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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 158 | Abril 1995
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Guatemala

El caso Bámaca: un escándalo descomunal

La CIA tiene un sucio y sangriento historial en Guatemala. Lo tiene en toda América Latina. Pero nunca jamás se habían escuchado tan serias denuncias y a tan alto nivel contra la CIA y contra el ejército guatemalteco como hasta ahora.

Trish O' Kane

Después de tres huelgas de hambre en dos años, de numerosos viajes recorriendo los pasillos del poder en Washington y en Guatemala, de exhumar tres cadáveres, de muchas amenazas, de pesar sobre ella una demanda del Estado guatemalteco, después de una sucia campaña en su contra en la prensa de Guatemala y del desgaste físico y mental que causa una lucha quijotesca, la abogada norteamericana Jennifer Harbury logró finalmente conocer el destino de su esposo, el comandante guerrillero Efraín Bámaca: lo asesinó un coronel del ejército guatemalteco al servicio de la CIA.

El señalado: Coronel Julio Roberto Alpírez


El miércoles 22 de marzo se destapó una olla de grillos en Washington y de inmediato, otra en Guatemala. Las revelaciones públicas del congresista estadounidense Robert Torricelli, vinculando a un coronel guatemalteco con el asesinato de Bámaca, provocaron un verdadero terremoto político, tanto en el imperio como en su periferia. Torricelli dijo que aquel a quien señaló, el Coronel Julio Roberto Alpírez, estuvo también involucrado en el secuestro y asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine en Petén en 1990. (Este asesinato provocó en su día una seria crisis entre la administración Bush y el gobierno guatemalteco. Se cree que Devine era un agente de la CIA o de la DEA, y que había descubierto el involucramiento de militares guatemaltecos en el narcotráfico).

El nombre de Alpírez ya había aparecido en conexión con el caso Bámaca en el testimonio de Santiago Cabrera López, miembro del mismo grupo guerrillero de Bámaca, que también fue capturado y torturado por el ejército. Cabrera logró escapar y habló ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dijo haber visto a Bámaca el 18 de julio de 1992, cuatro meses después de que "desapareciera" tras un combate en marzo de 1992. Estaba en poder del tercer comandante de la zona militar de San Marcos, el Coronel Alpírez: "Everardo estaba desnudo testimonió Cabrera , la pierna derecha y el brazo izquierdo enyesados, su voz se escuchaba como dormido o drogado..."

Alpírez pertenece al ala dura del ejército, según Ronald Ochaeta, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Y actualmente es el segundo comandante de una de las bases militares más importantes del país, en ciudad Guatemala. "Y allí se va a quedar hasta que se presenten las pruebas y haya un juicio y una sentencia", declaró el Ministro de la Defensa, General Mario Enríquez, al día siguiente de estallar el escándalo. "Jamás supe yo añadió molesto que fuera agente de la CIA. Me molestaría saber que militares guatemaltecos puedan estar en las planillas de la CIA, porque eso daña la reputación del ejército guatemalteco".

Aunque Alpírez pertenece a la dura, el caso Bámaca es una piedra en el zapato de todos los sectores del ejército. El secuestro asesinato del comandante guerrillero implica a oficiales que apoyan ahora al Presidente De León Carpio, como el Coronel Otto Pérez Molina, del Estado Mayor Presidencial, que tenía una posición de alto nivel dentro de la inteligencia militar cuando Bámaca fue capturado. Si surgen nuevas revelaciones, el caso podría llegar a convertirse en el Watergate de De León, que era Procurador de los Derechos Humanos cuando Bámaca desapareció. De León colaboró en la investigación del caso como Procurador y, a pesar de las informaciones derivadas de lo dicho por Torricelli, sigue insistiendo en que el guerrillero murió en combate.

Hasta un magnicidio

No se sabe todavía qué dimensión llegará a alcanzar un escándalo tan mayúsculo en los dos países. En Estados Unidos ha provocado un amplio debate y serios cuestionamientos a la ya muy controvertida Agencia Central de Inteligencia. Según algunos analistas, le podría dar la justificación al Presidente Clinton para hacer recortes en el presupuesto de la CIA.

En Guatemala, el Bámacagate desató una ola de hechos violentos y una campaña de desestabilización. Cuatro días después de la noticia, el domingo 26 de marzo, se produjeron una serie de misteriosas explosiones dentro de las instalaciones del cuerpo de ingenieros del ejército, ubicadas al lado del aeropuerto internacional, resultando 3 soldados muertos y más de 20 heridos. Se cree que fue un ataque provocado por oficiales del ejército que estarían reaccionando así ante la presión internacional que reclama reformas en las fuerzas armadas.

