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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 156 | Enero 1995
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Guatemala

El proceso de paz empieza a descansar en paz

El proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno ya pasó a un segundo plano. La pregunta del año ya no es cuándo se firmará la paz sino quiénes serán los candidatos en las próximas elecciones.

Trish O' Kane

El año empezó en Guatemala con la toma de posesión del genocida ex general Efraín Ríos Montt como presidente del congreso. Algunos analistas minimizan el hecho, apostando a que en un Congreso, famoso por sus niveles de corrupción, el General como muchos de sus antecesores se desgastará rápidamente. Sin embargo, la rosca de asesores y familiares que rodean a Ríos Montt tiene claras intenciones de utilizar su actual cargo en el Legislativo para lanzar su candidatura a la Presidencia a fines de 1995.

Alianza con el General: qué hay detrás

"La gente ha cuestionado que el General pueda ser Presidente de la República. Pero ya es el Presidente de uno de los tres poderes del Estado, con más jerarquía probablemente que el Presidente de la República, porque el Congreso controla el presupuesto nacional y fiscaliza al Ejecutivo", resalta Juan Fernando García Bravatti, yerno de Ríos Montt y uno de sus más importantes asesores. Y añade enfáticamente: "En este momento, el General es el único de quienes encabezan los tres poderes del Estado Congreso, Corte, Presidencia que fue elegido directamente por la población en una elección. Y en esta elección, fue el diputado con el mayor número de votos. De hecho, el General ya está dirigiendo el destino de la nación."

La victoria de Ríos Montt en el Congreso fue fruto de una alianza política con la Democracia Cristiana (DC). La centrista DC, partido tradicional que hace unos años obtuvo mucho apoyo de la población, sufrió un notable desgaste durante el mandato del democristiano Vinicio Cerezo, caracterizado por la corrupción. En agosto de 1994, el partido salió muy mal parado en las elecciones legislativas. Con una minoría de diputados frente a los que obtuvo el derechista partido ríosmonttista Frente Republicano de Guatemala (FRG) y del Partido de Avanzada

Nacional (PAN),la DC se vio obligada a hacer una alianza táctica con alguno de estos otros partidos para obtener una cuota de poder. Y apostó por el General. La DC fue premiada con una cuota de poder considerable en la directiva del Congreso, teniendo en cuenta el escaso número de diputados que tiene.

La alianza DC FRG provocó divisiones en la DC y especulaciones sobre sus alcances. El dirigente democristiano Alfonso Cabrera afirmó que la alianza podría ir más allá del Congreso y que la DC pensaba apoyar la candidatura presidencial del General Ríos Montt, declaraciones que sembraron de comentarios el terreno político nacional.

¿Dividir a la derecha?

Existen dos teorías para explicar el insólito romance político DC FRG. Algunos lo achacan simplemente a la realidad de que "la política es sucia" y la DC apoyará al candidato con más posibilidades de ganar, genocidio aparte. Otros aunque creen también que la política es sucia opinan que el futuro apoyo de la DC a la candidatura de Ríos Montt es parte de una estrategia para dividir a la derecha.

Según la actual Constitución, Ríos Montt no puede ser candidato presidencial porque en 1982 llegó al poder por un golpe de Estado. Si él no participara, el PAN sería el partido de derecha con más posibilidades de ganar y la derecha sólo tendría un candidato fuerte. Pero si con el apoyo de la DC el General logra cambiar la Constitución, los votos de derecha se dividirían entre dos candidatos. En este escenario, la DC saldría al final con un tercer candidato "sorpresa" de centro izquierda.

Todavía es muy pronto para predecir cuál será el desenlace de este drama pre electoral. Las elecciones serán a finales de 1995 y aún no hay candidatos oficiales. Lo que sí hay ya son hechos que sustentan la teoría sobre el juego al que estaría apostando la DC.

En diciembre, el obispo Rodolfo Quezada Toruño -ex mediador entre la URNG y el gobierno en el proceso de paz, que jugó un importante papel como Presidente de la Asamblea de la Sociedad Civil declaró públicamente que la DC le había ofrecido ser su candidato a la Presidencia. Quezada sería un candidato ideal en términos de simbolizar la reconciliación y la entrada a una etapa de post guerra pero, naturalmente, rechazó la oferta por sus compromisos eclesiásticos.

