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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 165 | Noviembre 1995
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Nicaragua

Pobreza: ¿epidemia incurable?

¿Qué tratamiento contra la pobreza? Pregunta clave que la sociedad debe hacer a tantos candidatos. Hay que trabajar por un voto razonado. Y hay que velar para que haya elecciones. Algunos quieren suprimirlas.

Equipo Nitlápan-Envío

La aparición del llamado "mal de Achuapa" colocó a esta olvidada y empobrecida región del occidente de Nicaragua en la primera plana de los medios internacionales. La "epidemia anunciada" reveló la faz de la otra epidemia que padece Nicaragua: 7 de cada 10 nicaragüenses viven en la pobreza, 5 de cada 10 en la miseria. Este abandono en que se encuentra la mayoría de los nicaragüense sin gasto social dedicado a ellos, sin créditos para la producción, con cada vez menos oportunidades de educación, salud y empleo, sin ingresos o con salarios indignos es caldo de cultivo para todas las epidemias, conocidas y desconocidas. Problemas cotidianos como la inseguridad ciudadana y problemas graves y en aumento como el narcotráfico, además de los graves problemas económicos el desempleo y el estancamiento están directamente asociados a esta plaga social.

Los recursos existen, falta la voluntad

Eruditos expertos internacionales y muchos gobernantes y políticos creen que en el cambio de época que experimenta el mundo actual es inevitable convivir con altos niveles de pobreza. Y quieren convencernos y contagiarnos de ese pesimismo. Las únicas declaraciones públicas de optimismo y de esperanza sobre la posibilidad de atacar la pobreza las dan en Nicaragua algunos dirigentes religiosos y una serie de organizaciones sociales que trabajan directamente con la población empobrecida.

El desencuentro de opiniones entre el "mundo de las finanzas" y estas organizaciones religiosas y sociales, tiene diversas interpretaciones. Una de ellas es que el pesimismo sobre la factibilidad de atacar las raíces estructurales de la pobreza le cae como anillo al dedo a la irresponsabilidad, negligencia o insensibilidad que manifiestan los políticos de carrera y las autoridades ante las necesidades de los pobres concretos. El optimismo de los que no solamente creen que es posible combatir la pobreza, sino que proponen cómo hacerlo y además tratan a diario de combatirla es demasiado molesto para quienes viven de los debates retóricos y de las intrigas de salón.

Lo primero de lo que hay que estar claros es de que cuando se habla de pobreza en Nicaragua, el problema no es la falta de recursos. Los recursos existen, pero el bloqueo a su uso racional se encuentra en el interior del sistema político. La insensibilidad de nuestro sistema político para resolver los problemas nacionales benévolamente calificada por algunos de "inmadurez" empieza ya a causar estupor a cualquier observador extranjero. Una ojeada a las actuaciones de los políticos da la sensación de estar ante seres dominados por el cortoplacismo y la contingencia. Esta impresión se acentuó en octubre e inicios de noviembre, cuando la veleidad de los acontecimientos políticos ha sido más notable. A pesar de la alarma sanitaria, del deterioro de la economía, del descontento y los reclamos de los productores y de una creciente desestabilización, la clase política permanece ensimismada en enigmáticos juegos de poder donde los enemigos de ayer se convierten en sólo unos días en los aliados de hoy, sin que exista certeza de que amanecerán mañana en la misma alianza o en una nueva. Lo que ayer parecía imposible, hoy resulta permisible. Lo sólido se evapora y el azar es la única certeza que se puede prever en la vida política de Nicaragua.

Los enigmas de esta hora

En este contexto, la Ley Marco surgida del pulso que libraron el Ejecutivo y Legislativo durante meses parece haber sido suscrita para ser violentada según las conveniencias. La agenda legislativa, muy sobrecargada para lo poco que resta del año, arrancó a expensas del debate en el que debía aprobarse la nueva Ley Electoral con el más controvertido y menos consensuado de todos los temas nacionales: la propiedad. ¿Por qué? Los hechos que rodean esta decisión no dejan de ser enigmáticos.

Otro de los varios enigmas es el que envuelve la renuncia de Virgilio Godoy a la Vicepresidencia, seguida de la elección de la diputada Julia Mena para ese cargo, cuando era otro el que todos daban ya por elegido. La inesperada jugada a favor de Mena posibilitó que la alianza dominante al interior del Parlamento afianzara sus vínculos con los liberales independientes de Godoy en contra de los liberales de Alemán. Pocos días después de esta jugada, nada menos que Alfredo César iniciaba movimientos también enigmáticos para desplazar el poder de la Asamblea a manos de "otra" alianza dominante.

En los mismos días, las deliberaciones sobre la "priorizada" Ley de Estabilidad de la Propiedad quedaron suspendidas abruptamente para introducir otro controvertido proyecto de ley: el de privatización de TELCOR. Pero cuando se avanzaba algo sobre este tema, también se suspendieron los debates para que los diputados se concentraran en una insólita elección nocturna suspendida también bruscamente en horas de la madrugada del nuevo Contralor de la República. Ninguno de los debates parece tener fin ni llegar a término. La prisa y la improvisación están siendo malas consejeras en debates parlamentarios que por su contenido son trascendentales para el país.

