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  Número 216 | Marzo 2000
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Nicaragua

Primeros partos del pacto

El pacto ha sido el parto de una nueva coyuntura, pero aún es muy incierto el futuro de algunas de las "criaturas" nacidas de este parto. Los próximos meses mostrarán si crecen saludablemente

Equipo Nitlápan-Envío

La consumación del pacto Alemán-Ortega ha abierto una nueva coyuntura para el país. Aunque apenas se note. Como en todo cambio de escenario, no se da una ruptura total con el anterior. El guión de la obra en la que veníamos participando -o tan sólo siendo espectadores- sigue siendo el mismo. A pesar de las similitudes de la secuencia, el nuevo acto, el iniciado con los cambios institucionales y legales producto del pacto, tiene tonos diferentes. Es más dramático, más arriesgado, también más provocador. El pacto ha sido también un parto, aunque es incierto el futuro de las criaturas que parecen haber nacido de él.

Constriñendo al extremo las condiciones para la inminente participación electoral -noviembre 2000, elecciones municipales- el pacto ha provocado, en primer lugar, el realineamiento de todas las fuerzas políticas. De entrada, la Ley Electoral ha reducido drásticamente el número de opciones electorales y de partidos políticos, forzando a alianzas, acuerdos, expulsiones y adopciones.


Fichas tradicionales en un tablero reducido

En las "nuevas" opciones provocadas por las reformas electorales no existen muchas novedades. Dos banqueros -Haroldo Montealegre y Alvaro Robelo- se han unido bajo la bandera de Arriba la República (antes Arriba Nicaragua). Proponen dolarizar la economía, suprimir las aduanas y establecer el inglés como segunda lengua. Camino Cristiano -con quien los evangélicos se estrenaron en política y alcanzaron un tercer lugar en 1996- acogió en su seno como candidato a la alcaldía de Managua al sandinista expulsado del FSLN, Carlos Guadamuz. Surgió un nuevo partido evangélico -Movimiento de Unidad Cristiana- buscando guardar distancia de Camino Cristiano. Los conservadores, con Noel Vidaurre y Pedro Solórzano, sin renunciar a su bandera verde -aducen que 180 años de historia no se pueden arrojar por la borda- acogieron a los liberales del PLI y a un grupo de socialdemócratas. Los liberales disidentes del PLC buscan configurar una nueva opción bajo una insignia que los cobije. Y los conservadores fieles a Alemán -los de ALCON- obtuvieron personería jurídica. Es previsible que los 23 partidos que participaron en las elecciones de 1996 queden reducidos a cinco o diez como máximo.

No todas las opciones que se están realineando son antipactistas, ni todas las que lo son, lo son por las mismas razones. Aunque todas han quedado por fuera del pacto, dado el carácter bicaudillistamente excluyente que éste tiene. Mientras los excluidos se realinean, las pugnas en el PLC no se disimulan. Y continúa la crisis que paraliza y desangra desde hace años al FSLN, expresada en estas semanas en las amenazas de expulsión contra varios de los dirigentes que disienten del pacto y más especialmente, en las tensiones que acompañaron, en la mayoría de los municipios, la consulta popular interna del FSLN para la selección de candidatos a las elecciones municipales.


La tercera vía

En medio de todos estos movimientos de fichas conocidas sobre un tablero reducido por el pacto y con las nuevas reglas de juego férreamente cerradas, destaca, por más novedosa y más sensata, la alianza de "tercera vía" llamada Movimiento Democrático, de la que ofrece más información y detalles, en las páginas de este mismo número, una de sus forjadoras, la sandinista Dora María Téllez.

El Movimiento Democrático es el único grupo que ha iniciado el difícil camino de la participación electoral haciendo pública una renuncia (¿qué estamos dispuestos a perder como partidos para ganar como nación?), gesto noble y notable en un país donde, a pesar de lo dramático de la coyuntura, prevalece el oportunismo y la mayoría de los políticos, sin renunciar a jugar, no están dispuestos a perder nada, ni siquiera sus propios miedos.

