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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 159 | Mayo 1995
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Nicaragua

La crisis al límite de lo intolerable

Un afán desmedido de evitar una "revolución de la honradez" que rectifique los abusos de la piñata sandinista y de la piñata chamorrista es lo que explica la falta de voluntad del Ejecutivo y sus allegados para resolver la crisis, ya intolerable.

Equipo Nitlápan-Envío

La apertura de la crisis institucional, con la promulgación de las reformas a la constitución el 23 de febrero, ha llegado a su límite con la virtual paralización del Estado. Es mucho el daño causado a la estabilidad del país con esta crisis, creando un vacío de poder y legitimidad. Esto propicia un mayor caos y conflicto en la actual situación de desgobierno y agobio de la población, que desespera por el desempleo galopante y lasalzas en las tarifas y precios del combustible y de los servicios básicos. La anulación del funcionamiento civil y jurídico del país, con la retardación de la justicia, mina las expectativas de reconciliación que tiene el pueblo.

Apuesta aventurera del Ejecutivo

Con todo, la apuesta del Ejecutivo es que se pueden extremar aún más las cosas. Evalúan que la capacidad de movilización de la población ha sido anulada por el ajuste neoliberal. El costo de este curso aventurero es que la imagen internacional del país ruede por el piso, afectando la voluntad de cooperación de la comunidad donante, lo que entorpecería el normal funcionamiento de la economía y reduciría los ya mínimos márgenes del país para 1995.

Los pocos logros de este gobierno corren el riesgo de ser tirados por la borda, dejando al país en la ingobernabilidad y el caos,caldo de cultivo propicio para salidas autoritarias que rompan con el orden constitucional. La falta de una salida institucional a la actual crisis se expresa a todos los niveles; fracaso recurrente de los mecanismos jurídicos con el desacato y la impunidad, fracaso de las "encerronas" por ser diálogos entre sordos y la Iglesia Católica intentando la reconciliación en el desierto de la intransigencia.


El actual estado de cosas es sencillamente intolerable. Las diferentes mediaciones de los países donantes y las tímidas presiones internacionales han resultado incapaces de cambiar la situación. El Mensaje Pastoral de los obispos católicos, que dio luz verde a la Asamblea Nacional y a las fuerzas políticas que la apoyan para apelar a la movilización de la población para resolver el conflicto, han introducido nuevos elementos a la situación. La reacción del pueblo llano y de los empresarios es especialmente crítica para lograr una salida a la crisis institucional. Las preguntas que tratamos de responder hoy son: ¿Cómo es que pudo prolongarse tanto esta crisis? ¿Quiénes se benefician de ella? ¿Resistirá el orden constitucional una acumulación mayor de vacío institucional? ¿Estamos al borde de un golpe de Estado? ¿Cuál será la postura de una cooperación externa cansada de los recurrentes conflictos institucionales del país? ¿Podrá movilizar a la población el llamado de los obispos católicos y las acciones de la Asamblea Nacional?

Dos posiciones antagónicas

Todos los diversos escenarios que se juegan para la salida a la crisis depende de que existe una intransigencia por ambas partes en resolver la crisis. De parte del Ejecutivo, personificado en el Ministro de la Presidencia, el tema de las inhibiciones a su candidatura en el 96, hace extremadamente difícil la situación. Contra las apariencias, no se trata sólo de un problema de ambición personal. Hay una raíz social que subyace a esta obsesión. De parte del Legislativo, su apego a la Constitución reformada no admite discusión. De estas posiciones antagónicas no saldrá la solución a la crisis. Siendo difícil lograr una rápida movilización cívica en las actuales circunstancias del país, máxime cuando el calendario legislativo requiere de una solución del problema a inicios de junio, mayo se convierte en un mes crítico en esta crisis.

Los escenarios que se dibujan en el panorama político, ante la pugna sin acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, son de caos institucional y político. Pero, ¿quién quiere el caos? La movilización popular se encuentra en un nivel muy bajo y la población está cansada de conflictos. La expectativa es de una solución de orden, que acabe con la inestabilidad. Existe el deseo de que Violeta Chamorro termine su mandato y se produzca una sucesión presidencial pacífica. El Ejército no desea una solución desestabilizadora, menos una que los involucre a ellos como cuerpo armado. Desde los tiempos de Zelaya a inicios del siglo, el cuerpo castrense está más permeado que nunca a los juegos empresariales y apuesta por un capitalismo que funcione y le permita obtener ganancias. La señal de la embajada de Estados Unidos ha sido que la solución al conflicto debe ser "consensuada" entre los dos poderes.

Seis protagonistas en el drama

Los actores principales de este drama, que puede terminar en tragedia para el país, son seis. El primer actor son los políticos. Para empezar, están los dos contendientes principales de la misma crisis institucional: el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ninguno de ellos es capaz de resolver la crisis por sí mismo, mucho menos son capaces de lograr una solución negociada. Lo mismo se puede decir de los otros actores políticos. Por una parte, los restantes poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, se sumarán a un lado u otro del impasse institucional, como lo demostraron las acciones que este mes decidió el poder judicial. Por otra parte, los partidos políticos con "presencia nacional" están subsumidos en los aparatos ideológicos del Estado, en donde pueden ser visibles. De lo contrario, al no representar a fuerzas sociales organizadas a nivel de la sociedad civil, pasarían desapercibidos. La única excepción a este impasse en la sociedad política es el Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, quien puede tener fuerza suficiente para inclinar la balanza de la crisis, pero sólo en el momento que él considere oportuno a sus intereses electorales.

Para poder entender la evolución de la crisis, es preciso captar que las soluciones vendrán desde otros actores que no están estrechamente ligados a los partidos políticos y/o a los poderes del Estado. ¿Quiénes son esos otros actores? ¿Qué se puede esperar de ellos?

¿Quién rompe el empate?

Un segundo actor lo constituyen las Fuerzas Armadas. Aunque legalmente subordinadas al Ejecutivo, su efectiva autonomía relativa respecto del gobierno y el peso de sus propios intereses, las convierten en un actor que mantendrá su distancia del conflicto, pero no del conjunto de los intereses empresariales. Al ejército le interesa garantizar un régimen de democracia restringida en que el control de las calles no esté en manos de movimientos anti capitalistas. Está por un capitalismo que funcione sin tanta inestabilidad.

El tercer actor lo constituye la Iglesia Católica, que por su presencia moral en la conciencia de la feligresía católica, juega un papel clave en la crisis. Por su incuestionable autoridad moral, reconocida por moros y cristianos, cualquier señal de la Iglesia inclinará en su dirección el fiel de la balanza.

Un cuarto grupo de actores son los externos, que se dividen en dos subgrupos: 1) los países donantes y los diplomáticos, principalmente de Estados Unidos y los países europeos y 2) los organismos financieros internacionales: FMI, BID y BM, donde Estados Unidos juega un papel preponderante. Debido a que el país y especialmente el gobierno es extremadamente dependiente de la cooperación internacional, el poder de "persuasión" de este grupo de actores es formidable. Aunque la iniciativa de diálogo promovida en marzo por los Países Amigos fracasó, los recortes de la ayuda externa que se han iniciado influirán más que las mediaciones y las buenas palabras.