No hay que engañarse

Aparentemente, los diferentes actores políticos padecen de una epidemia de inconstancia y no encuentran sosiego en nada de lo que se proponen. Lo peor es que lo que se proponen parecen acometerlo con frivolidad, sin pasión ni amor por su trabajo y sin compasión por los problemas que más preocupan a ese pueblo entre quienes buscan a sus electores: pobreza, empleo, seguridad ciudadana, salud, educación... La esperanza de que Nicaragua puede mejorar. Pero no hay que engañarse. Este comportamiento errático de los políticos pese a lo impredecible de sus jugadas y a la eficacia de éstas para alcanzar sus propósitos gravita alrededor de un núcleo de intereses muy definido. La inestabilidad del actual sistema político, la falta de principios de sus actores y lo aleatorio de sus comportamientos, están vinculados al "pecado original" de "la transición" nicaragüense: la incapacidad del chamorrismo lacayismo por dotarse de instituciones democráticas capaces de empezar a resolver los problemas básicos del país.

Después de la calma relativa que siguió a la aprobación en junio de la Ley Marco, los ánimos han vuelto a caldearse en el sistema político. Hoy ya está completamente claro que la Ley Marco fue una solución de compromiso plasmada en un adefesio jurídico. Su finalidad fue evitar la plena puesta en práctica de la Constitución Reformada. A cambio de esta concesión, los diputados de la Asamblea Nacional lograron una nueva redistribución en las cambiantes cuotas de poder y el derecho a compartir una serie de decisiones claves con el Ejecutivo.

Mercado político sin ideología

La Ley Marco institucionaliza las divergencias de ambos poderes por el recurso de ponerle esposas a ambos, a pesar de que corren en direcciones distintas. Los dos Poderes sólo comparten la misma enfermedad cortoplacista de sus decisiones y el afán de fortalecerse debilitando al adversario. La realidad es que desde que apareció esta Ley es ya una constante que los movimientos de ambos Poderes sean erráticos y desgastantes. Cada uno duerme al lado del otro con un ojo abierto. La belicosidad de las partes que no pierden oportunidad para alterar a su favor los términos de los acuerdos que suscriben hacen muy precaria la estabilidad alcanzada. Representantes de ambos poderes califican habitualmente estas tensiones de "expresión de la democracia".

Los juegos de poder han creado también una especie de "mercado político", desdibujando los contornos de posiciones e ideologías partidarias. Durante un buen tiempo, la UNO jugaba como una coalición de derecha, el Ejecutivo trataba de vender una imagen de centro y el FSLN alzaba la bandera de la izquierda. Pero en los años 90 el mundo se ha desplazado tanto a la derecha, que hasta el modelo republicano liberal pasa ahora por radical. Con la atomización de la UNO y las divisiones del sandinismo, los bloques más o menos monolíticos han cedido el paso a las alianzas de ocasión, típicas de democracias representativas como la estadounidense. Pero a diferencia de ésta donde las movidas políticas son muy predecibles por la solidez de las instituciones y el gradualismo de los cambios , en Nicaragua el sistema político resulta demasiado impredecible por la debilidad de las instituciones democráticas.

Lo que existe y lo que se resiste a ser cambiado , es un presidencialismo a ultranza que posibilita la impunidad y la depredación de los activos estatales y que hace de la corrupción a partir de la política un modo de vida. Nicaragua no es excepción en el paisaje latinoamericano. Por eso, el símbolo más actual de efectividad democrática en todo el continente no es otro que el castigo de los altos funcionarios transgresores: Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Collor de Melo en Brasil, Salinas buscado en México...

También está surgiendo como nuevo y más positivo símbolo la real descentralización del poder hacia las municipalidades para así crear canales de mayor participación popular en el juego democrático. Desde estos nuevos espacios donde los pobres participan se podría enfrentar la pobreza.

El Estado mafia

En Nicaragua, la democratización ha tenido que coexistir con un grado considerable de polarización del sistema político. El presidencialismo resultó útil al chamorrismo lacayismo para desprenderse de la base política y social que lo llevó al poder. Para compensar esta debilidad congénita, el gobierno recurrió para funcionar a un uso selectivo de la cooptación, del clientelismo, de los "cañonazos" y de la corrupción. Las municiones de los "cañonazos" las saca el gobierno de los bienes del Estado, del mal uso de la cooperación externa y del sacrificio que impone a la población. En una situación así, no se puede, obviamente, combatir la pobreza ni reactivar la producción, porque los recursos para el gasto social y para las inversiones son sistemáticamente mermados por las mafias estatales y las redes privatizadoras. Tampoco una sociedad de mercado encuentra en este ambiente un clima propicio. Cuando no impera la ley, impera la impunidad. Al no haber imperio de la ley, tampoco está asegurada ni la propiedad ni la competencia en iguales condiciones ni la certeza sobre los beneficios de las inversiones ni existen vías para encontrar amparo frente a los abusos de los funcionarios del Estado mafia.

En la situación a la que hemos llegado y a la que nos han llevado el proceso democrático empieza a hacerse molesto para los grupos de poder, que ven en él un límite. Más que temer al llamado "poder de los medios" plagados todos los días de denuncias que ninguna autoridad pública escucha o resuelve , ha empezado a temer a los votos de una población descontenta con la gestión pública.

