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  Número 163 | Septiembre 1995
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Guatemala

Los obispos hablan de "la verdadera paz"

Del resultado de las elecciones de noviembre depende el rumbo y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entretanto, los obispos señalan los tres obstáculos que tiene hoy la paz en uno de los países del mundo con una brecha más profunda entre los ricos y los pobres.

Gonzalo Guerrero

Durante el mes de agosto empezó a circular en Guatemala una polémica carta pastoral de la conferencia episcopal. El extenso documento -96 páginas- señala las causas históricas de los enfrentamientos sociales del país, resaltando que "la brecha entre ricos y pobres" es el origen fundamental de los conflictos.

Basándose en datos de Naciones Unidas, los obispos afirman que Guatemala "es uno de los pases del mundo donde hay una mayor diferencia entre la riqueza promedio del 20% más rico de la población y el 20% más pobre. Esa relación es de 30 a 1. Ningún otro pasó, sobre el que se tengan datos disponibles, tiene una disparidad tan grande" .

"Esto nos reafirma declaran los obispos en considerar una vez más que la pobreza generalizada de grandes sectores de la población es fruto de la injusticia institucionalizada, cristalizada en estructuras de poder y en privilegios difíciles de transformar". Sin resolver los tres problemas fundamentales de Guatemala "la corrupción, la impunidad y la injusta distribución de los bienes" los obispos consideran imposible la llegada de una "verdadera paz".

Impunidad: fiebre y enfermedad

Para unos, la carta pastoral hace la necesaria relación entre la impunidad, las violaciones a los derechos humanos y las estructuras socioeconómicas imperantes en el pasó. Para otros, el documento contiene un mensaje "violento y disociador" y va a provocar "más conflictos, más inestabilidad y más muertos".

Desde que el concepto "impunidad" se estableció y arraigó en Guatemala y con el auge de las luchas en pro de los derechos humanos, los sectores privilegiados tratan de hacer prevalecer un enfoque que tiende a separar la "fiebre" de la impunidad de las "enfermedades" que la causan. De esta manera, el debate sobre la impunidad permite incluir lamentos y recomendaciones de todos los sectores del Estado y de la sociedad, incluidos los que impunemente han violado los derechos humanos de la mayoría. El mensaje de la Iglesia Católica en su carta pastoral titulada "Urge la verdadera paz", resulta polémico y "disociador" precisamente porque analiza las raíces históricas de la impunidad en el país.

Un mensaje "violento"

La revista Crónica del 25 de agosto ataca a los obispos en un artículo titulado "Violencia episcopal", acusándolos de publicar "un refrito de ideas emanadas de un Concilio, el Vaticano II, que no pasará a la historia como conciliador" . De acuerdo con los editorialistas, los obispos están "insistiendo en esta posición trasnochada" de la revolución armada como "el único camino hacia la verdadera paz". "Sus Ilustrísimas dicen regresan a las catacumbas ideológicas para arrojar desde allí un mensaje violento y disociador".

Para los críticos de la pastoral su parte más controvertida es tal vez la que aborda el problema de la tierra. Retomando los argumentos de una carta pastoral de 1988 "El clamor por la tierra" los obispos analizan la actual distribución de tierras como un "obstáculo para el desarrollo armónico y sostenido, integral y solidario de Guatemala".

"Un 2.2% de los terratenientes siguen detentando el 65% de la tierra útil. El logro de la paz en Guatemala pasa en buena medida por la solución satisfactoria, justa y solidaria que se dé a este problema", afirma la Conferencia Episcopal. Para sus detractores, la demanda de los obispos es "anacrónica" e "irracional". "Nadie en su sano juicio podría asegurar que es posible llevar a cabo una reforma agraria sin sangre", alerta la revista más importante de Guatemala.

El debate sobre la carta pastoral coincide con el lanzamiento de un proyecto interdiocesano que busca documentar la violencia de los últimos 35 años y sus efectos. El proyecto, llamado Recuperación de la Memoria Histórica, fue anunciado ya en abril y es una especie de Comisión de la Verdad no oficial. "Se pretende analizar explica Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado a los tres actores principales de la violencia: el ejército, la guerrilla y los grupos paramilitares. Se quiere documentar lo que sucedió, según los testimonios de los individuos y de las comunidades que sufrieron la violencia o los efectos de la misma, y explicar por qué sucedió" afirman sus promotores. De acuerdo con el vicario de la arquidiócesis, el obispo Juan Gerardi, la Iglesia busca "realizar un análisis científico de lo que sucedió en el período comprendido entre 1960 y 1995 para evitar caer de nuevo en el futuro en los mismos errores".

