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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 167 | Enero 1996
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Nicaragua

El país necesita un milagro

Algunos esperaban del Papa casi un milagro. Una nueva relación del Estado con la sociedad civil, y unas elecciones que fueran la oportunidad de hacer realidad una nación en donde todos quepan son ese milagro.

Equipo Nitlápan-Envío

Nicaragua recibió a Juan Pablo II en un ambiente de máxima tensión política y social y también de máximas esperanzas. Eran muchos los que resumían sus expectativas así: "¿Qué espero? A ver si el Santo Padre compone este país." Como esperando un milagro.

Juan Pablo II: trece años después

Después del "salto mortal" que fue su viaje de marzo/83 -así lo calificó el Papa en el avión que le traía a América -, el Papa regresó a Nicaragua en 1996 en "circunstancias completamente distintas", como l mismo afirmó. Dos cambios explicitó el Papa en concreto en sus breves discursos en Managua. "Los habitantes de Nicaragua pueden gozar ahora de una autentica libertad religiosa", dijo el Papa. Y dijo también: "La paz ha vuelto a Nicaragua y a toda la América Central". Improvisando al final de la misa dijo: "Hoy se ve que tú, Nicaragua, tú, América Central, eres sujeto de tu propia soberanía humana, cristiana".

En el último momento, en su mensaje antes de abordar el avión, el Papa hizo referencia a la crisis socioeconómica que vive Nicaragua. "Superada la guerra civil y la tentación de formas totalitarias" -dijo-, quedarían pendientes en el país otros problemas a los que llamó "plagas": la pobreza, el desempleo, la ignorancia, las familias en extrema necesidad, los niños y jóvenes sin instrucción. Lo escuchaban y lo despedían en el aeropuerto representantes del gobierno y del cuerpo diplomático. El Papa instó a la comunidad internacional a cooperar solidariamente con Nicaragua.

Emboscada a Alemán

Cuando el Papa llegó a Nicaragua, el país está entrando por fin en el año electoral. Elecciones iniciadas en una intensa y confusa pre-campaña desde hace más de un año. Elecciones temidas por muchos, que ven en ellas la máxima expresión del oportunismo político. Y que otros se empeñan en ver como una oportunidad -¿la última? ¿la penúltima?- de lograr un consenso nacional que enrumbe al país hacia ese "milagro" que es un desarrollo basado en la equidad y en el caso de Nicaragua, en la unidad nacional.

A las tensiones económicas y sociales de fondo que se vienen arrastrando y a las que representan las movidas con que a diario casi todos los líderes políticos buscan desesperadamente "rayar el cuadro electoral" a su favor, se añadieron en vísperas de la visita papal nuevas tensiones. Dos son las más destacadas.

Arnoldo Alemán, el candidato presidencial que aparece encabezando todas las encuestas de opinión, con un máximo de 30-32% de intención de voto (requeriría del 45% para ganar la Presidencia el 20 de octubre en la primera vuelta) fue víctima de una confusa emboscada en el norte del país. Los simpatizantes del candidato liberal que trabajan en la escuchada Radio Corporación de Managua señalaron de inmediato a "los sandinistas" como los responsables.

Muy pronto, pobladores del lugar donde se produjo la emboscada, autoridades civiles y militares y la CPDH -un organismo nicaragüense de derechos humanos en nada afín al sandinismo- identificaron como autores de la emboscada a un grupo de recontras rearmados.

El propio Arnoldo Alemán señaló en sus primeras declaraciones la responsabilidad que en hechos de esta naturaleza tiene el gobierno, que ha prometido beneficios sociales a los desmovilizados de la Resistencia y después no les ha cumplido, empujándolos así a retomar las armas. Aunque muchas de las circunstancias del hecho permanezcan para siempre en la sombra (¿hecho fortuito, asalto de delincuentes o atentado político? ¿autoatentado propagandístico o atentado por encargo? ¿y por encargo de quién?), el ganador neto de la acción fue el propio Alemán, que sumó a sus activos el aura de "víctima".

