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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 162 | Agosto 1995
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Guatemala

Paz hasta después de las elecciones

Históricos intereses en pugna, un ejército poderoso y lleno de contradicciones y un gobierno débil hacen prever que la paz definitiva no se firmará antes de las elecciones. Del resultado de ellas dependerá el futuro del proceso de paz.

Gonzalo Guerrero

En Julio, las negociaciones de paz se estancaron, afectadas no solamente por los contradictorios intereses en juego en la discusión del tema Aspectos Socioeconómicos y Situación de la Tierra, sino también por desacuerdos dentro del ejército y por la debilidad en la capacidad negociadora del actual gobierno, saliente y en período electoral. El Presidente Ramiro de León Carpio entregar la banda presidencial a su sucesor el 14 de enero de 1996. Intereses en pugna, contradicciones en el ejército y debilidad del gobierno. Cada uno de estos tres factores apunta en la misma dirección: será sumamente difícil llegar a un acuerdo de paz "firme y duradero" durante el actual gobierno y el futuro del proceso de paz dependerá mucho de los compromisos del partido ganador con el poder económico, político y militar de Guatemala.

Una historia reveladora de hace 15 años

Sucedió en 1980. Los campesinos de las aldeas que rodean San Martín Jilotepeque en el departamento de Chimaltenango tenían ya varios años de estar organizándose en cooperativas agrícolas. El cooperativismo fue promovido por los gobiernos de la década de los 70, en parte para quitarle banderas al movimiento revolucionario abriendo una "tercera vía" al campesinado. En San Martín las cooperativas recibieron un fuerte empujón con la ayuda de organizaciones no gubernamentales como Oxfam, Vecinos Mundiales y otras.

La rotación de las siembras, la tecnificación de la producción, la conservación de suelos y el mejoramiento en el uso de los insumos produjeron resultados impresionantes. En tierras que anteriormente daban cosechas de subsistencia, se consiguieron cosechas suficientes como para comercializar. De fuentes de agua que se habían secado por la deforestación y la erosión empezó a brotar de nuevo el agua por la eficacia de los proyectos de conservación y reforestación.

No era extraño que los vecinos de las comunidades cercanas a San Martín quisieran conocer lo que estaba ocurriendo allí. Los cooperativistas, convencidos de los beneficios de trabajar en colectivo, organizaron giras de campesinos para que conocieran los nuevos métodos y se inspiraran en ellos. Cuando llegó la época de cosecha en las grandes fincas de café y los camiones de ganado que anualmente llevaban a los campesinos a trabajar en ellas llegaron a San Martín, pocos campesinos quisieron viajar a las fincas. Los cooperativistas explicaron a los contratistas que ya tenían ingresos y trabajo suficiente y podían quedarse con sus familias durante todo el año sin tener que emplearse como asalariados en las fincas de café.

La reacción no se hizo esperar. Ese mismo año 1980, varios de los líderes de las tres grandes cooperativas de San Martín fueron asesinados por escuadrones de la muerte y dos de las tres cooperativas tuvieron que disolverse. Hoy, en lugar de mostrar con orgullo los frutos de su trabajo, los campesinos de San Martín enseñan a los visitantes, si son de confianza, los mataderos y cementerios clandestinos de los alrededores del municipio, donde ejecutaron a los cooperativistas y donde los enterraron.

Según testimonios de los sobrevivientes de aquella época, no queda todavía claro si la represión castigó a las cooperativas porque incidieron en la oferta de mano de obra para las fincas, porque funcionaron como modelos exitosos de producción, o sencillamente porque en aquella época cualquier forma de organización social era vista como una amenaza latente que podría radicalizarse e incorporarse a un movimiento revolucionario en auge. Lo que sí relatan los sobrevivientes es que la represión provocó que la población de San Martín se uniera a las organizaciones guerrilleras. "Ya había presencia de las cuatro organizaciones revolucionarias en el municipio, pero en aquel tiempo eran clandestinas y no había mucho interés en participar dice un campesino de San Martín . Pero después de la represión nos incorporamos como una manera de defendernos de los ataques".

