Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 162 | Agosto 1995
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

El Salvador

Agitación laboral y crimen organizado

Los conflictos sociales y laborales se plantean con métodos violentos y se enfrentan y se tratan de resolver también con violencia. Y sigue la violencia del "crimen organizado", versión de post-guerra de los escuadrones de la muerte.

Juan Hernández Pico, SJ

En la transición política, de la guerra a la paz, El Salvador se mueve entre el autoritarismo y la democracia. En varias de las maquiladoras, en no pocos organismos del Estado y en las asociaciones de ex-combatientes, los problemas laborales o las reivindicaciones sociales enfrentan a obreros y empleados con los custodios de la seguridad pública. Los trabajadores utilizan aún la combatividad propia de las movilizaciones populares de épocas en que los cauces legales eran reprimidos. Y la Policía Nacional Civil (PNC) recurre demasiado rápidamente a la represión. El telón de fondo de todos los conflictos es el empeoramiento de la economía de la mayoría de los salvadoreños.

Agitación en las maquiladoras

A lo largo de todo 1995 las zonas francas industriales donde se encuentran instaladas la mayoría de las maquiladoras han vivido una situación muy tensa. Nunca fueron habituales los conflictos laborales en estas empresas, fuentes de trabajo accesibles a muchas mujeres desempleadas, en un mercado laboral con escasos puestos de trabajo. Pero las enormes facilidades concedidas a estos capitales transnacionales han llevado a los empresarios de la maquila a abusos tales que han despertado la voluntad de protesta de obreras tan vulnerables, apoyadas por centrales y dirigentes sindicales.

Despedir sin pagar ni el trabajo de varias semanas ni la indemnización por despido y sin haber ingresado en el Seguro Social o en el Fondo Social de la Vivienda las cotizaciones descontadas de salarios anteriores, o incluir en los despidos a mujeres embarazadas, son graves violaciones de los derechos humanos. En varios casos, se añade a estas injusticias que los empresarios propietarios abandonan el país si las cosas les van mal, sin cumplir ni con sus trabajadoras ni con deudas contraidas con otros sectores empresariales. Ya hay dos casos de empresarios que huyen: un estadounidense y una cubana.

El Ministro de Economía se refirió a la situación en las maquiladoras a propósito del proyecto de reformas a la Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales, indicando que se anexará a las reformas "una cláusula social para que los empleadores tengan obligaciones que cumplir, de lo contrario perderán sus beneficios". Esto apunta a las graves carencias de la actual ley. Incluso diputados de ARENA que ha tenido la iniciativa de reformar la ley, sobre todo para hacer más competitivo al país frente a lo que jurídicamente ofrecen otros reconocen que la ley actual "carece de una cláusula social que garantice, entre otras cosas, el pago de salarios a los trabajadores en el caso del cierre de una empresa". En marzo, según un encuesta de la UCA, un 66.4% de la opinión pública salvadoreña opinaba que "en las fábricas maquiladoras extranjeras se violan los derechos de los trabajadores".

Sector público:conflicto

Existe hoy en El Salvador una permanente contradicción entre el derecho de los obreros a manifestarse pública y pacíficamente una vez agotadas las instancias del diálogo, y el derecho de libre circulación de los ciudadanos por las vías públicas. Las diarias y masivas protestas, laborales o de otro carácter, que se dan en las calles de San Salvador provocan en muchos la percepción de que "eso" amenaza la estabilidad social, y la inestabilidad se identifica mecánicamente con el descenso de la inversión privada, la que se asocia, también mecánicamente, a la creación de riqueza y empleo.

Desde el 12 de julio los conflictos laborales estallaron en tres instituciones estatales: el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Hospital Rosales, dependiente del Ministerio de Salud. Antes se habían dado conflictos en la empresa autónoma de comunicaciones (ANTEL) y en otras instituciones, prácticamente en todas aquellas en las que sus empleados temen la entrada en vigor de los planes de privatización.

En los tres grandes conflictos laborales de julio los sindicatos aducían "incumplimiento de compromisos" obrero patronales. En el MOP se trata de varios acuerdos pactados con el anterior ministro: reclasificación de trabajadores, pago de horas extra a los vigilantes, capacitación de los trabajadores, etc., etc. En ANDA el conflicto se mueve alrededor de la entrega o no a los trabajadores de capas, zapatos, uniformes y paraguas. En el Hospital Rosales, resalta la oposición al alza en las cuotas sociales, al desmembramiento del hospital y al despido de 21 médicos. El conflicto se complica con el enfrentamiento entre los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud. Los estudiantes reclaman que todas las plazas de internos en los hospitales estatales les corresponden a ellos según la Constitución y adversan la cuota del 60% que el Ministro de Salud les ha asignado, otorgando el otro 40% a estudiantes de medicina de las universidades privadas.

¿La primera piedra?

