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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 161 | Julio 1995
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Nicaragua

La raíz de la crisis está pendiente

Al despejar la crisis institucional el país ha dado un paso importante en la creación de un poder más balanceado y en la necesaria democratización. Pero aún no se aborda la raíz de la crisis.

Equipo Nitlápan-Envío

La solución a la crisis institucional, mediante un acuerdo entre la junta directiva del Legislativo y la plana mayor del Ejecutivo, es un hecho positivo. Contribuye a la estabilidad política y a que se sostenga la cooperación externa. Los resultados obtenidos no fueron los mejores, por la profunda desconfianza mutua entre los dos poderes, pero al fin llegaron a un acuerdo básico, aunque fuera a regañadientes.

Las grandes crisis políticas de Nicaragua resultan tan pesadas de sobrellevar, que terminan siendo dirimidas por terceros. Y ésta última no escapa a tan malsana tradición de la política criolla. La presión externa a la que fue sometido el gobierno especialmente el Ejecutivo logró atemperar las posiciones inflexibles y la mediación del Cardenal Obando proporcionó una salida confiable para ambos bandos, aun a costa de que en la salida se erosionara la institucionalidad que se pretendía salvaguardar.

Agenda: propiedad, elecciones, desarrollo

La tempestuosa pugna de poderes consumió la primera mitad del año. Y esto bastó para reducir el potencial desempeño de la economía en 1995. Con la mar relativamente en calma, los urgentes problemas nacionales recobran ahora su verdadera dimensión.

Y se definen los puntos centrales de la agenda política: resolver el problema de la propiedad, salvaguardar la transparencia y contenido del proceso electoral y generar un amplio consenso en torno a un programa de desarrollo, a cuya luz debe ser tratada la negociación de la deuda externa y el rumbo de la política económica.

Al limpiarse la telaraña de la crisis, las paredes del edificio institucional aparecen agrietadas. Apuntalar la consolidación democrática y mejorar los niveles de vida de tantos nicaragüenses son los retos que encara el gobierno Chamorro en sus últimos meses. ¿Apuntan los acuerdos alcanzados en esta dirección?

Reducir la inestabilidad política posibilita gobernar y permite sostener el flujo de ayuda externa en un país extremadamente dependiente de ella. La firma de los acuerdos salvaguarda además el proceso electoral y con él, las posibilidades de un cambio pacífico de gobierno. La vuelta a una relativa normalidad favorece también el restablecer el funcionamiento institucional, severamente bloqueado por la prolongación de la crisis. Ambos poderes del Estado salen favorecidos ante los ojos de la comunidad internacional, aunque la mayoría de la población cansada de estos duelos con espadas de cartón de los políticos mire lo ocurrido con implacable indiferencia.

Se resolvió sólo un síntoma

La población no está en contra de las reformas ni del entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero ya le importa poco lo que los políticos hagan o dejen de hacer. Ha aprendido que los políticos no están para resolverle sus problemas, sino para venderle promesas. En la crisis, la presión de la sociedad fue prácticamente nula y esto, además de ser grave, puede hacer que las lecciones de la crisis sean poco aprovechadas.

Los obstáculos por salvar aún son múltiples y el tránsito al deseado ambiente de unidad nacional y de estabilidad política que urge para enfrentar los grandes desafíos del país podría estancarse. No sólo porque la resolución de la crisis no fue ampliamente aceptada por todas las fuerzas políticas. Ni tampoco porque el ambiente pre electoral vicia las posibilidades de entendimiento entre tantos competidores. Sino porque el problema mayor que está en el trasfondo de la crisis, el problema de la propiedad, no ha sido resuelto.

Se ha resuelto uno de los síntomas más virulentos de la crisis, pero no la crisis misma. Hasta ahora lo único que se ha despejado es el marco de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y el marco donde encuadrar las potenciales candidaturas presidenciales de 1996. Todo lo demás está por resolver.

