Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 163 | Septiembre 1995
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Pre-campaña electoral llena de sombras

Quizás lo prematuro de la campaña ha cargado el clima pre-electoral de cortoplacismos y ambiciones personales. Ultimamente, lo está llenando de sombras.

Equipo Nitlápan-Envío

La alegría de las fiestas agostinas se mezcló con el estupor por la espectacular aparición del narcotráfico en el país, la preocupación por la persistencia de los atentados contra templos católicos y el dolor por la tragedia aérea en El Salvador. La opinión pública y los medios de comunicación siguieron con atención estos temas mientras otros quedaban en segundo plano: los desafíos económicos, las crisis posteriores al arreglo que puso fin al debate institucional sobre las reformas constitucionales, el asunto de la propiedad, la incipiente tirantez entre el Ejército y la Policía por la definición de sus roles... Mientras, la estridencia pre electoral distorsiona todo el acontecer social y político del país.

Prematura campaña electoral

Aunque oficialmente la campaña electoral no comienza hasta febrero de 1996, el ambiente ya está saturándose con los fuegos electorales de las principales fuerzas contendientes, mientras los partidos de menor dimensión tratan de arrimarse al árbol más seguro, sin que aún se concreten de forma definitiva todas las alianzas. Quizás es lo prematuro de esta pre campaña lo que la ha cargado de pequeñeces, cortoplacismos, ambiciones personales y una creciente sordera entre los rivales. Todo esto impide un buen clima para negociar temas vitales el de la propiedad, el de una visión básica del desarrollo del país y lograr que las elecciones, y hasta las mismas candidaturas, se encaucen de manera constructiva.

De seguir así, el país perdería prácticamente dos años en campaña electoral. En otras experiencias de democracia consolidada, la campaña dura a lo sumo 6 meses y se prohibe hacer proselitismo antes de tiempo. En Nicaragua el proselitismo está en marcha y el ansia por ganar electorado podría deslizar al país por una pendiente populista, inflacionaria económicamente y cada vez más polarizada políticamente.

Votantes: mayoría de jóvenes

Un elemento muy positivo a potenciar en la actual situación es que, pese a todo, la población nicaragüense apuesta al cambio por el mecanismo democrático y existe un generalizado rechazo a utilizar los medios violentos. Este rechazo coexiste, sin embargo, con el escepticismo de la población ante la falta de eficacia del sistema judicial.

Según algunas encuestas como la realizada en mayo por M&R Consultores para el Centro de Investigaciones de la Comunicación , un 85% de la población rechaza el uso de medios violentos. Casi un 60% de los encuestados expresó que votaría en las próximas elecciones, un 18% aún se muestra indeciso, un 1% no responde y un 21% manifiesta que no votará. Los posibles votantes de 1996 piensan que ahora más que en 1990 su voto será mucho más decisivo para cambiar las cosas. Un 54% lo cree así, un 11% se mostró indeciso y un 26% cree que su voto no tendrá ninguna utilidad. Un 9% no sabe qué opinar o no respondió a esta pregunta. La mitad de quienes creen que van a cambiar las cosas con su voto tienen entre los 16 19 años y en su mayoría cuentan con nivel secundario de escolarización. Esto indica que la juventud especialmente la que votará en el 96 por vez primera quiere que las cosas mejoren con un nuevo gobierno. En general, los encuestados no aceptan un continuismo del actual modelo político y económico.

Según datos del INEC, las mujeres son potencialmente el 53% de los electores. Y un 25% de los potenciales votantes votarán por primera vez. Entre 16 19 años estará el 48% de los votantes. Los problemas concretos de la juventud oportunidades reales de educación y empleo y los de las mujeres jóvenes defensa de la vida de sus hijos, educación para ellas y sus hijos, mortalidad materna, planificación familiar serán temas cruciales a la hora de decidir al voto. Y no bastará con elegir al gobernante de turno sino que habrá que dar con el estadista que logre superar el hiperactivismo de los políticos profesionales para darle mayor peso a la participación de los ciudadanos. Lograr un proceso electoral a la altura de las aspiraciones de la población exige enfrentar numerosos obstáculos en un tiempo extremadamente limitado. La agenda de los puntos clave es bastante apretada.