La zona en que sucedieron las explosiones es cercana de la base militar donde el protagonista del escándalo, el Coronel Alpírez, es el segundo comandante. El aeropuerto tuvo que ser evacuado y durante varias horas se suspendieron todos los vuelos. La onda expansiva rompió los vidrios de cientos de edificios dentro de un radio de dos kilómetros. Al día siguiente, voceros del ejército anunciaron que el Presidente Ramiro de León Carpio había ordenado al ejército salir a las calles a patrullar en previsión de nuevos actos de violencia. Fue notable el incremento de cuerpos de seguridad en los alrededores de la embajada estadounidense. "Los esfuerzos para depurar al ejército están provocando una reacción muy fuerte. Cualquier cosa puede pasar ahora. No podemos descartar la posibilidad de un golpe del Estado o de un magnicidio", opina un analista experto en el tema militar.

Institucionalistas y duros

La embestida de Torricelli viene a agudizar las divisiones que existen dentro del ejército guatemalteco. En los últimos meses, varios oficiales han sido señalados en medios nacionales e internacionales por sus vínculos con el narcotráfico, con redes de secuestros, asesinatos y robos de carros y con otros delitos. Las acusaciones tienen molesto a un sector de la oficialidad, que teme a la futura Comisión de la Verdad, que operará dentro de un año, por débil que ésta sea. "Nunca se le ocurrió a los militares que algún día tendrían que dar explicaciones de lo que hicieron con un guerrillero. Nadie les ha cuestionado nunca hasta ahora. Llevan tres décadas actuando con total impunidad", comenta un diplomático.

La situación se complica por la férrea lucha de poder que existe entre las dos facciones principales: los "institucionalistas" y los "duros". Los institucionalistas abogan por un cambio generacional dentro del ejército. La mayoría de ellos son coroneles o tienen rangos menores y aspiran a ascender en la jerarquía. Según una fuente militar, el ejército guatemalteco cuenta con un exagerado número de coroneles, que tenían trabajo cuando la guerra estaba en su apogeo, pero que ahora están "desempleados". Para que algunos de ellos pueden ascender, se requiere una depuración de las generaciones más antiguas.

Un proceso así sería el desplazamiento de un sector por otro y no una auténtica depuración, porque de "puros" los institucionalistas no tienen nada. La realidad muestra que el desplazamiento iniciado dentro del ejército con la llegada de De León a la Presidencia está provocando ya fuertes reacciones entre quienes pueden perder aún más poder con el caso Bámaca.

"Nadie sabía"

Los hechos violentos parecieron asustar lo suficiente al Presidente De León, que no comentó mayor cosa sobre el Bámacagate hasta una semana después. El miércoles 29, el Presidente, ex Procurador de los Derechos Humanos, se reunió con el controvertido coronel Alpírez y después, en un tono muy indignado, declaró a varios periodistas: "La respuesta es clara: no. El gobierno y el ejército de Guatemala no podían tener conocimiento de algo ilegal y mantenerlo en la ilegalidad. Nadie sabía. Y no es verdad que haya un vínculo institucional entre el estado guatemalteco y la CIA. Yo me he reunido con el Coronel Alpírez para hablar de su derecho a demandar al congresista Torricelli en Guatemala y en los Estados Unidos por los daños a su familia causados por acusaciones falsas y por calumnia. Sería una demanda millonaria".

De León agregó que el gobierno guatemalteco ya había investigado el caso del asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine y que él estaba seguro que Alpírez tampoco participó en este crimen. Al día siguiente de estas declaraciones, el 30 de marzo, el Presidente abandonó sorpresivamente la Cumbre Presidencial en El Salvador en la que participaba y volvió a Guatemala durante unas horas, mientras corrían todo tipo de rumores y especulaciones. De León desmintió que estuviera en marcha un golpe de Estado e insistió en que su regreso repentino se debía a la necesidad de firmar un documento de apoyo a la controvertida reforma fiscal.

El domingo 2 de abril, dos bombas estallaron en la capital y según la prensa local, la policía desactivó otras tres. Una de las explosiones ocurrió a 200 metros de la Casa Presidencial, mientras De León estaba adentro cenando con el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, que visitaba Guatemala durante 24 horas para conocer del trabajo de la misión de la ONU en este país.

