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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 166 | Diciembre 1995
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Nicaragua

Cuando la democracia es anarquía

El país se ha "feudalizado". Todas las dinámicas son fragmentarias y todas las lógicas son cortoplacistas. Los grupos de poder están midiendo fuerzas.

Equipo Nitlápan-Envío

El ambiente de la Purísima, de la Navidad y del fin de año y el receso de actividades en el gobierno atenúan la atención que la población -preocupada por sobrevivir un año más o tensada por los gastos extraordinarios de las fiestas- presta a los problemas nacionales. Mientras, la erupción del volcán Cerro Negro agregó tragedia y espectáculo a la despedida de 1995.

El bullicio navideño coincide con realidades preocupantes: la caída de los precios internacionales del café, las protestas por la privatizacion de TELCOR, los reclamos de los productores por el plan Cobra, la drástica restricción del dinero circulante hecha por el Banco Central, el aumento de la leche, las movilizaciones universitarias reclamando el 6% del presupuesto, las consecuencias de la finalmente aprobada Ley de la Propiedad, las novedades de la Ley Electoral, el Presupuesto para 1996 y los resultados de la reunión de los países donantes con el gobierno para conocer su Plan Nacional de Desarrollo Sostenible. El bullicio navideño disimula mejor el marasmo en el que está inmerso el gobierno al cerrar 1995 y entrar en su último año de gestión.

Falsas imágenes de normalidad

La prematura definición de alianzas electorales y candidaturas presidenciales para los comicios de 1996 absorbió en los últimos meses todas las energías de la clase política. Para los políticos que están en el gobierno, esto ha tenido consecuencias en el manejo de la economía y se ha reflejado más específicamente en el mal desempeño del programa ESAF, que sufrió dos reprogramaciones en lapsos muy cortos, provocando el cierre de los créditos y mayores restricciones financieras. Exitos como los registrados en la renegociación de la deuda externa y en el control de la inflación, corren incluso peligro con el actual desgobierno.

Aunque al finalizar 1995 el gobierno trata de vender la imagen de que, a pesar de todo, el ESAF culminará con éxito, todo está en orden y el proceso electoral va por buen camino, los fundamentos de la conflictividad y la inestabilidad que caracterizaron 1995 no están ni resueltos ni olvidados.

El fantasma de Pedrarias

1995 fue un año de creciente desgobierno y de desintegración institucional. El endeble andamiaje institucional armado por el gobierno Chamorro ha estado minado en sus mismos cimientos por una lucha sin cuartel para definir y para mantener la continuidad del proyecto oligárquico que tutelan en el país los organismos financieros internacionales.

La naturaleza profundamente antidemocrática y antinacional de este proyecto oligárquico se ha ido revelando cada vez con mayor claridad en el extremismo con que el gobierno enfrenta todos los desafíos que le exigen cambios o cualquier reacomodo de cuotas de poder. Se ha ido haciendo costumbre que todos los diferendos se resuelvan en el filo de la navaja, con el país al borde del abismo. Este método de "intransigencia e imposición a toda costa" no permite una visión estratégica, imprescindible en el proceso de consolidación democrática.

Es éste un método que se nutre de la tradición política más atrasada y autoritaria de la cultura política nacional. El fantasma del Comendador Pedrarias Dávila, señor de horca y cuchillo, con un poder absoluto promotor de una absoluta corrupción, está vivo y es el centro del imaginario político que inspira a todos los que hasta hoy han asolado a Nicaragua. Dada esta negativa tradición política, la irreductible discordia entre los grupos de poder y la esporádica resistencia popular eventualmente llega a ser estallido social han favorecido históricamente la debilidad del orden institucional, la actuación depredadora de los grupos dominantes y la intervención de fuerzas internacionales para definir el rumbo del país.