El temor a las elecciones

Los votos son un peligro. Un voto contra el continuismo de la actual política económica pondría en crisis los cimientos que hasta ahora ha construido antidemocráticamente el gobierno Chamorro. Una interrupción por el voto del actual proceso cuando los grupos económicos y políticos surgidos de la "piñata" del 90 y de la "piñata" de la CORNAP aún no están consolidados , podría revertir todo lo actuado por el poder y por los grupos a él allegados. Esta amalgama de antiguos y recientes intereses, potencialmente explosiva, está sumada a la polarización que causó la guerra y que, en cierta medida, está aún irresuelta. Aunque los sandinistas lograron derrotar militarmente a la Resistencia apoyada por la derecha y Estados Unidos , fueron desalojados del gobierno por las elecciones. Así, ninguno de los dos contendientes logró aplastar al otro de manera definitiva. La incapacidad de lograr una transacción estratégica en estos años mantiene abierta la contienda.

El actual rejuego político sólo puede comprenderse si todos estos erráticos movimientos se colocan en la perspectiva del interés de algunos de los que juegan: impedir a toda costa que el proceso de apropiación y enriquecimiento de las dos "piñatas" sea puesto en cuestión por próximos gobiernos. En esta alianza hay altos funcionarios del pasado gobierno y del actual. La consigna de los sandinistas que participan de este pacto es: "Antes muertos que volver a ser pobres". La de los chamorristas: "Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón". Para escamotear cualquier castigo, el grupo dominante de la clase política está dispuesto a todo.

Desde esta perspectiva hay que entender las recientes y febriles movidas políticas. Persiguen en primera instancia dejar resuelto una serie de problemas estratégicos cerrando puertas que no puedan ser reabiertas por un próximo gobierno. Además, en el grupo dominante existe conciencia de que será difícil lograr una victoria en las próximas elecciones. En consecuencia, está haciendo de todo para desgastar el voto que hoy parece favorable a los liberales de Alemán. Pero esto no basta.

La baraja oculta

En segunda instancia, en muchas de las actuales maniobras se baraja la posibilidad de una interrupción del proceso electoral "hasta que todo quede en orden". El principal obstáculo para esta opción es la política exterior de la administración Clinton, que no quiere ningún fracaso en la "transición democrática" que apoya en Nicaragua. Por esta razón, la Comisión Carter sobre la Propiedad impulsó en Montelimar (julio/95) un rápido arreglo a este problema. También es el poder de los Estados Unidos el que ha hecho el "milagro" de que el FMI sea tan indulgente y tolerante con el gobierno de Nicaragua.

A pesar de todo, la baraja de una postergación de las elecciones está en las manos de varios, pero sólo se pondría en la mesa en el caso extremo de que "todo esté perdido" y se vea que más vale un acto desesperado que ser vencido sin pelear. La elección para la Vicepresidencia de la República de Julia Mena debe leerse según este juego.

Si el candidato oficial "El Diablo" Zelaya resultaba elegido, una renuncia de doña Violeta a la Presidencia hubiera abierto la posibilidad de convocar a una Constituyente, lo que aseguraría al continuismo al menos un año adicional, muy útil para amarrar bien unas elecciones favorables. Al enterarse de esta posibilidad, los diputados maniobraron con rapidez para bloquearle el paso al candidato del Ejecutivo.

El actual empantanamiento en el Parlamento de cuatro urgentes y trascendentales decisiones Ley Electoral, destino de TELCOR, Ley de Estabilidad de la Propiedad y elección del nuevo Contralor consume un tiempo que no se tiene en detrimento de una correcta organización de los comicios electorales. Esta ha sido la tónica que ha orientado la actividad del gobierno en este año: si las cosas no salen como desean, las congelan para perder tiempo y después invalidarlas a fuerza de que se posterguen y no ocurran. El Presidente del Consejo Supremo Electoral, Mariano Fiallos, hizo este mes varias y serias advertencias al Parlamento urgiéndole a acelerar la aprobación de la Ley Electoral y dejando muy en claro que el retraso ya está afectando el proceso de preparación de los comicios.

Propiedad: el hilo rojo

Al condicionarse los debates de la Ley de Estabilidad de la Propiedad a la aprobación de la privatización de TELCOR en un evidente toma y dame, el debate de ambas leyes se ha enredado, como era de esperar. La elección del Contralor entró en similares retrasos y estuvo teñida de tensos conflictos. Es una elección estratégica: el grupo de poder estaría buscando impedir futuras fiscalizaciones a la apropiación de bienes que unos particulares han hecho a costa de otros particulares y del Estado.

Porque el asunto de la propiedad debe resolverse de la manera más satisfactoria, debió de priorizarse la Ley Electoral, más urgente para una correcta preparación de los comicios. Todos estos turbios juegos y denodados esfuerzos podrían estar abonando también el terreno para una suspensión indefinida de las elecciones de 1996.

Alrededor de la cuestión de la propiedad gravita hoy el conflicto pre electoral. Desde que Violeta Chamorro asumió el poder, este tema ha estado latente y presente en todos los episodios claves de inestabilidad que ha vivido el país. También hoy. En la actual interdependencia que vincula ley electoral, privatización de TELCOR, elección del Contralor y ley de propiedad el hilo rojo no es otro que el problema de la propiedad.

Propiedad: su magnitud

Después de la privatización masiva efectuada por el gobierno sandinista en los meses de marzo y abril de 1990 lo que se conoció como la "piñata" el conflicto salió a luz pública. En sus primeros pasos, el gobierno Chamorro abrió un proceso de revisión de las confiscaciones y expropiaciones hechas por la revolución y de esta primera privatización de 1990, sancionada por las leyes 85 y 86. Con la segunda privatización masiva efectuada por el gobierno Chamorro Lacayo a través de la CORNAP con los activos que fueron estatales en los 80 el tema se complicó.