La bomba hizo pedazos a un hombre e hirió gravemente a una mujer. De León calificó el hecho como "un atentado terrorista". Al día siguiente, voceros del ejército anunciaron que el hombre que llevaba la bomba y que murió despedazado Carlos René Ixcot Oroxón, que era docente de economía en la Universidad de San Carlos pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), grupo guerrillero de la URNG. "En el cadáver encontramos una cédula, así como dos libretas y otras hojas que confirman la vinculación de Ixcot Oroxón con la URNG", afirmó la vocera del ejército, Mayor Berta Edith Vargas. Familiares de la víctima negaron que Ixcot fuera miembro de la guerrilla y exigieron una investigación, señalando que era inconcebible que el cuerpo de Carlos René hubiera sido destrozado y que su cédula de vecindad, su credencial universitaria y varios cheques quedaran intactos. El 4 de abril, Pablo Monsanto, comandante de las FAR, rechazó la versión del ejército y negó categóricamente que Ixcot fuera guerrillero, aunque no descartó que hubiera sido secuestrado, sedado y utilizado para perpetrar el atentado.

Con los pelos de punta

La vocera del ejército dijo también que junto al cadáver fue encontrada "una hoja". Se trataría de una carta en la que se menciona a trabajadores de una ONG vinculados a un tal Frank y al caso de Myrna Mack. Muchos temen que con la "aparición" de esta carta se busque vincular a activistas de derechos humanos y de ONGs a la URNG, enviándoles así un siniestro mensaje.

Las declaraciones de la Mayor Vargas recordaron las conferencias de prensa del ejército de hace un par de años, cuando se presentaba a supuestos combatientes que desertaban de la guerrilla y que ni siquiera sabían como manejar un arma. Parece que la modalidad de estos teatros de guerra sicológica podrían ponerse de nuevo de moda. Durante las escasas 24 horas en que el Secretario General de la ONU estuvo en Guatemala hubo, además de las bombas, amenazas de más bombas, anunciadas por teléfono. Toda su breve gira requirió de medidas de extrema seguridad.

"Si el señor Ghali se hubiera quedado entre nosotros una semana, no cabe duda de que se hubiera ido con los pelos de punta, porque la bomba del domingo apenas fue un botón de muestra de lo que aquí puede pasar cuando suben los ánimos de todos los grupos que lamentablemente tratan de mantener con éxito un clima de desestabilización", afirmó un editorial del diario La República.

CIA: sucio historial

La CIA tiene un historial de injerencia y de sangre en Guatemala, como en el resto de América Latina. Pero es en este país centroamericano donde la agencia empezó sus trabajos sucios en el extranjero, según los mismos historiadores norteamericanos. La CIA se estrenó en el continente derrocando en 1954 el gobierno más democrático que Guatemala ha tenido en su historia. Muchos guatemaltecos se refieren aún a los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz de 1944 a 1954 como a "diez años de primavera", porque fue durante aquella década que gozaron por primera vez de educación pública, de salud y de derechos laborales.

Aunque desde que la CIA derrocó al gobierno de Arbenz, valiéndose de las presiones de la poderosa United Fruit, el perfil de la agencia en Guatemala no ha sido tan público, a lo largo de todos estos años la agencia ha tenido en sus planillas a algunos de los guatemaltecos más notorios por su violación a los derechos humanos, muchos de ellos ubicados en las estructuras de la inteligencia militar,la G 2. Según un ex agente de la G 2, que trabajó en la inteligencia guatemalteca durante siete años y después desertó y salió del país para salvar su vida, la colaboración norteamericana con la G 2 ha sido permanente. "Asesores norteamericanos apoyan a la G 2 en métodos de interrogatorio, en procesamiento de datos y en el seguimiento a personas y vehículos", afirma.

Otro testimonio lo brinda Celerino Castillo, ex agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), que trabajó en Guatemala desde 1985 a 1991 y que afirma que la CIA siempre ha trabajado muy de cerca con la inteligencia guatemalteca, acompañando a agentes de la G 2 en operaciones de secuestro, tortura y asesinato. "Alpírez participó en varias misiones donde asesinó a gente dijo Castillo cuando se le preguntó si él recordaba al coronel . Todo el mundo sabía que él trabajaba con la CIA". Castillo es autor del libro "Powder Burns" publicado en Nueva York en 1994, en el que relata sus experiencias como agente de la DEA en Centroamérica durante los 80. Veterano de la guerra de Vietnam, agente de la CIA en Camboya, y agente de la DEA desde 1979, Castillo es ahora un severo crítico de la política exterior norteamericana.