Así sucede hasta el día de hoy. En 1995 se vivieron dos grandes crisis institucionales, plagadas las dos de huelgas, protestas, desalojos de propiedades y violencia cotidiana. La incapacidad del sistema político para resolver estas crisis, provocó que fueran "terciadas" por actores externos. Pero, con su intervención, éstos evitaron únicamente la ingobernabilidad incontrolable. Quedaron ahí los problemas mayores y de fondo: están afectadas las bases de la gobernabilidad, crece la deslegitimación del proceso democrático siempre presente la tentación de interrumpirlo , avanza una corrupción escandalosa con meteóricos amasamientos de fortunas personales, no hay reglas del juego claras, se sigue desacatando a discreción las leyes y el orden jurídico y se mantiene claramente establecida la jerarquía: ciudadanos de primera con acceso a los beneficios de la política económica y con impunidad en sus actuaciones, ciudadanos de segunda que difícilmente sobreviven con sus salarios, y ciudadanos de tercera excluidos de toda oportunidad.

Un país "feudalizado"

La democracia se está deslegitimando en Nicaragua porque cada vez más aparece como sinónimo de anarquía. Como no existe el requisito básico de la gobernabilidad democrática los actores políticos concuerdan, respetan y practican un conjunto de reglas del juego , el estilo político oligárquico desvirtúa el juego demo crático y lo transforma en anarquía, sólo disimulada cuando intervienen determinados actores elitistas: la Iglesia o la embajada estadounidense. Esta "democracia" favorece paradójicamente el autoritarismo y abona en un amplio sector de nicaragüenses la añoranza de una autoridad que con mano dura ponga orden en el caos.

El sistema político se encuentra totalmente fragmentado, "feudalizado". No hay un centro de poder que ordene prácticas y jurisdicciones. Todas las dinámicas son fragmentarias y todas las lógicas son cortoplacistas. Por acumulación, la suma de todas estas dinámicas y lógicas puede conducir a un desastre. Se ha construido así, y de forma extrema, un "mercado político" irrestricto, muy acorde con los dogmas que profesan los tecnócratas del gobierno.

Esta situación se agudizó desde que en 1995 el Parlamento entró "en rebeldía", desafiando el dominio del Ejecutivo. La rebeldía rompió el presidencialismo, pero no lo remplazó por un sistema más cohesionante. El país no transitó de un presidencialismo total a un parlamentarismo equilibrador, como hubiera sido deseable. El Ejecutivo frenó y postergó ese proceso para salvaguardar la continuidad de su proyecto oligárquico y también el liderazgo de Antonio Lacayo. El resultado es hoy una sombra de gobierno que se extingue a medida que se acercan las elecciones. Y el resultado es también que los grupos económicos organizados y las fuerzas internacionales tienen cada vez un papel más eficaz en la toma de decisiones del Ejecutivo.

La propuesta del miedo

En la llamada "crisis de poderes" que llenó la primera mitad de 1995, el camino al despeñadero se detuvo con la mediación del Cardenal Obando, que unida a las presiones de la cooperación internacional desembocó en la Ley Marco. Pero las crisis posteriores se empantanaron, amarrándose las unas con las otras. El problema de la propiedad con la privatización de TELCOR y ambos asuntos con la aprobación del presupuesto de 1996, poniendo así en peligro el ESAF y las elecciones.

En este ambiente tan enrarecido surgieron propuestas soterradas de una salida "no electoral" a los problemas. Fue una "propuesta del miedo" surgida en el gobierno: miedo a que todo lo actuado por el gobierno Chamorro sea revertido por el gobierno electo en 1996. Miedo especialmente a que las grandes fortunas amasadas con las dos privatizaciones realizadas desde 1990 las dos "piñatas" sean puestas en cuestión.

"Maniobras o conjuras se están tejiendo, rodeadas de desinformación y rumores, para tratar de entorpecer, diferir o alterar las elecciones". Todavía a finales de noviembre eran éstas las declaraciones de Arnoldo Alemán, ex alcalde de Managua y candidato presidencial mejor situado hasta ahora en las encuestas. Alemán, el más directamente afectado por una postergación de las elecciones, había dado la misma voz de alerta en varias ocasiones.

Al cerrar 1995, todo indica que la presión con declaraciones públicas del embajador de Estados Unidos, John Maisto y la presión de los donantes internacionales logró cerrar el paso a la pretendida salida "no electoral", forzando de nuevo a todos los políticos a jugar en la cancha establecida.

