Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 162 | Agosto 1995
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Proceso electoral: ¿las élites o la sociedad?

Aunque la clase política es irresponsable y aunque la sociedad civil es débil, el proceso electoral puede ser un tiempo y un espacio para que la sociedad lleve a debate los problemas nacionales y las mayorías consigan respuestas.

Equipo Nitlápan-Envío

Los acuerdos políticos que cerraron la crisis generada por las reformas constitucionales abrieron el proceso de definición de alianzas, con las elecciones del 96 ya en el horizonte. Y ya omnipresentes. De hecho, el primer acto de consenso Ejecutivo Legislativo en la primera calma después de la tempestad, fue la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, encargados de administrar las reglas de juego electorales.

"Todos contra Alemán"

En la elección del Consejo Supremo Electoral se reveló también la más clara de las tendencias pre electorales: "todos contra Alemán". Diversas fuerzas políticas y sociales buscan hoy cómo aliarse para enfrentar la clara ventaja que las encuestas de opinión dan al Alcalde de Managua, líder y candidato de la Alianza Liberal, Arnoldo Alemán, que quedó sin representación en el Consejo Supremo Electoral. "No importa dijo Alemán, después de sus primeras reacciones críticas . Si no tenemos magistrados en el Consejo, tendremos fiscales muy bien entrenados en todas las urnas electorales para garantizar que no se nos robe nuestro triunfo".

Las fuerzas políticas saben que sectores significativos de la población ven por ahora en Alemán la única posibilidad de un "cambio" significativo, de "algo nuevo" que responda a sus ansias de poner fin a más de 17 años de guerra, inestabilidad y sufrimiento económico. Saben que la conciencia y los sentimientos de esos sectores de población pueden cambiar y que sus preferencias electorales de hoy pueden ser otras dentro de unos meses. Saben también que el grueso de los que aparecen "indecisos" en las encuestas más de un 40% votará por quien garantice "paz", paz económica (comer, trabajar) y paz social (seguridad). La actual tendencia de los partidos y líderes hacia la búsqueda de nuevas alianzas es también una manera de convencer al pueblo de que ellos también pueden garantizar obras de progreso y un clima de estabilidad y orden, como el que está prometiendo Alemán.

Unidad: punto en común

En estas vísperas de vísperas electorales, se va decantando ya el perfil de los proyectos políticos en juego y de sus potenciales simpatizantes. Hasta ahora, son cuatro los proyectos más definidos. El Proyecto Nacional de Antonio Lacayo, apoyado por grandes empresarios y por los tecnócratas y funcionarios gubernamentales. La Alianza Liberal, con su ya proclamado candidato Arnoldo Alemán, que tiene el respaldo de empresarios nicaragüenses de Miami, productores agropecuarios, profesionales, pequeños y medianos empresarios locales y sectores informales urbanos. El FSLN, aún sin candidato definido, con la adhesión de obreros agrícolas e industriales, desempleados, informales urbanos y el grupo de empresarios sandinistas. Y un cuarto proyecto en proceso de definición lidereado por el MRS y los socialcristianos de la UDC, que podría incluir a una fracción socialdemócrata (MDN), a una fracción liberal (PLI) y a una fracción conservadora (APC) y que estaría respaldado por profesionales, intelectuales y pequeños y medianos empresarios. Otros "partidos" minúsculos rondan en torno a estos proyectos. Está también en vías de formación y de definición una quinta agrupación que reuniría a casi todas las fracciones conservadoras y que busca la adhesión de los ex combatientes del Partido de la Resistencia.

El 11 y el 19 de julio proclamación de Alemán como candidato de los liberales y celebración de la revolución por el FSLN quedó más claro que un denominador común de los proyectos políticos más definidos es la propuesta de un gobierno "de unidad nacional". El FSLN excluye a los liberales de Alemán de ese eventual gobierno por "somocistas" y Arnoldo Alemán excluye a quienes en el FSLN y el Proyecto Nacional sean "piñateros".

El 11 de julio, en su proclamación como candidato presidencial de su partido, el PLC, y de la Alianza Liberal, Arnoldo Alemán anunció un gobierno de reconciliación y de unidad nacional. En su esfuerzo por presentar una imagen moderada y atractiva, Alemán ha venido negando cualquier vínculo con el somocismo. Hoy, está enfrentando dificultades para atraer a la Alianza al Partido Liberal Independiente (PLI) que anunció como su pre candidato a la Presidencia a Virgilio Godoy y tampoco logra atraer al Partido de la Resistencia. También se conoce de tensiones entre sus partidarios en Miami base de su apoyo financiero y sus partidarios en Nicaragua por la distribución de futuros puestos en el gabinete si ganaran los liberales. Alemán se reunió con sectores profesionales y con empresarios del COSEP para discutir las propuestas económicas de la Alianza Liberal. El COSEP lo recibió con cierta frialdad: teme a la competencia de los empresarios somocistas de Miami, al populismo de Alemán y a los intereses de las capas medias que la Alianza Liberal busca capitalizar en su campaña.