La paz en paz descansa

"En la medida en que se caliente el proceso electoral se comerá al proceso de paz. Las elecciones serán lo más relevante en la esfera política y la negociación pasará a ser secundaria. ¿Querrán las partes culminar un proceso en tales condiciones de subordinación?" se preguntaba el analista Danilo Rodríguez en el diario Sigloveintiuno.

De hecho, el proceso de paz ya pasó a un segundo plano. El interrogante del año ya no es cuándo se firmará el acuerdo de paz sino quiénes serán los candidatos a la Presidencia. "Si la candidatura de Ríos Montt es una posibilidad real, eso va a entorpecer el proceso de paz comenta la activista y analista Helen Mack ¿La URNG va a querer firmar un acuerdo con Ríos Montt Presidente, siendo él el arquitecto de la política de tierra arrasada, el creador de las patrullas civiles y de los fueros especiales que mataron a tanta gente? Lo dudo".

Con o sin campaña electoral, desde octubre las pláticas siguen empantanadas en el punto de la identidad y derechos del pueblo indígena. Desde esas fechas, ambas partes han estado tratando de "bailar" con la ONU, cada una a su estilo y ritmo, pero sin lograr ningún avance concreto. "La comunidad internacional está decepcionándose por la falta de resultado y existe cansancio en el cuerpo diplomático comenta un diplomático europeo . El ejército sólo cambia su fachada. Matan a Jorge Carpio hace un año y medio y no pasa nada. Matan al Presidente de la Corte de Constitucionalidad y no pasa nada. Es evidente que no tienen un interés sincero en cambiar. Y este país no lo puedes cambiar desde afuera. Si llega la paz, será una paz impuesta por la comunidad internacional, pero los acuerdos no se van a cumplir".

La situación es particularmente desesperante para la ONU, que ya instaló su misión de verificación en Guatemala, la MINUGUA. Pero hoy, y a juzgar por declaraciones de altos funcionarios de la ONU, parece que les interesa más un éxito político que cambios reales y de largo plazo tratándose de un país tan complicadamente engorroso como Guatemala. A pesar de todo, Boutros Ghali, Secretario de la ONU, afirmó en enero: "Los esfuerzos de paz de la ONU han tenido éxito en otros países de América Central y no hay ninguna razón por la cual no puedan tener también éxito en Guatemala".

No cesan las muertes

Algunos pensaron que la presencia de MINUGUA significaría, al menos, un descenso en el número de cadáveres baleados y torturados que llenan a diario la morgue de la capital. Pero no ha sido así. El año empezó con el asesinato a tiros de un fiscal del Ministerio Público entidad bajo asedio porque investiga el caso Carpio y otros y con el ametrallamiento de otro catedrático de la Universidad de San Carlos. Abner Esaú Avendaño, profesor de historia, había recibido amenazas de muerte en 1992 por una investigación que hizo sobre el movimiento estudiantil en los años 60. Avendaño optó por quedarse en el país y después de un tiempo las amenazas cesaron. Ahora es un nombre más en la lista de asesinados.

En enero hubo también una verdadera epidemia de secuestros, según funcionarios de seguridad del gobierno. Muchas familias de las víctimas tanto de la élite empresarial y política como activistas de organizaciones barriales y populares han optado por mantener el silencio, con la esperanza de poder negociar con los secuestradores. Una fuente con mucha experiencia en seguridad atribuyó los secuestros al arranque de la campaña electoral, señalando que "es tradición" el incremento de la violencia en estos períodos. Según esta misma fuente, más de un partido político ha financiado con secuestros sus campañas en otros tiempos.

Monseñor Próspero Penados confirmó esta hipótesis al declarar a la prensa local que "la violencia de los recientes días es condenable por dolorosa, aunque siempre se presenta ante la proximidad de algún evento electoral, pero en especial el cercano, pues se busca favorecer la figura de un precandidato presidencial", aunque el arzobispo no quiso especificar a cuál "precandidato" podría beneficiar esta violencia.