USA: qué quiere en Nicaragua

Para la política exterior de Estados Unidos, una Nicaragua que rompa el orden formal de la democracia sería un muy peligroso "mal ejemplo" dentro de los tensos procesos de democratización que vive la región centroamericana, donde las interrupciones de la formalidad democrática no podrían darse sin la intervención de los ejércitos y donde pasos de esa naturaleza quebrarían el frágil tejido construido por las oligarquías modernizantes.

Mientras la conflictividad nicaragüense se mantenga "dentro de un orden" y no desafíe el "orden" postbélico establecido en Centroamérica, Estados Unidos tolerará todos los rasgos antidemocráticos del presidencialismo oligárquico nicaragüense. La administración Clinton no está particularmente interesada en nuestro país y sólo desea que las cosas aquí se resuelvan "sin mucho ruido". Entre otras cosas, no es de su interés que el problema de la propiedad siga dando alientos a la agenda de trabajo del senador Jesse Helms en el Congreso estadounidense. Por esto Clinton propició la Comisión Carter, que le dio el definitivo empujón a la resolución del problema de la propiedad al que hoy se ha llegado, vinculándolo evidentemente a la privatización de TELCOR.

Desde la óptica estadounidense, una ley de punto final al problema de la propiedad tenía que dejar lo más satisfechas posible a todas las partes y debía llevarse a cabo a costa de los activos del Estado. Y aunque en los debates legislativos y de opinión pública han estado siempre presentes los beneficios que con tierras, lotes y viviendas asegura la ley a los sectores populares, lo más real de todo es que la resolución del problema de la propiedad a la que se ha llegado fue diseñada para asegurar a los abusadores de "las dos piñatas" el salirse con la suya, mientras los confiscados son indemnizados con Bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, lo que no los deja satisfechos.

La administración Clinton no desea que Nicaragua sea la primera "transición democrática" fracasada en Centroamérica. Esto sería admitir que la política exterior de Clinton no sólo tiene grietas, sino que fracasa por blandengue, por no imponerse al mejor estilo republicano. No importa que la democracia no funcione más allá de sus formalidades y que sea no transparente, restringida o anárquica, no importa que el país se deshaga en pedazos. Lo importante es que se realicen las elecciones y que se mantenga la fachada de que todo va por buen camino. Con la realización de las elecciones en 1996 y un cumplimiento más o menos amañado del ESAF basta y sobra para que USA le dé el visto bueno a la Nicaragua chamorrista.

Propiedad TELCOR

Establecida con claridad la posición norteamericana sobre el conflicto interno "si no hay elecciones, se le cortaría toda ayuda a Nicaragua", advirtió el embajador Maisto se aprobaron finalmente en sesiones tensas, prolongadas y consecutivas la Ley de la Propiedad y la Ley de Privatización de TELCOR. Las enormes barreras levantadas a ambas leyes en octubre se desplomaron silenciosamente en unos pocos días de noviembre y dieron paso a la promulgación de ambas estratégicas leyes.

La promulgación, a su vez, despejó el campo para la aprobación de la Ley Electoral y del Presupuesto 96. Todo estuvo, está y estará relacionado e interconectado. Cerrado el paso a la posibilidad de una Constituyente o a cualquier otra vía para escamotear las elecciones de 1996, se imponía llegar a un acuerdo sobre la Ley de la Propiedad y sobre las telecomunicaciones nacionales. En un comunicado, los sandinistas del MRS lo plantearon así:

"Desde el principio el MRS aceptó que para hacer posible una Ley de Estabilidad de la Propiedad que fuera efectiva y trajera seguridad a todos, era necesaria también una ley que permitiera al Estado vender, bajo procedimientos trasparentes y con todos los controles del caso, una parte de las acciones de TELCOR. No de otra manera se podía garantizar que los bonos emitidos en favor de personas injustamente confiscadas tuvieran valor. Desde el principio el MRS estuvo claro de que no se podía dar una cosa sin la otra".

Pese a este paralelismo establecido incluso en el dictamen de la Comisión legislativa encargada de estudiar esta leyes , no todos estaban de acuerdo, ni en el MRS ni en la sociedad, en que la privatización de TELCOR se efectuara como de hecho se hizo: una simple venta de la mayoría de los activos de esa institución estatal a una empresa transnacional. Los sindicalistas, un sector del empresariado y de la banca privada nicaragüense sustentaron una contrapropuesta: inversión conjunta, licitada entre varias empresas privadas.

