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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 161 | Julio 1995
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El Salvador

El pacto: ¿autoritarismo o democratización?

¿Qué país se está forjando? ¿Nostálgico de la armonía que el autoritarismo creó durante décadas? ¿Un país con una productividad que en unos años sólo será un mito? ¿Un país de empleos terciarios que vio abortar su transición a la democracia?

Juan Hernández Pico, SJ

Al final de su primer año de gobierno, el presidente salvadoreño está cosechando un creciente desprestigio. Después de sus primeros cien días y según una encuesta de la UCA, su gobierno promediaba algo más de 6 puntos en una calificación entre 1 y 10. Al cabo de un año, el promedio era ya algo inferior a 5 puntos. Después de 100 días, un 28.3% de los ciudadanos pensaba que su gobierno había sido bueno o muy bueno y un 23.9% malo o muy malo. Al cabo de un año, un 24.4% piensa que ha sido bueno o muy bueno y un 41.3% malo o muy malo. La gran mayoría del resto, en ambos casos, le otorgaba una calificación de regular.

¿Candil de la calle y oscuridad de la casa?

Mientras internamente ésta y otras encuestas de opinión pública con pequeñas variantes coinciden en una tendencia a la baja del gobierno de Calderón Sol, la comunidad financiera internacional lo apoyó en París a mediados de junio, otorgándole para los próximos años un financiamiento nuevo de 1,300 millones de dólares. El Ministro de Coordinación Económica y Desarrollo Social, Ramón González Giner, manifestó que no se habría otorgado tanta ayuda sin el aumento del IVA, que es una muestra de "disciplina fiscal" y un "esfuerzo interno" muy importante. Además, el Pacto de San Andrés fue extraoficialmente muy bien visto por embajadores de los "países amigos".

¿E gobierno de Calderón Sol está funcionando entonces como candil de la calle y oscuridad de la casa? ¿O será que lo que se pactó en las ruinas mayas de San Andrés encaja perfectamente en el único modelo de desarrollo que el sistema mundial acepta: el que hace que las mayorías pobres garanticen con sus impuestos la contrapartida de lo que el sistema mundial presta al Estado?

El Pacto de San Andrés

El Pacto de San Andrés, ¿es señal de autoritarismo o de democratización? Así ven la actual disyuntiva algunos de los negociadores de los acuerdos de paz de 1992 y algunos de los mejores analistas del país. El poeta David Escobar Galindo, por ejemplo, parte de que "hay un vacío en cuanto a que hacer después de que se agota el Acuerdo de Paz". En el agotamiento político de los acuerdos de paz coinciden muchos observadores con Escobar Galindo, quien fuera su negociador por la parte gubernamental. Piensa él que no se puede seguir adelante de forma improvisada en la transición democratizadora y que se necesita un marco de referencia. Eso sería el pacto de San Andrés. "No un nuevo Chapultepec, porque aquel acuerdo trataba aspectos mucho más profundos y además, era producto de un entendimiento de las dos grandes fuerzas de la guerra".

Piensa el poeta, rector de la Universidad Matías Delgado, que la viabilidad del Pacto nacido del aprovechamiento oportuno de la coyuntura de impasse legislativo frente a la propuesta gubernamental de aumentar el IVA "es limitada porque las dos partes firmantes están en posiciones totalmente asimétricas y no hay ningún esquema de garantía de cumplimiento". La viabilidad vendría de que lo dicho en el Pacto "coincide mucho con lo que el gobierno ha venido anunciando y es como un endoso del gobierno a esos propósitos y un compromiso adicional". "Es importante añade porque de aquí en adelante se podrá pedir al gobierno cuentas de ese pacto que él mismo ha oficializado".