En junio de 1994 la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo que abre paso a la creación de una Comisión para el Esclarecimiento Histórico del Pasado, que debe empezar a funcionar después de la firma de un acuerdo definitivo de paz. Con su proyecto, la Iglesia Católica busca dar aportes a este esfuerzo de esclarecimiento de la verdad. Aunque pudiera pensarse en una cierta duplicación de tareas las que abordará la Iglesia y las que va a tener la Comisión el proyecto de la Iglesia tiene la ventaja de ser independiente de un proceso de negociaciones en el que los intereses políticos determinarán los límites en que podrá moverse la búsqueda de la verdad.

Documentos reveladores

En los 20 meses que han transcurrido desde la firma del primer acuerdo entre el gobierno y la URNG, se han firmado cinco acuerdos. El último Acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas se firmó hace ya cinco meses. Desde entonces, el gobierno y la guerrilla han estado discutiendo el tema que para muchos es el más espinoso de todos: Aspectos socioeconómicos y situación de la tierra.

Recientemente, envío tuvo acceso a dos documentos internos de las negociaciones, preparados por el moderador de Naciones Unidas, Jean Arnault. Los documentos dan oportunidad de seguir la evolución de las negociaciones, llevadas a cabo a puertas cerradas. El primer documento base, preparado al principio de la actual ronda de negociaciones, hizo el esfuerzo de recoger todas las convergencias y divergencias en las posiciones iniciales de las dos partes. El segundo documento fue elaborado después de varias semanas de negociaciones, con la intención de servir como una propuesta de acuerdo.

Una comparación de los dos documentos muestra que mientras en varios puntos difíciles el gobierno y la guerrilla estaban de acuerdo al empezar a tratar los temas, estos planteamientos fueron diluidos o completamente eliminados en el segundo documento propuesta. Aunque el sector privado organizado y los terratenientes insisten en que no tienen influencia en las negociaciones "cerradas" entre el gobierno y la URNG, las huellas de sus manos son obvias en la transformación que sufrió el documento base.

URNG: propuestas

Un buen ejemplo se encuentra en el tema del impuesto a las tierras ociosas. Mientras el primer documento base afirma que "ambas partes consideran que se debe promover la elevación de las tasas impositivas sobre tierras ociosas y subutilizadas", en el segundo documento la propuesta de acuerdo promete solamente "analizar el costo beneficio de crear un Impuesto Territorial de fácil recaudación por las municipalidades, y que contribuya a desincentivar la existencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra".

La URNG propuso una reforma constitucional que "reconocería la propiedad de la tierra en función social y otorgaría facilidades a los campesinos en montos y formas de pago en la adquisición de tierras". La reforma modificaría también la forma de pago de las indemnizaciones por la expropiación de tierras ociosas. "El obstáculo más importante que impide el desarrollo económico y social del país es el desigual régimen de uso, tenencia, explotación y propiedad de la tierra:" así resumía la URNG su posición en el documento base.

En el primer documento, "ambas partes consideran que el desarrollo rural y la resolución del problema agrario son ejes fundamentales del desarrollo nacional". Las dos partes coinciden en la necesidad de "impulsar la inserción de Guatemala en la economía mundial". La URNG, sin embargo, "plantea la necesidad de desmonopolizar la actividad privada dedicada a la exportación" y "de un nuevo orden económico más equitativo con los países y pueblos pobres y la generación de relaciones de cooperación en un marco de respeto y beneficios mutuos".

Aunque las dos partes estaban de acuerdo en la necesidad de promover un desarrollo económico y social participativo y democrático, la URNG propuso tres medidas específicas para ampliar la participación social en el proceso de desarrollo:

* Fortalecer la autonomía municipal, con reformas constitucionales que doten a las municipalidades de la capacidad de establecer impuestos.

* Fortalecer el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural con la participación de indígenas y trabajadores.

* Fortalecer la capacidad de participación de la sociedad civil: "admitir y propiciar todas las formas de organización posible de la sociedad civil en las que tengan expresiones los diferentes intereses".

En cuanto al desarrollo económico, la URNG propone un proyecto que "requiere la eficacia del sistema productivo, el ahorro e inversión de la iniciativa privada y la participación activa de la administración pública". Tal proyecto tendría que "solucionar de forma dinámica el problema agrario, dotar al gobierno de los fondos necesarios para cumplir sus funciones mediante una adecuada estructura tributaria, inducir al sector empresarial hacia una actitud responsable y consecuente, generar un esquema legal e instituciones que propicien el fortalecimiento de la sociedad civil y transformar las instituciones del Estado para que aumente su eficacia y eficiencia como promotor del desarrollo socioeconómico y catalizador de un proceso democrático, real y participativo".

Negociación interminable

La última reunión gobierno URNG duró cuatro días. Las partes discutieron el desarrollo rural y la problemática de la tierra. La próxima reunión sería en la segunda semana de septiembre y en la agenda de la discusión estarían los servicios sociales.