El acceso del sector privado a los activos de TELCOR, con el compromiso de efectuar inversiones en esta empresa punta, permitía una mayor participación de los inversionistas mediante procedimientos de acceso más transparentes y no discrecionales. Pero la contrapropuesta no fue tenida en cuenta. En la ley aprobada, la venta de TELCOR prevista para mediados de 1996 será una operación centralizada en el Ejecutivo, lo que favorece a la empresa que acceda monopólicamente a la compra de las telecomunicaciones nacionales.

Aspectos de las dos leyes

He aquí una super síntesis elaborada por La Prensa de aspectos sustanciales tal vez los más polémicos de la Ley de la Propiedad, y a la que este diario se opuso diaria y beligerantemente:

- La Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) y la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones sustituyen al Poder Judicial para resolver conflictos sobre la propiedad.

- Los confiscados recibirán bonos de indemnización si se vende el 40% de las acciones de TELCOR. Los bonos alcanzarán un valor no mayor de 40 centavos de dólar.

- Las personas que se apropiaron de casas no mayores de 100 metros cuadrados de construcción, aún cuando estén en colonias residenciales (Ciudad Jardín, Las Brisas, Linda Vista y hasta Colonial Los Robles) no pagarán impuestos por ellas.

- No tendrán validez los Títulos de Reforma Agraria otorgados dentro del límite urbano de la ciudad de Managua. (Se rechazó una moción para que una disposición similar abarcara a todos los departamentos del país).

- Las resoluciones emitidas por la Procuraduría de la Propiedad y la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones para efectos de indemnización, y por la oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, tendrán carácter de documento público, con el mismo valor que establece el Código de Procedimiento Civil.

- El Estado devolverá a los reclamantes las propiedades que reclaman cuando éstos presenten las pruebas suficientes a juicio de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones que los acrediten como sujetos de devolución. Si no fuera posible la devolución, el Estado indemnizará con bonos las propiedades afectadas.

- La OOT recibirá por un período de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la Ley, las solicitudes de revisión de las adquisiciones realizadas al amparo de las leyes 85 y 86, que aún no se habían presentado.

- Quedan exentas de impuesto las adquisiciones en base a la Ley 85 de viviendas hasta de 100 metros cuadrados de construcción.

Las casas con área mayores de 100 metros cuadrados de construcción hasta 150 deberán pagar impuesto al 4.5% de interés anual sobre saldos, en cuotas periódicas. Las casas de 150 200 metros de construcción pagarán el impuesto en un plazo no mayor de 10 años al 4.5% anual sobre saldo en cuotas periódicas.

La Prensa sintetizó también el contenido de la Ley de TELCOR:

- Se privatiza el 51% más una acción, distribuidas así las acciones: 40% más una acción para el inversionista extranjero y 11% para los trabajadores.

- Se espera obtener 240 millones de dólares por la venta del 40% (TELCOR está valorado extraoficialmente en 600 millones de dólares).

- El 80% de los fondos obtenidos con la venta serán destinados a la redención de bonos a los confiscados y el 20% a proyectos de vivienda, salvo 1.5 millones de dólares destinados a la construcción de un nuevo edificio para el Parlamento.

Un trabajo de filigrana

Pese a que las diferencias en torno a estas dos leyes abarcaron todos los colores y matices políticos, los sectores más interesados en despejar el panorama electoral promovieron la rápida solución a la que se llegó al finalizar noviembre. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el Ministro de Finanzas, Emilio Pereira en nombre del Ejecutivo mantuvieron una coordinación de filigrana en todo el precipitado operativo de aprobación acelerada de las dos leyes.

Se especula que los intereses creados alrededor de las ganancias futuras derivadas de la venta de TELCOR ablandaron la posición del Ejecutivo en el tema de la propiedad, y llevaron a los más altos funcionarios del gobierno Chamorro a mantener durante todo el debate un discurso casi idéntico al de los diputados sandinistas del FSLN y del MRS, que estuvieron siempre totalmente unidos en el tema de la propiedad.