Las dos "piñatas"

Es probable que desde ahora sean dos los temas predominantes entre la clase política: el problema de la propiedad y el de la pureza del proceso electoral. Respecto a la propiedad, la tensión radica entre los que desean dejar las cosas como están, especialmente el Ejecutivo y dirigentes del FSLN hermanados por la "piñata" del 90 y la fiesta "quinceañera" hecha a partir de entonces con la privatización y los que no están conformes con el estado actual de cosas. Entre ellos están los confiscados que promueven una restitución de sus propiedades junto a otros muchos y variados actores, que propugnan una mayor transparencia en el proceso de asignación de propiedades o el castigo de los abusos cometidos al amparo de la piñata y la privatización.

Para el Ejecutivo y para dirigentes del FSLN con influencia y cuotas considerables de poder hay que resolver el problema de la propiedad antes de los comicios de 1996 que podrían cambiar el gobierno o asegurarse la continuidad en el poder para evitar que los abusos y el enriquecimiento ilícito sean castigados. Para los inconformes confiscados y otros el problema se resolverá en dos jugadas: instrumentando en el Parlamento una alianza sólida, similar a la conformada en el proceso de reformas constitucionales y ganando las elecciones del 96.

Lo deseable sería asimilar positivamente las lecciones de la crisis e iniciar un ciclo de entendimiento nacional en torno a una agenda definida. Esto requiere de flexibilidad y transparencia en el gobierno, de cohesión en la clase política y de la activa participación de la sociedad civil. Todos estos elementos estuvieron ausentes en la crisis y no hay señales de que vayan a surgir ahora, en esta nueva etapa. Lo previsible es una nueva recomposición de las alianzas partidarias, con mayores dosis de tensionamiento político.

Pese a las reformas constitucionales vigentes, aunque con serias restricciones en su implementación , el sistema político podría mantenerse impermeable a la agenda social y actuar partidariamente sin visión nacional. El modo en que se resolvió la crisis puede influir significativamente en el desenvolvimiento futuro de los acontecimientos.

La Ley Marco que regula la implementación de las reformas constitucionales revela que las posibilidades de cambio bajo el actual gobierno son mínimas y demasiado costosas. El Legislativo fue audaz y no dejó de desafiar a un Ejecutivo omnipotente y acostumbrado a la sumisión de los restantes poderes del Estado. Pero con su exceso de audacia consiguió un mínimo de resultados. Los más optimistas proponen concretarlo y acrecentarlo. De momento, un resultado palpable de la tenacidad del Legislativo ha sido llenar de espinas el camino de las aspiraciones presidenciales de Antonio Lacayo.

La "voluntad" vino de fuera

La crisis se originó al desconocer el Ejecutivo las reformas constitucionales debatidas y aprobadas por el Legislativo. Esta primera ruptura del orden institucional fue seguida de una cadena de maniobras que ensancharon el vacío jurídico en vez de corregirlo. Con el virtual golpe de Estado que significaba un Ejecutivo en desobediencia, éste pretendía forzar la "negociación" con el Legislativo. Lo consiguió.

Sin voluntad, sin capacidad y sin paciencia para apostar a la presión de la sociedad civil y a un reconocimiento internacional de la legalidad de su actuación, el Legislativo se apresuró a publicar unilateralmente las reformas constitucionales, abriendo así un peligroso juego de mutua descalificación entre los poderes. El involucramiento o abstención de los otros dos poderes del Estado Judicial y Electoral los engulló en la crisis sin que pudieran aportar nada a su solución.

El Legislativo se plantó en no modificar las reformas, pero dejó la puerta abierta para negociar su implementación, mientras que el Ejecutivo afectado en sus omnímodos poderes y por la exclusión del yerno de la Presidenta del juego electoral se aferraba a una negociación sobre el contenido de la reformas. La falta de una real voluntad negociadora en el Ejecutivo que buscaba modificar o diferir el contenido y la implementación de las reformas empezó a trabar la marcha del proceso electoral. Esto exigía una solución rápida para mantener, aunque fuera formalmente, el juego democrático representativo.