Está ya claro que las negociaciones no terminarán antes de la instalación del nuevo gobierno electo en noviembre. También está claro que la operatividad de los acuerdos ya firmados y de los que están por discutir dependerá mucho de la voluntad de ese próximo gobierno. Aunque para el presidente de la comisión de paz del gobierno, Héctor Rosada, los acuerdos son compromisos de Estado y trascienden la voluntad de los gobiernos de turno, para el candidato que hoy tiene más probabilidad de ganar, Alvaro Arzú, los acuerdos no serán compromisos de Estado hasta que sean aprobados por el Congreso de la República.

Ríos Montt: sólo reveses

En agosto, el Frente Republicano Guatemalteco del General Efraín Ríos Montt sufrió nuevos y severos reveses. Tras la prohibición legal de la candidatura de Ríos Montt por golpista, el FRG trató de inscribir a su esposa, Teresa de Ríos, que también fue descalificada por ser pariente de un golpista. Una semana después, uno de los líderes más importantes del partido, el diputado del Congreso Arturo Soto, abandonó el FRG, quejándose de falta de democracia interna y de la indebida influencia en el partido del congresista Francisco López Reyes.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema declaró que había lugar a dos antejuicios contra Ríos Montt y los diputados López Reyes, Harris Whitbeck y Fernando García Bravatti por delitos cometidos en junio. Se les acusa de espionaje telefónico, usurpación de funciones y abuso de autoridad en el intento por desaforar a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral para conseguir con esto que Ríos Montt fuera aceptado como candidato. Con esta decisión judicial, los diputados del FRG perdieron su inmunidad legislativa y están a la disposición de los tribunales. Los cuatro incluyendo a Ríos Montt, Presidente del Congreso pidieron permiso para abandonar el Congreso en los próximos cuatro meses y así preparar su defensa.

Con Ríos Montt y su esposa descalificados como candidatos y los dirigentes más conocidos del FRG en problemas legales o ya fuera del partido, el partido del General tuvo que recurrir a Alfonso Portillo, un reciente militante del partido, para proponerlo como candidato a la Presidencia. Aunque Portillo insiste en que "conocer a Ríos Montt es la cosa más hermosa que me ha pasado," muchos dudan de su candidatura y las encuestas muestran que la popularidad del FRG va cuesta abajo.

Arzú: probable ganador

Sin la amenaza de Ríos Montt o de un candidato cercano al General, no hay en estos momentos nadie que haga sombra a Alvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional. El 31 de agosto, envío habló durante dos horas con Arzú que, luchando contra la autocomplacencia y la excesiva confianza, teme que su campaña va "demasiado bien, demasiado pronto".

Arzú se expresa con el cuidado de alguien que sabe que abriendo la boca tiene mucho que perder y poco que ganar. Su ventaja en las encuestas le preocupa y ha evitado la mayoría de los foros y encuentros de candidatos. Esto ha dado mas fuerza a las críticas que sus detractores le hacen a través de los medios de comunicación y Arzú pasa gran parte de su tiempo tratando de rectificar lo que considera equivocadas percepciones.

Durante la entrevista con envío expresó molestia por la imagen que de él dan los medios e insistió en estos puntos: no va a aplicar políticas neoliberales, no cree ni que el sector privado sea necesariamente más eficiente que el Estado ni que la privatización de empresas estatales sea necesariamente positiva, cree en un Estado fuerte, quisiera ver un civil como Ministro de Defensa aunque la Constitución actual exige para este cargo a un militar, y cree que los tres problemas fundamentales del país son la discriminación, los privilegios y la inseguridad ciudadana. No está en favor de una reforma agraria y considera un paso importante para eliminar la miseria el "dar seguridad jurídica a las inversiones".

Envío habla con Arzú

Sobre las negociaciones de paz, envío habló en estos términos con el candidato del PAN, Alvaro Arzú.

¿Cual va a ser su posición en relación al proceso de paz?
Con toda claridad vamos a respetar los acuerdos de paz. Nosotros estamos conscientes que se tiene que llegar a la firma del acuerdo final cuanto antes. Si los acuerdos de paz están enmarcados dentro de las normas constitucionales, no vamos a ser un obstáculo para ellos.

¿Los cinco acuerdos ya firmados son compromisos de Estado o de un gobierno?
No son compromisos de Estado porque no han sido aprobados por el Congreso de la República. Nosotros vamos a hacer las gestiones correspondientes en el Congreso de la República (para que sean aprobados los acuerdos ya firmados).

¿Y los acuerdos todavía por ser negociados?
Yo no estoy participando en las pláticas de paz. No podemos dar un cheque en blanco. No podemos dar aval de garantía previo a que se den a conocer los resultados.