Un quinto grupo son los empresarios, divididos entre:

1) somocistas y conservadores o viejos empresarios tradicionales,
2) piñateros y privatizados, o empresarios "recién llegados", fundamentalmente de la cúpula del FSLN,
3) toñistas o "matraqueros", empresarios allegados al poder, que han sido "cañoneados" con ventajas de la privatización, preferencias gubernamentales o paquetes de incentivos fiscales,
4) los "sin partido", que son el grueso del empresariado y que empiezan a resentir las preferencias oficialistas a los empresarios "matraqueros"
5) empresarios liberales
6) empresarios sandinistas del MRS. A pesar de las divisiones del empresariado, el grupo de "empresarios sin partido" tiene capacidad de romper el empate de la crisis.

El sexto actor es el pueblo llano o "chapiollada", esa abigarrada mezcla de:

1) trabajadores y asalariados urbanos y rurales, empleados o desempleados,
2) pequeños y medianos productores y empresarios, artesanos, campesinos y finqueros, banqueros y dueños de servicios,
3) comerciantes del sector informal y trabajadores por cuenta propia de todo tipo, transportistas y otros. Estos sectores se encuentran sumamente desorganizados y en la mayor parte de los casos, debilitados por las secuelas de la crisis económica y la ausencia de apoyo gubernamental al fomento de sus actividades. En estos sectores, son pocos los gremios organizados con solidez y autonomía, encontrándose usualmente subsumidos en los partidos políticos y en el empleo estatal. También los actores populares se encuentran desprovistos de capas medias de profesionales y de intelectuales, devastadas y absorbidas por las secuelas de la piñata, por el dirigismo internacional y por sus relaciones de clientela con el gobierno.

El escenario que vivimos

El primer escenario es el que estamos presenciando: la continuidad del desacato a las reformas constitucionales por parte de Antonio Lacayo. Si a esto responde la resistencia de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo estaría obligado a gobernar "por decreto", poniendo en riesgo hasta el proceso electoral del 96, al perder totalmente la credibilidad un Consejo Electoral ad hoc. Esta salida sería un golpe de Estado de hecho, simplemente por el recurso de desconocer todo lo actuado por la Asamblea Nacional. Este primer escenario, que significa tener al país al borde del despeñadero, es el que parece más probable en todo mayo y junio.

Aun cuando falte "garra" a la clase política reformista para imponer los cambios constitucionales, este escenario implica de todas formas una ruptura del orden constitucional, con severas consecuencias para el proceso de democratización y para la afluencia de la ayuda externa. En este escenario se le doblaría el brazo a la Asamblea Nacional, que aceptaría discutir sobre el contenido de las reformas constitucionales y se acomodaría a los deseos del Ejecutivo. Se liquidaría así la alianza de los sandinistas renovadores, los socialcristianos y los socialdemocrátas del Parlamento. Y quedarían como grandes contendientes en las próximas elecciones el grupo de Lacayo y Alemán.

Otros dos escenarios

El segundo escenario se daría si la resistencia al desacato del Ejecutivo es muy fuerte y éste termine aceptando las reformas constitucionales. Hay tres vías para lograr esto. Una, la cohesión de toda la clase política en torno a las reformas, facilitada por el apoyo moral de la Iglesia Católica y la presión internacional suponiendo que el corte de la ayuda es tan contundente que hace ceder al Ejecutivo .

La otra vía sería que se articule un amplio movimiento popular y empresarial, donde se unan las aspiraciones democratizantes con las demandas de un cambio de rumbo de la política económica. En este caso, el Ejecutivo no sólo cedería, sino que se resquebrajaría el gabinete económico y el eje de poder actual. Una última vía es que las fuerzas combinadas de la cooperación externa, la clase política opositora al gobierno y una parte representativa del sector empresarial, pese a la indiferencia del pueblo llano, logren presionar eficazmente al Ejecutivo, propiciando un arreglo que despeje el proceso electoral de 1996 sin romper el orden constitucional. Esto último implica que Lacayo puede ser dejado a un lado por las poderosas familias que lo patrocinan, pero a cambio éstas logran que el orden de cosas establecido bajo el mandato de doña Violeta no sea alterado más que simbólicamente en el próximo gobierno.

Este segundo escenario tiene más probabiblidades de concretarse en la medida en que el país sufra las consecuencias de su caída en el despeñadero a causa del primer escenario. Desde esta perspectiva, los afanes continuistas de Lacayo están en su cuenta regresiva. ¿Cuál es la cuota de desgaste que el país tendrá que pagar por deshacerse de la impunidad e insensibilidad social de la cúpula de poder del Ejecutivo?

Un tercer escenario es apegarse al orden constitucional apelando a la votación del pueblo para desempatar políticamente la situación. La Asamblea Nacional ya ha planteado hacer un referendum. La propuesta del Ejecutivo va por convocar a una Constituyente. De este modo se disolvería la actual Asamblea Nacional, dejando que el voto popular decida quiénes son los que pueden ser candidatos en los próximos comicios presidenciales. El riesgo es que el liberalismo alemanista barra en la Asamblea y con el lacayismo, propiciando una victoria que muchos tratan de evitar. Este escenario es poco probable porque todas las demás fuerzas políticas están por ganar tiempo contra Alemán. El problema para las fuerzas lacayistas, tentadas por armar este tercer escenario, es que el tiempo corre más de prisa contra ellos que contra los demás contendientes.

¿Qué gana el pueblo?

En los tres escenarios anteriores el pueblo tiene muy poco que ganar. Lo deseable y quizás la única forma de reactivar la economía y de reformar efectivamente el Estado es que la población participe activamente en los cambios y logre ponerle su sello a los acontecimientos. Pero eso está muy difícil, por lo diezmada que se encuentra la población. Lo más probable es que las capas empresariales y los políticos lleguen a un acuerdo bajo la mesa para cambiar algo sin que cambie lo importante. Es decir, sin terminar de una vez con los procesos de depredación del erario público que impiden la modernización del país y sin emprender un cambio en la política económica que ponga a la economía en la ruta de la reactivación y la inclusión social.

Por qué se empecina Lacayo

El Poder Ejecutivo ha desconocido durante meses la Constitución reformada aduciendo que no había sido consensuada con todos los poderes del Estado ni con la población. Detrás de este afán "democratizante", la percepción general ha detectado las intenciones continuistas del yerno de la Presidenta Chamorro y actual Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. Las reformas constitucionales enmarcan el perfil de los candidatos presidenciales para los próximos comicios electorales de 1996, inhibiendo la participación de los parientes de la Presidenta, como es el caso de Lacayo y de otras personalidades políticas, como Edmundo Jarquín en el sandinismo renovador, o los propios hijos de la Presidenta.