El Movimiento Democrático es el único grupo que ha concretado la voluntad de integrar un abanico de intereses diversos y de políticos de distintos perfiles, aunque todos con el común denominador de su probada experiencia política -naturalmente no existe entre ellos ninguno con una trayectoria que no sea polémica para el resto del grupo y de la sociedad-. La "tercera vía" se presentó en sociedad decidida a unir los "vigores dispersos" en estos últimos 20 años de crisis y de rupturas superpuestas, que el país no ha asimilado y que le han provocado un prolongado estrés.

"Esta tercera vía es lo más parecido que he visto al Grupo de los Doce", comentó un observador, recordando aquella heterogénea alianza que entre 1978 y 1979 puso en jaque a la dictadura somocista. En la nueva alianza está presente el sandinismo, con su agenda, con sus principios y con su experiencia organizativa. No está en minoría. Está luchando por la democracia, mientras en la acera opuesta, el FSLN atenta contra ella. La presencia del sandinismo, que le da a la alianza el carácter de centro-izquierda, es un dato significativo. Porque el sandinismo es una fuerza totalmente indispensable para sacar a Nicaragua de esta crisis.


Consejo Supremo Electoral: primeros indicios

A este nuevo grupo de doce, o de más, al que ya han dado señales de sumarse el recién retirado Jefe del Ejército, el sandinista Joaquín Cuadra; el ex-Contralor y socialcristiano Agustín Jarquín; y la ex-Presidenta Violeta de Chamorro, no se le presenta nada fácil el camino. El Consejo Supremo Electoral les va a dificultar todo avance para su consolidación. Y si se consolidaran como alternativa real, es previsible que les juegue sucio.

Ya existen los primeros indicios de cuál será el proceder del nuevo CSE. La voluntad antidemocrática y excluyente del pacto bipartidista se ha trasladado al Poder Electoral, que ha empezado ya a actuar con la discrecionalidad que le garantiza la Ley Electoral reformada. El camino esperable en el Poder Electoral es, primero, ése de la aplicación discrecional de la Ley, y después el de la preparación del fraude. En caso extremo, y según vayan soplando los vientos, puede aparecer también la baraja escondida de la suspensión de las elecciones.

En las reformas al presupuesto enviadas por la Presidencia al Parlamento, no se incluye aún el presupuesto para las elecciones. Se desconoce quiénes serán los cinco nuevos magistrados que se integrarán al CSE tan sólo dos meses antes de que empiece la campaña electoral. Y fueron despedidos unilateralmente por las nuevas autoridades del CSE los directores de cartografía electoral y estadística y de cedulación, tareas estratégicas para garantizar una elección transparente.


¿Nueva conciencia política?

El pacto -del que ha surgido un Poder Electoral cuyos primeros pasos no auguran nada bueno- ha parido también una alianza de tercera vía inicialmente novedosa. Cerrando espacios, humillando la inteligencia, atropellando tantas cosas a la vez, ¿será uno de los partos del pacto una nueva conciencia política que apueste por fin a la honestidad, a la profesionalidad, a la tolerancia, a las instituciones y a la ley, poniendo todas estas poderosas herramientas democráticas al servicio de la causa de enfrentar el magno problema de la pobreza y de construir un verdadero proyecto de nación? ¿Será que ya aprendimos las tantas lecciones, negativas y positivas, de estos últimos 20 años?


ONGs en la mira

En diciembre, cuando el todavía Contralor Agustín Jarquín salió de la cárcel para ver cómo se consumaba el pacto Alemán-Ortega que desnaturalizó la Contraloría, Jarquín propuso un referéndum para ratificar o rechazar las reformas constitucionales derivadas del pacto. De inmediato, la idea fue secundada por otras instituciones y personalidades y se inició la recogida de 50 mil firmas para solicitar un plebiscito, utilizando así una de las vías de participación democrática contempladas en la Constitución.

Entre quienes iniciaron la recogida de firmas se encontraba Ana Quiroz, enlace nacional de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), instancia surgida tras la tragedia del Mitch para coordinar las acciones de unas 350 ONGs que desarrollan diversos proyectos por todo el país. La nacionalidad de origen (costarricense-mexicana) de Quiroz dio pie al Presidente de la República para reabrir uno de los primeros frentes de confrontación con que inauguró su mandato en 1997, el de ataque contra las ONGs.

