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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 166 | Diciembre 1995
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Nicaragua

Lisiados de guerra: ¿al amparo de qué leyes?

La Ley 98 de abril de 1990 y el decreto-ley que creó INVICTA en febrero de 1991 garantizan sus derechos a los lisiados de guerra de ambos bandos. ¿Quién cumple hoy esas leyes? ¿Se transformarán en limosnas esos derechos ganados?

Equipo de Atención a Lisiados de Guerra del IHCA

Qué queda de la guerra en Nicaragua? A diario se repite que todo eso quedó atrás, que está superado, que debe superarse... pero más de once mil jóvenes nicaragüenses no pueden olvidar. Son los discapacitados de guerra. En sus cuerpos y en sus mentes, las huellas del dolor reviven a diario lo que para los demás es ya pasado. Carecemos de datos estadísticos precisos sobre cuántos son
los discapacitados de guerra nicaragüenses y cuáles son exactamente sus necesidades. Se calculan unos 11,500, la mayoría entre 25 35 años. Se calcula también que de ese total, un 65% combatió en las filas sandinistas y un 35% en las de la Resistencia y que un 64% de los discapacitados son de origen campesino.

"Nadie se acuerda de nosotros"

En los años 80, a estos jóvenes les tocó la carga más pesada de la crisis político militar. La aceptaron motivados por un idealismo a veces heroico. Hoy, les toca cargar con la peor parte de la crisis económica y social, mientras su heroísmo de ayer es juzgado como tontería en una época sellada por el cinismo, el desencanto y la confusión. La crisis ética y política que atraviesa hoy a toda la sociedad nicaragüense afecta gravemente a los discapacitados, muchos de ellos héroes de una guerra olvidada. "En Nicaragua, los políticos solo están interesados en hablar de la ley de la propiedad, de la ley electoral, de la privatización, pero nadie se acuerda de hablar de nosotros. Nadie nos hace caso, ni los líderes de la contra ni los sandinistas ni los del gobierno dice Carlos Mena, un joven chontaleño que perdió su brazo izquierdo durante el servicio militar y hoy estudia tercer año de Derecho .

Hace 15 años se fundó la ORD (Organización Revolucionaria de Discapacitados de Guerra) para defender los derechos morales y legales de los discapacitados sandinistas. Pero, al igual que otras organizaciones gremiales sandinistas, la ORD ha enfrentado divisiones y conflictos internos que la han debilitado notablemente. Hoy, los lisiados buscan cada vez con mayor determinación y lucidez la unidad. Ellos, los políticos, están divididos y sólo miran sus intereses personales. Pero nosotros, los lisiados de guerra, estamos claros que no podemos seguir divididos en contras y sandinistas", dice Mena.

"Nada han cumplido"

Sobre los discapacitados de guerra ha habido acuerdos. Para ellos se han dictado leyes. Todos, ex sandinistas y ex contras están unidos al afirmar que no ha habido seriedad en el cumplimiento de los acuerdos ni en el respeto a las leyes. Dos son las leyes actualmente vigentes: Ley que garantiza los derechos y beneficios a los discapacitados de guerra pertenecientes al Ejército Popular Sandinista y a los Cuerpos de Seguridad y Orden Interior del Estado (Ley 98), del 20 de abril de 1990 y un decreto ley denominado Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Atención a las Víctimas de Guerra (INVICTA), del 14 de febrero de 1991.

En 1990, con la inesperada derrota electoral del gobierno sandinista, se redactó y aprobó apresuradamente la Ley 98. Su objetivo: asegurar un marco legal a los discapacitados de guerra de las fuerzas armadas sandinistas para que pudieran reclamar sus derechos, recordando a toda la sociedad su deuda moral con ellos.

INVICTA fue fundada en 1991 por el gobierno Chamorro para "la protección y ayuda de todas las personas que fueron afectadas en forma directa e indirecta por la guerra". Al ser una organización para todos, sin distinción política, el universo de sus beneficiarios incluía a las madres de todos los caídos, a las viudas y huérfanos de guerra y a todos los lisiados representados en la Organización de los ex combatientes de la Resistencia Nicaragüense (ADRN) y en la ORD.