¿Cómo explicar el empecinamiento de Antonio Lacayo para continuar en el poder? La versión popular es muy simple: una desmedida ambición personal de poder. Y algo de eso hay en el estilo megalomaníaco y caudillista del actual Ministro de la Presidencia, con muy concretos intereses personales. Sin embargo, esta ambición es sólo una cara de la moneda. El afán de continuismo de Lacayo se basa mucho también en la necesidad de preservar lo actuado durante la gestión de su suegra. El temor que moviliza con tal ímpetu los resortes del poderoso Ejecutivo es el de enfrentar un próximo gobierno populista liberal que revierta la actuación de doña Violeta, cuestionando tanto la "piñata" sandinista refrendada en las leyes 85 y 86, como la "piñata" chamorrista de la privatización la que algunos llaman "la fiesta quinceañera", porque en estas fiestas se tira la casa por la ventana . Habría que preguntarse si este temor de los actuales círculos de poder es fundado, en el sentido de que quizás Alemán, para evitar obstáculos a su ascenso, renuncie a "la revolución de la honradez" ofreciendo una "amnistía" a las actuaciones de los funcionarios del actual gobierno. Alemán ha negado la imagen negativa y desestabilizadora que le han adjudicado sus adversarios, revelando que existen conversaciones con los sandinistas y con el Ejército y dejando caer también la posibilidad de una "amnistía" que evite sacudir el tapete, como muchos esperan de él.

Si esto es así, el mundo de los negocios podría sacrificar la figura de Lacayo para evitar una situación de mayor costo para ellos. Pero, si las familias allegadas al poder no creen que la "amnistía" de la que habla Alemán sea confiable o interpretan que él será incapaz de mantener las cosas tan bien como están hasta ahora, buscarán apoyar a Antonio Lacayo o a una coalición que lo incluya.

La clave: las dos piñatas

Una "revolución de la honradez" tendría que barrer con la impunidad, abriendo un proceso que afectaría los prósperos negocios de los allegados al actual gobierno, y enjuiciando directamente a los implicados en el saqueo del Estado y en otros abusos políticos. Para la mayoría de los analistas nacionales, el principal obstáculo a la reconciliación nacional que el pueblo tanto anhela es la negativa, tanto a la rectificación de la piñata de la cúpula sandinista, como a los abusos del proceso de privatizacion chamorrista. Pero es en este punto donde las opiniones y tomas de posición de la clase política son más encontradas, debido a los poderosos intereses que están en juego. Además, la fuerza política que logre rectificar los abusos de la piñata sandinista y los de la "quinceañera" chamorrista, se estaría vedando a sí misma la posibilidad de ejercer la corrupción y el saqueo impunemente.

Evidentemente, si hubiera esta rectificación, la modernización del sector público y la credibilidad de la democracia saldrían ganando. Ganaría todo el país. El reinado de la impunidad y de los privilegios ofensivos a la población sería eliminado. En esta perspectiva, es que las poderosas familias que controlan actualmente el país se ven amenazadas. Por ello, junto con los piñateros de toda especie del espectro político, tratan de preservar el estado de cosas establecido por la piñata y la privatización, a la par de la impunidad y los privilegios de los actuales allegados al poder. Para la oligarquía y los piñateros, la cuestión es de vida o muerte. Es precisamente este afán desmedido de evitar una "revolución de la honradez", lo que está en la base de que no exista voluntad política del Ejecutivo y de sus allegados para resolver la crisis institucional.

Guerra de golpes jurídicos

El Ejecutivo, interesada e irresponsablemente, apuesta a la creación de un vacío institucional, con la esperanza de "renegociar todo" el andamiaje institucional del país y no sólo aspectos específicos en torno a la implementación de las reformas. Puesto contra las cuerdas mediante procedimientos jurídicos, sólo ha podido mantener sus posiciones rompiendo el orden jurídico.

Por su parte, la Asamblea Nacional continúa imperturbable implementando paso a paso su calendario legislativo en conformidad con la Constitución reformada. En la actual guerra de golpes jurídicos relativamente ineficaces para resolver un problema que es político, social y económico, quien más sufre es el orden jurídico del país y la credibilidad de las instituciones democráticas. La frustración ante todas estas posiciones de fuerza demeritan seriamente el juego democrático y favorecen soluciones antidemocráticas a la crisis.

El llamado de las obispos católicos para desobedecer cívicamente al gobierno hasta que los poderes solucionen la crisis, ha introducido un nuevo elemento en la situación. Da inicio a un proceso cívico de protesta. Pero, como reconoció el diputado sandinista renovador Danilo Aguirre, el proceso de reactivar la lucha cívica en el país va a ser "muy difícil al inicio".

No sólo la mayoría del pueblo desconoce el trasfondo de la actual crisis, sino los beneficios que puede obtener de las reformas constitucionales. Porque el discurso de los diputados es algo abstracto, y no llega a tocar la agenda social y económica de la población. Hay mucha retórica y demasiada insistencia en la revisión de los impuestos como el IGV ¿y el presupuesto? , que vuelven incomprensibles los nexos entre democratización y mejoras sociales. La Asamblea está en ese terreno a la defensiva. El Ejecutivo, por su parte, ha instrumentado una serie de paquetes de incentivos a los empresarios agropecuarios y comerciales, ante la complacencia de los propios diputados de la Asamblea, muchos de ellos también empresarios de los mismos gremios. Estas inconsistencias hacen que la propia lucha de los diputados en favor de las reformas se vea menguada y que los empresarios tomen las cosas, según les conviene, lo que los divide aún más como sector.

El país es el que se hunde entre tanto oportunismo y confusión. Los que sostienen simplistamente que éste es un pleito de los "de arriba", sin consecuencias para el pueblo, obvian que el costo de esta crisis, que desmorona la inicial ejemplaridad del proceso de transición nicaragüense, ya es palpable.

Aunque por este camino el Ejecutivo quiere ganar más tiempo, esperanzado en arreglar las cosas desde su posición privilegiada de poder, es muy magra la ganancia a la vista de los costos. No tiene tiempo el Ejecutivo para hacer las cosas conforme a derecho, por lo que su apuesta pasa por la ruptura del orden constitucional y la anulación de los otros poderes.

Los costos de la inestabilidad

Al hacer malabares con la institucionalidad del país, se ha incurrido ya en costos incalculables, porque de sopetón se ha pasado de un proceso de transición calificado de ejemplar a una rebatiña sin reglas ni principios por cuotas de poder. El costo más alto no lo paga el Ejecutivo ni otros segmentos de la llamada clase política, sino la viabilidad democrática, modernizadora y socialmente incluyente del país. A lo inmediato, los costos en términos de imagen internacional se revierten en una merma potencial y efectiva de la ayuda externa. Paulatinamente, esto se traducirá en mayores restricciones de liquidez interna y en un empeoramiento de los niveles de vida de la población.

El primer costo de la inestabilidad institucional es un incremento notable en la pérdida de autonomía nacional, ya diezmada por los acuerdos con el FMI y el BM. Al no existir una clara capacidad interna para gobernar el país, la tentación de los agentes externos es contribuir a la solución de la crisis empujando la solución en el sentido que ellos consideran "bien de los nacionales". Pero esto aumenta más la capacidad de arbitraje externo y no deja de tener un sesgo marcadamente injerencista en los asuntos internos del país. El tutelaje externo no será nunca una buena salida para Nicaragua.

El asunto es que la ayuda externa se ha convertido en un arma de presión sobre el Poder Ejecutivo, y dada la escasa comunicación entre ambos poderes, el Legislativo mantiene congelada la privatización de TELCOR, condicionalidad clave para el desembolso de los recursos externos contratados por el Ejecutivo al firmar el ESAF con el FMI. De esta manera, el proceso de bloqueo de los recursos externos se está dando también por la vía del incumplimiento de los acuerdos del ESAF.

