Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 158 | Abril 1995
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Violeta contra el tiempo

Es tan profunda la crisis de credibilidad y el estancamiento económico, que Violeta Lacayo ya no tienen ni recursos ni capacidad ni tiempo para volver a ganarse al pueblo que los llevó al poder hace 5 años.

Equipo Nitlápan-Envío

En 1995 el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro inicia su cuenta regresiva. Al celebrar el 25 de abril el quinto aniversario de su llegada al poder, su gestión entra en una nueva fase: la de concentrase en la búsqueda de una alianza política que permita al chamorrismo, tras las elecciones de noviembre de 1996, continuar con parte del poder. Del gobierno, en su actual gestión, no se puede esperar ya otra cosa que no sean promesas.

El objetivo que hoy tiene la Presidenta y su yerno Antonio Lacayo podría resumirse en esta consigna: "Hay que compartir el poder para seguir en él", mientras que a sus posibles aliados tratan de ganarlos con este refrán: "Mas vale lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer".

La gestión de doña Violeta entra también en una carrera contra el reloj a partir de 1995 porque ya sus márgenes de maniobra son sumamente estrechos como para lograr cualquier otro objetivo que no sea entrar, y con buen pie, en la campaña electoral.

Una evaluación del chamorrismo

Antes de analizar el laberíntico ajedrez político en que está
enzarzado hoy el chamorrismo, vale la pena hacer un recuento sumario de los logros fundamentales de su gestión. No es fácil. Con el ambiente pre electoral que ya existe hoy es cada vez más difícil desenterrar los hechos reales de su mandato de la montaña de elogios o de críticas que los cubre. No sucede esto sólo en Nicaragua.

Es frecuente que cualquier gestión gubernamental llegue tan desgastada y envilecida a su final, que el aparato de propaganda oficial no haga otra cosa que presentarse mejor de lo que realmente es. También es frecuente que antiguos aliados de la primera hornada se transformen prudentemente en despiadados críticos del gobierno que acaba, descubriendo que lo que se hizo no fue lo mejor y que ellos, por supuesto, advirtieron y repudiaron lo que no se hizo bien. Más estridente es siempre la crítica en los que más comprometidos estuvieron. Pero la verdad nunca es sólo blanca o sólo negra. Siempre hay una variada gama de grises entre ambos extremos. Se impone una evaluación de los grandes rasgos de la gestión Chamorro si se quiere provocar la reflexión de los nicaragüenses ante los retos que enfrenta su elección cívica en los comicios de 1996.

¿Con qué criterios?

La gestión del gobierno Chamorro debe medirse con varios termómetros: el éxito alcanzado en el afianzamiento de la paz, en la ampliación de la participación ciudadana y la democratización del país, en la reactivación de la producción y el empleo, y en el combate a la pobreza extrema. Estos serían también los criterios para valorar el quehacer de los distintos partidos y dirigentes políticos.

Todo aquel que aspira al gobierno debe hacerse a la idea de que el pueblo no es algo que se utiliza y se desecha, antes y después de los comicios electorales. El liderazgo y la legitimidad de los gobiernos deben de ajustarse más ceñidamente al mandato de sus electores. Y para hacer este ajuste hay que promover la participación ciudadana y el imperio de la ley. Todo lo que deje de hacerse en este sentido, de una forma o de otra se lo cobra después el pueblo. No solamente con los votos de castigo, sino también con la apatía y la ingobernabilidad en la que hunden a un país los conflictos no controlados y manejados ineficientemente. En la actual encrucijada nacional, el realismo por crudo que sea es una necesidad. Ocultar la realidad o encubrirla con un falso optimismo es hoy una irresponsabilidad histórica demasiado grande.

1990: momento histórico

El cambio de gobierno de 1990 no fue una sucesión electoral más. Fue, nada menos, la primera sucesión pacífica de poderes ocurrida en Nicaragua desde hacía más de medio siglo. El hecho de que ese cambio se haya efectuado, con el valiente reconocimiento de los resultados electorales por parte de los sandinistas, llenó una antigua y profunda aspiración democrática del pueblo que había derrocado la dinastía de Somoza.

En la mentalidad de miles de nicaragüenses quedó grabado aquellos días como un hecho irreversible el estable cimiento de un régimen democrático con sucesión electoral de poderes. Un hecho éste de tanta profundidad política como la misma expulsión de la dinastía de los Somoza, que es para el pueblo parte de un pasado que nunca volverá. La época de los golpes de estado, del escamoteo de la voluntad electoral de los ciudadanos y de las juntas de notables son ya también cosa del pasado. Violentar esta conquista que la población ha hecho ya parte de su vida sería empujar al país a una gran inestabilidad.

El programa de gobierno de la administración Chamorro delineaba un cambio de rumbo hacia la democracia representativa, hacia el predominio del poder civil sobre el militar y hacia la estabilización política y económica del país. También hacia la instalación de una economía de mercado. La expectativa de la población era fundamentalmente salir de la guerra, mejorar su nivel de vida y disfrutar de la prosperidad que esperaba de una relación diferente con "el gran vecino" del Norte.

Lo que el gobierno Chamorro ha realizado en estos años de transición no ha estado determinado únicamente por el mandato de sus electores y por las aspiraciones de todo el pueblo. El arreglo de las fuerzas políticas internas que en 1990 estaban altamente polarizadas y los condicionamientos externos, principalmente las presiones del Senado de los Estados Unidos y la condicionalidad del FMI y el Banco Mundial, han influido determinantemente en los resultados obtenidos por el actual gobierno. El reacomodo de la nueva correlación de fuerzas derivada de las elecciones de 1990 ha sido difícil y complejo. Y aún no ha concluido.

Paz y libertad de expresión

Uno de los principales éxitos de la administración Chamorro Lacayo fue lograr en su primer año y medio de gestión el desarme de las fuerzas armadas irregulares de la Resistencia y la reducción del ejército y la policía, desmovilizando a 84,300 de sus miembros. Ambas cosas eran condición necesaria para la pacificación del país porque permitían establecer claramente la legalidad y la autoridad del nuevo gobierno y readecuar el aparato militar a las nuevas condiciones de paz del país.

Para consolidar este importante logro se requería avanzar en un proceso de reinserción de los ex combatientes de ambos bandos a la vida social y política, a la vez que fortalecer el mando del poder civil sobre el militar, culminando el proceso de profesionalización del Ejército y la Policía y evitando que estos aparatos incursionaran en política. Mientras que en la neutralización del Ejército y de la Policía ha habido éxitos, la reinserción de los ex combatientes ha sido muy relativa, lo que ha traído mayor inseguridad urbana y la permanente presencia de bandas rurales semi politizadas en el campo, artífices de una espiral de violencia, con secuestros de productores, robos de ganado y bienes y asaltos en los caminos.

