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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 213 | Diciembre 1999
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Nicaragua

Encrucijadas de fin de siglo

El gobierno de Nicaragua, calificado por la población como el más corrupto de la historia del país, que se atrevió a encarcelar al Contralor de la República, y que se encuentra inerme ante Colombia y Honduras, tiene hoy su principal y único apoyo en la dirigencia del FSLN. Patético fin de siglo.

Equipo Nitlápan-Envío

Los últimos acontecimientos con los que Nicaragua se despidió del siglo y del milenio tienen el carácter de encrucijadas históricas. El Presidente de la República culminó con éxito su venganza política contra el Contralor General de la República y logró meterlo en la cárcel, provocando el estupor de la comunidad internacional que coopera con Nicaragua, que presionó al gobierno de Nicaragua de forma nunca antes vista. El error del Presidente colocó al gobierno y a toda la sociedad en una encrucijada. Ni siquiera la tensa situación creada por la torpeza presidencial hizo girar un ápice el pacto de la cúpula del FSLN con el gobierno, que aprobó un proyecto de reformas constitucionales y electorales que sólo representan ventajas para los dos grupos de poder que han pactado. Esta decisión pone a la sociedad nicaragüense en una encrucijada.

Los gobiernos de Colombia y de Honduras, aprovechando la situación de desorden, debilidad y desidia institucional que reina desde hace tiempo en Nicaragua, y de la que son sólo algunas señales el pacto PLC-FSLN y la guerra del Ejecutivo contra la Contraloría, decidieron apropiarse de 130 mil kilómetros cuadrados de la plataforma marítima de Nicaragua, colocando al gobierno en una encrucijada diplomática para la que no estaba preparado más que con un arsenal de discursos patrioteros, y poniendo a todo el país en una encrucijada de compleja salida.


Un hecho inverosímil

A las pocas horas de entregar a la imprenta el pasado número de envío, sucedió lo inverosímil: fue echado preso el Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya. Su apresamiento, en el edificio de la Contraloría, se convirtió en el acontecimiento político del año que termina. Aplausos solidarios y gritos contra la corrupción acompañaron al Contralor, que salió hacia la cárcel envuelto en la bandera azul y blanca: imágenes que Nicaragua no va a olvidar fácilmente. Al día siguiente, la primera fotografía que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo a Jarquín en la celda se convirtió en la foto del año. A los diez días de ser arrestado, Jarquín había elevado notablemente su popularidad entre la población: de un 29% de respaldo ciudadano que tenía en agosto 99, contaba ya con un 45%. Desde el primer momento, se sucedieron, en cascada, análisis, pronunciamientos y declaraciones -nacionales e internacionales- que destacaban la injusticia cometida, el ca- rácter político de la sentencia y el desatino del gobierno. En su guerra contra la Contraloría y contra el Contralor el Presidente Alemán había llegado peligrosamente lejos.

Condenable legal y éticamente

La sentencia judicial -con una frágil y discutible argumentación legal- no guardó ninguna proporción con el presunto delito por el que se acusó al Contralor. Aún resulta más desproporcionado el apresamiento -el "delito" es el uso de un nombre falso en la contratación de un servicio publicitario y de investigación periodística, que se prestó, y en el que nada perdió el Estado-, si se tiene en cuenta que la mayoría -por no decir, la totalidad- de los altos funcionarios del gobierno de Alemán a los que la Contraloría ha señalado, con abundantes y evidentes pruebas, por responsabilidades administrativas y penales en acciones por las que el Estado sí ha perdido cantidades millonarias, no sólo no han sido sancionados o siquiera amonestados, sino que continúan en sus cargos.
El conjunto de irregularidades que acompañó la trama presidencial iniciada en marzo y que concluyó en el juicio, la sentencia y la orden de arresto, revelan este caso como eminentemente político, condenable desde el punto de vista legal y ético. Y evidencian los objetivos del gobierno en la trama: anular el trabajo fiscalizador de la Contraloría General de la República e impedir una eventual candidatura presidencial de Jarquín, manchando su expediente político con la estela que dejará el caso y con los cargos que se buscará le queden pendientes cuando salga de la cárcel.