Como era de prever, el destrabe vino de fuerzas externas a la institucionalidad vigente. Sin un amplio movimiento cívico que demandara la solución de la crisis en una dirección determinada, la presión externa de los países donantes y la autoridad moral del Cardenal Obando proporcionaron los mecanismos para hacer entrar en razón a los poderes.

El gran riesgo en París

Las presiones externas fueron tan poderosas que lograron flexibilizar las posiciones "de principio" que habían enarbolado las partes en conflicto. Estaban en juego no sólo los fondos adicionales para recomprar la deuda comercial de Nicaragua, sino un futuro aumento de la cooperación externa con el país, a debatirse en París en junio. Esto fue suficiente para que, aunque a regañadientes, el Ejecutivo se sentara a negociar con el Legislativo. Y aunque las conversaciones iniciadas con la mediación del Cardenal Obando fueron muy tensas, en vísperas de la reunión de París se alcanzó un acuerdo de último minuto.

Acuerdo suficiente para que la comunidad internacional ratificara sólo eso las promesas de cooperación externa con Nicaragua. Lo positivo de la reunión de París fue que la comunidad internacional continuó considerando a Nicaragua como un país sujeto a la cooperación para el desarrollo y ratificó los montos acordados de recursos externos. La condición es que Nicaragua mantenga la estabilidad política y la unidad nacional, como pre requisito de cualquier desarrollo económico y social a mediano y largo plazo. En el encuentro de París el gran riesgo era que el incumplimiento del gobierno con el FMI y la persistencia del conflicto institucional desplazaran a Nicaragua de país objeto de ayuda para el desarrollo a país sólo objeto de ayuda humanitaria, como sucede ya con varios países africanos.

¿Resultados de París?

El hecho de que haya sido la presión externa y la mediación de la Iglesia Católica las que destrabaron el conflicto entre los poderes desdice de la capacidad de la institucionalidad nacional para manejar los conflictos dentro de un ambiente democrático y apegado a derecho. El primer costo del conflicto el más duradero es la ruptura de la incipiente institucionalidad democrática.

Se ha creado un precedente: los arreglos políticos extra legales, y no el apego a las leyes, seguirán siendo el mecanismo real con el que opera el sistema político. El problema no es que se den arreglos políticos, sino que esos arreglos continúen practicándose sin asidero jurídico y violentando la institucionalidad democrática. Esto alimenta la falta de credibilidad que padecen las actuaciones gubernamentales, desde el cumplimiento de acuerdos mínimos hasta la administración de justicia. La percepción negativa que la población tiene sobre la clase política y sobre las actuaciones del Estado restan fuerza al juego democrático y a la convicción de que las cosas pueden cambiarse mediante procesos pacíficos y cívicos. Aunque dada la anomia social, esto no genera violencia. Sólo favorece la abstención y el ausentismo político.

Enfrascado en el conflicto, el Ejecutivo descuidó la gestión macroeconómica y a París el gobierno asistió con un serio incumplimiento en las metas acordadas en marzo con el FMI. Varias de estas metas eran muy restrictivas y de difícil cumplimiento, pero aún así el Ejecutivo estuvo muy decidido a suscribirlas en marzo para así obtener el desembolso del segundo tramo del ESAF antes de la reunión de París, espaldarazo que le era clave para poder solicitar fondos adicionales, como pretendía.

El gobierno no cumplió la meta y no logró, por eso, los desembolsos deseados. En París, el gobierno se proponía también dar a conocer a la comunidad internacional el borrador de un Plan de Desarrollo Nacional elaborado por el Ejecutivo y solicitar un financiamiento adicional de 442 millones de dólares para inversiones en infraestructura social y productiva para el período 1996 2000. En esta solicitud se expresa la lógica del gobierno, que desespera por prolongarse en la próxima administración: en su primer período con doña Violeta se habría logrado la pacificación y la estabilización de precios y en el segundo período con Toño Lacayo se lograría el crecimiento.