O al menos, de "primera" víctima. Porque los hechos arrojaron una gran incertidumbre sobre el escenario electoral. ¿La creciente polarización sandinismo-antisandinismo desembocará en atentados con los que eliminar rivales? Nadie lo ha descartado. Ahora, ya existe un primer episodio para alimentar más concretamente la incertidumbre.

Violencia en tiempos de "paz"

Más allá del horizonte de las elecciones, la emboscada volvió a colocar ante la atención nacional la situación de inestabilidad y de violencia armada en la que ininterrumpidamente se ha vivido en estos años de "paz" en extensas zonas de Nicaragua. A diario, un promedio de un muerto o más como producto de esta violencia, según el balance hecho por el Ejército al cerrar 1995. Balance que deja por fuera otros innumerables casos de muertes, secuestros o amedrentamientos que jamás se hacen públicos porque "no tienen voz" los que los padecen o porque teniéndola, prefieren guardar silencio por elementales medidas de seguridad.

Con ocasión del atentado a Alemán, el párroco de Waslala recordó a todos los nicaragüenses el terror en que vive desde hace mucho esa zona a manos de "la gente de El Charro", de quien sería lugarteniente "El Lobo", el rearmado que dirigió el ataque a la caravana de los liberales. El padre Carlos Pinto denunció el asesinato atroz de 40 campesinos de Waslala en los últimos meses y las continuas violaciones sexuales de los rearmados contra mujeres y niñas de esas comarcas.

También el obispo de Estelí, Abelardo Mata, se refirió en enero a más de 50 denuncias que le habían llegado sobre desmanes sangrientos cometidos en una zona de Jinotega por un grupo de unos 80 mískitos que el ejército armó hace año y medio con fines de autodefensa y que ahora estarían dedicados a la delincuencia. Aunque las declaraciones del obispo Mata resultaron polémicas para el Ejército, apuntan a una realidad innegable: la violencia rural persiste.

Podría incrementarse en ocasión de las elecciones. En la medida en que el país se adentre en las turbulentas aguas electorales es muy probable que los rearmados de las zonas rurales puedan ser convertidos por dirigentes políticos en fuerzas de choque o en fuerzas de presión político-electoral al servicio de uno u otro partido.

Renuncia de Fiallos

El otro hecho tensionante con el que se inauguró el año electoral fue la renuncia que inesperadamente presentó el Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Mariano Fiallos.

Todos los sondeos de opinión pública que se vienen haciendo en el país demuestran la creciente falta de credibilidad que tienen los poderes del Estado. El Judicial en primer lugar. También el Legislativo y el Ejecutivo, pisándole los talones. De esa crisis ha estado a salvo el Poder Electoral y esa confianza, ganada a pulso por el muy profesional trabajo del CSE y por el prestigio personal de quien lo encabeza, le ha dado al proceso electoral de 1996 su más sólida certidumbre. Quien buscara "con la lámpara de Diógenes", encontraba siempre a Fiallos y al CSE en su lugar y en sus tareas, desarrolladas con capacidad, honestidad y patriotismo.

Lo inesperado de la renuncia de Fiallos, las razones que para ella esgrimió, la conmoción que causó en una institucionalidad hecha trizas, las reacciones injerencistas que provocó la renuncia ("Nosotros queremos que el doctor Fiallos continúe en ese cargo", declaró taxativamente el embajador de EEUU), las reacciones oportunistas que también provocó (un grupo de legisladores y de partidos abalanzándose ambiciosos sobre el cargo que dejaría vacante) y la rectificación de Fiallos, retirando en 72 horas una renuncia que había él mismo calificado de "irrevocable", introdujeron inesperados y nuevos elementos de incertidumbre en el proceso electoral.