El otro éxito indiscutible del gobierno Chamorro ha sido instalar y mantener una irrestricta libertad en los medios de comunicación, elemento que formaba parte de las legítimas aspiraciones democráticas de la población. Esta libertad ha permitido a la sociedad civil airear sus diferencias en público, ha facilitado un mayor conocimiento de los conflictos que aquejan al país y ha ido posibilitando su manejo. Pero la libertad de expresión es sólo una condición indispensable para el manejo de los conflictos y su solución negociada, pero no asegura que esto ocurra.

A nivel económico, se pueden contar como éxitos relativos el hecho de haber estabilizado la moneda, eliminando la hiperinflación, y el haber reinsertado al país en los circuitos comerciales y financieros internacionales. Esto implicó una mejor relación con los Estados Unidos, aunque no el mejor trato que muchos esperaron por volver Nicaragua a ser un "aliado" dejando de ser un "enemigo". Pero los costos de estos relativos éxitos han sido tan enormes, en términos de una continuada recesión y del aumento de la pobreza extrema, que quedan muy empañados. Desde esta páginas y desde 1991 hemos analizado la contradictoria, realidad económica desde muy diversos ángulos.

Un país sin empleo

Baste un ejemplo. Uno de los rasgos característicos de la crisis recesiva es que, a pesar del deterioro de los salarios reales, esto no es suficiente para que aumente el empleo formal en la economía. Antes bien, se ha dado una consistente reducción de los niveles de empleo, a consecuencia tanto de la débil demanda interna y de la contracción del empleo del sector público como del declive en los productos de agroexportación tradicionales. Los altos niveles de subutilización de la mano de obra el 50% de la población económicamente activa en 1992 y 1993 y ya casi el 52% en 1994 indican lo dramático de la situación. El desempleo abierto creció considerablemente en 1994: representó casi el 24% de la fuerza de trabajo.

Los programas de empleo temporal a través del Fondo Social de Emergencia (FISE) y del Ministerio de Acción Social (MAS), con cobertura de casi 30 mil empleos en 1994, son insuficientes para absorber los 54 mil nuevos nicaragüenses que ingresaron al mercado de trabajo ese año y mitigar el desempleo abierto de los 363 mil cesantes en ese mimo año. Los recortes del empleo han sido dramáticos en el sector formal de la economía. Los cotizantes del seguro social pasaron de ser 261 mil personas en 1990 a ser 202 mil en 1994, una reducción del 23%. En el gobierno central, el empleo pasó en 1994 de 68 mil puestos de trabajo a 57 mil, un 16% menos. Pero el grueso del desempleo, abierto o no, se localiza en la producción, especialmente en la agropecuaria. La falta de una reactivación generalizada de estas actividades, intensivas en mano de obra, es lo que está provocando una mayor migración del campo a la ciudad y el incremento de los niveles de pobreza extrema y de indigencia.

La dimensión del problema social en el país es de tal magnitud, que su solución pasa por planes nacionales que de manera sostenida se liguen estrechamente a la recuperación de las actividades productivas. Sin esta movilización productiva, la penuria de empleos mantendrá deprimida la demanda a niveles incompatibles con la reproducción de la actividad económica. Los paliativos a la pobreza que hoy financia la ayuda externa son insuficientes si no se aplican en un contexto de reanimación de la producción en su conjunto.

Un saldo muy negativo

Todas las transformaciones que el actual gobierno ha hecho en el sistema político y social apuntan a un reforzamiento del autoritarismo y de la desigualdad social. Los medios de comunicación dan la sensación distorsionante se la dan sobre todo a la población más urbana de que los conflictos pueden resolverse ahora por cauces democráticos y de que la libre discusión y debate son suficientes para asentar la democracia. Pero esto es un espejismo. Las decisiones del poder real corren por otros cauces: los del poder unipersonal, la discrecionalidad absoluta al margen de la ley y los contratos, la impunidad y la corrupción. El poder real se ejerce de tal forma que ha hecho quedar en ridículo las promesas que el 25 de abril se hicieron sobre "la revolución de la honradez".

Este enorme pasivo que pesa sobre el gobierno Chamorro hace que el saldo de su gestión sea claramente negativo, no sólo en relación a lo que esperaba la población, sino en sí mismo, en lo que se puede esperar de un gobierno minímamente creíble y decente. Esta oscura realidad y el repetido incumplimiento de sus múltiples promesas han puesto al actual gobierno en total descrédito ante la población. La incapacidad para resolver la cadena de crisis que se desatan y la permanente irresponsabilidad en postergarlas sólo es superada por la insensiblidad social que acompaña todo el estilo del gobierno.

¿El único camino posible?

Los cambios efectuados por la administración Chamorro han tenido un alto costo en términos sociales y políticos, no sólo para la población. También para el propio gobierno. Al no haber existido en el punto de partida un consenso básico sobre el rumbo de las reformas y de las modificaciones que se iban a hacer al modelo político y económico, los cambios se han dado en medio de un constante forcejeo político. "Terciar los músculos" más que una convergencia de intereses primordiales ha sido la tónica dominante en estos años. Y los resultados de este forcejeo no son alentadores.

La retórica que acompañó el cambio en el modelo económico y social se presentó a falta de argumentos como el único camino posible que tenía ante sí Nicaragua. De entrada, se descartó explorar otras posibilidades. La apertura internacional a ultranza, el abandono de las responsabilidades sociales y de servicio del sector público, el favorecimiento descarado a los sectores más pudientes mediante el crédito y la privatización, fueron presentados como la inevitable vía de la "modernización". La ausencia de cambios reales se presentó como el único cambio posible.

Esta retórica encubría precisamente la voluntad de no modificar el sistema político, para poder impulsar sin tropiezos este tipo de "reformas" económicas. Eran tan grandes las ventajas que le ofrecía el presidencialismo, que el Ejecutivo optó por no compartir con nadie sus privilegios. Esta actitud condenó desde la base todo intento por lograr consensos sociales y políticos sobre un nuevo modelo de país. Esta es la razón de que muchos de los procesos positivos iniciados por la administración Chamorro hayan obtenido sólo resultados parciales y las más de las veces insuficientes para lo que requería la población.

La falta de realismo del gobierno para reconocer y solucionar estos problemas ha sido asombrosa. Ha recurrido cada vez con más frecuencia e insistencia a evocar la herencia maldita del sandinismo para buscar en el pasado la causa de todos los males. No es éste un discurso nuevo: los sandinistas responsabilizaban de todo a la herencia del somocismo. Y a la guerra, que impedía materializar en mejores condiciones el proyecto revolucionario. Pero, el desafío si se es gobierno es precisamente disminuir los males heredados y dejarlos atrás. Naturalmente, una guerra de la magnitud de la vivida en los 80 sí da todo tipo de excusas para encubrir todo tipo de errores.