¿Resultados de París? La inestabilidad política y la incapacidad para manejar la crisis fueron puntos principales en la agenda de la comunidad internacional en París. El gobierno no consiguió los 442 millones adicionales según el Ministro de Finanzas estaban "en negociación" ni el Plan de Desarrollo fue tomado en serio hasta que sea discutido con los sectores sociales y productivos del país. (Ver ampliación de todo esto en el siguiente artículo de envío).

El tiempo perdido

Lo que quedó al descubierto es la extrema vulnerabilidad del programa económico, totalmente dependiente de los recursos externos. Lo más grave es que tanto afán para conseguir recursos ni siquiera favorece a la producción. Con ellos se pagan de manera cumplida las obligaciones de la deuda externa y se sostiene la estabilidad de los precios y de la moneda.

La crisis institucional profundizó el dirigismo internacional y los criterios de actuación dentro del ESAF serán ahora más restrictivos. Muchos analistas coinciden en que de darse crecimiento en 1995, éste será de 2.5%, la mitad del anunciado a principios de año. La conclusión no es que la crisis institucional nos hará crecer menos en 1995, sino que la crisis obstaculizó por varias vías el esfuerzo de crecimiento: con el descuido de la gestión macroeconómica, con un manejo político de la crisis sin anclaje en una racionalidad económica, con la pérdida de tiempo, con la pérdida de una oportunidad ante los donantes externos quedamos igual, pero no mejor y con el aliento de la incertidumbre, que inhibe las decisiones de inversión.

El marco de la Ley Marco

El acuerdo entre los poderes requería obviamente de una salida política más que jurídica, pero al final ésta se hizo sin asidero legal, lo que no sólo le resta legalidad, sino que le da visos de pactismo sin principios. La pretensión inicial del Ejecutivo fue que la Ley Marco que expresa el acuerdo político y regula la implementación de las reformas tuviera "rango constitucional", lo que era un absurdo. Al final quedó como una "ley de consenso" entre los dos poderes. La desconfianza del Ejecutivo pese a la garantía de la presencia del Cardenal Obando está en el origen de esta Ley Marco, un "adefesio jurídico" para algunos, una especie de "amuleto" para el Ejecutivo, obtenido con el gesto bizarro del Legislativo que cambió este "brillante amuleto" por el "oro adulterado" de las reformas constitucionales, disminuidas en su implementación.

El acuerdo entre los poderes no fue de unánime satisfacción. Jurídicamente es incongruente con la vigencia misma de las reformas a la constitución, limitándolas y difiriéndolas en el tiempo al menos hasta el 97 en aspectos muy importantes. La Ley Marco contiene 32 artículos. Entre ellos destacan:

* La Ley contra el Nepotismo elaborada a partir de las reformas, que busca erradicar este vicio político queda diferida en su aplicación hasta enero de 1997. Esto permite al yerno de la Presidenta, el Ministro Lacayo, terminar en su cargo. Igualmente, a otros muchos parientes de la Presidenta que ocupan cargos políticos o diplomáticos.

* La Asamblea Nacional se compromete a no modificar el techo del presupuesto que el Poder Ejecutivo le presente. Se comprometió también a modificar en la Ley de Régimen Presupuestario la definición de las categorías de "ingresos ordinarios" o "extraordinarios", sobre las que se hacen determinadas asignaciones, como la del 6% para la educación superior. En cuanto a los impuestos, la Asamblea Nacional aceptó colegislar con el poder Ejecutivo. Las leyes que sean iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo en materia tributaria serán consensuadas por ambos poderes. El Legislativo cedió las facultades que sobre materia fiscal y económica establecían las reformas constitucionales. Mantiene la facultad de conocer y ratificar los tratados internacionales.

* Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Contralor de la República se elegirán por consenso entre Ejecutivo y Legislativo.

* Ejecutivo y Legislativo se comprometen a elaborar de mutuo acuerdo un importante paquete de leyes, que incluyen temas clave: la propiedad, el patrimonio familiar, la reforma agraria definiendo el latifundio ocioso, incultivado e improductivo , la banca, la defensa del consumidor, etc. La Ley Marco es, al menos, demasiado ambiciosa: propone dejar resuelto "por consenso" y en menos de año y medio lo que no se hizo en cinco años.

Ganadores y perdedores

La Asamblea Nacional cedió la exclusividad en la proposición aprobación de las leyes, a cambio de la promulgación de las reformas constitucionales. Las reformas garantizan libertades políticas y económicas que, de hecho, ya se garantizaban, eliminan el servicio militar, reducen de 72 a 48 horas el tiempo en que un acusado puede estar en manos de la policía antes de pasar al juez, establecen dos vueltas en las elecciones, etc., etc.

Estos y otros avances no pueden obviar que los sesgos de la negociación obedecieron a intereses partidarios de los miembros de la junta directiva del Legislativo, que fueron los que durante intensas y extensas jornadas estuvieron en la mesa. ¿Una vuelta al estilo de "arreglismo estabilizador" pactista típico de las paralelas históricas libero conservadoras?

La Ley Marco eleva al Legislativo especialmente a quienes ocupan el "centro" no lacayista del mismo: ramiristas y democristianos al papel de colaborador del Ejecutivo en las acciones que requieren de una legalización jurídica. Así, el Legislativo pasa a compartir responsabilidades con el Ejecutivo no sólo en la implementación limitada de las Reformas, sino en la elaboración de leyes que tocan aristas muy espinosas.

En la encerrona de la directiva de la Asamblea con el Ejecutivo, perdedores netos fueron los liberales y conservadores que están fuera de la directiva y que quedaron fuera de la negociación. Ganadores: el Ejecutivo que arrancó bastantes concesiones al Legislativo y dentro del Legislativo, la convergencia de intereses que une hoy a los sandinistas ramiristas del MRS, a los democristianos de la UDC, a los liberales del PLI y a los conservadores de la APC. Y a alguno más. Está claro que los del "centro" no lacayista comparten hoy con "los matraqueros" el Ejecutivo la meta de cerrarle el paso a los liberales de Alemán, en lo que puede ser la pieza clave del rompecabezas político del país.

La realidad es que el estilo de solucionar la crisis, totalmente cargado de espíritu electorero, dificulta gravemente la promoción de la unidad nacional necesaria para enfrentar los principales desafíos del país. Y que lo ocurrido retrasa hasta el próximo gobierno la oportunidad de hacer cambios reales.

La estrategia "matraca"

La Ley Marco puede interpretarse como un armisticio entre los poderes del Estado para garantizar el proceso electoral. Punto de discordia han sido siempre las ventajas relativas de recursos y de capital político con que cada contendiente entraba a la contienda electoral. En la pre crisis, el Ejecutivo contaba con la maquinaria estatal y con la discrecionalidad establecida en la Constitución de 1987, que le permitía un amplio margen para utilizar en su favor los recursos externos e internos. De hecho como lo ha intentado ya , hasta le ha permitido ir comprometiéndose con el FMI en programaciones que trascienden el fin del actual gobierno. Pese a tantos recursos, la falta de sensibilidad social del gobierno Chamorro ha llevado al punto más bajo su popularidad, y muy especialmente la del Ministro Lacayo. A pesar de esto, Lacayo mantiene ante los organismos internacionales la fama de decidido administrador de la "política correcta".