San Martín Jilotepeque

La historia de San Martín es una más entre las muchas que muestran que detrás de los argumentos ideologizados de la guerra fría ha existido y sigue existiendo en el campo guatemalteco una realidad que muchos no quieren cambiar. La tradicional producción agroexportadora no quiere soltar las riendas de un sistema de producción que requiere de mano de obra abundante, barata y temporal. Y esta realidad está estrechamente vinculada a la falta de acceso a las tierras productivas de los campesinos y a la deficiente asistencia técnica, financiamiento y organización que llega a ellos.

Hace seis años, un ministro del gabinete económico del gobierno de Vinicio Cerezo daba una clase de economía a un selecto grupo de empresarios. El producto interno bruto de un país dijo está casi siempre expresado en términos de producción por sector. Pero hay otra manera de expresar este indicador, que es poco usada: según los ingresos. "En Guatemala explicó sólo el 25% del PIB llega a los bolsillos de los trabajadores en forma de salarios. El 75% se reparte entre utilidades, rentas e intereses". En cualquier país desarrollado, es el 75% del PIB el que llega a los asalariados.

Durante un reciente foro sobre la situación socioeconómica y la tierra en Guatemala, el presidente de la Cámara del Agro, Humberto Preti, sentenció: "Las soluciones a los problemas socioeconómicos de Guatemala no se encuentran en el agro y cualquiera que diga eso está mintiendo". En el mismo discurso, Preti descartó la viabilidad de empresas agrícolas en manos campesinas, señalando que las fincas entregadas a campesinos por el gobierno Cerezo habían resultado experiencias fracasadas. "En esas fincas los campesinos siguen viviendo en la miseria", concluyó Preti.

Montellano

La finca cafetalera Montellano está situada en un terreno quebrado del municipio de Yepocapa, Chimaltenango. En 1987 fue entregada por el gobierno Cerezo a casi 200 familias campesinas, luego de que se gestara allí un movimiento campesino dirigido por el sacerdote Andrés Girón.

"El padre Girón quería que viviéramos como las primitivas comunidades cristianas, con todo manejado colectivamente, pero no veníamos preparados para eso", cuenta Francisco Vicente Xiloj, del comité de administración de la finca. Por la falta de cohesión de la comunidad participaban en la experiencia campesinos indígenas de cuatro regiones distintas del país representando a cuatro grupos étnicos de varias creencias religiosas empezaron a surgir problemas que se reflejaron en la baja productividad de la finca y en la poca voluntad de trabajar colectivamente de los miembros de la comunidad.

En 1990 los campesinos decidieron repartir la fincas en parcelas. Hicieron 187 parcelas de 1.6 manzanas (dos hectáreas) para cada familia. Hoy, la administración de la finca sigue estando en manos de la comunidad. También la compra de insumos, la comercialización de la cosecha y los proyectos sociales y productivos. Pero la siembra, cuidado y recogida del café es responsabilidad de cada familia. En su última cosecha, Xiloj obtuvo 35 quintales de café pergamino, equivalente a 21 mil 875 quetzales, según los precios internacionales del café ($135 por quintal oro). Restando lo que gastó en insumos (fertilizantes, pesticidas, cal) este hombre ganó en un mes cuatro veces más de lo que gana un jornalero en las grandes fincas de café. Si Vicente Xiloj hubiera trabajado por el salario mínimo agrícola hubiera ganado el 25% del valor neto de la producción. En su propia finca, logró ganar el 75%.

Las tasas de rendimiento de producción en Montellano están entre las más altas de las fincas tecnificadas, según los estudios de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE). Y la explicación del por qué la tiene Xiloj: "Yo no dejo a nadie más que a mi familia cortar mi café. Si el que corta no tiene cuidado, quiebra las pencas y el próximo año no produce igual. Cuando yo era jornalero, yo vi mucho desperdicio: trabajadores echando la mitad de una bolsa de fertilizante en las matas y enterrando la otra mitad para no tener que trabajar".

Montellano es, en parte, fruto del trabajo de un sacerdote que supo conseguir la finca pero no supo organizar ni la producción ni la comunidad. Y en parte es también fruto de la iniciativa de los campesinos, que supieron aprender de sus experiencias y crear una organización híbrida que combina las unidades productivas individuales con la administración comunitaria de otras tareas de la empresa y de la comunidad.