Dos argumentos son los esgrimidos ahora, ambos antidemocráticos y anticonstitucionales. El primero afirma que las ONGs no pueden hacer política porque la exclusiva del quehacer -y también de la expresión de opiniones políticas- la tienen los partidos. Por lo tanto, se impone revisar el estatus jurídico de todas las ONGs. El segundo afirma que los extranjeros nacionalizados nicaragüenses no tienen derecho a hacer política ni a expresar opiniones políticas. Por lo tanto, se impone revisar su estatus migratorio.

Basado en estos argumentos, el gobierno inició una campaña de amenazas y descalificaciones. El Presidente acusó a las ONGs de ser "empresas burocráticas que negocian con la pobreza de los nicaragüenses", y dijo burlescamente que en Nicaragua es fácil hacer una ONG: "se reúnen cuatro pelagatos y se autoproclaman representantes de la sociedad civil". El Ministro del Interior, René Herrera, pidió con dureza a la comunidad internacional que exija cuentas a las ONGs, de quienes dijo "articulan sus demandas fuera de la ley" y se convierten en "alternantes" de los partidos políticos para "opinar contra el gobierno y desacreditar la democracia".

El gobierno ordenó al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hacer una auditoría a los casi 2 mil organismos que se califican como ONGs, centenares de ellos trabajando sin registro y sin personería jurídica. A la par, desató a través de uno de los escasos medios de comunicación que le son leales, una campaña destinada a cuestionar a las ONGs y a confundir a la ciudadanía sobre sus metas. "Los ONGs reciben mucho dinero a nombre suyo y usted tiene derecho a que le ayuden. Acuda a su ONG más cercano y plantéele sus mayores necesidades", proponía una cuña de Radio Corporación, mientras otros voceros del gobierno acusaban a las ONGs y a los "internacionalistas" que trabajan en ellas de haber introducido en Nicaragua malas costumbres y el libertinaje sexual...


Campaña política y pactada

Contra toda sensatez, la campaña contra las ONGs arreció. Y es previsible que no cese hasta obtener triunfos, si no todos los deseados, sí algunos de importancia. La campaña contra las ONGs no es jurídica, no tiene que ver con más o menos papeles en regla ni con personerías jurídicas legalmente adquiridas hace tantos o cuantos años. La campaña es política. Y en ella el FSLN acompaña, por acción o por omisión, al gobierno. Ambos grupos de poder desconfían de las ONGs viéndolas como una competencia fuera de control. Ambos grupos quieren eliminarlas completamente del terreno del juego.

El estilo de la ofensiva contra las ONGs lleva el sello del pacto: a quien quede o se ponga fuera del circuito del pacto se le decretará muerte legal. Y esto, aunque en la definición de las ONGs -asociaciones civiles sin fines de lucro- no se especifique que tengan que ser apolíticas. Aunque el gobierno haya tenido que compartir con las ONGs y con la propia CCER debates y decisiones que tienen que ver con políticas de Estado, y lo haya hecho tanto en Managua como en foros como los de los Grupos Consultivos post-Mitch en Washington y en Estocolmo. Aunque uno de los compromisos de Estocolmo haya sido precisamente que el gobierno dé participación a representantes de la sociedad civil en las decisiones nacionales. Aunque los fondos que reciben las ONGs -calculados en 100 millones de dólares anuales- descarguen al gobierno de muchas de sus responsabilidades sociales.


Ojos críticos, manos autónomas

Las ONGs no son, ni deben ser, ni en Nicaragua ni en ninguna otra parte del mundo, las representantes de la sociedad civil. Es cierto que entre las centenares de ONGs que existen hoy en Nicaragua, las hay constituidas sólo como cascarones burocráticos o como oficinas de servicios con una discutible lógica burocrática. Sucede con las ONGs lo que sucede con toda institución, con toda organización de la sociedad, con todo gremio profesional: en todos los terrenos crece el trigo junto con la cizaña y a veces no resultan distinguibles a primera vista.

