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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 164 | Octubre 1995
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Nicaragua

ESAF: ¿se interrumpe la carrera?

Con sus propias manos y en los últimos meses el gobierno ha destruido la imagen que se labró de concertador y reconciliador. Ahora, el valioso puente del ESAF, por el que caminaba orgulloso y seguro, ha empezado a tambalearse.

Equipo Nitlápan-Envío

Desde fines de agosto y durante más de dos semanas una misión del Fondo Monetario Internacional visitó Nicaragua. No fue una misión de rutina. La visita, segunda del FMI en 1995 y preludio de una tercera que realizará a fines de año, ha sido trascendental y reveladora, aunque sus resultados apenas trasciendan al público y aunque los funcionarios del gobierno ni mencionen lo ocurrido.

¿Se interrumpe la carrera del ESAF? ¿Se ha quebrado el proyecto que quiso construir el gobierno Chamorro desde que asumió el poder? La realidad es que en este año electoral, previsto como año de cosecha triunfal, el gobierno ha vuelto a la situación de 1990, pero en condiciones críticas. Ni hereda el caos de una post guerra trayendo soluciones de paz y estabilidad ni cuenta ya con la credibilidad esperanzada con que la sociedad lo recibió. Con la crisis del ESAF, Nicaragua entra en este último trimestre del año en una etapa de mayor incertidumbre, si cabe. Es útil hacer un breve repaso del camino que nos ha conducido hasta aquí.

Unas metas totalmente irreales

En marzo/95, en plena crisis institucional, el FMI estuvo en Nicaragua. Pese a que el gobierno no había cumplido con las metas fijadas en el acuerdo ESAF, el FMI certificó que el gobierno iba "por el camino correcto" (on track). Este certificado de buen comportamiento fue para el gobierno un claro respaldo político y le dio un respiro, pero no fue gratuito. En marzo, el FMI y el gobierno suscribieron una serie de acuerdos orientados básicamente a recuperar el nivel de reservas internacionales exigidos por el FMI.

En esa ocasión se modificó la definición de reservas internacionales netas (RIN), incluyendo en ellas los pagos por pasivos de corto plazo. Por sí sola, esta modificación implicaba que el gobierno debía duplicar sus esfuerzos en la acumulación de reservas.

Para doblar los esfuerzos había que restringir aún más el crédito al sector privado. El gobierno aceptó. A cambio, ganaba respaldo político para ir a la reunión con el Grupo Consultivo en París (19 20 junio) y conseguía también una flexibilización de los términos originales del ESAF en cuanto a las metas de ahorro del sector público. Pero las metas que se fijaron entonces para las reservas internacionales eran totalmente irreales. El gobierno, sin embargo, se comprometió, insistiendo en cegarse ante lo previsible: no cumpliría buena parte de sus compromisos.

En la reciente visita del FMI se confirmó lo esperado: el gobierno no sólo no logró alcanzar las principales metas fijadas en marzo, sino que desde marzo hasta mediados de septiembre marchó por el sendero contrario. Este hecho, que arriesga gravemente el flujo de financiamiento externo del país, no es fruto de la casualidad. Como ya ha mostrado la actual crisis mexicana, la terquedad en la aplicación de un programa totalmente irreal conduce a la bancarrota del país y también a que se pierda todo lo conseguido con la costosa estabilización practicada.

En el caso de Nicaragua, la estabilización conseguida es tan frágil por su total dependencia de la cooperación externa , que los riesgos de un colapso de la política económica son ahora más reales que nunca. Aunque hay avances en materia de renegociación de la deuda externa específicamente de la deuda comercial , el gobierno tiene cada vez menos trofeos y medallas que mostrar. A estas alturas de 1995, estamos ya muy lejos del ciego optimismo que irradiaba la versión oficial al inicio del año y todos saben ya que la crisis mexicana es una historia que podría repetirse a su propia escala en Nicaragua, mostrando la superficialidad con que el FMI evalúa sus programas.

En crisis todo el proyecto

La crisis es de fondo. Con el resquebrajamiento del ESAF, es la restauración oligárquica, en la que se enfrascó el gobierno chamorrista, la que está en quiebra y sin garantías de continuidad, más todavía si en las elecciones de 1996 triunfa el populismo derechista de los liberales de Alemán.

El ESAF no es solamente un programa de estabilización financiera. El ESAF era el puente que la élite dominante eligió para aglutinar sobre él a una coalición de empresarios comerciales y financieros que garantizaran las reformas estructurales necesarias para la transición del país hacia una sociedad "de mercado" al estilo neoliberal. Al tambalearse el puente, el pánico que pueda apoderarse de las distintas facciones de esta coalición recién amalgamada, puede debilitar el impulso oligárquico. Ante esta nueva y no bien calculada encrucijada, los esfuerzos de la oligarquía nicaragüense por culminar la "transición" podrían ser modificados en su orientación y hasta llegar a ser de otro signo. Si fuera así, la crisis del ESAF equivaldría a un nuevo comienzo, pues todavía no han cuajado los elementos estabilizadores que permitan al país un desarrollo en democracia.