Donantes: más presión

El Presidente llevó adelante su plan contra el Contralor en un momento particularmente delicado: cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habían empezado a condicionar la entrada de Nicaragua en la iniciativa HIPC para la condonación de buena parte de la deuda externa al cumplimiento de parámetros de gobernabilidad y de transparencia a los que nunca antes se habían referido estas instituciones internacionales. "Organismos como el FMI, que son organismos sin corazón, han empezado a darse cuenta de la relación entre ética y comercio internacional", comentó la Subcontralora Claudia Frixione, sustituta del Contralor desde que éste cayó preso.
Las nuevas reglas con que el FMI y el BM habían empezado a jugar hacen más inexplicable el proceder del gobernante. Y demuestran la irresponsabilidad con que conduce el gobierno. La primera reacción de la diplomacia no tardó 24 horas en producirse. La encargada de negocios de Finlandia expresó que el encarcelamiento del Contralor era "un duro golpe a la gobernabilidad del país" y dejó sentada su preocupación porque "en Nicaragua, un país que ha sido señalado por ocupar el segundo lugar de corrupción en la región, de acuerdo a la encuesta de Transparencia Internacional, llevan a la cárcel a un hombre que ha luchado fuertemente contra la corrupción." El Vicepresidente Bolaños criticó a la diplomática calificando sus declaraciones de "injerencistas."
Al día siguiente del encarcelamiento de Jarquín, el llamado Grupo de los Cinco (Alemania, España, Suecia, Francia y Estados Unidos + Japón) -encargados de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los países centroamericanos en Estocolmo-, anunció que peligraba la condonación de la deuda de Nicaragua, exigió una solución "rápida e integral" al conflicto y criticó el proyecto surgido del pacto FSLN-Gobierno de crear una Contraloría colegiada.
Al día siguiente fue el embajador de Italia el que expresó su desacuerdo: "Desde hace tres años estamos luchando en Ginebra, Washington y Estocolmo para fortalecer la institucionalidad de Nicaragua y es triste que el hombre que ha luchado por fortalecerla se encuentre hoy en prisión." Destacó que sus declaraciones no podían ser calificadas de "injerencistas", sino que eran más bien una respuesta al clamor de la población. Lo sustentó refiriéndose precisamente a la encuesta hecha por envío-IDESO en el mes de octubre, y más en concreto a esta pregunta de nuestra encuesta: ¿Qué opina usted sobre lo que hacen las embajadas de los países que ayudan a Nicaragua y los organismos internacionales para impedir los actos de corrupción del gobierno? A esta pregunta, el 69.4% de los managuas que encuestamos contestó que los diplomáticos deberían ejercer más presión que la actual.

Unión Europea: amigos de larga data

El 17 de noviembre, el gobierno se estremeció con la Declaración de la Unión Europea junto con Noruega y Suiza. Este es su texto íntegro: "Los representantes de los Estados Miembros de la Unión Europea junto con Noruega y Suiza estamos profundamente preocupados por los acontecimientos que condujeron a la detención y encarcelamiento del Contralor General Agustín Jarquín. Estos acontecimientos, que ilustran los retos que enfrenta Nicaragua en la consolidación de la democracia, pueden tener un profundo impacto en la gobernabilidad del país y pueden también poner en riesgo la admisión de Nicaragua a la iniciativa HIPC.