Propiedad: difícil consenso

El primer y más trascendental punto de esa agenda es el problema de la propiedad. Después del foro de Montelimar en julio, el Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos de Ley. El Ejecutivo cree que lo discutido en Montelimar puso las bases para un consenso mínimo, que considera respaldado por la "sociedad civil", identificando ésta con los empresarios agrupados en UPANIC del COSEP, cuyos directivos son afines a la política oficial.

Pero la Asociación de Confiscados afirma que no existe este consenso y se opone a los acuerdos de Montelimar. Esta actitud arroja importantes sombras en la discusión sobre el tema de la propiedad, especialmente porque en la campaña electoral de Estados Unidos también en marcha los republicanos, con Helms a la cabeza, presionarán en este punto a los demócratas de Clinton.

Como en todos los temas clave que están aún pendientes en la agenda nacional, la resolución del problema de la propiedad tiene por fuerza que ser de consenso. Esto implica que los confiscados tienen que ceder en su aspiración maximalista de recuperar todas las propiedades confiscadas, limitándose a las que fueron injustamente afectadas o a las que son negociables por la vía de una indemnización real y segura o de la devolución directa. También deben renunciar los dirigentes sandinistas a las grandes propiedades que obtuvieron por apropiación injusta o por liquidación bancaria a precios irrisorios, y devolver o pagar esas propiedades con la intermediación del gobierno dentro de un marco jurídico que sea transparente. Sin la colaboración de ambas partes, el problema de la propiedad no podrá tener pronta solución y le quedará pendiente al próximo gobierno.

En la Asamblea Nacional, la fragmentación de la alianza pro reformas constitucionales y la creciente fragmentación de las bancadas 9 de los 31 diputados sandinistas del MRS formaron otra bancada a fines de agosto no facilita el lograr consenso sobre el tema de la propiedad. Los confiscados y los sandinistas del FSLN no tienen mayoría en el Parlamento y la frustrada alianza entre los sandinistas del MRS, los socialcristianos y los socialdemócratas aleja aún más la posibilidad de lograr un rápido acuerdo sobre esta espinosa cuestión.

El rápido enfriamiento de la reconciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de la llamada Ley Marco es otro gran obstáculo y de continuar esta dinámica de encuentros forzados y desencuentros profundos, el problema de la pro piedad entraría con toda su explosiva carga en el centro de la contienda electoral. De hecho, el tema de la propiedad ya ha sido presentado como elemento clave de su propuesta por los liberales de Alemán y por los sandinistas del FSLN. Pero usar con fines electorales este problema sería como jugar con fuego sobre el polvorín de la inseguridad de muchísimas familias. El vencimiento, el 15 de septiembre de la moratoria para efectuar desalojos, está provocando ya acciones judiciales y policiales que llenan de zozobra a decenas de miles de nuevos y pequeños propietarios urbanos y rurales beneficiados por las políticas redistributivas de la revolución.

La sombra del narcotráfico

Un nuevo elemento podría añadir un alto grado de inestabilidad a la campaña electoral: el narcotráfico ha hecho ya su aparición en nuestro país de manera abierta, indudable y hasta espectacular. El affaire de la avioneta de La Costeña que culminó con la captura de Jorge Guerrero, ex oficial del ejército sandinista, asombró a una conciencia nacional despreocupada y desinformada sobre estos temas. Tras el posterior asesinato de Leoncio Cubillo mecánico de La Costeña no se habló más del tema, generándose así la imagen de que las autoridades no tienen control sobre el accionar del narcotráfico en Nicaragua... o que eligieron no dar más información.

Existe hoy en el país un propicio caldo de cultivo organizativo para el narcotráfico: miles de ex combatientes de ambos bandos desempleados y desmoralizados, una juventud sin opciones y mayoritarios niveles de pobreza extrema. Todo esto propicia que prosperen los negocios ilícitos, incluido el negocio de la droga.