¿Transición hacia dónde?

La "transición" nicaragüense, que ha consumido todas las energías del gobierno Chamorro Lacayo, ha estado plagada de marchas y contramarchas. Era de esperar que el grado de polarización social y político heredado, harían el proceso muy conflictivo. Más difícil porque no se trataba únicamente de un cambio de gobierno, sino de cristalizar un nuevo arreglo de poder que desplazara de manera definitiva a los sectores populares y empresariales productivos, en favor de la oligarquía aliada al capital transnacional.

Esta "transición" fue favorecida por el giro que dio la política económica sandinista desde 1988. Para esas fechas, la organización y actividad popular estaban ya separadas del aparato de poder y habían cristalizado las bases de un ejercicio de poder no democrático. Fue esta maquinaria centralizada la que heredó el gobierno chamorrista y le resultó muy funcional a sus planes. La centralizó aún más y se dispuso a impulsar desde tan alta concentración de poder los cambios sociales y políticos que se necesitaban para refundar el dominio oligárquico en Nicaragua.

Aprendices de gobernante

El autoritarismo del gobierno Chamorro Lacayo no hizo más que repetir la tradición política del país: cambios hechos desde el poder estatal sin participación de la ciudadanía. La gran transición que tenía pendiente Nicaragua después de tantas convulsiones y guerras era construir una convivencia democrática reduciendo al máximo la conflictividad social, sin delegar la responsabilidad de ese proceso ni a un Estado paternalista ni a un mercado totalmente desregulado y salvaje. Una transición así permitiría alcanzar a la mayoría de la población una mejora sustantiva de su calidad de vida y de su participación política.

El FSLN perdió las elecciones de 1990 porque perdió la representación de esa aspiración generalizada a una vida mejor. Queriendo imponer un proyecto que no contaba con el suficiente consenso y que era minado por la agresión externa, el FSLN fue cegado por la arrogancia de creer que sabía lo que era bueno o malo para el pueblo. Y ni siquiera supo prever su derrota electoral.

El gobierno chamorrista no perdió tiempo. Después de un inevitable compás de espera de casi ocho meses tras asumir el poder tiempo en el que sorteó las manifestaciones contestatarias de la derecha y de la izquierda jugando al consenso se amarró en marzo de 1991 con el FMI para llevar a cabo su programa de estabilización. Desde entonces y hasta hoy en todas estas grandes iniciativas, el gobierno se ha lanzado siempre solo y apostando a ganador.

El programa de estabilización "Vamos al Córdoba", puesto en marcha en 1991, tuvo éxito en eliminar la hiperinflación. Pero no era ése su principal cometido. Este programa estabilizador conocido como "Plan Lacayo" por el protagonismo que en él jugó el yerno de la Presidenta estaba cargado de retórica nacionalista y de pretensiones de originalidad, pero tenía un indudable linaje: era uno más entre los planes de estabilización diseñados en Washington por el FMI y el Banco Mundial.

Un grupo de tecnócratas locales la mayoría de ellos ingenieros o administradores de empresas recién metidos a la economía y a la política no hizo otra cosa que aplicar exactamente la receta neoliberal en Nicaragua. Esto exigió a los aprendices de gobernante el dar la espalda a todas las promesas electorales hechas por la UNO de democratizar y reactivar la economía. La única meta del equipo de gobierno fue la estabilización y la aplicación de las reformas económicas.

El cambio estructural al que se dedicaron no estuvo orientado a revertir los factores estructurales que han alimentado en Nicaragua conflictos, insurrecciones y revoluciones, sino a nuclear una sólida coalición que restaurara el dominio de la oligarquía comercial y financiera desplazada del poder desde los tiempos de Somoza. La estabilización y la reforma económica serían los instrumentos para enfrentar las resistencias sociales y para reacomodar los grupos de poder. Aunque era una opción conflictiva y generadora de gran inestabilidad exactamente contraria a la opción que el país necesitaba , fue el camino elegido por el nuevo gobierno.

Necesitaban un OK y tiempo

El reto inicial de los tecnócratas fue asegurarse de que tenían el plan "correcto". Se lo certificó el FMI con su aprobación. El reto más difícil era mantener el poder por el tiempo necesario para que la estabilización y la reforma económica que ellos iniciaban tuviera continuidad. Esto iba a implicar seguramente más de un período presidencial, lo que obligaba a prever el apoyo político de los potenciales electores para continuar llevando la rienda de los cambios. No era sencillo este reto del tiempo. Los planes de ajuste que diseña el FMI tienen severos costos sociales. En Nicaragua los tuvieron terribles y muy pronto. El gobierno trató de amortiguarlos con altísimas dosis de retórica: "heredamos un país en bancarrota", "estamos mal pero vamos bien", "éste es el único camino verdadero para superar la crisis", "después del sacrificio vendrá la recompensa del crecimiento y el bienestar"...