La estrategia que ha estado siguiendo la plana mayor del Ejecutivo plana mayor del Proyecto Nacional o "proyecto matraca" para revestirse de popularidad es la de crear un "centro" que tenga buena proyección internacional y arrastre entre el empresariado y la clase media nacional. Para ello el Ejecutivo viene instrumentando paquetes fiscales y crediticios y gestionando recursos para programas de vivienda y obras públicas. Pero la crisis institucional le ha dificultado al Ejecutivo llevar adelante estos planes sin resistencias. Aunque al final se ha salido prácticamente con la suya, la pérdida de tiempo, la merma en las fuentes de recursos y la destrucción del escaso capital político que tenía, no han dejado de suponerle costos de relevancia.

FSLN: aliado de las matracas

En el caso del FSLN hermanado por la "piñata" y la "quinceañera" con el Ejecutivo la pérdida de visibilidad política dentro de las instituciones de poder y dentro de los recientes espacios de negociación, ha llevado a dirigentes sandinistas a optar por una agresiva táctica real o aparente contra el gobierno en su conjunto, en un desesperado intento por llamar la atención con plantones y tomas, en los que el pueblo sandinista alza como bandera un reclamo justo: la pronta resolución del problema de la propiedad.

De hecho, la crisis institucional y su resolución pusieron de relieve la ya comentada alianza de la dirigencia del FSLN con el proyecto gubernamental y electoral de Antonio Lacayo. Henry Ruiz, que aún es miembro de la Dirección del FSLN, y que antes del Congreso del FSLN en 1994 fue promovido por los sectores, ramiristas como alternativa a Daniel Ortega en la Secretaría General del FSLN, lo explicaba así en una reciente entrevista en medios de prensa del MRS: "El FSLN se ha convertido en el principal aliado del gobierno de Antonio Lacayo y de todo lo que este gobierno neoliberal significa para este país. ¿Cuáles son las causas? Lo primero, la falta de ideas políticas. En segundo lugar está la disputa de liderazgo. Hay una lucha interna del partido por asumir nuevas posiciones ante un enorme vacío creado como resultado del fracaso del Congreso del 94.Esas contradicciones no los dejan tener coherencia. En tercer lugar, el no saber anteponer al plan económico del gobierno una idea propia, un proyecto económico propio. Y el cuarto aspecto, y creo que es determinante, es que hay una nueva formación de capital, en donde los intereses económicos han pesado más que los principios ancestrales del sandinismo. Eso está haciendo que el peso de estos intereses, determinen el actuar de todo el partido, y esto es muy grave, ya que finalmente se termina manipulando a la gente de base".

Alemán: buena y mala imagen

En estos meses, los liberales de Arnoldo Alemán han ido tejiendo su alianza con otras fuerzas liberales y creándose una base social propia a partir de esa plaza fuerte que es la Alcaldía de Managua. En conversación con la ex Resistencia y con los conservadores del PNC, han ido agrupando a sectores populares y a diversas "derechas" bajo un paraguas populista.

Además de los recursos que pueden orientarse desde la Alcaldía para fortalecer la imagen de eficiencia emprendedora del Alcalde Alemán y del amplio trabajo de base realizado por su partido, el PLC, la realidad es que en las encuestas de opinión se refleja el respaldo popular que tiene Alemán, que ha ido labrándose la imagen del político más atento y sensible a las demandas populares, el que acumula el potencial "voto de castigo" contra el gobierno y contra el FSLN. Pero esta "buena imagen" la que hablan las encuestas es precisamente la que le crea "mala imagen" a Alemán entre un empresariado nacional siempre temeroso del retorno del pueblo llano a la vida política y entre los financiadores internacionales, que ven en el Alcalde un riesgo de recaída en el populismo expansionista de inicios de los años 80.