Un test para el Ejército

En 1990, cuando Michael Devine murió decapitado, Alpírez era director de la Escuela de Fuerzas Especiales en el Petén. En esta escuela mejor conocida por los peteneros como "el infierno" se entrenan los kaibiles, fuerza élite del ejército guatemalteco, famosa por su crueldad.

A finales de los 80, Alpírez trabajó en una unidad especial del Estado Mayor Presidencial conocida como "el archivo". Según defensores de los derechos humanos, esta unidad era una central que funcionaba al servicio de los escuadrones de la muerte. Entre los miembros destacados de "el archivo" están Noel de Jesús Beteta sentenciado a 30 años por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack y el Coronel Juan Valencia Osorio, también involucrado en el caso Mack y acusado de manejar una oficina de espionaje dentro de Correos. El currículum del Coronel Alpírez no es una excepción entre los cuadros de la inteligencia guatemalteca. Hay muchos como él. Su caso es sólo la punta del iceberg: el ejército de Guatemala está plagado de oficiales entrenados y pagados por la CIA para cometer atrocidades.

Desde hace mucho tiempo existe amplia evidencia del trabajo sucio de la CIA en Guatemala y de los vínculos de la agencia estadounidense con los ejércitos más represivos del continente. Pero hasta las revelaciones del congresista Torricelli nunca jamás se habían escuchado tan serias denuncias contra la CIA y contra el ejército guatemalteco a tan alto nivel. "El caso Alpírez es un test para el ejército guatemalteco afirma la analista Helen Mack . Estamos en un momento clave, es una oportunidad para depurar al ejército. Tenemos que presionar para que en Washington se hagan públicos todos los documentos de la CIA referentes a Guatemala".

El informe de la ONU

El 13 de marzo, la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (MINUGUA) publicó su primer informe, haciendo una severa crítica de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado guatemalteco. El informe, que cubre el período noviembre/94 a febrero/95, señala a las fuerzas de seguridad como los mayores responsables de estas violaciones. "Las denuncias se inscriben dentro de un patrón preexistente de este tipo de violaciones, con características coincidentes en cuanto a los antecedentes de las víctimas, la forma de las muertes y la participación de agentes del Estado como autores directos, mediante la instigación o consentimiento de los hechos, o a través del encubrimiento de los autores, al no investigar la presunta violación e incluso perder evidencias básicas", se lee en el informe.

Uno de los casos más detallados que la ONU describe es la tortura de una persona dentro de una base militar, el 26 de noviembre de 1994, a pocos días de haberse instalado la MINUGUA. El guatemalteco fue detenido por una patrulla militar, acusado de ser guerrillero, y llevado a la base para un interrogatorio. Según el documento, "la víctima informó a MINUGUA hacer sido atado e interrogado bajo tortura con una bolsa plástica en la cabeza que le provocó asfixia, haberle introducido una espina en el paladar y dado golpes en la planta de los pies. Durante el interrogatorio, siempre con los ojos vendados y encadenado a una cama metálica, le fue extraída una corona dental de oro con un puñal. MINUGUA constató los signos del maltrato físico". El Presidente De León dijo que, aunque el primer informe de la misión era un poco "duro", "correspondía a la realidad".

Afilando los machetes

Mientras en la capital y entre las élites políticas y militares sólo se hablaba del escándalo Bámaca CIA, en el campo se desarrollaba una crisis, también de grandes dimensiones. Desde mediados de febrero, miles de campesinos que pertenecen a organizaciones populares ocuparon más de 100 fincas, exigiendo tierras y protestando por las inhumanas condiciones laborales a que son sometidos.

Las comunidades decidieron las tomas de tierras por la falta de respuesta del gobierno y de los patrones. Algunas organizaciones, como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), tienen mas de dos años de estar luchando por la vía legal, tratando de forzar al Ministerio de Trabajo a actuar en casos en que el patrón no paga el salario mínimo diario, de 14.50 quetzales (2.60 dólares). A finales del año pasado, los campesinos decidieron actuar por su cuenta, ante la inoperancia del sistema judicial y del Ministerio.