La herencia recibida

No se puede negar que a inicios de 1990, las condiciones económicas y sociales de Nicaragua eran indudablemente difíciles. Después de que el gobierno sandinista aplicara sucesivos programas de estabilización que no contaron con el flujo de recursos externos necesarios para su sostenimiento , la situación económica era muy crítica. El ajuste y la estabilización sandinista de fines de los 80 fueron netamente recesivos y, sin recursos externos, fueron ineficaces para eliminar la hiperinflación y los desequilibrios globales de la economía, tanto los de la brecha interna como los de la brecha externa.

La situación se caracterizaba por una evolución recesiva de la producción, por la ampliación de la brecha externa, y por graves desequilibrios fiscal financieros, que se conjugaban con fuertes distorsiones de los precios relativos, en un ambiente hiperinflacionario. En 1990, la deuda externa tenía un monto de 8 mil 64 millones de dólares, mientras que los intereses moratorios capitalizados ascendían ya a un mil 851 millones. O sea, una deuda de 2 mil 697 dólares anuales por cada nicaragüense. El déficit corriente en la balanza de pagos persistía a niveles superiores a los 500 millones de dólares y el volumen de exportaciones de bienes y servicios era igual al que el país había tenido en 1966, en medio de una situación en la que el poder de compra de las exportaciones caía sin remedio.

La condición de la paz

La compleja tarea de la reconstrucción del país debía iniciarse con la pacificación. Pero en este proceso sólo se dio el primer paso: el desarme de la mayoría de las fuerzas irregulares. No se logró una inserción social y productiva de los ex combatientes que apoyara una paz duradera. Y esta inserción era condición necesaria para la pacificación. Para lograr la paz era indispensable dar respuesta inmediata a 600 mil personas ex combatientes, desplazados de guerra, repatriados y refugiados y a 10 mil discapacitados de guerra. El proceso de reinserción social y productiva era la condición suficiente para lograr una real pacificación del país.

Pero ese paso no se dio porque no fue nunca prioridad en la agenda gubernamental. El gobierno, con un sesgo marcadamente urbano, se consideró satisfecho con haber desarmado a los grupos irregulares. Estos, sometidos a un desesperante ciclo de esperas incumplimientos presionaron sin mucho éxito. En la base del actual malestar que se vive en el campo está una generalizada falta de reactivación productiva de la agricultura y la insuficiente atención que se da a los ex combatientes de ambos bandos para reinsertarlos productivamente.

Estabilización ineficaz

La estabilización de los precios, sin un crecimiento generalizado de la producción excepto en algunos islotes es fruto más de la ayuda externa que del esfuerzo por desarrollar la producción. Esto hace ineficaz el ajuste, porque la estabilización se da acompañada de una ampliación de las principales brechas macrofinancieras y sociales. La estabilización de los precios descansó básicamente en la fijación del tipo de cambio permitido por la masiva ayuda externa recibida entre 1991 92. Pero, pese a los recortes en el gasto público y a la restricción financiera, la brecha comercial se ha ensanchado notablemente desde 1991. Más aún, los problemas en la balanza de pagos hicieron necesario un permanente ajuste fiscal de sesgo recesivo y de poca eficacia para sostener la estabilidad de precios.

En cierta manera, el ensanchamiento de la brecha comercial externa se dio a expensas de la reducción del gasto fiscal. Más aún, dado el enorme servicio de deuda externa que el país paga, el flujo de capital no fue suficiente para compensar totalmente la brecha de pagos corrientes, lo que originó que la deuda siguiera creciendo por el aumento de la mora corriente.

Mucha ayuda y mucha deuda

La cooperación externa ha sido muy significativa para Nicaragua desde 1990. Estre todos los países en desarrollo, Nicara gua es el que tiene una ayuda por habitante más alta del mundo. Entre 1990 y 1994 fue de 182 dólares anuales por habitante, aunque en los últimos dos años bajó a 130 dólares por habitante.

Gran parte de la cooperación externa se utilizó inicialmente para eliminar la hiperinflación. Después, entre 1991 1994, para mantener una baja tasa de inflación y sostener la estabilidad del tipo de cambio. A la par, el pago de la deuda externa se incrementó consistentemente en todos esos años, al punto de que en 1994 casi la totalidad de la cooperación externa líquida, un 96%, fue dedicada al servicio de la deuda externa.

La estrategia de negociación de la deuda externa que ha seguido el gobierno persigue obtener un alivio de esta sobrecarga desequilibrante, dejando para el próximo gobierno la tarea de renegociar efectivamente la reducción de la deuda a niveles sostenibles con la capacidad de pago del país. Por ello, las negociaciones han apuntado a resolver el tensionante problema de los flujos de pago actuales, sin que se borre en gran medida el descomunal monto de la deuda.

Con el cambio de rumbo en la negociación de la deuda ocurrido en el Club de París el 21 de marzo, se prioriza una reducción de los flujos efectivos del pago de la deuda, trasladando el problema de renegociación de la deuda para más allá de 1997. La tendencia declinante de la cooperación externa a nivel mundial representa hoy para Nicaragua un serio compromiso: debe hacer un uso racional de la cooperación y debe plantearse con urgencia una economía que dependa cada vez menos de este aporte para funcionar.

Qué pasó en el Club de París

Como todas las negociaciones que el gobierno realiza en el más extremo hermetismo informativo, lo obtenido en el Club de París el 21 de marzo fue presentado como "un éxito total", hablando el gobierno de "una condonación del 80% de la deuda".

¿Qué es lo real? El Club de París iba a conocer sobre la renegociación de la deuda de Nicaragua con los países miembros del Club. Esta deuda representa únicamente el 12% de la deuda total de Nicaragua, de más de 11 mil millones de dólares. Dicha negociación se hace en base a un análisis caso por caso de acuerdo con los términos de Nápoles, que permita determinar un nivel de reducción acorde con las necesidades de Nicaragua. Nicaragua aspiraba obtener un 80% de alivio, y no lo logró. Lo que alcanzó fue una recomendación para el tratamiento de la reducción de su deuda con los miembros del Club de París, que contempla dos opciones.

* Condonación del 67% de las obligaciones del servicio de la deuda vencida o en mora, considerada ya en las cuentas incobrables. El 33% restante debe pagarse irrecusablemente, después de ser reestructurado a las tasas de interés del mercado en un período de 23 años.