Una vieja idea que circulaba en el cuerpo diplomático como tema de cócteles en las recepciones oficiales y en una reunión del grupo de Países Amigos va convirtiéndose en realidad: los recortes de financiamiento internacional son la única medida de presión para destrabar los intereses políticos y personales que obstaculizan el consenso nacional de los nicaragüenses.

La ayuda bilateral en crisis

De hecho, los gobiernos que otorgan ayuda bilateral han ido tomando conciencia de que oxigenan la irresponsabilidad de las cúpulas políticas, porque los dirigentes nacionales del gobierno y de la oposición dependen más de su financiamiento que de las contribuciones de la población nicaragüense. El gobierno de Austria ya tomó la decisión de suspender el financiamiento bilateral y concentrar su colaboración en representantes de la sociedad civil. Los Estados Unidos, aunque no financian directamente al gobierno de Nicaragua, mantienen una influencia hegemónica sobre el FMI, el BID y el BM. En la última semana de abril, empezaron a circular en los corrillos del BID y del BM en Washington opiniones a favor de congelar el financiamiento a Nicaragua hasta que se solucione la crisis institucional. Allí, nadie tiene seguridad de cuál será el gobierno nicaragüense con autoridad para poder pagar los préstamos. Por su parte, la Unión Europea ya congeló un préstamo por 3 millones de dólares, al no haberse tramitado su desembolso con el conocimiento de la Asamblea Nacional, como lo manda la Constitución reformada.

La posición de la embajada estadounidense ha sido bastante clara apoyando una salida de consenso que anule la inestabilidad generada, pero sin tomar claro partido sobre cómo debe resolverse la crisis. Lo que es un alivio es que no aceptan un golpe de Estado como salida aceptable. En su visita del 4 de mayo al Presidente del Legislativo, Luis Humberto Guzmán, el Embajador John Maisto dejó en claro a todas las fuerzas políticas del Parlamento el mensaje de los Estados Unidos: propiciar una salida negociada a la crisis institucional.

¿Hago lo que me da la gana?

La inusitada prolongación de la crisis institucional no puede continuar sin que sus efectos nocivos empiecen a manifestarse en una pérdida de los avances democráticos de estos años y en la vulneración de las escasas posibilidades de recuperación y afluencia de recursos externos en 1995. Tal como están las cosas, es iluso pensar que la actividad económica se desenvolverá sin tropiezos. Antes bien, los reducidos márgenes financieros pueden estrecharse o desaparecer, anulando el efecto benéfico sobre la economía del alza de los precios internacionales del café y de otros productos.

Frente a la apuesta de las fuerzas que consideran que el país puede marchar a punta de decretos presidenciales, un examen detenido de la crisis revela que no sólo el amplio rechazo de buena parte de la clase política a la rebeldía del Ejecutivo al no aceptar las reformas constitucionales, sino la reciente desaprobación de este desacato por la jerarquía católica y la presión de la comunidad donante ofrecen una seria resistencia a las pretensiones del Ejecutivo. En estas circunstancias, apostar a la intransigencia y al "yo hago lo que me da la gana", sólo puede alimentar la espiral del caos y la violencia.

La incapacidad del gobierno para dar respuestas a los problemas más urgentes de la población no le permite legitimar con apoyo popular su proyecto continuista. Al contrario, esto abre la posibilidad de que sectores desesperados de la población, ante la falta de respuesta a sus necesidades, se inserten de manera violenta y fragmentada en el caótico estado de cosas, desestabilizando más al país.

La apuesta del Ejecutivo es que se puede extremar la crisis porque el movimiento social ha sido eficazmente desactivado por la implementación del ajuste estructural en estos años. Lacayo se mantiene firme, mientras sus contrincantes en la política de cúpulas, los diputados, no cuentan con un consistente apoyo ni con suficiente movilización popular como para imponerse mediante la protesta cívica.

Sociedad débil Estado cupular

La característica más sobresaliente de la actual crisis institucional no es la falta de mecanismos jurídicos para su resolución. De hecho, estos se han agotado y las reformas constitucionales elaboradas en el Poder Legislativo, pese a ciertos fallos en los procedimientos de promulgación, cuentan con un respetable proceso jurídico de validación. Por ello es que los diputados se empeñan en sostener que están dispuestos a negociar sobre la implementación de las reformas, pero no sobre su contenido.

Tampoco es el desacato a las reformas del Ejecutivo lo que impide una solución a la crisis institucional. Menos la ambigüedad de los restantes poderes del Estado ante los sucesos. Es la ausencia de una sociedad civil fuerte y la falta de un Estado de Derecho moderno claramente establecido lo que ha circunscrito la actual crisis institucional a un juego de cúpulas.

No haber realizado desde un inicio la "revolución de la honradez" y permitir que el Estado se convirtiera en un botín del grupo de poder de turno, es lo que ha permitido cristalizar un sistema político cerrado donde el juego cupular es excluyente tanto para el pueblo llano como para amplios segmentos del empresariado. Encima de esto, el ajuste neoliberal ha propiciado la anulación de cualquier contrapeso proveniente de los movimientos populares, por el recurso de excluirlos y atomizarlos, arrojándolos masivamente en la pobreza extrema.

Pero además, el ajuste neoliberal, proclamando que el Estado no debe hacer nada y dejando al "libre mercado" la solución de las cosas, le ha quitado carga emocional a sus afectados. El mercado es algo abstracto, impersonal, que como las ráfagas huracanadas golpea pero es intangible. De esta forma no hay un sentimiento de repudio enfocado a alguien o a algo en particular, como podría ser el gabinete económico o la política económica, o la corrupción y los delitos de alguien en particular. La crisis se padece, pero no se la combate efectivamente. La crisis muestra que este sistema político, basado en el saqueo continuado del erario público, no es solamente altamente excluyente y antidemocrático por naturaleza, sino también ineficiente para manejar los conflictos.

País real y país imaginario

El juego interminable de reuniones cupulares, de encerronas entre los dos poderes, ha sido más que estéril. Tanto la confrontación, como los diálogos de sordos, están totalmente desacreditados en el país. Los "diálogos" que no resuelven nada, las encerronas que consumen tiempo y espacio para comentarios en los medios de comunicación, sin llegar a resultados conocidos ni tangibles para la población, han perdido interés. Estas prácticas promueven el sentimiento de que existen dos países. Uno, duramente real y cotidiano, donde el pueblo padece hasta la inanición un severo programa de estabilización y ajuste. Otro un país imaginario, de alta politiquería, donde se hace caso omiso a las necesidades de la población y se baten en duelos verbales los diferentes actores de la clase política.

No se trata de que los ciudadanos, muy activos políticamente hasta 1992, se han desentendido de la política. Lo que pasa es que sus preocupaciones y necesidades no están reflejadas en las agendas de los políticos. La población está harta de las promesas, que no solamente no dan de comer, sino que tampoco crean esperanzas por falsas que éstas sean. Y prevalece el sentimiento de que hay que poner orden debido al hastío que causan las confrontaciones cupulares. Esta desesperación porque cese el conflicto refleja las urgentes necesidades de una población atomizada socialmente y temerosa de desgracias mayores a las ya existentes. ¿No promueve este desaliento las salidas autoritarias? Sólo este vacío cívico es lo que permite que el recipiente institucional sea llenado por el autoritarismo.