Hoy, la magnitud del problema es considerable. A nivel rural involucra por diversas razones y en variedad de conflictos, al 71% del área en fincas: alrededor de 5.7 millones de manzanas de un total de 8.1 millones. Solamente el 20% del área en fincas se encuentra hoy titulada, un 47% está sin legalizarse y un 4% corresponde a ocupaciones de tierra no avaladas por el Estado. A nivel urbano, más de 108 mil familias urbanas se beneficiaron con la adjudicación de propiedades urbanas, en 67,824 lotes. De éstos, casi el 60% fueron adjudicados en Managua y el resto en los departamentos. A nivel urbano, los lotes mayores de 300 manzanas son apenas un 11% de las adjudicaciones totales.

En el problema de la propiedad existe, por un lado, un conjunto de acciones plenamente justas y legales que el gobierno sandinista llevó a cabo para beneficiar a los sectores populares. Por otro, existe un reducido grupo de individuos que se apropiaron de grandes bienes rurales y urbanos, que abusaron de un justo proceso de distribución de la riqueza y que tras él se atrincheran. Los afectados por los actos de confiscación, de expropiación y de redistribución del gobierno sandinista han impugnado ambos aspectos, en algunos casos sin hacer diferencias. Esto provoca que casi todos los beneficiarios vivan en incertidumbre sobre la propiedad que usufructúan.

Cuando en 1990 el gobierno Chamorro promulgó el decreto 11 90, que creó una Comisión Nacional de Revisión de las Confiscaciones (CNRC, el conflicto de la propiedad hasta entonces latente empezó a estallar con fuerza. Hasta mediados de 1994, se habían presentado reclamos sobre 7,185 propiedades rurales que engloban 2 millones de manzanas: el 25% del área en fincas. Había también reclamos sobre 5,207 propiedades urbanas.

Raíz del problema

La raíz del problema hay que buscarla en la orientación inicial del gobierno sandinista, dominado por una actitud defensiva ante una eventual contrarrevolución armada que desafiara el poder revolucionario recién establecido. Esta eventualidad que se concretó posteriormente en una guerra que duró más de diez años no fue enfrentada adecuadamente por el voluntarismo y el afán de control político de la población que también dominaba a la dirigencia sandinista.

Una visión autoritarista y militarista de la política, unida a una profunda desconfianza en la capacidad del pueblo para encontrar su propio camino sin su "vanguardia", afectaron muchas de las acciones positivas y necesarias que se llevaban a cabo para beneficiar al campesinado y a la población urbana. En vez de enfrentar los ataques armados contra la revolución entregando más poder a la población, el sandinismo optó por el mando sin discusión y por la centralización del poder. En la trinidad Estado Partido Pueblo, el Estado fue adquiriendo preminencia en la medida en que desfallecían los ánimos revolucionarios. Y en esa misma medida, el Ejército y la Presidencia se consolidaban como el poder indiscutible dentro del Estado y de la sociedad.

Al Estado le asiste el derecho de adquirir, de poseer y de distribuir propiedades. Los medios que utiliza para ejercer esos derechos y el modo en que los concreta resultan cruciales para legitimar sus actos. En el caso de la confiscación de los bienes de Somoza y de sus más connotados allegados existe consenso en que la medida fue justa. Posteriores procesos de confiscaciones y expropiaciones estuvieron en muchos casos sesgados por la intolerancia y la revancha política, sin que hubiera fines explícitos de transformación social real que les dieran sentido. El acento estatista del sandinismo en el poder hizo titubear a la revolución, que hasta 1981 no lanzó una tímida ley de reforma agraria que en realidad favoreció más al Estado que a los campesinos . A nivel urbano, ni siquiera se atrevió a lanzar una reforma urbana.

Filtro: criterios políticos

Con el triunfalismo convencido de que en Nicaragua se vivía una "revolución para siempre", el genuino impulso revolucionario fue derivando hacia un esquema político centralizador y poco participativo, con total desprecio a los aspectos jurídicos, considerando el poder omnímodo de la revolución en la práctica, el de la dirigencia sandinista como "fuente de derecho".

La modalidad de uso de los bienes estatales consistió en darlos en usufructo a los "cuadros de confianza", bajo un sistema de controles y lealtades muy intrincado. Al trastocarse los mecanismos tradicionales de remuneración y de adquisición de activos, pasando de los criterios del mercado a los criterios del control político, el acceso a buenas viviendas, a productos escasos y a los medios de vida, era filtrado por criterios políticos. El principio no era "de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades", sino "a cada quien según sus lealtades, de cada quien según sus responsabilidades". Si alguien era "de confianza", la dirección política le podía asignar paternalistamente de entre los bienes estatales, desde un auto hasta una casa, atención médica especializada o acceso a tiendas mejor surtidas. Cuando se perdía el "favor" de la dirección política, se perdían todos estos privilegios, que no tenía la población y que la retórica revolucionaria negaba que existieran. Fiel a este estilo, la reforma agraria sandinista condicionó a los campesinos beneficiarios su acceso a la tierra y a los recursos a que se organizaran colectivamente y a que mostraran apoyo político y militar al gobierno.