* Consolidación de la deuda a tasas de interés concesionales, hasta lograr una reducción del 67% en el valor presente neto de la deuda vencida, con un período de repago de 33 años.

Esto significa que de los 1 mil 439.2 millones de dólares adeudados por Nicaragua al Club de París, casi el 60% (equivalente a 862.2 millones) estaban en mora o deuda vencida. Al obtenerse una condonación del 67% sobre esta deuda en mora, esta quedó en 284.5 millones. De esta manera, la deuda con el Club de París queda en 861.5 millones de dólares, que en relación al total adeudado por Nicaragua al Club, implica únicamente una reducción efectiva del 40% y no del 80%, como pregona el gobierno.

Para 1995 estas negociaciones implican un alivio de los pagos anuales del servicio de la deuda al Club, considerada por Nicaragua como deuda priorizada. Es decir, que efectivamente el país la paga. Esta reducción es de un 50%, ya que debía de servirse al Club la cantidad de 71 millones y ahora se le pagarán 36 millones.

Los países acreedores de Nicaragua prometieron revisar en junio de 1997 una posible reducción del monto de la deuda. Esto, si el gobierno presenta una buena ejecución del acuerdo ESAF, que concluye para esa fecha. La señal es clara: se ha otorgado un alivio mínimo al problema de la deuda, manteniendo la presión sobre el país, para así garantizar una ejecución sin discusiones del programa de reformas, incluso más allá de la actual administración. Y sólo si Nicaragua cumple con este re quisito se podrá considerar el tratar no resolver, depende el problema del monto de la deuda, que es el problema grueso.

La clave del debate

Como ha quedado en evidencia desde 1993 que el problema económico debe enfrentarse con menos recursos externos mengua la ayuda , ya no vale el argumento que lo que resuelve nuestros problemas es más o menos cooperación externa. Después de la firma del ESAF en abril de 1994 que garantiza los recursos por tres años para la operación mínima de la economía , el gobierno no puede aducir que no sabe cuántas divisas líquidas vendrán en lo que resta de su mandato. Todo lo que consiga es un ipegüe, un extra a lo ya obtenido con el FMI.

Esto desplaza la discusión: lo que hay que debatir es cómo disminuir el flujo de salidas de recursos externos por pago de la deuda y cómo hacer un uso eficiente de la ayuda externa para que tenga un impacto productivo. El debate clave es cómo lograr el cacareado despegue económico, sin que quepa el lamento de que "lo que se hace es lo único que se puede hacer". Lo más inconcebible en todo esto es que un gobierno que clama por la penuria de divisas no aprovecha siquiera los recursos externos contratados de que dispone, por su baja capacidad de ejecución de los desembolsos. Hasta ahora, el gobierno no ha podido rebasar un techo de desembolsos cercano a los 500 millones de dólares anuales, cuando a veces ha contratado recursos por un 20 40% mayor que esa cifra. Si teniendo el dinero, eso es lo único que puede ejecutar, la señal es muy mala.

Una empresa en bancarrota

Además, existe una baja capacidad de cartera inversionista que, en ausencia de un programa marco de desarrollo, deja abierta la discusión sobre el mejor modo de emplear los recursos externos atados y sobre cómo conseguirlos. En definitiva, y pese a las restricciones, existen a nivel económico espacios para mejorar la gestión pública o al menos, para crear condiciones para una mejor gestión en el próximo gobierno. Pero esto no se hace. El desgobierno en que estamos sumidos es similar al de una empresa en bancarrota donde los dueños, la gerencia y el sindicato tratan de agarrar lo que sea, sin preocuparse por rescatar la empresa y ante la impotencia de los empleados (el pueblo).

Finalmente, el gobierno no tiene gran capacidad de previsión económica ni un manejo delicado de los conflictos. Su incapacidad resta realismo y base científica a sus actuaciones políticas. Y su falta de manejo lo retrotrae a estilos cupulares de negociación y a la práctica del soborno los cañonazos con dinero para ganar aliados. El uso continuado de estos recursos ha inhabilitado al gobierno para poder establecer mecanismos más transparentes de negociación, reduciéndose éstos al arte de prometer y nada más que prometer, sin garantizar cumplir.

Desde abajo, la falta de acceso de la población a las decisiones y la fragmentación social y política aleja a una sociedad dispersa de sus derechos ciudadanos. También desde arriba se cierra a cal y canto el sistema político, para que sólo entren a jugar la partida los que tienen la fuerza para poder cumplir sus amenazas. Los que no, están por definición fuera del juego.

Poniendo todo en su sitio

Para los grupos del empresariado más transnacionalizados, la realización más estratégica de la gestión de doña Violeta es el poder sentirse de nuevo a gusto con un gobierno que consideran básicamente como propio porque favorece sus intereses. En este sentido, los cambios empezaron con bagatelas como la de reemplazar la guayabera por el traje de etiqueta en las recepciones oficiales . Ahora, mediante múltiples mecanismos sociales e institucionales también culturales las cosas "han vuelto a su lugar". El zapatero a sus zapatos, los políticos a acaparar los espacios de decisión y los mandamases a mandar. En este proceso, el que tiene plata platica y los empresarios de todo signo político están seguros de que este gobierno ya no los atropellará, como temían o experimentaban con el gobierno sandinista. Por otro lado, muchos revolucionarios incluyendo algunos dirigentes sindicales son también ahora empresarios, después de "la piñata" y las privatizaciones.

Durmiendo con el enemigo

Este primer trascendental cambio político hubiera sido imposible sin haber dejado al movimiento popular huérfano de alternativas políticas y organizativas. El otro "éxito" de la gestión de doña Violeta ha sido el propiciar la separación de las estructuras políticas del FSLN de las reivindicaciones de la población, favoreciendo así la división del FSLN, envuelto en sus propias contradicciones internas.

Este objetivo era tan estratégico y tan delicado de alcanzar, que el gobierno descartó la estéril vía de la confrontación con el FSLN. Más bien, trató de obtener del FSLN un acuerdo que facilitara la gobernabilidad y la aplicación de las reformas económicas exigidas por los financiadores internacionales, a cambio de otorgar cuotas de poder político a los sandinistas.

Al gobierno, y en particular al Ejecutivo, esto le permitía usufructuar el sistema presidencialista construido por los sandinistas en la década pasada. Por la centrali zación de poderes y por la virtual subordinación al Ejecutivo de los otros poderes del Estado, este sistema era idóneo para impulsar las reformas acordadas con los organismos financieros internacionales.