El estigma moral de la piñata

¿Cómo es que la población sumamente organizada y militante de la década pasada se ha vuelto ahora tan pasiva? Cuando se pasa revista a las distintas fuerzas sociales, se constata su severo desgaste organizativo, pero también una ausencia de liderazgo capaz de remediar la situación. La generación que hizo la revolución entre 1977 y 1979 frisa actualmente entre los 35 y 50 años. Se ha dado un cambio generacional, mientras una dirigencia casi vitalicia al mando de las principales asociaciones sociales tiende al conservadurismo. La falta de una permanente renovación de los líderes, sobre bases democráticas, ha permitido el establecimiento de una capa corporativa y conservadora en los movimientos sociales. La ausencia de dinámicas democráticas en las organizaciones sociales impidió también vincular a ellas, de manera orgánica, a los intelectuales. Y el tipo de juego político de los 80, unido a una guerra devastadora, hizo que las organizaciones sociales se subordinaran al FSLN.

Con esta herencia de la década pasada, el movimiento social estaba mal equipado para los retos que presentaba el ajuste neoliberal en los 90. Encima de esto, el fenómeno de la "piñata" generó una profunda lesión moral y ética en el movimiento social. La piñata no es la legalización de las propiedades pequeñas en manos de los beneficiados por la reforma agraria y urbana. Es el enriquecimiento desmedido de un reducido sector del sandinismo y de su periferia de influencias, que se toca con funcionarios de rango en el actual gobierno.

El fenómeno de la piñata ha provocado una extendida laxitud moral y ha alentado "la moral" del vivo, del arribista y del porfiado, que siempre caen parados. Si hubo una propuesta de solidaridad y altruismo en la década pasada, la hiperinflación y la penuria primero y la piñata cupular después, se encargaron de aniquilarla. La falta de voluntad del gobierno para desmadejar este sólido nudo de intereses entre "piñateros" de todo color político, muestra que el problema va más allá del FSLN. Este estigma, que pesa tanto sobre el sandinismo como sobre el gobierno, es una fuente de conflictos no resuelta hasta la fecha. En términos del liderazgo del movimiento social, una de las consecuencias fue la desbandada de la intelectualidad: algunos "metieron las manos" y otros se desmoralizaron ante la rapiña de una dirigencia que aprendieron a respetar y apoyar durante años.

¿Por qué la desmovilización?

La otra fuente de frustración radica en la actuación de las propias dirigencias sindicales y gremiales. Primero fue la extrema politización de lo gremial, manejando las cosas no a partir de las necesidades de las bases, sino a partir de las "directrices políticas", frecuentemente disociadas de la agenda de los propios trabajadores. La huelga y la protesta se desgastó como medio de obtención de logros porque se utilizó retórica y abusivamente para casi cualquier cosa. Este abuso de la protesta pública llevó a la banalización de este medio de negociación para obtener poco o nada con su uso desordenado.

Pero no sólo fue que las luchas artificiales desgastaron al movimiento. Sino que no se hizo lo necesario para ganar las luchas realmente claves contra los despidos en el sector público y por arrancarle al gobierno una clara política social. Mientras a inicios de los 90 se organizaban grandes manifestaciones y protestas frente a los edificios gubernamentales, las dirigencias políticas se colaban por la puerta trasera de esos mismos edificios para negociar los acuerdos que desmovilizaran a las fuerzas sociales. Muchas de las grandes protestas de inicios de los 90 como sucedió después con las expresiones de los rearmados rurales entre 92 y 94 canjearon sus protestas y la credibilidad ante sus bases por las promesas gubernamentales.

Fue un mal negocio, porque lo serio si no queda escrito y con obligación de parte, deja de ser serio. Y aunque el gobierno incumplió en el 90 por ciento de los casos, se preocupó sistemáticamente de cooptar a los dirigentes dándoles prebendas o resolviéndoles sus casos. Cuando la cobija no daba para tanto, la zanahoria era sustituida por la abundante capacidad de dar garrote, disciplinando de esta manera a los movimientos populares.

No hay ira, hay apatía

La agenda sindical con la que se enfrentó la política económica gubernamental, hasta 1993 por lo menos, descansaba en la participación de los sindicatos de filiación sandinista en el proceso de privatización. Obviamente, pese a su importancia, este punto no era el eje del problema para el grueso de la población trabajadora, que enfrentaba los despidos y la desocupación como problema principal. La inseguridad en las fuentes de empleo, los bajos salarios, el aumento antojadizo de la carga impositiva por parte del gobierno, el alza de los precios de los alimentos y la falta de créditos para la pequeña y mediana producción urbana y rural, eran los problemas a los que se enfrentó un movimiento social desorganizado y diezmado, con una dirigencia obsesionada por afianzar su participación en el proceso privatizador. Al concluir tal proceso, el "movimiento" quedó sin banderas y sin acometer las tareas más importantes desde el punto de vista de sus bases.

Finalmente, la misma crisis económica y la ineficaciade la gestión pública para reactivar la economía, además de su voracidad por debilitarla mediante la corrupción y el despilfarro, redujeron a la sociedad civil a su mínima expresión.

En estas condiciones, las posibilidades de recambio de la dirigencia sindical y gremial, con la aparición de una nueva generación de activistas sociales que condujeran la lucha contra el neoliberalismo, fue anulada por la miseria y el espíritu de sobrevivencia, la migración al exterior, la atomización social, la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. Hay que recordar que en condiciones de extensión de la miseria extrema y la pobreza, los movimientos sociales no logran mantener su unidad e identidad, sino que son severamente diezmados y son propensos a su debilitamiento. La frustración ante la realidad no se refleja únicamente en la ira. Más frecuentemente se expresa en la anomia social y la apatía política.

Los islotes de trabajadores organizados, los desempleados y subocupados en los distintos niveles, han sido reducidos por las reformas económicas al nivel local, donde en el mejor de los casos mantienen vivo su espíritu de lucha a la espera de mejores tiempos.

Juego democrático: fachada

El desempleo imperante, con sus secuelas de fragmentación y atomización, son incluso un mecanismo político para facilitar el proceso de aplicación de las reformas económicas. Este proceso se vuelve más difícil si existe un respaldo de las fuerzas políticas que aportan con su experiencia y capacidad organizativa propuestas viables para aglutinar a las fuerzas sociales.

El vacío generado por la fuerte desintegración social de las fuerzas populares, minimizadas en sus expresiones organizativas, es llenado por una casi absoluta discrecionalidad en la aplicación del programa de reformas. En un sistema ultrapresidencialista como el nicaragüense esto alienta, las tendencias autoritarias y continuistas que la oligarquía ha sabido afianzar en todos estos años. No sólo la política económica se vuelve cada vez más un proceso cerrado e impuesto sin miramientos ni consultas de ninguna clase, sino que el manejo político de la gestión del país se centraliza al punto de que el juego democrático es cada vez más una mera fachada de los cauces reales por donde discurre el poder real. El juego democrático se juega únicamente en "la irrestricta libertad de expresión" de los medios de comunicación.

