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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 166 | Diciembre 1995
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El Salvador

Desempleo y violencia: dramático ciclo

Predomina una veta de autoritarismo en el gobierno ante cualquier protesta laboral. Y predomina una escasa creatividad en las protestas de las dirigencias laborales. Mientras, no queda duda que el actual gobierno es el gobierno de los empresarios.

Juan Hernández Pico, SJ

La situación salvadoreña revela un alarmante predominio de la miseria y de la pobreza. El Salvador ocupa el puesto 115 entre las 174 naciones que estudia el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por el PNUD. El programa económico del gobierno, conocido a comienzos de 1995 y puesto en práctica erráticamente, no abre caminos de desarrollo humano. No hay tampoco conexiones entre ese programa y el desarrollo social.

La frustración de las mayorías aumenta y en ella encuentran caldo de cultivo las intenciones desestabilizadoras de los militares depurados, que apuestan al descrédito de los acuerdos de paz. A la par, las formas de protesta y de lucha de los sindicatos no logran una defensa eficaz de los derechos de los trabajadores. Con temible periodicidad, las tensiones se tornan insostenibles y la violencia golpea y desangra a los pobres a la vez que desacredita y hasta envilece a los miembros de la PNC y a los más altos responsables de la seguridad. Este dramático ciclo de pobreza y de violencia consolida la convicción de que la única salida es un gobierno autoritario.

23 de noviembre: una vez más

En octubre, los diputados aprobaron la Ley de Compensación Económica Obligatoria. Dentro del proceso de "modernización" estatal, la ley prepara la supresión de unas 15 mil plazas en el Estado. La medida provocó una inquietud generalizada: los ministros y directores de instituciones autónomas usarían la ley como pretexto para deshacerse de los dirigentes sindicales suprimiendo sus puestos de trabajo. El gobierno aceptó designar una comisión de alto nivel con varios ministros para revisar con los dirigentes sindicales las 3,400 decisiones en disputa antes de que la lista de plazas a suprimir fuera transferida a la Asamblea Nacional para una decisión definitiva. Cuando las conversaciones entre la comisión y los sindicalistas se interrumpieron por las intransigencias, los sindicatos llamaron a un paro en el Estado para el 23 de noviembre.

Ese mismo día, algunos desmovilizados organizados en la Asociación de ex combatientes y Víctimas de Guerra de El Salvador (AEGES) ocuparon el edificio del Fondo de Protección de Lisiados y tomaron como rehenes a 35 empleados. Después de negociaciones bien encaminadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos para resolver la situación, la PNC perdió la paciencia, los antimotines actuaron y su violencia desmedida transmitida por la televisión dejó un muerto (René Pineda, 27 años, ex combatiente de la Fuerza Armada), decenas de heridos, muchos rehenes y vecinos del Fondo sufriendo por los gases lacrimógenos y 30 capturados.

Por las malas

Una vez más chocaron los provocadores métodos de protesta de los desmovilizados y la violencia policial represiva, poniendo en creciente peligro el espíritu negociador, respetuoso y tolerante que demanda la transición a una democracia que humanice a El Salvador. Centrando la atención sobre los problema de "orden público", se volvió a oscurecer el fondo del problema: el desorden y la grave inseguridad que la miseria provocan.

Dos son las instituciones más novedosas sobre las que los Acuerdos de Paz han intentado construir un país donde convivan políticamente todas las alternativas: la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil (PNC). En la fatídica jornada del 23 de noviembre se produjo un muy negativo enfrentamiento entre ambas. La ONU aún presente en el país a través de MINUSAL acudió al lugar del conflicto. La Procuraduría y MINUSAL, reconociendo la razón de fondo en la protesta y la peligrosa situación creada, intentaron negociar para liberar a los rehenes y concertar un encuentro entre los desmovilizados y la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, pero a la PNC sólo parecía importarle la ruptura del orden legal ocupación de un edifico público y toma de rehenes con violación de sus derechos , y terminó actuando con evidente falta de profesionalismo.

En los dos enfoques, contrapuestos, subyacen dos visiones de la gente que protesta. La visión democrática justifica las protestas en las carencias padecidas, en los acuerdos no cumplidos o en los derechos violados. Se fija en la legalidad o ilegalidad de los medios usados para protestar, rechaza a los ilegales que rompen el orden y trata de mantener vigente la negociación y de volver al orden por procedimientos persuasivos.