Nos gustaría ver una rápida solución a los actuales problemas institucionales para evitar ulteriores repercusiones negativas. Algunas instituciones tales como la Contraloría General de la República han visto obstaculizado durante demasiado tiempo el pleno ejercicio de sus funcionaes constitucionales. Nos preocupan varios casos puestos de manifiesto por la Contraloría General de la República, que podrían implicar malos manejos de importantes sumas de dinero público, y que se encuentran aún pendientes. La salvaguarda de la independencia y del funcionamiento apolítico de las instituciones es una condición importante para el acceso a los puntos de decisión y de cumplimiento de la iniciativa HIPC.
Hemos seguido de manera atenta los acontecimientos y los pasos positivos dados para adoptar las recomendaciones de la Declaración de Estocolmo. De igual modo, hemos observado con satisfacción los pasos hacia la incorporación de criterios de gobernabilidad en las disposiciones del ESAF y de la iniciativa HIPC. Nos complace tomar nota de la actitud positiva mostrada por los diferentes actores nicaragüenses y la hemos contemplado co- mo un signo alentador y como la voluntad de dotar de un sólido contenido a la palabra "transformación".

El imperio de la ley, la transparencia y el respeto a la independencia de las instituciones democráticas resultan de importancia capital para cualquier país y forman la base de los esfuerzos en pro del de- sarrollo. Resulta, por lo tanto, necesario que instituciones como la Contraloría, y los sistemas Judicial o Electoral, puedan funcionar sin interferencias políticas.

En calidad de amigos de Nicaragua de larga data, sinceramente esperamos que el Gobierno tome nota de nuestra profunda preocupación y nos gustaría ver continuar nuestra cooperación con bases más sólidas, fortalecidas por valores compartidos de democracia y reconocimiento de la importancia de la independencia de las instituciones públicas."

Alemán: como con Pinochet

En el contexto de la crisis, el comunicado de los europeos resultaba diáfano. Y un poderoso elemento de presión. La ayuda de la Unión Europea y de los países que la integran es la más cuantiosa de las que recibe actualmente Nicaragua. Más de una tercera parte del financiamiento que el gobierno recibirá en los próximos tres años tiene su origen en la Unión Europea y en la cooperación bilateral de sus países miembros.

El argumento esgrimido por los funcionarios del gobierno, empezando por el propio Presidente, de que el encarcelamiento de Jarquín era expresión de una decisión independiente del Poder Judicial y que el Ejecutivo ni había actuado antes ni podía actuar en el caso, estaba desmentido implícitamente en el documento de los diplomáticos europeos.
Aunque nadie en Nicaragua puede creer que el caso del Contralor es un caso meramente judicial sino un lamentable caso político, con inaudita osadía el propio Presidente de la República se atrevió a comparar en varias ocasiones sus "límites" ante el Poder Judicial de Nicaragua con los que experimentaba el Presidente del gobierno español ante el juez Baltasar Garzón en el caso Pinochet...

Retraso para entrar a la HIPC

Consecuentes con sus nuevas "reglas de juego", el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo también se expresaron. Martín Stabile, representante del BID, declaró claramente que la situación creada ponía "en riesgo" la cooperación internacional. Y Joaquín Harnack, representante del FMI, precisó que el Fondo, junto a todos los donantes "estamos ansiosos de encontrar una solución para demostrar que en Nicaragua regirán las leyes y así darle curso a los trabajos que tiene pendiente la Contraloría". Daba con estas declaraciones continuidad a las "nuevas condicionalidades" expresadas por la misión del FMI que visitó Managua en septiembre y que han puesto al gobierno en una situación incómoda, llevándolo a declarar una y otra vez su sorpresa por este inesperado cambio en "las reglas del juego".

El 19 de noviembre el Presidente Arnoldo Alemán tuvo que reconocer públicamente que el ingreso de Nicaraga en la iniciativa HIPC, y la posterior condonación de la deuda externa, festejados tan pomposamente y tan antes de tiempo por él mismo el 16 de septiembre, se le iba a retrasar a Nicaragua un año y medio o más.