El Ladagate

El presidente Ramiro de León Carpio empezó el año haciendo dos cambios llamativos en su gabinete de seguridad. Cambió al controversial Ministro de Gobernación, Danilo Parrinello, y al temido Viceministro de esta cartera, Coronel Mario Mérida, experto en inteligencia militar, que fue reemplazado por un civil. Aunque estos cambios podrían ser una señal esperanzadora de que habrá un gradual proceso de desmilitarización, expertos en derechos humanos afirman que Parrinello y Mérida dejaron toda una estructura que no será fácil de desmantelar.

Parrinello fue sustituido por Carlos Reynoso Gil, abogado de prestigio y de línea más moderada. La justificación para su cambio posterior al de Mérida fue un escándalo de corrupción que estalló a fines de 1994 por la compra que hizo el Ministerio de más de 255 radiopatrullas marca Lada. Miembros del sindicato de trabajadores públicos acusaron al Ministro de haber sobrevaluado estos vehículos y el sindicalista que hizo la denuncia pública empezó a recibir enseguida amenazas de muerte, teniendo que recurrir a organizaciones de derechos humanos para proteger su vida.

Según analistas, el Ladagate sólo fue el pretexto que el Presidente necesitaba para sacar a Parrinello. Los días del ministro estuvieron contados desde hace tiempo por las numerosas violaciones de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad bajo su mando. Según una fuente muy confiable, el primer gran error de Parrinello fue mentir en agosto al Presidente en el caso de la finca La Exacta, donde los antimotines dieron una salvaje golpiza a los trabajadores agrícolas, matando a dos e hiriendo a once. Parrinello justificó el hecho argumentando que los trabajadores estaban armados y que había varios policías heridos en un hospital. Pero quienes trataron de verificar esto descubrieron que Parrinello había presionado a varios médicos para que mintiera sobre los policías heridos. La gota que rebasó el vaso fue la muerte de un universitario en los disturbios de noviembre/94, cuando las cámaras de la televisión divulgaron imágenes de los policías disparando contra los estudiantes y pateando brutalmente al que después murió.

Aunque los cambios en Gobernación son positivos, lo más llamativo es la diferencia de tratamiento que se dio al ex Ministro civil Parrinello y al ex Viceministro militar Mérida. Este volvió a ocupar un importante puesto dentro del ejército y, a pesar de que era un secreto a voces que era él quien realmente mandaba en el Ministerio, nadie ha cuestionado su involucramiento en el Ladagate que llevó a Parrinello a la desgracia. "Porque Parrinello es un pobre diablo lo explica así un analista . El Presidente sacó a Mérida antes del escándalo para salvar la cara del ejército. Era necesario proteger a Mérida y sacrificar a los civiles porque Mérida es muy importante dentro de la institución armada".

En otros poderes del Estado ha habido también cambios, pero superficiales. Helen Mack que ha luchado para depurar y mejorar el sistema judicial es muy pesimista sobre los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Según Mack, varios son masones vinculados al ejército, sin interés en los derechos humanos. "La nueva Corte Suprema dice quiere construir su reputación en base a casos de corrupción de los anteriores jueces, pero no hay avances concretos y los jueces que dentro del sistema judicial han tomado decisiones a favor de los derechos humanos fueron trasladados al interior. Todo fue legal contratos nuevos, traslados , pero todo con un mensaje muy claro: `mira muchá, ¡hasta aquí no más!'". Según Helen Mack, casi 60 jueces fueron trasladados y 10 fueron despedidos. Varios de ellos habían estado recibiendo amenazas de muerte durante 1994.

Las maras asesinas

El 19 de diciembre, el sacerdote Alfonso Stessel, de origen belga, fue asesinado a cuchilladas y balazos por miembros de una mara (pandilla) en una colonia marginal de la capital, donde desde hace años trabajaba el cura. Stessel, de 65 años, regresaba de celebrar una posada navideña con sus feligreses. Algunos de ellos, que fueron testigos del crimen, descartaron el motivo del robo porque aunque Stessel llevaba dinero no se lo llevaron.