El Grupo de los 14

El acceso de los campesinos a la tierra productiva es un paso necesario, pero insuficiente para garantizar una producción agrícola exitosa. Existen muchos casos en la historia reciente en que la falta de asistencia técnica y de créditos y un mal aprovechamiento de las economías de escala de la organización comunitaria o cooperativa, han provocado fracasos en la producción campesina. Por otro lado, en los casos en que las ONG colaboran con los proyectos productivos, sucede muchas veces que por falta de un enfoque empresarial que exija solvencia, el resultado final es una dependencia estructural de los campesinos de la ayuda de las ONG.

Los múltiples embudos estructurales y la actual tendencia a manejar proyectos alternativos basados en ideologías y recetas que no han sido comprobadas en la práctica, han causado fracasos que sirven en bandeja argumentos a los tradicionales sectores agroexportadores, que insisten en que sólo ellos son capaces de producir eficientemente.

Hace cinco años, 14 organizaciones de pequeños productores de café cooperativas, empresas campesinas, ligas campesinas y asociaciones buscaron una manera de evitar esos embudos y dependencias, especialmente en la comercialización del café. De acuerdo con un estudio hecho por ANACAFE, los pequeños productores pierden hasta dos tercios del valor potencial de su cosecha por los altos costos que imponen los intermediarios en la venta y procesamiento del grano. Naturalmente, quienes están en peores condiciones son los jornaleros: ganan el equivalente a $2.50 por día de trabajo o por cortar un quintal de café. Con ese ingreso, tendrían que cortar casi 300 libras de café para poder comprar una sola libra de café de calidad en una tienda de Nueva York.

En diciembre de 1993, los pequeños cafetaleros crearon El Grupo de los 14, S.A. y en 1994 comercializaron ya 63 mil quintales de café pergamino. El Grupo de los 14 negocia su café directamente con importadores de Holanda, que proveen financiamiento a los productores en base a su producción. Del Grupo forman parte ya 21 organizaciones con 4 mil familias afiliadas, que reciben del Grupo asistencia técnica y capacitación. Están ahora tramitando su propia licencia de exportación y negociando la construcción de un beneficio para sus miembros. "Queremos competir con calidad y servicio - dice Alonso Silvestre, gerente del Grupo . Las cosas han cambiado un poco. Hay resentimiento en el sector empresarial pero no agresión".

Estas tres historias, la de la cooperativa de San Martín, la de la finca de Montellano y la del Grupo de los 14, ilustran múltiples posibilidades y peligros que tienen las alternativas de producción en el campo. En el contexto de la actual ronda de negociaciones de paz, en la que gobierno y URNG discuten temas como la función social de la tierra, los impuestos sobre tierras ociosas, y "medidas para favorecer el acceso de los campesinos a la tierra", estas opciones y experimentos cobran mayor relevancia y deben ser tenidas en cuenta.

Asesinato "con firma"

Hace dos meses, un especialista del ejército fue muerto a tiros en una cantina de la Zona 13 de la capital de Guatemala. El asesinato no fue cubierto por los medios de comunicación y fue visto como una rutina sin trascendencia en un país donde un promedio de 15 personas muere a diario de forma violenta.

Pero el crimen sí captó el interés de algunos oficiales del ejército. De acuerdo con una fuente cercana a los militares "institucionalistas", la víctima, además de ser un chofer en servicio en la sección de inteligencia del ejército, había trabajado como una especie de "concientizador" dentro de las filas castrenses. Había recibido cursos en Europa sobre el papel de los ejércitos en las sociedades democráticas y, promovido por los sectores modernizantes del ejército, daba charlas a la tropa sobre la concepción "institucionalista".

De acuerdo con la misma fuente, el asesinato de este hombre puede considerarse como una señal que los sectores militares de la línea dura enviaron a los institucionalistas. De ser así, el crimen estaría indicando que las presiones internacionales en relación al caso Bámaca, la proximidad del abordaje del tema militar en las negociaciones de paz y la falta de un candidato presidencial que dé seguridad a los militares involucrados directamente en la guerra sucia, han contribuido a crear dentro del ejército una resistencia aún mayor al proceso de paz.