El proyecto en tres pasos

Este "plan único" de ajuste que el FMI ha aplicado en más de 60 países del Sur, implica siempre una concepción estratégica de largo plazo, que en el corto y mediano plazo se va aplicando según una secuencia invariable. Primer paso: lograr a toda costa la estabilización y el superávit fiscal: que los ingresos del sector público sean mayores que sus gastos. Segundo paso: lograda la estabilización, se procede a la reforma estructural, que consiste en un paquete de apertura comercial y económica, liberalización financiera, desregulación de los mercados y privatización de las empresas estatales. Tercer paso: se trata de lograr la recuperación de las inversiones y así, pasar de la estabilización al crecimiento. Desde la óptica del gobierno Chamorro Lacayo, el primer paso de esta secuencia se daría en 1991 92, el segundo en 1993 95 y el tercero en 1995 96 y en los años siguientes. El acuerdo ESAF era el puente entre el primer paso y el tercero.

Símbolo inicial del plan de estabilización fue el córdoba oro. Su sobrevaluación interna y el mantenimiento de su valor se sustentaban en la voluminosa cooperación externa. Con la nueva moneda, se entregaban a la ciudadanía las promesas de que no perdería su valor, de que habría estabilidad de precios y de que los principales desbalances financieros del país se corregirían.

Las reformas económicas, pensadas para ser más intensivas y masivas a partir de 1993, se empezaron a aplicar realmente desde 1990. Han consistido básicamente en medidas administrativas, aplicadas fundamentalmente en las áreas de intervención del sector público en la economía: fijación de tarifas, impuestos y aranceles, privatización, reestructuración del sistema financiero y asignación de créditos. Hasta 1992, los logros alcanzados con estas medidas permitían suponer que se estaban poniendo buenos cimientos: se había estabilizado la moneda, el país se había reinsertado en los canales de financiamiento externo tradicionales y la resistencia popular al ajuste estaba bajo control.

La cúpula del FSLN influyó de manera decisiva en estos logros jugando un papel mediador y de tácito apoyo al gobierno, considerándolo de "centro" y necesario ante la amenaza de una derecha intransigente. El ajuste neoliberal que el FSLN inició en 1988 había ido insensibilizando a los dirigentes sandinistas frente a las demandas reales de la población. La cúpula del FSLN renunció a jugar el papel de oposición democratizante y de opción popular progresista. Sin embargo, aunque el FSLN se desgastó por su apoyo al gobierno, conservó casi intacta su fuerza organizativa.

¿Cuál fue su "éxito"?

El período de "éxito" del poder oligárquico fue un período de gran turbulencia social, con esporádicos repuntes contes tatarios de movimientos con tradición organizativa o de movimientos espontáneos provocados por la crisis. Las principales protestas sociales de base sandinista la mayoría fueron desmanteladas con el fraudulento recurso de entablar negociaciones y suscribir acuerdos, sin que el gobierno tuviera ni la intención ni la capacidad de cumplirlos.

En este período, el gobierno Chamorro Lacayo fracasó en el mismo punto en que fallaron los sandinistas: la real democratización de la vida política. Si los sandinistas sustituyeron la democracia con un Estado paternalista, los lacayistas lo hicieron con un Estado entregado al capitalismo depredador y excluyente de las mayorías.

Hasta este momento, la meta de los tecnócratas, amparados a la sombra del FMI, era fortalecer la posición económica de los grupos financieros y comerciales y distribuirse las cuotas de poder político. Cubrieron estas metas dando un decidido apoyo a la banca comercial privada y dándose un acceso preferencial a los recursos de la cooperación externa tanto por la intermediación de líneas de crédito en el sistema financiero privado, como por el acceso directo a jugosos créditos de la banca estatal. Otro proceso fundamental que usaron consistió en capitalizarse aceleradamente. Lo consiguieron conociendo, de forma restringida y anticipada, las decisiones gubernamentales en materia de política comercial y financiera y manejando muy poco transparentemente el proceso de privatización de las empresas estatales.

