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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 163 | Septiembre 1995
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El Salvador

¿Seguridad represiva? planes preocupantes

La economía salvadoreña se está globalizando. Esto puede producir "crecimiento económico" pero sin crear riqueza social para las mayorías, sin ni siquiera garantizarles lo básico, excluyéndolas. Una economía así requiere de una política de seguridad pública represiva.

Juan Hernández Pico, SJ

Después de las mini-vacaciones de las "fiestas agostinas", por la celebración del patrón del país, El Salvador del Mundo. Ha empezado a concretarse la anunciada modernización del Estado. El Ministerio de Coordinación Económica creado hace unos meses para suceder al Ministerio de Planificación desaparece, pasando sus funciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de poner la diplomacia del país al servicio de la orientación globalizadora de su economía, aunque aún quedan muchas cosas por definir. A finales de septiembre, ARENA elige un nuevo Comité Ejecutivo Nacional y este acontecimiento arroja su sombra sobre la actual realidad salvadoreña. De los resultados de esta elección dependen algunas definiciones.

Un año de respiro para Calderón Sol

En 1994, después de la toma de posesión de Armando Calderón Sol, la inminencia de su renuncia a la Presidencia del partido ARENA y de la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido trastornaron el ambiente victorioso en el equipo gobernante. Calderón Sol no aseguraba la cohesión de ARENA ni el equilibrio entre sus tendencias tradicional y modernizante ultraderechistas y de centro . Calderón Sol carecía de la firmeza y de la habilidad que Cristiani había mostrado en el liderazgo del partido y del gobierno.

En aquellos momentos, la solución la facilitó el hecho de que al Comité que presidida Calderón Sol le faltaba todavía un año de ejercicio. En consecuencia, el nuevo Comité electo en septiembre/94 lo fue únicamente por un año y por su provisionalidad se logró incorporar en el a todas las tendencias ideológicas vigentes en ARENA. Presidente de este Comité provisional ha sido Juan José Domenech, empresario propietario de la exitosa cadena de supermercados "La Despensa de Don Juan". Durante un año Calderón Sol tuvo un respiro y se postergó la disputa por el liderazgo de ARENA. Pero el plazo terminó. Bajo la labor ejecutiva del COENA que ahora se elija, ARENA afrontará las elecciones legislativas y municipales de 1997 y las presidenciales de 1999.

El avispero de ARENA se ha alborotado con estos comicios internos. Es una realidad que las elecciones nacionales de 1994 abrieron para todos los partidos políticos en El Salvador una etapa de reacomodo, propulsada fundamentalmente por la necesidad de funcionar en circunstancias históricas inéditas: intento de reconciliación nacional, transición a la democracia y nuevas exigencias de tolerancia política frente a visiones contradictorias de la realidad nacional. Ya el abrazar el camino negociador hacia la paz trazó en ARENA fronteras entre los intransigentes que querían el triunfo militar a cualquier costo sobre los enemigos comunistas y los pragmáticos que aceptaban el estancamiento militar y su resolución con acuerdos que trasladaran el enfrentamiento militar al terreno de la política .

Es probable que la base económica de los areneros los divida también entre los arraigados en la mediana y gran propiedad agraria tradicional y los que, ya diversificados, prefieren el liderazgo del comercio y las finanzas. Es habitual agrupar a los primeros con Calderón Sol y a los segundos con Cristiani. Estas diferenciaciones son reales, aunque tal vez demasiado esquemáticas. Para analizar la complejidad que pueden tener hoy las diferencias reales no hay que descartar que los beneficios de la privatización estatal estén también actuando como manzana de la discordia.

Peregrinos a una tumba

A comienzos de septiembre se hablaba de cuatro candidaturas para la presidencia del COENA. Dos de ellas parecen centradas en el respaldo al gobierno del presidente Calderón Sol: la de Gloria Salguero Gross, Presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa y la de Mejía Alférez, delegado del Presidente en la comisión de seguimiento del Pacto de San Andrés. Mejía es también ex primer designado a la Presidencia de la República y ex Ministro de Agricultura, dimisionario de ambos cargos por acusaciones de corrupción de las que fue exonerado por los tribunales. En 1994 parece haber sido el favorito de Calderón Sol para presidir el COENA.