Escobar Galindo piensa que el Pacto nació con la gran limitación de su sorpresa y de la imposición a otros. No cree que habrá adhesiones a él de otras fuerzas. Pero sí que los contenidos del pacto puedan ir siendo base para "un proyecto compartido con todas las fuerzas políticas y sociales". Piensa que las diferencias son más por los procedimientos que se usaron que por los contenidos. Y enfatiza que "en este momento el gobierno no tiene cuestionamientos de fondo; hay distintas opiniones sobre medidas, pero quizá es el gobierno al que se le reconoce más legitimidad de todos los que hemos tenido, por lo cual este gobierno tiene que hacer avanzar este proceso".

La realidad es que al final de su primer año, el gobierno sí enfrenta "cuestionamientos de fondo" y está derrochando la gran legitimidad con que fue acogido por el país hace un año. El 77.3% de la población, según la encuesta de la UCA, opinaba a fines de mayo que el país no va por un buen camino y necesita un cambio de rumbo.

Insuficiente y discutible

Salvador Samayoa, negociador de los acuerdos de paz por parte del FMLN, piensa, más o menos como David Escobar Galindo, que el gobierno usó para el Pacto de San Andrés "procedimientos excluyentes y precipitados". Pero además, califica su coyunturalidad indicando que existe una "sospecha generalizada de que el pacto fue una maniobra política orientada a envolver el aumento del IVA y a obtener ganancias publicitarias para el gobierno y para los dirigentes del Partido Demócrata".

Donde Samayoa discrepa de Escobar es alrededor del contenido del pacto. No se trata sólo de procedimientos burdos y autoritarios en su elaboración excluir es la esencia del autoritarismo . Se trata de que "la insuficiencia, la ambigüedad, el discutible fundamento teórico y el peligroso sesgo ideológico de algunos de sus planteamientos sustantivos son factores todavía más importantes que los gruesos errores políticos de procedimiento a la hora de analizar el valor y los alcances del pacto".

Samayoa señala los grandes equívocos, reducciones y distorsiones de los preceptos constitucionales que hay en el texto del pacto alrededor de las responsabilidades del Estado. Denuncia "la omisión del bienestar de la mayoría de la población como `principio prioritario' de la política económica". Hace notar la ausencia de planteamientos sobre problemas tan potencialmente explosivos como los asentamientos humanos marginales y la insuficiencia en el de otros problemas como la falta de abastecimiento de agua, la restauración del medio ambiente o la privatización no se aborda ni qué se debe y qué no se debe privatizar ni los daños potenciales de una privatización indiscriminada . Para Héctor Dada, director de FLACSO, el problema con el Pacto de San Andrés es un malentendido con la democracia. "La democracia es confrontación para el compromiso. Son los totalitarismos los que exigen armonía social sin fisuras", dice. Lo que habría ocurrido es una concesión a la nostalgia de la armonía que el autoritarismo creó a lo largo de la historia política de El Salvador.

Sociedad civil débil

No hay que olvidar que las fuerzas políticas que pactaron los acuerdos de paz y con ellos un proceso de democratización de la sociedad, no nacieron para la democracia. El FMLN tenía la dictadura del proletariado como meta revolucionaria inmediata y ARENA el aplastamiento armado de los subversivos. Ambas fuerzas tienen que irse acostumbrando a los procedimientos democráticos.

En esta ocasión, el gobierno se habría asustado ante la dificultad de hacer aprobar en la Asamblea Nacional su propuesta sobre el IVA. El PD de Villalobos, por su parte, confundió la estabilización del gobierno para lograrla pactó con la estabilización del sistema democrático. El resultado fue un pacto autoritario en los procedimientos de elaboración y en sus contenidos. Se llegó al absurdo de afirmar que el texto negociado no se podía dar a conocer a otros partidos antes de su firma "para que no se cambie". Por supuesto, ni se pensó siquiera en darlo a conocer a las fuerzas sociales, a las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales. Y hasta el apoyo de los gremios empresariales fue buscado precipitadamente y se dio en forma vacilante y voluble.