ESAF: clave que zozobra

Para estabilizarse, los tecnócratas del gobierno y la oligarquía comercial y financiera a la que favorecían, necesitaban garantizar un flujo estable de recursos externos e iniciar el proceso inversionista. Las inversiones empezarían a mostrar los dulces frutos del amargo sacrificio del ajuste. Aunque las inversiones estaban originalmente previstas para 1992, le resultó imposible al gobierno plantearse en serio esta meta hasta 1994. Si todo iba bien, el tiro era llegar al período electoral de 1996 con una moneda estable, una moderada reactivación económica, un financiamiento externo garantizado y una coalición de poder claramente establecida. A la cabeza de ella soñaba verse el yerno de la Presidenta, Antonio Lacayo. Comprando apoyo político con cooptación y a "cañonazos" de dólares, Lacayo pensaba armar la infraestructura política y organizativa que le garantizara otro período presidencial para con unos años más completar la restauración oligárquica, a la que los dirigentes sandinistas parecían temer menos que al populismo antisandinista y antioligárquico de los liberales de Alemán.

El ESAF era la pieza clave de esta estrategia. Por el puente de este acuerdo la coalición lacayista en formación pretendía transitar triunfalmente consiguiendo la reactivación en 1996 y prometiendo más avances de ahí en adelante. Como el diagnóstico que estaba detrás es que al pueblo no le interesa quien gobierne sino quien le asegure su bienestar, el éxito final de la operación se daba por descontado.

Pero la crisis institucional que llenó la primera mitad de 1995 y los incumplimientos del ESAF han lesionado seriamente esta estrategia. Hoy la crisis Ejecutivo Legislativo ha dejado a Lacayo inhibido como candidato presidencial por las reformas constitucionales y el ESAF zozobra. Los recursos externos no serán tan abundantes como para lanzar una política económica atractiva en 1996. Ni siquiera las elecciones del 96 podrán ser financiadas con recursos nacionales. Serán las donaciones internacionales entregadas para este exclusivo fin las que financien los comicios.

A finales de 1995, cuando previó su llegada, el gobierno está de regreso sin desearlo, en la situación de 1990, pero en peores condiciones. Ni puede resolver la catástrofe que hereda ni goza de la credibilidad inaugural que tuvo entonces. Todos ven al gobierno como parte del problema y no de la solución, a pesar de sus actuales y denodados esfuerzos por aparecer como una fuerza conciliadora.

1994: en crisis el proyecto

A inicios de 1990 el gobierno podía presentarse como una víctima del permanente chantaje desestabilizador de los sandinistas. Desde 1991 y hasta casi los finales de 1993, su evidente alianza con el FSLN le permitió mantener una imagen de estabilidad. En lo político con sus altibajos y mucho más en lo económico, estos dos años crearon el aura de éxito que Lacayo ha ostentado con tanta vanidad.

Pero ya a mediados de 1993 empezó a desestabilizarse el sistema político, principalmente por las pugnas por el control de la Asamblea Nacional. A comienzos de 1994, el eje diputados del FSLN Ejecutivo, aparecía como vencedor absoluto en estas pugnas, situación que permitió, entre otras cosas, que se aprobara el Código Militar y que se firmara el ESAF. A fines de 1994, la dinámica divisionista del FSLN los disidentes del MRS eran el grueso de diputados de la bancada sandinista en el Parlamento influyó en una nueva alianza de los partidos en la Asamblea Nacional: todos contra el Ejecutivo y contra sus aliados del FSLN. Esta alianza generó un nuevo consenso parlamentario que era democratizante y progresista porque las reformas constitucionales en torno a las que se aglutinaron y que impulsaban eran un buen primer paso con el que iniciar un cambio real en el tradicional sistema político autoritario. Debilitó este primer paso el que tanto las alianzas, como el consenso y las mismas reformas estuvieran tan teñidas de aspiraciones presidencialistas, ambiciones personales y simples reacomodos de poder.

#Tabla1#

El intento de restauración oligárquica ha sido muy costoso para Nicaragua. Se ha perdido tiempo para reconstruir la Nación y sacarla de su crisis más reciente. Y en términos históricos, se ha perdido una oportunidad más de dotar al país de instituciones modernas que le den viabilidad en el mundo de hoy: un Estado de derecho, mecanismos de participación ciudadana y de gobernabilidad democrática y un pluralismo político efectivo. La apuesta al continuismo del sistema político autoritario hecho por el gobierno chamorrista no empujó hacia adelante ni al país ni a la economía, sino que los hizo involucionar al esquema oligárquico y transnacionalizado de antaño. Y hoy, el gobierno no tiene sus señas de identidad ni en el gastado argumento de la reconciliación ni en la nunca lograda reactivación. Es un gobierno marcado por la corrupción, la intransigencia política, el desempleo y la pobreza, lacras que ensombrecen cualquier destello de éxito.

Incluso, ni la estabilización ni el ajuste neoliberal a la criolla han sido exitosos o eficientes en términos financieros. Entre 1990 y 1991, Nicaragua fue el segundo país a nivel mundial en recibir la mayor ayuda externa per cápita. Israel ocupó el primer lugar. Entre 1991 95 la cooperación externa ha representado un promedio de 29.9% del PIB anual (10.2% de esta cooperación ha llegado atada a proyectos y el 19.7% restante llegó en recursos líquidos). Sin embargo, sólo el servicio pagado por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa significó en esos años un promedio del 12% del PIB anual. Los pagos de la deuda han absorbido así buena parte de la cooperación externa líquida que el país recibió. Y aún tenemos el récord de la más alta deuda externa en relación al PIB nacional: por cada dólar que producimos debemos seis.