"No podemos esperar dos o tres años más, hasta que los casos estén en los tribunales explica Pedro Esquina, dirigente de la CONIC . Mientras tanto, ¿qué vamos a comer, cómo va a haber educación para los niños? La táctica de siempre de los empresarios es dilatar, para que la gente se canse de luchar y así ellos salen ganando siempre. Pero aquí pasamos a medidas de hecho y nos vamos a enfrentar. Los campesinos tendrán que afilar bien sus machetes para defenderse. ¿Qué otro camino nos queda? O nos morimos de hambre y nos humillamos para siempre agachando la cabeza o realmente ponemos en práctica lo que decían nuestros antepasados mayas: que todos nos levantamos, que nadie se queda atrás, para que nuestros pueblos tengan paz. Paz va a haber para nuestros pueblos sólo si luchamos y hacemos valer nuestros derechos".

Según Esquina, en el 50% de las fincas ocupadas hubo incumplimiento de la ley de parte del patrón y no se respondió a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. La otra mitad de las fincas fue ocupada por la necesidad de tierras y en rechazo a casos de corrupción de autoridades nacionales y municipales.

Las tomas varían en sus modalidades, según cada región y según la historia particular de la tenencia de la tierra en cada comunidad. En el departamento occidental de San Marcos, por ejemplo, la tierra de la comunidad "Unión Tacaná" fue invadida por un finquero hace años. "Ahora, los campesinos han decidido recuperar esas tierras".

En otros casos, el mismo gobierno ha provocado que la gente ocupe tierras, a causa de la corrupción de los funcionarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Esquina cuenta que en San Marcos, donde el Presidente De León entregó títulos provisionales a campesinos, nunca el INTA asignó esas tierras y que cuando los campesinos empezaron a insistir, descubrieron que los del INTA habían vendido las tierras a un finquero. En el caso de otra toma en la Costa Sur se trata de una finca ubicada en propiedad municipal, según los documentos. Esquina dice que es una práctica habitual que los síndicos municipales vendan a particulares las tierras que pertenecen a la comunidad.


¿Y el proceso de paz?

La lucha de los campesinos y esta oleada de tomas de tierras demuestra que, aunque fuera de Guatemala se firman acuerdos entre la URNG y el gobierno, éstos significan muy poco dentro del país. El 31 de marzo se firmó en México un acuerdo sobre los derechos y la identidad de los indígenas, pero en esos días la situación de violencia y zozobra era tan crítica dentro de Guatemala, con el caso Bámaca y las tomas de fincas, que la noticia pasó a segundo plano.

Esquina y otros dirigentes populares creen que es poca la incidencia del proceso de paz en la vida nacional. "La gente de las oficinas no entienden. ¿De qué paz nos hablan aquí a los campesinos? La URNG y el gobierno llevan cuatro años discutiendo y no resuelven nada. Nosotros no podemos esperar más. Además, no cumplen con los documentos. Un ejemplo es el acuerdo de derechos humanos. Sobre los campesinos hay ahora mas presión para que formen patrullas civiles y sean comisionados militares. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? dice Esquina . Si los finqueros no pagan el salario mínimo de 14.50, ¿cómo van a cumplir con acuerdos políticos cuando se negocie el tema de la tierra? Esa paz es una suma de papeles que no se cumplen. La única forma de hacer cumplir es a través de la lucha campesina".

Según Esquina, la lucha por la tierra se ha extendido ya a casi todo el territorio nacional: San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Costa Sur y hasta Izabal. La respuesta oficial apela al diálogo en el discurso, pero no en la práctica. La respuesta no oficial ha sido la de siempre: amenazas a dirigentes campesinos a través de cartas anónimas de escuadrones de la muerte, como las de "El Jaguar Justiciero".

Llamó la atención la posición del Ministro de la Defensa, General Mario Enríquez, al declarar ante periodistas guatemaltecos: "Los patronos deben cumplir con el pago del salario mínimo. De otra forma no habría derecho para pedir que se cumpla con la ley, si a la vez ellos no la respetan". El Presidente de la Cámara del Agro, Humberto Pretti, replicó: "Es un llamado a la anarquía, pues da a entender que al no llenarse algunos requisitos legales eso da derecho a usar la fuerza. Como quien compra un paquete de pan en un almacén y cree que por no estar completo, tiene el derecho de llegar al negocio y romper la puerta para sacar uno completo".

Analistas y expertos en derechos humanos temen que la situación creada con las tomas de fincas, sumada a la crisis dentro del ejército por el escándalo CIA, podría provocar un golpe de Estado. O por lo menos una mayor ola de violencia. El peligro está en una eventual alianza entre los sectores empresariales enfurecidos con las tomas de tierras y los oficiales de la línea dura del ejército que tienen "la cola machucada" con el Bámacagate.

Como demuestra la historia, una alianza de este tipo ha sido siempre el inicio de todo tipo de desgracias para Guatemala.

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