Ha sido la extrema autonomización del Poder Ejecutivo con respecto a los otros poderes del Estado y la mayor o menor subordinación de éstos a los designios del Ejecutivo, lo que ha propiciado también una severa brecha entre el gobierno y la sociedad civil. Al no existir contrapesos reales a la actuación del Ejecutivo y al obtener éste un desempeño favorecido por la fragmentación de los propios partidos políticos y su débil representatividad popular, se generó el hábito de imponer en los sucesos claves su único sello a los acontecimientos.

Reformas: nueva situación

Con el proceso de reformas a la Constitución fue distinto. La nueva alianza política en el seno de la Asamblea afectó el peso del Poder Ejecutivo. Al renegar de los resultados jurídicos de esta nueva alianza las reformas el Ejecutivo rompió la constitucionalidad del país, arrastrándolo al callejón sin salida de la impunidad y el caos y reveló abiertamente su piel de depredador bajo el disfraz de manso cordero. Después de haber disuelto el empuje organizativo de la población, pasando de una situación semi insurreccional en julio de 1990 a una no revolucionaria en todo 1994, el Ejecutivo se ha vuelto ahora contra la clase política. Esta, separada de las bases populares, tiene poco poder coercitivo sobre un Ejecutivo poderoso, que no sólo ha desangrado la salud y fuerzas de la población, sino que ha saqueado al país con los procesos de privatización a favor de los allegados al gobierno y con la competencia desleal. Con la ausencia de marcos jurídicos regulatorios, con el apoyo fiscal a la industria de los allegados y con el otorgamiento preferencial de préstamos a los mismos se ha efectuado un escandaloso saqueo.

El empresariado, por su parte, se encuentra dividido entre sandinistas piñateros y toñistas, somocistas nostálgicos, sandinistas renovadores, conservadores y liberales, y los sin partido. La táctica del Ejecutivo ha sido penetrar las cámaras empresariales para ponerlas al servicio del toñismo, sin resultados contundentes hasta la fecha. Hay un creciente resentimiento en el empresariado por la "competencia desleal" de sus congéneres ligados al gobierno y a la figura de Toño Lacayo.

Desobediencia civil: espacios

El Ejecutivo aún tiene su mano derecha libre por el lado de la débil presión popular. La huelga magisterial de marzo y abril, que concluyó con leves mejoras para el sector, demuestra que el movimiento sindical en el sector público está muy debilitado. La celebración del Primero de Mayo, con convocatorias divididas y sin un planteamiento unitario de lucha por pan, trabajo y un salario digno, demuestra la falta de visión de las dirigencias sindicales, aisladas en sus propias parroquias.

Con todas sus acciones, el Ejecutivo disipa cualquier simpatía en torno suyo y concentra en su contra el descontento popular. Al desacatar él mismo las leyes constitucionales, como al faltar repetidamente a su palabra, da el ejemplo para que sus mandatos sean a su vez desobedecidos y puestos en cuestión de manera pacífica por la población.

La crisis institucional ha hecho del Ejecutivo un promotor de una inestabilidad y desgobierno que puede empujar a una población empobrecida a reacciones desesperadas y no deseadas. Si la mano derecha del poder aún se bate en el aire, es porque no encuentra mayor resistencia. Pero si este aire disperso de la desintegración social se solidificara en un movimiento unitario de desobediencia civil, sería diferente. Y uno de los promotores de esta rebeldía organizada serían las propias acciones gubernamentales.

El espontaneísmo desesperado de la población alimentará el caos social sin aportar salidas constructivas a la crisis. Sólo la radicalizaría, con consecuencias insospechadas. Pese a la justeza de los reclamos de la población y a los llamados a la desobediencia civil que ya empiezan a escucharse, el riesgo es una mayor ruptura del orden constitucional y el desechamiento del juego democrático como mecanismo de solución a los problemas de la población.

Para que esto no ocurra, el liderazgo sindical y gremial deben unirse dando salida a las demandas de la población, propiciando su movilización pacífica y claramente orientada a obtener logros viables que mejoren tangiblemente la situación de la gente. Para que esto ocurra, las propias fuerzas sociales deben ser capaces de dotarse de una propuesta seria, rigurosa y viable, que pueda ser discutida y acordada con las distintas fuerzas políticas del país. Esta posibilidad, aunque remota, es posible en tanto el vacío de poder creado sea aprovechado para devolver ese poder a la población, sin olvidar que en su agenda la reconciliación continúa siendo un punto clave.

FMI: sumamente alarmado

La otra mano del gobierno está maniatada por la condicionalidad del ESAF firmado con el FMI y por el cansancio y hasta enojo de la cooperación externa. En este sentido, los márgenes de maniobra del Ejecutivo son ahora más reducidos que nunca. Aunque hasta ahora no se le puede negar activismo en este sentido al Ejecutivo y a Antonio Lacayo, las restricciones que hoy enfrentan son muy severas. Aunque la misión del FMI que visitó Nicaragua en marzo, certificó que el Gobierno se encontraba por el camino correcto en 1994, los términos del ESAF se han endurecido considerablemente para 1995. En esta visita del FMI, la misión se mostró "sumamente alarmada" por las pérdidas de reservas internacionales netas (RIN) encontradas para el período de enero a marzo de 1995.

La misión adjudica dicha pérdida en reservas, del orden de los 50 millones de dólares en ese período, en parte a las secuelas del retiro del sobreencaje legal que la banca comercial tenía depositado en el Banco Central entre noviembre y diciembre de 1994. Los banqueros temían una devaluación inminente con la subsecuente congelación de cuentas bancarias, por lo que procedieron a este retiro masivo de sus depósitos.

FMI: recomendaciones duras

Contradictoriamente, la lógica del monetarismo de balanza de pagos, obliga a que si hay más circulante en la economía, éste debe ser respaldado o por más divisas colocadas como reservas o evitando un mayor crédito interno. Así, siguiendo la lógica monetarista, el gobierno, entre enero y marzo de 1995 y para mantener estable el tipo de cambio, tuvo que comprar más córdobas para quitarlos de la calle. Para hacer esa compra no tuvo otros recursos que los de sus reservas internacionales netas.

Las otras razones en la pérdida de reservas fueron el pago de la incrementada factura petrolera y el problema del BANADES, que no logró cubrir con las recuperaciones de crédito préstamos por unos 100 millones de córdobas a "personalidades" de las capas empresariales y políticas. Esta pérdida, igual que la recuperación de los 50 millones de dólares por la banca privada de las arcas públicas fue también cubierta con el gasto de la reserva de divisas netas internacionales.

La "recomendación" del FMI fue establecer un programa muy concreto para aumentar las reservas internacionales en 28.6 millones de dólares entre abril y mayo, incrementado los encajes legales a la banca privada, lo que implica una mayor restricción del crédito y un alza de las tasas de interés. Es una mala noticia al inicio del ciclo agropecuario. Además, el FMI endureció su posición sobre el crédito neto al gobierno, congelando 12 millones de dólares, de los que 4 millones son del programa de despidos no ejecutado en 1994.