Voceros del gobierno calificaron el crimen como un hecho de "delincuencia común", pero la Iglesia no comparte este criterio. "Tememos que sea un asesinato político que podría tener algunas consecuencias", afirmó el arzobispo Próspero Penados, señalando que Stessel defendía a los pobres. "Esto es una persecución solapada y planificada contra la Iglesia Católica porque quieren acallar su voz", afirmó. Varios analistas creen que el uso de maras para enmascarar crímenes políticos es ya práctica común y que el asesinato de Stessel entra en ese esquema.

"En el caso de Jorge Carpio, el ejército utilizó a las patrullas civiles para matarle. En el caso del sacerdote belga, parece que alguien de las fuerzas de seguridad contrató a una mara. En el caso de Myrna Mack, utilizaron a Noel de Jesús Beteta, un ex marero y sargento del ejército. Están estos tres casos, y hay otros, que ilustran claramente cómo se utiliza a grupos paramilitares. En el caso de mi hermana se utilizó el aparato estatal para matar directamente, en el caso de Carpio fueron civiles organizados por el ejército. En el caso del sacerdote, civiles organizados en maras". Es la opinión de Helen Mack.

Para fabricar pobres

Poco después del asesinato de Stessel, otro sacerdote católico denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte. El padre Julián Bernardo Castro trabaja en una zona finquera donde los obreros agrícolas son explotados en condiciones infrahumanas que él ha denunciado, convirtiéndose en defensor de sus derechos laborales, Bernardo declaró a la prensa local que matones a sueldo habían sido contratados para eliminarlo y proteger los intereses capitalistas en el área. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, pidió al gobierno que protegiera al sacerdote, recordando que había sido testigo de lo ocurrido en la finca La Exacta en agosto.

A lo largo de 1994, por lo menos 14 sacerdotes fueron blanco de amenazas o fueron acusados en los medios por estar promoviendo invasiones de fincas. La mayoría de los casos tenían que ver con conflictos de tierra y se considera que las intimidaciones provienen de los finqueros. Además de estos ataques, Monseñor Penados afirmó que teme nuevos enfrentamientos religiosos entre católicos y evangélicos tras la llegada de Ríos Montt a la Presidencia del Congreso. "Es muy peligroso cuando un fanático religioso asume posiciones de poder, pues pierde la dimensión de las cosas dijo Penados, comparando a Ríos con el líder islámico Khomeini . Ojalá que la Iglesia no vuelva a sufrir nuevas afrentas del general Río Montt, como sufrimos en 1982".

EL 22 de diciembre, la Conferencia Episcopal de Guatemala habló de "otra" violencia, advirtiendo públicamente del peligro de un estallido social en 1995 como consecuencia de la creciente pobreza. Jorge Mario Avila, Presidente de la Conferencia Episcopal, criticó la riqueza ostentosa de un pequeño sector de guatemaltecos mientras más del 80% de sus compatriotas viven en la pobreza."Este es el fruto amargo que nos ha dado un modelo económico que verdaderamente parece organizado para fabricar pobres", dijo Avila.

Una de cal y otra de arena

A finales de 1994 se abrió otro capítulo en el juicio más notorio en la historia de Guatemala. El 20 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad determinó dejar abierto el caso de Myrna Mack, permitiendo que se enjuicie a los autores intelectuales del crimen: los superiores militares del asesino, Noel de Jesús Beteta. En 1993, Beteta fue condenado a 30 años de cárcel por haber asesinado brutalmente a la antropóloga Mack en 1990. Trece jueces diferentes, seis testigos exiliados y un investigador muerto fue el precio que la sociedad pagó para que un sargento del ejército fuera condenado en una sentencia sin precedentes históricos.

"Beteta sólo fue un engranaje en la maquinaria. Las reglas militares son muy claras y los superiores inmediatos son responsables por sus subordinados. El no podría haber matado a mi hermana sin recibir una orden," declaró entonces Helen Mack.

La más reciente decisión de la Corte ha sido una victoria para Mack, que desde la condena de 1993 ha luchado incansablemente para que los autores intelectuales sean juzgados. Pero se trata de una victoria parcial. Durante dos años Mack ha insistido también en que la Corte ordene al gobierno y al ejército entregar todos los documentos y archivos referentes al caso Mack. En diciembre el juez denegó esa solicitud.