Nicaragua inviable

La cooperación internacional, que tanto ha invertido en Nicaragua en la última década del siglo que termina, en estos diez años de paz y de transición a la democracia, tiene autoridad para reclamar. La cooperación internacional esperaba que una vez alcanzada la paz, y con un flujo considerable y extraordinario de recursos externos y de apoyo a la reconstrucción del país, Nicaragua se transformaría en un país viable y con una economía sostenible, con una dependencia de la ayuda externa que se iría reduciendo. Desde hace nueve años estas expectativas se han sostenido, pero la agenda de Nicaragua sigue pendiente.
Desde 1994 a 1999 la economía ha empezado a recuperarse, con un promedio anual de crecimiento del 4%, y existe una tendencia a la recuperación. Pero, a pesar de eso, la economía no ha logrado siquiera recuperar los niveles que tuvo en 1975. Y así, Nica- ragua llega al nuevo milenio con un cuarto de siglo perdido. Respecto a la producción per cápita, la tendencia es la misma. Nicaragua producía más alimentos por habitante hace 25 años que los que hoy produce. El pastel, reducido por la crisis de la economía, debe ser repartido entre cada vez mayor po- blación. Nicaragua es uno de los países del mundo con más rápido crecimiento poblacional.

Una brecha abismal

¿Financian las exportaciones las importaciones? Aunque este déficit comenzó a cerrarse algo a mediados de los años 90 -cuando mejoraron los precios del café y empe- zaron a recuperarse algo las exportaciones del país-, en los dos primeros años del gobierno Alemán el déficit volvió a dispararse con un consumo desmesurado de importaciones, alcanzándose en 1998 el mayor déficit en la historia del país: 900 millones de dólares. El embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Aguirre Sacasa, señala que este déficit comercial -que él cifra en algo menos, 800 millones de dólares-, que equivale al 38% del PIB nacional, coloca a Nicaragua en una posición aún más negativa que Haití, el país más empobrecido del continente americano, cuyo déficit representa el 23% de su PIB, y más negativa que Burundi y Ruanda, dos de los países más miserables de Africa, cuyos déficits son el 20 y el 21% de sus respectivos PIBs. Si el objetivo de la cooperación internacional era construir una economía viable, el fracaso es obvio, porque la dependencia de Nicaragua de recursos externos no ha disminuido sino que ha aumentado.
Durante algunos años la ayuda externa financió en gran medida la brecha comercial, pero con el descenso de la ayuda externa está claro que son las remesas familiares del medio millón de nicaragüenses que vive en Costa Rica y de los 200 mil que viven en Estados Unidos las que financian sustancialmente el consumo de importación. Las remesas son hoy la más importante fuente de ingresos de Nicaragua. Es este dinero que ganan los pobres y reciben los pobres el que explica la relativa estabilidad económica y social que puede exhibir el país.

¿Y el dividendo de paz?

De las expectativas que había al firmar la paz, ninguna ha sido colmada. La recuperación del país en términos económicos y sociales ha sido excesivamente lenta, mucho más de lo que se podía esperar. Pasaron cin- co años para que el país empezara a crecer, a pesar de fondos excepcionales de ayuda. Y la dependencia del país de fondos externos continúa siendo enorme. Se ha conseguido una estabilización macroeconómica, se ha reducido drásticamente la inflación y se acabó el conflicto armado y el gasto militar, pero los resultados están muy lejos de los esperados por la comunidad internacional a inicios de los 90.
Se esperaba que la drástica reducción del gasto militar iniciada en los 90 y sostenida a lo largo de estos años alimentara los programas sociales. Tampoco ha sido así. El di- videndo de paz se gastó fundamentalmente en la estabilización de la economía, en frenar la inflación, en reducir la enorme brecha entre gastos e ingresos nacionales, y en el pago de los intereses de la deuda externa. El dividendo de paz no sólo no incrementó el gasto social. Ni siquiera reinsertó en la sociedad y en la producción a los protagonistas populares de la guerra de los 80, que han sido los grandes excluidos de los 90.