La situación no puede ser más crítica. La postura del FMI es: cero desviaciones e incumplimientos de las metas acordadas. En caso contrario, se suspende el ESAF y el flujo de recursos externos concesionales. Esto no sería un desplome si el Ejecutivo tuviera consenso nacional para desarrollar un programa de ajuste más flexible con el compromiso de apoyo de países amigos, aunque no se contara con el FMI. Pero la actuación del gobierno ha matado esta posibilidad y la pugna de poderes ha sido para la comunidad internacional la gota que ha derramado el vaso. Una retirada de los recursos externos o la sola suspensión en ciernes de algunos desembolsos, traerían una severa restricción a las importaciones y una espiral de mayores recortes del gasto público, con alzas en las tarifas del servicio público. Esto haría más insoportable la situación del pueblo.

¿Cortar la ayuda?

El otro lado de la tenaza lo constituye el cansancio de la comunidad donante ante la actual situación. Aunque los Estados Unidos no ha dado aún una señal clara, la prolongación del desorden institucional empieza a ser contestado por los donantes sacando a Nicaragua de la lista de sus prioridades. Esto disminuye las potencialidades de consecución de recursos externos y cierra una serie de accesos a fondos disponibles en la actualidad. De esta manera, se merma la liquidez misma de la economía.

Tan grave como esto es que las posibilidades de una buena renegociación de la deuda externa se debilitan mucho. La renegociación de la deuda externa no ha sido tan exitosa como lo proclama la propaganda oficial y aún queda mucho por hacer cuando el país empieza ya a ser mirado con hastío. Un país conflictivo en sí mismo y más que sujeto de ayuda, objeto de una intervención que los propios donantes consideran como indeseable. Las opciones son dos. Cortar la ayuda si el conflicto continúa. O condicionar fuertemente la ayuda a un severo escrutinio en caso de que los conflictos internos del país se superen satisfactoriamente.

Proyecto Nacional de Lacayo

Pese a este conjunto de restricciones y de creciente resistencia, los allegados al Ministro de la Presidencia, con varios de sus ministros y diputados "cañoneados" (todos "en calidad de ciudadanos comunes") lanzaron el 23 de abril el oficialista movimiento electoral denominado "Proyecto Nacional". Nada más inoportuno. Aunque algunos analistas optimistas esperaban en este evento la señal positiva de un Toño Lacayo que deponía sus aspiraciones presidencialistas y daba así chance a un arreglo entre los poderes. Hubiera sido un golpe magistral por su parte, pero el evento transcurrió por la línea de la provocación y el mesianismo, al desconocer al Legislativo y ofrecerse el Ejecutivo como el "camino y la luz verdadera".

Aunque no se lanzó como candidato presidencial en esta ocasión, con su actitud y centralidad en el evento, Lacayo dejó muy claro quién es el que manda en esta agrupación política "hechiza". La deferencia con que era tratado, los lapsus de algunos allegados al dirigirse a él con un "Señor Ministro", las órdenes que impartía sin discusión alguna y el tener a cargo el discurso central del evento, no dejaron lugar a dudas. Pero además, su ataque a las reformas constitucionales, la provocación con que se presentó haciendo ver que en este país "sólo sus matracas truenan" y la prepotencia de su planteamiento, bendecido como "la única vía posible", auguraron que lejos de renunciar a sus aspiraciones presidencialistas, Lacayo está dispuesto a ir hasta el fondo para continuar en el poder. Tiene profundas razones para dar la batalla por esta plaza.

En el primer escenario que caracterizamos, la crisis institucional se agravaría hasta el punto de que habría que "renegociar todo" el andamiaje político del país, cambiado por las reformas constitucionales, aunque sólo en el papel. Esto llevaría al Ejecutivo a hacerse cargo pleno de la situación, anulando a los otros poderes del Estado y convocando a elecciones para Asamblea Constituyente, lo que implica postergar las elecciones de noviembre/96. Para esto requiere de un apoyo tácito del Ejército, a manera de golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. Las secuelas de una acción así serían el cese de la ayuda externa al país, "hasta que se restablezca el orden constitucional", y eventuales disturbios internos.

Esta vía "fujimoriana" tiene sus riesgos. Fujimori estaba preparado para subsistir sin la ayuda externa, siendo menos vulnerable en este flanco. Y pese al ajuste, el peruano contó con recursos suficientes para realizar obras tangibles de beneficio a la población. Este no es el caso de Lacayo, que no podría sobrevivir sin la ayuda internacional y no cuenta con recursos para políticas populistas.

Un dictadorzuelo más

Antes que aparecer como el "pacificador" que pone a "quemallantas" y a políticos diletantes en su lugar, en favor de la reactivación del país, Lacayo aparecería como el principal desestabilizador del país por sus ambiciones presidenciales. No tiene muchas excusas para romper el orden constitucional primero ni credenciales para asumir después el papel de Salvador de la Patria.

Una variente más moderada de este escenario es que, ante la parálisis de los poderes del Estado, se propicie una nueva correlación de fuerzas al interior de la Asamblea, que esté dispuesta a negociar el contenido de las reformas constitucionales, dejando el traje a la hechura del presidencialismo que profesa el Ejecutivo. Este sería el suicidio del Parlamento y en especial de los ramiristas, la UDC y César. En este caso, Lacayo podría competir en las próximas elecciones, fundamentalmente contra Arnoldo Alemán. Y contaría con la fuerza de estar en el poder para mejorar consistentemente su posición.

Ambas opciones rompen el orden constitucional. Totalmente la primera, parcialmente la segunda. Ambas le restan credibilidad a la democracia como mecanismo eficaz de resolución de los conflictos y como ambiente adecuado para propiciar el desarrollo. En esta perspectiva, las posibilidades de un Lacayo reconocido como gran estadista en su papel de poder detrás del trono se esfumarían, convirtiéndolo en el gran embaucador de doña Violeta y en un dictadorzuelo más de los muchos que ha visto la historia patria.

Ejemplaridad y realismo

Un hecho que llama la atención es que ni los liberales de Arnoldo Alemán ni los sandinistas de Daniel Ortega comparezcan como fuerza organizada a llenar el vacío de legitimidad abierto por la crisis institucional. Si tanto liberales como sandinistas proclaman su carisma popular y su capacidad para llenar plazas, entonces ¿por qué no se apuntan un cien en esta oportunidad? Pareciera que la ausencia de alternativas realistas y su falta de preparación para asumir hoy un liderazgo nacional eficaz, claro y alternativo, cuestionan el discurso redentor de estas dos fuerzas.

Al FSLN oficial su oposición al proceso de reformas y su coincidencia en la práctica con el Ejecutivo, le ha restado capacidad propositiva y credibilidad ante la población. Las encuestas dejan a sus principales líderes mal situados y la población no desea que las fuerzas de choque del FSLN organicen acciones violentas. Las últimas declaraciones de Daniel Ortega (3 mayo), tras semanas de silencio sepulcral, indican que el FSLN ha reconsiderado sus posturas sobre la crisis y carga un poco más sus críticas al desacreditado gobierno.

El FSLN ha demostrado su incapacidad para innovar internamente sus métodos partidarios, profundamente no democráticos. Esto y el estigma de la piñata ha restado fuerza a la elaborada propuesta económica del FSLN, que tiene más de diagnóstico que de soluciones concretas creíbles. Al no abordar claramente los problemas ético políticos del FSLN y al cerrar los ojos ante la necesidad de renovación partidaria, la propuesta es formalmente economicista y encubridora de problemas políticos reales. Como sucede con Lacayo, los "grandes proyectos" sin asidero real ya no entusiasman a una población incrédula que necesita ver para creer. Solo la ejemplaridad y el realismo pueden surtir algún efecto ante la población.

