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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 167 | Enero 1996
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Guatemala

Arzú: se inicia una nueva etapa

En su gira centroamericana el Papa saludó "el momento gozoso" en que se firme la paz en Guatemala. Esa paz -dijo el Papa- debe ser fruto "del desarrollo integral y solidario de todas las capas de la población". Este es el gran reto que tiene delante el nuevo gobierno.

Gonzalo Guerrero

Como el pescador de "El viejo y el mar", el Partido de Avanzada Nacional (PAN) hizo una admirable "pesca" a partir una pequeña "carnada" en las dos rondas de las recientes elecciones: con el apoyo de menos del 18% de los guatemaltecos empadronados, la derecha modernizante del PAN ganó la Presidencia, 140 Alcaldías y una mayoría absoluta en el Congreso Nacional (43 de los 83 escaños). Pero la historia más reciente enseña que existe un mar de diferencias entre ganar la Presidencia y controlar el Estado. En los cuatro años de gestión que tendrá Alvaro Arzú Irigoyen para llevar el país a puerto seguro, los tiburones que abundan en las aguas de la política guatemalteca tratarán de dejar una estela de huesos tras la ambiciosa expedición que el nuevo Presidente emprende en mar abierto.

Los resultados

En la primera ronda de las elecciones generales, realizada el 12 de noviembre de 1994, ninguno de los 19 candidatos presidenciales ganó una mayoría absoluta, lo que obligó a una segunda ronda el 7 de enero entre los dos candidatos que obtuvieron más votos: Alvaro Arzú del PAN y Alfonso Portillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido del General Efraín Ríos Montt. En la segunda vuelta, Arzú ganó el 37% de los votos y Portillo el 22%. Más de la mitad de los empadronados (54%) se abstuvieron de votar en noviembre y 14 de los 23 partidos nacionales pasaron a la historia por no recibir ni el 4% del voto ni poder colocar a uno solo de sus candidatos en el Congreso. Los 16 partidos menos favorecidos recibieron cada uno como promedio menos de un 1% de los votos. Dos de esos partidos - Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y la Unión Demócrata (UD)- se salvaron de la extinción al obtener al menos un escaño en el Congreso.

En tercer lugar, aunque lejos de los dos finalistas quedó la Alianza Nacional, integrada por el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (PDCG), la Unión del Centro Nacional (UCN) y el Partido Social Demócrata (PSD). Su éxito en el interior del país se debió más a la infraestructura partidaria del PDCG y la UCN - ambos con un importante número de alcaldías - que al atractivo del discurso de su candidato, el abogado y ex-ministro del Exterior, Fernando Andrade. El fracaso relativo de la Alianza Nacional, que obtuvo menos del 13% del voto, se interpreta como un rechazo a los partidos que tradicionalmente ocuparon el "centro" del espectro político, a la mala imagen que tiene la Democracia Cristiana después de ocupar la Presidencia entre 1986-91, y a la desintegración de la UCN tras el asesinato en junio/93 de su fundador y principal dirigente, Jorge Carpio Nicolle. La UCN y el PDCG obtuvieron en 1990, entre ambos, 68 diputados. Ahora sólo consiguieron 7. La gran sorpresa de estas elecciones la dio el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), que logró 6 diputados en el Congreso y varias alcaldías en el interior. En la capital, el Frente superó a la Alianza Nacional.

Qué murió y qué nació

Según la nueva diputada al Congreso por el FDNG, Nineth Montenegro: "En las elecciones del 12 de noviembre se murió la derecha tradicional, nació la derecha moderna y se configuró como una nueva fuerza la izquierda democrática". Montenegro es Presidenta del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) por el aparecimiento de familiares detenidos-desaparecidos. Entre los nuevos diputados del FDNG está el dirigente del Consejo Etnico Runujel Junam (CERJ), con sede en el Quiché, Amílcar Méndez; la presidenta de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) Rosalina Tuyuc; y Nineth Montenegro, del GAM. Durante los últimos años, todos ellos han sido acusados por el ejército de formar parte del "brazo político de la guerrilla".