A los sandinistas, esta transacción les permitía, en el primer momento, conservar los bienes que se habían apropiado en la famosa "piñata" y también mantener considerables cuotas de poder dentro del aparato del Estado, principalmente en las Fuerzas Armadas, la Policía, la Asamblea Nacional, el Poder Electoral y la Educación Superior.

Para el Gobierno, el costo de esta transacción fue el distanciarse de la alianza electoral que lo había llevado al poder. Pero esto le pareció hasta necesario escuchando el discurso polarizante y confrontativo que ante el inesperado triunfo de la UNO enarbolaron los liberales y conservadores de esta coalición bajo la máxima de "para el que gana todo y para el que pierde nada". Obviamente, esta posición extremista era sencillamente inviable. Sin embargo, evitar el extremismo no implicaba reforzar el autoritarismo ni soslayar la ampliación del juego democrático, donde la tolerancia y la negociación son norma en las relaciones entre los contendientes.

El costo pagado por los sandinistas por su apoyo táctico al programa económico del gobierno socialmente excluyente fue un alejamiento de su base social y una creciente desmoralización de la misma. Los problemas más candentes para la población, el desempleo o la seguridad ciudadana, figuraron en la agenda de la dirección sandinista sólo en forma retórica. Si a esto se agrega el pecado original de la "piñata" nunca cuestionada seriamente por la gestión de doña Violeta, como parte del acuerdo , el costo pagado por la dirección sandinista es con creces mayor al que pagó el gobierno.

Para sostener estos arreglos de cúpula, el FSLN no podía ni rectificar sus errores ni luchar por una democratización del sistema político. Poco podía hacer para lograr su propia democratización intensa. Como en la vida, sólo se modifica internamente el que practica una acción modificadora de su entorno inmediato. El resultado de este juego mortal, en una agrupación de origen revolucionario, fue su suicidio como fuerza política alternativa e independiente, capaz de crear un polo de atracción propio, frente al que estaba construyendo el gobierno.

Transformando al Ejército

La tercera realización estratégica de la administración Chamorro ha sido el retiro del Ejército, en febrero de 1995, del último símbolo de poder sandinista, el general Humberto Ortega. Queda ahora al mando del Ejército un General y un Estado Mayor con fuertes vínculos empresariales y hasta familiares con el empresariado "de apellido" del país. La propia elección del sucesor de Ortega simboliza la nueva cara del Ejército ante una situación cristalizada hace mucho: los militares han resultado ser "empresarios con uniforme", con presencia en empresas de servicios de vigilancia y protección, de construcción y transporte, de mariscos y madera. También en la banca privada. Sobra decir que en el mar de estancamiento en que se anega el país, éstos son precisamente los islotes donde sí hay reactivación económica.

Poco margen de maniobra

Los márgenes del gobierno se han estrechado enormemente. Son tan severos los límites políticos y económicos que enfrenta que la capacidad de gobernar y salir airoso de su gestión son mínimas. Las restricciones que enfrenta son principalmente éstas:

- Las recientes encuestas de opinión reflejan la fe que tiene la población en la democracia representativa y en la sucesión electoral como mecanismo para el ejercicio del poder. Hay preferencias de la población para que el período electoral sea más corto, pero la mayoría consagra la democracia como principio esencial de la vida política. Esto restringe el margen de maniobra del gobierno en cuanto a que no puede hacer "lo que le dé la gana" en materia de la sucesión presidencial, y lo que menos puede hacer hoy es un golpe de fuerza para dirimir sus conflictos con la Asamblea Nacional.

- La popularidad del gobierno ha decaído grandemente, tanto a nivel nacional así lo reflejan las encuestas de opinión como a nivel internacional. El gobierno Chamorro tiene hoy una pésima imagen externa: la de un gobierno dividido que no logra acuerdo entre sus partes. A nivel interno, el nepotismo, la corrupción y la incapacidad de resolver conflictos, como no sea a cañonazos y con la intimidación, crean una total falta de credibilidad al gobierno.

Lacayo: actos desesperados

- Aunque es más impactante a nivel externo, la crisis institucional ha roto la ilusión promovida oficialmente de que la crisis del país era contar con pocos recursos externos y que lo político y la paz eran logros ya seguros en el bolsillo. La inestabilidad institucional generada por la pugna Ejecutivo Legislativo no deja de arrojar sombras de duda sobre la estabilidad de todo el país. Siendo una aspiración popular la lucha contra el nepotismo, y apareciendo esta conquista plasmada en la reformas constitucionales, el Ejecutivo ha incurrido en un error, sólo por eso, al oponerse a ellas. Desafiar las reformas con actos desesperados y sin medir sus secuelas juega muy en su contra.

- A nivel económico, tanto el ESAF como la reciente negociación de la deuda externa en el Club de París, envían una clara señal al gobierno: no puede abandonar el proceso de reformas ni incurrir en gastos públicos excesivos, so pena de que le corten los canales de recursos externos. El Ejecutivo tiene así reducidos márgenes para canalizar algunos créditos o repartir algunos cañonazos, como lo hizo en 1994. No cuenta hoy con recursos ni para satisfacer las demandas claves de la población ni para comprar el necesario favor de la clase política.

- Finalmente, el irresistible ascenso del Alcalde de Managua como fuerte contendiente en las próximas elecciones ha provocado que el Ministro Lacayo se aferre a la idea de que necesita la maquinaria del Estado para poder competir deslealmente en las próximas elecciones. Esto está en la base de los actos desesperados de Lacayo, dispuesto a todo por desembarazarse de la aplicación de las reformas constitucionales y por entrar a la lid electoral con ventaja material sobre sus oponentes.

Ya no hay tiempo

Como demuestran todas las encuestas, la popularidad del gobierno ha descendido a niveles alarmantes año con año. Y con la del gobierno, la de sus aliados más estrechos. Paga con este costo las reformas económicas también las jurídicas y políticas que ha hecho. El costo para la población es el apoliticismo, la frustración y el escepticismo, divisas de buena parte del potencial electorado. Estas actitudes han hecho aún menos participativo el sistema. No se confía que participando en el mismo se obtengan mejoras. Esto puede actuar a favor del gobierno, en la medida en que los electores efectivos puedan ser menos y se produzca un alto abstencionismo en las próximas elecciones, pero esto fragilizaría la democracia, por falta de participación ciudadana. Si esto ocurriera en 1996, este sería la peor herencia que dejaría la gestión del chamorrismo.

En las encuestas aparece que, junto a una mayoritaria falta de credibilidad en el gobierno por sus promesas incumplidas, está una mayoritaria demanda de la población por un empleo estable. La pobreza extrema masiva y el inmovilismo gubernamental para propiciar una reactivación de las actividades económicas y el empleo, hace que la gestión actual sea evaluada como "mala".