Este esquema de control político, que olvidaba criterios de eficiencia económica y de participación ciudadana, está en la raíz del actual problema de la propiedad. Cuando los sandinistas abandonaron el gobierno en 1990, lo hicieron tratando de corregir esta orientación inicial y efectuando una primera privatización masiva. La inmensa mayoría de los beneficiarios accedieron así a un pago tardío, pero real, que les hacía el gobierno sandinista. Pero a la par, un muy pequeño sector de la dirigencia del FSLN se recetó un enriquecimiento instantáneo, sin parangón en la historia moderna del país.

Propiedad rural: sólo un 30%

La propia estructura del problema de la propiedad ofrece las pistas para su solución, sabiendo que cualquiera que ésta sea, nunca logrará dejar plenamente satisfechos a todos los involucrados.Los bienes rurales en disputa, que totalizan casi los 3.1 millones de manzanas, incluyen:

Las confiscaciones hechas a Somoza y a sus allegados (40% de las tierras en disputa).

Las asignaciones por la Ley de Reforma Agraria de 1981 (26%).

Las apropiaciones por Ley de Abandono (0.5%).

Las compras de tierras hechas por el gobierno sandinista (6%).

Las compras hechas por el gobierno chamorrista (8%).

Las ocupaciones de facto (10%).

Otras (0.5%).

Las apropiaciones por compra (14%) y buena parte de las confiscaciones a Somoza y a sus allegados (35%) y las tierras de la reforma agraria sandinista (20%) deben quedar fuera de cualquier revisión y al margen de todo conflicto. Este bloque es casi el 70% de la tierra en disputa y es perfectamente posible solucionar su problemática legalizando las actuaciones del gobierno sandinista y las del gobierno actual. El 30% restante es el verdadero objeto de revisión y de indemnización.

Las dos "piñatas"

A nivel urbano, los lotes urbanos que están clasificados como reales casos de abuso no llegan a ser ni el 11% del total. Entonces, ¿dónde reside el problema? El problema está en los casos de apropiación injusta o ilegal de propiedades, en los abusos que cometió una minoría al amparo de las leyes 85 y 86. Y está también en los abusos cometidos por una minoría de grandes beneficiarios de la segunda privatización, la que realizó el gobierno Chamorro al amparo de la CORNAP.

Un caso aparte es el causado por la política interna de los Estados Unidos, que respalda a un reducido número de nicaragüenses naturalizados estadounidenses los "gringos caitudos" , que mantienen una posición radical exigiendo la reversión plena de las acciones del gobierno sandinista. Totalmente alejados de nuestra realidad nacional, estos "estadounidenses" tratan de cobijarse bajo el paraguas protector de la derecha republicana estilo Helms para ver qué logran recuperar de lo que ya daban por perdido. Estos grupos también minoritarios pero poderosos e influyentes por vivir en el centro del poder mundial mantienen en zozobra al país desde el flanco externo.

Parte del actual modelo político tiene sus bases en la tácita complicidad con la que sectores de la cúpula sandinista se arreglaron con la cúpula chamorrista. A cambio de cierta estabilidad para su gestión inicial, el gobierno Chamorro se comprometió a no cuestionar los abusos de la llamada "piñata". Este pacto de corrupción tuvo su siguiente capítulo en la "otra piñata", la efectuada con las privatizaciones realizadas por la CORNAP. La voracidad de los grupos beneficiados por la CORNAP no tiene ni límites ni ley. Al igual que lo que ocurrió con el sandinismo aunque no exactamente por idénticas razones el proceso que vanguardizó la CORNAP se llevó adelante sin contar con un marco jurídico que regulara y legitimara las transferencias de bienes estatales a manos privadas. Ambos procesos han empobrecido más el país, mientras que un reducido sector se ha enriquecido sin medida.

Si no se logran hacer prevalecer los intereses nacionales por sobre los poderosos intereses individuales y familiares de estas minorías, el intrincado problema de la propiedad perfectamente factible de resolver podría llegar abierto a los comicios electorales. Y abierto éste, quedaría también abierto y desprotegido un flanco crucial en la lucha contra la epidemia de la pobreza. También podría suceder que si estas minorías beneficiadas con "las dos piñatas" no consiguen una resolución favorable a sus intereses, torpedeen más la estabilidad del país y apuesten por la suspensión de las elecciones.

Los artículos aprobados

Con la aprobación de los primeros artículos de la Ley de Estabilidad de la Propiedad se ratificó el beneficio hecho a 178 mil familias, 108 mil urbanas y 70 mil rurales. Los documentos emitidos por la Reforma Agraria sandinista y los del actual gobierno adquirieron así valor de "documentos públicos".

En lo aprobado en las convulsas sesiones parlamentarias de octubre se reconoció también el pago de una indemnización a los confiscados. Los afectados por el decreto 38 ("allegados" de Somoza) podrán presentar sus casos ante la Comisión Nacional de Revisión de las Confiscaciones. En los debates parlamentarios se alcanzó consenso en que los inmuebles que el Estado recupere sean ofrecidos prioritariamente a los tenedores de bonos originales. También se aprobó que los reclamantes a los que se les resuelva favorablemente su caso serán indemnizados valorando sus antiguas propiedades en base a los valores catastrales actuales y al estado de la propiedad en el momento de su afectación. Como puede observarse, los criterios políticos que han ido prevaleciendo en las discusiones parlamentarias tratan de minimizar "el quedar mal" con los diferentes grupos de poder e influencia. La cercanía del período electoral favorece el que los derechos de los sectores populares sean tenidos en cuenta. La pregunta clave es si la Ley terminará o no de ser debatida y aprobada y en qué condiciones.

