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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 156 | Enero 1995
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Honduras

Ya hay luz pero persisten tinieblas

¿Dónde están los desaparecidos? ¿Y sus ejecutores? ¿Quedarán impunes los delitos? ¿Cómo se desarrolla un país tan empobrecido? ¿Cómo mejora la vida de los trabajadores? Son tinieblas que siguen ensombreciendo a Honduras.

Mario Posas

Cumpliendo lo prometido, el 14 de diciembre "se hizo la luz" en Honduras. El Presidente Reina oprimió el botón que restauró el servicio de energía eléctrica en todo el país y dio por concluido el severo racionamiento eléctrico hasta de 14 horas diarias en su peor momento , que se había iniciado, para desesperación de los hondureños, en el mes de febrero.

"Hágase la luz"... que será más cara

En el acto de devolver la luz, Reina pronunció un discurso en el que reconoció que "la gran víctima de la crisis energética ha sido el noble pueblo hondureño que durante diez meses se vio sumergido en las tinieblas, teniendo que enfrentar una serie de problemas por la falta de energía, que tantos sacrificios ha costado." Jerónimo Sandoval, gerente de la estatal empresa de energía, garantizó que el país no volvería a sufrir un racionamiento similar al de 1994 y que aunque el nivel de la represa Francisco Morazán tardaría varios años en recuperarse, la demanda sería cubierta con energía producida por plantas térmicas.

Habló también Adolfo Facussé, Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reconociendo que nunca creyó que el racionamiento concluyera en la fecha anunciada por el gobierno. "Me alegro dijo de haberme equivocado, ya que este acto viene a restablecer la confianza del sector productivo". Facussé estimó en unos 120 millones de dólares las pérdidas que había experimentado el sector empresarial durante el racionamiento eléctrico de 10 meses.

Que en los próximos años la generación de energía tenga que depender más de las plantas térmicas que de la represa hidroeléctrica significa reconocer dos hechos fundamentales.El primero, el fracaso de la inversión de 700 millones de dólares que costó la construcción de una represa que se decía garantizaría el abastecimiento de electricidad por lo menos hasta el año 2000.

El segundo, el encarecimiento del fluido eléctrico al estar generado por plantas térmicas. Ya se ha anunciado que la tarifa eléctrica deberá ser incrementada en por lo menos un 24.5% para compensar el gasto de combustible que se requiere para las plantas térmicas. Y se calcula que la factura petrolera del país se incrementará en unos 500 millones de lempiras por este aumento en el gasto de combustible.

Los consumidores y el COHEP se han pronunciado en contra de los aumentos de las tarifas eléctricas. Facussé señaló que en Honduras son 3 veces más altas que en El Salvador, lo que conspira negativamente contra la capacidad competitiva del empresariado nacional. La falta de explicaciones precisas sobre las plantas térmicas ha llevado a muchos a dudar que la crisis energética se haya resuelto de forma permanente. Pero el Presidente Reina sostuvo enfáticamente que en 1995 Honduras "tendrá luz los 12 meses y los 365 días".

Aparece un desaparecido

También se empieza a hacer alguna luz sobre otras "tinieblas" nacionales. El 18 de diciembre, los restos de Nelson MacKay fueron extraídos de una fosa clandestina encontrada a orillas del río Goascorán, cerca de la frontera con El Salvador. MacKay, un joven licenciado en ciencias jurídicas, es el primero de la lista de 184 personas desaparecidas durante la década del 80 cuyo cuerpo ha sido rescatado de una tumba anónima.

En sus años universitarios, MacKay militó en un frente estudiantil de derecha. Su captura y desaparición parecen estar ligadas a que fue testigo presencial de la captura y desaparición de otra persona y a que reconoció a los captores. Los restos de MacKay secuestrado y ejecutado el 21 de febrero de 1981 permanecieron enterrados en una tumba ignorada por sus familiares y por la justicia durante más de 12 años. Un grupo de antropólogos forenses contratados por la Fiscalía para los Derechos Humanos adscrita al Ministerio Público desenterraron a MacKay. Fue identificado con la colaboración de su familia. Estos mismos antropólogos habían desenterrado en junio otros seis cadáveres en otro cementerio clandestino. Al principio se pensó que alguno de ellos pertenecería a alguno de los 184 desaparecidos, pero no fue así.

¿Los responsables?

La exhumación del cadáver de MacKay volvió a poner sobre el tapete de la discusión nacional, la tenebrosa cuestión de los desaparecidos. Hace unos años, el entonces Coronel Leonidas Torres Arias, encargado de la inteligencia militar, puso al descubierto, en una comparecencia pública en México, la trama de las detenciones y ejecuciones sumarias que estaba realizando el escuadrón de la muerte, adscrito al Ejército Nacional conocido con las siglas 3 16. Torres Arias sostuvo que el cerebro gris de esta operación era el entonces Jefe de las Fuerzas Armadas, el tristemente célebre General Gustavo Alvarez Martínez, que había creado oficialmente el 3 16 en enero de 1984.