Una voz en el desierto

La renuncia de Fiallos, ¿fue un test concebido por él para medir el apoyo con que cuenta el poder más estable de un Estado feudalizado? ¿O para medir el apoyo que lo respalda a él mismo, a quien le tocará ser el gran árbitro de un proceso polarizado y erizado de escollos? ¿Fue una señal para alertar a la nación sobre esa polarización que ve crecer y que podría encontrar expresión en algunas disposiciones de la nueva ley electoral, con las que dijo no estar de acuerdo y no poder trabajar? ¿Fue la renuncia un acto desesperado con el que presionar por un presupuesto que no recibe y necesita? ¿Fue simplemente la reacción desesperada de un hombre honesto y angustiado ante un país que se deshace? ¿Fue un poco de todo eso y al final, tras medir el error de cálculo de su decisión, decidió rectificar, en aras precisamente de seguir contribuyendo al entendimiento y a la dignidad nacional?

Desde que se inició la desgastante crisis Ejecutivo-Legislativo en 1995, el Presidente del CSE ha venido advirtiendo, de forma paciente pero contundente, sobre los requerimientos legales, administrativos y financieros que demanda ese poder del Estado para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Durante meses, Fiallos ha dado la impresión de ser una voz que clamaba en el "desierto" de las disputas y las componendas políticas. Nadie hacía caso y alguno criticaba a Fiallos, afirmando que insistía "ad nauseam". El inexplicable retraso que en la Asamblea tuvo la discusión de la Ley Electoral y el último episodio -la publicación de la Ley con otro gran retraso y sin comunicárselo al CSE- fueron colmando el vaso. Al anunciar su renuncia y al retractarse de ella tan de inmediato, todos reaccionaron también de inmediato y "oyeron" la voz.

Escucharon. Pero, ¿se harán a tiempo y con consenso las reformas a la Ley Electoral que demandó Fiallos y que los 10 magistrados del CSE respaldaron en pleno? ¿Habrá finalmente un presupuesto adecuado a las necesidades de las elecciones? ¿Se aclararán finalmente los conflictos limítrofes que afectan a 30 de los 146 municipios del país, lo que puede afectar las votaciones de octubre?

La realidad es que Fiallos "vuelve" a su cargo con las mismas o parecidas preguntas a las que se venía haciendo hace meses y con los nuevos interrogantes que su propia renuncia ha introducido en un paisaje tan sembrado de ambiciones en el que todos los dirigentes políticos y los viejos y nuevos capitales del país están hoy en movimiento.

Partidos en acción

Al llegar a Nicaragua, el Papa se refirió al "período pre-electoral" que vive el país, haciendo un llamado al "compromiso ético" que deben tener quienes "aspiran a las magistraturas del Estado". Es a muchos a quienes se dirige hoy este llamado. Es febril la actividad partidaria con el fin de dejar "rayado" el cuadro electoral.

Cuando el Papa llegó a Nicaragua, los varios partidos conservadores del país preparaban entre tensiones generacionales, políticas y económicas -abiertas y ocultas- la Convención que elegirá a su candidato presidencial.

El Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) acababa de celebrar un agitadísimo Congreso en el que eligió como candidato presidencial, por sólo 3 votos de diferencia, al ex-militar de la Resistencia, Enrique Quiñónez, frente al empresario radial Fabio Gadea Mantilla, que quedó inconforme y en acción para revertir esos resultados.

Arnoldo Alemán, en nombre de la Alianza Liberal -que ha dejado por fuera a parte de los liberales del PLI y al nuevo PUL- regresaba de Washington, a donde viajó buscando apoyo político y económico. Lo recibió especialmente de los congresistas republicanos de la línea más dura.

¿Se conformará por fin el "triángulo azul y blanco" (conservadores + liberales + resistencia), como un solo bloque, alternativo al proyecto continuista del actual gobierno y al del sandinismo?

En medio de una interesante competencia entre "tigres viejos y gatos nuevos" (dirigentes históricos y de las estructuras oficiales vs. nuevos líderes surgidos de las bases), el FSLN estaba absorto en la campaña de su consulta interna, destinada a seleccionar a sus candidatos para las elecciones de octubre. La pre-candidatura a la Presidencia que a inicios de enero anunció Vilma Núñez de Escorcia, militante sandinista de larga trayectoria y de probada honestidad, introdujo en estas elecciones primarias del FSLN elementos de esperanza y destanteó a los "tigres viejos".