FSLN: como en los 70

En la concentración masiva con que los sandinistas celebraron un aniversario más de la revolución, Daniel Ortega habló también de la necesidad de un gobierno de unidad nacional y de una victoria electoral del FSLN para consolidarlo y garantizar continuidad a los cambios revolucionarios de los 80. La estrategia actual del FSLN parecería similar a la que emprendió a finales de la década de los 70 para derrocar a la dictadura somocista (Somoza ayer, y Alemán hoy), que combina alianzas con sectores populares (con el MPU ayer y hoy con la Resistencia) y alianzas con sectores empresariales y medios (Grupo de los 12 y UDEL ayer MRS, y Proyecto Nacional hoy). El ofrecimiento de la candidatura presidencial del FSLN al Presidente del Consejo Supremo Electoral, Mariano Fiallos, como el hombre más idóneo para construir esa amplia alianza que tenga al sandinismo como fuerza hegemónica, es una de las más claras señales de esta estrategia.

Por su parte, el Proyecto Nacional, desde que "hizo sonar la matraca" en junio, no ha dejado de realizar mitines en las cabeceras departamentales y es el único que tiene ya una amplia campaña de propaganda electoral en medios de difusión, intentando vender un perfil de centro ("alejado de los extremos que tanto daño le han hecho a Nicaragua"): extrema derecha (liberales=pasado somocista) y extrema izquierda (sandinistas=pasado sandinista). El Proyecto Nacional está utilizando su control de los recursos públicos para construir su clientela política en el campo (programa de titulación agraria financiado por el Banco Mundial y Programa Nacional de Desarrollo Rural) y en las ciudades (programas de trabajo y obras públicas del FISE y de INIFOM).

Entre la espada y la pared

Nicaragua está hoy entre la espada del inminente proceso electoral y la pared de la agenda nacional sobrecargada de problemas económicos, jurídicos, institucionales, sociales y ecológicos, descuidados en estos años, de difícil solución en estos meses y que el nuevo gobierno recibirá en herencia por su victoria. Aunque el espacio que queda entre esa pared y esa espada no es ni muy amplio ni muy cómodo, se podrían desarrollar en él distintos escenarios. Dependen éstos de las decisiones que tome la clase política y de las que tomen quienes representan a la sociedad civil organizada. Dos son los escenarios que hoy aparecen como más posibles.

El primer escenario es el de un proceso electoral polarizado y elitista. La relativa calma conseguida tras la tempestad que vivieron las élites políticas por las reformas constitucionales desaparecería al iniciarse una nueva tempestad con visos de huracán, la electoral. Un proceso electoral polarizado permitiría que las minorías sigan consolidando el monopolio que ya tienen en la organización del poder político y en la concentración de la riqueza. Sus conflictos reales y su agenda de confrontación no tienen nada que ver con el bienestar de la mayoría, sólo buscan reajustar las cuotas de poder entre ellos. Pero si prevalecen estos conflictos y se impone esta agenda, el acceso de unos o de otros al poder serviría para poco: garantizaría el lugar que en la sociedad nicaragüense ocupa hoy la nueva élite económica sandinista, afianzaría el estatus de los grupos oligárquicos tradicionales que no abandonaron el país durante los años 80 y abriría paso al regreso a Nicaragua de las familias más ligadas al somocismo, incluyendo hasta a los sobrinos del propio Somoza, que ya han vuelto al país "para ver lo que está pasando".

Escenario con las élites

En un escenario de campaña electoral polarizada y elitista, los ejes del debate serían somocismo vs. sandinismo, la corrupción y respecto a la propiedad, algunos temas: la "piñata" de los dirigentes sandinistas, los abusos chamorristas en el proceso de privatización y la devolución o no de sus propiedades a los mil "gringos caitudos" (nicaragüenses nacionalizados estadounidenses en su exilio).

Un proceso electoral con esta polarización y esta agenda ideologizada estaría divorciado de la agenda nacional que tiene la población comida, trabajo, seguridad, modernización de la institucionalidad estatal e impediría la participación de la sociedad civil. Las mayorías están empobrecidas y sin tiempo para la política,están decepcionadas de la experiencia sandinista y de estos años violetistas/lacayistas y no tienen canales institucionales para expresar sus intereses.

Si el proceso electoral fuese el de este primer escenario, la agenda electoral dominaría sobre todas las demás y la espada de las elecciones obligaría al país a dar la espalda a la pared de las urgentes tareas económicas y sociales. En este escenario no habría debate público y serio sobre la política económica, se dejarían a un lado potenciales y positivas negociaciones de la deuda externa y del ESAF con el Banco Mundial y el FMI, se reduciría aún más el crédito para la producción, etc., etc. La pared se haría más gruesa y esa mole amenazaría con aplastarnos a todos.