Las salidas que encuentra la población para hallar empleo no derivan de las esperadas políticas gubernamentales, sino de la migración a países vecinos (El Salvador, Costa Rica) o de las actividades delincuenciales robo, drogadicción y prostitución , que elevan los niveles de inseguridad ciudadana.

La queja generalizada ante una gestión en donde la pobreza crece más rápido que la creación de puestos de trabajo legales, afecta a la Policía, que no da abasto en el control social. A esta realidad le sacan provecho económico los que se dedican a la venta de servicios de protección, privilegiando el cuidado de las propiedades de los que pueden pagar una "policía privada".

Los márgenes políticos que la población otorga al gobierno son mínimos. Y son tan grandes las demandas sociales que, para borrar el actual escepticismo de la población, el gobierno tendría que lanzar programas de combate a la pobreza tan extraordinarios que ya no está en capacidad, no sólo de financiar sino de ejecutar en lo que le queda de tiempo. El gobierno está contra el tiempo también porque ya no le da el reloj para significativas demostraciones populistas y clientelistas.

Una crisis sobre otra

Por si todo esto fuera poco, el ESAF que exigen los financiadores internacionales sea estrictamente cumplido no deja mucho margen para desviaciones en su ejecución. La programación financiera aprobada para los próximos años no implica recursos extraordinarios. Con ello, los financiadores se garantizan que se opera al mínimo indispensable y que no habrá chance para el despilfarro de recursos en contiendas políticas.

Hoy, la estrechez de los márgenes de maniobra no está sólo en la escasa credibilidad que la población le concede al mandato de doña Violeta, o en la falta de recursos extraordinarios para dispararse con una política clientelista desde el gobierno. También se han estrechado los márgenes con la ruptura del orden constitucional por la pugna de poderes en torno a las reformas constitucionales y con el estado de rebeldía en que ha caído el Ejecutivo, desesperado ante la cristalización de la nueva alianza política entre el MRS de Sergio Ramírez, la UDC y Alfredo César.

Sobre el pozo de hambre de la crisis de estancamiento económico, la pugna de los políticos ha levantado una crisis institucional. Esto refuerza la frustración de la población y el convencimiento de que su agenda no es la agenda de los políticos. La crisis se prolonga aún más porque el Ministro Lacayo no logra encontrar salidas jurídico organizativas a sus pretensiones electorales.

1994: ¿creció la economía?

Sin mirar lo que pasa en la calle y según el discurso oficial, la economía entró en una nueva tendencia al crecimiento a partir de 1995. Ciertamente, en 1994 la economía mejoró muy leve y parcialmente, sin que esto signifique un cambio en su tendencia. De todas maneras, Nicaragua ya se ha acostumbrados a las promesas de crecimiento que hace el gobierno. Habiendo recuperado el control de la economía con la eliminación de la hiperinflación en 1991, el gobierno prometió que en 1992 sería "el tiempo de mejorar". Como eso no ocurrió, se cifraron las esperanzas en 1993, cosa que también falló.

Al finalizar 1994, era inadmisible para el gobierno dar por perdido otro año, especialmente al final de su período. Por eso, anunció que se había producido un modesto crecimiento del 3.2% del PIB, menos del esperado 4%. Estimaciones independientes como las del FIDEG cifran el crecimiento en un 1% y otros especialistas privados hablan de 0.5 1%. Sobre la base de fuentes oficiales, el BID estima un 1.8% de crecimiento. Esta discrepancia tiene una base tanto técnica como política, pero lo que las encuestas de opinión recientes muestran como seguro es que la mayoría de la población evalúa su situación como de "empeoramiento". En todas las estimaciones, el ingreso real por habitante, en el mejor de los casos, no ha aumentado.

Sin embargo, después de 10 años de recesión continua, un crecimiento, por mínimo que sea, es una positiva novedad. El truco consiste en presentar esto como un cambio de tendencia de la economía, como si ésta ya hubiera tocado fondo y ahora sólo pudiera crecer y recuperarse. Se intenta así consolar a la población: el valle de sangre, sudor y lágrimas recorrido llega a su final con un fruto que justifica todo lo sufrido: el crecimiento ha llegado al fin para quedarse.

No hay duda de que los ingresos por exportaciones mejoraron en 1994 y que probablemente se mantengan en 1995. Pero a nivel agrícola especialmente en los granos básicos y en la ganadería los aumentos son dudosos. El reintegro de los ex combatientes a la producción no es aún masivo, y aunque el alza en los precios del café es real y recupera parcialmente las caídas de los ciclos pasados, no es tan alta como las cifras que registra el gobierno. Si fuera real el crecimiento anunciado, el PIB debía de haber crecido más de lo que se calculó, lo que revela cierta inconsistencia en el método de cálculo. Tampoco se duda de que a nivel agrícola los campesinos han hecho un gran esfuerzo productivo, respondiendo mucho mejor a la inclemencia del ajuste que el sector exportador grande. Pero, ¿será sostenible este esfuerzo sin una decidida política de apoyo a la agricultura, que actualmente es inexistente?

Crecieron las exportaciones

No es de extrañar que, al final, la tasa de crecimiento de la economía coincida con la de las exportaciones reales. Algo es algo para una economía tan desfallecida como la nicaragüense, pero un aguacero no hace el invierno. Más que representar un cambio de rumbo hacia el auge de la actividad productiva, el crecimiento es en gran medida el reflejo de un acontecimiento externo inesperado: el alza de los precios del café, del ajonjolí y de algunos rubros no tradicionales de exportación.

La subida de los precios del café significó para Nicaragua un aumento del volumen exportado de casi el 34%, compensando así la caída de casi el 28% en 1993. El crecimiento en el valor exportado fue un poco más del doble que en 1993. Junto con el incremento en las exportaciones pecuarias y de mariscos que han crecido notablemente, al igual que las exportaciones no tradicionales el total de bienes exportados registró un incremento del 28% en 1994. En términos reales, el crecimiento del total de exportaciones de bienes y servicios fue del 3.2%, lo que influyó determinantemente en el crecimiento del PIB experimentado en 1994.

En gran medida, la economía creció por la conjunción de una serie de factores ajenos a la intervención del gobierno. Este limitó su acción al relativo mantenimiento de la estabilidad de los precios internos y al deslizamiento controlado del tipo de cambio nominal. El logro de esta estabilidad macroeconómica continuó instrumentándose con el esfuerzo del gobierno por reducir el déficit fiscal del sector público, aunque la verdadera estabilidad dependió de donaciones y préstamos.