¿Cuáles son sus planes para el Estado Mayor Presidencial del ejército?
Yo mantendría el EMP, pero dentro de las atribuciones que le corresponden. Lo que ha sucedido es que se ha sobredimensionado el poder y la autoridad del EMP. Pero es el único grupo organizado y efectivo que tiene el Presidente de la República para las cuestiones de mecánica de movilización y seguridad.

¿Cómo se puede lograr redimensionar un ejército que históricamente ha tenido un papel determinante en el país y que sobrepasa su función constitucional?
El hecho de que la historia haya demostrado que no se ha respetado (la Constitución) no quiere decir que de aquí en adelante no se va a respetar. Tenemos verdaderamente el entusiasmo de cambiar ciertas facetas de la historia que han sido viciadas. Con el aval suficiente del electorado, un gobernante puede lograr imponerse sobre los grupos de presión, ya sea el ejército o los grupos empresariales organizados o los sindicatos. Si el mandato es débil, lógicamente los gobernantes empiezan a ser dependientes de esos grupos de presión y se vuelven asustadizos y la gestión pasa a ser una más en una historia ya marcada.

¿Usted estaría dispuesto a una verdadera depuración en el ejército?
Está claro que si verdaderamente han cometido algún tipo de arbitrariedades o delitos que no están enmarcados dentro de su accionar como militares dentro del campo que la Constitución establece, tienen que ser sometidos no solamente a la depuración sino probablemente a una acción judicial.

Entre las propuestas para reformas constitucionales está la de restringir el papel del ejército al de defender la soberanía, dejando la seguridad interna a las fuerzas civiles. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que sí, hay que quitarle al ejército el aspecto que le adjudica el control de la seguridad interna del país.

¿Cuál va a ser la política de su gobierno en relación a la población indígena?
En primer lugar, acabar con la discriminación. Tenemos que dar la palabra a la gente y estimular sus iniciativas. Dentro de las comunidades indígenas ellos han mostrado que tienen sus fórmulas muy propias para lograr sus procesos de desarrollo. Nosotros queremos ser facilitadores para esos procesos, para que esa gente pueda mantener su identidad, costumbres, tradiciones, incluso lenguas propias.

¿Incluye en su programa una reforma agraria?
No necesariamente una reforma agraria, pero sí una modernización agraria. El clamor no es por un pedazo de tierra, que puede convertirse en insuficiente cuando la familia va creciendo. Lo que quieren es acceso a un buen empleo, a la seguridad social efectiva y suficiente, a un proceso educativo para sus hijos. Dentro de la modernización está la tenencia de la tierra, que implica un banco de tierras para las personas que no cuentan con ellas y también darles acceso a empleo con un salario justo.

Impunidad de extranjeros

Un hecho ocurrido el 7 de agosto envía a este país una señal preocupante. Ese día, un adolescente, hijo del consejero comercial de la Embajada de México en Guatemala fue acribillado a balazos en las afueras de una colonia residencial, en una lujosa zona de la capital. Presentes en el lugar de los hechos estaban varios hijos de diplomáticos europeos y de los Estados Unidos. Los periodistas nacionales informaron sobre la "fuga" de varios de los jóvenes extranjeros que estarían implicados en el crimen.

La víctima, Raúl Ulises Avendaño de la Selva, murió en un hospital de México al día siguiente. Inmediatamente después del crimen una cortina de secretividad ocultó el caso. Ni los parientes de la víctima ni la embajada de México ni los testigos de la balacera ofrecieron explicaciones de lo ocurrido. Supuestamente, Avendaño visitaba a unos amigos en una casa de la colonia cuando discutió con unos jóvenes y al tratar de salir en su carro, fue perseguido y alcanzado por los disparos. Cuatro días después del crimen, dos estudiantes noruegos abandonaron el país. Una semana después, autoridades de Migración recibieron órdenes contra los dos, como sospechosos en los hechos. El fiscal del Ministerio Público, Nery Orellana Leiva, declaró que había solicitado la captura de los principales sospechosos el 10 de agosto, pero que las autoridades policiales no atendieron la orden. Los noruegos salieron del país al día siguiente de darse esa orden.

Este no es un caso excepcional. En manos de la Policía Nacional existen más de 12 mil órdenes de captura que no se han ejecutado jamás. Lo grave de este caso es el absoluto silencio con el que lo ha rodeado la comunidad diplomática en Guatemala, en lo que parece ser un claro intento de que los extranjeros involucrados evadan la justicia. Lo más grave es que los sospechosos que se amparan a la sombra de este silencio son ciudadanos de los mismos países que tanto dicen anhelar el fin de la impunidad en Guatemala.

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