Gallina de huevos de oro

En la línea de tratar de "quedar bien" con el mayor número, un problema clave es cómo financiar esta acción conciliadora. El gobierno sondeó, en primer lugar, la cooperación externa. Pero, aunque existe algo de ayuda para apoyar esta línea de acción, las perspectivas de obtener recursos extraordinarios más allá de lo acordado en el ESAF, son muy limitadas. Los desembolsos en divisas líquidas que el gobierno espera en 1996 son un 8% inferiores a los que se estimaron para 1995.

En este marco se entiende la iniciativa del Ejecutivo para privatizar TELCOR. A principios de año esta privatización fue planteada por el FMI como una condición para el desembolso de recursos externos. El Ejecutivo anunció la privatización como un hecho, aunque ésta tenía que ser aprobada por el Parlamento. Como la privatización no se logró durante la prolongada crisis de poderes, a pesar de indecibles esfuerzos del Ejecutivo, el FMI desistió de mantener esta condicionalidad. Pero al entrar a discusión la Ley de la Propiedad, el asunto de privatizar TELCOR volvió al tablero como moneda de negociación.

La alianza que dominaba en octubre la Asamblea Nacional democristianos, sandinistas del FSLN y del MRS, Alfredo César y liberales de Godoy mantuvo la ficha de la privatización a cambio de cesiones en la Ley de la Propiedad y en la elección del Contralor. Otra ficha de negociación en espera será el Presupuesto para 1996.

La propuesta del Ejecutivo de privatizar TELCOR es la peor opción para el país, aunque ofrece una salida fácil y rápida al gobierno. Como quiere sopa de gallina, elige matar "la gallina de los huevos de oro", la única empresa estatal rentable que queda. Pero ni siquiera el "oro" por el que sacrificará "la gallina" es suficiente para valorar los bonos de indemnización hasta el nivel de los 500 millones de dólares que serían necesarios para este fin. La institución está valorada en 159 millones y si se privatiza el 50% como propone el Ejecutivo sólo se recaudarán con esta operación 79.5 millones. Ni siquiera privatizando el 100% de TELCOR se resuelve el problema.

CORNAP: operación limpieza

Al igual que en el tema de la propiedad, el caso de TELCOR (ver otro artículo en este mismo envío) demuestra que existen salidas viables y positivas. Pero el rejuego político y el poder de veto de grupos minoritarios dificultan el alcanzar las mejores soluciones. El problema de cómo financiar la política de "quedar bien" con los más posibles en el conflicto de la propiedad está abierto.

Es en este contexto en donde se hace evidente el turbio manejo de la CORNAP. Los aportes que el masivo proceso de privatización efectuado por la CORNAP podría hacer en esta hora no existen o son prácticamente nulos. La CORNAP aún no logra explicar cuántos recursos ha obtenido por la venta de masivos y muy valiosos activos estatales. Los valores que ha reportado son muy inferiores a los valores catastrales actuales. Y ahí está otro hilo rojo: el proceso de auditoría de todo lo actuado por la CORNAP lo hará la Contraloría, en una operación que va a financiar la propia CORNAP. ¿Qué más? Como dice el refrán, "el que paga manda". Dentro del marco de corrupción imperante no puede esperarse de esta auditoría más que una operación en la que "se borren las huellas". Esto explica también el ácido conflicto por la elección del Contralor.

Economía a final del 95

A estas alturas del año, se estima que 1995 puede cerrar con exportaciones por valor de 490 500 millones de dólares. Se espera que sólo el café aporte $150 millones, un monto aproximado a lo que ingresa por remesas familiares. El café y las remesas son hoy los principales rubros de exportación de Nicaragua. Se espera también que las importaciones alcancen unos $933 millones, un 6.7% superiores a las de 1994. Se espera que la producción crezca en un 4%, aun cuando éste ha sido un año particularmente difícil para la agricultura por las inundaciones y por la falta de financiamiento a la producción. No sólo disminuyeron las áreas financiadas sino el financiamiento por manzana. Esto afectó sobre todo a los cultivos de consumo interno, menos a los de exportación.

Las renegociaciones de la deuda externa tuvieron resultados alentadores. La compra de la deuda comercial culminó exitosamente el 6 de noviembre. La masa crítica requerida para garantizar el éxito de la operación equivalía al 70% de la deuda con la banca comercial. Se obtuvo un 73%. Para cerrar esta operación, el gobierno disponía de $109.5 millones para comprar la deuda. Con esta cantidad pudo comprar los bonos de la deuda a 8 centavos por cada dólar. La exitosa operación permitió que el saldo de la deuda externa se redujera en $1,300 millones. Si a esto se suma la condonación hecha por Alemania de un 80% de nuestra deuda con ese país, la reducción es de $512 millones más. En total, en noviembre se lograron borrar $1,812 millones de una deuda externa que era de más de $11 mil millones y que es ahora de $9 mil millones.