La realidad es que una mayoría de los potenciales beneficiarios de la Ley 98 y del posterior decreto de creación de INVICTA, los discapacitados, no saben ni que estas leyes existen. "Como lisiados de guerra dice Manuel Rosales, un matagalpino ex EPS que perdió su ojo derecho y hoy sobrevive vendiendo ropa , nos sentimos desprotegidos. Estamos desorganizados y no tenemos un plan de lucha articulado". Y añade: "Algunos de nuestros dirigentes conocían estas leyes, pero las engavetaron y fue hasta finales de 1993 que en algunas zonas Masaya, Granada, Chontales, Boaco, Carazo se comenzaron a divulgar y estudiar". Según algunos discapacitados, este paso "fue como salir de la oscurana, pues estábamos conociendo unas leyes que habían sido promulgadas a nuestro favor hacía cuatro años y estaban prácticamente olvidadas". Y así permanecen. Porque la realidad es que la Ley 98 se ha ido debilitando durante estos cinco años de exis tencia, hasta llegar a una especie de desaparición silenciosa, mientras que INVICTA es casi inoperante.

En el caso de los discapacitados de guerra que pertenecían a la Resistencia, los acuerdos firmados con el gobierno el 20 de mayo de 1990 también duermen en el olvido. "Los acuerdos eran compromisos de obligatorio cumplimiento para el gobierno. Pero el gobierno no tiene ningún plan que busque solucionar nuestros problemas afirma Juan Peña, discapacitado de la Resistencia . Nos ofrecieron programas especiales de rehabilitación, programas productivos para nuestra reinserción en la vida nacional. Nos prometieron tierra, vivienda, salud. Pero nada de eso se ha cumplido. El gobierno y los políticos hablan de reconciliación, de rehabilitarnos, de reinsertarnos a la vida civil, pero todo se queda en palabras".

"Nos obligan a rearmarnos"

La ignorancia y el abandono legal, también la confusión, se agudizaron en 1995 con la aparición de una nueva ley: Ley de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea Nacional según informó un diario nicaragüense el 29 de agosto de 1995, pero cuyo texto nunca ha aparecido en la Gaceta ni ha sido publicado en ningún otro medio escrito del país. Es prácticamente imposible que los legisladores faciliten el texto a quien lo solicita y resulta difícil hacer claridad sobre el procedimiento que se siguió para la aprobación de esta ley.

Se sabe que la nueva ley consta de 24 artículos y establece que será el Ministerio de Salud el responsable en todo el país de los problemas referidos a la discapacidad. En opinión de Jerónimo Silva, abogado que colabora con los discapacitados de las ciudades de León y Chinandega, es éste un aspecto esencial y preocupante de la nueva ley. "La responsabilidad institucional se traslada del Ejército al Ministerio de Salud. Este cambio de competencia puede implicar que se pretenda meter en un mismo paquete legal a los discapacitados de guerra con otras personas que sufren discapacidad por razones ajenas a la guerra, por accidente o por enfermedad. Este cambio legal podría tener un trasfondo político. Podría tratarse de una muy sutil maniobra para hacernos olvidar que tenemos una responsabilidad jurídica y moral con los discapacitados de guerra, independientemente de sus ideologías. Podría estarse buscando hacer borrón y cuenta nueva con nuestra historia de lucha, con nuestra memoria histórica".

¿Por qué ha sucedido y está sucediendo esto? Todo apunta a que los incumplimientos se deben a políticas gubernamentales excesivamente cortoplacistas, a deficiencias organizativas y éticas de quienes durante la guerra fueron dirigentes de los hoy lisiados y a la insensibilidad de la sociedad civil. Son realidades que generan hoy inestabilidad a todos los nicaragüenses, no sólo a los discapacitados.