Aunque la mayoría de los observadores internacionales regresaron a sus países satisfechos porque las elecciones fueron limpias y los resultados legítimos, quedaron pendientes otras dudas sobre la validez del proceso y la representatividad de los partidos políticos. Las quejas se centran en las trabas legales que existen para las agrupaciones locales en la postulación de candidatos al Congreso, en el gran número de ciudadanos no empadronados y en los altos índices de abstencionismo.

Considerando que una tercera parte de los guatemaltecos en edad de votar no fueron empadronados, la participación real en la primera ronda cae de la cifra oficial del 46% al 30%, y el apoyo del electorado en favor del partido ganador, el PAN, pasa a ser menor del 12% del total. El 70% de los guatemaltecos se abstuvo de empadronarse y/o de votar. El FRG no pudo convencer más que al 7% de la población para que respaldara su proyecto. Así, los dos partidos ganadores - que representan dos corrientes de la derecha - lograron pasar a la segunda ronda con menos del 20% del apoyo de los ciudadanos.

La "victoria" de Arzú

Cuando Alvaro Arzú habló con envío en 1994, insistió en la importancia de una amplia victoria para poder ganar la batalla contra la discriminación, los privilegios y la miseria. Sin una clara muestra de apoyo popular, dijo el ahora primer mandatario, sería difícil llevar a cabo las reformas necesarias para superar los problemas de impunidad, corrupción y delincuencia. Desde ese punto de vista, los resultados de los comicios del 7 de enero no podrían ser menos alentadores: Alvaro Arzú perdió en 18 de los 22 departamentos del país y logró ganar sólo por la mayoría que consiguió en la ciudad de Guatemala, donde se concentran quienes apoyan al PAN. Arzú derrotó a su rival Alfonso Portillo con una diferencia de sólo 32 mil votos - el 2.4% de los votos válidos -, lo que constituye la victoria electoral más estrecha que registra la historia del país. Y como sólo el 37% de los empadronados votó en la segunda vuelta, Arzú llegó a la presidencia con el respaldo de sólo el 18% de los empadronados. Teniendo en cuenta al 33% de los adultos no empadronados, el resultado es aún más preocupante: sólo el 12% de los guatemaltecos mayores de edad votó por el nuevo gobierno. En las áreas de mayor conflicto durante los últimos 18 años - el Quiché y Huehuetenango - el abstencionismo alcanzó el 75%, un indicador clamoroso de lo poco convincente que resultó el proceso electoral en esas áreas.

Derecha vs. derecha

En gran medida, en el fondo de la batalla política entre Portillo y Arzú se enfrentan dos clases de "empresarios". Para entender esto hay que partir del proceso de acumulación de riqueza desarrollado en Guatemala en las últimas tres o cuatro décadas. Con la contrarrevolución de 1954, se desechó un modelo de modernización del Estado y de la economía que incluía una reforma agraria, mejoras en la infraestructura, desmonopolización en el sector privado y reformas laborales y del sistema de seguridad social. En su lugar, se impuso un Estado dominado por los militares, orientados por la doctrina de la "seguridad nacional". Las nefastas implicaciones políticas de este proceso han sido ampliamente discutidas por los analistas, pero el impacto que esta realidad ha tenido sobre el proceso de acumulación no ha recibido la misma atención.

Economía militarizada

Cuatro de los efectos de décadas de gobiernos militares sobre la economía son:

- Al asociar al movimiento sindical y campesino con la lucha revolucionaria, el sector privado justificó niveles de represión suficientemente altos para destrozarlos y para mantener salarios extremadamente bajos. Como resultado, la principal ventaja económica de los agro-exportadores e industriales guatemaltecos ha sido una mano de obra subvalorada y no un proceso de modernización o de diversificación de la producción.

- La violencia política y la impunidad han favorecido a los monopolios en el sector privado y han creado barreras a nuevos empresarios. Dos casos notables se han dado en la producción de cerveza y de cemento.