Una vez iniciadas las huelgas, todos los conflictos añaden a sus iniciales motivaciones la de oponerse a despidos y a descuentos salariales como castigo a los huelguistas. A veces añaden también la solidaridad con movimientos de protesta de otros sectores.

Desde abril todas las protestas públicas son reprimidas por los antimotines de la PNC con una presteza impresionante. Y siempre se genera una disputa sobre quién lanzó "la primera piedra": si los policías fueron atacados primero por los manifestantes o si éstos fueron atacados primero por la policía. La realidad muestra que los conflictos se plantean con métodos violentos y se encaran con métodos también violentos.

Este año y hasta finales de julio sólo una vez se han disparado las armas, con el resultado de un manifestante muerto. Acaeció esto en la confrontación tristemente repetitiva tercera vez en diez meses entre ex combatientes de la fuerza armada, cuerpos de seguridad y guerrilla contra la PNC. Un guerrillero murió en el hospital pocas horas después de haber sido herido por un policía en una manifestación. Y un policía fue secuestrado, despojado de su armamento, seriamente golpeado y mantenido como rehén y luego liberado por los manifestantes. El enfrentamiento se dio en la carretera del Litoral. Los ex combatientes exigían vía libre para llegar a San Salvador a manifestar su protesta por el retraso en la transferencia de tierras, en el otorgamiento de créditos para su reinserción en la vida civil, etc., etc.

Muestran los dientes

Es evidente que en las nuevas circunstancias democráticas del país las contradicciones trabajadores empleadores y las protestas legítimas no pueden discurrir por caminos que desconozcan los marcos legales y con violencia contra instalaciones de trabajo, compañeros disidentes o agentes policiales de la seguridad, excepto de que se trate de legítima defensa. Es también evidente que la policía no puede agredir impunemente a manifestantes minusválidos o lisiados ni tampoco usar la fuerza más que como un último y controlado recurso para imponer el orden violentado.

La democracia no implica armonía preestablecida sino negociación sostenida para reducir las discrepancias que se dan en los legítimos conflictos de intereses. Debe hacerse esto en un marco de mínimo acuerdo sobre procedimientos y manteniendo en vigencia determinados valores. En los actuales conflictos sociales se hace patente la gran dificultad que tienen los trabajadores para desacostumbrarse a ver en el Estado al enemigo y la gran dificultad que tienen las autoridades en perder el hábito de ver a los grupos ciudadanos que reivindican y protestan como títeres de una conspiración subversiva. Es por eso que todos los conflictos comienzan mostrando cada bando los dientes y rivalizando ambos en intolerancia. Los ministros y funcionarios estatales niegan cualquier validez a las reivindicaciones. A los dirigentes sindicales les resulta difícil aceptar mediadores y sobre todo, se les hace muy duro deponer protagonismos y plantear demandas realistas.

Cuando estalla un conflicto, el Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, se queja siempre de que los trabajadores acudan "como primera medida" al cierre de fuentes de trabajo, a la huelga. Olvida que el Consejo Superior del Trabajo no funciona, por no hablar de la negativa a proseguir con el Foro Económico Social. Prevalece en las autoridades una empecinada resistencia a aceptar a los trabajadores como socios en la elaboración de las políticas del país. El Ministro de Seguridad señala siempre que los conflictos son políticos y que el FMLN "está detrás". En la forma de decirlo agresiva, acusadora se revela que la teoría de la conspiración está vigente y que aún se ve al opositor como al "enemigo interno". Hay otros que, como es tradicional, no ven en las huelgas de los trabajadores otra cosa que la haraganería y la falta de espíritu de trabajo de los obreros.

No es ésta una mentalidad elitista. Un 63% de la población salvadoreña opina que "las manifestaciones callejeras sólo consiguen armar alboroto y crear problemas sociales y políticos", según lo reveló una encuesta de la UCA de marzo/95. Y a pesar de que un 75% opina que "es muy importante afiliarse o formar parte de una organización para defender los propios derechos", es sólo una minoría de salvadoreños la que hoy está organizada formalmente.

¿Policía artrítica?

Los acuerdos de paz quisieron construir una policía diferente que garantizara seguridad al pueblo. Pocos creen que esto ya se haya logrado. Frente a los graves conflictos sociales, el Ministro de Seguridad y la Procuradora de los Derechos humanos mantienen opiniones divergentes. El Ministro defiende la necesidad de recurrir a la represión: "Si en algún momento, por cualquier interés, las leyes son irrespetadas, estamos obligados como policías a hacer que la ley se respete en beneficio de la mayoría de los ciudadanos". La Procuradora no comparte esta opinión: "Lamentablemente estamos viviendo momentos de polarización, en donde la gente o es sometida o hay guerra. No hay espacio para el diálogo. Hay exceso de parte de la policía y se está utilizando el último recurso".