Las otras dos candidaturas son las del actual primer Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado Julio Gamero, de difícil ubicación ideológica y la del actual Presidente provisional, Juan José Domenech, también difícil de ubicar, aunque su puesto en el gobierno Presidente de ANTEL, uno de los entes estatales más lucrativos y meta clave de la privatización le da evidentes palancas con las que negociar los intereses de diferentes grupos. Parece imposible que detrás de alguna de estas cuatro candidaturas no se encuentren representados los intereses del ex presidente Alfredo Cristiani y su grupo económico.

El aniversario, a finales de agosto, del nacimiento del fallecido fundador y carismático dirigente de ARENA, Roberto D'Aubuisson, fue motivo para una peregrinación de dirigentes areneros a su tumba, rivalizando las diversas facciones de ARENA en la capitalización de las raíces partidarias. En la tumba estuvo Cristiani, estuvo Calderón Sol y estuvieron los cuatro candidatos a la presidencia del COENA. Todos buscaban impregnarse de la "genuina" imagen arenera revistiéndose con la túnica d'aubuissoniana del más rancio anticomunismo. Destacaron las declaraciones públicas de Juan José Domenech, afirmando que nunca más pactarían con "comunistas camuflados" y poniendo como ejemplo de ellos a los seguidores del ex comandante guerrillero Joaquín Villalobos, con los que hace menos de tres meses ARENA firmó el Pacto de San Andrés.

Es indudable que los areneros se están disputando "el alma" del partido y aunque D'Aubuisson murió defendiendo el camino negociador hacia la paz, la peregrinación a su tumba estuvo teñida únicamente de lo que fue su estridente carisma ultraderechista. Hoy, y al menos en imagen, nadie, ni siquiera Cristiani, quiere correr el riesgo de valorar más la piel democrática que el corazón autoritario de este partido.

PNC en el centro

Lo grave es que en el gobierno de Calderón Sol, en ARENA, y en no pequeña porción de la sociedad salvadoreña, el recurso a las soluciones autoritarias está aún muy arraigado. Que en el país existe un gran problema de seguridad pública es indiscutible. Es lamentable, sin embargo, que en base a diagnósticos simplistas, se intente enfrentarlo con soluciones autoritarias, que podrían desembocar en nuevas formas de militarismo.

El centro del problema es la estructura y conducta de la nueva Policía Nacional Civil (PNC), como principal instrumento de la seguridad pública. A la creciente agitación social la PNC ha venido dando una respuesta excesivamente dura, aplicando el mecanismo de los "antimotines" y sin apurar los recursos del diálogo y la negociación.

En agosto no hubo nuevas protestas públicas. Los ex combatientes desmovilizados especialmente los de la Fuerza Armada de El Salvador, organizados en ADEFAES , que fueron los últimos en organizar protestas en julio, no cumplieron con su amenaza de protestas violentas en la capital y en todo el país. La Procuraduría de los Derechos Humanos hizo un "urgente llamado a la reflexión" para que en el país "prevalezca un clima y un orden social permanente de diálogo y paz", afirmando que "la solución a los graves problemas nacionales" será posible tan sólo si todos los salvadoreños impulsan "una cultura de paz con justicia social".

La UCA ha insistido constantemente en que el grave problema de seguridad pública no puede la sociedad civil dejarlo únicamente en manos del Estado, a menos de desembocar de nuevo en el autoritarismo. Pero tanto en el Estado como en la sociedad civil existen problemas para encauzar humana y eficazmente la seguridad pública.

Existe, en primer lugar una seria descoordinación entre la PNC, la Fiscalía de la República, la Procuraduría General de la República y el sistema judicial. A consecuencia de esta descoordinación, se cometen faltas de procedimiento en la detención de presuntos criminales, lo que lleva a que los jueces los pongan en libertad antes de juicio, por violación al debido proceso. El resultado involuntario o no es el desprestigio de este debido proceso y la presión para suprimirlo, después de haber sido una conquista en la permanente lucha por la vigencia de los derechos humanos.

Impunidad: un cáncer

La descoordinación no obstante avances sectoriales aislados en esas instituciones permite sospechar que existe encubrimiento o complicidad con el delito. El último y más notorio caso fue el del ex director del Seguro Social sospechoso de corrupción por desfalco de entre medio y cinco millones de dólares y cuya orden de detención, suplicada por la Fiscalía de la República al juez respectivo, fue dilatada por éste durante un mes, facilitando obviamente la huida o el escondite del presunto reo. "Vivimos en una sociedad carcomida por el cáncer de la corrupción y la impunidad", afirmó Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, en su homilía del domingo 3 de septiembre, refiriéndose a este caso y a la proliferación de las maras (pandillas), en efervescencia en agosto, amargos frutos de una sociedad con sus valores en descomposición.