- El control directo que mantuvo el ejército sobre el Estado hasta 1986 fue la fuente principal de enriquecimiento de los militares y de sus aliados de la clase política. Proyectos de infraestructura sobrevalorados, manejo de las finanzas públicas, del sistema de aduanas y del registro de propiedades y control de la corrupción en la Policía Nacional fueron algunas de las actividades "empresariales" de los funcionarios de un Estado que nunca tuvo que rendir cuentas a nadie.

- El conflicto armado y la militarización del Estado, además de causar muerte y destrucción, desalentó la inversión privada, provocó la descapitalización de la economía y en la inversión fortaleció tendencias cortoplacistas y especulativas.

De esta manera se consolidó durante las últimas décadas en el país un peculiar estilo de capitalismo "crony" o de compadrazgo, que logró reproducirse sin renovarse, utilizando mecanismos de fuerza para hacer remiendos en el tejido social sólo cuando eran imprescindibles.

El PAN tiene un proyecto

La pugna entre Portillo y Arzú fue en gran parte una batalla entre este status quo y los sectores modernizantes. En la actual coyuntura, la principal amenaza al status quo ya no es el fantasma del socialismo revolucionario. La "amenaza" viene de las exigencias de la economía liberal: mercados competitivos, libre acceso a los factores de producción (tierra, mano de obra y capital), un sistema judicial funcional, democracia representativa y "reglas del juego" claramente establecidas y aceptadas. La victoria de Arzú sobre Portillo y los riosmonttistas fue un importante paso en el proceso de relegitimizar el Estado, proceso iniciado por sectores del ejército desde hace 13 años, después de haber neutralizado la amenaza militar que representaba para ellos la insurgencia guerrillera.

Existen varias señales que indican que el nuevo gobierno puede evitar algunos de los errores de los tres anteriores gobiernos civiles. En primer lugar, existe en el PAN un compromiso de partido, para mantener un proyecto político que vaya más allá de los próximos cuatro años. Como dijo el Vicepresidente Luis Flores, posible candidato a la Presidencia en el 2000: "Desde nuestro primer día en el gobierno debemos fijarnos en el último día. ¿Qué vamos a poder decir sobre nuestros esfuerzos?" Por tener un proyecto de largo plazo, no podrá caer fácilmente el PAN en la tentación de beneficios inmediatos que podrían acarrear costos políticos para ese proyecto.

El liderazgo del PAN proviene principalmente de un grupo de profesionales, administradores y tecnócratas nacidos y educados en la capital. Tienen educación universitaria y una ideología que favorece la economía de mercado, el respeto a la propiedad privada y la promoción de la iniciativa privada como solución a los problemas del país. Ese "estamento gerencial moderno" tiene cierta autonomía ideológica frente a los que históricamente han manejado el país: el ejército y los finqueros agroexportadores.


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"Seremos una cajita de resonancia"

Durante la crisis institucional en 1993, varias organizaciones populares y sindicales rompieron las puertas del Palacio Legislativo y ocuparon el hemiciclo del Parlamento demandando una participación real en la resolución de la crisis provocada por el "serranazo". Las cámaras captaron a la sonriente Presidenta del Grupo de Apoyo Mutuo sentada en la silla del Presidente del Congreso.

El 14 de enero de 1996, Nineth Montenegro regresó al hemiciclo. Esta vez por la puerta principal. De 37 años de edad, y en su último año de estudios en la Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos, Nineth es una de las ocho mujeres diputadas y una de los cinco diputados elegidos por el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG). Dos días después de su elección al Congreso Nacional, envío habló con ella.

P.- ¿Cómo pronostica que será el trabajo del Frente en el Congreso?

R.- Vamos a ser una fuerza minoritaria y seremos el fiel de la balanza. Nosotros queremos ser testigos de honor, una cajita de resonancia que va a estar denunciando, avisando, oponiéndose a las políticas que amparan la impunidad, a las políticas de privatización. Va a ser un trabajo muy duro. Tenemos una agenda legislativa que pasa por el tema de la impunidad, el de la desmilitarización, el de la transformación del sistema político y el de las políticas de combate a la pobreza. Son las cuatro tareas prioritarias.