Existen otros factores. La política del gobierno ha sido el progresivo debilitamiento de las Fuerzas Armadas, muy limitadas para enfrentar al narcotráfico internacional, que está perfectamente coordinado y apertrechado. Por otra parte, enfrentar y vencer al narcotráfico implica un poder civil honesto y fuerte que exija honestidad al poder militar y controle sus eventuales extralimitaciones de fuerza.

¿"Eligiendo" gobierno?

El narcotráfico encuentra en Nicaragua un gobierno débil. Las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto exiguo y es obvia la corrupción en todo el andamiaje institucional. La población no confía en los funcionarios públicos, a los que identifica no como servidores públicos sino como depredadores del público.

También está debilitado el sistema judicial, extremadamente viciado y burocratizado. La ligereza con que son manejados algunos casos es notoria. Hace unos meses, después de que la Policía capturara en aguas de la Costa Atlántica una lancha en la que toda la tripulación aparecía descaradamente involucrada en el trasiego de drogas, un juez costeño ordenó la liberación de todos los sospechosos. En el reciente caso de Jorge Guerrero, el juez so breseyó inexplicablemente al acusado "por falta de pruebas", siendo obvio para cualquiera que éstas sobraban. La decisión judicial provocó una airada y pública reacción del Jefe de la Policía Nacional e incrementó el escepticismo de la población hacia el sistema judicial.

Otro elemento nuevo que propiciaría el auge del narcotráfico es la política de liberalización financiera, que permite el ingreso "fácil" de capitales. Hoy las deseadas "inversiones extranjeras" pueden estar sirviendo de camuflaje al "lavado de dólares". Pero lo más peligroso de todo es que el narcotráfico internacional esté ya "eligiendo" para 1996 un gobierno que sirva a sus intereses y se haga de la vista gorda con sus operaciones. Si en países como Colombia y México esta realidad condiciona elecciones y gobiernos, ¿qué esperar en un país tan pequeño y tan sumido en la miseria?

¿Narcopolítica en Nicaragua?

Cualquier voz de alarma no es alarmista, está justificada. El narcotráfico actúa como disolvente social de alta potencia, trastocando los arreglos sociales en un mortal juego de pura violencia. Cuando un país entra en el circuito de la narcopolítica, la corrupción interna, el desgobierno, las presiones externas de la DEA y los intereses de los capos mafiosos lo hacen sucumbir por sus cuatro costados. El narcotráfico plantea una disyuntiva esencial: la sobrevivencia del Estado Nacional, la de la misma sociedad.

Al igual que ante cualquier epidemia mortal, para enfrentar este mal se requiere de una lúcida visión, de mucha unidad de propósitos a nivel nacional, de sensibilidad social para responder a las urgentes necesidades de la población pobre y de una enérgica aplicación de la ley, caiga quien caiga. Por encima de todo, se requiere de una revolución cultural que recupere para la juventud los valores de la solidaridad y le dé oportunidades de vivir con salud corporal y mental. La falta de respuestas y de apoyo, la pura represión o la censura, la incomprensión y el maltrato son vías seguras para que los jóvenes se refugien en las drogas, huyendo de la sociedad que los adultos les han hecho invivible.

Ejército Policía

Las Fuerzas Armadas Ejército y Policía han encontrado en el narcotráfico un enemigo al que combatir. Nadie duda que ambas fuerzas deben estar preparadas adecuadamente para detener el desarrollo de la drogadicción y el narcotráfico en el país. El problema es cuál de estas dos fuerzas asumirá el rol principal en esta guerra.

Con la salida de Humberto Ortega como Jefe del Ejército, éste ha ido adoptando una actitud de cada vez más bajo perfil. Durante la pasada crisis institucional fue patente la neutralidad activa del Ejército. Y es clara la voluntad de reforzar la apoliticidad y el rol defensivo del que ya se llama Ejército de Nicaragua y no Ejército Popular Sandinista. Con un presupuesto limitado, el Ejército ha perdido mucha de su capacidad movilizativa y sus fuerzas navales no cuentan con medios para un adecuado patrullaje de nuestros mares y costas.