La visión autoritaria privilegia el orden y la legalidad por sobre toda otra consideración. Juzga como simples delincuentes a los que usan medios ilegales para la protesta y plantea que con ellos no se puede negociar nada más que la rendición. "No se pueden usar métodos dialogantes con personas que violan la ley", afirmó el Vicepresidente de la República. Cuando la PNC dijo que no podía esperar más, a pesar de que la Procuraduría de Derechos Humanos le pedía más tiempo y ya habían sido liberados 11 de los 35 rehenes y parecía cercano un acuerdo para poner fin al incidente, se desató la violencia. Un representante de MINUSAL exclamó: "¡Ustedes quieren hacer todo por las malas!", reflejando así la indignación y frustración que producían los extremos de violencia a los que llegó la represión policial.

Falta de profesionalismo

En la televisión contemplamos con horror cómo los antimotines golpeaban a cualquier desmovilizado, aunque ya estuviera lejos del edificio desalojado. Cómo disparaban los gases directamente al rostro de la gente y a corta distancia. Cómo dispararon balas de goma al cuerpo de un desmovilizado desarmado a menos de cinco metros. Con la aorta perforada, la víctima se desplomó y la hemorragia le produjo la muerte en el hospital. Toda esta brutalidad, todos estos medios extremadamente violentos, que el fin de restaurar el orden no justifica y que probablemente hubieran sido innecesarios con algo más de paciencia, responden a una lógica irracional y muy poco profesional. No se mantiene durante horas en el lugar de los hechos, en tensa espera y descargando adrenalina, a 40 policías antimotines, con sus equipos pesados.

No se permite una operación de desalojo en tremendo desorden, sin distinguir funciones entre la primera, la segunda o la tercera fila de una formación de policías que espera la salida de la gente de un edificio inundado de gases lacrimógenos. Hay expertos asesores de la policía que afirman que no se usa a los antimotines para resolver una situación en la que hay rehenes, sino que, cuando nada logran las negociaciones, se requiere de un cuerpo especializado de asalto.

Escalada represiva

Lo más desalentador es que situaciones como las del 23 de noviembre se han venido repitiendo en escalada desde que se inició 1995. Durante la cumbre presidencial centroamericana de abril, los antimotines impidieron en las calles de la capital el paso de una manifestación de lisiados sin medirse en el uso de la violencia. Por las mismas fechas, intervinieron también violentamente en una maquiladora contra las huelguistas. En julio detuvieron en la carretera del litoral una manifestación de AEGES que se encaminaba hacia la capital y en el operativo murió un desmovilizado. En septiembre intervinieron con mucha violencia en un centro del INSS ocupado por trabajadores en protesta. Al cerrar el año se produce de nuevo un estallido de violencia.

Cada vez que la PNC actúa de esta forma, se suceden las reacciones encontradas. El Presidente Calderón, el Ministro de Seguridad Barrera y el director de la PNC Avila afirman siempre que la actuación fue legal, que la ley no distingue entre delincuentes sanos y enfermos y que hay que mantener el estado de derecho. La Procuraduría de los Derechos Humanos habla de exceso de violencia, de falta de diálogo y de una policía nacida de la sociedad civil, creada para protegerla, y que hoy corre el peligro de militarizarse, convirtiéndose en amenaza de la seguridad ciudadana. Los diputados de ARENA justifican la acción. La oposición, y especialmente los diputados del FMLN, la denuncian. Las organizaciones de derechos humanos y la UCA reclaman una Policía Nacional Civil más respetuosa de los derechos humanos y más profesional, baluarte de las libertades políticas ganadas con tanta sangre.

El director de la Policía reconoce también que siempre se puede corregir, aprender, mejorar y crecer en profesionalismo. Y es cierto. También ha habido otros casos. En el asalto a CREDISA la policía negoció, permitió la mediación de un socorrista y capturó a los asaltantes después de que éstos se rindieron. Actuó con paciencia y calma. En las ocupaciones de tierras de octubre en Ahuachapán, la PNC rodeó las fincas ocupadas, pero logró su desalojo negociando y los ocupantes pudieron plantear a la Corte Suprema de Justicia recursos de inconstitucionalidad referidos a las fincas que sobrepasan la extensión permitida por la Constitución.

Las reacciones públicas frente a los dramáticos acontecimientos del 23 de noviembre revelaron en los primeros momentos desconcierto e intransigencia. El Presidente Calderón evadió definirse sobre si la PNC actuó o no con exceso de violencia, señalando que la violencia no es un medio lícito para hacer valer derechos. Habló de AEGES como de "grupos que no entienden que esas cosas han quedado en el pasado", sin añadir que también debería haber quedado en el pasado la gran facilidad con que la policía recurre a la violencia represiva.