"La falta de un programa de gobierno que nos ayude a integrarnos en la vida civil ha sido motivo de desórdenes dice Pedro Urcuyo, discapacitado de la Resistencia que atiende a los clientes de su pulpería en una silla de ruedas, amputadas sus dos piernas. Algunos políticos y gente del gobierno nos han querido desprestigiar diciendo que somos guerreristas y violentos. Pero no tenemos gente que nos apoye para hacer gestiones legales con las que defender nuestros derechos. Esta es una razón por la que mucha gente se ha rearmado hasta cuatro veces. Si no hay dinero y los chavalos se están muriendo de hambre y no tenemos trabajo, nos obligan a volver a armarnos. Nadie se preocupa por saber cómo sobrevivimos y cuál es nuestro sufrimiento".

"La pensión es una tontera"

¿Cómo sobreviven los jóvenes discapacitados? En un país empujado masivamente a niveles de pura sobrevivencia, estos heroicos veteranos de guerra tienen grandes desventajas. Están discapacitados: han sufrido amputaciones de uno o dos miembros, padecen ceguera y sordera, enfrentan trastornos en su sistema físicomotor, tienen problemas en su sistema nervioso sicosis, esquizofrenia . Algunos conviven con charneles que les provocan intensos dolores y que son ya parte de su cuerpo: están ubicados en zonas donde son difíciles de extraer o no tienen dinero para liberarse de ellos con una operación.

Dependiendo del tipo de lesión, los discapacitados que pertenecían a las fuerzas armadas sandinistas reciben pensiones mensuales entre 100 y 380 córdobas (14 54 dólares). Como no se han revalorizado ni éstas ni ninguna otra pensión, la Organización de Revolucionarios Discapacitados (ORD) interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en agosto de 1993, reclamando la revalorización. Pero nunca hubo respuesta de la Corte.

"Apuradamente se pasa con ese dinero que nos da el gobierno afirma Esteban Pérez, un masaya que perdió su mano izquierda y hoy siembra con su padre maíz y frijoles . Es una tontera esta pensión, pero uno no puede reclamar, porque para el gobierno no tenemos ningún mérito. Yo tenía una pensión de 150 córdobas y ahora sólo me dan 70, y sin ninguna explicación".

En realidad, la ayuda oficial es casi nula. El valor promedio de la canasta básica de 53 productos que una familia nicaragüense de 6 miembros necesita para sobrevivir es aproximadamente 1,250 córdobas (166 dólares). Si en Nicaragua como lo han mostrado recientes estudios de Nitlapán UCA , el 20% de la población vive en extrema pobreza y casi el 54% de los hogares urbanos se encuentran en pobreza crónica, no es aventurado suponer que muchos discapacitados están dentro de estas categorías.

Para los que viven en Managua la sobrevivencia tiene dificultades adicionales por tratarse de una ciudad que crece en desorden y sin planificación, donde nunca se toman en cuenta las necesidades de los discapacitados, que transitan en la ciudad como en un nuevo campo de batalla. ¿Quién cumple el artículo 11 de la Ley 98, que dice: "El Estado y las empresas privadas de servicio público eliminarán progresivamente las barreras materiales y arquitectónicas que impidan el acceso y desplazamiento de los discapacitados en los edificios y vías públicas"?

"Nos sentimos como estorbos"

Si el desempleo es la más destructiva epidemia que castiga a Nicaragua, los índices de desempleo son superiores entre los discapacitados. No existe ni un solo instrumento legal ni ningún programa institucional de capacitación que trabaje coordinadamente con alguna instancia gubernamental comprometida a asegurar empleos a los discapacitados. "Nos sentimos humillados cuando llegamos a un centro de estudio a pedir una beca o cuando pedimos que nos esperen unos días mientras conseguimos algunos realitos para cancelar lo que debemos comenta Virgilio Céspedes, quien sin su pierna derecha se gana la vida vendiendo lotería y "raspadita" . La respuesta es siempre negativa y de rechazo. Sabemos que por el artículo 20 de la Ley 98 tenemos derecho de beca en los centros técnicos y en otros centros de estudios. Pero eso no les importa a los directores. Ellos sólo quieren el dinero y no les importa quiénes seamos. Nos sentimos como estorbos".