El MRS anunciaba ya a varios de sus candidatos mientras seguía buscando con insistencia alianzas con otros partidos -UDC, PLI, APC, MDN-, con los que en el 94 y el 95 hizo alianza en favor de las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional. Estos partidos buscaban también, con insistencia y haciendo filigranas, sus propias alianzas.

Mayo: ¿cuántos partidos?

Antonio Lacayo invadía canales de televisión y emisoras de radio con costosos y sofisticados anuncios de estilo hiper-personalista a favor de su candidatura presidencial, haciendo caso omiso de la inhibición que le imponen las reformas constitucionales por ser pariente de la Presidenta Chamorro.

Y Alvaro Robelo, candidato del nuevo partido Arriba Nicaragua, iniciaba una exhuberante ofensiva de imagen por todos los medios de comunicación y por medios aéreos - volantes, un dirigible sobre Managua -, prometiendo, de forma también exhuberante, grandes inversiones en el país: del consorcio europeo Airbus, de las empresas japonesas Toyota y Suzuki y de otras corporaciones transnacionales, que incluso estarían dispuestas a invertir en una empresa de medicina natural en la Costa Atlántica que podría descubrir en nuestro territorio la cura contra el cáncer…

Según el calendario del Consejo Supremo Electoral, en mayo deben estar definitivamente inscritos los partidos y las alianzas electorales con sus candidatos. Los 43 partidos que hoy existen en el país tendrán que tener para ese momento ya diseñada su estrategia. ¿A cuántas quedarán reducidas las opciones en la papeleta electoral? ¿Y a cuántas las opciones reales? ¿Cuatro, tres? ¿Tal vez sólo dos? Hasta mayo todo puede suceder. Y a partir de entonces, también puede suceder todo, cualquier cosa. Este es el sentir generalizado. Y es también la conclusión de cualquier análisis que tenga en cuenta todas las variables que hoy existen en este país que necesitaba un "milagro".

La lucha por el 6%

Cuando el Papa llegó a Nicaragua, el conflicto social que tenía más resonancia nacional era la lucha de los universitarios reclamando el 6% del presupuesto nacional para la educación superior. Esta lucha, que es histórica y que cobró gran beligerancia en 1992, recrudece cada año cuando se acerca la hora de aprobación del presupuesto nacional. A finales de 1995, la lucha estudiantil costó dos vidas, consumió enormes cuotas de energía joven y generó una espiral de desestabilización, en la que sólo se logró hacer un paréntesis con ocasión de la visita papal.

La batalla por el 6% refleja la crisis de la sociedad y el Estado nicaragüense. Pero ha habido tanta retórica alrededor del tema que ni los mismos contrincantes están ya seguros de aquello por lo que pelean. El resto de la sociedad tampoco entiende todo lo que está en juego tras esta batalla. Es importante, por eso, comenzar por aclarar los términos del debate.

Argumentos y argumentos

En el conflicto del 6% se constata una vez más los costos que tiene la habitual práctica nacional de no ir al fondo de los problemas con una discusión seria, tratando a cambio de aturdir a la opinión pública con un enjambre de argumentos tratados superficialmente.

Ha habido voces del lado del gobierno -en particular la del Ministro de Educación- que aducen que la educación universitaria es menos rentable que la primaria, que las universidades son ineficientes, etc. No hay duda de que Nicaragua necesita enfrentar globalmente el tema crucial de la reforma de su sistema educativo y que las universidades deben mejorar, pero éste no es el tema de fondo en este conflicto. Es tema para una agenda de discusión seria y para el programa de reforma educativa que requiere la sociedad nicaragüense. Lo trágico es utilizar tema tan crucial para eludir cuál es el problema de fondo en esta coyuntura: el modo de cálculo del subsidio público a la educación superior.

Repetir los mismos argumentos -no comprobados- que los ideólogos del Banco Mundial andan difundiendo por todo el planeta insistiendo en que si se les da a las universidades el monto que reclaman, esto podría provocar una crisis en la educación primaria, es simplemente un atentado contra el entendimiento. Echar a pelear a las instituciones públicas por el presupuesto nunca ha sido la manera más democrática y transparente de distribuirlo. Pero echar a pelear a los subsistemas de educación entre ellos puede ser aún más peligroso.