Torres Arias involucró también en esta trama al actual Coronel Alexander Hernández, a quien responsabilizó personalmente de la detención y ejecución de Mackay. Hernández ha hecho una carrera de ascensos en la Fuerza Armadas, a pesar de la férrea oposición de los organismos de derechos humanos, que en los últimos años lo han acusado reiteradamente de haber estado directamente relacionado con el 3 16. Ahora, Torres Arias fue llamado a declarar ante las autoridades judiciales nacionales. En su declaración, reiteró sus acusaciones contra el ya fallecido Alvarez Martínez, a quien responsabilizó de haber sido el verdadero culpable de la larga noche de los desaparecidos durante la fatídica década del 80. Pero esta vez se abstuvo de involucrar a Alexander Hernández, quien, al parecer, tampoco fue llamado a declarar.

Una página negra

En materia judicial no se logró esta vez ningún resultado concreto. Sin embargo, el tema volvió a ser objeto de debate público y seguramente, volvió a quitarle el sueño durante algunos días a los ejecutores. Los hechos sirvieron para mostrar la falta de voluntad política del gobierno para empezar a hacer luz sobre este oscuro asunto que aún mantiene en zozobra a miles de personas que reclaman los cuerpos de sus seres queridos y el castigo para los culpables.

Tuvo razón Leo Valladares, Comisionado de los Derechos Humanos, al sostener que la forma en que fue tratado el asunto en esta ocasión sólo sirvió para mostrar el profundo temor que aún tienen las autoridades gubernamentales y la justicia hondureña para actuar con eficacia en un caso que involucra a los cuerpos paramilitares del ejército hondureño que, aunque ha perdido algo de su protagonismo en la sociedad, está lejos de haber dejado de ser un factor de poder y de decisión.

DNI: sombrío historial

Tratando de diluir la responsabilidad del ejército hondureño en la cuestión de los desaparecidos, el General Luis Alonso Discua, Jefe de las Fuerzas Armadas, declaró públicamente que se trató de "una política de Estado que se implementó en los años 80", tratando de trasladar la responsabilidad al régimen del ex Presidente Suazo Córdova (1982 1986), durante el que desaparecieron la mayoría de los 184 desaparecidos. En tono de disculpa y justificación, Discua agregó que los desaparecidos fueron "una página negra en la historia de los 80, producto de la implantación de una política de seguridad nacional que fue impuesta". Discua es acusado de haber sido el primer jefe del escuadrón 3 16.

La Dirección de Investigación Criminal (DIC), nueva policía judicial que viene a sustituir a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) desaparecida en junio/94 , comenzó a operar oficialmente el 23 de enero. La DNI que estaba bajo la tutela del ejército hondureño fue un cuerpo de investigación policial célebre por haber hecho de la tortura el método por excelencia de su trabajo. Durante la década de los 80, la DNI fue también una policía política al servicio de la "seguridad nacional". Se le ha acusado de haber participado activamente en la captura y desaparición de personas durante aquellos años. Al disolverse, rodeaban a la DNI una nube de acusaciones por haberse convertido en un refugio de delincuentes y asesinos a sueldo. Al pasar a retiro, algunos de sus miembros han sido reclutados por la Fuerza de Seguridad Pública (FSP) el principal cuerpo policial del Estado y otros fueron licenciados en forma definitiva. Se ha sugerido que varios ex agentes de la DNI estarían activamente involucrados en la ola de asaltos a mano armada en bancos, negocios comerciales y residencias privadas que ha venido asolando el país.

Hacer luz sobre el delito

En el acto de instalación de la DIC participaron los más altos funcionarios del gobierno. El Director de la DIC se comprometió ante la nación a no autorizar jamás la tortura como método de investigación. La DIC está adscrita al Ministerio Público, que preside el Fiscal General Edmundo Orellana Mercado. Según lo establecido por la ley, dentro del proceso de desmilitarización del Estado, Orellana nombró a un civil para ocupar la dirección de la DIC. Durante bastante tiempo los militares cabildearon para que la ley se modificara y así poder optar a este cargo. No lo consiguieron. Ahora, la Asamblea Legislativa está modificando la Constitución del país para traspasar la Fuerza de Seguridad Pública (FSP) de manos militares a manos civiles. También es parte del actual debate la reducción de los efectivos del ejército y el incremento de los efectivos policiales.