Sólo reorientando la política económica y los recursos externos hacia el desarrollo productivo puede darse una real recuperación económica. La bonanza de 1994, de no ser aprovechada con una política orientada a la reactivación, no traerá por sí sola mayor crecimiento, mucho menos mayor bienestar para la población, exceptuando a algunos cafetaleros. Sólo apoyando la producción con políticas específicas se romperá el círculo vicioso del estancamiento.

Contradicciones económicas

El estrechamiento de sus márgenes de acción debieron ser suficientes para que el gobierno replanteara su política económica. Pero no lo hizo. La política inicial de estabilización de precios con anclaje del tipo de cambio suponía una afluencia considerable de recursos externos. Desde 1992 quedaron pendientes las tareas de la reactivación y la solución de los principales problemas de convivencia pacífica y de orden político y la única estrategia seguida fue hacerse potable a toda costa ante los financiadores internacionales. Es decir, suscribir acríticamente sus lineamentos de política económica sin hacer el esfuerzo de comprender la realidad nacional. No hubo capacidad en el gobierno para levantar concertadamente una política económica realista. Sólo hubo adaptación y abandono.

Dejando a un lado la gestión extraordinaria de 1993 con su severa restricción de divisas , en 1994, con todo y ESAF, la política económica padeció una serie de inconsistencias. La política cambiaria seguida adoleció de una contradicción de objetivos, al querer lograr una mejora del tipo de cambio real para incentivar las exportaciones mediante el deslizamiento cambiario, a la par que se trataba de mantener baja la inflación mediante una severa restricción crediticia al sector privado. Se movía el tipo de cambio y se quería que los precios se movieran "más lento", cosa difícil en una economía dolarizada, donde los precios siguen, al menos al mismo ritmo, el movimiento del tipo de cambio nominal.

Objetivo: pagar la deuda

Este choque de objetivos de política macroeconómica también se dio a nivel de la política fiscal, donde se perseguía una mayor financiación del gasto público mediante el aumento de la recaudación impositiva. Ello implicaba una indexación de las tarifas de los servicios públicos, con periódicos reajustes en las mismas por el deslizamiento del tipo de cambio. Este continuado aumento de las tarifas de los servicios públicos impactaron decisivamente en el alza de la inflación.

En el fondo, la meta perseguida con el ahorro público era principalmente cumplir las obligaciones del pago de la deuda externa. Aunque se logró una reducción del déficit cuasi fiscal, varios factores minimizaron esta meta. Entre ellos se pueden enumerar tanto la modesta implementación en un 30% del plan de desempleo en las instancias gubernamentales, conocido como Plan de Movilidad Laboral, como los costos que trajo el severo racionamiento de la energía eléctrica desde julio de 1994.

Hay que notar que hasta ahora, los "esfuerzos de austeridad" del gobierno se han concentrado meramente en el recorte de gastos corrientes en empleo y salarios de los sectores sociales y de los entes autónomos. No se ha hecho un esfuerzo serio por modernizar la administración pública, por elevar la calidad y cobertura de los servicios públicos ni por aumentar la capacidad de previsión y gestión de la economía. Es decir, se ha seguido la vía fácil de la tijera y no la ardua vía de la eficiencia.

Esta divergencia de objetivos de política se da en una situación en que desciende la cooperación externa, lo que estrecha fuertemente el margen de maniobra gubernamental. De esta manera, contradiciendo su propia prédica, el gobierno tuvo que recurrir al financiamiento interno para cumplir con el pago de la deuda externa. Dadas sus prioridades, y para cumplir un solo objetivo, el gobierno incumplió con otros. Pese a todo, el gobierno logró para su negociación en el Club de París el 21 de marzo una carta de recomendación de beneplácito del Fondo Monetario. El FMI certificó que Nicaragua va con buen rumbo (on track). Esta ha sido otro logro que presenta con orgullo el chamorrismo. "Estamos bien con el Fondo", dice, desestimando las críticas o demandas internas.

Pobre imagen del gobierno

Lo que esto demuestra es que a este gobierno no le interesa la opinión de sus electores. Está menos comprometido con ellos que con sus financiadores del FMI y del Banco Mundial. Pero ni siquiera esto es exacto. Tanto la comunidad donante como los propios financiadores han insistido desde 1993 persistentemente en un mejor uso de la ayuda externa y en que se logre una reactivación de la economía. La pasividad de la política económica que sigue a la letra los requerimientos de los financiadores internacionales no cumple esta demanda. Esto hace que el gobierno aparezca ante la población representán dose a sí mismo, sin compromisos con nadie y velando más por los intereses de los integrantes del gobierno que por los de la Nación.

Para bien o para mal, la distancia y autonomía del ultrapresidencialismo no resulta una palanca buena para lograr la reactivación. No es un problema únicamente de más o menos recursos externos, sido de crear las condiciones políticas, institucionales y técnicas que favorezcan la generación del ahorro interno, capitalicen la producción y generen empleos. Esto no se logra con un gobierno autoritario que se niega a promover la seguridad necesaria y la confianza suficiente para que los diferentes actores sociales y productivos comparezcan en el ámbito de la producción y en el de su distribución equitativa.

Disputa por "el centro"

En los cambiantes escenarios que se juegan hoy, con alianzas antes consideradas inverosímiles, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, no logra darle salida jurídico organizativa a sus pretensiones electorales. El centro político, pacientemente tejido por Lacayo desde su puesto privilegiado en el poder, le está siendo disputado por la reciente alianza entre los renovadores de Sergio Ramírez, la Democracia Cristiana y los socialdemócratas de Alfredo César. Oscilando en torno a esta convergencia se encuentran los conservadores de Miriam Argüello (APC). Ha perdido así fuerza y posibilidades una coalición centrista encabezada por Antonio Lacayo.

Pero tampoco este nuevo centro derecha (MRS UDC PSD) ha abandonado los hábitos tradicionales de hacer política para avanzar con un claro programa anti gobiernista que le empiece a disputar al Ejecutivo el voto en la calle. Especialmente, el Movimiento Renovador de Ramírez, no solamente no ha optado por una alternativa más popular de centro izquierda, sino que se ha enfrascado en los desgastados arreglos cupulares, sin convocar a la población a jornadas cívicas y participativas. En general, este frágil centro derecha ¿cuáles serán sus alianzas? no ha creado los espacios participativos que le permitan a importantes sectores de la población manifestarse activamente en favor de las reformas constitucionales y por una mayor apertura del sistema político. De no actuar en esta dirección, esta coalición se mantendrá encorsetada en un estilo tradicional y abogadil de hacer política sin hacer suya la agenda de la población. Fuera de algunas críticas puntuales contra privilegios y corrupciones, han mantenido silencio ante la política económica del gobierno, pareciendo aceptar el consenso neoliberal en torno a la misma. De ser así, sus perspectivas no rebasarán a algunos sectores del empresariado y a algunos de la clase media urbana más acomodada.