Las reformas constitucionales, que dan a la Asamblea nueva capacidad para participar en el proceso de elaboración del presupuesto de 1996 y para influir en temas económicos tan claves como el código tributario, el código del trabajo y ese cuerpo de leyes que hay que elaborar para regular el comercio y la industria, quedarían neutralizadas por el tenso ambiente pre electoral. Se correría el peligro de que la filosa espada de las elecciones forzara a los diputados a hacer leyes demasiado ajustadas a intereses coyunturales que no serían de mucha utilidad para la modernización institucional que el país requiere. El peligro mayor sería que los debates de la Asamblea sigan separados de la conciencia de las mayorías, tomadas únicamente en cuenta como piezas de las interesadas luchas de la clase política.

Análisis pesimista

Los analistas que creen que este pesimista escenario es el único posible han empezado a descalificar las elecciones e incluso a sugerir que lo mejor para el país hubiera sido adelantarlas porque clarificarían de una vez las nuevas reglas del juego y permitirían, liberado ya de la espada, que el país enfrentara la pared de sus necesidades. Esta postura refleja más un lamento retórico sobre los errores de nuestra clase política que una propuesta seria.

Las tareas previas a las elecciones (padrón electoral, cedulación, etc.) impiden técnicamente cualquier adelanto. Pero lo más grave del análisis pesimista es que, criticando a las élites, termina siendo elitista y denunciando a las cúpulas, resulta cupular. Hay un segundo escenario electoral menos cargado de pesimismo porque se enfoca en la capacidad que tiene la sociedad civil nicaragüense de luchar por sus propios intereses y necesidades en la contienda electoral.

Escenario con sociedad civil

En el segundo escenario, las elecciones abren un espacio a la consolidación y participación de la sociedad civil. La trascendental ruptura que las reformas constitucionales han hecho con el histórico presidencialismo y el espacio que abren a un mejor balance de los poderes del Estado y a una sana competencia entre ellos no es una conquista cupular, aunque hayan sido cúpulas quienes la alcanzaron. Esta conquista responde a una demanda de democratización que la sociedad nicaragüense respalda, aunque sea en silencio y pasivamente, aunque no lo racionalice así. Las reformas constitucionales podrían dar a estas elecciones más posibilidades de debate público que el que ha existido en todas las elecciones anteriores de la historia del país. Y el nuevo equilibrio de los Poderes base indispensable aunque no suficiente para la modernización estatal podría hacer del tema de la modernización del Estado un asunto candente de ese debate público.

Todas las encuestas de opinión demuestran que la población quiere más debate, menos centralización del poder y más libertades individuales. Quizás en estos rasgos se expresa la madurez de una población que votó con las armas contra la dictadura somocista en 1979 y que supo usar las urnas contra el verticalismo y el centralismo del FSLN en 1990. Es cierto que la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones públicas mediatiza seriamente el que estos nuevos valores ciudadanos encuentren vías para expresarse y ejercerse. Pero ningún candidato puede ignorar estas aspiraciones del pueblo para seguirle hablando con una retórica vacía que ya no convence a nadie. Estas aspiraciones hacen probable que la retórica se vea forzada a traducirse en proyectos concretos a ser debatidos públicamente. En un escenario así, la pared de los problemas nacionales (desempleo, pobreza, seguridad ciudadana, ansias de democratización) puede empezar a actuar como contrapeso de la espada electoral.

Hasta ahora, la estrategia de los políticos y de los partidos parece estar siendo la de sondear adhesiones y dividir así el voto en la primera vuelta para establecer más claramente alianzas e imponer hegemonías en la segunda. Pero el grave peso de la crisis nacional podría llevar a la población a elegir a un gobierno del que espere capacidad y autoridad para enfrentar esa crisis ya en la primera vuelta. La indefinición de la mayoría del pueblo que reflejan las encuestas no se debe a falta de claridad política, sino a falta de opciones electorales en las que ver soluciones viables a la problemática nacional y a tantas otras problemáticas personales y familiares.

Funcionarios y ciudadanos

Antes de las elecciones, ya no hay ni tiempo ni capacidad para enfrentar la necesaria tarea de modernizar el Estado. Incluso, la espada de las elecciones ya se impuso: las reformas constitucionales exigen que alcaldes, ministros, viceministros y otros altos funcionarios del gobierno renuncien a sus cargos un año antes de las elecciones si quieren ser candidatos. Por lo menos, son más de 20 los altos funcionarios y unos 50 los alcaldes que están en esta situación.

Difícilmente las instituciones del Estado con o sin los actuales ministros y viceministros en sus puestos podrían a estas alturas del actual gobierno responder a la pared de los problemas nacionales. Mucho menos podrían enfrentar la tarea de su modernización en un ambiente en el que su personal de dirección cambia de repente. No puede olvidarse nunca que la falta de capital humano ha favorecido siempre no sólo ahora estilos de dirección muy personalistas en todos los niveles de la sociedad.