En una encuesta realizada por el Programa de Derechos Humanos de la UCA y el Proyecto de Lisiados de Guerra del Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) entre 2 mil discapacitados de guerra de la Resistencia y del EPS en los departamentos de Ocotal, Chontales, León, Masaya, Carazo y Granada, se obtuvieron los siguientes datos:

- 35% cursó hasta segundo grado de primaria.

- 30% son analfabetos.

- 16% aprende oficios en talleres de carpintería o mecánica, pero no obtendrán un título.

- 7% estudia secundaria, principalmente en el turno nocturno.

- 5% finalizó la primaria.

- 4% finalizó la secundaria, pero no ha tenido oportunidad de ingresar a la universidad.

- 2% realiza estudios universitarios.

- Sólo el 1% son profesionales.

Son datos que confirman que en todas las guerras los más pobres son los que pagan los más altos costos.

Una gran mayoría de los discapacitados de guerra que son profesionales no ejercen su profesión por el alto índice de desempleo que existe en el país y se han visto obligados a integrarse al sector informal. "En muchas empresas y centros de trabajo piensan que como tenemos algunos defectos físicos no les vamos a rendir como una persona normal señala Víctor Artola, licenciado en administración de empresas que vende panes y galletas en el mercado . En mi experiencia de buscar trabajo noté que la gente dueña de los negocios nos ven con desconfianza a pesar de presentarles el título. Creen que en vez de responderles con efectividad en el trabajo, les podemos afectar por nuestros problemas de salud". El artículo 14 de la Ley 98 dice: "En igualdad de capacidad y requisitos que otros postulantes, tendrán derecho preferencial al puesto de trabajo que soliciten en cualquier centro de trabajo del país, sea éste público o privado".

"Son leyes de escritorio"

"Toda esta dura realidad señala la siquiatra Socorro Pérez exige implementar con urgencia para los discapacitados de guerra programas de rehabilitación y readaptación a la vida civil. Muchos de estos muchachos sufren de estados mentales depresivos, de sicosis de guerra y de ansiedad, problemas que se convierten en crónicos y que son difíciles de combatir al encontrarse el discapacitado y su familia imposibilitados de poder asegurar la alimentación diaria, la salud y la educación. Este estado de frustración y de abandono, unido a la ausencia de alternativas, los induce a depender del alcohol y de las drogas, viendo en ellas un refugio para una situación realmente asfixiante. La terapia individual o familiar que se realice con el discapacitado debe ir acompañada necesariamente de un proceso de inserción en la vida productiva. El aspecto sicológico, el apoyo espiritual religioso y la seguridad económica son fundamentales para que el discapacitado pueda lanzarse a su nueva realidad. De lo contrario, la inseguridad y la frustración seguirán profundizándose en la conciencia de estos jóvenes. Desafortunadamente, el artículo 6 de la Ley 98, donde se establece la atención sicológica y siquiátrica gratuita para el discapacitado y el artículo 14, donde se promete asegurarles un puesto de trabajo, son leyes de escritorio sin ninguna ejecución".

"Ya no creo a los dirigentes"

La carga de dolor y de incertidumbre que pesa sobre los hombros de los discapacitados de guerra que viven en el campo es aún mayor. En primer lugar, porque en el campo es más difícil conseguir medicamentos, prótesis, muletas, aparatos para los oídos y otros remedios que ayudan a sobrevivir.

En el campo están también los robos, los secuestros, el abigeato, los asesinatos a familias enteras por venganzas políticas, las violaciones a mujeres y niños y la ineficacia en la administración de la justicia, que provocan un permanente sentimiento de miedo y de parálisis entre el campesinado. Los discapacitados de guerra sufren doblemente estos graves problemas. "La situación aquí en el campo está crítica afirma Mario Mena, quien después de dos operaciones aún lleva en su rostro huellas de charneles . En lugares como Matagalpa y Jinotega nos pagan 5 córdobas al día (0.70 centavos de dólar). No tenemos tierra porque ya la tuvimos que vender. Tenía dos vaquitas y me las robaron unos hombres armados. Estamos sin apoyo de nadie. Y algunos derechos que teníamos como lisiados, ¿dónde están? Ya los hemos perdido. Antes yo estaba organizado como campesino para defender la tierra, como se decía en la revolución. Pero ahora muchos dirigentes son ricos y no es lo mismo. Ya no se defiende al campesino. Ya no les creo".