Tragedia que es oportunidad

Así, la agenda de Nicaragua está prácticamente pendiente. Un lastre enorme con el que el país entra al nuevo siglo. La crisis institucional que culminó con la prisión del Contralor Jarquín es un conflicto de tal gravedad que coloca al gobierno y a la sociedad en una encrucijada que por su misma gravedad podría resultar positiva a la larga. Podía ser una oportunidad para una reacción vigorosa que lleve a cambios de fondo. Nicaragua no puede seguir así. No hay espacio en el mundo global para un modelo de gobierno como el que pretende Arnoldo Alemán, con instituciones sólo formalmente indepen- dientes, que en la realidad le hacen corte y coro al más atrasado presidencialismo autoritario.

Es esto lo que, diplomáticamente, está recordando -exigiendo un cambio- la comunidad internacional. No es éste el más plausible de los escenarios. Pero en un país que se ha hecho tan extremadamente dependiente de los recursos externos, la verdadera correlación de fuerzas en un caso eminentemente político como éste, pasa por las contradicciones cooperación internacional-gobierno. Lo que sería lamentable es que la sociedad nicaragüense no reaccionara adecuadamente en esta encrucijada, presionando también, participativa y creativamente, con sus propias fichas y herramientas nacionales, exigiendo una institucionalidad democrática de la que apenas conoce el nombre, y que con el fin de la Contraloría, pactado entre Alemán y Ortega, se le estaría reduciendo de forma dramática.
El Contralor en la cárcel ha sido una señal de inmensa alerta. Si al sacarlo de la cárcel, sólo para limpiar el expediente gubernamental -aunque dejándole manchado su expediente personal para que no ocupe ni aspire a cargos públicos- todo vuelve a ser como era antes, el país -y todos- habremos perdido, una vez más, una oportunidad de cambiar el rumbo errático en el que navegamos.

El pacto no se mueve

El momento del encarcelamiento del Contralor y la generalizada reacción, en la opinión nacional e internacional, de rechazo a esta venganza política del gobernante representó una inesperada oportunidad para que la dirigencia del FSLN -si quisiera actuar con tino político y con sentido de nación- tomara distancia del gobierno, para que congelara el pacto con el PLC, o para que rectificara en algunos de los puntos más indecorosos de ese pacto. Por ejemplo, en la decisión de "regalarle" a Arnoldo Alemán al término de su mandato un escaño de diputado, sin que la población valide con sus votos ese cargo de representación popular. O, por ejemplo, el plan de entregar la Contraloría a un cuerpo colegiado de cinco contralores, elegidos por los círculos allegados a Alemán y a Ortega.

Un grupo de hasta 30 diputados del FSLN captaron la oportunidad que representaba el error político de haber encarcelado al Contralor y hablaron públicamente de la necesidad de revisar el pacto, a pesar de lo avanzadas que ya se encontraban estas negocia- ciones. Sin embargo, bastó el regreso al país de Daniel Ortega -en gira por Libia- para que todas las cosas, o casi todas, volvieran a su lugar. El pacto Alemán-Ortega no se movió una pulgada a pesar de lo que conmovió al país la bochornosa decisión política de encarcelar a Jarquín.
El 19 de noviembre, los negociadores del PLC y del FSLN presentaron en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas constitucionales. Y el 9 de diciembre las aprobaron en primera legislatura. Nueve de los 36 diputados del FSLN no firmaron la iniciativa de ley. Sólo cuatro las cuestionaron con vigor y no las aprobaron en el plenario legislativo. Se espera que en enero-febrero del año 2000 los 15 artículos reformados formen ya parte de la Constitución.