Pero el elemento principal y la base firme de cualquier modernización del Estado no es la brillantez o capacidad de los funcionarios, sino la participación y el interés de los ciudadanos. El proceso electoral abre un espacio idóneo para el debate público, que complemente el carácter elitista que hasta ahora han tenido las reformas a la Constitución. Un cambio tan profundo e histórico como el de las reformas requiere necesariamente de un proceso que durará décadas y no meses. Las elecciones ofrecen el clima apropiado para iniciarlo. Y el punto de partida es reconocer la ilegitimidad de una democracia en la que los ciudadanos no controlan a su clase política.

Propiedad: piedra angular

Eje central en este segundo escenario electoral, más optimista, sería una solución rápida y definitiva del problema de la propiedad. Si conseguido este "punto final", la cuestión de la propiedad queda eliminada de la agenda electoral podrían renovarse los estilos de la clase política y podrían desarrollarse programas electorales con propuestas concretas de gobierno y de economía que se debatirían ante la opinión pública. Desgraciadamente, los intereses particulares de los candidatos y de los que más decisivamente apoyan sus candidaturas están ligados a la cuestión de la propiedad.

El vínculo políticos propiedad es la tierra fértil que transforma el discurso sobre el bienestar de toda la nación en retórica con la que se disfraza el bienestar de algunos individuos. Si se solucionara antes de las elecciones la cuestión de la propiedad, el discurso de los políticos tendría que ser menos ideológico y esto permitiría a las fuerzas de la sociedad civil discutir más libre y claramente con los políticos su propia agenda.

Una solución rápida y definitiva al conflicto de la propiedad en 1995 o antes de abril de 1996 quitaría filo y sarro a la espada electoral y permitiría que los meses de campaña quedaran despejados para debatir sobre qué hacer con la pared nacional. Esta posibilidad no es sólo lo que necesita la nación en esta encrucijada de su historia. Coincide también, real o potencialmente, con los intereses electorales de la mayoría de los partidos.

El evento celebrado en julio en Montelimar sobre la propiedad, con la presencia de Carter, y los acuerdos a los que allí se llegó demuestran que las agrupaciones políticas están dispuestas a negociar. No pueden iniciar campañas basadas en la "unidad nacional" sin dar algún signo de reconciliación sobre la piedra angular en torno a la cual podría desarrollarse un proceso electoral de signo caótico o de signo positivo.

En Montelimar se alcanzaron acuerdos importantes para la solución del conflicto de la propiedad. El acuerdo en torno a la legitimidad de las leyes 85 y 86 (propiedades en manos de sectores populares) significa una separación definitiva entre la redistribución justa de la propiedad hecha en beneficio de las mayorías y las propiedades que "se distribuyeron" a sí mismos una minoría de sandinistas. A cambio de esta concesión del gobierno, el FSLN cedió en la privatización de TELCOR, lo que acrecentará las actuales tensiones dentro del FSLN. Arnoldo Alemán, aunque no quiso asistir al evento, dijo aprobar los acuerdos, con la excepción del que exige a la élite sandinista pagar por el valor castastral de 1992 las casas "piñateadas". Los liberales quieren que se pague por esas casas el valor del mercado. En sus posiciones sobre la propiedad, Alemán trata de ser consistente con su base electoral de Miami y con el populismo electoral que caracterizará su campaña.

A todos les interesa

Después del primer paso de Montelimar, está por calibrar cuál es el interés de cada uno de los actores políticos por llegar a una solución definitiva al conflicto de la propiedad.

Para el gobierno Chamorro y para su Proyecto Nacional, obtener esa definitiva solución es cuestión de vida o muerte en términos políticos. La Presidenta pasaría a la historia laureada por haber realizado una de las transiciones más difíciles en la historia política de América Latina y Antonio Lacayo entraría en su campaña con nuevos trofeos con los que presentarse como alternativa de centro y de reconciliación entre el sandinismo y el somocismo. Nadie le discute lauros a la Presidenta por su transición de la guerra a la paz o de la hiperinflación a la estabilidad de precios. Pero el paso inicial en estas transiciones ya lo habían dado los sandinistas con sus conversaciones con los contras y con la implementación de un ajuste antinflacionario de corte neoliberal en 1988. El corazón de la transición siempre ha sido el tema de la propiedad.

La Asamblea Nacional y el líder del MRS, Sergio Ramírez, han anunciado como tarea prioritaria del país en los próximos meses una Ley de la Propiedad que resuelva definitivamente este conflicto y en ocasión del 19 de julio presentaron una propuesta breve y concreta. La solución definitiva del problema de la propiedad será punto central en la campaña del MRS y con este tema el MRS trata de marcar distancias con el sandinismo "piñatero".