Zozobra el ESAF

Todos estos éxitos son un riesgo si no se emplean con eficiencia los nuevos endeudamientos que tendrá que afrontar la economía del país. En este fin de año es particularmente preocupante que el manejo político de la gestión económica sin ancla productiva ni visión nacional pueda hacer zozobrar la costosa estabilización monetaria lograda y perjudicar el hálito de bonanza económica que han traído los mejores precios de los productos de exportación.

A un año de suscrito el programa ESAF, la falta de realismo del programa y la irresponsabilidad en la gestión del mismo por parte del gobierno han resultado en un virtual fracaso del ESAF en vísperas de la contienda electoral. Resultado contrario al que el gobierno pretendía al firmar el ESAF: garantizar un flujo mínimo de recursos financieros que le diera base material a la transición democrática.

El programa "anda suelto"

El protagonismo excluyente que caracterizó la gestión de Antonio Lacayo sigue presente, y dirige "a control remoto" el gobierno, tras su renuncia en septiembre. Además de la centralización extrema de las decisiones que siempre instrumentó, trabaja ahora con una nueva línea: no debe surgir en el cielo oficial otra estrella que lo eclipse ni a él ni a su PRONAL. La orientación dada a los funcionarios de mantener un perfil bajo está provocando que las iniciativas y correcciones a la política económica sean más lentas, escasas y dificultosas. Esto explica en parte que hoy el programa de estabilización "ande suelto", a pesar de las dos visitas evaluativas del FMI.

La primera de ellas, en marzo, y la última, en septiembre, constataron los incumplimientos del gobierno en la meta de reservas internacionales acordadas. Corregir esta falta se considera a estas alturas un desafío insuperable. En sus programas, el FMI fija una serie de criterios claves, llamados criterios de desempeño. El ESAF tiene cinco criterios de desempeño claves 1) La meta de reservas internacionales netas (RIN), que fijan el nivel de divisas con que el país termina el año. 2) El pago de la deuda externa. 3) La meta de ahorro del sector público se identifica la expansión del déficit fiscal como una fuente fundamental de la inflación . 4) La meta de crédito interno neto del sistema financiero. 5) La meta de inflación.

Además de estos criterios claves y priorizados, hay una serie de condicionalidades cruzadas con los procesos de privatización, de modernización del estado y de liberalización financiera y comercial. Estos varían según el momento. En septiembre, el FMI encontró un serio incumplimiento de las metas claves reprogramadas en marzo. No sólo no se aumentaron las reservas en $75.2 millones entre abril y septiembre, sino que se redujeron en $54.7 millones. Después de la revisión de septiembre, y "para cumplir", el gobierno se apresuró a anunciar una serie de medidas rectificadoras, más de imagen que de efectividad real. Anunció la privatización del BANADES, la licitación para crear una entidad privada que recuperara la cartera vencida de este banco estatal, la unificación de los tipos de cambio oficial y paralelo y el retiro de moneda circulante. A pesar de todo esto, en octubre no se acumularon los $29.4 millones de reservas programados, sino que se desacumularon otros $6.8 millones. Hasta octubre, las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS) se han desacumulado en $113 millones. Con esta desacumulación de reservas se han financiado importaciones. Fundamentalmente, las reservas se han "cordobizado" para sostener el gasto corriente del gobierno.

Preparando el caos

La estabilización monetaria sin ajuste real y sin reactivación económica, ha demostrado ser insuficiente e incapaz para superar los desequilibrios macroeconómicos que trajo la hiperinflación de los años 80. Insuficiente para curar la epidemia de empobrecimiento que crece en todo el país.

Al eliminar la hiperinflación, sólo nos colocamos en la senda de la estabilidad de precios. Pero esta senda, como depende esencialmente de una ayuda externa declinante, más temprano que tarde ha resultado ser un callejón sin salida. Como no se ha logrado reactivar la inversión ni se ha concertado la política económica con los principales sujetos productivos del país, era de esperar que nos quedáramos estancados en la estabilidad de precios, sin saber cómo seguir. Y hasta ese logro de estabilidad es cada vez más frágil, en la medida en que los recursos externos líquidos están cada vez más en baja.

El pago de la deuda externa y la práctica de cubrir con fondos externos la ineficiencia económica del gobierno se comen la mayoría de los recursos externos que llegan al país. En 1990 y 1997 se estima que ingresaron a Nicaragua en concepto de divisas líquidas alrededor de $2,331 millones. Con ellas se pagaron $1,893 millones en concepto de deuda externa. 81 centavos de cada dólar de la cooperación internacional se usaron para pagar la deuda externa. Con los restantes 19 centavos se cubrió la ineficiencia de la política económica.

A fines de 1995 asistimos a una opción peligrosísima: "dejar suelta" la estabilización de precios. Esta nueva irresponsabilidad en la gestión económica puede también interpretarse como otra pieza del plan para bloquear las elecciones, escamoteando el voto de castigo de la población. El riesgo de entrar en 1996 sin el respaldo financiero programado en el ESAF está a las puertas. Junto a otros factores desestabilizantes, los hechos económicos indican que se está preparando una situación de caos y emergencia que podría ser asumida por una Constituyente o por un Gobierno de Unidad Nacional. Mientras, el incumplimiento del "programa puente" pactado en septiembre con el FMI se traduce en una severa restricción del circulante y en una escasez total de los créditos. Renegociar con el FMI sobre nuevas bases un ESAF alternativo para 1997 es uno de los puntos principales de la agenda electoral.