P.- ¿Cómo calificaría a los dos partidos mayoritarios en el Congreso?

R.- Yo diría que el FRG es el neofascismo en Guatemala, una nueva forma de ser fascista, con un ingrediente populista y un ingrediente autoritario y militarista. Detrás de él está una persona con trayectoria oscura. Pero, de alguna manera, el ingrediente neofascista despierta interés en la población que se siente desamparada, desprotegida e insegura, que no encuentra ni apoyo ni una referencia. El PAN es la derecha moderna, no conservadora. Muchos miembros del PAN están vinculados al sector económico. Con el MLN, muere la derecha conservadora y nace la derecha moderna.

P.- ¿Por qué decidió el FDNG no apoyar a ninguno de los dos partidos finalistas en las elecciones presidenciales?

R.- Por un lado, no estamos de acuerdo con que los militares sigan dirigiendo los destinos del país. Hay que dejar atrás el fascismo y el neofascismo y crear una fuerza alternativa para Guatemala. Por otro lado, algunos sectores del PAN están vinculados con el sector económico que ha sido el hambreador del pueblo. El Frente se sintió contra la pared, porque a la par de la impunidad, la violencia y la represión que nos han quitado a nuestros familiares, el poder económico nos ha dado duros golpes y ha empobrecido a la mayoría con la mala distribución de la riqueza. La violencia política y la violencia económica son dos violencias que nos afectan y queremos mantenernos como una fuerza distante de ambas.

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Impunidad: un mal negocio

A la par de este grupo "gerencial", hay un sector del capital que apoya al PAN: los que consideran un mal negocio la corrupción, la impunidad y la inseguridad que provoca el crimen organizado, vicios tradicionalmente amparados por poderosos sectores de las fuerzas de seguridad. Estos capitalistas buscan promover un Estado que facilite la inserción de la economía guatemalteca en las actuales corrientes de globalización de inversiones y mercados.

El gobierno, consciente de la importancia que tienen los primeros días de gobierno, en los que se goza de la mayor cuota de poder y de credibilidad, ha tomado varias medidas iniciales de importancia: la depuración de la Policía Nacional y el relevo de varios oficiales de alto rango en el Ejército. El control que tiene el PAN en el Congreso y su experiencia legislativa facilitará las reformas que tiene contempladas el nuevo gobierno. Arzú ha anunciado iniciativas de ley referentes al Ejecutivo, a la descentralización, a la probidad y responsabilidad de los funcionarios y a la seguridad ciudadana, además de varias reformas municipales.

La actual pugna entre dos clases de "empresarios" ofrece un amplio campo de batalla a Arzú y al PAN, suficiente para dedicarle todas las energías y para medir éxitos o fracasos, sin tener que desgastarse en otras luchas históricas del país que resultan más complejas: las que se dan entre las clases sociales y las que provocan las reivindicaciones étnicas. Existen claras señales de que estas luchas no se van a detener. Son muchas las presiones para reanudar el estancado proceso de paz, cuyos acuerdos son vistos por muchos como un bosquejo de sociedad. No es casual que las pláticas se atascaran hace ocho meses cuando se abordaba el acuerdo socio-económico y el acuerdo agrario. En la medida en que estos temas son asuntos medulares en la problemática nacional, el proceso de paz resultará espinoso para un gobierno que plantea la "modernización" como varita mágica para resolver todos los problemas estructurales.

En segundo lugar, en la medida en que la militarización, la impunidad y la corrupción sean controladas, y el sistema judicial y la seguridad ciudadana vayan mejorando, el espacio político en que actúa el movimiento popular va a ir ampliándose, con la resultante de protestas y organización en aumento. El que las dos corrientes de la derecha, representadas por el PAN y el FRG, resultaran casi empatadas en popularidad en las elecciones podría ser un indicador del potencial de desestabilización que existe en el país, pues ni uno ni otro proyecto cuentan con un claro mandato popular.