Después de la crisis, está claro que tanto el Ejecutivo como el "centro" del Legislativo y la dirigencia del FSLN están orientados a debilitar la ventaja electoral de los liberales de Alemán. Los liberales son adversados hasta satanizados porque prometen castigar los abusos de la piñata y de la privatizacion y también por su sostenido discurso antisandinista, antigubernamental y antioligárquico. Con igual autonomía, tanto antes como después de la crisis, los liberales de Alemán conservan sus espacios.

El "centro" del Legislativo

Las principales bancadas dentro de la Asamblea Nacional MRS, UDC, PLI, APC y algunos otros, especialmente los ramiristas y los democristianos, eran antes del conflicto institucional un eje de apoyo al Ejecutivo. Jugaban de contrapeso estabilizador de la política de "centro" del Ejecutivo.

En esa posición subordinada, el polo de decisión recaía siempre en el Ejecutivo. Modificar esta situación por las reformas a la Constitución implicó una ruptura inicial con el Ejecutivo porque le recortaban el nepotismo y los omnímodos poderes presidenciales y porque le desafiaban, obligándole a un nuevo encuadre de las candidaturas y alianzas electorales.

Después del conflicto, el acuerdo no deja al Legislativo como la fuerza triunfante, pero sí en una posición de equivalencia a la hora de legislar conjuntamente con el Ejecutivo. Se ha reducido algo la discrecionalidad del Ejecutivo y la alianza dominante dentro del Legislativo se ha convertido en gran negociadora frente al Ejecutivo. La solidez de una alianza entre rivales todos aspiran al liderazgo del "centro" político tendrá aún que probarse en la discusión sobre el polémico tema de la propiedad.

Propiedad: raíz de la crisis

En el tema de la propiedad confluye un conjunto de fuerzas contradictorias que hacen inestable el equilibro alcanzado. En el núcleo de estas fuerzas se encuentra un reducido círculo de personas enriquecidas a la sombra del ultrapresidencialismo. Son pocos, pero son grandes sus intereses. Por eso el tema de la propiedad es para ellos un asunto de vida o muerte, un tema que no admite discusión.

El problema no consiste ni nunca ha consistido en despojar a pobladores urbanos, campesinos y ex combatientes del EPS y de la Resistencia de las propiedades que hoy ocupan por usufructo o asignación legal. Actuar así no solucionaría nada. Más bien, elevaría el problema a la dimensión de una guerra civil.

En este sentido, lo único que está pendiente es ordenar jurídicamente lo actuado, castigar los abusos e iniciar o completar los procesos de titulación y legalización de propiedades. Sólo el sector de los confiscados está en contra de que se den estos pasos. Para ellos no hay otra solución que la devolución de sus antiguas propiedades. Siendo los confiscados un sector muy minoritario aunque con el poderoso respaldo del senador Helms el asunto tendría que resolverse a favor de la mayoría. Los confiscados, a lo sumo, pueden ser compensados, pero no le es posible al país restituirles sus bienes. Lo que sí es posible, en los casos de abuso o de bienes no productivos, es restituírselos como un gesto de buena voluntad.

El problema grave está concentrado en los casos en que miembros del gobierno sandinista o del actual gobierno han protagonizado casos de apropiación ilegal y de corrupción. Son los aliados en esta turbia alianza quienes opondrán una feroz resistencia a una salida con apego a derecho y con transparencia política. O negociarían una alianza electoral a cambio de ciertas concesiones. Si el gobierno ha dado largas y más largas a este asunto es porque es irresoluble sin tocar los casos de abuso, sin verse afectado.

Sólo una sólida alianza dentro del Legislativo podría lograr "resolver" sin grandes concesiones este problema. Unos pocos casos graves mantienen como rehenes al grueso de los casos que tienen fácil solución legal , afectando el clima de estabilidad política y las potencialidades de inversión. No debe ser así. El camino por recorrer apenas se inicia al despejarse la crisis institucional. Los que vieron en esta crisis el país al borde del abismo se equivocaban. La verdadera prueba de fuego está por venir.

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