La encuesta realizada por el Programa de Derechos Humanos de la UCA y el equipo IHCA revela que el 85% de los discapacitados que viven en el campo tiene problemas con la legalización de sus tierras, a pesar de que el artículo 13 de la Ley 98 exige para ellos la "asignación de tierras". El 90% no recibe apoyo del sistema financiero nacional porque, según afirmaciones de algunos funcionarios que autorizan el crédito, "las pequeñas parcelas de autoconsumo no son rentables".

La inseguridad en la tenencia de la tierra al carecer del título de propiedad, la ausencia de financiamiento y la falta de apoyo a la comercialización de sus productos, y graves problemas de salud o muertes, han obligado al 68% de los discapacitados encuestados a vender total o parcialmente algunas de sus parcelas a muy bajo precio.

Los discapacitados de la Resistencia sostienen que los acuerdos del 20 de mayo de 1990 han sido un fracaso en su implementación. La legalización de las tierras que les entregaron al finalizar la guerra, y la ejecución de programas productivos que les asegurarían a ellos y a sus familias un desarrollo integral en su incorporación a la vida civil, han sido sólo promesas muy publicitadas. "Nos hemos salvado porque algunos organismos que no son del gobierno nos han ayudado para no morirnos de hambre opina Carlos Machado que perdió el ojo y el oído izquierdo y se gana la vida haciendo zapatos . Pero no le hemos visto la cara a nuestros líderes de la Resistencia. Nos dicen que ya nos viene la ayuda, pero todo se queda en palabras. La gente de otros países que no son nicaragüenses nos dan ayuda. Pero aquí en nuestra propia tierra nos hacen sentir como basura".

"Sólo nos dieron un carnet"

La experiencia de los discapacitados en sus intentos de dialogar con funcionarios del gobierno ha sido frustrante. En los pocos casos en que algunos han aceptado recibirlos, argumentan que la Ley 98 no es válida o la interpretan a su manera. También abordan con poca claridad todo lo relacionado con los acuerdos firmados con los discapacitados de la Resistencia.

"Lo más grave en este momento señala Jerónimo Silva es que el Ministro Director del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguro Social) suspendió en octubre/95, en claro desacato a la Constitución, los trámites de pensiones de miles de personas, entre ellos ex miembros de la Resistencia y del EPS. La razón para suspender el trámite de pensiones de las víctimas de guerra fue que su institución no puede aceptar constancias extendidas sobre hechos ocurridos antes de 1990. Sin embargo, según el artículo 113 de la Ley de Seguridad Social las prestaciones por incapacidad se ajustarán a sus disposiciones `aun cuando la causa de la contingencia haya ocurrido con anterioridad'".

Con todo y estos derechos legales, el INSS ha expresado públicamente que los discapacitados de guerra no forman parte de la Seguridad Social y no pueden convertirse en pensionados por no haber cumplido con el sistema de cotización de todo asegurado activo. Según datos del CENIDH, son más de 20 mil las víctimas de guerra de los dos bandos lisiados, huérfanos y viudas que nunca han recibido pensiones del INSS, mientras esta institución asegura no tener fondos para cubrirlas.

La ORD ha denunciado unos 20 casos que demuestran con claridad que la política del INSS es hacer desaparecer las pensiones totales y sólo asumir las parciales. Los discapacitados denuncian que el trámite de una pensión tarda de 6 a 12 meses. Según un funcionario del INSS, esta institución percibe el 17% por cada trabajador en planilla y este porcentaje lo utiliza de la siguiente manera: Para enfermedad y maternidad: 8.5%. Para riesgos profesionales: 1.5%. Para invalidez, vejez y muerte: 5.5% Y para víctimas de guerra, sólo el 1.5%.