La relación constructiva entre ONGs y sociedad civil organizada es aún débil en Nicaragua, y aún hay mucho camino por recorrer y muchos terrenos de debate y de discernimiento. El pacto Alemán-Ortega busca abortar ese proceso con una avalancha de animadversión contra las ONGs, orientada claramente a hacerlas desaparecer. Porque, aunque con vacíos y fallas, son uno de los pocos espacios autónomos que van quedando para la reflexión y la crítica, y potencialmente, para la organización del descontento y la indignación ciudadana. El gobierno liberal y el FSLN necesitan desembarazarse de los ojos críticos y las manos independientes de las ONGs.


¿Una nueva alianza social?

El pacto ha colocado a las ONGs ante un reto tremendo. Si no se defienden por todas las vías, también en la calle, con sus bases, acuerpadas con la gente, les pueden ir quitando, una a una, su personalidad jurídica y sus espacios de acción. Para defenderse necesitan de la gente con la que trabajan, para contar con esa gente necesitan superar años de asepsia política y de desvinculación de los movimientos sociales, y a veces hasta de la propia gente con la que trabajan. No podrán enfrentar el reto del pacto si continúan en esa ruta.

El pacto puede sacudir la despolitización o la politización light de las ONGs. ¿Habrá parido el pacto una nueva conciencia entre las ONGs, una nueva alianza social donde las ONGs -durante tantos años sirviendo a las comunidades, con el orgullo de su neutralidad política- se vinculen más al movimiento social?


Contraloría colegiada

Los primeros pasos del Consejo Supremo Electoral presagian un panorama electoral turbio. Lo mismo ha ocurrido con los primeros pasos de la Contraloría General de la República, la otra institución afectada más directamente por el pacto, al transformarse su dirección unipersonal en un colegio de cinco Contralores.

En el primer mes de actuación de la nueva Contraloría ha habido ya señales. El despido de algunos técnicos responsables de investigaciones estratégicas en marcha. La solicitud de la nueva Contraloría a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva rápidamente todos los recursos de amparo con los que altos funcionarios del gobierno enfrentaron en estos años los señalamientos de la Contraloría presidida por Jarquín, buscando dar por cerrados estos casos en un inaugural "borrón y cuenta nueva". La abierta declaración de la nueva Contraloría afirmando que no es de su competencia evaluar el proyecto presidencial destinado a reformar la Ley de Disposición de los Bienes del Estado, para elevar hasta un millón de dólares el valor de los activos estatales de los que puede disponer el Presidente de forma unilateral, sin contar ni con el Parlamento ni con la propia Contraloría. (Esta reforma tiene que ver con el desmantelamiento total del Area Propiedad de los Trabajadores).

Mala señal, sobre todo, el arrinconamiento a que el nuevo colegio de Contralores ha sometido al ex-Contralor Jarquín. A pesar de ser uno de los cinco contralores en el nuevo colegio, a Jarquín se le suprimieron todas sus funciones y se le descalifica públicamente, acusándolo de encabezar una gestión corrupta, mientras se mantienen pendientes sobre su cabeza juicios y recursos judiciales que podrían inhibirlo para ocupar cargos políticos.


Países nórdicos: corte de ayuda

Ante tan negativas señales, la comunidad internacional reaccionó de forma inesperada para el gobierno. Los países nórdicos -Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca- suprimieron por un año los tres millones de dólares que restaban por entregar al ente fiscalizador del Estado para su fortalecimiento institucional. La suspensión de este programa, iniciado en 1998, se debió -y así se le expresó a la nueva Contraloría- a su nueva estructura colegiada, decisión tomada en el pacto no por criterios técnicos sino como pieza fundamental de un discutible acuerdo político, que tiene como objetivo declarado la politización bipartidista de las instituciones del Estado, y como consecuencia no declarada, en el caso de la Contraloría, el ocultamiento o la mediatización de la corrupción de ambos grupos de poder.