La brecha externa diferencia entre el total de ingresos por exportaciones y el total de importaciones no sólo no se ha reducido desde 1990, sino que se ha ensanchado deficitariamente. Más cooperación externa se ha traducido en más importación sin reactivación. La brecha externa ha sido deficitaria en un 42.5% promedio del PIB anual. En 1990 este déficit era menor: 32.2% del PIB. También la estabilidad monetaria se mantiene artificialmente. El mantenimiento del valor del córdoba no se ha podido sostener. En 1993, el gobierno empezó a utilizar un esquema de mini devaluaciones o de deslizamiento cambiario, que ha sido cada vez más acelerado. El mecanismo se ha traducido en una dolarización significativa del sistema de precios, para operar sobre valores considerados estables por el público. Este sistema dolarizado y el riesgo que implican las inversiones productivas hacen que el ahorro se acumule sin tener aplicaciones socialmente útiles.

Resultados sociales pavorosos

En términos sociales, los resultados de la apuesta gubernamental son pavorosos. Según el estudio sobre la pobreza publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en junio/94, el 74.8% de las familias nicaragüenses vive bajo niveles de pobreza y de ellas, el 43.6% está en pobreza extrema o indigencia. El desempleo global (abierto y encubierto) se acerca a un 60% de la población apta para trabajar, afectando principalmente a los jóvenes y a las mujeres.

Aunque hay destellos de reactivación en ciertos sectores el forestal y la exportación de pescado y mariscos , se trata de industrias extractivas con bajo impacto sobre el conjunto de la economía. El repunte de algunos productos tradicionales no es suficiente para reanimar la economía. Tampoco lo es el incremento en otras actividades industriales: bebidas rones, cerveza, gaseosas , aceite, cigarros y madera muebles. El repunte de exportaciones experimentado desde 1994 se ha debido fundamentalmente al alza de los precios del café y beneficia a este sector. La regla que se viene observando es que se reactivan los sectores donde hay inversiones (mariscos, forestal, industria fiscal) o los que tienen la suerte de una bonanza de precios (café). El resto de los sectores no arranca por sí sólo al faltar una política de fomento.

Ante un panorama tan desalentador, sin una reactivación generalizada y sostenida, ¿qué justificación habría para que el actual equipo de gobierno pretenda reelegirse? Hasta 1994 el gobierno mantuvo una imagen de centro moderado, pero esta imagen que tanto le ha costado al país comenzó a desmoronarse entre fines de 1994 y mediados de 1995. La intransigencia mostrada por el Ejecutivo frente a las reformas constitucionales que desafiaban su autoritarismo estuvo más allá de toda prudencia política. Con sus propias manos y en unos meses el gobierno destruyó la imagen que se había labrado de conciliador, concertador y democrático. Ahora, el valioso puente del ESAF, por el que caminaba orgulloso y seguro, ha empezado a tambalearse.

Marzo 95: malas notas

A inicios de 1995 el gobierno Chamorro Lacayo exhibió un triunfalismo fuera de tono. Con el aval del FMI y el Banco Mundial, presentaba el programa de estabilización y ajuste nicaragüense no sólo como bueno sino como un modelo a imitar. Sólo México rivalizaba con Nicaragua en la ejemplaridad de sus esfuerzos por seguir el camino "correcto" trazado desde Washington. Hasta marzo/95, cuando llegó a Nicaragua la primera misión del FMI para evaluar el primer año del ESAF, todo iba bien. En esa ocasión, los fallos en las metas acordadas no lograron hacer mella en la fe del FMI sobre el derrotero del programa. Pero el favoritismo del Fondo hacia el gobierno nicaragüense no evitó que el FMI le exigiera acumular de marzo a fines de 1995 un total de 92 millones de dólares para recuperar las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS). Como los desembolsos de divisas líquidas ya programados para abril diciembre/95 eran de 157.3 millones, la disponibilidad de divisas líquidas se le limitaba al país a sólo 65.3 millones.

Compromisos imposibles

En esta situación, era previsible que persistiera una enorme brecha de recursos externos. Sólo los pagos programados de la deuda externa para ese mismo período eran 215.4 millones. El desbalance alcanzaba la cifra de 50.1 millones. Algo que estaba totalmente fuera de la capacidad de pago del gobierno en el corto plazo.