"Una de cal y otra de arena dice ahora Helen Mack . Dicen sí a un juicio y no a la posibilidad de obtener evidencias vitales. Esta decisión debilita seriamente la posibilidad de elaborar un caso sólido. ¿Cómo puedo presentar un caso contundente si no tengo acceso a los documentos oficiales?" Expertos legales internacionales coinciden con esta opinión de Mack. Para poder probar que Beteta recibió una orden y que la inteligencia militar tenía un interés especial en Myrna y en su trabajo antropológico, es indispensable acceder a los archivos.

Los "méritos" militares

Tres días después de la decisión de la Corte sobre los archivos, el ejército premió a uno de los oficiales que era jefe de Beteta, a Juan Valencia Osorio llamado a declarar en el juicio en tres ocasiones, pero que nunca se ha presentado . Valencia Osorio ascendido a Coronel por "méritos" no sólo está involucrado en el caso Mack. Se le acusa también de haber manejado dentro de correos una oficina de espionaje, en la que durante años se abrió toda la correspondencia de políticos, activistas y periodistas. La oficina fue descubierta por el sindicato de correos en 1993 y mandada a cerrar por el entonces Procurador de Derechos Humanos Ramiro de León Carpio.

"El Ministro de la Defensa afirma que Valencia fue ascendido por méritos. ¿Qué clase de méritos? El ejército está premiando a oficiales que participaron en una guerra sucia. Esta promoción es una señal del apoyo del ejército a Valencia y un mensaje de que los militares no están preparados para la democracia", opina un analista. La práctica de ascender a oficiales involucrados en crímenes no es nueva en el ejército guatemalteco. El mismo día que se ascendió a Valencia, Luis Felipe Miranda también fue premiado, pasando de Coronel a General. Miranda está acusado de complicidad en la fuga de un reo, el Capitán Hugo Contreras, condenado en mayo de 1993 por haber degollado al norteamericano Michael Devine. Aquella sentencia también fue histórica: después de la condena de Beteta en febrero/93, era la segunda vez que un oficial militar era señalado como culpable de un asesinato político. Pero unas horas después de la decisión del juez, Contreras logró fugarse de la cárcel militar al mando de Miranda y sigue sin aparecer.

¿Borrar la historia?

Helen Mack tiene otras serias razones para ser pesimista en cuanto al nuevo juicio. Cree que la estrategia del ejército es prolongar el proceso legal, esperando que se declare una amnistía política para crímenes de guerra como pieza de las negociaciones entre la URNG y el gobierno. Según el nuevo Código Penal introducido en julio de 1994, en caso de amnistía se suspenden los juicios por crímenes políticos. A lo largo de 1994, el gobierno intentó en tres ocasiones proponer una amnistía de este tipo.

Según Mack, los militares guatemaltecos quieren copiar la estrategia de sus colegas salvadoreños, beneficiados por una amnistía y que no tuvieron que pagar por las atrocidades que cometieron durante la guerra.

"Si se da una amnistía bajo la bandera de la reconciliación y la paz, tratarán de borrar toda nuestra historia", dice Mack, que cree que en el momento en que se promulgara una amnistía en Guatemala, Beteta confesaría el crimen frente a un juez.
De hecho, Beteta, el reo más famoso de Guatemala, que ha intentado fugas, y el "suicidio" por lo menos una vez, ya confesó su crimen fuera de la Corte. En abril y mayo de 1994 y en un video clandestino hecho por un ex reo, Beteta admitió haber apuñalado a Mack."Yo soy el hechor material del asesinato de Myrna Mack dijo . Era un crimen político: ella era parte intelectual de la guerrilla y yo era un soldado cumpliendo mi deber".

Beteta negó después lo que había confesado en el video y dijo a los periodistas que algún día se entendería el porqué del asunto. Esta confesión y otras declaraciones cree Helen Mack son parte de un juego para aprovechar una futura amnistía y mientras tanto, para sacar del apuro al ejército, antes de que Beteta nombre al Coronel o al General que le dio la orden de matar a Myrna.

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