FSLN: individuos o partido

Los intereses que el FSLN priorice para después de las elecciones determinarán su apertura a una negociación definitiva del conflicto de la propiedad antes de las elecciones. El FSLN no puede correr el riesgo de que Alemán gane las elecciones sin antes haber llegado a una solución definitiva en el tema de la propiedad. El ejército ya no está totalmente bajo el control del FSLN. La derecha estadounidense tiene grandes posibilidades de reemplazar a los demócratas en el Ejecutivo en 1996.

En este escenario, sería un gran riesgo para la dirigencia del FSLN, individualmente y corporativamente, no tener una solución internacionalmente validada en la cuestión de la propiedad. Además, está dentro de su interés político no cargar con el lastre de "piñateros" durante toda la campaña. La única vía por la que el FSLN obtendría una victoria aplastante a favor de la propiedad de los obreros agrícolas del Area Propiedad de los Trabajadores y del movimiento cooperativo sería sacrificar los intereses económicos personales de algunos de sus dirigentes. Dar ese paso quitaría todos sus argumentos a los sectores oligárquicos que sostienen el Proyecto Nacional y que se han beneficiado con la "piñata" chamorrista hecha a costa de las propiedades privatizadas por la CORNAP. La autoridad ética del FSLN depende en gran parte de que algunos de sus dirigentes sacrifiquen los intereses económicos personales a cambio de los intereses políticos del sandinismo.

Alemán está en contra de una solución rápida y definitiva de la cuestión de la propiedad, porque con ello perdería una parte de su base de financiamiento. Es por esto que la búsqueda de una solución definitiva al problema de la propiedad se está tiñendo ya de la misma lógica "todos contra Alemán" que domina a gran parte de la clase política y que dominó las elecciones de magistrados para el Consejo Supremo Electoral.

Pero la realidad es que Alemán podría beneficiarse también de una solución final a la cuestión de la propiedad. Una prolongación de este problema hace a Alemán aún más vulnerable a la acusación de querer reintroducir el somocismo en el país facilitando a los somocistas la recuperación de sus propiedades, justamente expropiadas por la revolución. Separarse de la defensa de unas pocas familias prestigiaría la campaña liberal y aportaría una prueba clave al discurso con el que Alemán afirma no ser somocista.

Propiedad: prioridad USA

Finalmente, la administración Clinton, la embajada de los Estados Unidos en Managua y la AID tienen como su interés prioritario un proceso electoral aceptable y una solución final, cualquiera que sea, de la cuestión de la propiedad. La visita de Carter y su intervención en el foro de Montelimar se debió más a la política interna de Estados Unidos y a la necesidad de los demócratas de responder a críticas del senador Helms y de la ultraderecha que a las necesidades de Nicaragua. El interés de la administración Clinton no son los 700 nicaragüenses nuevos ciudadanos estadounidenses que reclaman propiedades. Su interés son unas elecciones válidas que den continuidad a la transición democrática en el país. El BM y el FMI están dando todo su apoyo al gobierno para facilitar el proceso electoral y la administración Clinton ha colocado en su agenda de prioridades en Nicaragua la solución a la cuestión de la propiedad, y utilizará este tema como medida de presión sobre el gobierno de Nicaragua en todas sus futuras negociaciones con el FMI y con el Banco Mundial.

Oportunismo y oportunidad

En cualquier parte del mundo, las elecciones son siempre una oportunidad para los pobres. No porque con ellas cambie su destino y el de su país. Pero sí porque obtienen beneficios a corto plazo del clientelismo electoral con el que funcionan, en cualquier parte del mundo, partidos y candidatos. Los políticos tienen necesidad de clientela para sus movilizaciones y los electores tienen necesidades urgentes. En todas partes del mundo las elecciones llevan dosis mayores o menores de oportunismo, pero son también momentos oportunos para masificar e inter cambiar debates, críticas y propuestas entre líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y masas.

En la eficacia de estos intercambios está una piedra angular de la democracia y de la articulación de los diversos intereses sociales. El escenario electoral que nos toque vivir no depende sólo de que la clase política sea más o menos responsable sino de que los sindicatos, gremios y organizaciones no gubernamentales sean más o menos responsables y más o menos capaces de presentar propuestas a los políticos en vez de sólo criticarlos o exigir de ellos favores. ¿Qué ofrece hoy la sociedad civil a los políticos de Nicaragua fuera de su crítica y su falta de confianza?

Dos raíces de la debilidad

La sociedad civil de Nicaragua es aún muy débil y es ésta precisamente una de las principales causas de la irresponsabilidad de la clase política. Esa debilidad de la sociedad civil tiene dos raíces: la sobrepolitización de los sindicatos, gremios y ONG y la confusión sobre los papeles que deben jugar estas instancias. Es bien sabido que en Nicaragua sindicatos, gremios y ONG han funcionado generalmente como correas de transmisión de los partidos. Por otro lado, la confusión de papeles creada en el movimiento sindical después de la privatización a favor de los trabajadores que dio origen al APT ha mermado su capacidad de protesta, de propuesta y de diálogo con el gobierno y con el sector empresarial.