El Alcalde presidenciable

La otra gran coalición, de corte populista de derecha, es la que encabeza al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán. A ella se han acercado la mayoría de las otras tendencias liberales, el partido de la ex Resistencia que preside hoy Fabio Gadea y los sectores más radicales del conservatismo. A este presidenciable se le puede sumar el sector de los confiscados bajo el sandinismo, que ve en él la esperanza de recuperar sus bienes y en general, los antisandinistas de todo color. Pese a haberse moderado últimamente, Alemán enarboló desde un principio un discurso netamente confrontativo con el sandinismo, que le rindió buenos frutos en los sectores de la población que se sintieron traicionados por éstos. Y ha esgrimido hasta hoy un claro discurso contra la "piñata" sandinista.

Los que se coaliguen con el Alcalde tendrán que admitir que éste "no admite sombra" a su candidatura. Sólo Alemán capitaliza un buen porcentaje de la intención de voto de los electores actuales, lo que lo convierte en la opción electoral más sólida. Sus posibles aliados ganan más "cobijándose bajo su sombra" que al revés. Esto hace que el caudillismo sin principios de los políticos tradicionales pueda convertirse en un escollo en la cristalización de una alianza al estilo de lo que fue la UNO en 1990.

El liberalismo populista del Alcalde cuenta a su favor con un consistente discurso antigobiernista, que en gran medida ha capitalizado el descontento de muchos sectores de la población contra la impopular política económica del chamorrismo. Además, desde la plataforma material que le proporciona la Alcaldía de Managua, Alemán no sólo ha adquirido una experiencia de gestión exitosa de la municipalidad capitalina, sino que ha asentado una sólida base social de apoyo.

Obviamente, la influencia de Alemán no penetra, o es explícitamente rechazada, en el sandinismo y entre los lacayistas. Pero también en los sectores oligárquicos, que le tienen miedo. En ciertos estratos empresariales existe desconfianza ante el rumbo que le daría al país un Arnoldo presidente. En buena medida y salvado el problema de las reformas constitucionales muchas de la fórmulas electorales se harán con el fin expreso de mermar las intenciones de voto a favor de Alemán.

Los sandinistas del FSLN piensan aún en ir solos en la primera vuelta electoral, en la creencia de que pueden obtener un buen puntaje. Pero están sondeando una alianza sin principios para apoyar al centro oficialista en el caso de que Alemán salga favorecido en la primera ronda de votaciones. Están decididos a impedir que Alemán llegue al gobierno y para esto necesitan que Lacayo pueda participar en los comicios o, en su defecto, la propia Presidenta para un nuevo período. Su lema es: "Como Alemán, nada será peor". Todo esto ha hecho recapacitar a Lacayo, en el sentido de volver a vender la idea de que doña Violeta que tiene una mejor posición que él en las encuestas se reelija para otro período presidencial. Para ello, le es necesario también vadear los escollos interpuestos por las reformas, cosa que hasta ahora ha hecho simplemente ignorándolas y desobedeciéndolas.

El primer paso: las reformas

A pesar de sus innegables éxitos, la administración Chamorro ha tenido un desempeño muy limitado, al inmovilizarse en el corsé presidencialista, al lograr la estabilización sin reactivación y al mantener una gran insensiblidad social ante el mar de pobreza en que se ahogan las capacidades productivas de la población. Dentro del actual esquema de libre mercado y de democracia restringida, la sociedad debe impulsar una mayor regulación del mercado y una ampliación de la democracia. Hay que cambiar, pero para mejorar.

Esto no puede hacerse manteniendo el inmovilismo del sistema político presidencialista. El primer tímido paso para un cambio se ha dado con las reformas a la Constitución. Y pese a su timidez, este paso ha estremecido las rígidas columnas del sistema político. Los cambios efectuados contienen avances importantes en la institucionalización del país, pese a que se centran aún en los aspectos formales del proceso de democratización, sin que se recoja la esencia de los avances participativos logrados por la población en la década revolucionaria.

Encerronas y pactos

Con todo, las reformas son un paso correcto para democratizar el sistema político y balancear mejor los poderes del Estado. El problema de las reformas no es de iure, sino de facto: al producir en un acto legislativo modificaciones en la correlación de fuerzas, mediante una redistribución de las cuotas de poder en el sistema político, esto ha enfrentado la resistencia de un Ejecutivo que se aferra a sus prerrogativas. Y tanto los diputados como los partidos que apoyan las reformas constitucionales, no han seguido el consejo dado por el Cardenal Obando, en el sentido de tener "la garra" suficiente para hacer prevalecer las reformas mediante el apoyo popular. Han preferido el camino menos arduo pero más peligroso de las "encerronas" políticas y de los pactos de caballeros sin caballeros que los cumplan.

No se apoyan en lo justo de las reformas para convocar a la población a una lucha cívica, tal vez porque piensan que esto polarizará al país. Desgraciadamente, muchos aspectos positivos del proceso de aprobación de las reformas se desdibujan con esta actitud. Las reformas constituyen una modernización necesaria del Estado, institucionalizando la democracia formal y representativa, haciendo más transparente la gestión pública y ampliando al Legislativo el control de las decisiones económicas y de las negociaciones internacionales.

Un método peligroso

Lo más importante de las reformas es que cambiaron el juego político, encontrando un núcleo de consenso jamás visto en la arena política nacional. Este consenso puede permitir el tratamiento de temas tan espinosos como el de la propiedad y la privatización, como ya permitió la aprobación del Código Militar. Esto trae cierto grado de distensión política y hace que se puedan hoy sentar a negociar personalidades e instituciones que en la víspera no pisaban la misma acerca.

Seguir jugando con el viejo método cupular es peligroso y puede llevar al país al borde de la catástrofe social y política, en caso de un nuevo pacto, a lo kupia kumi. Aún si se tratara únicamente de una retórica atemorizante para lograr mejores golpes de mano en la mesa, éste es un juego letal. Se vulneran así las escasas oportunidades de reanimación de la economía que 1995 ofrece a este desventurado país.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Violeta contra el tiempo

Nicaragua
Frijol mungo: entre la fe y la esperanza

México
Se estrechan los ciclos de las crisis

Guatemala
El caso Bámaca: un escándalo descomunal

Haití
Preguntas candentes, tareas pendientes

El Salvador
A balazos contra los acuerdos de paz

Panamá
¿Se irá "el caimán" en el 2000?

Honduras
Los generales en sus laberintos

Internacional
Copenhague: ¿éxito potencial de un fracaso?

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web