FMLN: "un asesinato"

Las más desequilibradas declaraciones vinieron del Ministro de Seguridad, Hugo Barrera, que acusó a la Procuraduría de Derechos Humanos de ser también responsable de lo ocurrido, por haberse parcializado en favor de AEGES y contra la PNC. El nuevo Inspector de la PNC, Víctor Valle, se expresó con gran cautela, anunciando que investigará a fondo no sólo las órdenes que se dieron sino también el estado de ánimo de los agentes, señalando lo "lamentable" de la muerte del ex combatiente, pues la función principal de la PNC es la protección de la vida. El Ministro de Defensa destacó la prioridad de restablecer el orden y el principio de autoridad cuando un sector de la población los viola.

Las declaraciones más increíbles fueron las de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gloria Salguero, de ARENA, que justificó la muerte del ex combatiente por el nerviosismo e incertidumbre que en la PNC produce el no saber si la gente que corre en una multitud manifestante lleva o no armas o granadas. El agente que disparó la mortífera bala de goma alegó que nunca se le había instruido en la capacidad de matar de tales armas y dijo que en su máscara antigás se había filtrado el gas. El director de la PNC aseveró que se desobedeció la orden expresa de no disparar ni a menos de 15 metros ni por encima de las rodillas.

El coordinador del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, habló de "asesinato" y dio a conocer un documento, presuntamente emanado de un alto mando policial, que habría sido distribuido internamente en la PNC señalando que entre el 13 y el 17 de noviembre sindicalistas y políticos del FMLN preparaban paros laborales con ocasión del decreto de supresión de plazas estatales, con la intención de "crear la paralización del país, inestabilidad e ingobernabilidad, provocando una insurrección que obligaría a sacar el ejército a las calles y llevaría a una revuelta armada". Sánchez Cerén exigió al gobierno una explicación.

La declaración más ecuánime fue la de la Procuradora de Derechos Humanos. Habló de una responsabilidad compartida entre AEGES y la PNC: los desmovilizados por tomar rehenes y la PNC por el exceso de violencia que resultó en homicidio. El arzobispo de San Salvador manifestó que no se puede juzgar a la PNC únicamente por la muerte de un ex combatiente. Reafirmó la responsabilidad de la PNC en poner en orden las cosas "cuando hay violación de derechos humanos y secuestros" en una protesta. Llamó a la PNC a revisar sus procedimientos, recordó que "la violencia genera violencia" y expresó la esperanza de que esta muerte haya sido "un llamado para evitar confrontación y usar los métodos democráticos para buscar solución a los problemas".

Este grave acontecimiento se dio en el marco de la inquietud laboral provocada entre los trabajadores del Estado por la Ley de Compensación y el esperado y temido desempleo de miles. Es el fantasma del desempleo el que recorre el país y pone a los trabajadores en un estado de ánimo extremadamente inflamable. La comisión de alto nivel, integrada por los Ministros de Trabajo, Seguridad, Hacienda e Interior, creada para dialogar con los sindicalistas y con los responsables de las diversas unidades ejecutivas del Estado, interrumpió las conversaciones el 22 de noviembre. Los sindicalistas pidieron entonces una audiencia con el Presidente de la República.

Gobierno de empresarios

Las respuestas a la interrupción del diálogo no revelaron mucho espíritu democrático. Hugo Barrera, Ministro de Seguridad, comentó que la interrupción pudo haberse debido a dos razones: "Una: tratan de lograr otro tipo de propósitos desestabilizadores. O no se han presentado (los dirigentes sindicales) porque desde las primeras reuniones se dieron cuenta de que no se han cometido arbitrariedades". El Presidente Calderón Sol aceptó reunirse con los trabajadores, pero recordándoles que con medidas "radicales" no se resuelven los problemas y advirtiendo: "Estos dirigentes siempre se quieren atribuir mayor representación de la que tienen".

Difiere notablemente esta reacción de la que el Presidente tuvo cuando los dirigentes de la empresa privada reclamaron en octubre lo que dieron en llamar el "acoso fiscal" de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Tal acoso denunciaron se traducía en inspectores lebreles que se presentaban a las empresas pidiendo los libros, revisando las cajas, exigiendo planillas y aplicando multas por infracciones, sin aceptar los plazos que los empresarios solicitaban. No se trata de defender a los evasores de impuestos afirmaron los dirigentes empresariales sino de no espantar la inversión con celo mal entendido. Y aunque un presupuesto balanceado y los planes de desarrollo social dependen del ingreso fiscal, el Presidente de la República respondió inmediatamente a la demanda de los empresarios, declarando que, efectivamente, no se puede permitir una especie de "terrorismo" administrativo fiscal que ahuyente a los empresarios en su espíritu productivo. La Prensa Gráfica sugirió que el Estado se discipline para no caer en "adicción tributaria". Y antes de finalizar octubre, el director General de Impuestos Internos fue reemplazado.