Por su parte, la Policía se ha ido haciendo autónoma del Ejército. En el esquema de los años 80, la Policía jugaba el papel de un segundo escalón defensivo, con la misión de controlar el orden entre la población y con actividades orientadas al servicio civil y a la prevención del delito. Como en los años de la guerra el énfasis militar estaba puesto en la defensa del territorio, la Policía se subordinaba al Ejército. Con el giro político del 90, los cambios en la Policía mostraron las consecuencias de ser ficha de negociación en los arreglos de cúpula. Bajo su nueva jefatura y paulatinamente, se ha operado en la Policía un sostenido proceso de autonomización que la coloca claramente bajo el control civil. El incremento de la delincuencia urbana que va de la mano con el de la pobreza extrema ha dado a la Policía la ocasión de sobresalir desempeñando el papel de garante de la seguridad ciudadana. Así, su perfil ha ido en ascenso, mientras que el del Ejército ha descendido.

Ante el problema que plantea el narcotráfico, ambas instituciones han insistido en la necesidad de contar con un mayor presupuesto que les permita enfrentarlo. Ya desde antes, la Policía ha planteado reiteradamente que sólo con mayores recursos y mejores medios podrá dar seguridad a la población. En estos cinco años y ante la gran demanda de seguridad, varios jefes de la Policía y del Ejército han contratado a ex policías y a ex militares cesanteados para crear con ellos empresas privadas de seguridad personal que resguardan casas, establecimientos, bancos, colegios, fincas, etc., en lo que viene siendo una privatización de los servicios armados. Pero la delincuencia se ha disparado tanto que la arriesgada labor de los policías de base no basta para proteger mínimamente a la población pobre, cuyo único amparo es este servicio del gobierno.

¿Para quién el presupuesto?

El 2 de septiembre, en la celebración del 16 Aniversario del Ejército acto al que no llegó el ex General Humberto Ortega su sucesor, el General Joaquín Cuadra, anunció que solicitaría un mayor presupuesto para el Ejército en 1996 con el que garantizar su capacidad de movilización y su presencia en las zonas rurales de conflicto y con el que fortalecer a la Marina de Guerra en su lucha contra el narcotráfico.

En caso de que la partida que se asigne para la lucha contra el narcotráfico sea destinada a una sola de las instituciones armadas podrían generarse tensiones entre ellas. El Ejército está en cierta desventaja. Sólo cuenta con su propia voz para reclamar mayores asignaciones presupuestarias y el Ejecutivo puede sentirse obligado a apoyarlo por el interés estratégico que tiene en contar con un recíproco apoyo del Ejército. Pero la mayoría de los sectores civiles incluidos los medios de comunicación de todo signo apuestan claramente por la Policía.

Una adecuada lucha contra el narcotráfico requiere de fortalecer ambos cuerpos armados. El patrullaje marítimo y la vigilancia aérea a cargo del Ejército y el control de la población a cargo de la Policía demandan de más recursos. Ambas instituciones necesitan incrementar sus presupuestos, entre otras cosas para estimular a sus tropas en sus difíciles tareas. Pero la respuesta no puede ser sólo de control o de represión. Sin una política integral que socave la base social del narcotráfico no se resolverá de raíz el problema.

Las acciones defensivas deben combinarse con una estrategia ofensiva de combate a la pobreza extrema. Sin campañas de empleo con educación y sin moralización de la sociedad, la guerra contra el narcotráfico estará perdida a largo plazo. El narcotráfico cuenta con casi ilimitados recursos ilegales y financieros para sobrevivir aún frente a las fuerzas armadas mejor dotadas del mundo. Y si logra crear en Nicaragua una base social que le sirva para nadar como pez en el agua, no será erradicado nunca y la sociedad habrá quedado segmentada en dos: la legal y la del crimen organizado.