Los verdaderos inversores

El modelo actual no sólo dilapida los recursos externos. También emplea mal los recursos internos. En sólo los últimos 20 meses el ahorro en los bancos privados aumentó en 150 millones de dólares. Sin embargo, este ahorro no se invierte en empleo y producción para los nicaragüenses. No se dedica a "curar" la pobreza. De esos 150 millones ahorrados, 60 se invirtieron en especulación financiera en Wall Street. Si estos 60 millones se hubieran invertido en la producción, el desempleo se hubiera reducido en un 5%. Aquí mismo, en Nicaragua, están los recursos para enfrentar la epidemia de pobreza.

Los 140 millones de dólares de remesas familiares que llegan anualmente al país, fruto del trabajo de nuestros inmigrantes en el extranjero contribuyen más a sostener el país que el dinero de todos los grandes inversionistas. No son los grandes empresarios los que invierten en Nicaragua. Los mejores y casi los únicos inversores son los pobres que emigran a Costa Rica y a Estados Unidos y que envían dinero a sus familiares para que ellos los inviertan en microempresas urbanas y rurales con las que sobreviven.

Un presupuesto "electoral"

Pese a todas las crisis, la propuesta de Presupuesto General de la República, presentada en octubre por el Ejecutivo para que sea debatida en el Parlamento, aparece marcadamente electoralista. Los gastos nominales son un 57.9% mayores a los de 1994. Los ingresos nominales están previstos a aumentar en un 23.4%, por lo que se espera que aumente el déficit fiscal. En 1995, el financiamiento externo del déficit, por concepto de donaciones, bajó muy bruscamente en relación a 1994: fue un 77% menor en términos reales. Aunque se espera un repunte de las donaciones en 1996, esto no está asegurado. A su vez, los préstamos externos para financiar el déficit fueron en 1995 un 66% menores que en 1994. Para 1996 no se espera un gran repunte de los préstamos: sólo un 7%.

Lo que llama más la atención en el Presupuesto es que el financiamiento interno, por créditos del Banco Central al gobierno, es en 1995 un 122% mayor que en 1994. Dadas las restricciones de financiamiento externo y las dificultades del ESAF, esto sólo puede explicarse por razones del populismo electoral oficial, un populismo que busca favorecer al PRONAL. Sin embargo, el Banco Mundial ha advertido que el nivel de déficit actual es insostenible "ya que no se nota claramente que exista una racionalización del gasto público" y que "la mayor parte de los programas lleguen realmente a los sectores beneficiados".

Al examinar la composición del gasto programada en el Presupuesto crecen las sospechas. Aparecen jugosas asignaciones a ministerios como el de Acción Social, el de la Construcción, el de Agricultura, el de Gobernación especialmente en el rubro de "inversiones para la paz" y a entes de servicios como INAA y el PAMIC. Hay un gran monto destinado al desarrollo rural en el PNDR y a varios programas de créditos especiales. El Consejo Supremo Electoral aumenta, naturalmente, sus gastos por las elecciones.

Todas estas partidas constituyen casi el 24% del total presupuestado y son equivalentes al gasto total que se hará en todo el año en salud y educación. La otra gran partida de gastos la constituyen los pagos de los intereses de la deuda externa. En términos reales se aumentan en un 111%, pasando de ser el 1.8% del PIB estimado en 1995 al 3.8% del PIB esperado en 1996. Una cantidad que equivale al 87% de todo el gasto programado para salud.

La desproporción de la propuesta presupuestaria es también notoria al observar que, en términos reales, el 70% de los gastos se financian con los impuestos. La promesa hecha en octubre por el gobierno de bajar o eliminar algunos impuestos, aparece así de muy improbable cumplimiento. Sin grandes gastos en inversiones públicas, aunque sí en consumo corriente, será difícil lograr algún impacto reanimante en la producción. Y sin reactivación, la recaudación fiscal será probablemente menor, lo que presionará al gobierno a elevar los impuestos para compensar.

Hay soluciones

La inestabilidad política debe ser erradicada para erradicar la pobreza. Porque la inestabilidad deprime la inversión. Y las causas de la pobreza son hoy la falta de inversión en la producción, en la salud y en la educación y una grave carencia en la generación de empleos productivos.

La epidemia de pobreza y la vacuna y el tratamiento para remediarla: ésta es la pregunta con que la sociedad civil debe medir las actuaciones y ofertas electorales de los políticos. Los aspirantes a cualquier cargo público de importancia que no tengan propuestas realistas para enfrentar el mal de la pobreza, deben ser castigados con los votos. Porque existen los recursos.

Lejos de la extrema polarización que caracterizó la campaña electoral de 1990, la población tiene ahora que escoger con sumo cuidado a sus próximos gobernantes, asegurándose además de que los podrá controlar para que cumplan.

Para la mayoría de los grandes problemas que hoy enferman a Nicaragua existen soluciones realistas y beneficiosas para el país y no sólo para las minorías antidemocráticas. La negociación de un nuevo ESAF, la eliminación de la deuda externa, la solución de la propiedad y la reactivación económica son posibles. Pero hay que cambiar a fondo el sistema político y ampliar de una vez la participación ciudadana, para que estos "milagros" ocurran.

Hoy, no sólo el voto debe estar muy bien informado y ser muy razonado. En estos meses hay que velar también para que las elecciones no sean suprimidas.

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