"En el caso de INVICTA expresa Cándido Rojas , institución que supuestamente fue creada por el gobierno para dar atención a los principales problemas de todos los lisiados de guerra, podemos decir que en cinco años no ha hecho casi nada por nosotros. Sabemos que en el año 1994 el Director de INVICTA fue entrevistado por un periódico y allí decía que tenía medio millón de dólares para vivienda, salud y capacitación del lisiado. Pero el BAVINIC nos vende viviendas a precios especulativos y es imposible para nosotros pagar esas cuotas. Lo único que ha hecho INVICTA es darnos un carnet".

A pesar de tantísimos obstáculos institucionales, algunos discapacitados se refieren a realidades concretas que demuestran que con su capacidad organizativa han hecho prevalecer aspectos de la Ley 98. En algunos municipios se han firmado acuerdos con las Alcaldías relacionados con la exoneración de impuestos para trámites de partidas de nacimiento, rodamiento de bicicletas, renovación de licencias de conducir y permisos para pulperías o puestos en los mercados. Son pequeñas reivindicaciones que hay que mantener en un país donde las privatizaciones están creando las condiciones para nuevas y mayores violaciones a los derechos humanos, económicos y sociales de los más pobres, condenados a carecer de los servicios básicos o a recibirlos de muy mala calidad.

"Ellos tienen lisiada el alma"

Los discapacitados tienen como demanda fundamental que en cualquier ley que a ellos se refiera se incluya como beneficiarios a todos los que sufrieron en su cuerpo por la guerra, independientemente de sus adhesiones políticas. La contradicción entre discapacitado de la Resistencia o discapacitado sandinista tiene que desaparecer. Es ésta la principal debilidad de la Ley 98, elaborada para beneficiar únicamene a los discapacitados de las fuerzas armadas sandinistas. "Nos interesa que se mantengan los beneficios de la Ley 98 dice Milton Cuevas, que perdió su brazo derecho y hoy estudia bachillerato , pero queremos que se hagan extensivos a los lisiados de la ex Resistencia. Ellos también sufren y también han sido engañados como nosotros. En eso hay unanimidad".

Por otra parte, la nueva y aún desconocida ley aprobada en 1995 no debe convertir los beneficios a los discapacitados en una pura compensación social, en "limosnas", obviando que los lisiados demandan derechos y oportunidades para ejercerlos. "La nueva legislación puede hacer del discapacitado un objeto y no un sujeto de la misma señala el abogado Felipe Mena y eso es lo que hay que evitar. Si esta es la lógica de la nueva ley, con recursos legales se estaría despojando al discapacitado de un derecho histórico y moral que tienen con él; todos los futuros gobiernos de Nicaragua y su sociedad civil".

En esta nueva ley se reconoce la responsabilidad del Estado en la atención a los discapacitados. ¿Qué significa esto en el modelo neoliberal, que despoja al Estado de todas sus responsabilidades sociales? La exención de pago en todos los centros educativos del país es un beneficio que difícilmente se mantendrá si se privatiza la educación. En la práctica y a pesar de lo que dice la Ley 98, los discapacitados ya están pagando una serie de servicios médicos que antes recibían de forma gratuita. Y en lo laboral la situación no es nada alentadora, teniendo en cuenta que la dinámica neoliberal se basa en la competencia despiadada.

¿Qué Estado será responsable de los lisiados de guerra? En las actuales condiciones de Nicaragua, es ésta la pregunta fundamental. Las instituciones del Estado y los políticos que están al frente de ellas son gravemente cuestionados y vistos como irresponsables por una gran mayoría de nicaragüenses. También por los lisiados. En la encuesta realizada por el Programa de Derechos Humanos de la UCA y el equipo IHCA, el 75% de los lisiados encuestados afirmó "no creer en ningún político, ni de izquierda ni de derecha", porque "son mentirosos y ambiciosos" y porque "buscan su rápido enriquecimiento a costa de la gente". "Son discapacitados éticos dijo uno . Ellos son los que tienen lisiada el alma".

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