Ciertamente, los intereses creados con "las dos piñatas" dan base suficiente para la comunidad de intereses que une a ciertos diputados y a dirigentes sandinistas con altos funcionarios y tecnócratas del actual gobierno y con familiares y allegados de Antonio Lacayo. El 30 de noviembre se promulgaron conjuntamente la ley de estabilidad de la propiedad y la que privativa las telecomunicaciones nacionales en presencia de dirigentes de la Iglesia Católica, del cuerpo diplomático, de las fuerzas armadas y de la prensa. Y aunque se proclamó que estas leyes traerán estabilidad a la propiedad rural y urbana, las acciones confiscatorias iniciadas por el gobierno al día siguiente, mediante el plan Cobra, destinado a recuperar las deudas de los productores con la banca estatal, lo desmiente.

El problema es estructural. ¿Qué estabilidad puede haber si la grave iliquidez originada por los incumplimientos y falta de flexibilización del ESAF restringen de tal manera el crédito interno que muchos propietarios están expuestos a la bancarrota y a la venta de sus tierras? Lo que se da con una mano se arrebata con la otra. Y el despojo que no pudo lograrse con la ley, esperan lograrlo con el mercado.

A pesar de todo...

Con todo, y aunque a costa de privatizar TELCOR, de dejar insatisfechos a gran parte de los confiscados por la revolución y de dejar impune el nada transparente proceso de privatización realizado por la CORNAP, no se puede negar que la ley de la propiedad aprobada significa un avance para los sectores que fueron beneficiados por las reformas agrarias de los 80 y de los 90 y por las transformaciones urbanas de los 80: 108 mil familias de la ciudad y 122 mil familias del campo, en conjunto 1.2 millones de personas casi el 30% de la población del país , tienen hoy mayor seguridad en sus propiedades.

Hasta el gobierno ha reconocido que el problema de los confiscados es minoritario: unos 6 mil casos, de los que casi la mitad están resueltos. Y que los abusos son también una minoría: un máximo del 20% en los casos urbanos y de un 30% en los rurales. Es muy poco probable que estos abusos se resuelvan en el tiempo que le queda de gestión al gobierno Chamorro, excepto en determinados casos, los que sean fichas en la negociación política y tengan especial relevancia o aquellos en los que exista voluntad de arreglo en las personas involucradas. El resto seguramente la mayoría quedarán pendientes para el próximo gobierno.

Guardar las apariencias

La Ley de la Propiedad fue canjeada con el Ejecutivo por la Ley de Privatización de TELCOR. Esta le permite al gobierno, entre otras cosas, el acceder rápidamente a más de 80 millones de dólares de desembolsos pendientes del ESAF. Con ellos, unidos a la severa restricción de la liquidez operada desde finales de octubre, el gobierno apuesta a cumplir a duras penas con las metas que le fijó el FMI en septiembre, en la segunda reprogramación que experimenta el ESAF en 1995. Aunque amañadamente, algo ha conseguido el gobierno. Sus desviaciones de las metas claves ya no serán ahora tan abismales y podría "guardar las apariencias" de eficiencia en el cumplimiento del ESAF, aún cuando el ESAF ya esté hundido.

Lo que, a pesar de cualquier apariencia es evidente, es la necesidad de una renegociación realista del ESAF para 1996, si no se desea que algo similar a lo sucedido en 1995 ocurra el próximo año. ¿Se hará así, tratándose de un año electoral?

Lacayo: ¿último candado?

Como ocurrió con la Ley Marco, la promulgación de la ley de la propiedad y la ley de privatización de TELCOR no implican una reconciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los diferendos conocidos se mantienen y otros surgirán en el camino. Estaba aún pendiente al firmarse ambas leyes la elección del Contralor, esperando una decisiva mediación del Cardenal Obando. Y al concluir la acelerada aprobación de la Ley Electoral, una mayoría de legisladores puso un "último candado" a las aspiraciones presidencialistas de Antonio Lacayo. Según la ley, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no podrá inscribir como candidatos a altos cargos públicos a personas inhibidas por las recientes reformas constitucionales.