¿De qué sirve que el gobierno se vanagloríe de que entre 1990-94 ha habido un aumento de 9.61% a 12% de la parte del presupuesto destinada a la educación, cuando lo que realmente hubo en ese período fue una reducción de casi un 9% del gasto en educación per cápita? En esos años, la transferencia a las universidades pasó de 30 a 25 millones de dólares, mientras el número de estudiantes se incrementaba de 32 mil a 36 mil, lo que representa una reducción per cápita del 26%. La realidad es que Nicaragua debe dar mayor prioridad al conjunto de su sistema educativo y todos los demás argumentos pueden alejarnos de este deber ineludible.

Distorsión y confusión

Es distorsionador también plantear un conflicto entre educación privada y educación pública y debatir acerca de qué universidades se deben beneficiar o no del subsidio. En los países centroamericanos sólo se les da a las universidades públicas y no a las privadas. Pero el verdadero criterio no es lo privado o lo público. Es el carácter de servicio público de una actividad y no su tipo de propiedad el que debería guiar la contribución estatal. Inclusive, la sociedad puede decidir subsidiar actividades privadas y lucrativas cuando considera que tienen externalidades sociales positivas que deben ser retribuidas.

También confunde el argumento del "elitismo" de la educación superior. El que el estudiantado represente sólo una reducida proporción de la población no cambia en nada el debate: la importancia de la contribución de un grupo social al edificio social en su conjunto no se mide por las leyes de la aritmética. De lo contrario, ¿cómo explicarnos que un pequeño puñado de propietarios de ingenios azucareros obtengan del gobierno un subsidio directo igual al doble del que reciben las universidades y un subsidio indirecto no menos importante, y esto por el control estatal sobre las importaciones que existe y que cuesta tanto al pueblo nicaragüense, que termina pagando el azúcar dos veces más cara que si la pagara al precio internacional? ¿Cuántos subsidios no ha recibido el cultivo del algodón, en beneficio de unos pocos bolsillos privados, cuando estos subsidios han tenido tantos costos ecológicos para Occidente? Pero, incluso estos argumentos nos apartan del tema de fondo.

Las leyes del 90 y del 92

La raíz del problema, que enfrenta al gobierno con un sector social tan sensible como es el estudiantado universitario, puede hallarse en una Asamblea Legislativa que, careciendo de poder real, se dio el gusto de satisfacer al grupo de presión de las Universidades votando, en agosto/92 una ley inaplicable: la ley 151, "de interpretación auténtica del artículo 55 de la ley de autonomía de las instituciones de educación superior", que estipulaba que el aporte del Estado a las universidades "no debería ser menor del 6 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la República, el cual debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independiente- mente del origen de dichos ingresos". Como en aquel tiempo la Asamblea no tenía poder real ni control efectivo sobre el presupuesto, ésta era una ley inservible, con la que tal vez el Legislativo trató de poner una zancadilla más al Ejecutivo en sus escaramuzas políticas de aquel año. La ley daba continuidad al espíritu de la ley 89 de abril/90 sobre la autonomía universitaria, que introdujo la disposición del 6% sin tener en cuenta si era factible o no la aplicación de esta medida.

Los universitarios deben reconocer que ni los sandinistas al dejar el gobierno en 1990, ni la Asamblea dominada por la UNO en 1992 tenían como propósito fomentar la educación superior. Trataban principalmente de preservar cuotas de poder político y estaban menos interesados en la calidad de la educación universitaria o en su autonomía.

Posteriormente, la disposición del 90 con la interpretación del 92 llegó a tener rango constitucional al ser incluida en la Constitución reformada de 1995 que, en su artículo 125 dice: "Las Universidades y centros de educación superior, que según la ley debe ser financiados por el Estado, recibirán una aportación annual del seis por ciento del Presupuesto General de la República, el cual se distribuirá de acuerdo con la ley".