Cómo vencer a las drogas

Es estratégico comprender que no se puede enfrentar el crimen organizado con una institucionalidad pública dominada por la corrupción. Sería como pretender que un médico afectado por el dengue hemorrágico practicara una operación a corazón abierto. La moralización de la administración pública, en todos sus niveles es condición indispensable para enfrentar el narcotráfico. Y pieza de esa moralización es la aplicación a fondo del proceso de modernización del Estado: deshaciendo el tejido de las relaciones patrimoniales y familiares como base del funcionamiento del gobierno y profesionalizando el servicio público para hacer de él una ocupación estimada y valorada socialmente.

Si este primer paso no se da, el gobierno estaría abandonando a su suerte a la sociedad civil. En caso de lograrse, el segundo paso sería unir indisolublemente la política social a un esquema integral de política de desarrollo, que tenga en la inversión en salud y educación su eje básico. Generar empleo productivo, consolidar un mejor sistema educativo a todos los niveles, lograr la autogestión en la salud preventiva y eliminar la pobreza extrema en el campo y la ciudad: éstos son los enormes retos planteados. Sin encararlos, la exclusión social y la falta de oportunidades convertirán a muchos nicaragüenses en víctimas del narcotráfico. Será éste uno de los amargos frutos incubado por el neoliberalismo oficial.

La "lógica" del terrorismo

Tras la precaria estabilidad obtenida con los acuerdos Ejecutivo Legislativo sobre las reformas constitucionales, el Cardenal Miguel Obando emergió como la única figura de peso capaz de generar consenso en el país. El éxito de la mediación del Cardenal lo colocó en la cima de la clase política, que ve en él al único árbitro con poder para resolver sus interminables disputas. Esta situación convierte al Cardenal en blanco político. Esta parece ser la lógica de una serie de bombazos con intenciones más espectaculares e intimidatorias que destructivas contra una docena de templos de la Iglesia Católica. También, de las amenazas telefónicas contra el Cardenal, que obligaron a la Policía a darle protección especial desde inicios de septiembre. El "pensamiento" que habría tras estos hechos es: si queremos desestabilizar este país con los pocos recursos y el poco personal con los que contamos, ¿a qué blanco debemos apuntar?

Las primeras pesquisas de la Policía implicaron en algunos de los bombazos a ex militares y ex combatientes históricos del FSLN, pero no se les pudo probar nada. La Policía, que en julio ofrecía 10 mil córdobas de recompensa a quien facilitara información sobre los autores materiales e intelectuales de las bombas elevó esta suma en septiembre a 100 mil córdobas (unos 13 mil dólares), recaudados por iniciativa de la empresa privada. La persistencia de los atentados contra los templos a pesar del rechazo de la sociedad a ellos permite descartar que obedezcan a un espontaneísmo ultraizquierdista de grupos informales y apuntaría a la existencia de grupos organizados bajo las tradicionales normas conspirativas y con un mando centralizado. Muchos coinciden en que el accionar de estos grupos también ha habido amenazas de muerte por teléfono a dirigentes de los más distintos signos y amenazas de supuestas bombas a otras muchas instituciones obedece al deseo de enrarecer el ya inaugurado ambiente electoral.

El Jefe del Ejército, General Joaquín Cuadra, relacionó las acciones de estos grupos terroristas a nivel urbano con el resurgimiento de los grupos de rearmados en el Norte e interior del país. A los rearmados rurales a los que calificó de "vandálicos" los vinculó también a la proximidad de las elecciones, señalando que las agrupaciones políticas que apoyen a estos grupos cometerían realmente "un suicidio político".

Obviamente, sus declaraciones son algo más que una hipótesis y develan la existencia de una línea de acción terrorista más amplia que tendría la finalidad de llenar de más y más sombras el clima pre electoral, provocando, entre otras reacciones, una inhibición de la participación ciudadana en los comicios. La abstención sólo podría favorecer a partidos que sin gran popularidad entre la mayoría de la población cuenten con una base oganizativa consolidada y fiel o a fuerzas políticas que disponen de grandes recursos financieros para comprar las conciencias y los partidos pequeños en una estrategia de copamiento institucional.