Pese a términos de tan improbable cumplimiento, el gobierno empeñó su palabra con el FMI: cumpliría con esas metas. El 31 de marzo las reservas tenían un saldo negativo: 53 millones. Significaba que entre abril y octubre el gobierno tenía que acumular 66.7 millones y a la par, pagar unos 160 millones en deuda externa. Descontando los 51.6 millones de desembolsos por divisas líquidas en esos meses, el gobierno se comprometía a conseguir 182.6 millones, el equivalente al 41% de las exportaciones esperadas en 1995. Obviamente, se trataba de un imposible.

No podía encontrar ninguna sorpresa el FMI en su segunda visita. Hasta mediados de septiembre, las reservas internacionales registraban un saldo negativo: 107.7 millones contra los 10.4 millones positivos que se esperaban. Mantener la meta fijada en marzo concluir 1995 con un saldo positivo de reservas por 39 millones implicaba que desde septiembre a diciembre el gobierno hubiera tenido que acumular 146.7 millones, cuando los desembolsos pendientes de divisas líquidas para ese período eran de 105.7 millones. Otro imposible. El gobierno estaba de nuevo en un grave atolladero cuando en septiembre dio la bienvenida a la misión del FMI.

Plan puente o plan sombra

Como el acuerdo de marzo resultó ser papel mojado para el gobierno, el FMI estaba ahora en la disyuntiva de anular el acuerdo, de reajustarlo o de modificarlo completamente.
La vía del reajuste presentaba otra disyuntiva: instrumentarlo mediante un plan puente o un plan sombra. Plan sombra significa que el país se reajusta sin apoyo adicional del FMI. Para el plan puente el FMI da un apoyo. Se optó por el plan puente, pero a condición de que el gobierno cumpliera de inmediato con una serie de nuevas condicionalidades.

El plan puente acordado en septiembre entre el FMI y el gobierno flexibiliza nuevamente la meta de reservas internacionales (RINAS) programada para fines de 1995. De un nivel fijado en marzo en 39 millones se pasa a 22.5 millones: una reducción de 61.5 millones.
Con todo, que el gobierno alcance este nivel negativo en el saldo de reservas internacionales entre mediados de septiembre y diciembre, implica una acumulación de reservas de 85.2 millones, ¡cuando hasta esta segunda visita del FMI, el gobierno había desacumuldo 106.2 millones! Esta desacumulación ha tenido que ver con tres factores: la sequía de 1994 y su impacto en la generación de energía, lo que hizo subir la factura petrolera; el cumplido pago de la deuda externa; y el desalineamiento en las metas de ahorro del sector público. El plan puente ha flexibilizado también en alguna medida las metas de ahorro del sector público, a cambio de restringir aún más las metas de ahorro del sector privado.

FMI: nuevas condiciones

A cambio de esta flexibilización del FMI, el gobierno se comprometió a dar claras señales de rectificación para una fecha tan cercana como el 10 de octubre. Si las da, recibirá los desembolsos pendientes: 105.7 millones. Esas claras señales son las nuevas condicionalidades. Entre las principales está que la banca estatal de fomento, el BANADES, abone al Banco Central (BCN) un total de 15.3 millones de dólares entre octubre y diciembre (5.1 millones mensuales). En concepto de pago de la mora del Fondo Nacional de Inversiones (FNI), se deben recuperar 7 millones de dólares al BCN. A su vez, esta entidad debe colocar bonos de inversión por el orden de los 5.6 millones de dólares. La condición más grave la que percibió enseguida la mayoría de los nicaragüenses es que la empresa estatal de energía debe recuperar su deuda de 53.3 millones de dólares con el BCN. Todos estos pagos suman un total de 81.2 millones de dólares. Recuperarlos implica retirar de la calle casi el 50% de todo el dinero que circulaba en el país a mediados de septiembre.

BANADES: cierre no declarado

El compromiso asumido por el gobierno tiene tremendas implicaciones. Haciendo un sobresfuerzo el gobierno podría cumplir con la mitad de lo acordado, acumulando unos 40 millones de reservas. Así el nivel de reservas sería a fines de año negativo: 67.7 millones. La realidad es que el BANADES difícilmente puede recuperar créditos por el monto que se le exige retribuya al BCN y además, en estos tiempos siembra de postrera la estacionalidad de la producción demanda créditos más que recuperaciones del crédito. Sin embargo, ahí está el compromiso, que implica de entrada una más aguda restricción crediticia. La cartera de crédito del BANADES se reduciría a un 37% de lo que es hoy, sin olvidar que en 1995 ya el BANADES programó créditos para habilitar la mitad de lo que habilitó en 1994. Con las nuevas condiciones, la cartera programada pasaría a ser sólo un 19% de la de 1994 en términos nominales. Las leoninas condiciones con las que se acordó la reestructuración del BANADES generaron en su Junta Directiva resistencias a aplicar el compromiso del gobierno. Son condiciones que equivalen a un cierre no declarado de la institución.