Ahora, la Asamblea tiene que aprobar realmente el presupuesto, pero no tiene muchos criterios sobre cómo hacerlo. Al no poder aumentar el techo del presupuesto, sólo puede quitar a unos para dar a otros. Esto implica muchos costos políticos y se presta a un rejuego electoralista en el que también se juega con el presupuesto para la universidad y con la misma Constitución.

Disfrazando el presupuesto

El Ministerio de Finanzas tiene una gran responsabilidad en la actual confusión. Hasta 1994, cuando se preguntaba a funcionarios del gobierno sobre la total y patente falta de transparencia del presupuesto público, era común escuchar de boca de ellos que esta "oscuridad" era "a causa del 6% para las universidades". No había cómo darlo y el presupuesto tenía que hacerse "opaco" por esta razón. Pero ésta era sólo una media verdad.

Efectivamente, no había cómo darlo. Pero lo más de fondo era que al Ministerio de Finanzas, en sus relaciones con el FMI, le convenía "disfrazar" el presupuesto. El disfraz suponía múltiples beneficios. Se presentaba un presupuesto a la Asamblea y se ejecutaba otro. Al año siguiente, se informaba sobre lo realmente ejecutado y nadie protestaba por la diferencia abismal con el presupuesto que se había aprobado. En los años 93-95, el Ministerio no cumplió con la ley 151. Prefería ignorarla, calculando el 6% sobre los gastos, como es lógico y económicamente sensato hacerlo. Pero como disfrazaba los gastos, no tenía problemas.

Gobierno: en busca de un artificio

Esta situación empezó a incomodar al FMI, por ser el control de la política fiscal una de las piezas claves del ajuste y del ESAF. Y en Nicaragua, pese a las apariencias, el gasto fiscal seguía creciendo en términos reales más allá de los límites acordados con el FMI. Hasta 1995, el Ejecutivo enviaba a la Asamblea un presupuesto reducido para su aprobación y ejecutaba después un presupuesto expandido. Pero, para 1996 el FMI exigió un presupuesto real, transparente y con una ligera reducción, no en relación a lo que se votó en 1995 sino a lo que realmente se ejecutó en la práctica. Por un lado estaba el FMI. Y por otro lado, las reformas constitucionales, que obligaban al Ejecutivo a negociar con la Asamblea, por primera vez, un presupuesto real y transparente.



Esto fue lo que obligó a cambiar el método de cálculo. Hasta 1995 era sencillo: se calculaba el monto de la subvención a las universidades como el 6% del gasto total, pero no era ése el gasto real. El gasto presentado a votación estaba cada año más subvaluado o sobre-ejecutado, lo que en realidad es lo mismo. Como resultado, en 1995 se entregó a las universidades sólo el 3.9% del presupuesto público. Es decir, del gasto total del gobierno central (cuadro 1). En 1996, al verse obligado a declarar todo el presupuesto, el Ministerio de Finanzas tuvo que inventar otro artificio, ya que no podía aumentar el presupuesto a las universidades…¡en un 60%!, lo que hubiera sido la consecuencia lógica de su primera estrategia de engaño.

Hay que notar también que antes, hasta 1992, la transferencia a las universidades ya experimentaba una tendencia decreciente. La cifra de 1990 no tiene mucho valor de referencia, por la alta inflación que existía todavía en ese año. Entonces, y a causa del impuesto inflacionario, el Estado quitaba con una mano lo que daba con la otra.

Desde mediados de 1995 se había previsto el "artificio". Se inventó entonces una leguleyada: en vez de cambiar la ley "de interpretación auténtica", se decidió cambiar el nombre de las cosas. En la Ley Marco de implementación de las reformas constitucionales, que puso "fin" a la disputa Ejecutivo-Legislativo, mientras la atención de todos se concentraba en el tema de las inhibiciones, se estipuló, en el artículo 11, que se reformaba la ley de régimen presupuestario (ley no.51) "en el que se incluirá, entre otras modificaciones, el concepto de ingresos presupuestarios y la definición de ingresos corrientes, ordinarios y extraordinarios e ingresos de capital y financiamiento del déficit, como préstamos y donaciones".