Con todas estas señales, los militares se van haciendo a la idea de que el nuevo papel de la policía es un hecho irreversible, un símbolo de los nuevos tiempos en los que tienen que acostumbrarse a vivir. La DIC comienza a funcionar en un momento en que la población vive alarmada por una creciente ola de delincuencia. Las principales arterias de Tegucigalpa y San Pedro Sula quedan desiertas desde primeras horas de la noche por temor a los asaltos o a los asesinatos y la gente se refugia en sus casas, protegidas por barrotes cada vez más altos. Ahora, la ciudadanía confía en que la DIC contribuya a reducir los márgenes de impunidad que con la DNI disfrutaron los ladrones y los criminales. Sin embargo, todos están convencidos de que un cierto margen de seguridad ciudadana sólo empezará a ser garantizado con la desmilitarización y profesionalización de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), que es realmente el principal cuerpo policial del Estado.

Reajuste salarial

Desde que Carlos Reina asumió la presidencia del país en enero/94, el movimiento sindical le presentó la demanda de un reajuste salarial que compensara la pérdida del poder adquisitivo de los salarios con la devaluación, la inflación, la especulación y la política de relativo congelamiento salarial mantenida por el anterior gobierno de Callejas.

Reina prometió a los trabajadores que les cumpliría. Posteriormente, empezó a coincidir con el sector empresarial, afirmando que no podía honrar su promesa porque se lo impedían las leyes. Pero a finales de 1994, Reina se abrió de nuevo a la posibilidad de concretar un reajuste de salarios a través de una concertación entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores organizados.

El 19 de enero, el Presidente se reunió con los principales líderes de las centrales sindicales, que le reiteraron su demanda salarial y le solicitaron también una política de estabilización económica que garantice que no sigan subiendo los alimentos básicos y que no aumente ni la tarifa del transporte urbano ni la tarifa eléctrica. El Presidente les pidió un plazo de 15 días para darles una respuesta. En forma paralela a estas conversaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Salud (CNTS) que aglutina a todos los sindicatos de los trabajadores sanitarios exigía un reajuste salarial del 100%.

El Ministerio de Salud inició negociaciones con la CNTS, ofreciéndoles un incremento salarial mucho más moderado. La CNTS rechazó la propuesta y presentó una nueva reajuste del 50% , amenazando con una huelga general en todos los hospitales y centros de salud.

Huelga en Salud

Ante la crisis, el gobierno apostó por la fuerza y emitió un decreto leído en cadena de radio y televisión hacia la media noche del 23 de enero en el que prohibía las huelgas en el sector público. La CNTS no se amilanó y la huelga general de los trabajadores de la salud se inició en la mañana del 24 de enero. Impulsó a los trabajadores de la salud otro decreto gubernamental, leído a la par, en el que se ordenaba un inmediato aumento de la tarifa del transporte urbano, que pasó de 25 a 60 centavos de lempira los días laborables y a 90 centavos los domingos. Esta decisión gubernamental responde al FMI, que ha estado exigiendo la eliminación del subsidio al transporte.

Compromisos con el FMI

El FMI ya tiene más espacio en Honduras. Por fin el gobierno firmó la carta de intenciones con el Fondo el pasado 7 de diciembre. La demora en la firma con el FMI mantuvo al gobierno Reina en una especie de limbo financiero durante todo su primer año de gestión.

¿Cuales fueron las condiciones pactadas con el FMI? El gobierno se comprometió a lograr una tasa de crecimiento económico del 4.5% anual, a reducir el déficit fiscal a un 4% en 1995 (el gobierno se encontró un déficit del 11%) y a reducir la tasa de inflación a un 5% al finalizar 1997. (En 1994 la inflación fue del 28.5%).

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno asumió el compromiso de ejecutar la decisión del Congreso Nacional que establece reducción del personal y gasto estatal en un 10% en 1995. El gobierno confía también en que el nuevo Código Tributario que debe aprobar este año el Congreso Nacional le ayudará por la vía del aumento de los ingresos a la reducción del déficit fiscal. A este propósito debe contribuir además lo que eufemísticamente se ha denominado "la adecuación de tarifas y costos de producción", que en la práctica significa el aumento en las tarifas de agua, luz y teléfono. El gobierno se comprometió también a nivelar las tasas de redescuento del Banco Central de Honduras con la tasa de interés del mercado y a privatizar la empresa estatal de telecomunicaciones HONDUTEL y los fondos de pensión de los empleados estatales.