En cuanto al liberalismo de Alemán, pese a su apoyo a las reformas, parece que su voluntad de apelar a la población para dirimir el conflicto está muy menguada por la falta de propuestas concretas y de preparación movilizativa. Como la mayoría de las fuerzas políticas, el alemanismo se ha entrenado sólo para la contienda electoral, para competir con imágenes que capten votos de una población "cívica" con los que pasarle la factura al actual gobierno.

Meter las manos, no las patas

La actual situación requiere de un verdadero liderazgo alternativo, que entusiasme a la población y que le ofrezca una salida real a sus problemas. Obviamente, esta alternativa no tendría como eje las reforma constitucionales, aunque sí las incluiría dentro de las demandas democráticas. Pero cualquier alternativa implica tomar distancia efectiva de las prácticas depredadoras de los grupos de poder, resolver el problema de la propiedad y el de la corrupción para dirigir los recursos a la creación de empleos y a las mejoras sociales. La tarea número uno es restablecer los niveles de consumo de la población, creando empleos y apoyando la producción. Esto requiere de una modernización efectiva del sector público y de la minimización del despilfarro, la corrupción y la ineficiencia. ¿Está Alemán, con su promesa de "Todo será diferente" asumiendo esta agenda del pueblo?

Además de la inadecuación de su partido liberal, Alemán está haciendo sus propios cálculos, dejando que las cosas se extremen para así poder aprovechar una oportunidad en la que jugar también al Salvador sin que le exijan tanto en cuanto a lo que piensa o no piensa hacer real y concretamente.

Pero los nicaragüenses ya no esperan no digamos un Santo, ni siquiera un Prócer. Se conforman con un Benemérito, que aunque saben que puede meter las manos, no meta tanto las patas y por lo menos haga algún reparto de vez en cuando. Ese Benemérito llevaría cierto progreso a la población. No es lo mejor, pero es "el mal menor" desde el punto de vista del pueblo desesperado. No tienen las cosas fáciles los políticos, porque la acción unilateral de un grupo sería acremente criticada por los demás. Y una acción concertada es un arduo empeño ante el superávit uno de los pocos que registra el país de autonombrados líderes del pueblo.

Si el difícil proceso de movilizar a la población ante la crisis institucional logra cuajar, esto requerirá de la autoridad moral y organizativa de la Iglesia, para evitar los codazos entre los políticos, cada cual tratando de figurar más que los demás. Requerirá también de un continuado esfuerzo unitario y de mucha credibilidad interna, para convencer a la población de que los políticos han cambiado al menos a causa de esta lucha cívica, mostrando con su ejemplo que vale la pena moverse para lograr un país mejor.

¿Si prevalecen las reformas?

Las cosas no serán fáciles para concluir esta restringida transición democrática. Pero llegados a la actual crisis institucional, se trata de ir más allá de las reformas, superando no sólo el ultrapresidencialismo sino profundizando el proceso democrático, desembarazándonos de una política económica ineficiente, de un gobierno nepótico y corrupto, de la insensibilidad social y de la ausencia de un futuro viable como nación.

A mediano plazo tiende a imponerse el segundo escenario. Por una fuerte dosis de presión externa, combinada con la presión interna de los políticos reformistas y del empresariado "sin partido" y el respaldo de los obispos, las reformas prevalecen. Pero esto sucederá a costa de un enorme sacrificio para el país, víctima una vez más de una camarilla con desmedida ambición de poder. El daño estará hecho y las secuelas de esta descomunal y costosa pérdida de tiempo y de recursos, que ya han minado el desempeño económico de 1995, habrá que enfrentarlas durante mucho tiempo. Si queremos que todo esto tenga algún sentido, no hay que cerrar los ojos ante la realidad, por muy desagradable que sea. Hay que abrir mucho los ojos, para promover la concreta participación de los ciudadanos en la resolución de sus problemas concretos.

No caer y cambiar el rumbo

La opción de unirse sin más al desorden y al desgobierno generado por los intereses particulares de los políticos, no es el mejor camino para la gente muy agobiada por décadas de interminables conflictos. Aunque el país se asemeja a un bus de pasajeros donde el chofer y su ayudante se van liando a golpes, lo razonable no es que los pasajeros armen su propia trifulca. Hay que ver cómo llegar a tomar el timón para impedir no sólo la caída en el despeñadero, sino también para tomar el rumbo deseado. Este es el reto cívico que tiene ante sí el pueblo.

La anomia social va unida al descrédito de los políticos, también de los gobernantes, que sólo apelan a la población cuando necesitan de ella y la olvidan cuando la población los necesita a ellos. El vacío de legitimidad debe ser llenado con acciones concretas y tangibles. Los diputados reformistas deben convertir la Asamblea Nacional en una Asamblea del Pueblo, sumando fuerzas con la Iglesia Católica en una campaña cívica en defensa de las reformas constitucionales y del aumento de los niveles de vida de la población.

Sin abandonar sus métodos jurídicos, los diputados necesitan promover la participación del pueblo en el conflicto. Un apoyo duradero del pueblo se lograría si el Parlamento estructura una agenda legislativa que incorpore las demandas más sentidas de la población. Pero esto tampoco sería suficiente. Debe existir una propuesta organizada y viable, que pueda ser tomada en serio por los organismos financiadores y por el propio Ejecutivo cuando las cosas se resuelvan en favor del país.

Una propuesta así no puede ser excluyente: no se puede dejar de lado al Ejecutivo ni satanizar una negociación con el FMI. Los que creen que el caos, la violencia y el "torcerle el brazo" al adversario basta, no toman en cuenta que la aspiración del pueblo no es eliminar a nadie, sino enrumbar las cosas de modo que no sea él quien pague los platos rotos. De lo que se trata ahora es de poner en marcha "la revolución de la honradez" que le prometió al pueblo el gobierno Chamorro, de modo que se puede ordenar la casa para mayor comodidad y pacífica convivencia de sus habitantes.

Una meta: renegociar el ESAF

Los meses venideros son cruciales. Y las agendas deben ir abarcando consistentemente los intereses de la población. Es necesario aunar todas las fuerzas morales e intelectuales para sacar de la crisis actual al menos la posibilidad de que las cosas mejoren. Urge para ello no sólo hacer llamados a la conciencia cívica de la población, sino tener un programa creíble y realista que enfrente los principales problemas del país. Este programa tiene que conducir a una renegociación realista de los términos del ESAF con el FMI, lo que necesita de una casa unida ante el prestamista.

Como lo ha ejemplificado la reciente y exitosa experiencia de Guyana, se puede negociar con el FMI desde la sociedad civil si se logra un amplio respaldo popular y oficial a una propuesta técnicamente sustentada y creíble. En el caso de Nicaragua, esto implica superar el divisionismo y la irresponsabilidad. Si se desea gobernar mejor que como hasta hoy simplemente hay que ser mejores que los actuales gobernantes: servir a los ciudadanos, tener un gran sentido de responsabilidad con la generación actual y con las futuras y anteponer los intereses del país a los personales. Jugarle de verdad limpio a Nicaragua.

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