Cambios en el Ejército

Una semana después del estreno de Alvaro Arzú, el 14 de enero, el Alto Mando del Ejército anunció más de 250 cambios en los puestos de mando e informó que al me- nos seis generales serían relevados de sus cargos. Aunque el ejército quiso calificar los cambios como parte de una normal rotación de oficiales, quedó claro que se trata de un importante movimiento dentro del cuerpo de oficiales, que tendría estas consecuencias:

- Una generación más joven de oficiales ha sido promovida a puestos de relevancia en el interior del país, en el Ministerio de Defensa y en las bases de la capital.

- Varios de los oficiales que se califican como de "línea dura" o que expresaron su apoyo a Alfonso Portillo han sido cambiados, jubilados o puestos a "disponibilidad".

- Ese cambio casi generacional refuerza las tendencias "institucionalistas" y debilita a los generales identificados con la línea dura.

- El sector ascendente tiende a estar más identificado con el nuevo gobierno y dispuesto a aceptar la "modernización" del ejército. Y los oficiales recientemente promovidos van a dar probablemente un apoyo importante al Alto Mando, agradecidos por sus promociones y confiando en posibles futuras promociones.

Un día antes de asumir el poder, Arzú despidió al Ministro de Defensa, General Marco Antonio González Taracena, y nombró en su lugar al General Julio Balconi Turcios. En menos de tres meses casi la mitad de los 23 generales del Ejército de Guatemala han sido removidos de sus cargos. El General Otto Pérez Molina, jefe del Estado Mayor Presidencial, fue trasladado a la Inspectoría General del Ejército y entre los otros generales removidos están: Carlos Enrique Pineda Carranza, jefe del Estado Mayor; José Horacio Soto Salan, comandante de la base Mariscal Zavala en la capital; Florencio Castellanos Reyes, comandante de la Brigada Guardia de Honor y José Rodríguez, jefe de la Policía Militar Ambulante. En octubre, a raíz de la masacre de Xaman, había renunciado el Ministro de Defensa, General Mario René Enríquez. En su lugar fue nombrado González Taracena.

Cuatro factores influyeron en la promoción o remoción de los oficiales: su identificación con la línea reformista, la existencia de pruebas sobre su involucramiento en la corrupción oficial, su papel directo en los casos más graves y más documentados de violencia y su afiliación con partidos políticos o grupos de presión. La "porosidad" de los grupos de oficiales en relación a estos cuatro factores hace difícil analizar los cambios sólo por el criterio de la ideología o sólo por la limpieza de su historial.

En entrevista con envío a mediados de enero, el Ministro de Defensa, Julio Balconi, habló de la necesidad de una reestructuración profunda en los cargos de oficiales. El Ejército -dijo- necesita aproximadamente 100 coroneles y ahora tiene 200. "Esa reestructuración implicaría eliminar a algunos coroneles que no caben en la nueva organización", afirmó. El reto para Balconi es remover a esos 100 coroneles sin desestabilizar a la institución. "¿Qué prestaciones vamos a dar a ese oficial para que no vaya después a ser un problema para la sociedad?", se preguntaba. En enero, el nuevo Congreso empezó a estudiar una propuesta de ley que reduciría el tiempo de servicio de 33 a 31 años para los generales y a 30 años para los demás oficiales. Esta propuesta ha estado engavetada desde mayo de 1995. Ahora, si fuera aprobada, causaría la baja de por lo menos cuatro promociones de oficiales activos.

Cambios en la Policía

El mismo latente temor en relación a los despidos de oficiales - "qué vamos a hacer para que no sean un problema para la sociedad" - es también una preocupación central en relación a la Policía. El 25 de enero, el nuevo Ministro de Gobernación, el publicista Rodolfo Mendoza, y su Viceministro encargado de seguridad, Mario Cifuentes, anunciaron el despido de 118 agentes y oficiales de la Policía Nacional: 34 eran trabajadores administrativos y casi la mitad, jefes de estaciones en la capital o en el interior del país. Estos cambios son el primer paso en la depuración de oficiales implicados en actos de corrupción. En los próximos meses el Congreso considerará una propuesta de ley que unifica bajo un mando civil las tres instituciones policiales: la Guardia de Hacienda, la Policía Nacional y la Policía Militar Ambulante.