Cambiando las cosas

A partir de esta Ley Marco, se llamaría "ingresos ordinarios" a los ingresos tributarios. E "ingresos extraordinarios" a los ingresos no tributarios y transferencias corrientes. De tal manera que, al estipular la ley 151 "de interpretación auténtica" que el 6% se calcula sobre "los ingresos ordinarios y extraordinarios de la nación", quedaba limitada su base sólo a los ingresos corrientes, que equivalen a la casi totalidad de los ingresos propios, pues los ingresos de capital son ínfimos, ya que la privatización de casi todo el patrimonio público no ha generado casi nada al fisco y más bien le ha costado mucho.

Estos ingresos propios - como todos saben - son mucho menores que los gastos. La diferencia entre los ingresos propios y los gastos totales es el déficit fiscal, cubierto por las donaciones y por préstamos externos. Anteriormente, todos entendían que los ingresos extraordinarios eran las donaciones y, eventualmente, los préstamos externos. Al calcular el 6% sobre los ingresos propios más las donaciones externas, se aumentaba la base del cálculo del 6%. Aun así, la base de cálculo del 6% no hubiera igualado el gasto total, pues aún faltaba incluir el financiamiento interno y externo del déficit. Es decir, los préstamos.

En el cuadro 2 se indica claramente como cambiaron las definiciones para obviar la ley. Para que no quepa duda, el Ejecutivo explica que no es posible calcular el 6% sobre las donaciones porque los donantes no están de acuerdo y porque esto puede desalentar la ayuda externa. El Ministro de Finanzas llegó incluso a decir ante el cuerpo diplomático reunido en el Olof Palme, pocos minutos antes que la lucha estudiantil cobrara su primer muerto el 13 de diciembre, que al calcularlo sobre los préstamos se estaría pagándolo dos veces, porque los préstamos sirven en parte para amortizar las deudas que corresponden a gastos sobre los cuales ya se calculó el 6% en el pasado. Es inexplicable - a no ser por lealtad ciega a una ideología - que se haya faltado así el respeto a la inteligencia ajena.

Presupuesto: 8 renglones

El asunto es sabido, pero conviene recordarlo. El Presupuesto nacional es el gasto del gobierno central, no otra cosa. Este gasto se financia por distintas fuentes, que se clasifican en 8 renglones:

1) Los impuestos.

2) Los otros ingresos corrientes (transferencias de las empresas públicas y otros).

3) Las transferencias provenientes de las ventas de activos públicos - privatización efectuada por la CORNAP, por ejemplo -.

4) Las donaciones (=transferencias) externas.

5) La venta de bonos del Tesoro a los inversionistas nacionales y extranjeros que los desean comprar.

6) Los préstamos externos.

7) Las operaciones de mercado abierto (compra de bonos del Tesoro por la autoridad monetaria).

8) El financiamiento directo, dentro de los márgenes permitidos por los equilibrios macroeconómicos.





* Propuesta Según MIFIN.

** Escenario de acuerdo con la disposición constitucional.



En cualquier país que tiene una política económica adulta, no tutelada por el FMI, el financiamiento del Banco Central al sector público, bajo las modalidades 7 y 8 es algo normal. Por convención contable internacional se considera a las cuatro primeras fuentes como ingresos y a las cuatro últimas como financiamiento del déficit que resulta de programar un gasto total mayor a los ingresos definidos en los 4 primeros renglones.

Hay algo muy importante: los contables nacionales saben perfectamente que nunca se puede relacionar directamente la fuente con el uso de los fondos. Así, cuando el gobierno repara una calle no lo hace con el dinero de tal impuesto o con la venta de tal cantidad de bonos. Simplemente lo ejecuta y el conjunto de sus gastos se van sumando hasta constituir el presupuesto total.