Aunque la suspensión tiene carácter temporal -los países nórdicos observarán la evolución de la institución para decidir si restablecen o no la ayuda-, el mensaje resultó contundente. Y, aunque el monto de la ayuda suspendida no sea tan colosal, el corte es una significativa señal de alerta, teniendo en cuenta que la ayuda de los países nórdicos representa la tercera parte de toda la ayuda bilateral que Nicaragua recibe de los gobiernos del mundo.


¿Una más firme presión internacional?

¿Cuál ha sido la reacción internacional ante el pacto y las reformas institucionales que ha provocado? El embajador de Estados Unidos ha defendido pragmáticamente, explícita e implícitamente, el acuerdo bipartidista en nombre de la "estabilidad" nacional, que les resulta una pieza importante dentro de la estabilidad regional. Al poderoso vecino del Norte le preocupa únicamente la "inestabilidad" porque puede incrementar la emigración hacia Estados Unidos y las actividades del narcotráfico. Detener emigrantes y drogas: a eso ha quedado reducida la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica, hace sólo diez años la zona del continente que más parecía preocupar al imperio.

La visión de los europeos es más amplia y más estratégica. Y está abriéndose paso dentro de la política de los organismos financieros internacionales. Muy pocos meses antes de que se consumara el pacto Alemán-Ortega, los organismos financieros internacionales empezaron a converger con los donantes bilaterales -especialmente con los europeos- en condicionar la ayuda a Nicaragua a nuevos parámetros de gobernabilidad y transparencia. Esta convergencia aparecía como un elemento de presión significativo en medio de un panorama que se cerraba institucionalmente. La reacción de los países nórdicos es coherente con esta política.

¿Habrá parido el pacto una conciencia más firme en la comunidad internacional que colabore en poner frenos a los desmanes internos y, sin sustituir a la oposición nacional, contribuya a fortalecerla?


Las raíces económicas del pacto Alemán-Ortega

Todos saben ya que las raíces del pacto hay que encontrarlas en la defensa de las cuotas de poder económico de los dos grupos que pactaron y en la repartición entre ambos de tradicionales y nuevos espacios económicos.

Un ejemplo de los entretelones ya descubiertos del pacto económico está en la aprobación de la Ley de Privatización de la Seguridad Social, pactada entre ambos grupos. Esta ley injusta -cuestionada por empleadores y empleados, por jubilados y por trabajadores- va a transformar la seguridad en inseguridad y a descargar al Estado de su responsabilidad con ellos, y tiene como trasfondo la entrada al mercado de un nuevo y lucrativo negocio, el de las empresas privadas que participarán en la administración de los fondos de pensiones. En estas nuevas empresas hay capitales de dirigentes liberales y de dirigentes del FSLN.

Otra expresión de las motivaciones económicas del pacto se planteó en febrero, al proponer el Presidente, con el apoyo del FSLN, una reforma a la Ley de la Propiedad Urbana y Rural que Alemán había acordado con el FSLN en diciembre de 1997.

Según la reforma propuesta, las propiedades entregadas a los trabajadores durante el gobierno Chamorro, y que constituyen lo que aún se llama Area Propiedad de los Trabajadores (APT) serán tituladas, permitiéndoseles a sus dueños el cancelar las deudas que tienen pendientes en los próximos 20 años. Todo el mundo sabe que empresarios liberales y sandinistas demandan desde hace tiempo la titulación, en las actuales condiciones de extrema debilidad de esas empresas y de deudas -situación propicia a hipotecas, embargos estatales y aparición en escena de nuevos adquirientes- para poder adueñarse de estas valiosas propiedades.


Ley de Propiedad: precedente del pacto

El método bilateral y secreto con que fue elaborada la Ley de la Propiedad en 1997, y su mismo contenido, hacen de ella el antecedente del pacto hoy consumado. Entre los muchos problemas que se pretendía "solucionar" con aquella ley -apenas aplicada después- estaba el de las valiosas propiedades agropecuarias y agroindustriales del APT, objetivo hoy de la reforma. Para aquellas fechas, muchas de las empresas del APT estaban en quiebra, afectadas por la política económica y crediticia excluyente del gobierno Chamorro; y era ya evidente que la autogestión de los trabajadores había fracasado, no sólo por la política neoliberal. También por el oportunismo de dirigentes sindicales sin escrúpulos y nuevos grupos económicos sandinistas que se fueron apropiando de las acciones de los trabajadores.