Héctor Dada piensa que El Salvador tiene aún una sociedad civil muy débil, en la que las organizaciones sindicales y empresariales son poco representativas, aunque las sindicales son débiles y las empresariales poderosas. Piensa que dos corrientes desmovilizadoras recorren la sociedad: sindicatos aferrados a la "combativa" manifestación de masas del pasado hoy sin arraigo en las mayorías y partidos que confinan la discusión política a la Asamblea y no apelan al pueblo.

Salvador Samayoa previene al gobierno que no se engañe dando por elaborado un proyecto de nación, cuyo único objetivo sería conseguirle adhesiones o condenar al ostracismo político a quienes no se alineen con él y reclamen un debate amplio que acoja múltiples propuestas. "Si el gobierno obstruye el proceso natural de búsqueda de consensos reales, estará cayendo en el oportunismo, la demagogia y la politiquería que según el mismo documento de San Andrés se pretende erradicar".

En 20 años, un "tigre"

Y es precisamente en esto en lo que está cayendo el gobierno. Manuel Enrique Hinds, Ministro de Finanzas, dio una entrevista a "La Prensa Gráfica" pocos días después de firmado el Pacto. Su euforia era clamorosa. Para él no hay ninguna inconsistencia en los planes económicos del gobierno, orientados hacia la globalización algo que Samayoa acepta se presente como "modelo o meta parcial en la organización de la economía", pero no como su "principio rector" . Se congratula Hinds con "la visión de un país democrático, estable, integrado a la economía mundial, que basa su competitividad en la productividad de su capital humano, en la capacidad de trabajo de su pueblo".

Hinds espera que El Salvador alcance en 20 años el nivel de "los tigres de Asia", pero no pasando por modelos de gobierno autoritario como los de Singapur, Corea o Taiwan, ni por una dictadura pinochetista, sino "dentro de un esquema democrático", con la ventaja competitiva que para las inversiones le ofrece a El Salvador "la democracia que da una estabilidad que ninguna dictadura puede garantizar". Y continúa: "Sobre todo con la firma del Pacto de San Andrés, El Salvador tiende cada vez más a constituirse en un lugar muy privilegiado, con una democracia estable, propio para la inversión". Y sin sentir en apariencia ninguna contradicción, afirma del pacto: "Los demás partidos tendrán que entrar en él o de lo contrario quedarán fuera". Hinds no parece ver problema para "la democracia" en que sólo sean dos los partidos firmantes y uno de ellos apenas en formación.

Es éste exactamente el tipo de "exigencia de armonía" de carácter totalitario de la que habla Dada. Es éste el "engaño" al que se refería Samayoa: creer elaborado ya el proyecto de nación y buscar "adhesiones formales" o amenazar con "aislar políticamente" a los inconformes. Para un proyecto de nación falta que el gobierno acepte sin reticencias la necesidad de concertar con una oposición política propositiva. Y falta que la oposición conecte sus propuestas con la sociedad civil y evite así la generalizada falta de participación.

Palabras mayores

A todos va quedando claro que el Pacto de San Andrés surgió de la necesidad coyuntural de aprobar en la Asamblea Legislativa la propuesta del gobierno de incrementar el IVA. Lo que el gobierno propuso inicialmente fue un aumento del 10% al 14%. Lo que finalmente se aprobó el 8 de junio fue un incremento al 13%. ¿Por qué esa reducción? O porque el gobierno había hecho una propuesta con margen para la negociación o porque el PD negoció su apoyo arrancándole ese punto menos.

Hoy está también claro que con el aumento del IVA no se trata únicamente de financiar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. A su regreso de París, González Giner, Ministro de Coordinación Económica y Desarrollo Social se trata del titular del antiguo Ministerio de Planificación Económica, pues la palabra planificación ha sido barrida en El Salvador por el neoliberalismo , despejó cualquier duda. "Siempre fuimos bien claros y yo lo he dicho muchas veces: el incremento al Impuesto al Valor Agregado no era exclusivamente para los Acuerdos de Paz. Aquí en el país hay unos niveles de pobreza que no pueden seguir y eso significa una inversión tremenda por parte del gobierno", dijo.