Una reacción a esta situación interna podría haber sido el comentario del Ministro de Defensa, General Mario René Enríquez de mediados de julio, cuando hizo pública su opinión de que sería difícil firmar la paz durante 1995. El presidente de la Comisión de Paz gubernamental, Héctor Rosada, criticó al Ministro de Defensa porque sin autorización hablaba sobre un asunto que no era de su incumbencia. El comentario de Enríquez, además de mostrar la falta de unidad entre los sectores civiles y militares involucrados en las negociaciones, puede ser interpretado también como un rechazo a la pretensión de resolver un conflicto dentro del ejército con la pronta firma del acuerdo de paz.

La verdad o la justicia

Otro factor que puede haber afectado a los sectores más recalcitrantes del ejército es la decisión del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de denegar la inscripción del General Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Los militares que están preocupados con la posibilidad de ser enjuiciados por sus gravísimas violaciones a los derechos humanos consideran a Ríos Montt, responsable de históricas masacres durante su gobierno, como el mejor candidato. Sólo Ríos Montt podría garantizarles una amnistía total con la que cubrir los múltiples crímenes del pasado.

Otra espina en el cuerpo del ejército son las revelaciones de la CIA reafirmando las denuncias sobre el papel de militares en la captura e interrogatorio del desaparecido guerrillero Efraín Bámaca y en el asesinato del estadounidense Michael Devine. Las investigaciones, la publicidad y las presiones internacionales en relación con el caso Bámaca han socavado el débil consenso creado dentro del ejército después de que hace un año se firmara un acuerdo sobre la formación de una comisión "de esclarecimiento histórico".

Esta "comisión de la verdad", que debe constituirse después de firmar el acuerdo final de paz, no individualizará responsabilidades ni tendrá fines judiciales. Sucederá con ella lo que dijo Héctor Rosada: "Podemos tener la verdad o la justicia, pero no las dos cosas" Sin embargo, las investigaciones en los casos Bámaca y Devine y las numerosas exhumaciones de cementerios clandestinos de los últimos meses han aumentado la indignación de los grupos de derechos humanos y de los parientes de las víctimas, que reclaman la verdad y también la justicia. Está por comprobarse si la alternativa que planteó Rosada será o no realidad.

Se dispersa el Frente

El 29 de julio, un mes después de haber nacido, el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) anunció sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Se trata del economista Jorge González del Valle y del activista indígena Juan León Alvarado. González del Valle fue presidente del Banco de Guatemala durante los primeros ocho meses del régimen del General Efraín Ríos Montt (marzo diciembre 1982) y fue removido de ese cargo en medio de duras críticas de los agroexportadores, que cuestionaban sus políticas, favorables a establecer controles en las tasas de cambio. Antes, González había sido funcionario ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Ha vivido gran parte de su vida en México.

Juan León Alvarado, del departamento del Quiché, fue miembro del grupo de campesinos que en 1978 organizó el Comité de Unidad Campesino (CUC). Entre 1986 y 1993 formó parte de grupos de derechos humanos y entre 1992 y 1994 fue directivo de la organización maya Mayjawil Q'ij. Fue tambien fundador de la Defensoría Maya y de la Instancia de Unidad y Consenso Maya.

La nominación de los candidatos presidenciales coincidió con la salida del FDNG de numerosos grupos y personalidades políticas. El Frente nació como una iniciativa de varios grupos que buscaban una expresión pluralista e incluyente, y contó con la participación entusiasta de intelectuales de izquierda que en el pasado discreparon con los grupos insurgentes y de partidos políticos y líderes progresistas, grupos sindicales y de derechos humanos. Pero en sólo un mes de existencia, el Frente no parecer ser ya más que una expresión del movimiento popular y sindical, perdiendo la activa participación de los demás grupos que lo fundaron.

Varios analistas políticos y participantes en el Frente atribuyen la fuga de algunos grupos miembros a desacuerdos en la selección de los candidatos y a un conflicto que surgió a raíz de la inclusión en el Frente del Partido Revolucionario, un partido criticado por sus vínculos con gobiernos militares y políticos corruptos. Otros consideran que la fuga fue el resultado de una lucha por la hegemonía que desplazó las tendencias pluralistas. "Prácticamente, la inclusión de los sectores populares, sindicales y mayas presionó la salida de las agrupaciones cívicas, en las que se habían aglutinado sectores democráticos y progresistas. De esta forma, el perfil del Frente habría pasado de ser un aglutinador a ser una representación popular" Así analizó el hecho Inforpress Centroamericana.