El proceso por el que estas empresas llegaron a manos de sus trabajadores careció de un mínimo marco legal y por lo tanto, de transparencia, lo que configuró un río revuelto donde se beneficiaron grandes pescadores. En el proceso privatizador de los 90 se entremezclaron los intereses de altos funcionarios del gobierno Chamorro con los intereses de altos dirigentes sandinistas y también con los intereses de grandes capitales nacionales que apoyaron el ascenso al poder de Arnoldo Alemán, aunque muy pronto entraron en serias contradicciones con él.

En el momento de aprobarse la Ley de 1997, el gobierno liberal calculaba que las empresas del APT -entregadas a los trabajadores en los 90 bajo la fórmula de "arriendo con opción a compra"- tenían una deuda con el gobierno de 40 millones de dólares. Esas deudas justificaban su no titulación y anunciaban su posible embargo. A pesar de la firma de la Ley de Propiedad, el problema quedó pendiente. Y este problema, por lo valioso de las propiedades en juego, ha sido ficha clave para el FSLN en la mesa del pacto. El FSLN considera estas propiedades como su patrimonio. Titularlas es el primer paso. El segundo será adquirirlas definitivamente, para que pasen a engrosar el patrimonio del sector empresarial que controla hoy la cúpula del partido.


¿Violencia rural?

Tras más de siete años de "libre" mercado, aplicado como ley del embudo por voraces altos funcionarios del gobierno que ganó en 1990 y del gobierno que perdió ese mismo año, cuando el gobierno Chamorro llegó a su término, miles de beneficiarios pequeños de las transformaciones revolucionarias en el área rural se habían visto obligados a venderle a los grandes las tierras que la revolución les había entregado.

Entre 1997 y la hora del pacto se ha venido profundizando la contrareforma agraria. "Salvadoreños y mexicanos están comprando el país, y no se trata de capitalistas de dinero limpio, son mafias", dijo a envío un observador cualificado. ¿Especulación o realidad? No existen aún datos precisos, pero hay pruebas.

Según el ideólogo del APT, el sandinista Orlando Núñez, un millón y medio de manzanas de tierras de la reforma agraria han pasado ya a manos de terratenientes salvadoreños, guatemaltecos y panameños y a unos 200 "nuevos ricos" nicaragüenses. Entre éstos, los hay de todos los colores políticos. Destacan los que usan los símbolos rojinegros. Para completar este regreso al latifundismo pre-revolucionario les faltaría apropiarse de medio millón de manzanas, que obtendrían con la titulación que propicia la reforma de ley pactada entre el gobierno liberal y el FSLN. A juicio, de los afectados, con la reforma legal pactada se consumaría "el zarpazo final" y "la legalización del despojo" llevado a cabo estos años.

El pacto va a representar, así, el fin de la reforma agraria y de todas las transformaciones que en el área rural se iniciaron con la revolución sandinista. El pacto puede estar pariendo una nueva ola de violencia en el campo.


¿Otra generación en el escenario?

Una a una han ido desapareciendo las que en los 90 se llamaron "conquistas de la revolución". ¿Qué queda de aquella gesta gloriosa y dramática que vivió Nicaragua? Quedan quienes la protagonizaron, varias generaciones, la más joven de ellas, y tal vez la más desaprovechada en su potencial de experiencia en generosidad, la generación que hace ahora precisamente 20 años inició la Cruzada Nacional de Alfabetización, la generación que enseñó a leer a miles y miles de campesinos y campesinas en los más remotos rincones del país, y al hacerlo se transformó a sí misma y se llenó de confianza en que podría transformar la realidad.

Tal vez el parto más valioso del pacto sería que esta generación de jóvenes, hoy dispersos, se decidiera a participar más activamente en el nuevo y riesgoso escenario nacional.

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