El problema de la ATC, de UNAPA y de la CST es estructural y no sólo una crisis ligada a la corrupción de determinados dirigentes. El pensamiento progresista del movimiento sindical internacional coincide en que la muerte del sindicalismo independiente se produce cuando el sindicato intenta ser a la vez empresario y representante de los trabajadores. No se puede ser al mismo tiempo juez y parte interesada. En esta situación, hasta el más honrado de los dirigentes sindicales peca. De igual manera, la politización de las ONG y su falta de beligerancia frente al Estado y los partidos han socavado su creatividad y las han llevado a dedicarse a reemplazar al Estado en sus funciones y a llenar los vacíos que va dejando a su paso el neoliberalismo triunfante.

Productores y panaderos

En julio, varias experiencias de la sociedad civil evidenciaron algunos de estos problemas. A pesar de la justicia de su causa, los plantones realizados desde mayo en Managua por centenares de obreros agrícolas de la ATC/APT/UNAPA se fueron debilitando por su sobrepolitización (dirigentes obreros que son a la vez dirigentes del FSLN) sin haber logrado sus objetivos principales: legalización de propiedades y acceso al crédito. Pero no son sólo estos productores agrícolas los que carecen de crédito suficiente para producir e invertir. Ya comenzó la preparación de la cosecha de postrera y el gobierno ha cortado los créditos de forma aún más drástica que en la cosecha de primera, afectando particularmente a pequeños y medianos productores. La UNAG y otros gremios rurales no han podido estructurar un movimiento sólido para acceder al crédito porque también están divididos por los contradictorios intereses políticos de sus dirigentes.

La falta de eco que ha tenido en el resto de la sociedad civil la protesta de los más de 5 mil panaderos nicaragüenses por el alza desproporcionada del precio de la harina decretada por las cuatro empresas que en el país importan y procesan el trigo que incluso llega como donación es una muestra de la debilidad de la sociedad frente al gobierno y las élites que controlan Nicaragua. Por falta de una intervención del gobierno y de la sociedad civil que favorezca una negociación entre estas cuatro empresas oligopólicas y el gremio panadero, las pequeñas panaderías se ven obligadas o a cerrar o a incrementar el precio de un producto básico para los más pobres. En esta situación de debilidad, no hay capacidad para presionar por una línea de crédito que permita importar harina de otros países centroamericanos donde, a pesar del alza del precio internacional del trigo, los precios son más bajos porque, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, no se ha dado el mismo grado de monopolización y complicidad entre los oligopolios harineros y las autoridades gubernamentales.

El gremio de panaderos como otros muchos sectores productivos es víctima de los pactos del gobierno con unas cuantas empresas oligopólicas y se encuentra aislado de otros gremios o de la federación de ONG en un momento en que los principales afectados son los pobres. El caso del oligopolio del trigo se repite en múltiples ramas de la economía y muestra cuánto daña al conjunto de la economía nacional la alianza del gobierno con los sectores empresariales monopólicos.

Cafetaleros y portuarios

Tampoco los cafetaleros el más beligerante de los gremios han podido establecer alianzas con otros gremios para fortalecer sus luchas. Ni un mes después del acuerdo político consensuado para la implementación de las reformas que quitan discrecionalidad al Ejecutivo en materia de impuestos , el Ejecutivo lo violó con un nuevo decreto que cobra a los cafetaleros más impuestos que a los demás sectores, usando para ello una modalidad fiscal de cobro por adelantado que el gobierno sandinista implementó en la época de la hiperinflación y que hoy ya nada justifica. Los cafetaleros se han visto obligados a interponer un recurso de amparo contra el decreto, cuando podrían haber buscado un consenso nacional para sentarse con el gobierno y negociar el pago de la deuda en mora y una actitud más deliberadamente inversionista, que podrían facilitar las ganancias excepcionales que está teniendo el sector cafetalero con los buenos precios internacionales del café.

La única protesta efectiva durante el mes de julio fue la huelga de seis días de los trabajadores del puerto de Corinto, exigiendo mejores salarios y el despido de altos funcionarios de la empresa estatal de puertos. ¿Razones del éxito de esta huelga? El impacto que sobre los intereses económicos de los más grandes empresarios de Nicaragua tiene la paralización del principal puerto del país. Y la unidad de sindicatos de distintos colores políticos en una lucha que buscaron despolitizar desde el primer momento.

La agenda de los pobres

Las protestas y las propuestas que la sociedad civil haga durante la campaña electoral pueden ser importantes para abrir un debate en la sociedad nicaragüense sobre el trascendental tema de la distribución de ingresos en Nicaragua. Pero serán protestas y propuestas ineficaces si los sindicatos y los gremios no logran independizarse de los partidos políticos.

