presión por el desarme, incluso antes del regreso del Presidente Aristide a Haití - declaró a The Washington Post Ira Kirzban, consejero legal del gobierno de Haití -. Estados Unidos nos dijo: `Si nos dicen dónde están las armas, iremos a buscarlas'. Pero la verdad es lo contrario. Estados Unidos tiene enorme cantidad de información de inteligencia. ¿Por qué esta información, central para el desarme, no ha sido compartida por el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué estos documentos, centrales para los procesos de derechos humanos, no han sido devueltos?" Una pregunta que no tiene respuesta.

Boletín ultraderechista

Pero no se trata sólo de una actitud de omisión. El sabotaje de Estados Unidos contra el desarme y la estabilidad del gobierno haitiano fue puesto al descubierto en The Resister, boletín interno de una facción clandestina y ultraderechista de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos desplegadas en Haití y de cuyo contenido informó The Washington Post el 8 de diciembre de 1995. En este boletín se demuestra que miembros de esta facción han ayudado activamente a individuos del FRAPH y a ex-miembros de las Fuerzas Armadas a esconder sus armas y a escapar de Haití hacia la República Dominicana.

The Resister explica cómo sus miembros apoyan y proveen información a ex-miembros de las Fuerzas Armadas, attachés y miembros del FRAPH para que continúen con sus actividades ilegales: "Hemos librado una ofensiva clandestina contra Lavalás - dice el boletín -, que en nuestras regiones operacionales logró forzarnos de nuevo a la clandestinidad". En entrevista telefónica con The Washington Post, el Jefe de Gabinete del Presidente Aristide declaró: "No podemos comentar la autenticidad de The Resister. Sin embargo, las ramificaciones de las informaciones que contiene, de ser ciertas, son tan serias para el futuro de la seguridad del pueblo haitiano que consideramos que merecen una investigación más detenida. Desgraciadamente, existe una correlación entre los detalles citados en este documento y los hechos que tuvieron lugar en Haití en 1995".

Usa: devolver documentos

En carta al Presidente Bill Clinton, varios miembros del Congreso de Estados Unidos han solicitado que se ordene la devolución al gobierno haitiano de los documentos del FRAPH y de las ex-Fuerzas Armadas confiscados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos."Los documentos - afirman - deben incluir todo lo que se refiera a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) o a cualquier otra dependencia del gobierno de Estados Unidos". De acuerdo a la carta, "no existe ninguna justificación para que este material se encuentre en manos de nuestro gobierno ahora que ha sido restaurado el gobierno legítimo de Haití". Organizaciones no gubernamentales, de desarrollo y de derechos humanos han hecho esta misma solicitud al Presidente Clinton.

El que ningún documento haya sido compartido con el gobierno haitiano ni utilizado para desarmar y controlar a los poseedores de armas ilegales, pese a los continuos reclamos del gobierno de Haití, de la Comisión de la Verdad y de organizaciones de derechos humanos del país, es un hecho muy grave.

Y parece intencionado teniendo en cuenta las conexiones que han existido entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los miembros del FRAPH. "Recordando el confuso otoño de 1993, es de sobras claro que la CIA no jugó un papel constructivo en la política de Haití - afirmaba un editorial de The New York Times el 8 de diciembre de 1995 -. La CIA no tiene obligación de producir informes de inteligencia acordes con la visión de la administración, pero sí está obligada a no obstruir la ejecución de la política exterior de los Estados Unidos".

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