Las inhibiciones abarcan a los parientes del Presidente. También los golpistas, a los funcionarios públicos, alcaldes y religiosos que no hayan renunciado a sus cargos en el tiempo establecido antes de las elecciones y a quienes renunciaron a la nacionalidad nicaragüense. El Parlamento deja así en manos del Poder Electoral la última decisión para dirimir el grave conflicto que han generado las aspiraciones presidenciales de Antonio Lacayo. Sólo unos días antes del "candado", Lacayo afirmaba en entrevista televisada que él no estaba inhibido para ser Presidente. "Las inhibiciones dijo en esa ocasión son un cuento chino de Sergio Ramírez con gente de la Asamblea Nacional que querían asesinar políticamente a Antonio Lacayo".

Si la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del recurso de amparo interpuesto por la esposa de Lacayo e hija de la Presidenta Chamorro, que alegó sentirse afectada por las inhibiciones constitucionales para optar a cargos públicos, el CSE se vería en la disyuntiva de aceptar o rechazar la inscripción de Lacayo como candidato presidencial. Si la acepta, la oposición podría alegar que el proceso electoral está viciado de raíz y esto empañaría los comicios con la presunción de que se prepara un fraude. Si la rechaza, el Legislativo fortalecerá sus posiciones en su enfrentamiento con el Ejecutivo.

¿Se zanjaría definitivamente con una decisión u otra tan grave conflicto? Es difícil preverlo en la actual situación, donde todos se proclaman ganadores y donde no parece haber buenos perdedores. En ambas opciones, el ambiente electoral podría transcurrir teñido de una polarización y de una inestabilidad que podrían prolongarse incluso en el próximo gobierno.

Un conflicto ancestral

El actual sistema político nicaragüense, con raíces sólidas en las tradiciones culturales y sociales patrimonialistas de la oligarquía criolla, se está demostrando incapaz de efectuar una real transición democrática y de modernizar la sociedad y la economía en el nuevo mundo globalizado. Como los esfuerzos por la modernización en un régimen democrático tocan la institucionalidad del Estado y su eficacia para gobernar e implementar políticas legítimas, en Nicaragua el fondo de la lucha política se ha centrado en la pugna entre el presidencialismo defendido por la oligarquía y una mayor apertura política, defendida muy dispersamente y que no consigue proponer ni un parlamentarismo ni una participación ciudadana más amplia.

La querella es ancestral. Se remonta a los conflictos entre "timbucos" y "calandracas", entre conservadores y liberales, al conflicto entre imperio y nación que generó el alzamiento campesino de Sandino, al conflicto entre somocistas y sandinistas y hoy, al conflicto que existe entre la restauración del poder oligárquico, comercial y financiero, y la democratización real de la sociedad y de la política. Pero la actual tentativa de restauración oligárquica no consiste en un mero retorno al pasado pre somocista. Se trata del intento de los nuevos grupos de capital por "recuperar" el aparato estatal como espacio privilegiado para salvaguardar sus intereses. Este espacio se lo usurpó a la oligarquía primero Somoza y después los sandinistas.

Sin embargo, los sandinistas, en vez de desplazar a la oligarquía empresarial y comercial, dando un mayor espacio a los sectores medios y populares en auge al inicio la revolución, acogieron en los cargos de dirección a destacados miembros de las familias oligárquicas de Nicaragua que adversaban políticamente al somocismo y que fueron neutralizando con el paso del tiempo el empuje popular. Esto explica que en los años 80, destacados miembros de la oligarquía nacional sobrevivieran a la marea revolucionaria sin que se les "tocara un pelo". Ocupaban los más altos cargos en el Gobierno, en el Ejército y en el Partido. Y sus familiares, aunque no se involucraron con el sandinismo, medraron a su sombra, pasando después a ser altos funcionarios del gobierno Chamorro.

Los grupos de poder

Como la recuperación oligárquica del poder es un proyecto que tutelan en Nicaragua el FMI y el Banco Mundial, y favorecen con sus presiones políticas los nuevos capitales surgidos de "las dos piñatas", la aplicación del tradicional esquema de poder excluyente no afecta únicamente a los sectores populares. Excluye también a ciertos sectores empresariales productivos y comerciales de tipo medio.