La población nicaragüense está muy consciente del grado de concentración del ingreso que se está produciendo en el país y de la exclusión que padecen las mayorías. El 40% de los "indecisos" no son infelices pobres sin conciencia política sino pueblo pobre en búsqueda de soluciones para salir de esa pobreza. Su silencio y su pasividad actual son una forma de presión política al estilo güegüense y también son una sabia y racional actitud frente a la desmovilización de la sociedad civil. No les falta conciencia sino cauces de acción por la falta de unidad entre sindicatos, gremios y organizaciones de la sociedad civil que representen sus intereses y propongan soluciones concretas que lleguen a insertarse en la agenda nacional, obligando a la clase política a dar respuestas y no retórica.

Las declaraciones de algunos obispos y pastores, que han sabido presentar con claridad y valentía "la agenda de los pobres" permite vaticinar que parroquias y templos se pueden convertir en un cauce de organización y en un espacio para el debate durante el proceso electoral. En América Latina están surgiendo movimientos cívicos que monitorean e inciden en las elecciones con denuncias sobre la pureza del proceso electoral y sobre la corrupción gubernamental y que plantean programas de interés para los sectores excluidos. También en Nicaragua existen condiciones para hacer de las próximas elecciones un tiempo y un espacio de fortalecimiento de la sociedad civil. Hay muchos que tienen la palabra. fin.

***********************************************************

NOTICIAS

AGENDA INSTITUCIONAL

Después de la entrada en vigencia de la Constitución reformada (4 julio), y tras su receso de mitad del año, las tareas que priorizará el Legislativo son: las reformas a la Ley Electoral, la ley de privatización de las telecomunicaciones, una Ley de la Propiedad que resuelva definitivamente este problema y la elección (en consenso con el Ejecutivo) del Contralor y Subcontralor.

LEY ELECTORAL

Terminada la crisis Ejecutivo Legislativo, la prioridad de la clase política son las reformas que deben hacerse a la Ley Electoral para adecuarla a las reformas constitucionales. En las elecciones de 1996 habrá 2 vueltas para elegir Presidente si ningún candidato alcanza el 45% de los votos, 70 legisladores serán electos a nivel departamental y sólo 20 a nivel nacional y serán los ciudadanos y no los concejales quienes elijan directamente a los alcaldes. Los temas de mayor controversia son las donaciones que lleguen a los partidos desde el exterior , la regulación del uso de los medios y del voto de los nicaragüenses residentes en el exterior.

RECURSO CONTRA INHIBICIONES ELECTORALES

El 7 de agosto, 24 ministros y viceministros del gobierno Chamorro presentaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recursos de amparo contra la reforma constitucional que establece que alcaldes y altos funcionarios renuncien a sus cargos un año antes de las elecciones si optan a cargos públicos. El Ministro Lacayo presentará un recurso contra la reforma que lo inhibe como candidato a Presidente

AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

Por segundo año consecutivo, el Presidente Clinton vetó la aplicación a Nicaragua de la Ley Helms González, promovida por el republicano Jesse Helms, actual Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que suspendería la ayuda USA a Nicaragua mientras el gobierno Chamorro no cumpla una serie de requisitos. El principal de ellos, la devolución de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses por el gobierno sandinista. El 90% de ellos son nicaragüenses nacionalizados estadounidenses después de ser confiscados. Según el informe oficial del gobierno Chamorro, un tercio de las más de mil propiedades que reclaman estas personas les fueron confiscadas por ser somocistas (decretos 3 y 38 de 1979) y el 40% de los bienes que reclaman son casas "de difícil devolución" y por las que no aceptan indemnización. Según "The New York Times", 700 somocistas nacionalizados estadounidenses están reclamando un tercio de las tierras cultivables de Nicaragua.

PROBLEMAS DE PROPIEDAD

El 5 de julio y propiciado por Naciones Unidas (PNUD), el ex Presidente de EEUU, Jimmy Carter, reunió en Montelimar a los principales dirigentes políticos y gremiales del país para conseguir de ellos un consenso en torno al conflictivo tema de la propiedad. Puntos básicos del "Consenso de Montelimar" fueron: respetar las viviendas, lotes y tierras entregadas por la revolución a sectores populares según las leyes 85, 86 y 88, promulgadas antes del cambio de gobierno (las propiedades de grandes dimensiones deberán ser pagadas al Estado); crear tribunales especiales para dirimir los casos conflictivos; otorgar rápida y justa compensación a los confiscados y emplear las ganancias de la privatización de TELCOR para revalorizar los bonos con que se les compensa. Al inaugurar el evento dijo la Presidenta Chamorro: "No quiero dejarle al próximo gobierno esta gran cruz, que para mí ha sido la más difícil de cargar en estos 5 años". La Asociación de Confiscados rechazó el evento y el consenso. Arnoldo Alemán fue el único dirigente invitado que no asistió.