Una señal más que no deja lugar a dudas que éste es el gobierno de los empresarios. Queda por ver si algún día será también el gobierno de los trabajadores asalariados y el de los nacidos pobres que abrigan la esperanza de no morirse tan pobres como nacieron.

En la última encuesta de opinión pública realizada por el IUDOP de la UCA, los salvadoreños que consideran que la situación política ha empeorado después de las elecciones del 94 son casi el doble (40.1%) de los que piensan que ha mejorado (21.7%). Un 48% de los salvadoreños afirma no tener ningún interés en la política, mientras que otro 37.6% manifiesta tener poco interés. Un 45.5% de los salvadoreños piensa que actualmente El Salvador no es democrático, frente a un 40.7% que dice que sí. Un poco más de la mitad de los salvadoreños (50.9%) juzga que las elecciones han sido poco útiles para el proceso democratizador y sólo una cuarta parte (25.4%) cree que fueron muy útiles. Un 54.7% de los salvadoreños quiere que se hagan reformas en el sistema social del país y un 36.7% quiere cambiarlo totalmente. Un 76.1% de los salvadoreños tiene ninguna o poca confianza en los partidos políticos y un 74.4% afirma lo mismo del Presidente de la República. El 70.9% desconfía de la Asamblea Legislativa. A la luz de estos resultados no es de extrañar el ausentismo del 43% de los carnetizados que en 1994 no fueron a votar.

"Un hombre fuerte"

Los salvadoreños señalan una vez más que los principales problemas que les afectan son las situación económica (47.7%) y la delincuencia (37.1%). Casi una tercera parte de los salvadoreños (32.3%) no espera nada de los políticos para la solución de los problemas del país. Son más (50.4%) los que esperan algo ("que ayuden al pobre", "que mejoren al país", "que hagan cambios económicos", "que cumplan sus promesas", "que sean honestos", etc.). Tal vez la opinión más notable es la de ese 75.8% de salvadoreños que cree que "lo que El Salvador necesita es un hombre fuerte y decidido que ponga orden".

Ninguno de los políticos actuales parece responder a esta imagen. Ninguno llega a una calificación de 6 en una escala de 0 al 10. Sólo cuatro superan el 5: Cristiani (5.95). Kirio Waldo Salgado, el ultraderechista denunciante de presuntos corruptos en los gobiernos de ARENA: (5.5). Abraham Rodríguez, fundador y ex candidato del PDC: (5.31) y Rubén Zamora (5.08). El Presidente Armando Calderón Sol es calificado con un 4.57, Shafick Handal con un 4.47 y Joaquín Villalobos (3.86) y Gloria Salguero (3.8) cierran la lista con las más bajas calificaciones. A la hora de indicar su intención de voto si las elecciones fueran el próximo domingo, los que no votarían por ningún partido (19.6%), los que no saben por cuál votarían (36%) y los que dicen que el voto es secreto (4.7%) suman en conjunto un 61.3%. Por ARENA dicen que votarían un 15.9%, por el FMLN un 12.3%, por el PDC un 4.9% y por el partido que Kirio Waldo Salgado ha fundado, el liberal democrático (PLD), un 2.6%, siendo este porcentaje notable dentro del actual espectro político.

En el anochecer del 23 de noviembre, después de que la televisión pasó las dramáticas imágenes de la violenta represión policial a los ex combatientes, corrieron rumores de un golpe de Estado. Fueron inmediatamente desmentidos por el Presidente y el Ministro de la Defensa. Rumores o no, es evidente que algo marcha mal en la transición democrática de El Salvador. Y no sólo porque las imágenes televisivas de una represión tan indiscriminada y cruel hayan dado la vuelta al mundo.

Las acusaciones de corrupción se han multiplicado contra magistrados, contra miembros de la PNC, etc. La ira presidencial ante las denuncias contra las empresas maquiladoras que no respetan los derechos laborales contenidas en una carta al Congreso de los Estados Unidos firmada por diputados del FMLN estalló incontenible. Malnacidos y traidores", que "dejan en la calle a miles de trabajadoras": así acusó Calderón Sol a los diputados del FMLN, que emplazaron al Presidente a preocuparse más por la explotación y maltrato a las trabajadoras.

El problema real

En el fondo de todo está el problema real: una economía cuya actual estructura la hace incapaz de un crecimiento sostenible. Un fondo de compensación social politizado y un plan de desarrollo social sin conexión ninguna con una reestructuración económica. Y una reforma educativa, solitaria en su acierto fundamental. Todo esto es caldo de cultivo para la inestabilidad y la violencia, que golpean al país con intolerables y cíclicos ritmos.

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