Desde que el Presidente anunció en abril su plan de desarrollo social y afirmó que quería llegar al último presupuesto de su mandato en 1999 con un 50% de los egresos presupuestados dedicados al área de desarrollo social, la pregunta era: cuáles serán las fuentes de financiamiento para hacer viable este plan. Ahora el ministro González Giner dice que lo que el Grupo Consultivo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarollo asignaron para los próximos cuatro años a El Salvador (1,300 millones de dólares) será usado en educación, salud, agua potable, vivienda, infraestructura, desarrollo local y medio ambiente. Palabras mayores que van a comprometer por mucho tiempo a este gobierno.

El director general del Presupuesto ya anunció que en el próximo presupuesto de la nación el gasto social va a subir del 26.7% al 31.2% del total y afirmó que educación, salud, seguridad pública, vivienda y municipalidades tendrán asignaciones crecientes, mientras disminuirán las de defensa, conducción administrativa y servicio de la deuda. Si esto es así, sería la primera vez en la historia del país que disminuye el gasto asignado a defensa.

La falta de liderazgo coordinador del gobierno que se refleja en el descenso de popularidad del Presidente y hasta en una creciente multiplicación de chistes sobre su persona amenaza el cumplimiento de estos planes. La otra amenaza al plan social, la más importante, es su probable incompatibilidad con un plan económico que absolutiza la globalización y que tiene ya efectos visibles de terciarizacion de la economía. ¿Para qué se va a capacitar a una población más sana? ¿Para un país de cuya productividad, de cuya capacidad de trabajo productivo, no quedará ya dentro de unos años más que el mito? ¿Para un país volcado hacia empleos comerciales y de servicios turísticos de poca calidad tecnológica y de baja remuneración salarial?

Educación: propuesta

En junio, y después de nueve meses de constituida, la comisión presidencial sobre política educativa presentó una excelente propuesta. No se trata todavía de un proyecto con estrategias y concretado en diversos programas. Pero sí de un diagnóstico sincero, y realista, con una concepción atinada de la educación como instrumento para hacer posible la democracia e ir haciendo fecundas las nuevas condiciones sociales creadas por la paz.

La propuesta afirma la necesidad de reformar el magisterio capacitándolo mejor y abriéndole el acceso a un nivel de vida y a un reconocimiento social correspondientes a la relevancia de su servicio a la sociedad, pero exigiéndole un rendimiento profesional y ético mucho más elevado que el actual.

El informe exige a las familias plantearse metas de integración y estabilidad que creen condiciones favorables a los procesos educativos hoy en deterioro. Y señala que los medios de comunicación masiva siembran en las mentes antivalores violencia, comercialización, superficialidad que minan los esfuerzos educativos. Lo importante de la propuesta es su claridad al hacer ver a la sociedad que no puede pedirle a la educación lo que le obstaculiza desde otras de sus más fundamentales instituciones. Evidentemente, el costo de financiar una propuesta de esta naturaleza es un desafío para el Estado, especialmente porque se basa en una visión contraria a la que sugiere el neoliberalismo cuando propone un Estado que "privatiza" sus responsabilidades sociales.

Cimientos frágiles

El horizonte tiene trazos aún muy confusos. En septiembre de 1995 expira el plazo extraordinario dado por el gobierno de Estados Unidos a los emigrantes salvadoreños indocumentados. Vuelve a ser preocupación apremiante de todo el país el fantasma de la deportación. El Presidente Calderón Sol, en visita a los Estados Unidos, trató de arreglar el problema con Clinton y algo consiguió.

Es probable que no se desencadene la deportación masiva. Pero sólo entreverla, a la vez que se ve ya cómo las cuotas textiles imponen graves restricciones a la exportación de las maquiladoras salvadoreñas a los Estados Unidos, muestra la fragilidad de los cimientos sobre los que se pretende asentar la "nueva" economía de este pequeño país en el "nuevo" orden mundial.

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