Salvador Samayoa del FMLN y de FUNDAPAZ afirma que ya ha cambiado el estilo de represión policial de las manifestaciones, aunque todavía no haya cambiado la inclinación a reprimir como recurso fundamental para mantener o restaurar el orden. "Las pedradas de los manifestantes y los gases lacrimógenos dice son el reflejo considerable, pero triste y preocupante de una pequeña, relativa y precaria ganancia de civilización y mesura, en comparación con los fusiles y la barbarie del pasado. Pero la PNC podría llegar a reprobar la asignatura del mantenimiento civilizado del orden público. Manifiesta un celo y una movilidad sobresalientes para reprimir las protestas laborales, al mismo tiempo que exhibe una peligrosa artritis en la persecución del crimen organizado. La policía que necesitamos debe ser pareja. Fuerte, pero mesurada en todas sus actuaciones".

El crimen organizado

Pero en los dos últimos meses la PNC parece haber superado esta artritis desplegando una mayor eficacia contra el crimen organizado, lo que podría significar un crecimiento en su capacidad de garantizar seguridad a la ciudadanía. Y lo que quitaría argumentos a quienes aún claman por la intervención del ejército en la seguridad pública. La PNC va teniendo capacidad de enfrentar al crimen organizado, a "los Grupos Armados Ilegales con Motivación Política", como llama el Informe del Grupo Conjunto a los que la Comisión de la Verdad y los salvadoreños llamaban "escuadrones de la muerte". La PNC ha ido realizando una labor investigadora seria y no se ha detenido ante indicios que conducían incluso a miembros de sus propias filas policiales.

En junio, la PNC capturó a la "la banda de los Benedictos" (por Benedicto Villanueva, padre e hijo), acusada de ser una de las organizaciones más poderosas en el tráfico de vehículos robados. La captura se hizo con pruebas suficientes como para que se decretara la detención provisional en vistas a proceso judicial de Benedicto Villanueva, un ex diputado suplente del PCN con presuntas relaciones con poderosos elementos de la Fuerza Armada en los años de la guerra.

En julio, la PNC continuó la "Operación Ogro", con la que parece haber empezado a capturar a personajes relacionados con el financiamiento y ejecución de la "limpieza social" asesinato de delincuentes a través de la banda armada "La Sombra Negra". Entre los capturados también con pruebas suficientes como para ser detenidos provisionalmente en vistas a proceso se encuentran un comerciante relativamente importante y un cambista de divisas de San Miguel y cuatro miembros de la PNC, entre ellos un subcomisionado que estuvo al frente de la policía de San Miguel. "La Sombra Negra" con todas las características de ser un "escuadrón de la muerte" de post guerra ha reclamado la autoría de 20 asesinatos desde que comenzó a hacerse notar el 29 de diciembre de 1994 en San Miguel. En los últimos días del mes de julio la PNC capturó otra "banda", a cuyo jefe, "El Chino" Olano, se le acusa del secuestro y asesinato de una conocida abogada. La PNC sospecha que puede haber conexiones entre esta banda y la de "los Benedictos".

En manos de la Asamblea Legislativa estará pronto el proyecto de ley de la carrera policial, de crucial importancia para que exista una seguridad profesional y humana en El Salvador y para que aumente el apoyo que le da la opinión pública. Todavía en marzo de este año un 53% de la población según la encuesta de la UCA opinaba que la gente tiene derecho a tomarse la justicia "por su mano" porque el gobierno no garantiza seguridad. Y casi el 62% pensaba que los patrullajes de la Fuerza Armada serían eficaces. Esto muestra indirectamente que aún se opina que la PNC sola no es suficiente garantía contra la delincuencia ni tiene suficiente credibilidad en el respeto a los derechos humanos.

Queda mucho por hacer

Toda la problemática del crimen organizado está candente y presente en los medios de comunicación y en el debate político. Lo está también el tema de la corrupción, el de una consistente reforma a los procedimientos electorales, el de la reforma judicial y jurídica, donde el punto que más preocupa es el lento avance en la depuración de los jueces. Queda mucho por hacer.

A los dos meses del Pacto de San Andrés - "Pacto de Nación" o "Pacto de las Ruinas" nadie se refiere a él y no se ve aún que se emprenda con seriedad un rumbo definido en la dirección socioeconómica del país. Y esto es básico. Porque sin inversión social y sin la reconstrucción de la base productiva de este El Salvador de post guerra, la democracia continuará en aguda conflictividad y será precaria por tiempo indefinido.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Proceso electoral: ¿las élites o la sociedad?

Nicaragua
A un año del ESAF: ¿qué le falta al ajuste?

Nicaragua
Desminar: pacificar la Naturaleza

Guatemala
Paz hasta después de las elecciones

El Salvador
Agitación laboral y crimen organizado

Honduras
Conflicto en Tacamiche: un buen test

Centroamérica
Familias: violencia y sobrevivencia

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web