A diferencia de otros países centroamericanos El Salvador y Guatemala , donde la oligarquía nunca perdió el poder y para conservarlo logró transmutarse y responder así al diseño del FMI y el Banco Mundial, en Nicaragua la oligarquía está de regreso y lo hace con un apetito voraz, ansiosa por enriquecerse aceleradamente después de estar separada del poder directo durante un largo período. Los grupos dominantes a nivel empresarial el Grupo MIL de Manuel Ignacio Lacayo, los OCALSA también de la familia Lacayo, el Grupo Terán afincado en la banca y el comercio, así como el Grupo Pellas y el Grupo Mántica, que constituyen ambos el capital mejor consolidado del país han sido muy beneficiados por la política económica del actual gobierno. A estas familias se han unido ciertos dirigentes sandinistas y altos funcionarios del actual gobierno con su nuevo gran capital, creado a partir de las dos privatizaciones o piñatas de los años 90.

Si al conjunto de familias "de apellido" las une su estatus social y los lazos de sangre, su relación con estos nuevos capitales se da por los vínculos económicos y financieros tejidos desde la década de los 80. La alianza así creada, sin alma ni corazón y con una única pasión fundamentada en el poder del dinero, tiene una reducida base numérica pero cuenta con un gran poder económico. Es esta alianza la que le dio cierta estabilidad al gobierno Chamorro.

El miedo a Alemán

Es del mayor interés de estos grupos conservar un acceso privilegiado a los procesos de decisión de políticas económicas, que en el modelo actual son ajenos al control popular que exige una verdadera democracia y ajenos también al mismo mandato popular que refrendan las elecciones.

De ahí la potencial peligrosidad que ven en una victoria de los liberales de Alemán, muy ligados a una base política de sectores medios y populares que no tienen cabida en el actual modelo económico. Un gobierno de Alemán, aún siendo de derecha, desarrollaría una política económica "de populismo izquierdizante" que daría mayores espacios a estos sectores, hoy excluídos. Sería un revés demasiado desastroso para los grupos hoy dominantes.

La alianza de poder prefiere romper el orden institucional y lesionar el proceso de consolidación democrática, antes que permitir un cambio real del sistema político patrimonialista y oligárquico que hoy está en proceso de cristalización. La guerra de posiciones que hoy se vive en el sistema político nicaragüense tiene como trasfondo estos intereses en juego. Por eso llegamos al final de 1995 y al casi final de la gestión Chamorro Lacayo sin lograr una despolarización política efectiva, sin reactivar la economía, con mayores niveles de desempleo y pobreza, con un Estado saqueado y con una población diezmada por impuestos que no se le retornan nunca en forma de beneficios.

¿Dos coaliciones?

El Parlamento, que pudo jugar un papel importante en esta encrucijada nacional, se ha quedado limitado a un juego de cúpulas con el Ejecutivo, encorsetado en una Ley Marco, que obliga a dificilísimos consensos entre Ejecutivo y Legislativo, pero que no cambia nada en el sistema político.

Llegados a este punto, la contienda electoral se va perfilando como la pugna entre dos grandes coaliciones, sin centros relevantes. Por un lado, estarían los liberales de Alemán, aglutinando a sectores medios y populares, a la ex Resistencia y a capas del antiguo capital, representado por los conservadores "de medio pelo". Por el otro, el nuevo capital de todos los colores políticos, unidos los "matraqueros" de Lacayo y los sandinistas "piñateros", los conservadores "jay lay" y el sector de la banca privada y de las asociaciones empresariales más transnacionalizadas, en una fórmula que probablemente no aparezca al final encabezada ni por un sandinista ni por un matraquero.

En este paisaje, los grupos oligárquicos que son en realidad los más poderosos temen a Alemán, desprecian a los piñateros y matraqueros y esperan trabajar con el gobierno de turno, sea el que sea. Por esto, buscan ahora consolidarse a fondo para defenderse contra lo que temen y desprecian en ambos grupos.

El tiempo para las definiciones electorales empieza a cerrarse y la celeridad de los acontecimientos que han llenado las últimas semanas del año podría ser sólo un lento paso de tortuga comparado con lo que podría suceder en los primeros meses de 1996.

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