FSLN: coincidencias patéticas

La guerra Ejecutivo vs. Contraloría mostró claramente que, entre los varios -todos negativos- significados del pacto Ortega-Alemán, está la evidencia de que el más importante apoyo con el que hoy cuenta el desacreditado nacional e internacionalmente gobierno liberal, el más corrupto de la historia de Nicaragua, es el apoyo de la dirigencia del Frente Sandinista. Es un dato central para entender lo que hoy ocurre en Nicaragua.
En este contexto, las coincidencias públicas entre el gobierno y la dirigencia del FSLN, expresadas con ocasión del encarcelamiento del Contralor resultaron patéticas. Según Tomás Borge, el FSLN analiza este caso "sólo legalmente", el FSLN respalda instituciones y no personas, y el FSLN considera injerencistas y fruto del "imperialismo neoliberal" las presiones de los organismos internacionales sobre el gobierno. Por su parte, Daniel Ortega afirmó que el FSLN no respalda ninguna acción de apoyo al Contralor para "no politizar" el caso, mientras acusaba a "la derecha" de manipular a Jarquín. Como si no fuera "la derecha" en el gobierno quien lo encarceló, en una decisión claramente politizada.

Las "razones" del pacto

La alianza Ortega-Alemán tiene en su base claros -y también oscuros- intereses económicos y empresariales, pero es defendida por Ortega y su círculo en el entendido de que este acuerdo permitirá al FSLN regresar al poder del gobierno central en el año 2001. Se trata de una idea muy vendible para un sector del pueblo, el más empobrecido, y el más aferrado al mito de la revolución y de sus dirigentes históricos. Ese sector del pueblo puede representar hasta el 25% de los votantes.
Los liberales defienden esta alianza más en los foros internacionales y ante los organismos internacionales que ante sus propias bases -a las que no explican nada-, como una señal de la "gobernabilidad" que se les reclama. Así lo reiteró el Presidente de la Asamblea Nacional, el liberal Iván Escobar Fornos, al recibir en el Legislativo el proyecto de reformas pactado. "Es un acuerdo de gobernabilidad -dijo- que va a conseguir estabilidad e inversiones, porque es asumido por las dos fuerzas políticas más importantes." Se trata de un argumento muy vendible para ciertos sectores de la co- munidad internacional.

Sandinismo: desafiado por el pacto

Ninguna expresión de la sociedad que está organizada, ninguna encuesta de opinión pública, ninguna presión de las bases del FSLN -nada similar entre las bases del PLC- frenó el pacto o lo modificó sustancialmente. El pacto, que atenta contra la frágil institucionalidad nacional y contra el incipiente pluralismo social, está consumado. Esto coloca a la sociedad en una encrucijada. Nicaragua está entrando al nuevo siglo cocinando los ingredientes de un régimen excluyente, con similares características a las de aquel que la colocó en una situación de tanto atraso y violencia en la mitad del siglo que concluye.
Frente a esta realidad, poco peso pueden tener las presiones de la comunidad internacional. El pacto desafía a la comunidad nacional. Sólo los nicaragüenses podrán impedir sus peores consecuencias. Y sólo podrán hacerlo organizando pacientemente el rechazo que el pacto ha generado en los sectores más pensantes hasta extender esta conciencia al resto de la población, y traduciendo la indignación en acciones concretas y alternativas. Corresponderá al sandinismo disidente del pacto -dentro aún o fuera ya de las filas del FSLN- un papel protagónico en esta hora. Este protagonismo exige renuncias, honestidad, trabajo en la base para generar conciencia organizada y capacidad de establecer alianzas con un sentido de nación. Las elecciones municipales -si llegan a celebrarse, lo que no parece ser voluntad del gobierno, por el desgaste que enfrenta- podrían ser un ensayo que muestre las potencialidades desarrolladas en esta oportunidad histórica.