Naturalmente, hay recursos externos atados a proyectos. El tutelaje de nuestra política económica no sólo se observa en la política monetaria. También se ve en la definición de los proyectos públicos. Pero eso no cambia en nada el asunto. En razón de lo que los especialistas llaman la fungibilidad de la ayuda externa, el que la cooperación internacional nos financie tal o cual proyecto nos permite utilizar nuestros otros ingresos propios para otros gastos que no podríamos cubrir sin dicha ayuda. Indirectamente, la ayuda externa financia cualquier actividad o gasto público. Es sabido entre los economistas que han estudiado la ayuda externa a los países en desarrollo que, en Africa por ejemplo, los países que más ayuda para proyectos sociales o de inversión han recibido son los que más gastos militares han tenido. Es lógico: si las actividades socialmente necesarias se hacen con ayuda externa, el presupuesto público puede dedicarse en mayor medida a otras cosas.

Entonces, por qué tanto empeño en convencernos de que "la ayuda externa no se puede tocar"? Porque estos argumentos pueden tener eco en la sensibilidad popular. Corresponden también a la práctica diaria de los campesinos. Como no sabe llevar una contabilidad ni tiene un experto financiero para llevar su flujo de caja, una familia campesina utiliza este método sencillo pero eficaz y, en su contexto, perfectamente racional. Dice por ejemplo: "Con la venta de la cosecha de frijol, compré un lote de tejas para cambiar el techo de mi casa... O bien: La fiesta de quince años de mi hija la pagué con la venta de un novillo... Para el campesino, el dinero no es muy fungible: a cada ingreso le corresponde un gasto preciso y de esta forma obtiene su equilibrio presupuestario. Pero no podemos pensar que el Ministerio de Finanzas necesite recurrir a este tipo de contabilidad primitiva.

¿Cómo calcular?

Donde el carácter doloso - acto jurídico con la voluntad maliciosa de engañar a otro - de los argumentos oficiales salta a la vista es en el hecho de que hasta 1995 siempre se calculaba el 6% como se debe: sobre los gastos, aunque éstos estaban disfrazados y subvaluados.

En el cuadro 3 se comprueba que si se hubiese calculado el 6% sobre los ingresos propios - como lo pretende hoy el Ministro de Finanzas - la partida entregada a las universidades hubiera sido mayor que el 6% de estos ingresos. ¿Tanta generosidad? Sólo cuando el procedimiento amenazó con ser descubierto, se procedió a inventar una argucia que atenta contra la lógica, el sentido común, y la ciencia económica. Y sobre todo, contra el estado de derecho.

¿Cuál es el método más adecuado de calcular la subvención estatal a las universidades? No parece el método más adecuado el calcular el monto de cualquier subvención gubernamental como un porcentaje fijo del presupuesto total. Y no por los argumentos que esgrime hoy el Ejecutivo, sino porque es un mecanismo demasiado rígido y además ineficiente. En principio, se debería calcular el presupuesto en base a los costos estimados para alcanzar determinadas metas. Y eso es aplicable a todas las partidas del gasto público. Luego debería procederse a arbitrajes en función de la limitación global de los recursos disponibles. Resulta contraproducente obligar a los poderes públicos - aun cuando existiera más armonía entre los poderes de la que hoy existe en Nicaragua - a disfrazar el presupuesto: esto implica menos democracia económica para todos y amenaza el Estado de derecho.

El "milagro" que necesitamos

Sólo con la transparencia, la honestidad y las concesiones mutuas se podrá empezar a arraigar una cultura del consenso y de la tolerancia, una cultura democrática. Sólo así se podrá superar la profunda crisis entre la sociedad y el Estado en Nicaragua, de la cual la lucha por el 6% no es más que un episodio, un indicio de un mal mucho más profundo.

Los universitarios han terminado peleando y hasta muriendo no por algo que les están quitando sino por algo que nunca tuvieron. Y es justo que tengan lo que demandan: una educación superior de calidad al alcance de todos los que tienen capacidad. Nicaragua necesita esta "nueva generación" para construir una sociedad distinta a la actual, polarizada políticamente y paralizada económicamente. Una sociedad democrática. Eso que hoy nos parece "un milagro".

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