¿Un magnicidio?

A más largo plazo, cada bomba que estalla hace tambalear los incipientes cimientos de la democracia en Nicaragua. Cada una es un rechazo a la opción popular de resolver de ahora en adelante las diferencias y los problemas de forma cívica y democrática. Está claro que el pueblo ya no quiere atajos que conduzcan a la catástrofe colectiva, pero el pensamiento autoritario de quienes están tras esos grupos no termina de asimilarlo y piensa que "el pueblo no sabe lo que quiere ni lo que es mejor para él".

Otro objetivo de mayor envergadura de estos terroristas sería hacer fracasar el proceso electoral, posponiéndolo para después de 1996. Esto prolongaría el escaso aliento de vida del actual gobierno. En la situación actual de generalizado consenso a favor de las elecciones sólo un cataclismo que transfigurara el paisaje que estamos acostumbrados a ver podría impedirlas. El explosivo de alta potencia que podrían estar barajando estos grupos sería un magnicidio.

El grave riesgo de un plan de este tipo es que un asesinato de trascendencia desencadene reacciones caóticas que nadie en el país pueda después controlar. En cualquier caso, tal posibilidad no deseada por nadie, pero de consecuencias impredecibles e incalculables es lo único que podría cambiar radicalmente la situación, como un cataclismo cambia el paisaje conocido.

La población, por su parte, desea crecientemente tener la capacidad de cambiar ella el paisaje con su voto y no quiere verse empujada a tener que tomarse la justicia por su mano. Quiere una convivencia civilizada, aunque tome tiempo cambiar las cosas y quiere también castigo ejemplar al terrorismo, a la delincuencia y a las distintas manifestaciones de violencia que van surgiendo. Quienes no logran palpar este sentimiento en la población, demuestran haber aprendido nada o casi nada en estos años difíciles.

Grietas en la Ley Marco

Mientras las primera chispas del narcotráfico y el terrorismo amenazan nuestro endeble techo de paja, la clase política sigue enfrascada en su guerra de posiciones institucionales. De una relativa calma de apenas dos meses se ha pasado ya al agrietamiento de los acuerdos consignados en la Ley Marco que firmaron Ejecutivo y Legislativo en junio.

La primera fisura se abrió cuando 24 ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno Chamorro interpusieron un recurso de amparo por inconstitucionalidad contra la disposición que les exige renunciar un año antes de las elecciones a sus cargos si van a postularse para altos cargos. Siguió después el escándalo por ocho decretos publicados por el Ejecutivo en agosto, aunque antedatados para así evitar que su contenido fuera discutido en el Legislativo. El Legislativo respondió derogando los ocho decretos para que sean sometidos a discusión en la Asamblea. El Ejecutivo respondió haciendo un "llamado a la reflexión" a los diputados para que no provoquen una nueva crisis política.

Los diputados se han movido también jurídicamente reformando la Ley de Amparo para evitar que los recursos de los Ministros tengan siquiera cabida en la Corte Suprema de Justicia y mantienen en marcha el proceso de destitución del presidente de la Corte, Orlando Trejos Somarriba. Así, el matrimonio malavenido entre los diputados y el Ejecutivo podría estar en proceso de disolución. Los acuerdos políticos de junio evitaron el rumbo catastrófico en que estaba encarrilándose el país, pero no crearon estabilidad sólida. No garantizan ni una pronta resolución al problema de la propiedad ni la pureza del proceso electoral. Flota en el ambiente una espesa sombra de duda sobre la "letra menuda" que pudo haber tras los acuerdos que desembocaron en la polémica Ley Marco y su relación con las posibles alianzas electorales, que no terminan de cristalizar. Así, la clase política continúa enfrascada en lo suyo, sin ocuparse a fondo ni de los enormes retos que encara el país ni de los nuevos peligros que están a sus puertas.