El Ministro Barrera

En la PNC, una reciente orden de traslado de cargos al nivel de jefes produjo un terremoto. Las divisiones más importantes de la PNC están ahora dirigidas por comisionados que proceden de la disuelta Policía Nacional, mientras que a los comisionados procedentes de las filas del FMLN se les ha dejado el mando de divisiones menos importantes finanzas, fronteras, etc. o alejadas de la capital. Entre los traslados, tal vez el más preocupante es el que ha llevado a un comisionado ex PN a ocupar la jefatura de la División contra el Crimen Organizado (DICO). Tan preocupante que la misión de la ONU en El Salvador, la MINUSAL, parece dispuesta a intervenir ante el gobierno, aunque su papel en el capítulo de la seguridad pública está formalmente a punto de terminar. Hasta los miembros del Partido Demócrata en formación los seguidores de Villalobo pidieron a MINUSAL su intervención, haciendo constar también su protesta en la comisión de seguimiento del Pacto de San Andrés.

Hay mucha gente a quien le preocupa la escasa disposición al diálogo del Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el que recurra a gente de su confianza para ocupar los mandos de la PNC, pasando por encima del Director de la PNC, Rodrigo Avila. Lo más grave de lo que se le achaca a Barrera es haber creado en la PNC una unidad de inteligencia que responde ante él. En las reformas constitucionales que propiciaron los acuerdos de paz, la inteligencia del Estado depende exclusivamente de la Presidencia de la República.

Todas estas realidades han ido introduciendo una lamentable división en los mandos de la PNC. Por otro lado, la propuesta del Ministro de Seguridad de instaurar Juntas de Vecinos para el Bienestar Social se está experimentando ya en el departamento de Ahuachapán, a pesar de todas las protestas. Concebidas con la finalidad de formar una red e "informantes" y facultadas para detener personas aunque no usen armas , no pueden menos de evocar la nefasta memoria de la Organización Demócrata Nacionalista (ORDEN), creada en los años 60 por el jefe de la hoy extinta Guardia Nacional, General Medrano, y culpable de tantas violaciones a los derechos humanos y de tanta inseguridad entre la gente. Barrera ha manifestado no pocas veces su convicción de que la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda fueron suprimidas, si no equivocadamente, sí prematuramente.

Más estructurales aún son otras medidas. Por ejemplo, el Ministro de Seguridad ha conseguido un decreto presidencial por el que al cargo de Inspector General de la PNC especie de vigilante interno de la policía se le añade el de un Subinspector General. Por los acuerdos de paz, el Inspector tiene que ser presentado por el Ejecutivo a la Fiscalía de la República y a la Procuraduría de Derechos Humanos, cuya aprobación se necesita para que el nombramiento sea efectivo. Pero en virtud de este decreto presidencial elaborado inconsultamente al Subinspector lo nombra el Ministro de Seguridad sin que se necesite la aprobación de ningún otro organismo estatal. Es obvio que se intenta así minar la independencia del Inspector General.

¿Una casta policial?

Acto seguido al decreto presidencial y después de cinco meses de impasse desde que la Procuradora de Derechos Humanos no aceptó un nombramiento para Inspector General de la PNC, el ministro Barrera nombró para ese cargo a Víctor Valle, ex secretario general del partido MNR fundado y dirigido durante años por Guillermo Ungo . Barrera no atendió la razonable indicación de la Procuradora de que propusiera al menos dos nombres. Además, nombró a Rudy Medina Contreras asesor jurídico de varias comisiones de la Asamblea Nacional como Subinspector. El nombramiento de Valle no ha encontrado oposición, pero el de Medina ha enfrentado la desconfianza de la oposición política y de las organizaciones de derechos humanos.

Todavía más graves son los problemas que presenta el anteproyecto de ley de la carrera policial. Lo más crucial es que la carrera se diseña al estilo de la carrera militar, con la misma segregación del currículum y la misma falta de relación con las disciplinas civiles de las que tradicionalmente adoleció la carrera militar. El diseño, objetado sólidamente por el FMLN como parte negociadora de los acuerdos de paz y también por MINUSAL, supondría la creación de una casta policial incrustada en la sociedad y aislada de ella. De materializarse este diseño, se abortaría la posibilidad de un cuerpo policial extraído de la misma sociedad y en continuo contacto con ella.