Muchos de los grupos del movimiento popular integrados en el Frente han sido señalados por el ejército como "brazos políticos" de la insurgencia. Con la salida de la mayoría de los grupos cívicos y partidos políticos del FDNG, varios analistas creen que el Frente se perfila más que nunca a los ojos de la extrema derecha de Guatemala como un auténtico y peligroso Caballo de Troya.

Popularidad de Arzú

Con la exclusión de Ríos Montt de las elecciones de noviembre y con la salida del partido del General del diputado Arturo Soto, uno de sus líderes más reputados, considerado como un buen suplente de Ríos Montt en la candidatura, el Partido de Avanzada Nacional partido de un sector de empresarios del CACIF no ligado a los militares y su candidato Alvaro Arzú no tienen competidores. No hay un segundo candidato que se acerque a la popularidad de Arzú. En una encuesta publicada el 20 de julio, el 46% de los capitalinos se expresaron en favor de Arzú. En la capital, su gestión municipal cuenta con mucha simpatía popular. En segundo lugar de preferencia aparecía Ríos Montt, con el 14%. Ningún otro candidato tenía un apoyo mayor al 2%. Aunque un 28% no quiso responder ni opinar, no serían cantidad suficiente para disputar el primer lugar a Arzú.

El obstáculo más serio

En la primera semana de julio, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) entregó su segundo informe sobre derechos humanos que ha elaborado desde su llegada al país en octubre/94. En base a la investigación de 570 casos reportados entre el 21 de febrero y el 21 de mayo, el informe critica la falta de una política global del gobierno para combatir la impunidad que afirma "sigue siendo el obstáculo más serio a los derechos humanos en Guatemala".

MINUGUA cita las estadísticas de la Policía Nacional para describir el ambiente de inseguridad ciudadana: durante las primeras 18 semanas de 1995, hubo 2,053 muertos y 4,078 heridos por causa de la violencia delictiva. Un promedio de 45 víctimas diarias, 15 de las cuales son muertos. Entre los 225 casos en que el derecho a la vida fue violado, el informe habla de un porcentaje importante de casos de aparición de cadáveres. "Los antecedentes dice de las víctimas y los lugares en que son abandonadas tienen elementos característicos del patrón de actuación de grupos organizados de `limpieza social'". MINUGUA documenta la participación directa de agentes del Estado en varios de estos casos.

El informe se refiere también a los numerosos casos de amenazas contra activistas de derechos humanos y contra ciudadanos que rehusan participar en las Patrullas de Autodefensa Civil. Cuestiona la falta de investigación de las autoridades judiciales y la renuencia de la policía nacional a ejecutar órdenes de captura en contra de criminales que tienen vínculos con la institución armada. En respuesta a demandas de terratenientes y sectores castrenses, MINUGUA incluyó en este informe una crítica a la práctica de la URNG de cobrar "impuestos de guerra" a los dueños de fincas. Miembros de MINUGUA se han quejado de que algunos oficiales del ejército y líderes de las PAC califican a la misión de Naciones Unidas como favorable a la guerrilla. Hay que sumar a estas criticas las quejas de los agroexportadores, que dicen que MINUGUA no considera las violaciones a sus derechos humanos por parte de los campesinos cuando éstos les ocupan sus fincas en protesta por malos tratos o para presionar en favor de la expropiación de tierras en disputa.

El informe de MINUGUA argumenta que el derecho a la propiedad privada no está entre los derechos humanos que han sido priorizados en el acuerdo entre la URNG y el gobierno que estableció la función que tendría la misión de la ONU en Guatemala. Algunos observadores nacionales y los mismos miembros de MINUGUA han expresado sus temores a que terratenientes y ciertos sectores del ejército aumenten sus ataques contra la misión. Otros creen que las denuncias de MINUGUA no han tenido mayor resonancia en las estructuras que velan por la justicia en Guatemala. Y ofrecen como prueba que tras el primer informe, las acciones violentas no han disminuido, sino que se han duplicado.

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