Falta imaginación

Las tres o cuatro fuerzas políticas de más peso en el país FSLN, liberales, Proyecto Nacional de Lacayo y "centristas" de la Asamblea han ido lanzando al ruedo sus ofertas electorales, hasta el momento poco imaginativas.

El Proyecto Nacional de Antonio Lacayo ha abierto los fuegos publicitarios con una batería de costosos anuncios televisivos y radiales. Sin pudor, se presentan como el partido de los invencibles. La pose de "gran señor ofendido" que ha adoptado el creador y líder indiscutible del proyecto, Antonio Lacayo, dispuesto no a luchar contra la inhibición constitucional a su candidatura sino a ignorarla con displicencia, da el tono de este grupo político. Después de las elecciones del COSEP, el 7 de septiembre, el PRONAL ha consolidado entre los empresarios una directiva favorable y se presentará como el partido del empresariado, aunque esto no sea cierto más que para los más grandes empresarios.

Los dirigentes del FSLN, que mantienen una base fiel y a prueba de todo se les calcula un 15 25% del electorado mantienen un apoyo tácito al gobierno, al que públicamente critican, mientras buscan un candidato electoral "potable", alejado de las disputas de poder al interior de la organización y con un rostro que decolore el tono radical de la retórica de sus dirigentes.

Las tensiones internas del FSLN le impiden tener hoy una propuesta para toda la población. Por falta de imaginación política y de apertura democrática, el FSLN se ha quedado mirando a su interior, consolidando y reconsolidando una base de convencidos. En vez de encarar los grandes retos planteados al país con la audacia de antaño, insiste en repetir el discurso y los métodos de los años 70 y 80, cada vez más incomprensible para una juventud que no vivió esas épocas.

No menos oportunista se ha evidenciado el sandinismo del MRS. Dentro del proceso de lucha por las reformas constitucionales, el MRS y la UDC han mostrado que persiguen objetivos duales, siendo el principal el de mejorar su posición dentro del sistema. No tienen una política movilizativa dirigida a elevar el nivel organizativo y de conciencia de la población. Su esgrima es de aparato, democratista y muy desdibujadamente de izquierda el MRS prefiere figurar como centro centro, al igual que el PRONAL . Después de la aprobación de las reformas y de la Ley Marco, MRS y UDC han dado claras muestras de apoyo a una cogestión con el Ejecutivo, que es quien no quiere compartir con nadie ni los errores. La incipiencia de su organización y su propia orientación política los hacen partidos electorales por excelencia.

Los liberales de Alemán van con calma. Han sido los que más en serio han arrancado su campaña y ahora están atareados en armarse de un discurso persuasivo, convincente y atractivo frente a los diferentes sectores de la población. Más ocupados están aún en avituallarse de medios con los que enfrentar la poderosa maquinaria oficialista del Proyecto Lacayo y la bases movilizativa de un FSLN decididamente antialemanista.

La oferta electoral que se vislumbra hasta la fecha es muy pobre. Todos apuestan implícitamente a que pueden hacerse cargo del descomunal reto nacional por sí solos. Quienes no creen que puedan con él son la mayoría de los nicaragüenses. La falta de ejemplaridad de los políticos, que no buscan un consenso mínimo que le dé certidumbre al pueblo de que los temas vitales serán tratados, llegue quien llegue al gobierno en 1996, no se ha puesto aún sobre la mesa.

Le corresponde hoy a los nicaragüenses, con su presión, con su creatividad y con su organización, el transformar el oportunismo de los políticos en una oportunidad para la Política, ciencia y arte de trabajar por el bien común.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Pre-campaña electoral llena de sombras

Nicaragua
Cómo se crían las golondrinas

Nicaragua
Agricultura sostenible para enfrentar las plagas

México
Alarmantes signos de una "guerra sucia"

Guatemala
Los obispos hablan de "la verdadera paz"

Haití
Elecciones: "ya somos adultos"

El Salvador
¿Seguridad represiva? planes preocupantes

Internacional
La agonía del liberalismo

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web