Por qué acordar lo imposible

Supongamos que el BANADES lograra recuperar entre 7 y 10 millones, pese a los cataclismos institucionales que esto implica. Supongamos que el FNI paga el total de su mora y que el BCN logra colocar totalmente sus bonos pese a que la última subasta de los mismos se declaró desierta . Todo esto suma entre 19 y 22 millones. Supongamos que ENEL logra, con la reciente subida de las tarifas o con otros medios, recuperar la mitad de lo fijado. Con todo esto se llegaría solamente a 45 48 millones para el plazo de tiempo fijado: fines del año. Es una cantidad mucho menor de la acordada. Estaríamos a las puertas de la segunda edición de la crónica de un anunciado incumplimiento del gobierno con el FMI. Por segunda vez, el gobierno habría engañado al Fondo. ¿Cuáles serán las consecuencias?

¿Qué pretende el gobierno al acordar lo que no puede cumplir? Si la apuesta es a que el FMI se conmueva y todo desemboque en un plan más permisivo, es una apuesta muy riesgosa. El FMI ha mostrado ya demasiado apoyo al gobierno y no es probable que siga siendo tolerante ante un reincidente incorregible. Es ahora cuando el gobierno muerde su soledad. En las negociaciones iniciales del ESAF y en las correcciones que se le hicieron en su primer año, el gobierno aceptó pasivamente todas las condicionalidades del FMI. ¿Por qué lo hizo? Esa era su estrategia y nunca contó con suficiente consenso interno, legitimidad y credibilidad como para negociar a fondo con el FMI un ESAF menos duro, especialmente en las metas de pago de la deuda externa.

Ahora, al ser sorprendido en falta, responde con descarada irresponsabilidad, se compromete con metas que sabe no puede cumplir y elude lo que sería más correcto: renegociar el programa para dejar una finanzas sanas al fin de su mandato y también para conseguir una mejor posición para el país en la nueva negociación que habría que hacer de la deuda externa y del mismo ESAF. Esto sería lo correcto pensando en el país y hasta podría ser lo más favorable para la coalición oligárquica que aspira a ser reelegida. De todas maneras y con cualquier salida, a estas alturas la crisis del ESAF cuestiona todo lo actuado por el gobierno chamorrista.

¿Habrán aprendido?

También puede ser que el gobierno haya actuado así porque con la salida de Lacayo del gobierno para dedicarse a su Proyecto electoral, el resto de los ministros se haya resignado ya a ir preparando sus maletas. La crisis del proyecto que los unió reflejada en la crisis del ESAF quita sentido a la beligerancia desplegada estos años. Las mismas turbulencias políticas que esa beligerancia provocó en 1995 pueden haber abierto los ojos a la coalición oligárquica para mostrarles que sus posibilidades electorales son muy estrechas. Según la última encuesta de septiembre de CID Gallup, el Proyecto Nacional de Lacayo sólo cuenta con un 6% de intención de voto.

Los continuistas del gobierno pueden haber aprendido que no pueden ir a la contienda solos, con la estabilización y la reactivación precediéndolos en su marcha triunfal. Ya saben también que no pueden ir solos y acompañados de abundantes recursos estatales. La situación real que se les presenta hoy es otra. Su candidato está inhibido y fuera del gobierno, no hay éxitos en el programa de ajuste y los nicaragüenses han entendido que para tener una vida mejor necesitan más democracia real y no sólo lo que el gobierno les ha dado estos años: libertad de expresión sin consecuencias. En estas circunstancias, el Proyecto Nacional (PRONAL) se ha empezado a desgranar. El Partido Socialdemócrata (PSD) de Adolfo Jarquín, se retiró de la coalición ante su incierta perspectiva y se especula que el PSD se aliará con los socialdemócratas del MDN de Robelo y los del MRS de Sergio Ramírez.

Aliado del PRONAL parece ser el COSEP. De sus pasadas elecciones surgió una directiva pragmática y cercana a la política oficial, expresión de los avances en los paquetes de favores gubernamentales a los empresarios comerciales y financieros agrupados en el COSEP. Aunque retóricamente el PRONAL niega cualquier posibilidad de alianza con el FSLN, en política nunca se dice nunca. Cómo se conciliaría esta eventual alianza con la posición antisandinista de buena parte del empresariado es un acertijo por resolverse en su momento. ¿Y cómo se conciliaría esta alianza con el sentimiento anti gubernamental de las bases sandinistas? Más complicado aún el acertijo.

¿Resistencia o indolencia?

Como quiera que sea, es un hecho que la coalición oligárquica está obligada a plantearse alianzas con otras fuerzas, lo que implica concesiones que le obligarían a compartir el poder. Como su estrategia de restauración oligárquica ya no está garantizada, esto explicará los próximos movimientos de esta fuerza política.