Otros compromisos con el FMI son: hacer del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) un banco de crédito para el pequeño productor, excluyendo de la cartera de ese banco a los medianos y grandes productores y dar más cabida a la iniciativa privada en el transporte por carretera y en el ferroviario, que ha sido hasta hace muy poco monopolio estatal. Son también compromisos adquiridos el rediseñar el subsidio al transporte urbano para que "sólo participen en él los sectores menos pudientes", el cumplir con las condiciones del GATT, el eliminar los sobrecargos a la importación de mercancías y el mantener una política de liberalización de precios a nivel interno y de libre comercio y de pagos a nivel internacional. Con todos estos compromisos, el gobierno crea las condiciones para que fluyan nuevos créditos al país y lo que ha presentado como el mayor logro Honduras estaría ante la eventual condonación de unos 700 millones de dólares de su deuda externa con el Club de París.

Reina ha asegurado que tras la firma con el FMI se inicia para el país una etapa de crecimiento económico. Pero la realidad es que el país atraviesa por una situación social muy difícil.No han sido sólo los trabajadores del sector salud. Los trabajadores de HONDUTEL también exigen incremento salarial y amenazan con la huelga. El gobierno deberá dar a todos los trabajadores una respuesta que sea coherente con sus demandas.

La falta de una firme decisión política para crear las bases de un pacto social que logre mejorar el nivel de vida de los trabajadores y moderar el afán especulativo de empresarios y comerciantes ha colocado al gobierno en una precaria situación de legitimidad social al cumplir en enero su primer año de vida.

Al apagar la única luz de este su primer cumpleaños, el balance no es tan feliz.

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LESLY: DE LA MAQUILA AL CONGRESO

En septiembre de 1994, una joven hondureña de 15 años, Lesly Rodríguez Solórzano, viajó a Washington para participar en una audiencia auspiciada por un Comité del Senado de los Estados Unidos. A su lado estaban miembros del Comité Nacional Laboral estadounidense (National Labor Committee). Lesly llegó a dar testimonio sobre el trabajo de las menores de edad y las violaciones de los derechos laborales y de las mujeres en las empresas maquiladoras de Honduras. Su experiencia le permitió hablar por todas las trabajadoras de la maquila de Centroamérica y el Caribe.

Como resultado del conmovedor testimonio de Lesly y de un video del NLC que documentaba estos abusos, el Presidente Clinton se vio obligado a suprimir de la legislación del GATT el Interim Trade Program (ITP) (Programa Interino de Comercio). Este programa concede a las maquiladoras de la región que exportan hacia el mercado estadounidense y que en su gran mayoría son norteamericanas y coreanas una exención de tarifas de más de 160
millones de dólares al año.

Las empresas resintieron el golpe de la decisión de Clinton. Era la primera vez que perdían un privilegio por violación de derechos laborales. Lo sucedido fue una gran victoria, de la que apenas se informó. Actualmente, las empresas maquiladoras están presionando insistentemente para que el Congreso norteamericano les otorgue nuevamente exenciones tarifarias al amparo del ITP. Pero en este momento, y gracias al proceso iniciado con el testimonio de la hondureña Lesly, los 450 mil trabajadores de las maquilas centroamericanas y del Caribe se encuentran en ventaja para exigir el respeto a sus derechos humanos y laborales.

Durante febrero y marzo, el proyecto de ley para la eliminación de tarifas puede llegar a votación al Congreso norteamericano. Pero si los derechos laborales se siguen violando, el NLC podría actuar de nuevo. Esto es lo que las empresas más temen, pues el 95% de la producción de las maquiladoras de la región se exporta a los Estados Unidos. Algunas de las empresas más conocidas en la manufactura de ropa, con maquiladoras en la región son: J.C. Penney, K Mart, Liz Claiborne, Osh Kosh B'Gosh, Van Heusen, Wal Mart, Sears, Levi Strauss y Fruit of the Loom.

En 1992, el NLC logró la aprobación de una enmienda constitucional que condiciona cada centavo de asistencia al extranjero al respeto a los derechos laborales. Si se violan los derechos laborales en cualquier proyecto que recibe asistencia norteamericana, todo financiamiento tiene que ser suspendido inmediatamente hasta tanto se arregle la situación. La Ley de Comercio de los Estados Unidos establece estos derechos laborales: derecho a la libre asociación, a la organización sindical, a la negociación colectiva, a no ser sometido a trabajos forzados, prohibición del trabajo de menores y condiciones de empleo aceptables respecto a salarios, horas de trabajo y salud y seguridad en el empleo.

Para cualquier denuncia sobre violación a los derechos humanos en cualquier maquila de la región, llame por cobrar a:

National Labor Commitee
15 Union Square West. New York, NY 10003
Telefóno: (212) 242 0700 Fax: (212) 255 7230
En español: Barbara Briggs: extensión 580
y Ralph Rivera: extensión 577
En inglés: Leslie Ward: extensión 584

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