Operación Guardián

A estas graves preocupaciones se añade, finalmente, la propuesta de ampliar a las zonas urbanas la Operación Guardián, que consiste en esencia en el empleo del ejército bajo la dirección de la PNC como elemento disuasivo de la delincuencia común y del crimen organizado en las zonas rurales. En el fondo, se trata de un paso en el regreso del ejército a cumplir funciones de seguridad, lo que fue vetado constitucionalmente desde los acuerdos de paz, con la excepción de ocasiones en que el Presidente de la República juzgue que existe una emergencia nacional y el Legislativo apoye ese juicio.

Los Ministros de Defensa y Seguridad Pública han afirmado que en los cinco meses transcurridos desde iniciada la Operación Guardián, el índice delincuencial en el campo disminuyó en más del 70%. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, en cambio, afirma que los resultados de un monitoreo de la prensa diaria indican que entre octubre/94 y febrero/95 el número de muertes violentas registradas fue de 582, producto de la delincuencia común y de marzo a julio de 1995 se registraron 635 asesinatos, adjudicados a delincuentes comunes, corespondiendo la mayoría de ambas cifras a regiones rurales. Por otro lado, el Instituto de Opinión Pública de la UCA informó que en marzo/95 un 61.6% de la población encuestada a nivel nacional opinaba que los patrullajes de la fuerza armada podían ser eficaces para reducir la delincuencia.

Existe hoy un notable peligro de desnaturalización de la seguridad pública y especialmente de la PNC, instrumento concebido por los acuerdos de paz para transformar la seguridad en favor de la democracia. Si este peligro se hace realidad, quedarían profundamente amenazados los nuevos espacios políticos abiertos para dar participación a diversas visiones ciudadanas y para buscar en ellos soluciones pacíficas a los conflictos dentro de una cultura de tolerancia.

Cuando se analiza el carácter excluyente de los planes económicos del gobierno salvadoreño, basados en privilegiar la globalización y la terciarización de la economía servicios comerciales, turísticos, financieros, publicitarios, etc. , orientaciones que pueden producir "crecimiento económico" sin crear riqueza social para las grandes mayorías y sin siquiera asegurarles la satisfacción de sus necesidades básicas, se comprende que surja la sospecha de que la política de seguridad pública que está intentando consolidarse esté dirigida a dotar al Estado de los medios necesarios para reprimir el creciente descontento de esta mayoría de salvadoreños excluidos.

Una privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones ANTEL según un plan empresarial estatal que no consulte como mínimo a los propios trabajadores de ANTEL desembocará casi necesariamente en un conflicto que el gobierno tratará de resolver con represión. Es uno sólo de los muchos ejemplos que ya aparecen en el horizonte.

La sombra de ARENA

Tener en cuenta a la oposición es necesario aunque se hayan ganado con mayoría las elecciones. Esto obliga a planear la orientación de la economía del país consultando a los diversos sectores. Pero no se hace así. Minorías dirigentes de los gremios empresariales y de los grandes capitales nacionales y trasnacionales menosprecian a las mayorías populares. Esta actitud es hoy aún más grave cuando la espada de "la migra" pende cada vez más amenazante sobre los salvadoreños ilegales que residen en los Estados Unidos y que mantienen a tantas familias de las clases populares con sus remesas de "pobredólares".

La elección del COENA de ARENA puede definir más la muy inestable coyuntura salvadoreña. Las pugnas abiertas u ocultas entre fuerzas que apoyan el proceso de democratización y fuerzas nostálgicas del autoritarismo e inclinadas a él planean su sombra sobre todo el país. Las reformas a la ley electoral por ejemplo , consensuadas entre los líderes de los partidos y el Presidente Calderón, están parqueadas en la Asamblea mientras no se decida la orientación del partido gobernante. En una reciente entrevista el ex Presidente Cristiani afirmó que desde FUNDAPAZ institución en donde participan también miembros del FMLN y de otros grupos políticos y sociales se está propiciando el programa "El Salvador 2010" para buscar coincidencias nacionales en problemas cruciales: "erradicar la pobreza" y "aprender a vivir en democracia y dentro de un Estado de Derecho".

Es importante que sea esta orientación la que prevalezca en ARENA y en otras instituciones políticas para que El Salvador se salve del autoritarismo.

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