Conflicto con Honduras: la "patria"

En este contexto ya tan conflictivo, estalló el diferendo con Honduras. Aliada con Colombia, Honduras violó totalmente el espíritu de la integración centroamericana y la letra de sus acuerdos e instituciones para apropiarse de una extensa porción de la plataforma marítima de Nicaragua.
A pesar del alto diapasón que el gobierno puso a sus discursos patrioteros, la crisis evidenció la carencia de sentido de nación de un buen grupo de políticos nicaragüenses, hoy funcionarios del actual gobierno, responsables, con el asesoramiento de Estados Unidos, en el año 86, en plena guerra, de la suscripción del tratado entre Colombia y Honduras que fue ratificado. Quienes ayer atacaban con este tratado a Nicaragua, ahora llamaban a defenderla alarmados por el mismo tratado.
Evidenció también el conflicto una distorsión o vaciamiento del contenido y sentido de "patria". La alharaca por la pérdida de una zona de mar a la que prácticamente ningún pescador o soldado nicaragüense ha tenido nunca acceso resulta desproporcionada si se tiene en cuenta la cantidad de tierra productiva que en el territorio nacional ha sido comprada en estos años, sin ningún límite, por salvadoreños u hondureños, o la venta onerosa a manos extranjeras que del patrimonio nacional han hecho los dos últimos gobiernos. Porque ENITEL y otras empresas estatales, nuestras especies y hasta nuestra propia biodiversidad son también nuestra patria.

Colonia de Taiwan y de Miami

El conflicto con Honduras evidenció también la famélica política exterior de Nicaragua en los años 90. El gobierno de Violeta de Chamorro no sólo retiró la demanda ya ganada por Nicaragua contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino que también retiró la demanda que allí tenía contra Honduras precisamente por su política antinicaragüense en los años 80, política que incluye el tratado Ramírez López.

En la Nicaragua liberal, la política exterior ha tenido dos únicos y claros perfiles: ser una "colonia de Taiwan", país asiático del que recibe el gobierno grandes sumas a cambio de defender la entrada de Taiwan en la ONU; y ser "colonia de la comunidad anticastrista de Miami", de la que el gobierno también recibe apoyos a cambio de que Nicaragua critique al gobierno de Fidel Castro en cuanto foro internacional se le presente. En el resto del ancho mundo que les es ajeno, los diplomáticos del gobierno Alemán -en general, personas sin ninguna experiencia y carentes de profesionalismo- se han cansado de repetir que la "nueva" política exterior del país consiste únicamente en abrir mercados, en buscar relaciones comerciales. "Se trata de vender Nicaragua", se le ha oído con frecuencia al Canciller Eduardo Montealegre.

Tocando fondo

A la hora de este conflicto -que Nicaragua ha llevado ante la ineficaz Corte Centroamericana de Justicia, cuya competencia desconoce Honduras, y a la abandonada Corte Internacional de La Haya, en un proceso que durará varios años- Nicaragua carece de política exterior, carece de una política de desarrollo para la Costa Atlántica y carece de una política de defensa de sus aún valiosos recursos naturales. Su clase política ha ido perdiendo el sentido de nación. Difícilmente se puede defender a la nación cuando no se tiene ese sentido.
Tan limitada para elegir el errado camino de la guerra -con el actual reducido ejército- como para emprender con seriedad el necesario camino de la diplomacia, Nicaragua juega en este conflicto en mucha soledad internacional y con enormes desventajas. La encrucijada es compleja y cualquier salida tardará años en ser hallada, y nada asegura que se trate de una salida positiva.

Si el encarcelamiento del Contralor puede ser visto más que como una tragedia en que se tocó fondo, como una oportunidad en la que sólo queda ir subiendo para salir del fondo, igualmente el pacto: en un escenario tan cerrado sólo queda reaccionar organizadamente para abrirlo. Si estos conflictos internos se superan con vocación democrática y con verdadero sentido de nación, es evidente que Nicaragua podrá enfrentar con más capacidad y dignidad cualquiera de los conflictos internacionales que le traiga el nuevo siglo.

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