CORRUPCION

A finales del mes de junio, la Contraloría envió a la Asamblea Nacional su informe anual. Este abarca 118 auditorías realizadas, quedando pendientes otras 157. En 77 de las 118 investigaciones se detectó corrupción con responsabilidad penal y otros 236 casos de irregularidades y tráfico de influencias. El informe se refiere a un "incremento significativo" de los delitos de defraudación al Estado, a la falta de sanciones a estos delitos y a la ausencia de controles. La Contraloría evaluó al centavo lo defraudado entre enero/94 y febrero/95 en cada dependencia. Son más de 3 millones de dólares. Según el propio Contralor, lo investigado es "la puntita de lo que más adelante va a salir".

CONVENCION LIBERAL

El 11 de julio se celebró la Convención del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (PLC+PLIUN+ PLN), en la que 2,500 liberales proclamaron candidato a la Presidencia de la República al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán. La pre consigna de la campaña liberal es: "Por un cambio sin violencia. Una Nicaragua para todos". Alemán es el político que aparece en todas las encuestas como primero en la intención de voto de los nicaragüenses. El Partido Liberal Independiente (PLI) no integra la Alianza Liberal.

ANIVERSARIO REVOLUCION

El 19 de julio, uno 40 mil sandinistas celebraron en Managua el 16 aniversario del triunfo de la revolución. En su discurso, el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, usó un lenguaje moderado aunque atacó "el somocismo" del partido liberal de Arnoldo Alemán , llamó a la unidad de los sandinistas del MRS con los del FSLN, y prometió un gobierno de unidad nacional si el FSLN gana las elecciones en 1996

PROYECTO NACIONAL

Sin aceptar las inhibiciones que a su candidatura presidencial imponen las reformas constitucionales, el Ministro Antonio Lacayo continuó movilizándose por todo el país propagandizando el Proyecto Nacional aún no inscrito como partido . El 27 de julio, Lacayo hizo público que dejará su cargo en el gobierno el 7 de septiembre para dedicarse a la actividad política, sin aclarar por qué cargo piensa competir.

MRS:AFILIADOS

El Movimiento de Renovación Sandinista presentó a comienzos de agosto la documentación para inscribirse como nuevo partido político. Su máximo dirigente, Sergio Ramírez, reiteró su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la República, habló en varias ocasiones de una alianza "de centro" de los cinco partidos que más impulsaron las reformas constitucionales (MRS, UDC, MDN, conservadores de la APC y liberales del PLI) y afirmó que a fines de julio el MRS contaba ya con unos 18 20 mil afiliados en todo el país.

ATAQUES A TEMPLOS

Durante el mes de julio se produjeron otros cuatro ataques explosivos contra templos o instalaciones católicas en Masaya, León y Jinotepe. En mayo y junio hubo otros 7 incidentes de este tipo (nunca han causado víctimas ni relevantes daños materiales), sin que nadie se responsabilice de ellos ni se encuentren pistas de sus autores. Algunos sectores han magnificado los hechos hablando de "persecución sistemática contra la Iglesia Católica", llegando a sobredimensionarlos como parte de una estrategia para impedir la visita del Papa a Nicaragua, que fue anunciada para febrero/96.

CARCELES SATURADAS

El 10 de julio, el Jefe de la Policía Nacional, Comandante Fernando Caldera, declaró que la PN es "una institución en quiebra" y alertó sobre la situación de hacinamiento que existe en los centros de detención de la policía, donde a diario se concentra un promedio de 2,500 delincuentes detenidos, siendo la capacidad para 1,900 . "De seguir esta situación dijo nos veremos obligados a no capturar a quienes cometan faltas". Al día siguiente, autoridades del Sistema Penitenciario informaron que todas las cárceles del país están saturadas y que no aceptarían más reos que les envíe la .

CENSO NACIONAL

Según datos preliminares del censo nacional celebrado en mayo, los nicaragüenses no llegan aún a 4 millones. Serían 3 millones 896 mil 418, ubicados en 684 mil 359 viviendas. De ellos, sólo el 55.36% tienen más de 15 años.

CONSUMO DE DROGAS

Según la fundación "El Patriarca" de Nicaragua, 50 de cada mil nicaragüenses consumen habitualmente crack (cocaína adulterada y muy perjudicial), droga introducida en el país desde 1992 a través de traficantes que se abastecen por la Costa Atlántica.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Proceso electoral: ¿las élites o la sociedad?

Nicaragua
A un año del ESAF: ¿qué le falta al ajuste?

Nicaragua
Desminar: pacificar la Naturaleza

Guatemala
Paz hasta después de las elecciones

El Salvador
Agitación laboral y crimen organizado

Honduras
Conflicto en Tacamiche: un buen test

Centroamérica
Familias: violencia y sobrevivencia

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web