Es la segunda vez que Mario Cifuentes intenta reformar la Policía Nacional. Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, Cifuentes fue desplazado de su cargo de Jefe de la Policía por presiones de sectores afectados con sus esfuerzos reformistas. Ahora, Cifuentes busca el apoyo de la Misión para Guatemala de Naciones Unidas (MINUGUA) y del gobierno de España para poner en pie un modelo de policía similar a la Guardia Civil de España. La unificación de las tres policías y el reclutamiento de 4 mil nuevos agentes daría un total de 20 mil policías, el doble de los efectivos con que cuenta ahora la Policía Nacional.

La corrupción policial

Cifuentes considera que la corrupción entre los policías tiene sus raíces en las propias estructuras de la institución. Hace seis meses, Cifuentes declaró a envío que solamente el 30% de los miembros de la Policía son "rescatables" y que el grado de corrupción aumenta al ascender en la jerarquía institucional.

En 1995 se produjeron 1,600 muertes violentas en Guatemala, incluyendo entre las víctimas a 39 agentes de policía. Con un salario equivalente a 150 dólares mensuales, pocos policías quieren arriesgar su vida y muchos hablan de un sistema de "cuotas" de pagos ilícitos a los superiores y de la compra de los puestos en donde existen más posibilidades de aumentar los ingresos con "mordidas". De acuerdo con Cifuentes, tres condiciones esenciales para lograr un cambio profundo en la Policía de la Nación son: la firma del acuerdo de paz, que reduciría el papel preponderante del ejército en la vida nacional; un cambio constitucional que limite las funciones del ejército a la defensa de la nación frente a amenazas externas; y la ayuda directa de la comunidad internacional en el entrenamiento de la policía.

¿Y el proceso de paz?

El 17 de noviembre, un grupo de abogados que representaba a un sector de terratenientes que se oponen al proceso de paz interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dos acuerdos gubernamentales que jalonaron etapas del proceso negociador entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Al mismo tiempo, iniciaron acciones penales en contra del coordinador de la Comisión gubernamental de Paz (COPAZ), Héctor Rosada, y lanzaron una campaña de cabildeo internacional en contra del proceso de negociaciones.

Con sus acciones legales y diplomáticas, estos grandes finqueros lograron poner en jaque el proceso de paz, en los momentos en que el gobierno y la URNG discutían los "aspectos socio-económicos y la situación de la tierra". Los finqueros cuestionan la constitucionalidad del acuerdo que creó en 1987 la ya disuelta Comisión de Reconciliación Nacional y el acuerdo que dio origen a la actual Comisión de Paz (COPAZ) en 1992, argumentando que "no es posible justificar la actitud de un gobierno que negocia la paz con terroristas y bandas armadas, aun cuando éstas emboscan a los propios miembros del gobierno, destruyen la infraestructura y desprestigian al país internacionalmente".

La acción de los finqueros "demuestra que el tema socioeconómico y agrario está causando preocupaciones a sectores poderosos", opina el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Carlos Aldana. Rosada, que renunció como coordinador de COPAZ con la llegada del nuevo gobierno, considera que a finales de año 1995 los sectores más conservadores del país lograron su meta con sus presiones. "El objetivo estratégico fue que no hubiera acuerdo y que hubiera cambio en la Comisión - dijo -. Y lo lograron".

La gran pregunta

Hasta el momento, el gobierno de Arzú no ha nombrado a un nuevo coordinador de COPAZ. Y de hecho, los compromisos de campaña de Arzú solamente contemplaban unos acuerdos que se suponía estarían ya firmados al asumir el poder. Aunque no hay claridad en cuanto al rumbo del proceso de paz, existen indicadores de que el gobierno no está dispuesto a retomar las negociaciones en base a los borradores de acuerdos ya preparados. En el fondo del problema está el concepto de la "función social de la tierra" y la implicación que en expropiaciones éste tendría.

Para Rosada, "la gran pregunta es si este nuevo gobierno va a tener la capacidad o no de manejar las presiones del poder económico que se oponen a los intereses nacionales".

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