Pudiera ser también que ante la perspectiva de una humillante derrota electoral, la coalición oligárquica del PRONAL opte por una política de "tierra arrasada", dificultando tanto el ascenso como la gestión del próximo gobierno. Abortada la restauración oligárquica, la respuesta sería instrumentar una resistencia que traería inestabilidad al país después de las elecciones de 1996. Esta resistencia riesgosa no puede descartarse, sea porque el nuevo Presidente gana por estrecho margen y no puede controlar con mayoría el Parlamento y las alcaldías o sea porque, pese a una holgada mayoría, el nuevo Presidente es resistido por el capital financiero y comercial con una estampida del dinero, la descapitalización, el exilio y el boicot económico.

También pudiera ser que la actitud irresponsable del gobierno ante el ESAF obedezca más que a una estrategia intencional de resistencia anticipada, al propio desgobierno en que hoy está sumido el Estado. Una cadena de omisiones, descuidos y negligencias podrían haber tenido este insólito resultado: corriendo para salvarse, la coalición oligárquica provoca su propia caída.

Buscando alianzas

No sólo el PRONAL piensa en alianzas, aunque no lo dice. La búsqueda febril de alianzas electorales continúa, especialmente entre las fuerzas políticas menores. Los liberales del PLC de Alemán continúan en la cima en la intención de voto. Pero con esta cima, del 35% según la Cid Gallup, el PLC no alcanza aún el 45% necesario para ganar en la primera vuelta. Como el perfil de los liberales alemanistas es el ser muy derechistas, esto impide que su electorado se amplíe a los sectores moderados y centristas. Desde que en julio lanzó su candidatura, Alemán y el PLC han optado por un triunfalismo que puede cegarlos. Las encuestas señalan un amplio sector de indecisos (34%) y la seguridad de que ya tienen ganadas las elecciones puede llevarlos a una falta de refinamiento en sus propuestas y compromisos.

El único "programa" que hasta ahora se percibe en el PLC es un mensaje: van a ganar y "pondrán en su lugar" a sandinistas y a lacayistas. Este mensaje, negativo y confrontativo, no suma más a lo que ya tiene al PLC. El reciente nombramiento de Enrique Bolaños como jefe de campaña de Alemán ocasión en que ambos hablaron de "un Proyecto Nicaragua" en el que "incluso caben los frentistas" podría ser un indicio de que comienzan a apearse del triunfalismo.

El FSLN mantiene una cuota de 20% de intención de voto, aunque siguen buscando un candidato y una formula electoral que levante su perfil más allá de este por ciento estable y sólido de militantes y convencidos. El FSLN está obligado a una alianza con otras fuerzas que le permitan, por lo menos, enfrentarse a Alemán en relativa igualdad de condiciones. Su énfasis en la problemática económica y social, sin cuestionar la restauración oligárquica en su dimensión política, hace a los sandinistas del FSLN susceptibles de aliarse hasta con el PRONAL. Los partidos que lucharon por las reformas constitucionales no parecen tener al FSLN como primera opción para una alianza electoral. Solamente el PRONAL coincidió en la misma acera que el FSLN en su rechazo a las reformas constitucionales. Es precisamente esta asociación con el gobierno y el continuismo y las marcas de la piñata lo que hacen del FSLN un aliado incómodo.

Agenda: renegociar el ESAF

De momento, los sandinistas del MRS parecen resultar también muy incómodos y nadie parece querer aliarse con ellos. Sergio Ramírez ha negado reiteradamente cualquier alianza con el FSLN porque sería "aceptar a una bacteria contaminante". La prueba de las dificultades de alianza que tiene el MRS es que varios de los partidos que apoyaron las reformas constitucionales y que se han aliado recientemente en una Propuesta a Nicaragua, excluyeron abiertamente al MRS. Este partido podría aliarse entonces con los socialdemócratas del MDN y los conservadores de Miriam Arguello (APC), que quedaron también fuera de esta Propuesta. Todos estos arreglos, aún sin arreglarse, han influido en el retraso de la Ley Electoral.

Muy por debajo de los liberales (34%), del FSLN (20%) y del PRONAL (6%), está la intención de voto hacia el resto de partidos, que son más de veinte. Para que los muchos que se expresan como indecisos se decidan, la fórmula electoral que se les ofrezca debe ser muy elaborada, relevante, persuasiva y democrática. Esto pasa por promover cabildos abiertos, donde la sociedad civil debata con los candidatos y con realismo las principales urgencias que deberá resolver el próximo gobierno.

Aún es prematuro para anticipar muchas cosas y las propuestas electorales están en un estado aún tan incipiente que resulta preocupante dada la magnitud de los problemas que heredará el próximo gobierno. El tema de la deuda externa y el de la renegociación del ESAF se inscriben en las primeras páginas de una agenda con urgencias colosales.

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